Centro de Documentación Judicial 1

Id Cendoj: 28079110012008100878
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3024/2002
Nº de Resolución: 947/2008
Procedimiento: Casación
Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN
Tipo de Resolución: Sentencia
Resumen:
INTERESES ARTÍCULO 20 LEY CONTRATO SEGURO. PREVIO PROCESO PENAL:
EXISTENCIA DE INCERTIDUMBRE O DUDA RACIONAL DURANTE SU TRAMITACIÓN ACERCA
DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO A CARGO DE LA ASEGURADORA: EXISTENCIA DE CAUSA
JUSTIFICADA HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PLEITO PENAL. A PARTIR DE ESE MOMENTO, NO
EXISTEN RAZONES PARA NO CUMPLIR, DEVENGÁNDOSE INTERESES DESDE LA FECHA DE
LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO PENAL, QUE HAN DE CALCULARSE SOBRE LA CUANTÍA
TOTAL DE LA INDEMNIZACIÓN OBJETO DE CONDENA.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Octubre de dos mil ocho.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen el
recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de
Tarragona, Sección Tercera, como consecuencia de autos, juicio de mayor cuantía número 199/1996, (a los
que se acumulan los de menor cuantía número 201/96) seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Tortosa, sobre reclamación de cantidad, el cual fue interpuesto por la entidad ALLIANZ CIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A, que ha comparecido ante esta Sala representada por la Procuradora de
los Tribunales Doña Raquel Díaz Ureña, siendo partes recurrida ALDAFI y MAPFRE INDUSTRIAL, no
comparecidas.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tortosa, fueron vistos los autos, juicio
de mayor cuantía promovidos a instancia de la entidad ALDAFI S.L contra la entidad ALLIANZ-RAS,
SEGUROS Y REASEGUROS S.A y la entidad MAPFRE INDUSTRIAL, sobre reclamación de cantidad.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba,
previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "...dicte la correspondiente sentencia por la que
dando lugar a la demanda se condene a los demandados a las siguientes cantidades:
a). A la entidad ALLIANZ-RAS, SEGUROS Y REASEGUROS a abonar a la actora la suma de
345.432.369 pesetas correspondientes al valor real de los daños, la demolición y la pérdida de beneficios de
seis meses, estipulados en el contrato, y todo ello con el interés del 20% anual, desde los tres meses de la
ocurrencia del siniestro, debiéndose, detraer de la anterior suma y consignar, en la caja general de
depósitos del juzgado, la cantidad de 83.572.817 pesetas, que, serán entregados a esta parte a medida que
se vaya certificando, la reconstrucción de la obra, por ser la diferencia a valor nuevo, especificada en el
informe pericial.
b). Además deberá ser condenada la entidad ALLIANZ-RAS, a abonar a la actora la suma de 83.333
pesetas diarias, desde el día 4 de agosto de 1993 hasta su total pago, por el perjuicio ocasionado o lucro
cesante, por la evidente temeridad de la demandada en retrasar el pago y todo ello con los intereses legales
correspondientes desde la citada fecha.
c). La entidad MAPFRE INDUSTRIAL deberá ser condenada al abono a la actora de 9.162.013
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pesetas, desde los tres meses del siniestro incrementado en un 20% , dicha cantidad, hasta su total pago,
habida cuenta que en su día se les notificó el siniestro habiendo hecho caso omiso a las consecuencias
estipuladas en la póliza y vulnerando con ello el artículo 18 y 20 de la Ley de Contrato de Seguro .
Ambas demandadas deben de ser condenadas, al pago de las costas por su evidente temeridad y
mala fe procesal".
Admitida a trámite la demanda, por la sociedad demandada ALLIANZ-RAS, S.A, contestó alegando
como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado: "... se
dicte sentencia por la que se declare que la actora carece de derecho a mayor indemnización de la cantidad
de 125.042.924 pesetas que tiene ya percibidas, y, en cualquier caso se absuelva a la demandada de todos
los pedimentos de la demanda con expresa imposición de costas por temeridad, a la actora."
