Tratan de enfriar el conflicto con la Corte

6 POLITICA
Los ahorristas del BCP dijeron “basta”
Depósitos incobrables, directivos prófugos, plazos fijos y bonos que
desaparecen de los registros, la anulación de la quiebra por activo “cero”.
Los ahorristas dijeron “basta”, y en un duro comunicado pidieron que se
extremen los esfuerzos en la detención de los principales implicados,
Francisco Javier Trusso y Renato Tarquino Dalle Nogare.
Además, los ahorristas presentaron sus inquietudes ante la fiscalía, a
cargo de Octavio Agustín Sequeiros, quien de inmediato dio traslado al
juzgado para que se realicen las comunicaciones correspondientes a las
áreas pertinentes del Ejecutivo Provincial.
“La situación judicial de los imputados -en referencia a Trusso y
Dalle Nogare- requiere el inmediato accionar del Poder Ejecutivo, a
través de sus organismos de seguridad”, señala el escrito en el que se
solicita la “rápida detención y su consiguiente declaración indagatoria”.
“Ha pasado desde que se ordenara su detención más de cien días sin
que los damnificados y la población en general tengan una satisfacción,
con la detención de los más importantes responsables de los graves ilícitos
cometidos”, señalaron los ahorristas, representados legalmente por
Jorge Héctor Leal.
Darse el lujo
En la presentación se especifica que “en distintos medios periodísticos,
y en la calle en general, se habla de “encubrimiento” de los prófugos,
por parte de grupos de poder, que estarían actuando en favor de
estos delincuentes. Más aún, uno de ellos “el señor” Francisco Javier
Trusso, se dio el lujo de dar de una nota periodística, sin que la Justicia
haya logrado hasta hoy consumar la detención estos delincuentes”.
Al respecto, el entonces juez a cargo del caso “BCP” Juan Carlos
Bruni, realizó enfáticos reclamos sobre la pasividad de las fuerzas de
seguridad en la captura de los prófugos.
En el escrito presentado ayer por los ahorristas, destacan que se les ha
negado reiteradamente a los prófugos la eximición de prisión, por tratarse
de delitos de pena mayor y porque reiteradamente han burlado la acción
de la Justicia.
“Su estado de prófugos, constituye sin duda una burla a los damnificados,
clientes y población en general, que esperábamos un accionar más
eficiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los organismos de
Seguridad correspondientes”, afirmaron los ahorristas, al tiempo que
agregaron: “la situación planteada llena de dudas a quienes somos
damnificados por el inescrupuloso accionar de estas bandas de delincuentes
de guante blanco”.
La investigación
La causa del ex BCP se inició en agosto del año pasado, cuando dieron
a conocer distintas irregularidades con créditos truchos, manejo de tarjetas
de crédito, giros al exterior conocidos como off shore y un préstamo
al Arzobispado de Buenos Aires.
El juez Juan Carlos Bruni, entonces a cargo de la causa, resolvió
ordenar la detención de los directivos del BCP, luego de dos meses de
investigación en los que se obtuvieron una gran cantidad pruebas.
En el operativo realizado en la noche del 30 de octubre -conocido
como Halloween- quedaron detenidos Pablo Trusso, Héctor Granitto,
Jorge Desimoni, Miguel Panello, Luis Gamallo, Sergio Coccaro, Patricio
Mulhall, Daniel De Haro, Graciela Debiasi y María Andrade.
La Cámara del Crimen de La Plata excarceló luego, bajo fianza, a los
directivos y empleados jerárquicos Panello, Gamallo, Mulhall, De Haro,
Debiasi y Andrade.
En ese entonces, se presentó a la Justicia Pablo Tarquino Dalle
Nogare, quien también fue excarcelado por la Cámara.
En las últimas horas, se le denegó a Desimoni un pedido de
excarcelación mediante el novedoso sistema de la “pulserita magnética”
Días antes de la remisión de los 35.000 sumarios de
las comisarías a los jueces, una fuente de la secretaría
de Seguridad vaticinaba que “ahora viene lo más difícil
para el proceso de reforma”.
