La operatoria de “Tarjeta de crédito” se la puede conceptuar como ...

III. Concepto de la operatoria de tarjeta de Crédito
La operatoria de “Tarjeta de crédito” se la puede conceptuar como un sistema
integrado por distintos contratos bilaterales, individuales y autónomos
jurídicamente entre ellos, celebrados entre partes diversas (como por ejemplo
los celebrados entre los usuarios con el ente emisor, los de éste con el
administrador del sistema (si se trata de un sistema abierto), los del
administrador con los bancos pagadores y los de éstos con los comercios
adheridos o proveedores, que forman una unidad al estar conexados o
imbrincados por su finalidad, siendo su complementación y coordinación
necesarias para el funcionamiento de aquél [1] .
La ley 25065 en su art. 1° establece que “Sistema de Tarjeta de crédito” “es el
conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es:
a) posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o
servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema, en los
comercios e instituciones adheridos, b) diferir para el titular responsable el pago
o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme alguna de las
modalidades establecidas en el contrato, c) abonar a los proveedores de
bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados [2] .
La definición legal ha sido objeto de críticas [3] , por cuanto además de usar una
terminología inapropiada, no describe totalmente el sistema, pues omite la
finalidad del administrador y del emisor (si se trata de un sistema abierto),
mencionando exclusivamente la finalidad del usuario y del comercio adherido.
Tampoco ha regulado adecuadamente la conexidad de los contratos que
integran el sistema, ni la vinculación de los administradores del sistema y los
bancos emisores y/o pagadores.
La ley de Tarjeta de Crédito 25065 como requisitos para la existencia del
sistema de tarjeta de crédito los siguientes:
1. Un conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales.
Con ello se esta reconociendo que el sistema de tarjeta de crédito es
funcionalmente plurilateral [4] , o se compone de negocios individuales pero
conexados, coligados o imbrincados [5] . Es decir, no se concibe la existencia del
sistema sin por los menos la presencia de tres partes [6] , que asumen
obligaciones independientes pero imbrincadas: El administrador del sistema,
llamado por la ley “emisor” (art. 1°), el usuario o titular de la tarjeta y los
comercios adheridos (sistema cerrado). En los casos de tarjetas bancarias
llamados también “sistemas abiertos” existen en realidad cuatro partes, pues a
las mencionadas se le agrega la institución financiera, que es quien celebra con

el usuario el contrato de emisión de tarjeta de crédito [7] y con los comercios
adheridos el llamado contrato de incorporación al sistema, actuando como
banco pagador [8] .
Cuáles son estos contratos individuales que integran el sistema?. La ley 25.065
se ha referido fundamentalmente a sólo dos de ellos. El contrato de emisión de
tarjeta de crédito, en los arts. 6 y ss., y el contrato entre el emisor (banco
pagador) y el proveedor, y de las relaciones entre los mismos, arts. 32 y ss. Ha
omitido en cambio expresamente referirse, en los casos de tarjetas bancarias,
al contrato que se celebra entre la administradora del sistema y la institución
financiera, aunque en diversos pasajes de la norma se refiere a los bancos [9] .
2. Una finalidad económica común. Si bien ya adelantamos que la ley sólo se
refiere parcialmente a la finalidad perseguida por los usuarios y los comercios
adheridos, la finalidad económica de éstos y del agente emisor de cara al
sistema es común, ya que económicamente no se admite la existencia de la
finalidad individual perseguida, sin la finalidad económica de las otras partes
integrantes del mismo.
IV. Breve referencia al contrato de emisión de tarjeta de crédito [10] :
Respecto del contrato de emisión de tarjeta de crédito, la ley 25.065 no define
al mismo mas establece normas sobre el perfeccionamiento, su forma,
contenido mínimo, cláusulas prohibidas, rescisión y causales específicas de
nulidades. En cuanto a la conclusión aclara que la mera presentación de la
solicitud del contrato no implica su perfeccionamiento, sino simplemente una
oferta, que quedará aceptada una vez que se haya suscripto el instrumento
donde consta el contrato, se emitan las respectivas tarjetas y el titular las reciba
de conformidad (art. 8 LTC). Hasta dicho momento no asume el oferente, el
fiador o los usuarios adicionales propuestos ninguna responsabilidad (art. 9°
LTC). Se ha establecido entonces una forma a nuestro entender solemne
absoluta, pues en ausencia de los requisitos mencionados en la ley, el mismo
no queda perfeccionado. Con relación al contenido del contrato, la ley
establece cuáles son las disposiciones mínimas que debe contener (art. 6°),
indicando igualmente que la redacción del contrato debe realizarse de la
siguiente forma (art. 7 LTC). a) que se cumpla la disposición del doble
ejemplar [11] b) que el contrato se redacte claramente y con tipografía fácilmente
legible a simple vista, c) que las cláusulas que generen responsabilidad para el
titular adherente estén redactadas mediante el empleo de caracteres
destacados o subrayados. La ley establecía igualmente que los contratos tipo
que se utilicen debían ser previamente aprobados por la autoridad de
aplicación, lo que fue observado por el decreto del PEN. En caso de

inobservancia de lo prescripto en la ley son nulos e inoponibles (agrega la ley)
al titular, sus fiadores o adherentes.
Por otro lado el art. 14 establece un listado de nulidad parcial de cláusulas
abusivas y que se aplican específicamente en materia de contratos de tarjeta
de crédito.
V. Contrato entre el administrador o agente pagador (en los sistemas abiertos) y
el comercio adherido o proveedor
El inc. f) del art. 2° se refiere al proveedor o comercio adherido al sostener que
es aquél, que en virtud de contrato celebrado con el emisor o agente pagador,
proporciona bienes, obras o servicios al usuario aceptando percibir el importe
mediante el sistema de tarjeta de crédito. La incorporación de los
establecimientos al sistema no los obliga a operar con el usuario pero sí a
aceptar la tarjeta cuando opera con él [12] , y por lo tanto que la misma sea
utilizada como medio de pago.
La ley 25065 no ha definido dicha relación contractual (llamado en el derecho
español “contrato de incorporación”, pero sí ha establecido el contenido mínimo
que debe tener la misma (art. 38 LTC), como así también ha plasmado deberes
de información del administrador en los arts. 32, 33, obligaciones del comercio
adherido o proveedor (art. 37), consecuencia de su transgresión (art. 34),
rescisión con causa (art. 44), liberación del usuario frente al comercio en caso
de incumplimiento exclusivo del emisor (art. 45), invalidez de cláusula de
exoneración de responsabilidad (art. 46), y disposiciones referentes a las
terminales electrónicas (art. 35) y pagos diferidos (art. 36). También ha
plasmado en el art. 40 la posibilidad a favor del comercio adherido de preparar
la vía ejecutiva contra el emisor y el plazo de prescripción de las acciones
resultantes. Finalmente establece las sanciones a que se pueden hacer
acreedoras las entidades emisoras.
Dicho contrato es un contrato tipo o sujeto a condiciones generales de
negociación en virtud del cual el titular del comercio (comercio adherido) se
obliga en forma principal a aceptar la tarjeta que comercializa el administrador
por su tenedor legitimado para el pago de la adquisición de los bienes y
servicios que ofrece y a pagar la comisión pactada y el administrador a
liquidarle el neto de las operaciones pactadas en las fechas acordadas a través
de un agente pagador. El art. 38 establece que el qué previsiones mínimas
debe contener el contrato tipo entre el emisor y el proveedor [13] :

