Análisis jurídico de la Denuncia Penal formulada en contra de ...

Análisis jurídico de la Denuncia Penal
formulada en contra de cómplices y
encubridores del Fraude Bancario
Introducción
Juan Francisco Morales Suárez
En octubre de 2005, el País entero, atestó las
impugnaciones que se formularon en contra del Dr.
Alfredo Corral Borrero, en su postulación como
aspirante a magistrado de la Excma. Corte Suprema
de Justicia.
A pesar de conocer, asumir e identificar como
ilegítimo, inconstitucional y amoral el procedimiento
diseñado por los grupos de facto del Ecuador, a través
de sus brazos ejecutores en el Congreso Nacional, los
Partidos Políticos, que violando una vez más la
Constitución Política de la República, inventaron un
“método” para la integración de la Corte Suprema de
Justicia, 1 a fin de naturalmente quedar indemnes
1 El artículo 202 de la Constitución Política de la República (1998), determinaba
con precisión el mecanismo a utilizarse para integrar el alto tribunal,
procedimiento hollado por el Congreso Nacional, que hoy pretende
inexplicablemente ser reivindicado por la Asamblea Nacional Constituyente,
tendiéndose un puente con los cómplices del pasado:
“Art. 202.- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no estarán
sujetos a período fijo en relación con la duración de sus cargos. Cesarán en sus
funciones por las causales determinadas en la Constitución y la ley.
Producida una vacante, el pleno de la Corte Suprema de Justicia
designará al nuevo magistrado, con el voto favorable de las dos terceras partes de

luego de tantos atropellos realizados en contra del
País, entre los cuales figuran precisamente el asalto
que fuera protagonizado por el propio Congreso que
había tomado el control definitivo de los Tribunales y
de la Corte Suprema de Justicia, los ciudadanos no
podíamos permanecer impasibles viendo como
personajes con auténtico historial de actos ilícitos y
omisiones gravísimas en contra del Ecuador realizados
en sus funciones públicas, se presentaban como
paladines para conformar la corte Suprema de
Justicia.
Un grupo de ciudadanos que fuimos el Cap. Marco
Antonio Pérez Zapata, el Ing. Nelson Hugo Herrería
Cabascango, la Dra. Alodia Borja Nazareno, el Arq.
Fabián Patiño Crespo, el autor de este trabajo Juan
Francisco Morales y otros, presentamos extensa
documentación acusatoria contra Corral, por encubrir
conductas criminales ejecutadas por individuos con
poder o corporaciones económicas y políticas en contra
de la sociedad ecuatoriana.
El enorme imperio de Corral y posteriormente de Peña,
estuvo escudado en la garantía de inmunidad que ellos
como muchas otras autoridades de control, habían
otorgado de modo dócil a importantes mandos
administrativos y en especial, a los grupos fácticos que
sus integrantes, observando los criterios de profesionalidad y de carrera judicial,
de conformidad con la ley.
En la designación se escogerá, alternadamente, a profesionales que
hayan ejercido la judicatura, la docencia universitaria o permanecido en el libre
ejercicio profesional, en este orden.”

actuaban dentro del inexistente Estado de Derecho a
través de los Partidos Políticos, fundamentalmente, la
mafia nacional, reducida hoy a la simbólica barriada
de Samborondón y agrupada en torno a la Asociación
Ilícita convertida en Partido de Estado, aquel que
designó durante 22 años Contralor y desde 1.992,
Ministros de la Corte Suprema de Justicia,
Procurador, Superintendentes de Bancos y
Compañías, Ministro Fiscal, Ministros del Tribunal
Constitucional y Vocales del Tribunal Supremo
Electoral, desde hace 8 años, Defensor del Pueblo, y
desde 2.003, a la mayor parte de los Vocales de la
C.C.C.C., amén de los más importantes representantes
del Estado, designación efectuada en comandita con
las corros corporativos menores, respondiendo todos al
dueño o dueños del País. Pensábamos todavía en el
año 2.006, que cuando Febres Cordero desapareciese,
vendrían otros que lo heredarían. Las alianzas entre
políticos, banqueros y comunicadores, decidieron
durante varias generaciones el destino del País y de
cada uno de nosotros. En general en el Ecuador la
enorme mayoría, jamás ha tenido la posibilidad del
sueño “americano”, ni tan sólo del nacional, nunca
hemos sido dueños de nuestro futuro. La libertad
jamás ha existido en nuestra sociedad, pues si la
Alfarada pretendió de modo presunto, instaurarla, sus
propios adalides y voceros la confiscaron el momento
mismo de su ascensión al poder, a favor de los
financistas de la campaña de 1.895, los comerciantes
de Guayaquil, luego transformados en banqueros
propios y privados del Estado. Esta realidad, oculta en
la historia, impide el exacto juicio de la misma y la
sanción a los responsables de la tragedia nacional.

Si bien lo superficial de la información que se expone a
la sociedad en los medios de comunicación, no permite
ver el verdadero drama que significa la complicidad de
autoridades de control, con los grandes dueños del
sistema aduanero, petrolero, energético, de obra
pública y su contratación, de la deuda eterna, de las
infinitas extensiones mineras, etc., debemos de modo
resumido, acusar las responsabilidades fratricidas de
estos funcionarios, que conociendo la estructura
depredadora del manejo de la sociedad, la encubren
osada e intencionalmente. El fraude bancario ha
significado según analistas, más de 20 mil millones de
dólares de pérdidas, vía robo, exacción, usurpación y
confiscación, tanto para el Estado, como -salvo sus
beneficiarios- para millones de personas que hemos
sido víctimas del atraco de la Unión del Club a través
de sus prestantes miembros de la banca 2.
2 El Ec. Jorge Rodríguez Torres, en un muy expedito estudio sobre el
tema, manifiesta lo siguiente en su artículo “REFLEXIONES, Ideas sobre
temas de lo que hablamos poco” de sábado, marzo 22, 2008, bajo el título “Los
eunucos del Siglo XXI” :
“REAPERTURA DEL JUICIO POR PECULADO EN CONTRA DE
MAHUAD
TESTIMONIO PRESENTADO EL 11 DE SEPTIEMBRE ANTE EL DR. JAIME
VELASCO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN EL
JUICIO POR PECULADO QUE SE SIGUE EN CONTRA DE JAMIL
MAHUAD.
No es 6 ni 8 mil millones de dólares, el valor del atraco de la historia! El
verdadero golpe, supera el PIB del fatídico año de 1.998, en donde un notable,
pero disminuido político, es comprado para hacerlo presidente.
ANTES DEL FERIADO BANCARIO

En general, los mal llamados analistas económicos se equivocaron, con intensión
o por desconocimiento, cuando afirmaron que el sistema financiero cayó en el 98
por efecto del fenómeno del “Niño”, por la caída de los precios del petróleo, por
la crisis internacional, etc. Los analistas, casi siempre limitados en su capacidad
de pensar en forma autónoma, repetían los mismos argumentos que los abogados
de la familia Isaías y los de Luís Jácome (Banco Central) y Jorge Egas Peña
(Superintendencia de Bancos), quienes en carta pública “advertían al Congreso
Nacional, el riesgo del país de pasar a enfrentar una crisis financiera de
consecuencias graves. Las razones: la recesión económica, por efectos del
fenómeno El Niño, y la crisis financiera internacional”.
Al igual que la Comisión Investigadora de la Crisis Económica y Financiera
nombrada por este Gobierno, en su informe de julio de 2007, hace relación al
Consenso de Washington, al “anclaje bancario”, a la crisis del banco Continental,
a la desaparición de la moneda nacional, entre otros, como detonantes de la crisis
financiera que atravesó el Ecuador.
Pero la realidad parece que es otra. ¡Un tanto distinta!
La historia comienza con el alegre manejo bancario a raíz del 12 de mayo de 1994
(suplemento del R. O: No 439, de 25-V-94), cuando Sixto Durán Ballén pone el
ejecútese a la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras, cuyos
principales ideólogos fueron Alberto Dahik y Ana Lucía Armijos, con un
promotor gestor de la ley, Gustavo Ortega Trujillo Superintendente de Compañías
de ese entonces, hermano del dueño del Banco Continental. Esta ley concede más
libertades para los créditos vinculados y para obtener préstamos del Estado, a más
del debilitamiento a los controles que antes llevaba la Superintendencia de Bancos
y Seguros. Incluye la autorización para evadir controles directos con la banca “Ofshore”,
trastienda posterior de enjuagues contables para maquillar la contabilidad
de una parte de la banca domiciliada en el País.
A lo anterior se suman los sistemas de contabilidad y de controles internos poco
transparentes. El maquillaje era una práctica común en la mayoría de los bancos,
según se demostró más tarde en las auditorias financieras contratadas por el
mismo gobierno.
La libertad absoluta entregada a las famosas IFIs bajo la nueva insignia de la
“economía social de mercado”, de Dahik y Armijos, más la entrega de la facultad
de especulación a las mesas de dinero de los bancos, lo que de hecho les permitió

el manejo del tipo de cambio, se inició en el tremendo abuso que explota pocos
meses después, con la piramidación y cierre del banco Continental.
La dolarización no es causa, sino un efecto utilizado en provecho de los más
vivos. Es el instrumento que cierra el círculo del atentado a los fondos públicos y
privados. La dolarización en Ecuador fue anunciada por Mahuad el 9 de enero del
2000, quien sin razón técnica alguna, fijó el valor del sucre en 25.000 por dólar.
La dolarización se perfeccionó el 13 de septiembre del 2000, cuando los billetes y
monedas en sucre cesaron de tener curso legal.
Pero a más de ello, las fuerzas del mercado operaron con lógica. Cuando los
depositantes se dieron cuenta del hábil manejo del tipo de cambio por parte de las
mesas de dinero de los principales bancos y de la depreciación constante de la
moneda nacional, cambiaron su tendencia y buscaron en el dólar, un refugio o
instrumento para proteger sus ahorros y su ingreso.
ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y BANQUEROS.- PREPARANDO
EL CAMINO.
BANQUEROS EN EL GOBIERNO: Pedro Gómez Centurión, gerente de
Malecón 2000, ex Filanbanco y cercano a León Febres Cordero; Álvaro Guerrero,
gerente del Banco La Previsora; Guillermo Lasso, superministro de economía,
dueño del banco de Guayaquil; Roberto Baquerizo Valenzuela socio y gerente del
Banco Unión; Alfredo Arízaga ministro de finanzas, son parte del gobierno del
recién iniciado Mahuad, quien accede al poder con el financiamiento millonario
de la banca descubierto por retaliación, en una parte, poco después.
Jorge Egas Peña, quien se desempeñara anteriormente en algunas funciones en el
banco del Progreso, sustituye en el cambio de gobierno a José Morillo Batlle
como Superintendente de Bancos, a pesar de que éste creía que por haber sido jefe
de Mahuad en el Banco de la Producción, sería ratificado en tan importante
función.
Ana Lucia Armijos aparejo de los banqueros en varios gobiernos, es quien asume
el manejo económico en el gobierno de Mahuad. Recordemos parte de sus
funciones.
Noviembre de 1996. Es nombrada presidenta ejecutiva de la Asociación de
Bancos Privados del Ecuador. 30 de mayo de 1997. El Presidente de la Corte

Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, sindica con orden de prisión a Ana Lucía
Armijos y otros, por el caso del Banco Continental.
10 de agosto de 1998. Jamil Mahuad la nombra ministra de Gobierno. 15 de
febrero de 1999. Remplaza en el Ministerio de Finanzas a Fidel Jaramillo.
ASAMBLEISTAS COMO INTRUMENTOS DE LOS BANQUEROS: Este
escenario surge en la famosa Asamblea Constituyente del 97 que aprueba la nueva
Constitución Política del Ecuador con la trampa inicial, que lleva en una de sus
transitorias, aparentemente sin que haya sido aprobada por el pleno de la
Constituyente, un escudo que abría el camino para el asalto a los fondos de los
depositantes.
La Constitución Política del Ecuador en la disposición Transitoria Cuadragésima
segunda, dice textualmente lo siguiente: - Hasta que el Estado cuente con
instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no
mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco
Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las
instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia
de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso
de liquidación.
Esto quiere decir que algunos vivos incrustados en las comisiones de la
Constituyente del 98, ya estaban instruidos sobre como preparar un escenario que
les permita, en unos casos, revivir a sus jefes insolventes y en otros, cubrir sus
voluminosas estafas.
En julio de 1998, se promulga la “Ley del Fondo de Seguro de Depósitos”
denominada Corporación SEDEP, con la que se implantaba por primera vez en el
Ecuador, un esquema explícito de garantía de depósitos, a ser administrado por
una corporación civil, sin fines de lucro y con finalidad social y pública
(gobernada por un Directorio en el cual tenía voto dirimente el Superintendente de
Bancos).
Las fuentes de financiamiento de la SEDEP consistían en las primas, una fija y
otra ajustada-al-riesgo, que paguen las instituciones financiera y cualquier línea de
crédito o fuente que negocie el Directorio del SEDEP, “precautelando siempre
que exista en todo momento una sana relación entre el Fondo de Seguro de
Depósitos y los depósitos asegurables, de al menos el 50%”.

Los depósitos asegurables estaban constituidos por las captaciones a la vista
(depósitos en cuenta corriente y de ahorros) y captaciones a plazo de personas
naturales, en moneda nacional y en UVC Esa ley NO ASEGURABA LOS
DEPOSITOS EN OTRAS DIVISAS. El monto máximo cubierto por la garantía
era de 500 UVC (aproximadamente USD 3.300 por persona).
“Este seguro no entró en funcionamiento ya que requería capitalizarse y una vez
transcurridos dos años, luego de julio del año 2000 (no entró en funcionamiento
además porque tenía limitaciones que ataba de manos a los banqueros).
“El 1 de diciembre de 1998, fecha coincidente con el problema del Filanbanco, el
Congreso Nacional publicó en el Registro Oficial No.78 la “Ley de
Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario Financiera”,
mediante la cual se deroga la Ley del Fondo de Seguro de Depósitos y se crea la
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).”
“León Roldós, diputado nacional, dijo según Blanco y Negro, que la AGD. “Se
creó direccionada para encubrir a los banqueros tramposos. La ley no se hizo para
evitar la quiebra bancaria, sino para proteger a los que la provocaron. El nuevo
seguro de la AGD contenía: Garantía ilimitada de fondos; Amparaba al Comercio
Exterior; El asegurador (AGD) era una entidad estatal; obligaba a la provisión de
fondos a través de deuda pública y emisión inorgánica…” Las reformas a esa ley
se encuentran publicadas en los Registros Oficiales de 8 de diciembre de 1998, 13
de mayo de 1999, 13 de marzo de 2000, 28 de enero de 2002….”
RESULTADO: Los banqueros consiguieron de la Asamblea Constituyente (del
98) y del Congreso Nacional, los instrumentos que les permitiría más tarde
obtener recursos del Estado y para garantizar que ello suceda, compraron un
candidato a la Presidencia de la República, a quien aseguraron su ganancia con
recursos financieros y con la maquinaria electoral de conteo de votos, instalada
justamente en el propio Filanbanco. Tres meses después del salvataje al
Filanbanco, el 9 de marzo de 1999, Mahuad decretó el Estado de Emergencia y
estableció como zona de seguridad a todo el territorio nacional, disponiendo la
movilización de todos los servicios públicos y las requisiciones que sean
necesarias de conformidad con la Ley. Dos días después declaró: el estado de
movilización a las instituciones financieras nacionales y privadas, sus entidades
"off shore", a las sucursales y agencias de las instituciones financieras extranjeras
que operan en el Ecuador, a las compañías administradoras de fondos, las de
arrendamiento mercantil, fideicomisos mercantiles y las emisoras y

administradoras de tarjetas de crédito; así como a las personas naturales o
jurídicas que mantengan a la fecha deudas o créditos con ellas.
Las cuentas alegres de los bancos Progreso, Filanbanco y Previsora, generaron el
congelamiento, ante la necesidad de cubrir sus atracos y a efecto de revestir con la
AGD, las falencias que como consecuencia de ello, afectaban a su liquidez y
solvencia.
Luego se conoció que el Banco del Progreso Limited, no contabilizó el dinero de
los depósitos desde 1997. Mientras que Aspiazu, permanecía alegremente en el
banco ya cerrado sus puertas y sin control alguno, gracias al encubrimiento de
Mahuad, contabilizó ingresos por 400 mil millones de sucres que nunca
existieron, emitiendo los respectivos certificados de depósitos CDRs, para así
pagar deudas y/o créditos vinculados y lo peor de todo es que con toda la
impunidad, registró un pasivo de US 389.7 millones de dólares, que serviría como
contra garantía de papel, a la emisión antes citada. Por este hecho el Tribunal
Quinto Penal del Guayas (Gabriel Noboa, Jorge Durán, Enrique Mata), emitida el
26 de agosto del 2002, ordenó ocho años de prisión por registrar en el pasivo del
Banco del Progreso una cuenta de 389 millones de dólares y tratar de que la AGD
respondiera por esa transacción.
Al convertir los préstamos de 7.000 mil millones de sucres, a una cotización de
S/.25.000 por dólar, la deuda se reduce de 837 millones de dólares a 280 millones,
lo que significa que solo por este concepto, los banqueros gracias a Mahuad, se
beneficiaron en 556 millones de dólares. Allí el mayor beneficiario es el
Filanbanco, seguido por el banco de Préstamos y el banco del Progreso.
A efecto de visualizar esta voluminosa cantidad de US 556.7 millones de dólares,
entregados gratuitamente a los banqueros, vale compararlo con el presupuesto
para el 2008 de la Función Jurisdiccional que es de 167 millones de dólares. Casi
CUATRO VECES el presupuesto para la justicia del país.
La Corte Suprema de Justicia recibió del Banco Central la respuesta de que todos
esos créditos de liquidez y solvencia habían sido pagados. Y lógico que ya habían
sido pagados, cuando solo por el diferencial cambiario, los banqueros que
recibieron esos créditos, se beneficiaban con US 556.7 millones de dólares.
2.2.- POR DISMINUCION DE CARTERA BANCARIA:
US 8’014.289.319,oo. La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene en su
página electrónica, los balances de los bancos a enero del 2000 en sucres y en
dólares.