Igualmente por la entidad MAPFRE INDUSTRIAL S.A se contestó a la demanda y terminó suplicando
al Juzgado: "se dictase sentencia en la que se fije como importe máximo a percibir el de 1.925.382 pesetas".
Contestada la demanda y dados los oportunos traslados se presentaron los respectivos escritos de
réplica y dúplica.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 5 de junio de 2001 , cuya parte dispositiva es como
sigue: "FALLO: Desestimando íntegramente la demanda de juicio de menor cuantía interpuesta por el
Procurador de los Tribunales don José Luis Audí Ángela, en nombre y representación de la compañía
aseguradora ALLIANZ-RAS S.A, contra la compañía mercantil ALDAFI, S.L, y estimando parcialmente la
demanda de juicio de mayor cuantía interpuesta por el Procurador de los Tribunales Don Federico Domingo
Llao, en nombre y representación de la entidad ALDAFI S.L, contra la entidad ALLIANZ-RAS, SEGUROS Y
REASEGUROS S.A y la entidad MAPFRE INDUSTRIAL, debo acordar y acuerdo:
. Condenar a la empresa aseguradora ALLIANZ-RAS, SEGUROS Y REASEGUROS a que abone a la
entidad mercantil ALDAFI, S.L la cantidad de 51.013.898 pesetas en concepto de principal, más intereses
consistentes en un interés anual del 20% desde la fecha del siniestro, el 4 de febrero de 1993, hasta su
completo e íntegro pago.
. Condenar a la empresa aseguradora MAPFRE INDUSTRIAL a que abone a la entidad mercantil
ALDAFI S.L, la cantidad de 5.018.787 pesetas en concepto de principal más intereses consistentes en un
interés anual del 20% desde la fecha del siniestro, el 4 de febrero de 1993, hasta su completo e íntegro
pago.
En cuanto a las costas generadas en el juicio de mayor cuantía, cada parte deberá hacerse cargo de
las causadas a su instancia y las comunes por mitad; mientras que las causadas en el proceso de menor
cuantía se imponen íntegramente a la parte actora ALLIANZ-RAS, SEGUROS Y REASEGUROS."
SEGUNDO. Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de apelación que fueron admitidos y,
sustanciados éstos, la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Tercera, dictó sentencia con fecha 15 de
octubre de 2002 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar en parte el
recurso de apelación interpuesto por ALDAFI S.L, y debemos desestimar el recurso de apelación
interpuesto por ALLIANZ-RAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, contra la sentencia de
fecha 5 de junio de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Tortosa y en
consecuencia, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia de instancia con los siguientes
pronunciamientos:
1). Condenamos a ALLIANZ-RAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A a satisfacer a
ALDAFI S.L el interés anual del 20% sobre el total importe de 176.056.822 pesetas (1.058.122, 81 euros)
desde la fecha del siniestro en la discoteca "Contacto" (4 de febrero de 1993) hasta la fecha de
consignación por dicha aseguradora del importe de 125.042.924 pesetas en el Juzgado de Primera
Instancia número 1 de los de Tortosa (25 de junio de 1996 ) y el mismo interés respecto a la cifra de
51.013.898 pesetas hasta la fecha de su consignación o pago por la aseguradora.
2). Confirmar el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida.
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3). No se hace expresa imposición de las costas causadas en esta instancia en relación con el
recurso de apelación formulado por la representación de ALDAFI S.L, y se imponen a ALLIANZ-RAS,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, las costas causadas por su recurso".
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TERCERO. El Procurador Don Ángel Ramón Fabregat Ornaque, en nombre y representación de
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, formalizó recurso de casación que funda en un
único motivo:
Único motivo: Se formula al amparo del ordinal 2º del artículo 477.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
del 2000 , citando como infringido el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro .
CUARTO. Admitido el recurso de casación formulado y evacuado el traslado conferido ninguno de los
recurrentes han comparecido.
