Democracia directa o democracia represenrtativa

F o r o d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r 

R e v i s t a e l e c t r ó n i c a d e l P r o g r a m a d e E s t u d i o s 

U n i v e r s i t a r i o s C o m p a r a d o s 

Resumen 

Democracia directa o democracia representativa 

¿Un falso dilema de las luchas políticas actuales? 

Abraham Quiroz Palacios 1 

La disyuntiva a la que se refiere el presente título no parece ser tan real cuando los 

sujetos o actores sociales se constituyen en un movimiento político. Sin embargo, es 

evidente que a lo largo de la historia de las luchas y movimientos sociales, han aparecido 

muchas diferencias, teóricas y prácticas, entre uno y otro tipo de democracia. 

En nuestros días, a pesar de que prevalece una indiscutible hegemonía de los 

procedimientos participativos convencionales, se observa que las formas directas 

aparecen no sólo entremezcladas con ellos, sino incluso en muchos casos los inducen o 

los influyen de sobremanera. Por esa razón hemos decidido discutir aquí el asunto de la 

viabilidad que cada uno de los dos modelos -el participativo y liberal- tienen en las 

sociedades actuales, considerando que las mismas, quizá hoy más que nunca, se 

encuentran sometidas a un “marcaje” globalizador y a una "vigilancia panóptica" desde 

los observatorios imperiales, haciendo suyas las palabras de John Stuart Mill, de que “el 

único modelo de democracia factible en el mundo moderno es la democracia 

representativa” (Held, 1997: 188). 

Contra esto, nosotros argüimos que las diversas experiencias legadas por la 

Comuna de París, los Consejos Obreros en Turín, los Sóviets en la URSS y muchos 

otros casos de participación directa de trabajadores fabriles, de campesinos, de soldados 

o de simples ciudadanos (como el de los habitantes de la Ciudad de México frente a los 

terremotos de 1985, o el que ahora se encuentra en marcha de “Los Caracoles 

Zapatistas”), muestran con toda claridad que hay también otra importante connotación 

1 Dr. en Sociología, y Docente Investigador de la Maestría en Psicología Social de la Universidad Autónoma 

de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. abrahamqui@yahoo.com.mx 

Democracia directa o democracia 

representativa 

Abraham Quiroz Palacios




del concepto de democracia, que es justamente la de la participación directa de las 

masas en la detección, análisis y solución de sus problemas, es decir, en la toma de 

decisiones y en el ejercicio del poder. 

Palabras clave: democracia directa, democracia liberal, participación, transición. 

I ¿Qué se entiende por democracia y por qué hay modelos diferentes? 

Para Sartori (1991:330), el significado central del término democracia no es convencional 

ni arbitrario, sino que se encuentra enraizado en la historia, deriva de ella y, en 

consecuencia, es portador de una experiencia histórica en un sentido general. Quiere 

decir que alude a todas las formas de Estado en las que los gobiernos respectivos son 

elegidos por un electorado cuyos votos personales valen lo mismo y son emitidos con 

entera libertad (Therborn, 1980:16), aún incluso en los casos en los que, como aduce 

Held (1997, 34), citando a Marx, “las comunidades más pequeñas que tienen que 

administrar sus propios asuntos tengan que elegir delegados para que las representen 

en unidades administrativas mayores (distritos, ciudades), y éstas, a su vez, tengan que 

elegir candidatos para administrar áreas aún más extensas (la delegación nacional)...”. 

La experiencia y la teoría democráticas son, pues, demasiado vastas como para 

circunscribir el término al modelo burgués de Estado, o incluso al de su contraparte de 

tipo comunal o participativo. En todo caso, el asunto de la circunscripción depende de los 

juicios de valor que tenga cada quien acerca de los aspectos que considere esenciales, 

aunque, como hemos dicho, los datos históricos nos ayudan a precisar fechas y 

características de cada uno de los modelos mencionados, bajo la certeza de que no hay 

equivocación al clasificarlos; así, por ejemplo, hoy puede afirmarse, con absoluta 

seguridad, que la existencia de la democracia liberal sólo pudo haber tenido su inicio – 

como de hecho lo tuvo- únicamente cuando aparecieron las sociedades capitalistas de 

mercado (Macpherson, 1997: 10); no así, en cambio, las primeras experiencias de 







participación directa por parte de los ciudadanos comuneros o de la clase obrera, que 

tuvieron que esperar la aparición de una etapa superior en el desarrollo del capitalismo, 

a saber, la de la Era industrial. 