1. Caracteres del contrato
a. Es un contrato consensual, es decir, se perfecciona con el sólo consentimiento.
b. Es un contrato formal. Ello se desprende de la ley 25065 en su art. 38. En efecto, si
bien no menciona expresamente que deba celebrarse por escrito sí establece como dijimos
un contenido mínimo que hace suponer la exigencia de un instrumento, como así también
por la exigencia sobreabundante del doble ejemplar plasmado en el último párrafo del
artículo mencionado.
c. Es un contrato de duración por su naturaleza: La ley no establece plazos mínimos ni
máximos, mas sí establece en el inc. a) que debe contener el plazo de vigencia.
d. Es un contrato sujeto a condiciones generales de contratación. La ley establece
en el art. 38 que el contrato “tipo” entre emisor y el proveedor debe contener ciertas
condiciones. Atento a esta característica la LTC establece que carecen de efecto las
cláusulas que impliquen exoneración de responsabilidad de cualquiera de las partes que
intervengan directamente o indirectamente en la relación contractual.
e. Es un contrato bilateral, por cuanto ambas partes se encuentran obligadas siendo
las obligaciones principales y interdependientes.
f. Como todo contrato bilateral es oneroso, por cuanto las ventajas de las partes se
explican por el sacrificio recíproco.
g. Es un contrato conmutativo, pues las ventajas y sacrificios no dependen de un
hecho incierto, sino que se encuentran determinadas ab initio.
2. Obligaciones del Comercio adherido
En el título II de la ley, se regulan en los capítulos primero y segundo
principalmente las relaciones entre emisor y proveedor. En cuanto a las
obligaciones del proveedor o comercio adherido los arts. 37 y 38 contienen un
listado que consideramos mínimo, sin perjuicio de otras que analizaremos a
continuación.
a. Aceptar todas las tarjetas pertenecientes al administrador cocontratante,
que sean adecuadamente presentadas y que se encuentren
vigentes [14] .

. Solicitar la tarjeta al titular o beneficiario de extensiones y consultar
sobre su vigencia y si se encuentra habilitada. Esta obligación surge
expresamente del inc. g) art. 38 de la LTC. Dicha verificación se realizaba
tradicionalmente a través del llamado “boletín prospectivo” que enviaban las
administradoras a los comercios adheridos. Actualmente los comercios cuentan
con el servicio de POSNET, efectuando dicha consulta a través del mismo.
c. Simultáneamente a lo establecido en la letra anterior, el comercio está
obligado a solicitar autorización para la realización de la operación de que
se trata, consignando en el respectivo cupón o recibo el número de
autorización otorgado [15] .
d. Hacer firmar y completar correctamente el cupón donde se anote el
monto de la operación, consignando el número de factura. Luego debe
solicitar que el usuario suscriba de su puño y letra el cupón o recibo de que se
trate, si es una operación vía POS. Tratándose de una operación electrónica,
deberá consignar el número de PIN o de seguridad de la tarjeta.
e – Debe verificar que la firma del usuario insertada en el cupón sea la misma
que la de la tarjeta. Sin embargo, no se le requiere al comerciante o sus
dependientes que actúen como perito calígrafos. En este sentido no se aplican
los arts. 35 y 36 del Decreto–ley Nº 4776/63 puesto que la situación del
prudente empleado bancario en el cotejo y examen de las firmas no es idéntica
a la del dependiente en casas de comercio. Tampoco se les puede aplicar a las
firmas de los cupones la misma regulación previstas para la firma de los
cheques [16] . La jurisprudencia ha resuelto que si no se aprecian entre las firmas
de los cupones y la auténtica del beneficiario de la tarjeta de crédito
disimilitudes tales que permiten suponer una actuación negligente o desatenta
de los vendedores, no corresponde entonces sostener la posibilidad de
responsabilidad por parte del comercio adherido [17] . No se puede exigir a los
comerciantes más allá de lo que puede ser perceptible por ellos, siempre que
actúen con una diligencia adecuada [18] . Es por ello que en el fallo que
comentamos la prueba pericial practicada no tiene mayor relevancia, ya que de
la misma no sólo debe surgir que la firma no pertenece a la mano caligráfica
del usuario de la tarjeta, sino que ella no es visiblemente falsificada.
f. Verificar la identidad del usuario mediante la solicitud del documento de
identidad: Otra manera de asegurar la identidad del poseedor de la tarjeta es
mediante la comparación de los datos del documento de identidad con los que

se encuentran insertos en la tarjeta de crédito. Si bien la ley no lo menciona y
sin perjuicio de la dificultad probatoria, tratándose de tarjetas que poseen foto
del titular, deberán tomar la precaución de cotejar si la foto es de una persona
similar al portador de la misma.
g. Retener la tarjeta en el caso de que su titular no sea la persona que la tiene
en su poder y remitirla al ente emisor de la misma. Lo propio deberá hacer si la
tarjeta figura como perdida, hurtada o robada.
h. Abstenerse de ofrecer el pago al contado o poner trabas al uso de la tarjeta:
El comercio adherido al sistema no puede ofrecer a los usuarios de tarjeta de
crédito la posibilidad de efectuar su compra al contado mediante condiciones
especiales o poner trabas al uso de la tarjeta como sería el caso de exigir más
requisitos que los establecidos por la entidad emisora [19] .
i. Usar el sistema para el ofrecimiento de bienes y servicios que
comercialice y no para disfrazar operaciones de mutuo (las llamadas
“cuevas”): el sistema de tarjeta de crédito consiste en la adquisición de bienes y
servicios y realizar su pago en forma diferida. El adelanto de dinero, disfrazado
a través de una operación comercial distinta, por medio de la firma de cupones
es una deformación del sistema y debe ser erradicado [20] .
j. Abonar a la administradora las comisiones pactadas y cargos
administrativos. Conforme lo establecido en el inc. e) art. 38) LTC el contrato
expresamente debe contener el tipo y monto de comisiones, y cargos
administrativos de cualquier tipo.
Si el comercio, tal como se menciona en la sentencia sub comentario, cumple
con las previsiones de seguridad mencionadas en la ley, la operación no podrá
ser cuestionada por el agente pagador o el administrador, por más que en la
realidad se trate de una operación fraudulenta. La razón es que el comercio
coadyuva con las medidas referidas a la seguridad del sistema, pero el
obligado principal es el administrador o banco pagador. Es por ello que las
fallas del sistema no se le pueden imputar al comercio adherido, salvo
connivencia de éste con el autor del ilícito. En este sentido coincidimos con el
fallo cuando afirma que: “que quienes deben responder por los daños
derivados de las fallas del régimen originadas en el uso de tarjetas
adulteradas y/o falsificadas, son la entidad administradora y el