En sucres aparecen las cuentas por cobrar S/ 55.605.300.846.000 y en dólares
aparecen S/ 2.224.212.034 lo que significa que se aplicó el tipo de cambio de
25.000 sucres por un dólar.
Si hacemos el sencillo cálculo de conversión al tipo de cambio cuando esos
créditos fueron entregados a los deudores, la inmensa condonación de hace
evidente. El verdadero regalo que se dio a los deudores de los bancos, es la cifra
nunca antes mostrada, de US 8.014.289.319, (al tipo de cambio de S/ 5.431, valor
a agosto de 1998 fecha en la cual Mahuad asumió el poder).
Pero lo más patético se evidencia cuando de los US 2.224 millones de
dólares que aparecen como Cartera oficial a enero de 2001, a diciembre del 2006
consta como cartera INCOBRABLE, la nada “insignificante” cantidad de US
1.441.947.000, según los balances publicados por la Superintendencia de Bancos
en su página Web (incluye al Filanbanco).
Esto quiere decir que el 64% de la cartera que dejaron los bancos al momento del
congelamiento dispuesto por Mahuad, (sin considerar las financieras, mutualistas
y cooperativas), fue forjado por los propios banqueros, como se demostró de las
investigaciones hechas por la Comisión Anticorrupción, con créditos concedidos a
si mismos, usando a empresas de papel forjadas para estafarles a los depositantes.
Es evidente que una pequeña parte de estas deudas impagas, no son vinculadas,
pero aquellas que sobrepasaron los colaterales o como se ha demostrado, fueron
creadas de la nada, como en el caso de los famosos pagares del Banco del
Progreso por más de CUATROCIENTOS MILLONES DE DOLARES, que
forman parte de los MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE CARTERA
INCOBRABLE.
En los juzgados de todo el país, reposan decenas de juicios por voluminosas
deudas que aparecieron misteriosamente como que eran de los choferes, mucamas
o lavanderas de los banqueros. Hay un señor Tigreros, según informes de la
CCCC, que constituyo más de 700 empresas de papel en una sola Notaría y las
vendió a los banqueros para que puedan hacer sus trafasías. ¿Tigreros y los
banqueros?: ¡BIEN, GRACIAS!
2.3.- POR APROPIACION DE LOS DEPOSITOS US 2.788.018.599
De los datos estadísticos oficiales que se presentan a continuación, obtenidos del
Banco Central del Ecuador, podemos observar la evolución de los depósitos, así

como la devaluación monetaria que llevó al sucre desde los 5.426 sucres por dólar
en agosto del 98, a los 25.000 en el 2000.
Solo por la conversión de sus cuentas a dólares al tipo de cambio impuesto a
propósito por Mahuad y su gabinete económico, en tan solo año y medio,
significaron una pérdida del poder adquisitivo del sucre del 469% de agosto del
98 a enero del 2000.
Quienes mantenían cuentas corrientes en dólares, no sufrieron el impacto de la
devaluación monetaria, no así quienes obligados por las circunstancias,
permanecieron con cuentas en sucres. Recordemos que la gente vendió sus activos
para poder vivir con los altísimos intereses en sucres que pagaban especialmente
aquellos bancos que requerían cubrir sus falencias de flujo de caja.
Aquellos que necesitaron un alto rendimiento a sus ahorros, personas mayores de
edad, retiradas, amas de casa, fueron las que con mayor crudeza, sintieron el golpe
del congelamiento y a renglón seguido, la devaluación que como decimos
anteriormente, llevó en el gobierno de Mahuad al sucre de 5.426, a los 25.000
(casi 5 veces).
La pérdida cambiaria para quienes tuvieron depósitos en sucres, alcanza
a la voluminosa cifra de 2.788 millones de dólares, cantidad que no incluye el 20,
25 y hasta 50% de pérdida que tuvieron los depositantes, cuando debieron vender
sus certificados de depósitos reprogramados (CDR).
Adicionalmente, a los depositantes tanto en sucre como en dólares, NO SE LES
RECONOCIO LOS INTERESES, a pesar que la devolución de su capital, fue
hecho en el transcurso de SIETE AÑOS y en algunos casos como del Filanbanco,
hasta ahora no se les entrega la totalidad de ellos.
2.4.- COSTO POR OPERACIONES DE REDESCUENTO CON LA
CFN: US 497.000.000,oo.
La Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera “estableció que una
de las medidas del Gobierno del Mahuad que dio lugar al desequilibrio de las
finanzas de la Corporación Financiera Nacional fue el Decreto 1492 que
determinaba la obligatoriedad para que la Corporación Financiera Nacional
recibiera los CDRs y que fue aplicado desde la fecha de su expedición hasta que,
por pedido de las autoridades de la Corporación Financiera Nacional, aduciendo
su inconveniencia, el decreto fue derogado por el Gobierno, y esta institución dejó

de recibir CDRs en el mes de agosto del año 2002 (Decreto Ejecutivo 3052).
Entre estas fechas, los CDRs fueron masivamente entregados a la CFN por varias
instituciones financieras. Pero a más de lo anterior, según el cálculo efectuado por
la AGD en la administración de la Dra. Alejandra Cantos, el perjuicio a la CFN
por operaciones de redescuento, estimado en 752 millones de dólares, excluidos
los casos de Ex-Previsora y Filanbanco en Liquidación, al convertir los préstamos
de 6.369 miles de millones de sucres a una cotización de S/.25.000 por dólar, “la
deuda se reduce a 255 millones de dólares, por lo que se deduce un diferencial
cambiario de 497 millones de dólares”.
¿Quien se benefició con ese diferencial cambiario? Creemos que parte la banca
abierta y cerrada, así como los deudores de la banca que usaron los CDRs para
cancelar sus deudas con papeles comprados con un descuento que ha fluctuado,
como se dice anteriormente entre el 20 y 50%.
Para los deudores de la banca cerrada el excelente negocio se concreta cuando a
más de haber obtenido una disminución de más del 400% en sus pasivos, por
efecto de la devaluación monetaria a US 25.000, pudieron pagar esas deudas
usando CDRs comprados con descuentos. DOBLE NEGOCIO! Por el otro lado en
cambio, la CFN se convirtió en el “basurero” de papeles a su valor NOMINAL.
3.- COSTOS DIRECTOS.
3.1.- COSTO POR EL SERVICIO DE LA DEUDA: US 2.544.125.967
Así mismo con datos tomados de la AGD, el MEF emitió Bonos por 1.410
millones de dólares, (Ley 98-17) los mismos que fueron negociados por la AGD
en la mesa de dinero del BCE, convertidos en sucres y asignados a las IFIS para
pagar la garantía de los depósitos a través de los bancos pagadores, o para
recapitalizar las IFIS. “Toda asignación registró la AGD con cargo a la cuenta de
ejecución de las IFIS. (Ley Reordenamiento Art.24, c).”
Independientemente del diferencial cambiario, la emisión de bonos de deuda
publica interna, significo para el Estado ecuatoriano, el pago de capital e intereses
de los que nadie se ha preocupado de preguntar, como el MEF pudo cubrir los
valores por esa emisión.
3.2.- PASIVO A CARGO DEL FISCO: US 3.835.952.898.
De datos oficiales obtenidos en la AGD y en la Superintendencia de Bancos y
Seguros, todas las instituciones financieras que se encuentran en saneamiento y en

liquidación, tienen un DEFICIT PATRIMONIAL a febrero del 2007 de US 3.835
millones de dólares.
Esto quiere decir que el valor de los activos totales, deduciendo el valor
de cualquier activo que no constituya inversión efectiva, no es suficiente para
cubrir los pasivos exigibles.
Contrario de lo que muchos creen que hay bancos en saneamiento o en
liquidación que pueden tener saldos positivos y cuyo valor de rescate puede
permitir el reintegro de las personas jurídicas y/o la razón social a favor de sus
antiguos accionistas, están completamente equivocados, ya que el resultado
constante en los estados de situación financiera, deja al estado ecuatoriano un
peso adicional de US 3.835 millones de dólares.
El voluminoso saldo negativo en el patrimonio de todos y cada uno de los bancos,
incluso del Banco Popular, del que muchos creían que al final tendía un saldo
positivo, hace que se desvanezcan las intenciones de obtener la devolución de
depósitos no garantizados.
3.3.- COSTO DIRECTO CON FONDOS AGD: US 362.662.390
El Art. 29.de la Ley Reformatoria a la Ley No. 98-17 establece las fuentes de
financiamiento de la AGD y estas son entre otras la aportación hasta 0.54 por mil
mensual, calculada sobre el promedio mensual de saldos de los depósitos de todas
las instituciones financieras privadas.
Esos fondos han sido usados para cubrir saldos no aportados por el gobierno. En
los casi nueve años de funcionamiento de la AGENCIA DE GARANTIA DE
DEPOSITOS AGD, usando el aporte de nuestros depósitos en el sistema
financiero ecuatoriano, se han destinado fondos para la devolución de los
depósitos por US 362 millones de dólares.
Así en resumen, el costo para el Ecuador (fisco, depositantes y ciudadanos en
general) no solo alcanza a los US 8.007 millones de dólares que anota la AGD,
sino que sobrepasa el valor del PIB que a 1998 era del orden de los US 23.000
millones de dólares.
Solo por el diferencial cambiario en las carteras de los bancos, como se anota
anteriormente, permitió a los deudores, en su mayoría los mismos banqueros,
dejar de pagar más de US 8.000 millones de dólares, el doble del presupuesto
general del gobierno central a 1999.

La explotación y comercialización petrolera según los
cálculos de las pérdidas del Estado, en los últimos 6
años, significan un hurto colosal realizado, consentido
y encubierto –vía beneficio de inventario- por las
mismas mafias, superior también a los diez mil
millones de dólares.
La glosa cumbre, el trofeo mayor, que exhibieron
Corral y Peña y que fuera determinada y ratificada -
por que en ella ningún miembro de las mafias con
poder actual, fue beneficiario- es la de la compañía
Andrade Gutiérrez: 23 millones más intereses 3, no es
ni la quinta parte del uno por ciento (0,020%) de estos
robos que superan diez y ocho mil millones de dólares,
Nunca se podrá repetir tamaña estafa que en forma combinada (congelamiento y
devaluación a US 25.000), actuó en un hecho colusorio, para enriquecer a un
pequeño grupo de banqueros-empresarios.
Nunca se deberá repetir la historia dejando solo en demandas y juicios que a la
larga condonan penas, olvidan agravios, enriquecen a algunos y pauperizan a las
grandes mayorías.
Este caso debe servir para que la facultad de repetición que nos brinda la
Constitución Política, nos permita resarcir la totalidad de los daños económicos
que se demuestran en la presente declaración. Allí deberán responder las distintas
autoridades de los organismos de control, ministros, los miembros de los
directorios de los bancos cerrados, fiscales y jueces que o han sido capaces de
actuar con celeridad, probidad o responsabilidad.
“Este debe ser en el Ecuador, el inicio del juicio de la HISTORIA”.
3 Los que permitieron u ordenaron el pago a la Cía., también miembros
de la mafia, ya tomaron para sí su numerario incobrable e indeterminable, y
disfrutan plenamente de él, pues fueron absueltos de los cargos, a través de una
acusación concertada y calculada, por otro de sus condiscípulos.

como lo demostraremos con el siguiente libro de esta
serie.
Mahuad fue sobreseído provisionalmente y su socia
Ana Armijos, de modo definitivo. Esa resolución fue en
efecto, un globo de ensayo como lo han manifestado,
Emilio Palacio, Alfredo Pinargote, Carlos Vera y otros.
Lo grueso de la impunidad se quería imponer a favor
de los grandes financistas de la deleitosa y parasitaria
forma de vida de los grupos de Samborondón, si no
hubiese sido por el advenimiento y eclosión del Proceso
Constituyente, construido en y desde Quito en varios
momentos históricos y transmitido al resto del País por
la prestancia intelectual y ética de muchos forjadores
históricos y del ciudadano Presidente, uno de los
actores del 2.005.
Los Jueces sin trayectoria académica, científico-social,
cultural ni profesional alguna, que integran en su
mayoría la fenecida Corte Suprema de Justicia y cuyas
actuaciones en este caso y en varios otros, no son sino
la prueba de la amoralidad de todos quienes se
presentaron como candidatos a magistrados en un
proceso inconstitucional, ilegítimo e ilegal, forjado por
los Partidos Políticos, expidieron e hicieron pública esa
resolución en la que procedieron por temor o por favor,
razón por la cual el día 12 de junio de 2006, un grupo
de ciudadanos entre los que se hallan Jorge Rodríguez
Torres, Alfonso Ortiz, Arcángel Gabriel Salvador, Víctor
Granda, Edmundo Arce, Raúl Proaño, Lenin Reyes
Merizalde, Juan Francisco Morales y muchos otros,
decidimos emprender acciones contra los autores,
cómplices y encubridores de los delitos de lesa

humanidad que significaron tanto la angustia, el
sufrimiento, la enfermedad y la muerte de miles de
personas por la confiscación de sus recursos realizada
en el sistema financiero nacional, así como acusar el
evidente prevaricato de los dos jueces y de las
autoridades de control que omitieron intencionalmente
ejercer sus responsabilidades, en especial los
Superintendentes de Bancos, los Contralores y los
Procuradores.
La denuncia que preparamos personalmente al ser
electo Presidente de la Comisión Jurídica de la
agrupación Cívica “Contra la Impunidad”, la enviamos
en varias oportunidades con auto correcciones
sucesivas, a Víctor Granda y otros. Lastimosamente no
fue enmendada, revisada o acordada por los
compañeros que tenían responsabilidad de hacerlo.
Ora por paisanos, ora por amigos, ora por beneficiarios
de los ex contralores Corral y Peña, manifestaban su
desacuerdo en “dedicar tanto espacio” a estos dos ex
funcionarios, los mayores encubridores del festín
nacional de la corrupción: el fraude bancario de 1.998
y 1999; el festín petrolero 1999-2006 (que se detalla en
la revista Vanguardia de 8 a 14 de agosto de 2006), y
demás clases de trafasías que han beneficiado
ilícitamente a las élites social piadosas y cristianas.
Mientras esas discusiones continuaban y varios de los
obligados desatendían el compromiso, los integrantes
de Alianza País, captaban la idea al fragor de la lid
política. El día jueves 20 de julio de 2006, ese colectivo
ofreció presentarla oficialmente. Nuestro grupo cívico
PRO PAIS a petición de varios de sus miembros,
decidió presentar ese mismo día, la denuncia

preparada hacía varias semanas y corregida por uno
de nuestros integrantes, pues era inexcusable que
nuestro trabajo quedase en el archivo. Este expediente
concierne a la sociedad y nosotros lo habíamos
denunciado desde nuestro estado llano, precisamente
en lo referente a la complicidad compartida entre
Mahuad y la autoridad de control, en el 2004 y el día 5
de octubre de 2.005, las 11H05, en la tercera
impugnación formulada en contra de Corral, en su
osada aspiración de integrar la Corte Suprema de
Justicia, tal como consta en la fe de recepción del
Secretario del Comité, signada con el No. 26, carpeta
283, en dos tomos: de 746 y 663 páginas,
respectivamente. La providencia de calificación de la
citada impugnación tiene fecha 25 de octubre de 2005,
las 10H00 y se halla suscrita por el doctor Wilfrido
Enríquez Vásquez.
Para que no quepa duda de nuestra infatigable verdad,
señalamos que el periódico “La Hora” de 28 de octubre
de 2005, en investigación periodística referente a la

designación de Magistrados, señala bajo el título:
“Nuevas objeciones a ex Contralor”, que: “...Juan
Francisco Morales acusará a Corral de enfrentar
catorce casos de conflicto de intereses. Uno de ellos, el
más grave se refiere a una omisión en el juicio
penal seguido por el Estado en contra del ex
presidente Jamil Mahuad y la ex Presidenta de la
Junta Bancaria, Ana Lucía Armijos, a raíz del
‘feriado bancario’...”