Así, explicaba que tocaba en la etapa siguiente
“desarticular el nudo de la complicidad entre la
Justicia, los abogados y la Policía”.
“Si se supera con éxito esta etapa, la reforma habrá
triunfado”, aseguró la fuente enfáticamente.
Después de planteado el conflicto, en los corrillos
tribunalicios se insiste en que si bien se apoya la reforma
policial, se entiende que en cuatro meses -el tiempo
que falta para que rija el nuevo Código Procesal Penalel
sistema podría caerse al considerarse que se necesi-
La Plata, sábado 14 de febrero de 1998
CRITICAS A LA REESTRUCTURACION
Tratan de enfriar
el conflicto con la Corte
El Gobernador y el presidente de la Corte se reunieron, después del
entredicho que el Tribunal tuvo con un funcionario de la Intervención policial
El gobernador bonaerense
Eduardo Duhalde se reunió ayer
con el presidente de la Suprema
Corte, Alberto Pisano, con el objeto
de poner paños fríos al conflicto de
poderes suscitado por los 35.000
sumarios que se ordenó remitir por
la intervención en la Policía provincial
y, fundamentalmente, después
de las supuestas declaraciones de
Alberto Bínder, jurista perteneciente
a la gestión de Luis
Lugones en la fuerza de seguridad.
Bínder, miembro del Consejo
Directivo del Instituto de Política
Criminal, habría acusado de corruptos
a algunos jueces, a los que
no mencionó, y esa actitud mereció
una dura respuesta de la Corte,
en una acordada de esta semana,
en la que apoyó a los jueces en su
posición de rechazar los 35.000
sumarios y lo trató de “altamente
irresponsable”.
El cenit de la tensión
Después Bínder, según información
de un matutino porteño, se
habría referido a los miembros del
Tribunal como “sinvergüenzas”,
algo que el funcionario niega haber
dicho.
El encuentro entre Eduardo
Duhalde y el doctor Pisano se produjo
en la residencia del
Gobernador en nuestra ciudad y
tomó las características de un
almuerzo de trabajo que se prolongó
por espacio de dos horas.
Aunque no se brindó detalle
alguno de lo tratado y ambos funcionarios
declinaron hacer declaraciones
a la prensa, voceros del
Gobernador indicaron que la
reunión sirvió para “bajar los decibeles”
en torno a la polémica surgida,
y armonizar “aspectos de acuerdo”
para solucionar el conflicto que
se inició en una carta de los jueces a
la Corte protestando por la elevación
de los sumarios, con lo que
la intervención policial decretaba el
cese de la instrucción de los mismos
por personal de la fuerza.
Si bien el interventor Luis
Lugones y el presidente del Instituto
de Política Criminal, León Arslanián,
estuvieron con Duhalde en una
reunión con intendentes, no participaron
del encuentro con Pisano.
Tampoco estuvo Eduardo
Pettigiani, otro miembro del alto
Tribunal, que estuvo con Duhalde
por la mañana.
No habrá llamado de atención
La única figura involucrada en el
conflicto de poderes que mantuvo
contacto con la prensa fue Luis
Lugones, quien dijo que desde la
intervención no habrá ningún tipo
de advertencia para Alberto Bínder.
Lugones considera que el funcionario
trabaja dentro del Instituto
“Se viene la etapa más difícil”
Alberto Bínder, la piedra de la discordia en el conflicto con la Corte
de Política Criminal y Seguridad,
que preside Arslanián.
“¿Por qué nosotros? Tendría que
hacerlo el organismo al que
pertenece” y “nos parece que eso es
lo lógico”, opinó Lugones.
Por otra parte, y en torno al conflicto,
Lugones negó esos términos e
indicó además que “la Corte hizo
una acordada que a nosotros nos
satisface plenamente y nos pareció
muy bueno, salvo alguna manifestación
particular referida a
Bínder”, de la que Lugones puso distancia,
diciendo que “nosotros
somos ajenos a ella”.
Después de repasar los términos
de la acordada del Tribunal, Lugones
se mostró optimista y dijo que “todas
las dificultades se resolverán”.