QUINTO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para
votación y fallo el día 3 de octubre de 2008, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑÁN
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO. A consecuencia del incendio que con fecha 4 de febrero de 1993 afectó a una discoteca
de su propiedad, (motivo por el que se siguieron diligencias penales contra los propietarios, que culminaron
con su libre absolución decretada en Sentencia de 11 de diciembre de 1995 de la Audiencia Provincial de
Tarragona ), y tras haberse consignado en fecha 25 de julio de 1996 por parte de ALLIANZ RAS,
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. la suma de 125.042.924 pesetas, considerada insuficiente para reparar
los daños ocasionados, ALDAFI S.L., con fundamento en la existencia de sendas pólizas de seguros que
cubrían el citado riesgo, promovió el pleito origen del actual recurso contra la referida aseguradora,
ALLIANZ y contra la también aseguradora MAPFRE INDUSTRIAL, en reclamación de la indemnización que
estimaba pertinente, y que desglosaba de la siguiente forma: a Allianz reclamaba la suma de trescientos
cuarenta y cinco millones cuatrocientas treinta y dos mil trescientas sesenta y nueve (345.432.369) pesetas,
por el valor real de los daños, demolición y pérdida de beneficios durante seis meses, más ochenta y tres
mil trescientas treinta y tres (83.333) pesetas diarias por el lucro cesante, cantidades que debían ser
incrementadas con el interés del 20 por ciento anual a partir de los tres meses a contar desde la fecha del
siniestro; a Mapfre, la cantidad de nueve millones ciento sesenta y dos mil trece pesetas, de principal, más
los intereses legales del citado importe calculados al tipo anterior y desde los tres meses del siniestro hasta
su total pago. Al estos autos se acumularon los de menor cuantía 201/96 instados por Allianz contra Aldafi
que tenían por finalidad la declaración de ser bastante la cantidad consignada a efectos de indemnización, a
fin de liberarse la aseguradora de hacer frente a mayor desembolso.
El Juzgado estimó parcialmente la demanda de Aldafi y desestimó la formulada en su contra por
Allianz, condenando a esta compañía a pagar a la asegurada demandante la suma de 51.013.898 pesetas
en concepto de principal, más el interés legal de la referida cantidad al tipo del 20%, desde la fecha del
siniestro y hasta su completo pago, condenando también a la codemandada Mapfre Industrial al pago de
5.018.787 pesetas de principal, más intereses legales moratorios en los mismos términos.
Por las representaciones procesales de Allianz Raz, y de la mercantil Aldafi, S.L. se interpusieron
sendos recursos de apelación, siendo lo relevante en lo que ahora interesa, que tanto el primer motivo del
recurso de la asegurada, como el motivo único del recurso de Allianz centran la controversia en la condena
impuesta en materia de intereses legales moratorios, si bien partiendo de posturas antagónicas. Mientras
Aldafi discrepaba de la sentencia por limitar la condena de intereses a la suma de 51.013.898 pesetas, y no
imponerlos, también al tipo del 20 por ciento anual y desde la fecha del siniestro, respecto de la cantidad
consignada por Allianz en expediente de jurisdicción voluntaria, (125.042.924 pesetas), Allianz, por el
contrario, impugna en apelación el pronunciamiento condenatorio en materia de intereses legales moratorios
por estimar que no procedía imponerlos en ningún caso.
La Audiencia desestima el recurso de Allianz y acoge parcialmente el recurso de la actora, al mostrar
su conformidad con que los intereses al tipo del 20 por ciento anual y desde la fecha del siniestro se
devenguen, no sólo respecto de la suma indicada por el Juzgado, sino respecto de la indemnización total
concedida (176.056.822 pesetas), razonando que no existía causa justificada para que la aseguradora no
pagara tras culminar el proceso penal con la absolución de los propietarios de la discoteca. En cuanto al
momento inicial de su devengo, concede efectos liberatorios a la consignación efectuada por Allianz con
fecha 25 de julio de 1996, fijándose el inicio de su devengo respecto de la cantidad consignada en dicha
fecha, mientras que para la cantidad restante (51.013.898 pesetas) continuaron devengándose desde el
siniestro y hasta su completo pago o consignación por la aseguradora.