En efecto, esa fue la tercera impugnación que en
octubre de 2.005, formulamos personalmente a Corral
y que se hallaba dividida en 14 casos diferentes entre
sí, irrebatibles e irrefutables, de grotesco conflicto de
intereses. Esos compromisos de apetitos creados, el ex
Contralor los resolvió en contra de la sociedad en
especial protegiendo a dirigentes, funcionarios y
legisladores social-cristianos. Las 14 reconvenciones,
que debían ventilarse el día 28 de octubre de 2.005, no
se trataron, pues Corral esa misma noche fue
descalificado, luego de debatirse la primera
impugnación de aquel día formulada desde las 15H00
por el Ing. Nelson Hugo Herrería Cabascango. Esa fue
una verdadera salvación para aquel lugarteniente de
los grupos de hecho, pues, ante la opinión pública se
hubiere evidenciado su total consunción con aquellos.
Las dos primeras impugnaciones que formulamos en
contra de Corral por eximir de control independiente y
ético a la fundación Malecón 2000 y su
responsabilidad en los delitos de cohecho y peculado
en el fraude cometido en el Fondo de Jubilación de la
Contraloría General del Estado, el Comité las desechó
fundamentalmente por errores en la forma del texto de
la impugnación, no por su esencia, pues Corral es
plenamente responsable de varias infracciones a la Ley
en esos casos.
Finalmente, afirmo que durante el litigio judicial que
nos enfrentó a la aún social cristiana -julio de 2.008-
“Contraloría General del Estado”, luego de la criminal
represión dispuesta por el grupo Dueño del País en
nuestra contra, dentro del término de prueba, -en los
primeros meses del año 2004- es decir, dos años antes

del Auto exculpatorio que analizamos, precisamente
pedí –mediante escrito debidamente presentado- que
se realice una inspección judicial al archivo del
Departamento de Patrocinio, dirigido por el manso
Guillermo Moscoso Chávez, a efectos de verificar el
ocultamiento y retención que el Ex Contralor
Corral había hecho del expediente del Juicio
Mahuad-Armijos, junto al escrito acusatorio que se
había preparado. La Contraloría se horrorizó con tal
petición y en persona Corral (que ya no era Contralor)
y Peña, realizaron innúmeras visitas al Tribunal
Contencioso Administrativo para enervar esa prueba,
en especial. Dicha Judicatura, como no podía ser de
otra manera, dio razón en todo al “Organismo Superior
de Control”. La señalada petición de prueba consta a
fojas 223, tercer cuerpo del proceso y corresponde
a la página 5 del escrito de prueba presentado el
día viernes 4 de junio del 2.004, a las 17H30
minutos con 59 fojas anexas y 2 copias iguales a su
original.
Se demuestra la unidad de la historia pasada con la
posterior, con la nota constante en la página 2-A de el
Universo de viernes 21 de julio de 2006, en que la
información dice: “La campaña de Correa y Damerval
se trasladó ayer a las oficinas de la Fiscal” “...Según
Correa, se busca que las consecuencias del feriado
bancario y el congelamiento de recursos no queden en
la impunidad, así como el millonario perjuicio que
sufrió el Estado por las medidas económicas
adoptadas...” “...Media hora antes, el grupo
ciudadanos Pro País, encabezado por Juan Francisco
Morales, entregó una denuncia similar, pero más

voluminosa, en contra de Mahuad por esos mismos
delitos....”
Corral y Peña jamás fiscalizaron a Mahuad ni
aportaron pruebas ni presentaron acusación en ese
juicio, al contrario, se retuvieron los escritos
preparados por los abogados de la Contraloría, en una
connivencia político-económica con el grupo dueño del
País (Febres Cordero-Isaías) de purulencia absoluta.
El texto completo de aquella impugnación por el caso
Mahuad fue:
“Quito, 4 de octubre de 2.005
Doctores
Carlos Estarellas, Ketty Romolereux, Rosendo
López, Bolívar Torres
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN,
CALIFICACIÓN, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DE

MAGISTRADOS Y CONJUECES DE LA EXCMA. CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.-“
“De mi consideración”:
“Yo Dr. JUAN FRANCISCO GABRIEL MORALES
SUÁREZ, abogado en libre ejercicio profesional,
ante ustedes atentamente comparezco e impugno
la candidatura del Dr. Alfredo Corral Borrero, a
Magistrado de la Excma. Corte por ABSOLUTA
FALTA DE PROBIDAD NOTORIA, que la fundamento
en el libro intitulado: “Favoritismo y compadrazgo,
parcialización, conflicto de intereses personales y
protección ilícita de amigos y allegados, en clara
violación a la Constitución Política, la Ley y la
Ética. La impugnación, se sustenta en los
presupuestos constantes en el Art. 1 de la Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la
Función Judicial, 10 del Reglamento para
Concurso, Designación y Posesión de los
Magistrados y Conjueces de la Cortes Suprema de
Justicia, y 5 del Instructivo para la presentación
de Impugnaciones en el proceso de Calificación,
Designación y Posesión de Magistrados y
Conjueces de la Corte Suprema de Justicia.”
“A efectos de notificaciones señalo la casilla
judicial 3745.”

“El resumen de las infracciones a la ética
cometidos por el Dr. Corral es el siguiente:...” 4
“...II. EL CASO JAMIL MAHUAD WITT Y ANA LUCIA
ARMIJOS HIDALGO”
1. “El Presidente de la Excma. Corte Suprema
de Justicia dictó auto cabeza de proceso en
contra de Jamil Mahuad Witt, ex Presidente de
la República, Ana Lucía Armijos Hidalgo, ex
Ministra de Finanzas y de Gobierno y Policía del
mismo régimen y otros, por el fraude
denominado “Feriado Bancario”, acto
inconstitucional decidido por ambos ex
funcionarios para proteger a varios banqueros y
a sus instituciones financieras de una
inmediata quiebra, producto de la iliquidez que
mantenían en 1.999, efecto a su vez del desvío
ilegal, ilícito e inmoral de miles de millones de
dólares de los cuenta ahorristas y cuenta
correntistas a empresas fantasmas de amigos,
familiares y suyas propias, robo llamado
eufemísticamente “piramidación de capitales”.
La causa penal tiene el No. 44-2000”.
2. “La ex Ministra Fiscal General del Estado,
Mariana Yépez Andrade de Velasco, a fines del
2.001, expidió dictamen acusatorio únicamente
en contra de Mahuad Witt, ayudando
inexplicablemente a la señora Ana Lucía
Armijos, cuya intervención por asesoría, consejo
4 Omitimos la trascripción de las demás causales de esta tercera
impugnación, por referirse a otros temas distintos.

Y dictamen fue decisiva para la implantación
del “feriado bancario”.
3. “La estrecha relación entre el demócrata
popular Mahuad Witt y el Dr. Alfredo Corral
Borrero, designado por aquel como Contralor
General del Estado, de la terna presentada en
1.998 por la mayoría legislativa integrada por
las dos principales fuerzas el Partido Social
Cristiano y la Democracia Popular, partido del
Presidente de la República”.
4. “Preparé el escrito a principios de noviembre
del 2.001 en el cual manifestaba mi desacuerdo
en la exoneración que la Ministra Fiscal hacía
de las responsabilidades de Armijos Hidalgo, el
escrito lo firmó el Dr. Juan Carlos Rivadeneira
Cevallos”.
5. “Dicho profesional lo envió para las sumillas
del Jefe Departamental, encargado, Dr. Gonzalo
Falconí Gomez Jurado y del Director Jurídico, el
muy conocido por sus travesuras, Eduardo
Muñoz Vega 5, quienes sumillaron el documento,
5 Preparó dos dictámenes jurídicos falsos, exponiendo en ellos
una cadena de falacias, a efectos de lograr que junto a Luis Muñoz
Llerena, Presidente del Fondo de Jubilación de la Contraloría y otros
Directores de esa institución, se entregara la suma de $ 1’400.000,oo a
dos ciudadanos colombianos que desaparecieron con ese valor. En la
misma época, expidió 3 dictámenes jurídicos defendiendo la supuesta
improcedencia de auditar a la Fundación Malecón 2000. Esta información
se halla en el libro: “Constituyente o Estado Feudal”, publicado por

inicialmente para la firma de Genaro Peña,
Subcontralor, quien no quiso comprometerse y
devolvió el escrito con papeleta de trámite
(ANEXOS No. 8 Y 9). Esto ocurrió el 13 de
noviembre del 2.001.”
6. “Ese mismo día se preparó lo que se
denomina el “cambio de pie de firma” y llegando
al despacho de Corral Borrero, éste realizó a su
vez, varios cambios, de forma, casi todos los
días, entre el 13 y el 22 de noviembre de 2.001,
fecha final del envío a su oficina y en la que el
escrito judicial ha permanecido hasta el
retiro de sus funciones, es decir, un año dos
meses y nueve días, siendo recién devuelto sin
firma alguna el 10 de febrero del 2.003.
(ANEXO No. 10)”
7. “Es decir, Corral, omitió, se negó, rehusó,
ocultó, renegó, de suscribir tan importante
escrito que comprometía a dos de sus amigos.
la economista Ana Lucía Armijos fue compañera
de Corral en el gabinete del ex Presidente de la
República Arq. Sixto Durán Ballén Cordovez,
entre el 10 de agosto de 1.992 y el año 1.996.
Mahuad por su parte, como queda dicho, fue
quien designó a Corral, en su función de
Contralor”.
nosotros en el año 2.006. Se lo ha premiado con el cargo de Sub-contralor
General.

8. “Debe mencionarse que el Dr. Alfredo Corral,
jamás expidió los resultados de la auditoría
realizada al trolebús, construido por Mahuad
como Alcalde de Quito”.
9. “¿Aparte de la relación de amistad compartida
durante cuatro años entre 1.992 y 1.996 en que
la Ec. Ana Lucía Armijos fue primeramente
Presidenta de la Junta Monetaria y luego
Ministra de Finanzas con el Arq. Durán Ballén,
había otra relación?.”
10. “Directa relación con la familia Armijos
Hidalgo por parte de Corral Borrero, destruyó
su obligatoria e ineludible imparcialidad,
favoreciendo con su acción y omisión
nuevamente a una persona allegada a él, en
contra de los intereses de la sociedad.”
11. “Según la denuncia presentada en la
Comisión de Control Cívico de la Corrupción,
el 23 de agosto de 1.999 por el ingeniero
Sebastián Espinoza, gerente general de la CÍA.
J. Espinoza Z, S.A., Alfredo Corral Borrero y
Rafael Alberto Armijos Hidalgo, hermano de la
Ec. Ana Lucía Armijos Hidalgo, eran socios de
la compañía MYTSA, Máquinas y Tractores
S.A.!!! (Anexo no. 11).”
12. “¡¡¡Es clara, evidente, explícita, lógica,
la parcializada e inmoral conducta de Corral
con respecto a su amiga y compañera durante
un largo tiempo, en el gobierno del Arq. Durán

Ballén y a la vez hermana de su socio!!!
corrupción total, integral, general, sistémica.”
13. “Realizo pública advertencia de que en
contestación a esta denuncia, existe la
probabilidad cierta de que se forjen
documentos o desaparezcan los existentes,
pues las actuales autoridades de contraloría,
harán todo, sin importar norma legal o moral
alguna, junto a funcionarios como Guillermo
Moscoso Chávez, Eduardo Muñoz Vega o
Wilson Vallejo Basante, para salvar o encubrir
esta denuncia....”.
Esta impugnación cuyos elementos se consideraron
para la denuncia presentada el 20 de julio de 2006, se
hallaba sustentada en la documentación interna de la
Contraloría. Sin embargo hoy podemos afirmar en
forma enfática, que no solamente fue la relación
económica personal y familiar, sino sobre todo, el afán
de cumplir con las directrices del febres corderato, el
móvil principal del crimen de encubrimiento que
Alfredo Corral Borrero y Genaro Peña Ugalde ha
efectuado a favor del prófugo de Harvard.
Con un cinismo digno de Diógenes luego de la
vergonzosa descalificación, Corral se hizo dar un
homenaje por ser “Ciudadano Ejemplar”, a través de la
inocente y familiar colonia azuaya, que dirigía su
cónyuge. La conducta de los “ínclitos” y pequeños
alfiles del antiguo Rey de la fosca, titulares y
subrogantes de la mañosería, se inscribió en la
degradación total de las institucionales nacionales.

POR EL PROCESO NACIONAL REVOLUCIONARIO
CONSTITUYENTE DE PLENOS PODERES.
Dr. Juan Francisco Morales Suárez

1. PREVARICATO
CAPÍTULO I
INFRACCIONES COMETIDAS
PRIMERA INFRACCIÓN
Dentro del análisis jurídico que realizamos sobre el
auto de sobreseimiento, tuvimos que cotejar las
conductas de los magistrados con los presupuestos de
hecho producidos en los años 1.998 y 1.999 en el
Ecuador y la realidad en ese momento, junio de 2.006.
Por ello, identificamos que el presunto acto punible se
produjo el día 6 de junio de 2006, a las 11H30, en las
oficinas de la Segunda Sala de lo Penal de la Excma.
Corte Suprema de Justicia, ubicadas en el primer piso
alto del edificio de la entidad, localizado en la avenida
Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y
Naciones Unidas de esta ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano.
Los nombres y apellidos de los autores de la
presumible infracción típica, antijurídica, punible,
culpable y pesquisable de oficio fueron los doctores
Luis Cañar Lojano y Oswaldo Castro Muñoz,
magistrados de la Sala a la que hacemos referencia.

Tal como lo disponen los Arts. 40 y ss. del Código
Adjetivo Penal 6, identificamos la relación
circunstanciada, clara y precisa de la infracción que es
la siguiente:
1. Mediante auto resolutorio de 6 de junio de
2006, las 11h30, cuya copia adjuntamos como
anexo de este trabajo 7, se determina que los
denunciados dentro del juicio penal No. 058-AE-05,
que se ha seguido en contra de los señores Dr. Jamil
Mahuad Witt y Ec. Ana Lucía Armijos Hidalgo, (044-
6 Art. 42.- Denuncia.- La persona que conociere que se ha cometido un
delito de acción pública, excepto aquella a quien la ley se lo prohíbe, puede
presentar su denuncia ante el Fiscal competente o ante la Policía Judicial.
Art. 43.- Denuncia ante la Policía Judicial.- Cuando la denuncia se
presente ante la Policía Judicial, se la debe remitir inmediatamente al Fiscal,
único facultado para proceder a su reconocimiento, con la documentación
correspondiente.
Art. 44.- “Publicidad.- La denuncia será pública”.
Art. 45.- “Prohibición.- No se admitirá denuncia de descendientes
contra ascendientes o viceversa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano
contra hermano, salvo los siguientes casos”.
“a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y,”
“b) Cuando entre ofendido e imputado exista uno de los vínculos
mencionados en el primer párrafo de este artículo.”
“Presentada la denuncia, el Fiscal asignado, salvo las excepciones
mencionadas, exigirá al denunciante que, bajo juramento, exprese si se encuentra
comprendido en algunas de las prohibiciones de este artículo”.
Art. 46.- “Reconocimiento.- El Fiscal ante quien se presente la
denuncia hará que el autor la reconozca sin juramento, advirtiéndole sobre las
responsabilidades penales y civiles originadas en la presentación de denuncias
temerarias o maliciosas.”
7 Como ANEXO No. 1.