anco, ya que son ellos quienes crean, administran y se benefician
con el sistema”.
Cabe acotar que tampoco es responsable el comercio cuando si bien no ha dado
cumplimiento a las obligaciones mencionadas de seguridad, el usuario no cuestiona el cargo,
pues en tal caso no tendría ningún interés en no cancelar el importe del mismo a favor del
comercio.
3. Obligaciones del Administrador frente al proveedor o comercio
adherido
a. Deber de Información: Conforme al art. 32 de la LTC pesa sobre el
administrador un deber de información sobre el funcionamiento en general del
sistema, información ésta que debe ser permanentemente actualizada. En particular
debe suministrar a los comercios adheridos a) todos los materiales e instrumentos
de identificación y publicaciones informativas sobre los usuarios del sistema, b) el
régimen sobre pérdidas o sustracciones a los cuales están sujetos en garantía de
sus derechos, c) las cancelaciones de tarjetas por sustracción, pérdidas, voluntarias
o por resolución contractual. El art. 33 reitera lo establecido en el inc. c) del artículo
anterior en el sentido de que el emisor (léase administrador o agente pagador) debe
informar inmediatamente sobre las cancelaciones de tarjetas de créditos antes de su
vencimiento sin importar la causa. Agrega finalmente el artículo citado que la falta de
información no perjudicará al proveedor. Ello significa que en caso de
incumplimiento del deber de información sobre la vigencia de la tarjeta, el
administrador no puede rechazar una operación sosteniendo que la tarjeta se
encontraba inhabilitada o no vigente y deberá en tal supuesto liquidar la operación
como si la tarjeta se encontrara en condiciones de ser utilizada. El deber de
información encuentra su fundamento en el hecho de que el administrador del
sistema posee el Know How y establece las reglas sobre el funcionamiento del
mismo. Además desde el punto de vista de la seguridad de las transacciones tiene a
su cargo implementar todos los mecanismos necesarios para evitar la comisión de
fraudes, y por ello es responsable de dar a conocer en forma inmediata cualquier
modificación o contingencia que se presente con relación a un usuario particular. La
ley sólo menciona expresamente el deber de información en la etapa contractual,
mas nosotros consideramos que el funcionamiento del sistema, los riesgos del
mismo, los costos, etc, deben ya ser informados al momento de comenzar las
tratativas negociales, es decir precontractualmente. La fuente de dicha obligación
surge del art. 1198 del C.C. y el factor de atribución sería subjetivo. Las
consecuencias del incumplimiento de dicho deber traería como consecuencia que el
comercio adherido tendría que quedar en la misma condición que estaría de haber el
administrador dado cumplimiento al deber referido. Celebrado el contrato, surgen
nuevos deberes de información, que son los establecidos en los arts. 32 y 33 de la
LTC, ya referidos, como así también del artículo 38 incs. B) c), e y f). El
administrador debe informar igualmente los topes máximos por operación, las
comisiones, intereses y cargos administrativos de cualquier tipo, plazo y requisitos

para la presentación de las liquidaciones y el tipo de comprobantes a presentar de
las operaciones realizadas. En la etapa contractual la obligación de informar es una
obligación de resultado. Esta afirmación trae como consecuencia que por un lado la
carga de la prueba del cumplimiento del deber de información pesa sobre el
administrador y por el otro que el factor de atribución es objetivo. En cuanto a los
efectos del incumplimiento de dicho deber en la etapa contractual la ley establece
que tal circunstancia no debe perjudicar al comercio adherido, pues éste confió en
base a la información con que contaba, que el usuario en particular no se encontraba
inhibido de realizar la operación y por lo tanto dicha operación no puede ser
rechazada por el sistema.
b. Debe practicar las liquidaciones de las operaciones realizadas por el
usuario con el comercio adherido. Practicada dicha liquidación el
administrador enviará en soporte magnético la misma al agente pagador, quien
será el encargado de materializar el pago, mediante transferencia de fondos a
la cuenta que los agentes pagadores hacen abrir a los comercios en sus
establecimientos. Una cuestión frecuente que se presenta es que después de
liquidada una operación y ante la impugnación del titular de la tarjeta, el
administrador o agente pagador realizan, si dan curso a la impugnación,
débito/s en la cuenta del titular del comercio [21] , con el argumento de que se
trata de una operación irregular. Es válida esta facultad normalmente
plasmada en los contratos sujetos a condicones generales de contratación que
prerredactan los administradores o agentes pagadores???. El fallo sub análisis
se analiza la cuestión destacándose las siguientes conclusiones: 1) Sólo se
pueden realizar contracargos, si las operaciones realizadas son irregulares y
dicha irregularidad es imputable al comercio adherido. Caso contrario, los
contracargos son antijurídicos. Es decir, los contracargos son reprochables, si
el proveedor realizaba la venta de acuerdo a lo previsto en el art. 37 y 32
de la ley 25.065. “En tal sentido, meritó (el Juez A-Quo) que, abonada la
liquidación, la entidad emisora no podía volver unilateralmente sobre ella
mediante la realización de contracargos, sino por vía de rectificación de
cuenta o acuerdo con el proveedor. “Y si bien advirtió que los contratos