Antes de abordar las características que tienen cada uno de los modelos de 

democracia aquí referidos, cabe recordar que como forma de gobierno la democracia 

nace con los griegos de la antigüedad y, a decir de Huntington (op. cit., p. 19) su uso 

moderno se encuentra asociado a las revueltas revolucionarias de la sociedad occidental 

del siglo XVIII, siguiendo a partir de ahí una evolución zig-zagueante, pero plural, hasta 

llegar, mucho más tarde, a la adopción de una definición más o menos consensuada que 

procesó Schumpeter en lo relativo a los aspectos procedimentales o de método 

democrático, “entendido este como ‟el acuerdo institucional para llegar a las decisiones 

políticas, en el que los individuos ejercitan el poder de decidir por medio de una lucha 

competitiva mediante el voto del pueblo‟...” (Huntington, op. cit. p. 20), llegando así a ser 

la competencia y la participación las dimensiones más importantes de este tipo de 

sistemas. 

No obstante, a partir de que nace como concepto la democracia, hasta nuestra 

época, se han formulado muchos tipos de teorías acerca de la misma, de entre las 

cuales pueden destacarse la “teoría democrática radical; (la) nueva teoría democrática 

radical; (la) teoría democrática pluralista; (la) teoría democrática elitista y (la) teoría 

democrática liberal (según la versión de Holden)...; (la) democracia madisoniana; (la) 

democracia populista y (la) democracia poliárquica (en los términos de Dahl; o bien la) 

democracia electoral; (la) democracia participativa; (la) democracia de referendum y la 

teoría competitiva; (observándose que) el contraste mayor es el que se establece en 

términos de teorías de la democracia participativa versus teorías de la democracia 

competitiva” (Sartori, op. cit., T.I., p. 35), algo que, por cierto, queremos retomar aquí no 

sólo para resaltar sus diferencias, sino también para buscar los posibles puntos de 

convergencia y de mutuo apoyo. 







Pero, veamos primero lo que es la democracia directa y las experiencias más 

importantes que de ella registra la historia mundial. 

La democracia participativa 

A diferencia de los procesos de elección que se dan para nombrar funcionarios de 

gobierno dentro de un marco representativo liberal -los cuales cuentan con una 

plataforma legislativa y una reglamentación más o menos precisa, que emanan del 

propio sistema jurídico-político vigente, cuyo objetivo central es el de mantener 

estabilidad y orden durante los períodos en que: a) transcurre la elección, b) se realiza la 

transición de un gobierno a otro y c) se ejerce el poder por el grupo triunfante, el cual 

siempre evita cuestionar las relaciones de producción capitalista imperantes y el carácter 

de clase que tiene el Estado burgués-, los Consejos Obreros, “esa fórmula finalmente 

descubierta”, según lo afirmó Marx (1974: 304), teóricamente se conciben y son órganos 

de poder popular que se construyen en un movimiento de autodeterminación libre y 

colectivo, dentro y a través de los cuales los productores directos no sólo discuten y 

deciden su destino y el de su sociedad, sino que, además, ejecutan sus propias 

decisiones, cobijados bajo el principio democrático-político de que todos los que forman 

parte de ellos son elegibles, pero, a la vez, también sujetos de revocabilidad si ese es el 

deseo o la decisión del colectivo, lo cual los hace distinguirse, de manera radical, de las 

instancias de representación formal que caracteriza a las democracias liberales. 