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De esta forma, el recurso de casación interpuesto por Allianz, -que cita como infringido del artículo 20
de la Ley de Contrato de Seguro y se formula adecuadamente al amparo del ordinal 2º del artículo 477.2
LEC 2000 en atención a que el juicio se siguió por razón de la cuantía, siendo esta superior al límite legal-,
se dirige nuevamente a combatir tan sólo la condena impuesta a la recurrente en materia de intereses,
discrepando tanto del hecho de que se haya estimado su procedencia- descartando que la aseguradora
estuviera amparada en causa justificada- como de la circunstancia de que se hayan impuesto intereses con
relación a cuantía total de la indemnización concedida (176.056.022 pesetas), y de que se haya fijado el
inicio de su devengo en la fecha del siniestro en todo caso, tanto respecto de la cantidad que excedía del
importe consignado (51.013.898 pesetas), como respecto de la que fue objeto de consignación judicial con
fecha 25 de julio de 1996 (125.042.924 pesetas). En síntesis, se insiste en que no incurrió en mora la
aseguradora al estar en todo momento amparada en causa justificada, dado que la vía judicial era necesaria
tanto para determinar la procedencia de la indemnización como para cuantificarla, en este último caso,
debido a la evidente desproporción de la suma solicitada por la actora. Y también, en la procedencia de
imponer intereses sólo desde la fecha de la sentencia penal absolutoria, y únicamente respecto de la
cantidad pendiente de consignación (51.013.898 pesetas).
SEGUNDO.- Como la base del discurso casacional tiene que ver con que el tribunal sentenciador
denegara la existencia de causa justificada, cuya concurrencia ha sido defendida en todo momento por la
aseguradora recurrente, es preciso recordar la doctrina de esta Sala en torno a dicha cuestión, expuesta
sintéticamente en la reciente Sentencia de 1 de julio de 2008 (Recurso de Casación 372/2002 ), fundamento
de derecho segundo:
«a) que el artículo 20.4º de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro , en el que, sin mencionarlo
expresamente, se ampara el recurrente, es una norma general que obliga a toda clase de seguros, la cual
establece para las aseguradoras, en el ámbito de los intereses de demora (interés especial de demora
según STC 5/93 de 14 de Enero ), y para el caso de que la aseguradora se retrase en el pago excediendo
así el plazo legal, la imposición por el órgano judicial, de oficio, de unos intereses claramente sancionatorios
y por ende disuasorios, respecto de una conducta que dificulta o aventura el pago de una indemnización.
b) que no debe ignorarse que, según el apartado 8º del mismo artículo, esta sanción depende de que
dicho retraso no sea debido a causa justificada o no imputable a la aseguradora y que, consecuentemente,
la apreciación de esta excepción impide su imposición. Aún cuando la Ley de Contrato de Seguro no hace
referencia a la culpa del asegurador como presupuesto para que incurra en mora, y se le imponga la
consiguiente sanción, ciertamente, como ha dicho ya esta Sala, entre otras, en Sentencia de 4 de junio de
2007, con cita de la de 10 de diciembre de 2004 , "emplea unos términos que, en definitiva, son semejantes,
al requerir, para que el asegurador incurra en mora, que el resultado del incumplimiento de la obligación de
satisfacer la indemnización en los plazos adecuados se deba a una conducta irresponsable del asegurador
y que la causa de mora no esté justificada". En atención a lo expuesto, sólo se imponen intereses si la
demora es imputable al asegurador; y por el contrario, la existencia de causa justificada implica la
inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, pues cabe recordar que no cabe reprochar
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones al deudor que, "actuando de manera objetivamente
razonable y en virtud de un error de carácter excusable, haya ignorado la existencia de la obligación, o
pueda discutir, de forma no temeraria, la validez del acto de constitución de la relación obligatoria".