de adhesión al sistema contemplaban la alternativa de que se efectuaran
débitos con posterioridad a la acreditación, meritó que tal posibilidad no
eximía al banco de justificar los movimientos de fondos; obligación que
no apareció cumplida en el “sub lite”. Añadió que no colocó la defendida
a disposición del experto contable la documentación que justificara la
procedencia de los débitos practicados sobre la cuenta de la actora, pese
a su importancia”. 2) La cargo de la prueba de la juridicidad de los
contracargos pesa sobre el Administrador o agente pagador. En tal
sentido la Cámara sostuvo que “Desde tales perspectivas conceptuales,
si se pretendía el rechazo de la acción, cupo al Citibank N.A. y a los
terceros (conf. arg. art. 91 del Cpr.) acreditar que las transacciones
realizadas mediante el uso de tarjetas de crédito en el comercio de la
actora, no sólo fueron materializadas mediante el uso de tarjetas
falsificadas o adulteradas, sino, principalmente, que Lemelsons tuvo
participación como cómplice o autora del delito de defraudación, o que
incumplió con las obligaciones contractuales y/o legales a su cargo”. Es
decir “debe responder por los contracargos efectuados frente -y esto es
muy importante- a la falta de prueba respecto del eventual obrar ilícito o
negligente del comercio adherido”. 3) Para acreditar la ilicitud o
negligente en el accionar del comercio adherido no basta que el titular de
la tarjeta impugne el cargo. Así remarcó que “Agrego que en el “sub lite”
no es posible concluir por el mero hecho de la impugnación de los
titulares de la tarjeta a los consumos realizados en el comercio adherido,
que incumplió la actora con las obligaciones contractuales a su cargo o
que su accionar fue contrario a la ley. De allí que, carezca de gravitación
y resulte inidónea para demostrar supuestos incumplimientos, la
agregación aislada a autos de los resúmenes de tarjetas que
acompañara la defendida a los fines de acreditar los débitos (v. fs.
923/1062)”.

c. Debe abonar los importes netos de los comprobantes de
compra(cupones o recibos) en la fecha pactada [22] .
d. Obligación de contar con terminales electrónicas de consulta: La LTC
impone a las administradoras la obligación de contar con terminales
electrónicas de consulta para los comercios adheridos, que no podrán excluir
equipos de conexión de comunicaciones o programas informáticos no provistos
por aquéllos, salvo incompatibilidad técnica o razones de seguridad,
debidamente demostradas
VI. Contrato entre el Administrador del sistema y la entidad Financiera
La regulación de este contrato ha sido omitida por la LTC, a pesar de ser
una de las relaciones más difundidas para la comercialización de las mismas [23] .
Es decir, dicho vínculo jurídico sigue siendo atípico, si bien se han sostenido
respecto a la naturaleza jurídica de dicho vínculo distintas teorías. Por un lado
se encuentra la tesis que plantea la idea del CONTRATO DE AGENCIA, donde
el sujeto (agente emisor - entidad financiera) no realiza el contrato sino que
simplemente los procura [24] .Y por otro está la posición que afirma la
conveniencia de utilizar la figura del CONTRATO DE COMISION donde el
comisionista tiene un derecho autónomo a celebrar y concluir el contrato. [25] . La
mayoría lo califica como una FRANQUICIA. El Banco asume dentro de una
zona acordada la operatoria de la organización, la suscripción de las solicitudes
y la contratación con los comercios adheridos. En caso de subrogación de los
derechos por parte de la empresa franquiciada se debe realizar la misma por
medio de voluntad expresa. [26] Sin embargo, como no se presentan todos los
caracteres de la franquicia, se pensó en otra figura jurídica como ser la de
LICENCIA y la de una relación de locación de servicios de administración.
El contrato que une al administrador con el banco si bien es un contrato de
empresa [27] , es normalmente predispuesto por el primero, pudiendo presentarse
diversos especies de vinculación. Se trata de un contrato consensual, bilateral,
oneroso y de duración. En virtud de dicho contrato la administradora del
sistema se reserva la propiedad de la marca, y la emisión material del plástico,
centraliza todas las operaciones realizadas y las liquida, compensando sus
importes entre las entidades bancarias autorizadas (clearing de operaciones).
Es decir, maneja todo el sistema contable de créditos y débitos, mantiene
actualizado los listados de usuarios, las altas y bajas, emite los llamados

oletines protectivos y las autorizaciones a través de sistemas electrónicos
(POS), efectúa las transferencia de fondos y manejos de créditos y débitos por
las operaciones realizadas. En general tiene el monopolio de la seguridad del
sistema y ordena el débito o contrapartida o contracargo de las operaciones
impugnadas [28] . Genera a veces un fondo de garantía o quebranto para hacer
frente a hurtos, robos, seguros, etc. Igualmente se forma un fondo para
destinarlo a publicidad del sistema.
Las entidades bancarias se obligan normalmente, a comercializar la marca
entre sus clientes, como así también con proveedores. Liquidan y compensan
todas las operaciones realizadas por sus clientes y proveedores que contraten
con esa entidad. Notifican al administrador el alta, baja e inhabilitación tanto de
los clientes como de los comercios adheridos.
VII. Efectos conexos de los contratos individuales
El sistema de tarjeta de crédito presupone la existencia, como vimos de
contratos individuales y bilaterales, jurídicamente autónomos pero imbrincados
por una finalidad económica común. Ellos son el contrato entre el administrador
del sistema y el banco (en los sistemas abiertos), el contrato de emisión de
tarjeta de crédito (entre el banco o administrador (en los sistemas cerrados) y el
titular), el contrato entre el titular o beneficiario y el comercio adherido y
tratándose de sistemas abiertos el contrato entre el agente pagador y el
comercio adherido (llamado como dijimos en el derecho español “contrato de
incorporación”. En el fallo sub-comentario remitiéndose al dictamen pericial se
mencionó esta pluralidad de relaciones y del funcionamiento de la operatoria,
de la siguiente manera: “En concreto, los sujetos intervinientes entablan
diversas relaciones entre ellos y así: i) la administradora del sistema
contrata con el banco emisor de las tarjetas, ii) el banco emisor de las
tarjetas celebra contrato con los usuarios, iii) el banco pagador contrata
con la administradora del sistema y, iv) el banco pagador celebra
contrato con los proveedores. …En apretada síntesis, expuso el auxiliar
que: i) el titular de la tarjeta realiza una operación en el comercio del

proveedor, ii) utilizando su terminal electrónica el comercio solicita
autorización de la operación, iii) la administradora del sistema procesa la
autorización, otorgándola o rechazándola, y el resultado es recibido por
la terminal electrónica del proveedor, iv) a través de la terminal
electrónica, el comercio transmite la operación para su procesamiento.
La transmisión se realiza electrónicamente, sin papeles, quedando el
ticket original en poder del comercio, v) la entidad administradora del
sistema procesa la operación e informa los saldos a los bancos emisores
y pagadores, vi) el banco emisor de la tarjeta utilizada para realizar el
consumo, transfiere el importe de la operación celebrada en el comercio
al banco pagador, vii) el banco pagador, abona el importe de la operación
al comercio, viii) la administradora del sistema procesa el resumen de
cuenta del usuario, con el total de consumos del período y lo remite al
banco emisor de la tarjeta, ix) la administradora del sistema procesa las
liquidaciones de operaciones con el comercio, con el total de operaciones
del periodo y lo remite al banco pagador, x) el comercio retira su
liquidación de la entidad pagadora, xi) el banco emisor de la tarjeta
remite el resumen al usuario y, xii) el socio abona el saldo de su resumen
de cuenta en su banco emisor de la tarjeta (v. fs. 452/53)”.
Al ser contratos conexos se debe analizar los efectos de dicha conexidad entre
las distintas partes del sistema. La primera cuestión que podemos plantearnos
es si existe propagación de efectos de la ineficacia de un negocio con relación
al otro. La segunda cuestión se relaciona con la excepción de incumplimiento,
es decir si la misma puede ser invocada por una de las partes ante el
incumplimiento de alguna de las obligaciones principales asumidas por un
tercero con su co-contratante, o por éste con un tercero? La tercera cuestión
hace al tema de la responsabilidad, es decir si se puede reconocer una acción
directa en contra de quien no fue parte en el contrato celebrado pero que
integra el sistema.