Agregó que “todo esto es para los
cuatro meses que faltan para que
comience a funcionar el nuevo código
y para la adaptación de lo que
son los tribunales residuales, que
están hoy con el nuevo mecanismo”
tarían “demasiados elementos” como para poner en
funcionamiento la nueva estructura, algo que Pisano le
habría planteado ayer a Duhalde.
De Luis Lugones puede decirse que anda con pies
de plomo. Dijo el interventor que “no queremos generar
falsas expectativas en la población, en torno a que
mágicamente se va a terminar con la inseguridad”.
Con algo de fastidio agregó que “se está trabajando
para que la reformulación del sistema permita que
próximamente, lo antes posible, haya un funcionario
que me reemplace, ya sea secretario o Ministro de
Seguridad, para que cese cuanto antes la intervención
y se ponga en funcionamiento el mecanismo
ordinario”.

La Plata, sábado 14 de febrero de 1998 POLITICA 7
EN TEMAS DE SEGURIDAD
Otorgarían
mayor poder a
los intendentes
El Gobernador manifestó la intención de
modificar la Ley Orgánica Municipal para
brindar mayores facultades a los jefes
comunales sobre la Policía en casos especiales
La provincia de Buenos Aires se encuentra analizando modificaciones
a la Ley Orgánica de las Municipalidades para dotar a los intendente
de mayor poder de intervención dentro de las áreas policiales de
su distrito.
La iniciativa fue anunciada ayer por el gobernador Eduardo Duhalde a
los jefes comunales de la tercera y octava sección electoral durante una
reunión que mantuvo por más de tres horas en su residencia platense.
La posibilidad de modificar la Ley orgánica de las Municipalidades fue
confirmada a “Hoy” por el intendente Julio Alak, quien señaló que el
mandatario provincial “nos dijo que los intendentes tenemos que estar
más cerca de la seguridad por lo que -señaló- se está pensando en reformar
la ley orgánica para que la institución policial no sea auxiliar sólo del
intendente sino que éste tenga algún nivel más de conducción de la
Policía en casos especiales”.
Función del intendente
En este marco, Alak indicó que de reformarse la normativa municipal,
la participación del intendente para estos casos no sería global sino
para algún tipo de hechos y explicó “serían casos en donde el intendente
sepa que en algún barrio se están cometiendo ilícitos y pueda, no sólo llevar
adelante, sino también conducirlo”.
Durante el encuentro, el mandatario provincial volvió a reiterarles
a los intendentes que se convirtieran en “pequeños Giulianis” (en referencia
al alcalde de Nueva York), tal como había adelantado este
medio que les había señalado a los jefes comunales de la primera sección
el pasado jueves.
En tanto Alak manifestó que desde la propia municipalidad de La Plata
se le presentó al titular del Ejecutivo bonaerense una encuesta referida al
grado de aceptación de la reforma en esta ciudad.
“El plan -señaló- apunta a resolver el tema con una buena dosis de
participación plural y tiene en Lugones a una persona muy dinámica que
está haciendo una gestión muy buena” por lo que agregó “en La Plata
hay un 70 por ciento de adhesión y un 25 que no contesta o no sabe,
mientras que sólo un 5 por ciento se opone”.
Otros temas
El tema Seguridad fue el primero de los aspectos abordados por los
intendentes para lo cual el interventor policial ejemplificó los distintos
aspectos de la reforma y junto con Duhalde, pidió una mayor participación
de los intendentes en la resolución de problemas locales para lo
cual, en estas reuniones que se realizarán semanalmente, cada uno de los
jefes comunales deberá presentarle propuestas de participación comunitaria
al Ejecutivo provincial.
El otro de los temas fue el relacionado con la asistencia social y el plan
“Barrios Bonaerenses” para lo cual el Gobernador le pidió a los intendentes
“un mayor énfasis” en la puesta en marcha.
Asimismo, el tercero de los aspectos estuvo relacionado con las obras
públicas tanto de esta región como de los otros distritos del conurbano.
En este aspecto Duhalde pidió a los intendentes que antes de que
finalizara el año debían estar terminados todos los accesos de tierra a
establecimientos educativos y unidades sanitarias de cada uno de los
municipios.
El Gobierno quiere mayor participación de los intendentes