Aunque a juicio de Sartori (op.cit., T.I, pp. 150-151) -y antes de continuar con la 

descripción de estos organismos-, la noción de democracia participativa es borrosa y 

confusa, en tanto que en la práctica se encuentra entrelazada con otras nociones muy 

cercanas a ella, tales como las de democracia directa, democracia de referéndum, etc., 

en todos los casos, se restringe a grupos relativamente pequeños del tamaño de una 

asamblea, implicando siempre el autogobierno, precisamente por eso nosotros hemos 

querido escoger como referentes ejemplares de la democracia participativa tanto a la 

Comuna de París, como a los Consejos Obreros, puesto que han sido los fenómenos 







políticos más expresivos de esta vertiente de participación directa que ha tenido la 

democracia a lo largo de su historia, porque pensamos que democracia participativa y 

democracia directa se pueden utilizar como sinónimos. 

Siguiendo con Sartori, es importante aclarar también que “el estatus de la teoría 

(participativa) y su novedad derivan de la importancia que se otorga al concepto de 

participación, por ello, a la participación entendida de un modo estricto e inconfundible... 

(pues) participar es tomar parte en persona y (tal) parte (es) autoactiva..., la participación 

es (entonces) automovimiento, por tanto, lo contrario del heteromovimiento (por otra 

voluntad)...” (Digamos por el llamado que hace un determinado candidato para acudir a 

las urnas a votar) (op. cit., 153). 

Así pues, en relación a “la Comuna –dice Marx- no había de ser un organismo 

parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo” 

(Ibid, p. 304), de tal manera, estando compuesta “casi sin excepción” (Marx) por obreros 

o representantes obreros, aplicó razonables medidas económicas, políticas y sociales de 

tipo proletario “en circunstancias de una dificultad sin precedentes,...realizando su labor 

los simples obreros de un modo modesto, concienzudo y eficaz”, a tal grado que sin 

depender en absoluto del tutelaje de alguien ordenaron, por ejemplo, que se abriese un 

registro estadístico de todas las fábricas clausuradas por los patrones y que se 

preparasen planes para reanudar su explotación con los obreros que antes trabajaban 

en ellas; ordenaron también la clausura de todas las casas de empeño debido a que 

eran una forma de explotación privada de los propios obreros, y ordenaron, finalmente, 

entre otras muchas cosas, abolir el servicio militar obligatorio. Pero, lo más asombroso, 

por encima de estas realizaciones monumentales, es que “la primera proposición 

operativa de un sufragio verdaderamente universal apareciera en los actos de la 

Comuna de París” (Cerroni, 1991: 155). 

Los Consejos Obreros, por su parte, tienen la virtud de que incluyen y expresan a 

todas las corrientes políticas e ideológicas que están presentes dentro de las masas 







explotadas, así como también las distintas posturas de los grupos y de los partidos 

inmersos en ellas; tales cualidades les permiten exhibir una textura democrática que ni 

los institutos políticos, ni los sindicatos, ni otros organismos de corte liberal pueden tener, 

puesto que no están diseñados para la acción directa, ni tampoco es su costumbre 

regirse por el principio de la revocabilidad que ya hemos apuntado. 

A pesar de que desde la perspectiva clasista los Consejos son, de alguna 

manera, excluyentes, dado que en ellos, según sostiene Gramsci (1972), sólo pueden 

“recogerse los obreros industriales, los trabajadores agrícolas, los campesinos pobres y 

los técnicos revolucionarios”, pero nadie más, o de igual modo, de acuerdo con 

Liebnecht (1972:51), a ellos no son elegibles, ni están legitimados para votar “los no 

proletarios, ni otros integrantes de las clases dirigentes” –porque así lo reclama su 

condición de clase y su interés revolucionario-, conservan, aún así, ventajas 

democráticas frente a los modelos liberales de representación, pues estos últimos desde 

su propio nacimiento se han caracterizado por excluir de todos los procesos de elección 

que han llevado a cabo -incluso hasta de los de su fase más desarrollada que representa 

la poliarquía-, a importantes sectores de la población. 