c) que la valoración de la existencia de tal excepción cabe hacerla en casación, como concepto
jurídico indeterminado que es, siempre y cuando no se altere la base fáctica sobre la que se configura el
juicio jurídico (Sentencia de 12 de marzo de 2001 ), y que esta Sala también ha reiterado que la apreciación
de la conducta de la aseguradora (para determinar si concurre causa justificada) ha de hacerse caso por
caso, teniendo en cuenta la finalidad del precepto, que no es otra que impedir que se utilice el proceso
como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (Sentencia de 16 de marzo de 2004 ) por lo
que la más reciente doctrina, plasmada en la Sentencia de 4 de junio de 2007 , ha venido considerando
como razón justificada aquellos casos en que la determinación de la causa de la obligación del pago debe
efectuarse por el órgano judicial (verbigracia, en especial "cuando es discutible la pertenencia o realidad del
siniestro, como sucede cuando no se han determinado las causas del siniestro y esto es determinante de la
indemnización o su cuantía", o que el mismo estuviera dentro de la cobertura), descartando también que la
mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, sea causa per se justificada del retraso, ni,
en consecuencia, que el proceso constituya un óbice para imponer a la aseguradora los intereses, siempre
que no se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o
duda racional (Sentencias de 12 de marzo de 2001 y 7 de octubre de 2003 ), pues de no entenderlo así, se
llegaría al absurdo de que la mera oposición procesal de la aseguradora demandada, generadora por sí de
la controversia, eximiría de pagar intereses; habiendo dicho también esta Sala que "la oposición que llega a
un proceso hasta su terminación normal por sentencia, que agota las instancias e incluso acude a casación,
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no puede considerarse causa justificada o no imputable, sino todo lo contrario (Sentencia de 14 de marzo
de 2006 )".
d) que no obstante la casuística existente al respecto, la doctrina expuesta permite valorar como
causa justificada que libera al asegurador del pago de intereses moratorios las siguientes:
1.- siempre que la determinación de la causa de la obligación de pago del asegurador haya de
efectuarse por el órgano jurisdiccional, en especial cuando se discute racionalmente la realidad del siniestro.
Dicho de otro modo, cuando la controversia entre las partes gira en torno, no a la cuantía o importe exacto
de la indemnización, sino en torno a la procedencia o no de la cobertura del siniestro. (Sentencias de 22 de
octubre, 8 de noviembre y de 10 de diciembre de 2004 ).
2.- De forma más restrictiva, también se ha considerado causa justificada la necesidad de acudir al
órgano judicial para la fijación exacta de la indemnización ante la existencia de discrepancias entre las
partes. La jurisprudencia ha ido evolucionando hacia un mayor rigor para con las aseguradoras, de manera
que únicamente probando el carácter justificado, no imputable a culpa o negligencia propia, de tales
discrepancias, quedan liberadas del pago del interés del Art. 20 . En este sentido, resulta mayor la dificultad
de probar dicha justificación en los seguros de personas por cuanto en ellos el importe de la indemnización
viene predeterminado en la póliza; salvo la discusión referente a la delimitación del riesgo o a la identidad
del asegurado, cualquier otra controversia sobre la cuantificación no se entendería justificada y por ende no
eximiría del pago de intereses. Así mismo, relacionado con el brocardo in iliquidis non fit mora, y con su
reciente interpretación jurisprudencial, la mera iliquidez no es en sí excusa razonable para que el
asegurador pueda demorar el pago. Las recientes Sentencias de 5 de octubre de 2006 y 4 de junio de 2007
, demuestran que la doctrina ha ido evolucionando hacia un mayor rigor para con las aseguradoras, de
modo que el asegurador está obligado a pagar o consignar la indemnización sin que pueda excusar la
iliquidez ya que el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el
"quantum" tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se
limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se
produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura -Sentencia de 13 de Octubre de 1999 -. Por ello,
dicha cantidad inferior se debía ya desde el inicio de las actuaciones judiciales, pues lo único que hace la
sentencia es declarar un derecho a percibir una cantidad, que es anterior a la resolución judicial, que ya le
pertenecía y debía haberle sido atribuido al acreedor, teniendo derecho, para su completa satisfacción, a
que se le abonen los intereses de la cantidad principal, aún cuando ésta fuese menor de la inicialmente
reclamada, sin que la minoración en sentencia de la cantidad reclamada la convierta en iliquida, debiendo
de atenderse para la imposición de intereses a cada caso particular, y estarse al canon de razonabilidad. En
conclusión, la mera discrepancia sobre la cuantía indemnizatoria muy raramente puede justificar el impago,
de manera que si la cuantía estaba fijada en la póliza de manera predeterminada, o si se liquidó ex art. 38
por dictamen pericial al que la aseguradora haya dado su conformidad expresa o tácita (tiene el deber de
emplear la mayor diligencia en la rápida tasación para facilitar que el asegurado obtenga la pronta
reparación de sus perjuicios), o cuando "la causa de la cantidad y la cantidad misma se encuentran
previamente determinadas por vía contractual o por otra causa eficiente" no cabe apreciar causa justificada
y procede la imposición de intereses. (Sentencias de 8 de noviembre y 10 de diciembre de 2004 )».