2000 en Presidencia de la Corte) han adecuado su
conducta personal a la infracción tipificada y
sancionada en el Art. 277, número 1 del Código
Sustantivo Penal que determina expresamente:
Art. 277.- (Prevaricadores).- “Son
prevaricadores y serán reprimidos con uno a
cinco años de prisión”:
“1. Los jueces de derecho o árbitros juris
que, por interés personal, por afecto o
desafecto a alguna persona o corporación o
en perjuicio de la causa pública, o de un
particular, fallaren contra ley expresa, o
procedieren penalmente contra alguno,
conociendo que no lo merece;”
2. Afirmamos que se ha producido la comisión del
delito de prevaricato, pues los señalados Dres.
Cañar Lojano y Castro Muñoz, resolvieron en su
calidad de jueces de derecho, ocultar, encubrir,
callar, sepultar y disimular los flagrantes delito de
peculado y de lesa humanidad que fueran cometidos
por el ex Presidente de la República Jamil Mahuad
Witt, el día 9 de marzo de 1.999, cuando violando
expresas disposiciones constitucionales, expidió un
Decreto Ejecutivo, el No. 685 de 11 de marzo de
1999, publicado en Suplemento de Registro Oficial
No. 149 de la misma fecha, que disponía la
incautación de los recursos económicos (dinero y
efectos que lo representan) de millones de
ciudadanos ecuatorianos que los guardaban en
varios bancos que funcionaban a esa fecha.

3. La incautación a la que hacemos referencia, se
la denominó de modo eufemístico, “congelamiento
bancario”, términos que se utilizaron dolosa y
ladinamente, para ocultar una real confiscación y
apropiación ilícita de los dineros de varios millones
de seres humanos, acción ordenada y decretada por
el ex Presidente de la República. Esa confiscación
llevó a la muerte a miles de personas.
4. En efecto, en autos del proceso, que
inicialmente, es decir, para ante la Presidencia de la
Excma. Corte Suprema de Justicia, se signó con el
No. 44-2000, y que en la Segunda Sala de lo Penal
de la misma magistratura se halla nominado con el
No. 058-AE-05, cuerpo No. 3, fojas 164, se halla la
denuncia presentada por la C.C.C.C., Comisión de
Control Cívico de la Corrupción, en cuyas páginas 1
y 2, aparecen ya determinados los indicios sólidos,
que debieron servir de base para la investigación
que tenían que realizar los magistrados
prevaricadores, paralelamente a los organismos de
control y no únicamente éstos últimos, como han
querido hacer aparecer los señalados Cañar y
Castro, ante las preguntas que formulan esos días
varios periodistas de reconocido prestigio, pues la
acción penal que se ventilaba ante esa magistratura
se hallaba regulada por el anterior Código de
Procedimiento Penal, el cual, contemplaba la
obligación investigadora del Juez con amplias
atribuciones.

5. En el texto de la citada denuncia, se menciona
con precisión como hecho cierto, real y
determinado, que en la Carta de Intención suscrita
por la República del Ecuador en aquella época,
consta lo siguiente:
“4.1. En esta etapa no puede estimarse con
precisión el costo fiscal de la crisis bancaria 8.
Como se señala en el párrafo 11, los bonos
emitidos por el Gobierno por cuenta de la AGD
en 1998-99 ascendieron a US$1.400
millones. El programa fiscal contempla una
emisión adicional de US$ 300 millones para
capitalizar bancos en 2000, y una
transferencia presupuestaria a la AGD de
alrededor de US$ 155 millones para pagar en
efectivo los depósitos garantizados de los
bancos cerrados. 9 Se emitirán adicionalmente
US$ 811 millones en bonos para pagar los
depósitos garantizados en los bancos
cerrados, parte de los cuales se cubrirán
mediante la recuperación de activos. En este
punto, el costo fiscal neto mínimo parecería
ascender a alrededor de US$ 2.700 millones
8 “Crisis bancaria” también se denominó a la apropiación de recursos
realizada por los dueños, dignatarios, accionistas y administradores de varios
bancos del Ecuador, como veremos más adelante.
9 Aquí se puede advertir que era el Estado ecuatoriano, es decir, la
sociedad entera, a excepción precisamente de quienes insurgen o aparecen como
beneficiarios de estos actos administrativos, es decir, los autores del saqueo, que
se produjo como también veremos en lo posterior, por tomar recursos de los
depositantes para asignarlos a empresas quebradas, liquidadas, o fantasmas, quien
pagaba el fraude cometido.

(24% del PIB de 2000) en emisiones de bonos
y transacciones en efectivo para pagar las
garantías de depósitos, y un costo anual en
intereses de aproximadamente US$ 260
millones (2,4% del PIB)”.
6. La denuncia a la que hacemos referencia, también
contó con otros elementos de juicio tales como:
6.1 El ejercicio de la función como Presidente de la
República de Mahuad Witt, entre el 10 de
agosto de 1.998 y el 21 de enero de 2000;
6.2 La designación clara del aporte dado a la
campaña electoral del entonces candidato Jamil
Mahuad por el banquero Fernando Aspiazu
Seminario;
6.3 La relación injurídica y poco ética del ex
Presidente Mahuad, con muchos banqueros,
conexión, vínculo y maridaje que precisamente
se fundamentaba en los aportes brindados
directa o indirectamente (a través de empresas
o de grupos económicos vinculados) por ellos a
la campaña, o incluso en el manejo nada
transparente de la información del proceso
electoral, que lo condujo a la Presidencia de la
República, que de modo sui generis el Estado,
entonces en claro poder de grupos económicos,
representados por Partidos Políticos, había
decidido entregar a otra institución bancaria,
FILANBANCO, quien en efecto, controló de
modo exclusivo, la información de los sufragios

en 1998. Esta institución hasta el día de hoy
desde marzo de 2000, no devuelve enormes
sumas de dinero desapropiadas a miles de
depositantes, siendo sus propietarios y
accionistas, directos beneficiarios de la
confiscación ordenada por Mahuad.
6.4 Esa relación no era invisible sino al
contrario, expresa, concreta y determinada,
pues a muchos de los banqueros designó en
funciones públicas, de modo que fueron juez y
parte en innúmeras decisiones de carácter
financiero. Esas designaciones contravinieron
expresamente la disposición constitucional
constante en el Art. 123 de la Carta Política
que dice:
“Art. 123.- (Inhabilidades para los
funcionarios públicos).- “No podrán ser
funcionarios ni miembros de organismos
directivos de entidades que ejerzan la
potestad estatal de control y regulación,
quienes tengan intereses o representen a
terceros que los tuvieren el las áreas que
vayan a ser controladas o reguladas”.
Contrariamente a esa disposición, Mahuad
nominó precisamente a personas que tenían
conflictos de interés en esos puestos, así:
6.4.1
Guillermo Lasso Mendoza,
Representante del Banco de Guayaquil,

como Ministro Secretario de Estado de
Economía, fojas 546 a 551 del proceso,
cuerpo No. 6;
6.4.2
lvaro Guerrero Ferber, Gerente General
del Banco La Previsora, que de igual modo
hasta el día de hoy, junio de 2006, no
devuelve los depósitos a los particulares,
siendo por tanto beneficiario directo de la
incautación de los dineros de las
personas, como Presidente Ejecutivo del
CONAM. Guerrero se halla prófugo como
efecto de los interminables procesos que
en algún momento, de modo tímido
emprendió la Corte Suprema de Justicia
de 1.997.
6.4.3 Alfredo Arízaga González,
Representante de varios grupos financieros
y vinculado a administradoras de fondos,
como Ministro Secretario de Estado en la
Cartera de Finanzas. Comentamos que su
hermano Juan Carlos Arízaga González,
fue Superintendente de Compañías
durante el gobierno de Durán Ballén y fue
miembro de Administradoras de Fondos
que tuvieron serios problemas por irregular
manejo de recursos públicos.
(Enlacefondos)
6.4.4 Ramón Yu Lee Changuin,
Presidente de la Asociación de Compañías

Administradoras de Fondos de Pensiones y
Fideicomisos Mercantiles del Ecuador,
designado como Secretario General de la
Presidencia de la República con rango de
Ministro de Estado.
6.5 Mediante Decreto Ejecutivo N 0 681 de 9 de
marzo de 1999, publicado en el Registro
Oficial N° 148 de la misma fecha, el doctor
Jamil Mahuad Witt declaró el Estado de
Emergencia, estableció como zona de
seguridad a todo el territorio de la República y
dispuso la movilización de todos los servicios
públicos en los términos del Art. 55 de la Ley
de Seguridad Nacional y las requisiciones que
sean necesarias de conformidad con la Ley.
6.6 Además la C.C.C.C, estableció en su denuncia
que Mediante Decreto Ejecutivo N° 685 de 11
marzo de 1999, publicado en el suplemento
del Registro Oficial N° 149, el doctor Jamil
Mahuad Witt:
1. Declaró el estado de movilización a las
instituciones financieras nacionales y privadas,
sus entidades "off shore", a las sucursales y
agendas de las instituciones financieras
extranjeras que operan en el Ecuador, a las
compañías administradoras de fondos, las de
arrendamiento mercantil, fideicomisos
mercantiles y las emisoras y administradoras de
tarjetas de crédito, así como a las personas

naturales o jurídicas que mantenían a la fecha,
deudas o créditos con ellas.
Ese “estado de movilización”, no tuvo beneficio real
para la ciudadanía.
2. Sometió con su disposición al régimen previsto
por los Arts. 54 y 55 de la Ley de Seguridad
Nacional 10 y a las normas del referido Decreto
10 Art. 54.- Son objeto de movilización las personas y toda clase de
bienes y servicios; empresas, industrias, alojamiento; y, en general, todos los
elementos que puedan contribuir a las finalidades de la Seguridad Nacional.
La movilización nacional podrá ser total o parcial, en forma pública o
secreta. La total, por su carácter general, no tendrá más limitaciones que las
impuestas en el decreto de movilización.
La movilización parcial se decretará en razón de las limitaciones de las
personas, de bienes y servicios o de la extensión territorial que abarque.
Art. 55.- Todo ecuatoriano y extranjero residente, sin distinción de sexo
o condición, comprendido entre los 18 y 60 años de edad, esta obligado a prestar
sus servicios individuales para los fines de movilización.
Puede también alcanzar esta obligación, en ciertos casos, a personas
mayores de 60 años.
Decretada la movilización, las personas a que se refiere el inciso
anterior, tienen el deber de presentarse a la autoridad y organismos determinados
en el decreto correspondiente.
Todos los recursos nacionales, públicos o privados, podrán ser
movilizados para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional.

Ejecutivo N°. 685 a los depósitos, captaciones y
operaciones de crédito directas y contingentes
La movilización nacional comprende la movilización militar, la civil y
la económica y abarca todos los aspectos de la actividad nacional.
Art. 56.- La responsabilidad en materia de movilización corresponde:
a) Al Presidente de la República;
b) A la Dirección Nacional de Movilización;
c) A los Directores de los Frentes de Acción de Seguridad Nacional.
d) Al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y,
e) A las Unidades de Movilización de las Direcciones de Planeamiento
de Seguridad para el Desarrollo Nacional.
Art. 71.- Para el cumplimiento de la movilización, en los casos de
guerra o en los de emergencia, el Presidente de la República podrá disponer la
requisición de bienes patrimoniales existentes en todo o parte del territorio
nacional, pertenecientes a personas jurídicas o naturales de cualquier índole, sin
indemnización previa y por el lapso que se fije para servir expresamente a los
propósitos de la Seguridad Nacional.
Art. 72.- Para el cumplimiento de los fines previstos en el Art. anterior,
el Presidente de la República podrá ordenar la prestación de servicios y la
requisición y utilización de bienes, en los siguientes términos:
a) Los servicios individuales o colectivos de las personas obligadas por
el Art. 3;
b) Los bienes inmuebles o muebles, inclusive semovientes que se
hallaren en el territorio nacional, sean o no propietarios ecuatorianos, con
excepción de los que estén protegidos por inmunidad diplomática; y, c) Las
patentes de invención y licencias de explotación concedidas, así como cualquier
invento útil a la Seguridad Nacional.
Para toda prestación de servicios, individuales o colectivos, y para toda
requisición de bienes, mediará orden escrita de autoridad legalmente
responsable, en la cual se determinará la naturaleza de la prestación y la duración
probable de ella.
En caso de requisición de bienes será obligación de las autoridades
competentes conferir a los propietarios el correspondiente comprobante, en el
que se hará constar la clase, el estado de uso y el valor de los bienes, a objeto de
las indemnizaciones de Ley.

en moneda nacional, moneda extranjera o
unidades de valor constante que a la fecha, se
mantenían en las instituciones referidas en el
Art. 1 del citado Decreto.
3. Estableció o amplió según correspondió, a esa
fecha, los plazos de los instrumentos financieros
(propiamente es un negocio jurídico que se
instrumenta mediante una serie de documentos
que regulan esas relaciones entre los clientes y
las instituciones financieras) a los que se refiere
el Art. 3 del Decreto Ejecutivo N° 685 de 11 de
marzo de 1999, aunque luego mediante otros
decretos ejecutivos, se modificaron los plazos
pero se mantuvo la situación creada mediante el
Decreto inicial N°. 685.
4. Estableció un sistema contrario al de la Ley de
Cheques para los cheques girados con
anterioridad a la fecha de expedición del
Decreto Ejecutivo N°. 685.
5. Estableció un sistema para el tratamiento de
activos y pasivos de y para las instituciones
financieras, así como para hacer líquidos los
denominados certificados de depósitos que se
crearon mediante el mismo Decreto Ejecutivo.
6. Encargó la ejecución del Decreto Ejecutivo N°.
685 a la señorita Ministra de Finanzas y Crédito
Publico, economista Ana Lucía Armijos Hidalgo.

También consta acertada y documentalmente, que en
el Suplemento del Registro Oficial 346 de 24 de
diciembre de 1999, se publicaron tanto la Resolución
N o. 078-99TP como la N° 089-99TP, mediante las
cuales el Tribunal Constitucional, declaró la
inconstitucionalidad por el fondo y la forma, del
Decreto Ejecutivo N°. 685, y de algunos otros Decretos
Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales que ejecutaron el
mencionado Decreto, como la improcedencia del
recurso de aclaración y ampliación sobre la base del
Art. 278 de la Constitución Política del Estado
propuesto por el mismo doctor Jamil Mahuad Witt,
Presidente Constitucional de la República.
Mediante estas resoluciones, el Tribunal
Constitucional declaró que el doctor Jamil Mahuad, en
ese entonces Presidente Constitucional de la
Republica, se extralimitó en el ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales inherentes a su
cargo y violentó derechos constitucionales reconocidos
por la Carta Política en perjuicio de los ciudadanos y
habitantes del Ecuador.
7. En autos del proceso seguido a Mahuad y
Armijos, igualmente consta a fojas 10 (diez), primer
cuerpo, la denuncia presentada por un ex
congresista en la que entre otras imputaciones
certeras afirma que en virtud de la declaratoria
constante en el Decreto Ejecutivo No. 685 de 11 de
marzo de 1999, “ordenó la inmovilización, en su
totalidad en algunos casos, o parcialmente en

otros, por 365 días 11, a favor de las referidas
entidades financieras, los depósitos, captaciones y
operaciones de crédito directas y contingentes en
moneda nacional, moneda extranjera o unidades
de valor constante” que decenas de miles de
ciudadanos y personas manteníamos en ellas,
creando excepciones a favor de las referidas
entidades financieras puesto que a sus recursos no
les daba igual tratamiento; y, además facultó al
Banco Central del Ecuador a realizar operaciones
con tales entidades “para garantizar la provisión de
divisas para el cumplimiento que las obligaciones
financieras mantengan en bancos corresponsales
del exterior”.
También en esa denuncia se asegura con razón que de
conformidad con la resolución del Tribunal
Constitucional, expedida el 8 de noviembre de 1999,
cuya aclaración y ampliación fue negada el 21 de
diciembre de ese año, el doctor Jamil Mahuad Witt,
11 En el ANEXO No. 2, que se presentó junto a la denuncia, demostramos
que en miles de casos, los depósitos se confiscaron de modo definitivo, pues la
devolución o no se ha producido aún o en su defecto se ha devuelto luego de la
muerte de las personas, como lo demostramos con las pólizas Nos. 048048;
048049; 048052; 048053 todas de 20 de marzo de 2000; pertenecientes al señor
JACINTO ENRIQUE MOREIRA PÁRRAGA, quien producto de la venta de su
renuncia en el Banco Central del Ecuador, del que fue su gerente en la ciudad de
Portoviejo y como resultado de un seguro pagado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana
a la muerte de su hijo Tnte. Álvaro Moreira Ponce, había depositado en La
Previsora un valor de US $ 176.000,oo, que nunca fue devuelto. Únicamente con
motivo de su enfermedad que lo condujo a la muerte, se le entregaron US $
15.000,oo, para atención médica, a los 6 (SEIS) años de efectuados los depósitos.
En igual caso podemos decir de miles de personas. El señor GUSTAVO DEL
HIERRO ESCUDERO, falleció sin haber cobrado sus acreencias, éstas fueron
pagadas con superlativo descuento a sus sobrinos.