Es más, hubo épocas en las que el sufragio no era en definitiva universal, dado 

que sólo lo podían ejercer los propietarios (no los desposeídos), los que tenían un cierto 

nivel de cultura (no los iletrados), los de piel blanca (pero no los de color), los varones 

(pero no las mujeres), los adultos (pero no los jóvenes) y, en muchos casos, únicamente 

los que profesaban la religión cristina, o incluso únicamente los católicos (Cerroni, 

1991:52). 

Todavía más, los modelos liberales adolecen, sobre todo, de algunas desventajas 

relacionales -llamémoslas así- que tienen que ver, por ejemplo, con problemas de la 

política y de la economía (no sirven para abatir, digamos, los índices de pobreza, o para 

elevar el bienestar de la sociedad), o también con otros importantes campos de la 

actividad social relacionados con la educación, con la cultura, con la ciencia y la 







tecnología, etc., por lo que, en tal sentido no constituyen una opción político- 

paradigmática para encarar y dar paso a la emancipación, la desenajenación y la 

desalienación del hombre, puesto que ni siquiera se ocupan de ello. Pero esto constituye 

precisamente una diferencia con los modelos de organización basados en Consejos, los 

cuales, por el sólo hecho de permitir que los productores ejerzan un control efectivo 

sobre las finanzas, las materias primas, las provisiones, la distribución de los productos, 

la reglamentación sobre el tiempo de trabajo, los salarios, las vacaciones y la producción 

misma, los coloca en el camino más radical para suprimir la explotación y la alienación 

del hombre (Magri, 1972:20). 

La democracia liberal 

Si bien, en esta perspectiva no existe una apreciación teórica homogénea, sí se logra 

visualizar en ella un conjunto de elementos que le son comunes a sus diversos 

creadores y defensores, que van desde la actividad promotora de estos para la 

existencia y proliferación de las relaciones libres y equitativas entre los ciudadanos, 

hasta su preocupación por asegurar que prive el respeto a la privacidad de los 

individuos, a sus capacidades, a su aptitud y potencialidades de explorar y asociarse 

libremente, pasando por el hecho de que procuran dar protección legal a los individuos y 

a la colectividad en contra del uso arbitrario de la autoridad política y del poder coercitivo, 

también por tratar de mantener, perfeccionar y otorgar legitimidad a las instituciones 

regulativas de los procesos electorales y de la política, a efecto de que los ciudadanos 

puedan disputar los puestos de representación popular bajo procesos de competición 

equitativos e igualitarios, entre otras muchas cosas (ver Held, 1997: 186-190). 

La democracia liberal es pues, para decirlo en lenguaje de Sartori, una 

democracia representativa o “una democracia indirecta, en la cual el pueblo no gobierna, 

pero elige representantes que lo gobiernan” (Sartori, op. cit., 150), tiene, en 

consecuencia, como “eje portador y diferencial, al sufragio universal”, el cual constituye 

ni más ni menos que el alma o la centralidad del tema (Cerroni, 1991:42). 







Aunque el pueblo no es elegible a ningún puesto de gobierno, sí lo es, en cambio, 

teóricamente, cualesquiera de los individuos que tenga y demuestre tener voluntad y 

pasión por la política, o que exhiba capacidades y aptitudes de mando –digamos que 

cumpla con el perfil- que requiera el puesto de autoridad de que se trate, pudiendo para 

ello, si así lo desea, asociarse libremente con los individuos que quiera, teniendo la 

certidumbre de que él y sus correligionarios disfrutarán de todas las garantías formales 

que les otorga la reglamentación y la legislación vigentes. 

De acuerdo con Dahl (1990: 13,14), que es uno de los teóricos más destacados 

de la democracia representativa, actualmente el término democracia posee, entre sus 

características principales, una clara “disposición (para) satisfacer entera o casi 

enteramente a todos sus ciudadanos”, quienes deben “tener igualdad de oportunidades 

para: 1) formular sus preferencias, 2) manifestar públicamente esas preferencias ante 

sus partidarios y ante el gobierno, y 3) recibir por parte de (éste) igualdad de trato, es 

decir, que éste no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o del origen 

de tales preferencias”. Estas tres condiciones, más ocho “cláusulas” que deben 

garantizar las instituciones de los distintos Estados-naciones son fundamentales para la 

existencia de la democracia, pero, al mismo tiempo, sirven como escala para medir el 

grado de democratización que cada uno de ellos ha alcanzado. 