Como ha quedado expuesto, ningún impedimento existe a la hora de valorar en casación la existencia
o no de causa justificada, siempre y cuando permanezca inalterada la base fáctica sobre la que se configura
el juicio jurídico cuestionado, argumento en consonancia con la naturaleza de este recurso extraordinario,
del que se ha dicho hasta la saciedad que no constituye una tercera instancia, ni permite revisar la
valoración probatoria realizada por el tribunal de instancia, ciñendo su objeto a contrastar la correcta
aplicación del Ordenamiento al supuesto de hecho, esto es, a comprobar el juicio jurídico y no el juicio
fáctico (por todas, Sentencias de 1 de febrero, 8 de marzo y 28 de noviembre de 2007 ), estando vedado en
casación hacer supuesto de la cuestión o petición de principio, «lo que ocurre cuando, obviando los hechos
declarados probados por la sentencia de instancia, se intenta una nueva valoración de la prueba practicada,
lo que es contrario a la técnica casacional, en tanto que la misma exige razonar sobre la infracción legal,
prescindiendo de los hechos» (Sentencia de 19 de abril de 2007 ).
En consecuencia, el examen casacional de la apreciación de causa justificada debe partir
necesariamente de los hechos probados por la sentencia impugnada. Y, estos hechos, en modo alguno
refrendan la tesis de la recurrente de que el impago fue debido a la conducta obstruccionista de los socios
propietarios de Aldafi -a los que se les acusa de no aportar los datos y documentos relativos al siniestro,
necesarios para liquidar la indemnización-, ya que la sentencia de segunda instancia no refiere en ningún
momento dicha cuestión como hecho cierto y acreditado, siendo casacionalmente irrelevante la conclusión
que al respecto pueda contenerse en la resolución de primer grado dado que «la resolución recurrida en
casación es la de apelación sin que quepa fundamentar su impugnación a través de un juicio comparativo
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con la de primera instancia, por lo que las únicas apreciaciones de interés, cuando son disconformes, son
las de la sentencia de la Audiencia" (Sentencia de 3 de Julio de 2006, y en el mismo sentido, las posteriores
de 21 de diciembre de 2007 y 22 de enero de 2008 ). Incurre de esta forma el planteamiento casacional en
el antes anunciado vicio de hacer supuesto de la cuestión, por prescindir del juicio fáctico que tiene reflejo
en la sentencia y sustituirlo por otro, más favorable, en el que tiene cabida la existencia de una conducta
obstruccionista que la Audiencia no tiene por acreditada.