La LTC no ha regulado con carácter general los efectos de la imbrincación contractual. Así
por ej. en materia de responsabilidad no ha positivizado la del banco emisor, en caso de haber
omitido remitir al administrador el pago efectuado por el usuario o acreditarlo en la cuenta
respectiva. No ha previsto expresamente la del administrador en caso de inhabilitación indebida
de una tarjeta o cierre del crédito del usuario. Tampoco se ha previsto la responsabilidad
solidaria del administrador y banco frente al proveedor en el caso de falta de pago de la
liquidación presentada en tiempo y forma o en el caso de marras, es decir en el supuesto de
efectuar el Banco pagador contracargos o contrapartidas de rubros liquidados y acreditados en
la cuenta del Comercio adherido. Sí ha previsto, en cambio efectos particulares. Ello no ha
obstado para que por vía jurisprudencial se hayan reconocido otros efectos derivados de la
conexidad. Por otro lado, la LTC ha previsto el caso de conexidad contractual en el art. 55 (al
hablar de “paquetes”) pero no vinculado directamente al sistema de tarjeta de crédito, sino de
los servicios financieros en general.
1. Efectos conexos en la relación comercio adherido-usuarioadministrador
El usuario de la tarjeta de crédito adquiere bienes y servicios utilizando el
plástico como medio de pago. Es decir, entre ambos se celebra un contrato de
compraventa, locación de servicios, etc., llamado “negocio base”. La
particularidad en este caso es que el precio se cancela, en principio, a través
de la emisión del cupón o equivalente, renunciando el comercio a exigir el pago
en efectivo. Esta renuncia no la realiza el comercio al usuario por un vínculo
negocial entre ambos, sino en virtud del contrato de incorporación tipificado en
la LTC, que contiene disposiciones a favor de terceros (art. 504 C.C.),
determinables al momento de la celebración de los negocios particulares.
Cuando se habla de efectos conexos se refiere al vínculo en sí y a obligaciones
principales del comercio adherido frente al administrador y de los efectos que
puede tener el contrato de emisión de tarjeta de crédito con el negocio
particular celebrado entre el usuario y el comercio adherido y no a los
beneficios pactados a favor de los terceros.
a. Propagación de la ineficacia:
Qué consecuencias tiene la ineficacia del negocio base que celebra el usuario
con el comercio adherido con relación al contrato de emisión de tarjeta de
crédito, y viceversa qué ocurre si se declara la ineficacia del contrato de
emisión de tarjeta de crédito con relación al negocio celebrado con el comercio.
La doctrina al tratar el tema en general se encuentra divida [29] , sosteniendo
unos que la nulidad, anulabilidad, resolución, etc. de un contrato supone la
misma forma de ineficacia del contrato coligado. Para otros, la ineficacia de uno

de los contratos solo origina la ineficacia del conjunto, cuando el resultado
práctico proyectado solamente puede obtenerse mediante la vigencia de todo
el contenido negocial [30] . Esta tesis es la que consideramos correcta y
aplicándola al tema que nos ocupa consideramos que no existe en general
propagación de efectos en este sentido, es decir si se declara la nulidad del
negocio celebrado con el comercio adherido no tiene efectos con relación a la
validez del contrato de emisión de tarjeta de crédito. Pero qué ocurre con la
operación en particular?? Nosotros consideramos que no corresponde efectuar
el cargo en el resumen de cuenta. Si, de todos modos se plasma el mismo, el
usuario podrá impugnarlo conforme al procedimiento establecido en los arts. 26
a 30 de la LTC. Si por error de hecho o derecho ya hubiera abonado el cargo
correspondiente, no hay dudas que podrá repetir del comerciante el importe, ya
que dicho pago habrá sido sin causa (art.792 del C.C.). Puede impugnarse de
todas formas el cargo y solicitar que se le acredite nuevamente la suma
pactada y que el sistema efectúe el contracargo al comercio adherido??. En
términos generales consideramos que la respuesta es positiva, por cuanto el
pago efectuado sería, como dijimos, incausado.
Qué ocurre si se anulara el contrato de emisión de tarjeta de crédito con
relación al negocio base celebrado?. Aquí habrá que analizar si el comercio ya
recibió el pago por parte del banco pagador o no. En el primer caso las
obligaciones emergentes del negocio base por ej. la compraventa se habrían
satisfecho y por lo tanto ninguna consecuencia produciría en dicha relación la
nulidad del contrato de emisión. En el supuesto de que todavía el banco
pagador no hubiera abonado al comercio, pero al momento de la celebración
del negocio la tarjeta no se encontraba inhabilitada, consideramos que el
administrador debe abonar el precio, pues se aplicaría lo dispuesto en el art. 33
de la LTC. Cosa distinta es que habiendo sido informado de la cancelación de
la tarjeta, el comercio de todos modos hubiera aceptado la misma, en ese caso
sólo tendrá acción contra el usuario por el pago del precio, pues habría
incumplido con lo dispuesto por el art. 37 de la LTC .
b. . Acción Directa:
Otro de los efectos de la conexidad contractual radica en la existencia de
acciones directas, acciones orientadas a poner en contacto a sujetos no
vinculados contractualmente. En el caso del proveedor o comercio adherido,
puede éste reclamarle directamente el pago del precio de la mercadería o bien
adquirido, al usuario, en virtud del incumplimiento incurrido por el administrador
o banco pagador?. La respuesta debiera ser negativa pues como vimos, el
comerciante renunció al adherirse al sistema de tarjeta de crédito, a reclamar al
usuario el pago en efectivo del precio, aceptando la tarjeta de crédito como
medio de pago y por lo tanto como forma de cancelar la obligación. Empero la
LTC acepta esta solución sólo en el supuesto de que el usuario acreditara que
él ya abonó el cargo correspondiente y no en el supuesto contrario. En efecto,