Presidente de la Republica cometió entre otros, los
siguientes delitos:
1. Contra las libertades y derechos garantizados
por la Constitución en los Arts. 17,18, 30 y 35
numerales 7 y 14, esto es, "el libre y eficaz
ejercicio y goce de los derechos humanos
establecidos en la "propia Constitución y en las
declaraciones, pactos, convenios y más
instrumentos internacionales vigentes";
particularmente el de propiedad y el de trabajo
(en cuanto a este porque violentó la prohibición
de embargar las remuneraciones de los
trabajadores, "salvo para el pago de pensiones
alimenticias", y la forma de pago que
corresponde al trabajador). Delito previsto y
sancionado en el Art. 213 del Código Penal.
2. Arrogación de atribuciones. Delito tipificado y
sancionado en el Art. 254 del Código Penal.
“Art. 254.- El empleado público que dictare
reglamentos o disposiciones, excediéndose
de sus atribuciones, será reprimido con
multa de ocho a treinta y un dólares de los
Estados Unidos de Norte América”.
3. Concierto de medidas para impedir, suspender
o embarazar la aplicación de la Constitución
Política de la República del Ecuador. Delito
tipificado y sancionado en el Art. 251 del Código
Penal:

“Art. 251.- Cuando, coligándose dos o más
funcionarios públicos o cuerpos
depositarios de alguna parte de la
autoridad pública, sea en una reunión, o
por diputación, o correspondencia entre
ellos, concierten alguna medida para
impedir, suspender o embarazar la
ejecución de una Ley, reglamento u orden
superior, serán reprimidos con prisión de
seis meses a cinco años”.
“Si el concierto ha tenido lugar entre las
autoridades civiles y los cuerpos militares o
sus jefes, los que lo hubieren provocado
serán reprimidos con tres a seis años de
reclusión menor; y los otros, con tres a
cinco años de prisión”.
En la denuncia que debió ser exhaustivamente
investigada por estos malos jueces, consta que los
hechos ejercitados por el doctor Jamil Mahuad Witt y
la economista Ana Lucia Armijos Hidalgo, Presidente
de la Republica y Ministra de Finanzas y Crédito
Publico, respectivamente, constituyen infracciones
punibles, pesquisables de oficio pues los hechos
relatados, constitutivos de tales delitos se comprueban
de manera fehaciente con la publicación en el Registro
Oficial de la Resolución del Tribunal Constitucional.
Con apego al Art. 177 del Código de Procedimiento
Penal, se solicitó en la denuncia, sindicar al doctor
Jamil Mahuad Witt y a la economista Ana Lucia
Armijos Hidalgo, con prisión preventiva.
Art. 177 del Código de Procedimiento Penal:

Art. 177.- El Juez podrá dictar auto de
prisión preventiva cuando lo creyere
necesario, siempre que aparezcan los
siguientes datos procesales:
1.- Indicios que hagan presumir la existencia
de un delito que merezca pena privativa de
libertad; y,
2.- Indicios que hagan presumir que el
sindicado es autor o cómplice del delito que
es objeto del proceso.
En el auto se precisará los indicios que
fundamentan la orden de prisión.
8. El delito que fuera denunciado entre otros por La
Comisión de Control Cívico de la Corrupción, los
políticos Napoleón Gómez, Víctor Granda y Carlos
González, (que en esa oportunidad tuvieron
razón), era de aquellos que la doctrina y la Ley,
considera como flagrantes, es decir, cometidos a la
luz pública, en medio de testigos y amparados por
el poder jurídico de la potestad estatal, usada
como escudo protector de los actos que infringen
la ley penal.
8.1 En el caso de los delitos cometidos por
Mahuad Witt, el motivo de su decreto
confiscatorio lo hallamos en las relaciones
adquiridas con banqueros y financistas de su
multimillonaria campaña en pos de la primera
magistratura del Estado. Había
indubitablemente un afán de proteger a las
personalidades que contribuyeron al triunfo

político del ex Presidente. Él se hallaba
impulsado por sentimientos de gratitud y
reconocimiento que, constituían, en la
realidad, una deuda de carácter personal
moral y jurídica, con aquellos ciudadanos,
precisamente los banqueros que contribuyeron
decisivamente a su triunfo tanto en el
gigantesco aporte económico, cuanto en el
manejo de los escrutinios y en la proclamación
de resultados realizada por FILANBANCO el día
en que se realizó la denominada segunda
vuelta electoral, que lo enfrentó con el abogado
Álvaro Noboa Pontón.
8.2 No de otro modo puede explicarse que,
precisamente, los financistas a los que
hacemos referencia, señores Fernando Aspiazu
Seminario, William y Roberto Isaías Dassum 12
y Álvaro Guerrero Ferber, sean quienes en
mayores porcentajes de los US $ 8.003
millones de dólares que el Estado ha
desembolsado 13 para cubrir los faltantes que
habían perpetrado dolosa y concientemente,
sujetos de múltiples acciones penales por el
mismo delito, por las mismas infracciones, que
conducen al delito fin: el peculado, hayan
tenido directa ingerencia en el gobierno de
Mahuad, como financistas, controladores de
12 Entre varios miembros de la familia Isaías.
13 El Ec. Jorge Rodríguez Torres, en el mes de julio de 2.008,
ha afirmado que el fraude asciende a más de veinte mil millones de
dólares.

los resultados electorales y funcionarios de su
régimen.
8.3 Es inadmisible que la erogación de dineros del
Estado ecuatoriano, que alcanza como lo
demostraremos más adelante, el dantesco
volumen que queda señalado (ocho mil tres
millones de dólares) casi equivalente al capital
de la deuda externa del Ecuador, no constituya
la más terrible prueba del robo encubierto,
auspiciado y permitido por Mahuad Witt y hoy
encubierto por los Magistrados de la Segunda
Sala de lo Penal de la inconstitucional Corte
suprema de Justicia.
8.4 Resulta que esos dineros que han salido de las
arcas fiscales, tanto de la Agencia de Garantía
de Depósitos, del Ministerio de Finanzas, del
Banco Central y de otros organismos del
Estado, sean para los Ministros de la Segunda
Sala de lo Penal, una quimera, una fantasía,
inexistentes. La monstruosidad de la
declaratoria de impunidad realizada a favor de
esos truhanes, revela la verdadera tragedia
nacional: la impunidad como forma de vida de
los poderes de hecho en el Ecuador, que
actúan precisamente en la clandestinidad y
ejecutan sus robos dentro de la legalidad que
les garantiza el presunto Estado de Derecho.

CAPITULO II
SEGUNDA INFRACCIÓN QUE DENUNCIAMOS
DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS POR
JAMIL MAHUAD.
9. La conducta de Mahuad ha sido cometida el
mismo día de la anterior es decir, peculado
mediante Decreto Ejecutivo N° 685 de 11 de
marzo de 1999, al decretar la confiscación de
los dineros de las personas, en efecto se
presentaron varias infracciones penales
imprescriptibles por su naturaleza y referentes a
los derechos humanos, que entre otras fueron:
• Contra las libertades y derechos
garantizados por la Constitución en los Arts.
17,18, 23, 30 y 35 numerales 7 y 14,
particularmente el de la vida, la propiedad y
el de trabajo Infracciones previstas y
sancionadas en el Art. 213 del Código Penal.
Sobre este particular hemos de recordar que un
elemento doctrinario que identifica y caracteriza la
tipificación de conductas contrarias a los derechos
humanos es la característica de justiciabilidad de
la norma. El tratadista Jorge Sosa 14, nos dice que
el contenido del Derecho Fundamental, como él
llama a cada uno de los derechos humanos, “...se
encuentra fragmentado y ramificado en otros
derechos concretos y la justiciabilidad se refiere a
14 Sosa Meza, Jorge, “Estudio de Derechos Humanos
Fundamentales”, p. 18Ed. Migues Mosquera, Guayaquil, 2002.

la posibilidad de que el enunciado abstracto del
Derecho Fundamental tenga una vía posible para
su invocación, sanción y coacción... (en caso de ser
violado) ante un tribunal u órgano de justicia por
intermedio de uno de estos derechos concretos
contentivos del enunciado abstracto...”
Meza nos dice: “El problema de la justiciabilidad no
es entonces simple y no se circunscribe a la
superficial distinción de que los derechos de
primera generación son justiciables y por lo tanto
fundamentales, mientras que las otras dos
generaciones, debido a su falta de justiciabilidad,
no pueden ser considerados como tales; la
justiciabilidad no es una categoría absoluta, sino
que está en permanente construcción...”
El mismo tratadista afirma con razón que por
ejemplo, que en el sólo caso del derecho a la salud
que fuese negado o vulnerado, al ser parte
integrante del derecho a la vida puede ser
demandado ante la corte Interamericana (de
Derechos Humanos), invocando la vulneración de
este derecho contenido en el Art. 4 de la
Convención Interamericana de Derechos
Humanos.” (Ver)
“Art. 4.- Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se
respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena
de muerte, ésta solo podrá imponerse por los
delitos más graves, en cumplimiento de
sentencia ejecutoriada de Tribunal
competente y de conformidad con una ley
que establezca tal pena, dictada con
anterioridad a la comisión del delito.
Tampoco se extenderá su aplicación a delitos
a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en
los Estados que lo han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena
de muerte por delitos políticos ni comunes
conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a
personas que, en el momento de la comisión
del delito, tuvieren menos de dieciocho años
de edad o más de setenta, ni se le aplicará a
las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene
derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena, los cuales podrán
ser concedidos en todos los casos. No se
puede aplicar la pena de muerte mientras la
solicitud esté pendiente de decisión ante
autoridad competente.”

Por ello, observamos que tanto respaldados en la
Constitución 15, en la Ley penal y en la doctrina se
constata que las infracciones que cometió Mahuad
y de quienes colaboraron con él por acción u
omisión y más adelante señalamos,
independientemente de la peculado, son la de lesa
humanidad y pueden y deben ser justiciables, es
decir, sujetos de acción penal y su respectivo
juzgamiento y sanción. Estos delitos de lesa
humanidad, contra la vida, la salud física y
psíquica de centenares de miles de personas, no
han sido juzgados por la Corte Suprema de
Justicia.
Art. 17 de la Constitución Política de la República:
“Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus
habitantes, sin discriminación alguna, el
libre y eficaz ejercicio y el goce de los
derechos humanos establecidos en esta
Constitución y en las declaraciones, pactos,
convenios y más instrumentos
internacionales vigentes. Adoptará, mediante
planes y programas permanentes y
periódicos, medidas para el efectivo goce de
estos derechos.”
Art. 18 de la Constitución Política de la República:
“Art. 18.- Los derechos y garantías
determinados en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales vigentes, serán
15 La de 1998.

directa e inmediatamente aplicables por y
ante cualquier juez, tribunal o autoridad.
En materia de derechos y garantías
constitucionales, se estará a la interpretación
que más favorezca su efectiva vigencia.
Ninguna autoridad podrá exigir condiciones
o requisitos no establecidos en la
Constitución o la ley, para el ejercicio de
estos derechos.
No podrá alegarse falta de ley para justificar
la violación o desconocimiento de los
derechos establecidos en esta Constitución,
para desechar la acción por esos hechos, o
para negar el reconocimiento de tales
derechos.
Las leyes no podrán restringir el ejercicio de
los derechos y garantías constitucionales”.
Art. 23 de la Constitución Política de la
República:
“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos
establecidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales vigentes, el
Estado reconocerá y garantizará a las
personas los siguientes:
1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena
de muerte.

2. La integridad personal. Se prohíben las
penas crueles, las torturas; todo
procedimiento inhumano, degradante o que
implique violencia física, psicológica, sexual
o coacción moral, y la aplicación y utilización
indebida de material genético humano.
El Estado adoptará las medidas necesarias
para prevenir, eliminar y sancionar, en
especial, la violencia contra los niños,
adolescentes, las mujeres y personas de la
tercera edad.
Las acciones y penas por genocidio, tortura,
desaparición forzada de personas, secuestro
y homicidio por razones políticas o de
conciencia, serán imprescriptibles. Estos
delitos no serán susceptibles de indulto o
amnistía. En estos casos, la obediencia a
órdenes superiores no eximirá de
responsabilidad.
3. La igualdad ante la ley. Todas las
personas serán consideradas iguales y
gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades, sin discriminación en razón
de nacimiento, edad, sexo, etnia, color,
origen social, idioma, religión, filiación
política, posición económica, orientación
sexual; estado de salud, discapacidad, o
diferencia de cualquier otra índole.

4. La libertad. Todas las personas nacen
libres. Se prohíbe la esclavitud, la
servidumbre y el tráfico de seres humanos
en todas sus formas. Ninguna persona podrá
sufrir prisión por deudas, costas, impuestos,
multas ni otras obligaciones, excepto el caso
de pensiones alimenticias. Nadie podrá ser
obligado a hacer algo prohibido o a dejar de
hacer algo no prohibido por la ley.
5. El derecho a desarrollar libremente su
personalidad, sin más limitaciones que las
impuestas por el orden jurídico y los
derechos de los demás.
6. El derecho a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación. La ley establecerá las
restricciones al ejercicio de determinados
derechos y libertades, para proteger el medio
ambiente.
7. El derecho a disponer de bienes y
servicios, públicos y privados, de óptima
calidad; a elegirlos con libertad, así como a
recibir información adecuada y veraz sobre
su contenido y características.
8. El derecho a la honra, a la buena
reputación y a la intimidad personal y
familiar. La ley protegerá el nombre, la
imagen y la voz de la persona.

9. El derecho a la libertad de opinión y de
expresión del pensamiento en todas sus
formas, a través de cualquier medio de
comunicación, sin perjuicio de las
responsabilidades previstas en la ley.
La persona afectada por afirmaciones sin
pruebas o inexactas, o agraviada en su
honra por informaciones o publicaciones no
pagadas hechas por la prensa u otros
medios de comunicación social, tendrá
derecho a que estos hagan la rectificación
correspondiente en forma obligatoria,
inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o
tiempo de la información o publicación que
se rectifica.
10. El derecho a la comunicación y a fundar
medios de comunicación social y a acceder,
en igualdad de condiciones, a frecuencias de
radio y televisión.
11. La libertad de conciencia; la libertad de
religión, expresada en forma individual o
colectiva, en público o en privado. Las
personas practicarán libremente el culto que
profesen, con las únicas limitaciones que la
ley prescriba para proteger y respetar la
diversidad, la pluralidad, la seguridad y los
derechos de los demás.
12. La inviolabilidad de domicilio. Nadie
podrá ingresar en él ni realizar inspecciones

o registros sin la autorización de la persona
que lo habita o sin orden judicial, en los
casos y forma que establece la ley.
13. La inviolabilidad y el secreto de la
correspondencia. Esta sólo podrá ser
retenida, abierta y examinada en los casos
previstos en la ley. Se guardará el secreto de
los asuntos ajenos al hecho que motive su
examen. El mismo principio se observará con
respecto a cualquier otro tipo o forma de
comunicación.
14. El derecho a transitar libremente por el
territorio nacional y a escoger su residencia.
Los ecuatorianos gozarán de libertad para
entrar y salir del Ecuador. En cuanto a los
extranjeros, se estará a lo dispuesto en la
ley. La prohibición de salir del país solo
podrá ser ordenada por juez competente, de
acuerdo con la ley.
15. El derecho a dirigir quejas y peticiones a
las autoridades, pero en ningún caso en
nombre del pueblo; y a recibir la atención o
las respuestas pertinentes, en el plazo
adecuado.
16. La libertad de empresa, con sujeción a la
ley.

17. La libertad de trabajo. Ninguna persona
podrá ser obligada a realizar un trabajo
gratuito o forzoso.
18. La libertad de contratación, con sujeción
a la ley.
19. La libertad de asociación y de reunión,
con fines pacíficos.
20. El derecho a una calidad de vida que
asegure la salud, alimentación y nutrición,
agua potable, saneamiento ambiental;
educación, trabajo, empleo, recreación,
vivienda, vestido y otros servicios sociales
necesarios.
21. El derecho a guardar reserva sobre sus
convicciones políticas y religiosas. Nadie
podrá ser obligado a declarar sobre ellas. En
ningún caso se podrá utilizar la información
personal de terceros sobre sus creencias
religiosas y filiación política, ni sobre datos
referentes a salud y vida sexual, salvo para
satisfacer necesidades de atención médica.
22. El derecho a participar en la vida cultural
de la comunidad.
23. El derecho a la propiedad, en los
términos que señala la ley.