Además de partir de hechos no acreditados, la parte recurrente margina la verdadera ratio decidendi
de la sentencia. La Audiencia, lejos de negar que Allianz tuviera razones para no pagar en el plazo de tres
meses siguientes a la producción del siniestro como le obligaba el artículo 20.3º de la Ley de Contrato de
Seguro, reconoce expresamente (fundamento jurídico Segundo, párrafo tercero in fine) que el pleito penal
justificó plenamente que no se pagara indemnización alguna ante la evidente incertidumbre o duda racional
que durante su tramitación podía albergarse, no en cuanto a la realidad del siniestro, sino en cuanto a la
procedencia o no de su cobertura ante la posible causación dolosa del mismo por parte de los dueños del
establecimiento asegurado (artículo 48 párrafo 2º LCS ). Ahora bien, lo relevante es que la Audiencia
Provincial aclara que el pleito penal constituyó causa justificada sólo durante el tiempo que duró su
tramitación, en la medida que subsistía la situación de incertidumbre sobre la procedencia de la cobertura
("conocida ésta (la sentencia absolutoria penal), no puede la aseguradora mantener su posición de falta de
consignación por lo que incurre en mora"). El pleito penal es considerado motivo justificado para no apreciar
retraso o mora culpable en el deudor durante su tramitación, pero una vez finalizado, eliminada la
incertidumbre sobre la cobertura, desaparecen las razones que pudiera tener Allianz para no pagar,
debiendo hacerlo además en el plazo de tres meses desde la fecha de la sentencia absolutoria para eludir
incurrir en mora, lo que no hizo, pues son también hechos probados que las diligencias previas incoadas al
objeto de comprobar si existía responsabilidad penal derivada del incendio, y si esta podía imputarse a los
dueños del establecimiento, concluyeron por sentencia absolutoria de fecha 11 de diciembre de 1995 ,
procediendo Allianz a consignar judicialmente una parte de la indemnización finalmente concedida
(concretamente la suma de 125.042.924 pesetas) con fecha 25 de julio de 1996, por tanto, transcurrido
sobradamente el citado plazo.
TERCERO.- Declarada la mora de la aseguradora, una vez descartadas las razones que pudieran
justificar el mantenimiento del impago más allá de la sentencia absolutoria, la controversia se traslada al
momento inicial del devengo. La Audiencia señala que "atendida la circunstancia de que la consignación fue
inferior a la cifra finalmente reconocida, procede el pago de interés sobre dicha diferencia (51.013.898 pts),
no procediéndose hacer distinción respecto a la cifra inicial por cuanto al consignar la misma ya se había
incurrido en mora por la aseguradora". Es decir, la Sala sentenciadora estima que el pleito penal justificó el
retraso hasta la terminación por sentencia absolutoria, demorándose hasta ese momento el inicio del plazo
de tres meses al que alude el artículo 20.3º LCS (que de ordinario se computa desde el siniestro, pero que
al existir causa justificada se calcula desde el cese de la misma) y que la falta de pago o consignación en
dicho plazo computado desde la conclusión del proceso penal determinaba la mora de la aseguradora, con
la consecuencia -y esto es lo relevante- de que se le debían imponer los intereses, no desde la sentencia
penal sino desde la fecha del siniestro y respecto de la suma total, cesando el devengo de intereses con la
consignación respecto de la suma consignada (125.042.924 pesetas), y manteniéndose el devengo
únicamente respecto de la diferencia (51.013.898 pesetas) hasta su completo pago o consignación.