la ley en el art. 45 establece que “El titular que hubiera abonado sus cargas al
emisor queda liberado frente al proveedor de pagar la mercadería o servicio
aun cuando el emisor no abonara al proveedor”. Esta disposición ha sido
criticada [31] , porque además de ser contraria al sistema en sí, llevándola a sus
extremos implicaría que en caso de incumplimiento por parte del usuario,
tendrían tanto el comercio cuanto el emisor acción contra aquél para reclamarle
lo debido en virtud de una causa única. Es por ello que se propugna negar
acción al comercio en contra del usuario en virtud de lo establecido en los arts.
504 y 725 del C.C.
c. Resolución del contrato con el proveedor por incumplimiento de éste frente al
usuario
Al respecto la LTC establece en el art. 44 “Incumplimiento del proveedor. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del proveedor con el titular,
dará derecho al emisor a resolver su vinculación contractual con el proveedor”.
Esta norma ha sido considerada sobreabundante atento a que por la mecánica
del art. 504 del C.C., en concordancia con los arts. 216 C. de C. y 1204 C.C., el
emisor (administrador o banco pagador) tendría de por sí la posibilidad de
rescindir el contrato. Es decir esta norma no significaría estrictamente una
propagación de efectos de un contrato con otro conexo, sino incumplimiento de
una obligación asumida frente al co-contratante, que tiene por objeto una
ventaja a favor de un tercero, que es el usuario o titular.
2. Efectos conexos en la relación comercio adherido-usuario-emisor
a. Excepción de incumplimiento:
En materia de tarjeta de crédito podemos preguntarnos si el usuario que ha
abonado con la tarjeta un bien o un servicio a un comercio adherido, puede
negarse a pagar el cargo correspondiente alegando o bien que el comerciante
no le ha entregado la cosa adquirida (exceptio non adimpleti contractus) o con
todos los accesorios (exceptio non rite adimpleti contractus) o que la misma
contiene vicios ocultos. En la totalidad de cláusulas generales de contratación
del contrato de emisión de tarjeta de crédito se establece que “El usuario titular
y sus adicionales si lo hubiere- excluyen al “Banco” de cualquier tipo de
responsabilidad por las mercaderías adquiridas o los servicios recibidos en los
establecimientos adheridos al sistema de tarjeta de crédito” [32] . Y que “En caso
de que se interpusiera reclamo o acción legal contra cualquiera de los
establecimientos a causa de mercaderías o servicios adquiridos, ello no
autoriza al titular a suspender o demorar el pago al emisor de los cargos y
saldos deudores que surjan de los resúmenes de cuenta mensuales”. Es decir,
las relaciones entre el proveedor y el usuario no afectan en absoluto a las

creadas entre este último y el agente emisor, a pesar de que exista una
pluralidad funcional. Esta realidad como sostiene López Frías [33] que podría
“sustentarse jurídicamente en el principio de la relatividad y autonomía de los
contratos, está legitimada además con el consentimiento del consumidor, que
acepta expresamente la referida cláusula junto con las demás condiciones del
crédito”.
La LTC ha receptado este principio, pero estableciendo una excepción. En efecto el art. 43
establece: “Controversias entre el titular y el proveedor”. El emisor es ajeno a las controversias
entre el titular y el proveedor derivadas de la ejecución de las prestaciones convenidas, salvo
que el emisor promoviere los productos o al proveedor, pues garantiza con ello la calidad del
producto o servicio”. Promover implica iniciar o dar impulso a la venta de un producto o un
servicio, es decir acrecentar las ventas, el volumen de negocios respecto de un bien o servicio.
Tal como ha sido enseñado [34] no se debe confundir entre “promover” y “publicitar”. Publicitar
sería un acto de comunicación, de información, de divulgación por distintos medios para dar a
conocer un producto o un servicio. Promover en cambio sería adelantar un apoyo, avanzar un
convencimiento sobre las bondades de contratar el producto o el servicio. En el caso de
promoción el administrador del sistema garantiza la calidad del producto o servicio. Dicha
garantía implica que el administrador o el banco emisor (si es éste el que promueve) se cocorresponsabiliza
por la calidad del mismo. Se trataría de un supuesto de obligaciones
concurrentes, ya que la fuente de la obligación del administrador sería legal, mientras que en el
caso de quien presta el servicio u ofrece el bien sería contractual, pudiendo el usuario
demandar indistintamente in totum por vicios o incumplimiento contractual a ambos.
3. Efectos conexos en la relación administrador y el Titular o Usuario
Ya hemos mencionado que salvo en las tarjetas no bancarias (sistemas
cerrados), generalmente interviene en la operatoria una institución financiera,
que celebra con el usuario el llamado contrato de emisión de tarjeta de crédito.
Dicha institución es la que aprueba la solicitud del cliente, le asigna el límite de
compra y de financiación y corre el riesgo crediticio, pues es el acreedor de las
obligaciones de pago que asume el usuario. Atento a ello el usuario no contrata
en este supuesto con el administrador del sistema, sino con el Banco. Se
plantea entonces la cuestión de formularse los mismos interrogantes que
hicimos al hablar de la relación usuario-comercio adherido, es decir si existe
propagación de efectos en atención a la imbrincación contractual.
La LTC nada dice al respecto, tal como lo apuntamos. Ello no significa de nuevo que no se
deriven efectos, fundamentalmente en lo referente a la responsabilidad del administrador frente
al usuario.
a. Propagación de efectos de la ineficacia de un negocio con relación al otro.
En este punto nos podemos preguntar qué efectos puede tener la ineficacia del
contrato celebrado entre el banco con el administrador con relación a los

contratos celebrados por éste con sus clientes. El tema no fue tratado
expresamente en la LTC. Ya mencionamos que como principio general la
ineficacia de uno de los contratos solo origina la ineficacia del conjunto, cuando
el resultado práctico proyectado solamente puede obtenerse mediante la
vigencia de todo el contenido negocial [35] . En esta inteligencia consideramos
que la ineficacia del contrato entre administrador y el banco produciría la
ineficacia igualmente de los contratos de emisión de tarjeta de crédito
celebrados por éste, pues el fin práctico perseguido ya no podría ser
alcanzado, salvo que dichos contratos pudieran ser continuados o absorbidos
por otra institución financiera que asume el riesgo crediticio de los tarjetahabientes.
b. Excepción incumplimiento:
¿Puede ser invocada por el usuario la exceptio ante el incumplimiento de
alguna de las obligaciones principales asumidas por el administrador del
sistema frente al Banco?. Respecto de este tema consideramos que si se trata
de la obligación de pagar los consumos efectuados, el usuario no puede
invocar la excepcitio non adimpleti frente al incumplimiento del administrador,
sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que pudieran surgir. Sin
embargo, pensamos que podrían presentarse situaciones en las que el usuario
podría negarse a abonar determinados cargos como por ej. remisión de
resumen, seguro de responsabilidad, etc. si el administrador incumple con la
obligación de remitir el nuevo plástico a su vencimiento, pues en tal supuesto
no habría podido utilizar la tarjeta.
c. Acción Directa:
Posee el titular de la tarjeta una acción directa en contra del administrador, o
sólo posee una acción derivada del principio general del nemine laedere de
naturaleza extrancontractual. El tema se planteó en un caso fallado por la
CNCom, Sala C, mayo 21-998 in re Jaraguionis, Nefi c. Banco de Boston y
otro. Allí el actor demandó al Banco de Boston y a Visa Argentina S.A. por los
daños y perjuicios derivados de la inhabilitación de una tarjeta de crédito
Visa [36] . El Banco de Boston opuso excepción de falta de legitimación pasiva, ya
que interpretó que no había incumplido con obligación alguna en virtud del
contrato de emisión de tarjeta de crédito y que la inhabilitación había sido
ordenada directamente por Visa. Esta argumentó que no mantenía ninguna
relación contractual ni con el actor ni con el supermercado donde había
ocurrido el hecho. Sostuvo que no es parte en el contrato de emisión de tarjeta
de crédito y que su única participación se limita a la emisión material del