24. El derecho a la identidad, de acuerdo
con la ley.
25. El derecho a tomar decisiones libres y
responsables sobre su vida sexual.
26. La seguridad jurídica.
27. El derecho al debido proceso y a una
justicia sin dilaciones.
Art. 30 de la Constitución Política de la República:
Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus
formas y mientras cumpla su función social,
constituye un derecho que el Estado
reconocerá y garantizará para la
organización de la economía.
Deberá procurar el incremento y la
redistribución del ingreso, y permitir el
acceso de la población a los beneficios de la
riqueza y el desarrollo.
Se reconocerá y garantizará la propiedad
intelectual, en los términos previstos en la
ley y de conformidad con los convenios y
tratados vigentes”.
Art. 35 de la Constitución Política de la
República:

“Art. 35.- El trabajo es un derecho y un
deber social. Gozará de la protección del
Estado, el que asegurará al trabajador el
respeto a su dignidad, una existencia
decorosa y una remuneración justa que
cubra sus necesidades y las de su familia.
Se regirá por las siguientes normas
fundamentales:
1. La legislación del trabajo y su aplicación
se sujetarán a los principios del derecho
social.
2. El Estado propenderá a eliminar la
desocupación y la subocupación.
3. El Estado garantizará la
intangibilidad de los derechos
reconocidos a los trabajadores, y
adoptará las medidas para su
ampliación y mejoramiento.
4. Los derechos del trabajador son
irrenunciables. Será nula toda estipulación
que implique su renuncia, disminución o
alteración. Las acciones para reclamarlos
prescribirán en el tiempo señalado por la ley,
contado desde la terminación de la relación
laboral.
5. Será válida la transacción en materia
laboral, siempre que no implique renuncia de

derechos y se celebre ante autoridad
administrativa o juez competente.
6. En caso de duda sobre el alcance de las
disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales en materia laboral, se
aplicarán en el sentido más favorable a los
trabajadores.
7. La remuneración del trabajo será
inembargable, salvo para el pago de
pensiones alimenticias. Todo lo que
deba el empleador por razón del
trabajo, constituirá crédito privilegiado
de primera clase, con preferencia aun
respecto de los hipotecarios.
8. Los trabajadores participarán en las
utilidades líquidas de las empresas, de
conformidad con la ley.
9. Se garantizará el derecho de organización
de trabajadores y empleadores y su libre
desenvolvimiento, sin autorización previa y
conforme a la ley. Para todos los efectos de
las relaciones laborales en las instituciones
del Estado, el sector laboral estará
representado por una sola organización.
Las relaciones de las instituciones
comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4,
del Art. 118 y de las personas jurídicas
creadas por ley para el ejercicio de la

potestad estatal, con sus servidores, se
sujetarán a las leyes que regulan la
administración pública, salvo las de los
obreros, que se regirán por el derecho del
trabajo.
Cuando las instituciones del Estado ejerzan
actividades que no puedan delegar al sector
privado, ni éste pueda asumir libremente, las
relaciones con sus servidores, se regularán
por el derecho administrativo, con excepción
de las relacionadas con los obreros, que
estarán amparadas por el derecho del
trabajo.
Para las actividades ejercidas por las
instituciones del Estado y que pueden ser
asumidas por delegación total o parcial por
el sector privado, las relaciones con los
trabajadores se regularán por el derecho del
trabajo, con excepción de las funciones de
dirección, gerencia, representación, asesoría,
jefatura departamental o equivalentes, las
cuales estarán sujetas al derecho
administrativo.
10. Se reconoce y garantiza el derecho de los
trabajadores a la huelga y el de los
empleadores al paro, de conformidad con la
ley.
Se prohíbe la paralización, a cualquier título,
de los servicios públicos, en especial los de

salud, educación, justicia y seguridad social;
energía eléctrica, agua potable y
alcantarillado; procesamiento, transporte y
distribución de combustibles; transportación
pública, telecomunicaciones. La ley
establecerá las sanciones pertinentes.
11. Sin perjuicio de la responsabilidad
principal del obligado directo y dejando a
salvo el derecho de repetición, la persona en
cuyo provecho se realice la obra o se preste
el servicio será responsable solidaria del
cumplimiento de las obligaciones laborales,
aunque el contrato de trabajo se efectúe por
intermediario.
12. Se garantizará especialmente la
contratación colectiva; en consecuencia, el
pacto colectivo legalmente celebrado no
podrá ser modificado, desconocido o
menoscabado en forma unilateral.
13. Los conflictos colectivos de trabajo serán
sometidos a tribunales de conciliación y
arbitraje, integrados por los empleadores y
trabajadores, presididos por un funcionario
del trabajo. Estos tribunales serán los únicos
competentes para la calificación, tramitación
y resolución de los conflictos.
14. Para el pago de las indemnizaciones
a que tiene derecho el trabajador, se
entenderá como remuneración todo lo

que éste perciba en dinero, en servicios
o en especies, inclusive lo que reciba por
los trabajos extraordinarios y
suplementarios, a destajo, comisiones,
participación en beneficios o cualquier
otra retribución que tenga carácter
normal en la industria o servicio.
Se exceptuarán el porcentaje legal de
utilidades, los viáticos o subsidios
ocasionales, la décimotercera, décimocuarta,
décimoquinta y décimosexta
remuneraciones; la compensación salarial, la
bonificación complementaria y el beneficio
que representen los servicios de orden
social”.
Art. 213 del Código Penal:
“Art. 213.- Cualquier otro acto arbitrario y
atentatorio contra las libertades y derechos
garantizado por la Constitución, ordenado o
ejecutado por un empleado u oficial público,
por un depositario o agente de la autoridad o
de la fuerza pública, será reprimido con
prisión de tres a seis meses.
Respecto de la acusación; perdón, rebaja y
conmutación de la pena; prescripción de las
acciones, y responsabilidad civil, se
aplicarán además, respecto de los
funcionarios o empleados que violaren
cualquiera de las garantías declaradas en la

Constitución, las reglas especialmente
puntualizadas por ésta”.
• Las otras infracciones que fueron
denunciadas recordemos que fueron:
• Arrogación de atribuciones. Delito tipificado
y sancionado en el Art. 254 del Código Penal.
• Concierto de medidas para impedir,
suspender o embarazar la aplicación de los
preceptos universales de la Carta Política del
Ecuador. Delito tipificado y sancionado en el Art.
251 del Código Penal.
• Prevaricato, en su forma descrita en el
número 4 del Art. 277 del Código Penal, que
textualmente dice:
Art. 277.- # 4: “Son prevaricadores y serán
reprimidos con uno a cinco años de prisión:
“Los empleados públicos de cualquier clase
que, ejerciendo alguna autoridad judicial,
gubernativa o administrativa 16, por interés
personal, afecto o desafecto a alguna
persona o corporación 17, nieguen, rehúsen o
retarden la administración de justicia, o la
protección u otro remedio que legalmente se
16 A fojas del proceso se halla la certificación del Tribunal Supremo
Electoral en la que se declara como Presidente electo de la República al Dr. Jamil
Mahuad Witt.
17 El afecto al señor Álvaro Guerrero Ferber, queda expresamente
demostrado con su nominación como Presidente ejecutivo del consejo Nacional
de Modernización del Estado.

les pida o que la causa pública exija 18,
siempre que estén obligados a ello 19; o que,
requeridos o advertidos en forma legal, por
alguna autoridad legítima o legítimo
interesado, rehúsen o retarden prestar la
cooperación o auxilio que dependen de sus
facultades, para la administración de
justicia, o cualquiera necesidad del servicio
público.”
10. Las infracciones cometidas por Mahuad, se
demuestran precisamente en el hecho de haber
auspiciado el robo de los dineros de millones de
personas para paradójicamente favorecer y
proteger los bienes de los autores del robo. La
intención de favorecer a los financistas y
coadyuvantes de su triunfo político, en contra
de la causa pública y de los derechos
fundamentales a la vida y a la salud de millones
de seres humanos, se evidencia una vez más en
el hecho de haber ignorado la situación
financiera de los bancos de propiedad o bajo
administración de las personas que ayudaron
sustantivamente a su elevación y proclamación
como primer magistrado del Estado. Esas
infracciones violaron de modo directo las
18 La protección o remedio que la causa pública exigía no era la
confiscación o incautación disfrazada de los bienes de los ciudadanos, sino al
contrario, la incautación, embargo y remate de los bienes de estos banqueros
corrompidos.
19 Mahuad era el Jefe de Estado, el primer funcionario de la República,
sus obligaciones dimanan precisamente de la naturaleza de sus funciones. El
estado de movilización debió decretarse contra los bienes de los dueños,
accionistas y administradores de los bancos causantes del colosal fraude.

disposiciones constantes en el Art. 3, numeral
2, de la Constitución que determina como Deber
del Estado: “Asegurar la vigencia de los
derechos humanos, las libertades
fundamentales de mujeres y hombres, y la
seguridad social”; numeral 5. “Erradicar la
pobreza y promover el progreso económico,
social y cultural de sus habitantes”, entre otras
disposiciones flagrantemente vulneradas. De
igual modo encontramos una violación directa
de las disposiciones constantes en el título III de
la Carta Política, pues la Ley Suprema declara
en el Art. 16 que el más alto deber del Estado
“consiste en respetar y hacer respetar los
derechos humanos que garantiza la
Constitución”, contrariamente Mahuad de modo
directo e intencional violó la mayor parte de los
derechos humanos reconocidos en el Art. 23 del
mismo Código Político, cuando a pesar de
conocer que muchos de los bancos se hallaban
realmente quebrados o a punto de liquidarse,
decretó la confiscación de los depósitos de los
ecuatorianos.
11. En efecto, a fojas ochocientos cincuenta y ocho
de los autos, consta el informe de la
Superintendencia de Bancos sobre el
Subsistema de riesgos de Mercado, en el
período marzo 98 a 15 de junio del mismo año,
en el cual aparecen que los bancos
determinados como autores mayores del saqueo
se hallan en gravísimo riesgo en ese año.

11.1 Allí se halla con la debida especificidad que
los Bancos La Previsora, Popular,
BANCOMEX S.A., PROGRESO entre los que
actualmente figuran como cerrados y que son
entre otros, los de mayor volumen de faltantes
en el sistema financiero, se hallan en
categoría C, es decir, en alto riesgo, mientras
que FILANBANCO está en la peor categoría la
“E”, junto al Banco de Préstamos de la
familia Peñafiel Salgado, el Banco Unión
del señor Roberto Baquerizo Valenzuela,
todos prófugos de la justicia, si es que ésta
existe, pero vemos que en el Ecuador no se
inaugura todavía, tras dos siglos de historia
republicana, con fallos inficionados de
corrupción, miedo, cobardía y servilismo,
como el dictado por los jueces Cañar y Castro.
11.2 Una palmaria y sucinta demostración del
superlativo robo orquestado por las élites
depredadoras que garantizan el atraco, el
despojo y el robo de cuello blanco a través del
sistema político y de los autotitulados
Partidos, en especial el mayoritario que ha
sojuzgado a la función Judicial y que
constatamos que aún lo hace, se halla en el
valioso instrumento histórico, estadístico y
científico, denominado “Atraco Bancario y
Dolarización”, también inexistente para los
seudo magistrados, escrito hace muchos años
ya por el Dr. Diego Delgado Jara, 20 y jamás
20 ANEXO No. 3. El libro es publicado por Ediciones “Gallo Rojo”, Febrero de
2000, Artes Gráficas “Silva”, 1ra. Ed. Quito-Ecuador.

efutado ni desmentido ni sus afirmaciones,
asertos y denuncias, jamás acusadas por los
implicados, es decir, aceptadas en su
integridad y racionalidad jurídica.
11.3 Entre las investigaciones de los medios de
comunicación de las ciudades de Quito y
Guayaquil sobre el fraude y saqueo
orquestado por los banqueros y encubierto
por el sistema jurídico nacional, encontramos
los siguientes informes que debieron ser
investigados por los dos jueces garantes del
delito:
11.3.1 “El Universo” de domingo 7
de noviembre de 1.999, página 3, primera
sección se afirma que hasta esa fecha el
monto entregado por la AGD y el Banco
Central para que se devuelvan los dineros
de cuentahorristas y cuentacorrientistas
ascendía a US $ 2.800 millones de
dólares.
11.3.2 “El Comercio” de martes 9
de noviembre de 1.999, página A5, señala
que el aporte del Banco Central se realizó
a través del gigantesco fraude de emisión
inorgánica de billetes que hasta tal
momento alcanzaba un 145% de la
anterior masa monetaria. La misma
información la encontramos en:
11.3.3 “Expreso” de 8 de diciembre
de 1999, página 5A;

11.3.4 “Revista Diners” No. 212 de
enero de 2000, página 31.
11.3.5 En “El Comercio” de 18 de
enero de 2000, página 4B figura que la
emisión ordenada por Mahuad a través de
una Ley que se aprobó en el Congreso
nacional llegó al 152%.
11.3.6 El diario “El Expreso” meses
antes de esta información, en su página 8,
de la primera sección informó que la
banca recibió US $ 2.062 millones.
11.3.7 Por su parte el diario “Hoy”
de viernes 4 de noviembre de 1999, en la
página 3A informaba que el monto para el
engañoso “salvataje”, llegaba hasta esa
fecha a US $ 2.500 millones.
11.3.8 Todo ese valor que jamás
estuvo presupuestado, se entregó con la
emisión incontenible de billetes, siendo
Presidente de la República Mahuad Witt.
Esa acción del gobierno, precisamente
buscaba cubrir el desfalco dirigido por los
propietarios, accionistas y dueños de los
bancos. Cabe advertir que no se trataba de
deudas de los banqueros, pues el depósito
a la vista, no puede ser jamás retenido o
confiscado como en efecto lo fue. El
desfalco consistió precisamente en
apoderarse de los recursos de los
ciudadanos, para transferirlos en miles de

casos a personas relacionadas por
familiaridad, amistad, conexión social,
política y económica con los responsables
de los bancos. Si algún día se pudiese
averiguar, tal como en efecto corresponde,
se podría determinar, señora Ministra, que
el robo ha sustentado de modo cíclico e
histórico, la riqueza mal habida y el
abominable -por rapaz- nivel de vida de las
familias de la Unión del Club.
11.3.9 En “El Comercio” de 29 de
septiembre de 1999, página A7, se
destaca que un equivalente a 844
millones de dólares se había entregado a
FILANBANCO.
11.3.10 Hasta esa fecha, al Banco
del Progreso también se le ha entregado
800 millones de dólares, tal como consta
en el mismo diario “El Comercio” de
miércoles 6 de octubre de 1999, página
B1.
11.3.11 En dicha suma regalada al
señor Aspiazu, se incluían 428 millones
de dólares de depósitos no reportados en
forma oportuna y que correspondían a
13.800 clientes del Banco del Progreso
Limited (Ltd), tal como aparece en “El
Comercio” de jueves 2 de septiembre de
1999, pagina B1.

• Esta información del rotativo quiteño es
fundamental, pues varios años más tarde se
determinó que ese valor más otros 405
millones adicionales, fue fraudulenta,
conciente y dolosamente entregado a
compañías fantasmas, quebradas o
inexistentes tal como aparece en la siguiente
Resolución de la Comisión de Control Cívico
de la corrupción, constante en Boletín de
Prensa No. 27-2005, de la CCCC. 21, cuyo
texto dice expresamente :
“BANCO DEL PROGRESO LIMITED CONCEDIÓ
833 MILLONES DE DÓLARES SIN GARANTÍAS A
EMPRESAS QUE LIQUIDARON.”
“La C.C.C.C. determinó indicios de
peculado bancario en contra de los ex
funcionarios, administradores y Ejecutivos
del Banco del Progreso Limited por
conceder préstamos a empresas
vinculadas, con capital mínimo y sin
patrimonio real por un total de
832'861.728 dólares”.
“Se solicitó igualmente a la Contraloría
General del Estado que establezca las
responsabilidades de los ex
administradores de la Agencia de Garantía
de Depósitos que no iniciaron las acciones
de cobro cuando esta cartera ingresó al
21 Presentamos la señalada Resolución EN EL ANEXO No. 14.

sistema de la AGD, el 21 de mayo de
2002”. (Anexo 1)
“Se evidencian indicios de disposición
arbitraria de fondos del Banco del
Progreso Limited, infracción que tipifica y
sanciona el Art. 257 del Código Penal por
parte de: Doctor Fernando Aspiazu
Seminario, Ernesto Balda Hernández,
José Xavier Ordeñana, Eduardo Cedeño
Cedeño y Arcadio Arosemena Gallardo,
pues concedieron créditos a las empresas
ocasionado perjuicios económicos a la
entidad financiera antes referida”.
“La Comisión de Control Cívico de la
Corrupción determinó indicios de
peculado bancario en contra de los ex
funcionarios, administradores y Ejecutivos
del Banco del Progreso Limited por
conceder préstamos a empresas
vinculadas, con capital mínimo y sin
patrimonio real por un total de
832’861.728 dólares”.
“... Se solicitó igualmente a la Contraloría
General del Estado que establezca las
responsabilidades de los ex
administradores de la Agencia de Garantía
de Depósitos que no iniciaron las acciones
de cobro cuando esta cartera ingresó al
sistema de la AGD, el 21 de mayo de
2002”.