Tales “cláusulas” son las libertades de asociación, de expresión y de voto, los 

derechos de ser elegido para el servicio público y el de competir para buscar apoyo, el 

acceso a la diversidad de las fuentes de información, la existencia de elecciones libres e 

imparciales y la existencia de instituciones que garanticen que la política del gobierno 

dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias (Ver Dahl, ibid, p.15). 

Luego entonces, a partir de estas condiciones y cláusulas, puede inferirse que la 

democracia liberal tiene distintos alcances y expresiones, según la amplitud con que sus 

regímenes faciliten la oposición, den lugar al debate público y toleren la lucha política 

(los que alcanzan en esto las cuotas más altas son denominados regímenes 







competitivos); sin embargo, “la calidad” de la democracia liberal se mide también en 

función del número de personas que estén facultadas para participar en el debate 

público, de acuerdo con el grado de representación que se permita, resultando 

regímenes de hegemonía cerrada, oligarquías competitivas, o poliarquías. Estos últimos 

son, a decir del mismo autor, relativa, pero no completamente democráticos, aunque sí 

“sustancialmente liberalizados y popularizados, muy representativos y francamente 

abiertos al debate público” (Dahl, ibid: 18), por lo que, en pocas palabras, puede decirse 

que son el mejor modelo de democracia que ha creado el capitalismo. 

No obstante, por lo general la referencia a los regímenes poliárquicos se hace en 

términos de sus dimensiones nacionales, pocas veces, por no decir nunca, a sus 

expresiones en organismos o sub-unidades locales y regionales, esto es, sindicatos, 

iglesias, partidos políticos, universidades, empresas industriales y comerciales, otras 

asociaciones que se caracterizan por ser políticamente hegemónicas u oligárquicas que, 

obviamente obstaculizan así la evolución de todo el sistema político hacia un estadio 

ideal de poliarquía (en México, por ejemplo, se pueden observar a la fecha infinidad de 

enclaves autoritarios que se conocen, en la jerga política común y corriente, como 

virreinatos estatales, o como cacicazgos: municipales, gremiales, sectoriales, 

institucionales, etc., cuyos intereses económicos son normalmente grandes y cuyas 

prebendas políticas son de alto privilegio como para que -entronizados como están en 

los círculos de poder político-, constituyan cauces para la liberalización o para el debate 

público, por lo que representan más bien las grandes reservas que el conservadurismo 

tiene para evitar la transformación del sistema en democrático). 

Justamente, hay que señalar que las perspectivas de desarrollo de la democracia 

se ven frecuentemente empañadas por la gran cantidad de conflictos que se generan 

entre quienes, por un lado, detentan el poder y entre quienes, por el otro, forman parte 

de la oposición. Pareciera ser que ningún régimen pueda evolucionar de una 

hegemonía, o de una oligarquía competitiva hacia posiciones poliárquicas sin que tenga 

que enfrentar las turbulencias sociales y los conflictos políticos, que se generan a partir 







del aumento de, en términos reales, oportunidades de participación de los ciudadanos y 

el debate público. 

Las transiciones de un tipo de régimen a otro son, por esto, en la mayoría de los 

casos, violentas; es más, cuando Therborn (op. cit., p. 28) habla de los dos grandes 

rasgos que brillan por su ausencia en el proceso de democratización histórica de las 

sociedades (el primero de los cuales es que ninguna de las grandes revoluciones 

burguesas estableció una democracia de su tipo, pero sí se sirvió del pueblo para 

acomodarse al mejor régimen), indica que “la segunda ausencia llamativa (en esa 

historia) es la de un proceso firme y pacífico acompasado al desarrollo de la riqueza, la 

alfabetización y la urbanización”. 