plástico. Sostuvo que ordenó la inhabilitación de la tarjeta al tomar
conocimiento del hurto de la misma a fin de evitar un uso fraudulento del
plástico. El Juez de primera instancia rechazó la demanda contra Visa por
entender que la vinculación del cliente sólo era con el Banco de Boston. Que
Visa en su carácter de administradora se había limitado a ordenar la
inhabilitación y que dicha medida se encontraba justificada, aún cuando
hubiera significado la inhabilitación de la tarjeta del actor. Dicha resolución fue
revocada en segunda instancia a través del voto del Dr. Monti. Es interesante
remarcar el análisis que el Magistrado realiza del sistema de tarjeta de crédito y
de las relaciones que genera. En efecto, parte de su análisis señalando que
“..un análisis íntegro del asunto no podría reducirse a un único vínculo entre el
banco y el usuario. Enseguida se percibe que los comerciantes o proveedores
de bienes y servicios son también parte del “sistema” y desde luego lo es la
firma que lo organiza y administra...Vista la cuestión, con este enfoque
“sistémico” (nosotros podríamos hablar desde la óptica de los negocios
conexados)-si se me permite la expresión- resulta indiferente que la
codemandada Visa argentina no hubiera contratado directamente con el actor,
pues dicha empresa es parte necesaria en la prestación del servicio de tarjeta
de crédito que se ofrece al usuario...Dentro del contexto de autos, pues es
dable concluir que en la prestación del servicio de tarjeta de crédito intervienen
ambas co-demandadas, no sólo en cuanto en cuanto publicitan y ofrecen al
usuario, sino en tanto participan concretamente en su funcionamiento con las
modalidades señaladas, con lo cual obtienen una ventaja o utilidad, de manera
que deben ellas asumir el riesgo empresario ínsito en tal actividad y responder
conjuntamente ante el destinatario del servicio. De otro modo no se cumpliría el
designio constitucional plasmado en el art. 42 de nuestra Ley fundamental , en
tanto reconoce a los consumidores y usuarios de bienes y servicios el derecho
a la protección de sus intereses económicos y condiciones de trato equitativo y
digno..”.
En cuanto a la fundamentación del otorgamiento de una acción directa el Dr.
Monti luego de mencionar que podría haberse fundado en el art. 40 de la ley
24240 vetada y en el art. 42 de la C.N., como así también en las reglas del
mandato sostiene que “A mi modo de ver, al mismo resultado se llega si se
toma como punto de partida el conjunto de relaciones involucradas en el
contrato entre el usuario y el banco, el cual contiene cláusulas que vinculan a la
entidad administradora del sistema, aceptadas por ésta al intervenir en esa
relación y poner en ejercicio las prerrogativas inherentes a su condición de tal
(arg. 504, 1199,1161, 1162,918 y concs. del C.C.) como ocurrió efectivamente
en la especie al disponer Visa Argentina la inhabilitación de la tarjeta del actor,
Por eso pienso que la responsabilidad de dicha firma tiene base contractual y
debe ser considerada así en puntos a sus alcances y efectos (arts.
505,508,511,512,519 y ss, 1198 “in limine” código citado. En suma, la condena
debe ser extendida a la codemandada Visa Argentina S.A., la que responderá
ante el actor en los mismos términos que el banco, sin perjuicio de las acciones
recursorias que pudieran ejercer entre sí ambas codemandadas”.

Nosotros consideramos plenamente acertada la solución brindada por el Dr.
Monti al caso planteado. También consideramos que su fundamentación puede
ser diversa. El fallo si bien, como se lo reconoce parte de un análisis
“sistémico” o de relaciones conexadas, se aparta, sin embargo, en la solución
de los principios desarrollados sobre los negocios conexos, pues se sostiene
que las relaciones serían directas por su común fuente contractual con el
usuario al incluir el clausulado de las condiciones generales del contrato de
emisión de tarjeta de crédito celebrado con el banco referencias a Visa
Argentina, que luego fueron ratificadas por ésta, al otorgar el plástico. Tenemos
para nosotros que habiendo partido del análisis del sistema para fundar el
otorgamiento de una acción directa en contra de Visa, que no fue parte en el
contrato de emisión de tarjeta de crédito, se podría recurrir a la existencia de
contratos conexos, que justifican el apartamiento del principio de relatividad de
los contratos establecidos en el art. 1195, 1199 del C.C. También
consideramos en este sentido criticable la ley al haber omitido reglar
expresamente esta cuestión en la forma mencionada, lo que hubiera guardado
incluso concordancia con el proyectado art. 979 del Proyecto de Código de
1998 [37] , que prevé la posibilidad de apartarse de dicho principio en los casos
legalmente previstos.
4. Efectos conexos en las relaciones entre el administrador-banco
pagador y el comercio adherido
El negocio que celebra el comercio que se adhiere a un sistema de tarjeta de
crédito (contrato de incorporación), lo celebra con el administrador del sistema
(en los cerrados) o con los bancos pagadores (en los sistemas abiertos).
Respecto a esta relación los problemas que se presentan hacen al tema de la
responsabilidad ante el incumplimiento de la obligación de pago de las
liquidaciones presentadas en debida forma y los más frecuentes se refieren a la
falta de pago de determinados cargos por haber sido impugnados por el
usuario o la contrapartida de cargos ya liquidados por el mismo motivo, tema
planteado en los autos que comentamos. El tema no fue expresamente tratado
en la LTC. En principio, el comercio sólo podría reclamar el cumplimiento de
dicha obligación a su co-contratante y no al administrador (en los sistemas
abiertos). Empero, se ha considerado que también en este caso existe
responsabilidad solidaria de parte del administrador y del banco que adhirió al
comercio al sistema [38] . El fundamento de dicha responsabilidad puede basarse
también en la conexidad existente entre los negocios que celebra el banco con
el administrador y los de éste con el comercio adherido.