“De acuerdo con la investigación, se
desprende que el Banco del Progreso
Limited concedió créditos a un grupo de
personas jurídicas relacionadas entre sí, a
compañías constituidas con un capital
mínimo y carentes de patrimonio real. Los
créditos se entregaron sin otorgar
garantías reales, con solo la firma de un
pagaré, a plazos de 7,10 y 11 años; y,
como forma de pago un dividendo al final
del plazo convenido”.
“Los créditos otorgados por el Banco del
Progreso Limited cuyo accionista principal
es el Banco del Progreso S.A. y sus
administradores fueron el Doctor
Fernando Aspiazu Seminario, Sr. Ernesto
Balda Hernández, Sr. José Xavier
Ordeñana, Sr. Eduardo Cedeño Cedeño y
Sr. Arcadio Arosemena Gallardo y los
otorgados por el Banco del Progreso S.A.,
aunque en muchos casos se concedieron a
las mismas compañías, son distintos y no
tienen nada que ver unos con otros”.
“La Agencia de Garantía de Depósitos no
ha realizado ninguna acción legal en
contra de los administradores del Banco
del Progreso Limited ni de los deudores
por los créditos antes mencionados, por
hallarse estos en el sistema de computo
con el status de vigente y no haber

transcurrido el plazo de vencimiento
concedido...”.
“Por las razones expuestas se evidencian
indicios de disposición arbitraria de
fondos del Banco del Progreso Limited,
infracción que tipifica y sanciona el Art.
257 del Código Penal por parte de: Doctor
Fernando Aspiazu Seminario, Ernesto
Balda Hernández, José Xavier Ordeñana,
Eduardo Cedeño Cedeño y Arcadio
Arosemena Gallardo, Ex administradores
del Banco del Progreso Limited, ya que
abusando de las prerrogativas de que
gozaban concedieron créditos a las
empresas mencionadas ocasionado
perjuicios económicos a la entidad
financiera antes referida”.
La resolución de la CCCC también exigía
la investigación y enjuiciamiento de los ex
administradores de la AGD entre los que
se hallan: Luis Wilfrido Villacís Guillen,
Patricio Dávila Molina, Oswaldo Tamaríz
Valdivieso, Wilma Salgado, Ramiro Espín
Almeida y Carlos Arboleda Heredia, y
determinaba la obligación de la
Contraloría General del Estado determinar
las responsabilidades correspondientes al
no haber iniciado las acciones de cobro,
desde que esta cartera ingresó al sistema
de la AGD.

“El informe también se remitirá a la
Fiscalía General del Estado para que inicie
la instrucción fiscal por los indicios de
responsabilidad penal por el delito de
peculado conforme al Art. 257 del Código
Penal en contra del doctor Fernando
Aspiazu Seminario, Ernesto Balda
Hernández, José Xavier Ordeñana,
Eduardo Cedeño Cedeño y Arcadio
Arosemena Gallardo” (f) Dr. Ramiro Borja
y Borja, PRESIDENTE CCCC).
11.3.12 También es necesario
señalar, que en el diario “Hoy” de
domingo 13 de febrero de 2000, aparece
que en este caso tanto en el Banco del
Progreso como en sus subsidiario
Progreso Limited, se estableció en un
informe de 15 de diciembre de 1999, que
se elaboró en la Superintendencia de
Bancos y que se lo ocultó durante dos
meses que el perjuicio ocasionado hasta
esa fecha por parte de Aspiazu, sus
subalternos y sus beneficiarios alcanzaba
a US $ 1.144 millones de dólares, monto
del cual 800 millones correspondían a
dólares en efectivo (de operaciones
realizadas por sus 750 mil clientes) y 344
millones de dólares adicionales que
correspondían a sobrevaloraciones de
activos. El diario afirma que ese monto
desaparecido equivalía a la fecha al 41%
de los US $ 2.800 millones incautados o
confiscados en todos los bancos o al 88%

de toda la reserva monetaria del País,
estimada al 4 de febrero del 2000 en
1.287 millones de dólares. Ese informe se
lo mantuvo encubierto cinco semanas
antes de que Mahuad fuera destituido, y
supuestamente alertó de su existencia, el
señor Jorge Guzmán, posterior
Superintendente de Bancos. El anterior,
Jorge Egas Peña fue quien ocultó ese
informe.
11.3.13 Tendremos que recordar que
el dueño o accionista mayoritario del
Banco del Progreso, Fernando Aspiazu
Seminario, había entregado como aporte
a la campaña de Mahuad un valor de US
$ 3.100.000,oo, tal como aparece de
cientos de informaciones en los medios
de comunicación y como fue público para
toda la ciudadanía. Ese valor fue
dolosamente ocultado en la rendición de
cuentas ante el Tribunal Supremo
Electoral y sólo se conoció cuando
evidentemente quebrado el Banco, el
propio Aspiazu denunció la maniobra. Es
decir, Mahuad sabía de las condiciones y
efectos éticos y económicos en que se
realizó esa ayuda a su campaña, por ello,
lo ocultó. Mayor fraude, engaño y dolo no
puede haber, a pesar de lo que diga el Dr.
Jorge Salvador Lara (prestigioso
editorialista quien escribió varios
artículos, salvaguardando a Mahuad).
Tomemos en cuenta que la solicitud de

ayuda de campaña fue realizada
personalmente por Mahuad, no es “que el
pobre candidato no conocía”.
11.3.14 La vinculación Mahuad y
Aspiazu llegó a tal punto que cuando este
último hizo pública la información del
comprometido aporte y luego se conoció
que fue ocultado, presentó una denuncia
penal, ¡no contra su amigo y socio de
fechorías Mahuad, sino contra Ramón Yu
Lee Changuin!, Presidente por su parte
de la Asociación de Compañías
Administradoras de Fondos de Pensiones
y Fideicomisos Mercantiles del Ecuador,
tal como consta en Vistazo de 7 de agosto
de 1.997, página 28!!!
11.3.15 El detalle de la acción
penal de Aspiazu con motivo de la
entrega del aporte de campaña se halla
debidamente explicada a fojas ciento
cuatro del proceso, cuerpo No. 2, en
donde textualmente se lee: “CUARTO: En
su querella, el señor doctor Fernando
Aspiazu Seminario acusa únicamente
al señor Ramón Yulee Changuin, por el
hecho de que, habiendo recibido su
aporte para la campaña electoral, no
consta el nombre del querellante en la
lista de personas que contribuyeron
monetariamente para la campaña
electoral. Es decir en la querella penal
inicial no se dice en absoluto que el

señor doctor Jamil Mahuad Witt,
Presidente Constitucional de la
República, haya cometido delito
alguno; por lo tanto, a base de dicha
acusación inicial es jurídicamente
imposible enjuiciar al doctor Jamil
Mahuad....”
Podríamos concluir, con justa razón: ¡qué se van a
enjuiciar los compadres, aunque se digan las
verdades!”.
11.3.16 Pero en este
descomunal atraco y fraude hay datos
adicionales: Cuando en los primeros días
de marzo, Aspiazu no pudo abrir su
banco por cuanto el Estado ya no tenía de
dónde seguir pagando su desfalco, el
entonces Alcalde de Guayaquil, lo respaldó
con movilización incluida, azuzada por los
medios de comunicación de propiedad de
banqueros, en acto que se produjo ante
los 12 millones de ecuatorianos, pues fue
transmitido por la televisión nacional. Esta
famosa marcha que declaraba que la
ciudad de Quito (de cuyos ahorristas se
apropiaron los fondos) era la culpable de
la “caída del banco”. En esa marcha de
respaldo incondicional al banquero y que
concluyó en los balcones del Municipio, el
Alcalde señor León Febres Cordero,
amenazó literalmente con guerra civil
cuando textualmente dijo: “Si Guayaquil
levanta el brazo, guerra habrá”. También

el mismo personero municipal dijo: “Ya
saben ustedes que yo nunca me ahuevo”.
A pesar de que parezcan intrascendentes
estos asertos, son sustanciales a la hora
de juzgar bajo reglas de las reglas de la
sana crítica, racionalidad y con los
presupuestos fácticos, que el grupo
político que dirigió 22 años al Ecuador,
estaba -como lo vamos comprobando-
dispuesto a todo por ocultar el robo de los
suyos. En efecto en dos editoriales
sumamente sustentados y nunca
desmentidos, los señores Emilio Palacio en
el diario “El Universo” de domingo 18 de
junio de 2006 página 14A, en su artículo
“El dueño del país lo ordena” asegura 22:
“...Por eso quisiera recordar en esta ocasión
algunos hechos recientes, que quedarán
registrados para vergüenza y estupor de las
próximas generaciones.” “Marzo de 1999: 23
El dueño del país llora en público al
anunciar que su partido no presentará
candidato presidencial y por ende no estará
presente físicamente en el Palacio de
Gobierno por algún tiempo.” “Septiembre del
2004: Completamente recuperado y feliz, el
dueño del país se reúne esta vez con varios
integrantes de la vieja Corte Suprema de
Justicia, inaugurando el nuevo sistema que
rige en el Ecuador, donde ya no existe un
22 ANEXO No.5.
23 En realidad creemos que el articulista se refería a marzo de 1998.

égimen judicial. Que otros pongan el
Presidente, que en el Ecuador el poder está
en la vía a Samborondón.” “Enero del 2005:
El dueño del país declara a los medios de
comunicación que los hermanos Isaías,
prófugos en Miami desde hace varios años,
donde disfrutan de un cómodo exilio, deben
salir libres porque son unos angelitos.”
“...Junio del 2006: La nueva Corte Suprema
ignorando el dolor y el sufrimiento de
decenas de miles de ecuatorianos que
perdieron sus ahorros de toda una vida,
declara inocente al ex Presidente Jamil
Mahuad que ordenó el congelamiento
bancario y salvó a un puñado de banqueros
ladrones.”
Sobre las presunciones del señor Palacio, que debían
ser obligatoriamente investigadas por los
contrariamente medrosos jueces (o quizá interesados)
hallamos que, seis años antes el Dr. Diego Delgado
Jara establece con claridad los siguientes hechos:
a) Que La Ley que crea la AGD,
determinaba inconstitucionalmente que todos
los dineros que hubieren desaparecido de los
bancos, sin límite alguno, serían garantizados
y reemplazados por el Estado a través de la
AGD;
b) Que la mayoría legislativa que
creó esa Ley para garantizar el robo de los
banqueros fue aprobada por la mayoría
legislativa creada por los Partidos Políticos

Social Cristiano y Democracia Popular como
mayoritarios;
c) Que la Revista “Vistazo” No. 751
de 3 de diciembre de 1998, en su página 9,
demuestra como varios legisladores del
partido Social Cristiano tienen deudas con
Filanbanco;
d) Que, en esa edición de la misma
Revista, se conoce que el propio Partido Social
Cristiano tiene una deuda como agrupación
política que sobrepasaba los mil quinientos
millones de sucres con la misma entidad
financiera;
e) Que en el mismo órgano de
difusión se demuestra que el abogado Carlos
Pareja (alias Charlie) que fue director de
campaña del Partido Social Cristiano y
secretario Privado del ex Presidente León
Febres Cordero Ribadeneira entre 1.984 Y
1.988, fue asesor de su Partido para la ley
que estableció la AGD;
f) Que, igualmente se comprueba
que fue también asesor y del mismo Partido,
el señor José Joaquín Franco Porras,
secretario privado del abogado Jaime Nebot;
g) Que siempre en la misma Revista
guayaquileña, se atestigua QUE EL
ABOGADO CHARLIE PAREJA ERA A LA VEZ
ABOGADO DE FILANBANCO;

h) Que la misma investigación
revela que FRANCO PORRAS ERA EL
HERMANO DEL GERENTE GENERAL DE LA
MISMA ENTIDAD BANCARIA, JUAN FRANCO
PORRAS y a su vez ostentaba la calidad de
diputado alterno del mismo Partido Político!!!!
i) Que en la misma publicación de
la Revista Vistazo, se demostró cómo en la
Comisión Legislativa en la que se discutió el
proyecto de la AGD, se aprobó la potestad a
través de la cual la Agencia, una vez que
intervenía en un banco, también tenía la
facultad de intervenir en las empresas
vinculadas a los administradores del banco,
pero que una vez aprobado ese texto, al
comenzar la discusión de la Ley en el Pleno,
había desaparecido precisamente esa
potestad!!!
j) Que la publicación de Vistazo
concluye afirmando que los bloques
mayoritarios del Congreso, partidos Social
Cristiano y Democracia Popular que
designaron Contralor, Procurador, Ministra
Fiscal, tuvieron con tales conflictos de
intereses, la intención criminal de proteger a
ISAÍAS y a todos los banqueros y
administradores de bancos para beneficiarlos
de dineros del Estado. 24
24 El Dr. Carlos Solórzano Constantine, ex Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, el 8 de enero de 2.004 en entrevista con Jorge Ortiz, del
canal de los grupos de poder quiteño, Teleamazonas, 7H20, dijo: “La decisión

¿Entonces ¿tienen o no razón el severo
análisis del Dr. Diego Delgado y el comentario
del señor Emilio Palacio? ¿Entonces, hubo o
no un concierto criminal de los grupos de
poder para atentar contra la vida de millones
de personas? ¿Entonces hubo o no el
cometimiento de delitos de lesa humanidad?
El señor Carlos Vera Rodríguez, ratifica
razonadamente estas inquietudes por su parte, cuando
en columna de opinión constante en la página 11 de la
Revista “Vistazo” de 15 de junio de 2006, bajo el título
“Alcahuetes 25”, señala entre otras aserciones:
“Dos de los tres jueces de la Segunda Sala de lo
Penal de la CSJ “desconocen” el monto del
perjuicio del feriado bancario decretado por
Mahuad. Son 8.003 millones de dólares, par de
alcahuetes de quien confiscó –hablar de
congelamiento o retención fue un eufemismo
para argumentar la inexistencia del delito- 5
millones de los ecuatorianos para proteger al
banco de su financista, Fernando Aspiazu
Seminario. El jerarca del Banco del progreso
contribuyó con 3,1 millones de dólares al triunfo
del exiliado de Harvard. Por eso ni Oswaldo
Hurtado consiguió convencerlo de que Aspiazu
era corrupto. Eso no consta en el proceso, dicen
el par de alcahuetes echándole la culpa a
Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. El mismo
esencial del Ing. Febres Cordero, quien ya leyó el proceso contra FILANBANCO,
(irónicamente) es que se declare la inocencia de los Isaías”.
25 ANEXO No. 6.

argumento de los defensores de Mahuad
(¡coincidencia!), quienes ahora atribuyen a los
acusadores del prófugo no haber presentado
pruebas durante seis años. ¡Tamaño descaro!
Las evidencias son públicas. Las mentiras son
evidentes...” “...Justo apresan a Alejandra Cantos
cuando, al pasar a liquidación 10 bancos en
saneamiento, la AGD se disponía a cuantificar
con exactitud el monto del perjuicio que solo un
par de jueces alcahuetes desconocen...” 26
11.3.17 Continuando con la
investigación periodística del mayor
fraude y robo que se ha producido en la
historia nacional, luego del pago del
rescate del Inca emperador Atahualpa,
realizado entre el 16 de noviembre de
1532 y el 29 de septiembre de 1.533, el
diario “El Comercio” de 21 de noviembre
de 1999, página C1, afirmaba que todavía
(a esa fecha) faltaba por emitirse 1.500
millones de dólares adicionales, para
atender los requerimientos pendientes de
26 Estos jueces fueron protegidos por sus compañeros de función, pues
pese al escándalo mayúsculo que significó el Auto de Sobreseimiento, se echó
tierra de por medio, a fin de lograr acallar la protesta ciudadana. Mahuad sigue y
seguirá teniendo múltiples e íntimas amistades en las Cortes Suprema y Nacional
de Justicia. Los Dres. José Vicente Troya y Hernán Salgado Pesántez, afiliado el
primero y simpatizante el segundo de la Democracia Popular, y profesores de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, han sido entre otros importantes
aliados de su íntimo amigo y ex compañero de labores en la Facultad de
Jurisprudencia. Por su parte Jaime Velasco Dávila fue abogado municipal, siendo
Mahuad Alcalde de Quito y el Dr. Luis Quiroz Erazo, pese ha haberse excusado
declarando su íntima amistad con Mahuad, ha sido obligado a conocer su juicio.
¡Estos señores jueces deben ser enjuiciados por la historia y el derecho!