En particular, a decir de Dahl (1990: 51,52), las poliarquías se han instaurado a 

través de varios procesos, a saber: evolutivos (el menor número de casos), por colapso o 

derrocamiento revolucionario del antiguo régimen, por conquista militar, o tras la lucha 

por la independencia nacional, previendo que a futuro “casi las dos únicas opciones 

serán la evolución y la revolución dentro de una nación-estado ya independiente”, 

aunque augura que la transformación de los regímenes hegemónicos en poliarquías se 

dará en un proceso lento que necesitará de varias generaciones para desarrollarse. 

En efecto, debido a que los procesos de democratización se encuentran 

inevitablemente ligados a intereses que van mucho más allá de las fronteras de la 

política -en su sentido restringido o liberal, es decir, el que sólo alude a las 

confrontaciones comiciales para elegir y legitimar gobiernos-, se puede prever que 

“ningún parto democrático se hará sin dolor”, más todavía si pensamos que la sociedad 

puede llegar a decidir que la vía regia para lograrlo es la de la acción directa, algo que, 

por supuesto, no le será permitido ni por las instituciones establecidas (como ya sucedió, 

por ejemplo, con la intervención del ejército mexicano en el caso de la movilización que 

hizo la propia sociedad civil en la ciudad de México, tras los terremotos de 1985, o 

también la acción de esta misma institución armada frente a la movilización de las 







comunidades zapatistas desde 1994, en el estado de Chiapas), ni por supuesto por las 

autoridades legalmente electas (poder Legislativo y poder Ejecutivo), quienes están 

plenamente convencidas de que la única manera de hacer política es participando en los 

procesos electorales. 

II ¿Aún es posible la democracia directa en la globalización? 

La pregunta que nos hacemos viene al caso porque, como hemos advertido en la 

introducción, la democracia no depende hoy en día –y quizá nunca lo hizo- de un sólo 

factor; su construcción o el llegar a ella ha reclamado y exige todavía, entre otros 

requisitos, el que los ciudadanos posean información y conocimiento acerca de sus 

derechos y deberes políticos, lo mismo que una actitud de recepción y una 

representación social de acogimiento a la misma, incluso hasta una tradición conductual 

en el libre ejercicio del sufragio; en resumen, toda una cultura cívica, cuyo objetivo 

central sería el de empujar también a una mayor liberalización y a un más alto grado de 

tolerancia entre los regímenes que todavía se niegan a adoptar los modelos de 

convivencia democrática. 

Si bien, para llegar a la democracia, en cada Estado-nación, la existencia de 

estas condiciones es algo indispensable, es necesario también no perder de vista que la 

denominada globalización puede acelerar, atrasar o neutralizar –según los casos- los 

procesos democráticos, en virtud de que ella es, en un sentido amplio, una nueva forma 

de organización, de orden y de relaciones que ha implantando el capitalismo mundial 

(Didou y Col., 1998: 108,113), y que, como consecuencia desempeña, por lo menos, un 

papel de gran marco político internacional, dentro del cual todos los Estados y gobiernos 

tratamos de dar o de encontrar –en algunos casos críticamente- significado particular a 

nuestras acciones económicas, políticas y sociales, por lo general tomando en cuenta los 

avances que en materia de civilidad -tanto legislativa, como conductual- han logrado 

algunos de los países vanguardia en estos procesos; como sostiene Garretón (1994: 

189) en nuestro continente “no han desaparecido las viejas luchas por la igualdad, la 







libertad, la independencia e identidad nacionales. (a pesar de que) tales luchas se hacen 

más complejas, se tecnifican y autonomizan sin identificarse con sistemas ideológicos 

monolíticos. (Y más todavía porque) a ellas se unen también las luchas por la expansión 

de la subjetividad, por la felicidad y por la autoafirmación, que dejan de ser monopolio de 

los sectores socioeconómicos privilegiados”, en todo caso, marcan las grandes 

asimetrías políticas que existen entre las naciones de capitalismo altamente desarrollado 

(con democracias consolidadas) y las de los países que, como el nuestro, año con año, 

ven crecer su pobreza, su marginación y su precarización, en gran medida como efectos 

de la globalización. 