Otro efecto de la conexidad es el tema tratado en autos, es decir si frente
al no pago de determinados cargos o en caso de haberse “contrapartido”
o efectuado indebidamente uno o más “contracargos”, puede el comercio
adherido reclamar el pago de la operación liquidada o la restitución de lo
debitado al administrador (que no es su co-contratante) y al banco
pagador. El fallo que comentamos expresamente refiere que ”quienes
deben responder por los daños derivados de las fallas del régimen
originadas en el uso de tarjetas adulteradas y/o falsificadas, son la
entidad administradora y el banco, ya que son ellos quienes crean,
administran y se benefician con el sistema”. Es decir, acertadamente
se afirma el efecto conexo de la obligación que tienen tanto el
administrador como el banco pagador de hacerse cargo de los perjuicios
resultantes de la utilización fraudulenta de la tarjeta de crédito, siempre
que el comercio adherido no hubiera actuado negligentemente (dando
cumplimiento a los deberes emergentes de la LTC) o en connivencia con
quienes perpetraron el ilícito, afirmando acertadamente, como vimos que
la carga de la prueba (a los efectos de la exoneración de dicha
responsabilidad) pesa sobre el banco pagador o el administrador y no
sobre el comercio adherido. Nosotros coincidimos plenamente con la
solución brindada al caso, considerando que el fundamento de dicha
responsabilidad reposa en la idea del control de los mecanismos de
evitación de fraudes. Vimos que entre las obligaciones principales del
administrador se encuentra la de mantener indemne al sistema de
fraudes. Si a pesar de estos mecanismos, se comete uno, debe
responder por haber asumido en exclusividad o en algunos supuestos
con el banco pagador, la seguridad de todo el sistema.
VIII. Conclusiones
La respuesta al interrogante que elegimos como título del presente
comentario, dependerá en principio del caso concreto. Habrá que
analizar qué responsabilidad le cupo a cada parte del sistema para dar
una respuesta. Sin embargo, si el comercio adherido cumplió con sus
obligaciones establecidas en la ley 25065 (arts. 32 y 37), no se le podrá
imputar responsabilidad por el uso fraudulento de la tarjeta. Tampoco se
le puede imputar responsabilidad al usuario, si éste fue víctima de un
ilícito o se falsificó su tarjeta o se utilizó la numeración, fecha de vigencia

y código de seguridad para realizar transacciones vía Internet, pues éste
no puede verse obligado a abonar cargos por consumos no realizados y
en los cuales no le cupo ninguna participación ni activa ni pasiva [39] .
Quedan entonces los otros integrantes del sistema: el administrador del
mismo y el banco pagador (en los sistemas abiertos). Si bien en el caso
se le imputó responsabilidad a ambos frente al comercio adherido, por
tratarse de una estructura sistémica, con efectos conexos, lo cual es
correcto a nuestro entender, si el administrador es quien tiene el
monopolio de la seguridad del sistema, es éste el que en forma principal
debe hacerse cargo de las consecuencias dañosas de la utilización
fraudulenta en razón de que es él el que tiene el control, pudiendo el
banco pagador, en caso de haber pagado al comercio adherido, iniciar la
acción recursiva correspondiente. En cambio si comparten el control de
la seguridad, no tendrán acción recursiva entre sí, debiendo ambos
soportar las consecuencias dañosas por la utilización fraudulenta del
plástico.
[1] Muguillo, “Tarjeta de Crédito”, Edit. Astrea. Buenos Aires 1994, pg. 79 sostiene que “en su
conjunto la tarjeta de crédito es un negocio jurídico de coordinación, plural y masivo, complejo,
conformado en una unidad de relaciones jurídicas diversas, donde cada relación entre los
intervinientes tiene una regulación y naturaleza propia y autónoma, que sólo adquiere sentido al
conformar este sistema por vía de coordinación y complementación (necesario para ser
operativo),. demostrando la ineficacia de cada una de ellas de no integrarse recíprocamente”.
[2] Esta acepción de “tarjeta de crédito” no debe ser confundida con las otras dos existentes y
que se refieren sea a la tarjeta es sí misma, al plástico, (cuyo texto expresa el nombre del emisor, el
de su titular, con el número de seguridad respectivo, la firma del titular en el reverso y la fecha de
vencimiento en el anverso (véase arts. 4° y 5 de la ley 25065), que no es sino un elemento probatorio del
contrato de emisión de tarjeta de crédito y que legitima al portador previa inserción de su firma en las
facturas o cupones especiales o manifestación del número de tarjeta y código de seguridad para adquirir,
de los comercios adheridos, mercaderías y servicios de cuyo pago queda obligado en primer término el
emisor de la tarjeta (Véase Bulrich Santiago J. “La Tarjeta de Crédito”, Edit. Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1971, pg. 34”), sea al contrato de emisión de tarjeta de crédito, que es, como veremos, el contrato
celebrado entre un usuario y una entidad emisora de tarjetas de créditos, en virtud del cual se posibilita al

primero la adquisición de bienes y/o servicios que ofrecen establecimientos adheridos al sistema. Al
respecto puede verse Moeremans, Tarjeta de Crédito. Contrato de emisión. Momento de su
perfeccionamiento, Rev. L.L. del 4/7/99, pgs. 4 y ss.
[3] Muguillo, Régimen de Tarjeta de Crédito, Ley 25065, pg. 35 y ss.
[4] El contrato que da lugar a la utilización de las tarjetas de crédito tiene características propias
porque establece una relación triangular entre un comprador , un vendedor y una entidad
financiera, posibilitando al primero la adquisición de bienes y servicios que ofrece al segundo,
mediante la promesa previa formulada por la entidad financiera al vendedor de que se hará
cargo inmediatamente de la deuda, previa deducción de las comisiones estipuladas, para lo
cual la entidad financiera emite una declaración de voluntad unilateral de contenido volitivo,
vinculante, recepticia, dirigida a personas ciertas, que incorpora un derecho de crédito a favor
del titular legítimo y legitimado para la obtención de prestaciones de bienes, servicios, sumas
de dinero y hasta financiación por un plazo determinado, que el usuario acepta
comprometiéndose a abonar en los plazos y condiciones estipuladas en el contrato financiero,
TS Córdoba, Sala Civil y com., agosto 22, 1996, Banco Social de Córdoba c. Lunar Martinez,
Fernando y otra, L.L. 1998-939.