Ciertamente, el carácter sancionador o admonitivo que se atribuye a los intereses moratorios del
artículo 20 LCS , y el propio sistema establecido, partidario del pronto resarcimiento del perjudicado,
determinan que la fecha inicial del devengo sea la del siniestro (artículo 20.6º LCS ) por cuanto fue entonces
cuando se generó la obligación a cargo de la aseguradora por razón de la póliza suscrita (artículo 1100 del
Código Civil ), y es el momento en que nace el derecho del asegurado al ser también cuando acontece el
quebranto indemnizable, «siendo pues la fecha de producción del daño la que deberá tomarse también en
cuenta para el comienzo del devengo de los intereses moratorios objeto de condena, por aplicación del
párrafo 6º del artículo 20 » (Sentencia de 1 de julio de 2008 ). No obstante lo anterior, cuando el proceso
penal se constituye en causa justificada para no pagar, como acontece en el caso que nos ocupa, la
solución adoptada por esta Sala en supuestos semejantes como son los contemplados en sentencias de 8
marzo y 11 diciembre de 2006 y de 28 de abril de 2008 es que el devengo de intereses comience a partir
del día en que cesó la justificación (en el caso de autos, 11 de diciembre de 1995). No es distinto el parecer
de la Sentencia de esta Sala de 27 de mayo de 1998 -en la que se apoya la Audiencia- cuando afirma que
«una vez concluso el proceso penal por sentencia absolutoria, desaparecía toda causa justificada para
negarse al pago y, a partir de los tres meses debe computarse el interés de demora»; lo que en ella se dice
es que, cesada la causa que justificó el retraso, comienza el plazo de tres meses que la ley concede a la
aseguradora para cumplir su obligación, atribuyendo a la causa justificadora (pendencia del pleito penal) el
efecto de demorar el inicio de dicho plazo al momento en que ya no existe justificación y puede sin duda
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calificarse de culpable el retraso. Pero en modo alguno significa esta doctrina que por dejarse transcurrir
dicho plazo sin pagar o consignar la indemnización se deban imponer los intereses desde la fecha del
siniestro, pues no parece lógico que si existió justificación durante el pleito penal en atención a que estaba
en duda la obligación misma del pago a cargo de la aseguradora, dicha justificación desaparezca por el
mero hecho de no cumplir en el plazo de tres meses concedido al efecto. La justificación subsiste aunque
no se cumpla en ese plazo; el plazo permite al deudor no incurrir en mora pagando o consignando antes de
su expiración, pero si no lo hace, sólo a partir de la fecha de la sentencia penal absolutoria cabe calificar el
retraso en el pago o consignación de retraso culpable o imputable al asegurador en los términos que exige
el ordinal 8º del artículo 20 LCS .
En su virtud, que la consignación parcial se hiciera con fecha 25 de julio de 1996 no es óbice para
que la mora comience en la fecha de la sentencia penal absolutoria, lo que da lugar a estimar parcialmente
el recurso y casar la sentencia en este único punto, manteniendo los restantes pronunciamientos referidos al
tipo de interés aplicable (que ha de ser el 20% anual desde el día inicial del devengo, sin distinción de
tramos o periodos, por no haberse discutido este aspecto en sede casacional), y al hecho de que los
intereses han de imponerse respecto de la suma total fijada como indemnización (176.056.822 pesetas),
devengándose sólo hasta la fecha de consignación por la aseguradora respecto de la suma de 125.042.924
pesetas, y hasta su completo pago con relación a la cantidad restante (51.013.898 pesetas).
QUINTO.- Conforme a lo previsto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que se remite
al artículo 394 del mismo texto legal, al resultar estimado el recurso no procede la imposición al recurrente
del pago de costas causadas en el mismo ni en cuanto a las causadas en la apelación.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
FALLAMOS
Centro de Documentación Judicial
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación formulado por la
representación procesal de ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra la sentencia
dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona, de fecha 15 de octubre de 2002 ,
que casamos y anulamos en el único sentido de imponer a la aseguradora los intereses moratorios previstos
en el artículo 20.4 de la Ley de Contrato de seguro a partir de la fecha de la sentencia penal absolutoria (11
de diciembre de 1995 ) indicada por la parte recurrente como día inicial del devengo, intereses que han de
calcular sobre el importe total de la indemnización a que fue condenada la aseguradora, conforme a lo
indicado en el Fundamento de Derecho Cuarto manteniendo el resto de pronunciamientos de la citada
resolución; sin hacer especial declaración en cuanto a las costas del recurso de casación ni en cuanto a las
causadas en apelación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo
de Sala remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Juan Antonio Xiol Ríos. Jesús Corbal
Fernández.Clemente Auger Liñán. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el EXCMO. SR. D. Clemente Auger Liñán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos,
estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que
como Secretario de la misma, certifico.
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