Empero, todo esto implica varios asuntos que vamos a expresarlos así: 

1) La globalización es multifacética, pero tiene un polo hegemónico en el campo de la 

política que se vuelve “sugerente” o impositivo en el nivel de ciertos modelos, de tal 

manera que los países dependientes deben analizar la conveniencia o no de 

adoptarlos –aprovechando la apertura, digamos- para lograr un mayor desarrollo en 

sistemas democráticos. 

2) Los sectores sociales que se están movilizando en el terreno de la política son cada 

vez más numerosos, en contraposición a lo que sucedía antes, cuando se pretendía 

ver la existencia de un sólo sujeto histórico, por lo demás protagonista como 

vanguardia revolucionaria; los cambios sociales hoy en día se caracterizan por la 

concurrencia de una rica pluralidad de sujetos actores que van desde estudiantes, 

amas de casa, intelectuales, hasta ecologistas, feministas y otros. 

3) Los sectores sociales que se están movilizando en el terreno de la política son cada 

vez más numerosos; ya no se trata de un sólo sujeto histórico que en épocas 

anteriores pretendía ser el único protagonista de todos los cambios sociales, sino de 

una rica pluralidad de sujetos actores (feministas, estudiantes, amas de casa, etc.) 

que luchan también por la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia. 







4) “El repertorio de las formas de acción colectiva heredado de la matriz clásica es 

(ahora) insuficiente... Las puras luchas antagónicas deben ser combinadas con 

búsquedas de consensos básicos, ...aceptando la negociación y el gradualismo, 

pero sin ceder a las presiones de ideologías que proclaman sociedades sin 

proyecto” (Carretón, op. cit., p. 189). 

5) También, desde luego, las formas de organización han cambiado o deben cambiar 

de las clásicas a otras más novedosas y participativas, o en su caso, al igual que las 

formas de lucha, éstas también deben tratar de combinarse para su mayor 

efectividad. Asistimos, por ejemplo, al nacimiento y proliferación de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG‟s) que en muchos lugares han luchado 

codo a codo con sindicatos, partidos políticos y otras asociaciones clásicas. 

6) Todo esto significa, como de hecho ha pasado en muchos países del orbe, que la 

sociedad civil puede seguir aspirando a la construcción de un sistema democrático, 

tipo representacional, pero, al mismo tiempo, asumir en la práctica la utopía histórica 

que tanto ha deseado, esto es, su autodeterminación mediante el uso de un modelo 

político de participación directa. Nos parece que este camino no está cerrado, por el 

contrario, se asiste todos los días a formas novedosas de participación política que, 

con mucho, rebasan las fronteras de la lucha electoral. 

La transición en México 

El concepto de transición en nuestro subcontinente, en particular en nuestro país, 

arranca, como sostiene Woldenberg (1999), de un gobierno autoritario, teóricamente 

termina “cuando la „anormalidad‟ ya no constituye la característica central de la vida 

política, o sea, cuando los actores se han asentado y obedecen (a) una serie de reglas 

más o menos explícitas” (O‟Donnell, 1994: 105). 

Aparentemente estas dos cuestiones en México se habían venido cumpliendo en 

lo general de manera progresiva hasta el año 2006, ya que, por un lado, se tiene por 







aceptado que los gobiernos emanados de la revolución y pertenecientes al PRI han sido 

de corte autoritario; y, por otro, en particular a partir de 1988, fecha en la que el Ing. 

Cuauhtémoc Cárdenas y sus seguidores encabezan una insurgencia electoral sin 

precedentes en el país, con la cual asestan un golpe definitivo al sistema unipartidista, 

éste, hacia el año dos mil, tuvo que ceder a un proceso de alternancia, reconociendo el 

triunfo del candidato presidencial emanado del PAN, por lo que, a partir de entonces 

puede hablarse ya de cierto nivel de competencia electoral entre, por lo menos, tres 

partidos políticos: el propio PRI, el PAN y el PRD. 

Sin embargo, decimos que esto es sólo en apariencia porque, en realidad, en la 

última elección presidencial (la de 2006) no todos los actores respetaron las reglas 

formales existentes; tampoco la competencia fue igualitaria, en tanto que los recursos 

que se otorgaron para financiar las respectivas campañas fueron pronunciadamente 

diferenciados, provocando que el acceso de los candidatos a los medios de 

comunicación masiva fue y sigue siendo profundamente desigual, lo cual impidió e 

impide el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales de la democracia, que es el 

debate público. 

Pero, la democracia, como ya ha quedado claro, reclama también la existencia de 

instituciones políticamente imparciales que se hagan cargo de la organización y de la 

calificación de los comicios, por lo menos, todavía en 1988, cuando el régimen respondió 

a la insurgencia electoral con la caída del sistema de cómputo para el conteo de los 

sufragios y darle el triunfo al candidato del partido oficial, reveló que tales instituciones 

no maduraban desde la perspectiva democrática, pues seguían actuando de manera 

parcial. En la última elección se observaron comportamientos similares, de actuación 

parcial y facciosa por parte de instituciones como la Suprema Corte de Justicia, el 

Instituto Federal Electoral y otras más. 

Pese a estos hechos y a otras prácticas del mismo estilo que aún persisten en 

muchas subunidades del sistema (entidades federativas, municipios, universidades, 







sindicatos, etc.), hay autores, -v. gr., Begné (1999)- que manejan, quizá de manera muy 

precipitada, la tesis de que “la transición mexicana a la democracia llegó a su fin, 

(porque, dicen, basándose en algunos hechos, que) el viejo régimen del 

presidencialismo sin fronteras, del partido sin competencia y elecciones sin garantía, sin 

crítica y escrutinio público, el del Estado grande y la sociedad pequeña, ha quedado 

(definitivamente) en el pasado” (Begné, 1999,1), que ya “México es otro”, y únicamente 

se requiere debate de los acuerdos que conduzcan a la eficacia y a la estabilidad de la 

democracia. 

Esto es cierto, pero es insuficiente. Consolidar la democracia en México es aún 

cosa de tiempo y de cultura cívica. Hoy podemos ver que no se trata simplemente de 

desplazar per se al partido revolucionario institucional de la presidencia de la República – 

en cuyo cargo Vicente Fox tuvo un desempeño no muy diferente, incluso en algunos 

aspectos hasta peor al que tuvo el viejo presidencialismo con relación a los procesos 

electorales. Y lo mismo es aplicable a quien actualmente ocupa el Poder Ejecutivo. 

En la llamada transición, en todo caso, la alternancia partidista y el equilibrio de 

fuerzas en el Congreso son una condición indispensable para dar paso a una plena 

democratización, la cual implicará, en lo sucesivo, no sólo la consolidación de las 

instituciones electorales, sino también la consolidación del estado de derecho que debe 

ser observado en todos los niveles de la sociedad donde, por la vía electoral, se 

nombran a los distintos representantes de sindicatos, de ejidos, de comunidades, de 

universidades, etc. 

Las demás formas de participación política y social que los ciudadanos prefieran 

o seleccionen para tratar de arribar a sus objetivos particulares, o generales incluso, 

tales como paros laborales, la huelga de impuestos, el bloqueo de avenidas, la toma de 

instalaciones, el decomiso de implementos agrícolas, la constitución de tribunales 

populares, la construcción y gestión de cooperativas de producción y de consumo, de 

escuelas propias, de organismos para defender los recursos naturales y la ecología, de 







estaciones de radio y televisión, de páginas en internet, etc., que formalmente no están 

contempladas en la lucha electoral, pero que pueden perseguir el mismo objetivo de la 

democratización del sistema, deberían también ser objeto de bienvenida por parte de 

aquellos que dicen estar preocupados por la desigualdad, la injusticia y las pocas 

libertades que prevalecen a lo largo y ancho del país. 

Referencias bibliográficas 

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Democracia directa o democracia represenrtativa

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