innumerables clientes de los bancos
Progreso, Unión, de Crédito, Solbanco
Préstamos y Bancomex. Ninguna de estas
investigaciones que debió ser
obligatoriamente constatada por los
jueces encubridores, en cumplimientos
de sus obligaciones, dispuestas por el
anterior Código de Procedimiento Penal,
se verificó.
11.3.18 En efecto las normas
procesales que regulan el juicio contra
Mahuad son las constantes en el anterior
Código Adjetivo Penal, publicado en
Registro Oficial No. 511 de 10 de junio de
1.983, cuyo Libro Cuarto, título I al
hablar del sumario en su capítulo I, Art.
215 la Ley procesal penal dice:
• “En el sumario se practicarán los actos
procesales necesarios para comprobar
la existencia del delito, así como para
individualizar e identificar a sus
autores, cómplices y encubridores:”
¿Quién debía practicar esos actos procesales?
¿Serían acaso Contraloría, Procuraduría o
Ministerio Público? Naturalmente que no, puesto
que eran los jueces los titulares de la acción
penal. Los órganos de control debían actuar de
modo paralelo en la investigación. Esta norma
concuerda con las determinadas en los Arts. 14
del mismo cuerpo de leyes que determinaba que
la acción penal era de carácter público y que en

“general se la ejercerá de oficio”. El Art. 15,
señalaba que la acción penal pública se iniciaba
mediante el auto cabeza de proceso. En tal
contexto el Art. 221 del mismo Código decía que
el sumario se iniciaba con el Auto Cabeza de
Proceso, que contendría la relación del hecho
punible y cómo había llegado al conocimiento del
Juez, que debía dictar la orden de inicio del
sumario. El propio Juez debía firmar el señalado
auto.
El Art. 235 señalaba: “Cumplidos los actos
procesales propios del sumario, el Juez lo
declarará concluido”; el Juez debía ordenar, de
oficio, que el acusador particular, si hubiese
habido, formalizase la acusación por escrito en el
plazo de tres días. El Art. 239 disponía que el
Juez debía dictar auto de sobreseimiento o de
apertura del plenario, esa disposición se hallaba
en armonía con el 253 Ibidem.
Art. 14, anterior Código de Procedimiento Penal:
“Art. 14.- La acción penal es de carácter
público. En general, se la ejercerá de oficio,
pudiendo admitirse la acusación particular;
pero en los casos señalados en el Art. 428
de este Código, se la ejercerá únicamente
mediante acusación particular.”
Art. 15, anterior Código Adjetivo Penal.-
“Art. 15.- A excepción de los casos previstos
en el Art. 428 de este Código, el ejercicio de

la acción penal pública se inicia mediante
auto cabeza de proceso, que puede tener por
antecedentes:
1.- La pesquisa que, de oficio, efectúe el Juez
o Tribunal competente;
2.- La excitación fiscal;
3.- La denuncia;
4.- La acusación particular;
5.- El parte policial informativo o la
indagación policial; y,
6.- La orden superior de origen
administrativo.”
Art. 221, anterior Código de Procedimiento Penal:
“Art. 221.- El sumario se inicia con el auto
cabeza de proceso, que contendrá:
1.- La relación del hecho punible y el modo
como ha llegado a conocimiento del Juez;
2.- La orden de organizar el sumario, con
expresión detallada y numerada de los
actos procesales de investigación que se
deben practicar;

3.- La nominación del sindicado, si fuere
posible; y,
4.- La orden de citar al Ministerio Público; al
sindicado, si fuere conocido y estuviere
presente; al defensor de oficio que el Juez
nombrará para que represente al sindicado;
y, a las personas que se sindicaren en el
futuro. El defensor de oficio representará
también al sindicado si no hubiera
comparecido al proceso, o no hubiese
designado defensor, o estuviera prófugo.
La representación del defensor de oficio
cesará con respecto a los sindicados que
comparezcan al proceso y designen
defensor particular, pero continuará con
relación a los que no hayan comparecido o
estuvieren prófugos.
El Juez firmará el auto y lo autorizará el
Secretario del Juzgado o la persona que
legalmente lo reemplace.”
Art. 235, Código de Procedimiento Penal de 1.983:
“Art. 235.- Cumplidos los actos procesales
propios del sumario, el Juez lo declarará
concluido y ordenará, de oficio, que el
acusador particular, si lo hubiere, formalice
la acusación por escrito, en el plazo de tres
días. Con la formalización o sin ella, el Juez

dispondrá que el Ministerio Público dictamine
en el plazo de seis días.
Si el acusador particular no formalizare la
acusación dentro del plazo indicado en el
inciso anterior, el Juez de oficio, la declarará
desierta, con los mismos efectos del
abandono, sin perjuicio de calificarla de
temeraria o maliciosa, en su oportunidad, si
es que hubiere mérito para ello.
Cuando no hubiere acusador particular,
concluido el sumario, el Juez ordenará que el
Ministerio Público dictamine dentro del plazo
de seis días.
Los plazos previstos en este artículo se
contarán a partir de la fecha de notificación
del auto correspondiente”.
Art. 239, anterior Código de Procedimiento Penal:
“Art. 239.- Con la contestación del defensor
del encausado o en rebeldía, el Juez
procederá a dictar auto de sobreseimiento o
de apertura al plenario, según el caso. Si
observare que se han omitido actos
procesales que los estime esenciales,
ordenará la reapertura del sumario por el
plazo de diez días, para que se practiquen
dichos actos”
Art. 253, del anterior Código de Procedimiento Penal:

“Art. 253.- Si el Juez considera que se ha
comprobado la existencia del delito y que,
además, aparecen presunciones en cuanto a
que el sindicado es autor, cómplice o
encubridor de dicho delito, dictará auto
declarando abierta la etapa plenario y
ordenará que el encausado nombre
defensor, dentro de dos días.
En el mismo auto ordenará la prisión
preventiva del sindicado, si antes no se la
hubiera dictado, y la evaluación siquiátrica
de su personalidad, si fuere posible, para
cuyo efecto designará dos peritos que no
podrán excusarse y estarán obligados a
presentar su informe en un plazo no mayor
de quince días.
El auto de apertura del plenario será
motivado y el Juez señalará con precisión el
delito que estime cometido, así como el grado
de participación delictiva del encausado.
Se cumplirá, además, lo dispuesto en el Art.
202 de este Código.”
Aquí viene lo más importante, pues el título III del libro
IV al tratar de la etapa del plenario señalaba:
“Art. 261.- “En la etapa del plenario se
practicará los actos procesales necesarios
para comprobar la responsabilidad o
inocencia del procesado, a fin de condenarle o

absolverle. Ello en observancia de las
disposiciones constantes en el Art. 404 que
disponía “Cuando el Presidente de la Corte
Suprema o el de una Corte Superior deba
juzgar penalmente, en primera instancia, a
funcionarios que por mandato de la Ley gozan
de fuero, sustanciará de acuerdo con lo
establecido en este Código.”
El Art. 404 decía: “Concluido el sumario y
agotada la etapa intermedia, el Presidente
dictará auto de sobreseimiento provisional o
definitivo, según el caso, de acuerdo con lo
dispuesto en el Capítulo Segundo del Título II
del Libro Cuarto de este Código.”
El Art. 406, normaba las facultades del Presidente de
la Excma. Corte cuando se hubiese comprobado la
existencia del delito.
Art. 406 del anterior Código de Procedimiento Penal.
“Art. 406.- Si el Presidente considera que
se ha comprobado conforme a derecho la
existencia del delito y que hay presunciones
graves de que el encausado es autor,
cómplice o encubridor del mismo, expedirá
auto de apertura del plenario, conforme a lo
establecido en el Art. 253.”
El Art. 411 regla los recursos de apelación, caso en el
que se hallaba el proceso, que debía resolverse en
aplicación a las disposiciones constantes en la sección
segunda del mismo libro.

“Art. 411.- Las partes podrán apelar del auto
de sobreseimiento, del auto de apertura del
plenario o de la sentencia, para ante una Sala
de la Corte a la que no pertenezca el
Presidente, la que se determinará por sorteo.
Si solo hubiera una Sala, ésta se integrará
con el Conjuez respectivo.
El recurso de apelación de los autos de
sobreseimiento y de apertura del plenario se
sustanciará de acuerdo con lo previsto en el
Art. 350, y el de apelación de la sentencia
según lo preceptuado en los Arts. 354 a 359
inclusive”.
Entre ellas la más importante consta en el Art. 353
que dispone:
“Si al tiempo de resolver la apelación de los
autos de sobreseimiento o del de apertura del
plenario el superior observare que se ha
omitido la práctica de actos procesales
necesarios para el esclarecimiento de la
verdad, ordenará que el Juez reabra el
sumario y practique tales actos procesales,
dentro del plazo que se le señalará
expresamente.”
Esta disposición es absolutamente mandatoria,
imperativa, directa y obligatoria para los magistrados,
de modo que no pueden escudarse con la afirmación
de que los organismos de control, son los que no han
provisto las pruebas necesarias.

Si como afirman los cuasi magistrados, los órganos de
control, no han cumplido con su obligación
constitucional, legal y moral, y al contrario las han
eludido y han actuado de modo que aparezca evidente
tal negligencia, los jueces, debieron así declararlo en
providencia o en el auto respectivo. Tanto la
Constitución como las distintas leyes demandan la
intervención del Contraloría y la Procuraduría en estos
juicios de peculado.
CAPÍTULO III

TERCERA INFRACCIÓN:
PREVARICATO DE VARIOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES DE
CONTROL EN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y EN
LAS INFRACCIONES DE APROPIACIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS EJECUTADAS POR MUCHOS
BANQUEROS, POR EL EX PRESIDENTE MAHUAD Y POR
OTRAS PERSONAS.
12. Las infracciones de prevaricato que a continuación
denunciamos, se han cometido por varias
autoridades de control, según el detalle que se
explica más adelante y fueron cometidas en
diversos tiempos, a través de la omisión
intencional de sus deberes, omisiones que se
hallan registradas, en los propios anales de los
autos del mismo proceso seguido contra Mahuad,
al que hacemos referencia:
13. RESPONSABILIDADES DEL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADO.- En efecto, el Art. 303,
de la Ley Orgánica de Administración Financiera y
Control entre otras potestades, señalaba las
siguientes:
Art. 303.- Funciones y facultades.- “Son
funciones y facultades de la Contraloría General
las siguientes:
2. “Efectuar auditorías financieras y
operacionales de las entidades y
organismos sujetos a su control, de

acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas”;
7 “Llevar a cabo exámenes especiales
con respecto a los ingresos, tributarios o
no tributarios, de las entidades y
organismos públicos...,”
17.“Establecer responsabilidades
individuales administrativas, por
quebrantamiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y de las normas
de que trata esta ley; responsabilidades
civiles, por el perjuicio económico sufrido
por la entidad u organismo respectivo, 27 a
causa de la acción u omisión de sus
servidores, y presunciones de
responsabilidad penal mediante la
determinación de hechos incriminados
por la ley. Para el ejercicio de esta
facultad y la del numeral 18 de este
artículo, el Contralor General expedirá el
correspondiente reglamento”;
18. “Declarar responsable principal y
ordenar el reintegro inmediato de
cualquier recurso financiero
indebidamente desembolsado, a las
personas jurídicas del sector privado o a
personas naturales, que hayan recibido
el desembolso, y declarar responsable
subsidiario del mismo, al servidor que
27 OCHO MIL TRES MILLONES DE DÓLARES en contra del Estado.

por acción u omisión haya dado lugar a
este hecho.”
“Se entenderá indebidamente
desembolsado todo recurso financiero
transferido de una entidad u organismo
del sector público a favor de personas
jurídicas del sector privado o de personas
naturales, como pago o por cualquier otro
concepto, cuando la transferencia no
haya tenido fundamento legal ni
contractual para ser realizada, o para
serlo en determinado monto o a
determinada persona, o en las
circunstancias en que de hecho ha sido
efectuada, como cuando por error se
entrega en pago una cantidad de dinero
a persona distinta del acreedor...”
El hecho de haber obligado al Estado a transferir
sumas colosales de dinero a favor de dueños,
administradores, accionistas y representantes de
instituciones financieras y bancos, cuando no por
ningún fenómeno jurídico, económico, financiero o
político exógeno a dichas entidades, éstas entraron en
un proceso de quiebra fraudulenta, no está pues, como
se explicó a la señora Ministra, fundamentado en un
contrato o en una disposición legal. Esas entregas se
hicieron para proteger de la ira popular, de una posible
revuelta armada o de la vindicta pública a los
aportantes de su campaña y funcionarios de su
régimen. Dolo directo, simple, expedito y real.

21. “Intervenir como parte, cuando lo tuviere
a bien, en los juicios penales, civiles o
contencioso administrativos, a que dieren
lugar los delitos y las irregularidades que se
produjeren en la recaudación, depósito y
custodia, administración o desembolso de
los recursos financieros y materiales de las
entidades y organismos sujetos a esta ley e
iniciar dichos juicios con arreglo a los
artículos 342 y 345 y, según su importancia,
solicitar que intervenga como parte el
Procurador General de la Nación. La
intervención del Contralor no obsta a la del
funcionario a quien las leyes confieran la
representación correspondiente;”
En el Estado ecuatoriano existen distintos cuerpos
legales que se han expedido para que las entidades
asuman el ejercicio de la potestad estatal.
El Art. 119 de la Carta Política del Estado trata de las
atribuciones y autonomía de los órganos del poder
público y restringe de modo radical la discrecionalidad
de sus funciones y de las facultades de sus servidores,
cuando textualmente ordena: “Las instituciones del
Estado, sus organismos y dependencias y los
funcionarios públicos no podrán ejercer otras
atribuciones que las consignadas en la Constitución y
en la ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones
para la consecución del bien común”. El Art. 211 de la
misma antigua Constitución señalaba: “La Contraloría
General del Estado es el organismo técnico superior de
control, con autonomía administrativa, presupuestaria
y financiera, dirigido y representado por el Contralor

General del Estado, quien desempeñará sus funciones
durante cuatro años.”
• El Art. 211 de la misma Carta Política en su
segundo inciso, decía:
• “Tendrá atribuciones para controlar
ingresos, gastos, inversión, utilización de
recursos, administración y custodia de
bienes públicos. Realizará auditorías de
gestión a las entidades y organismos del
sector público y sus servidores, y se
pronunciará sobre la legalidad,
transparencia y eficiencia de los resultados
institucionales. Su acción se extenderá a
las entidades de derecho privado,
exclusivamente respecto de los bienes,
rentas u otras subvenciones de carácter
público de que dispongan”.
Por su parte la Ley Orgánica de la Contraloría, vigente
desde el año 2002, entre otras obligaciones de la
Contraloría establece:
• Art. 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría
(LOCGE): “Funciones y atribuciones”.- “La
Contraloría General del Estado, además de
las atribuciones o funciones establecidas en
la Constitución Política de la República,
tendrá las siguientes:
Numeral 31: “Establecer responsabilidades
individuales administrativas, por
quebrantamiento de las disposiciones

legales, reglamentarias y de las normas que
trata esta Ley; responsabilidades civiles
culposas, por el perjuicio económico sufrido
por la entidad u organismo respectivo, a
causa de la acción u omisión de sus
servidores, e indicios de responsabilidad
penal, mediante la determinación de hechos
incriminados por la ley.”
• Art. 39 LOCGE: “Determinación de
Responsabilidades y seguimiento”.- “A base
de los resultados de la auditoría
gubernamental, contenidos en actas o
informes, la Contraloría General del Estado,
tendrá potestad exclusiva para determinar
responsabilidades administrativas y civiles
culposas e indicios de responsabilidad
penal”.
• Art. 65 de la LOCGE: “Cuando por actas o
informes y, en general, por los resultados de
la auditoría o de exámenes especiales
practicados por servidores de la Contraloría
General del Estado, se establezcan indicios
de responsabilidad penal, por los hechos a
los que se refiere el Art. 257 del Código
Penal...”
Los Arts. 66 y 67 vuelven a hacer referencia a los
indicios de responsabilidad penal u otros indicios de
responsabilidad penal, que deben ser establecidos por
la Contraloría.

Por su parte el artículo 94 del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
intitulado “vicios que impiden la convalidación del
acto” (El Decreto confiscatorio) expresa: “No son
susceptibles de convalidación alguna y en
consecuencia se considerarán nulos de pleno derecho:
a) “Aquellos dictados por un órgano
incompetente por razones de materia,
territorio o tiempo.
b) Aquellos actos cuyo objeto sea imposible o
constituya un delito 28; y,
c) Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos
no se adecuen manifiestamente al previsto en
la norma legal que se cita como sustento” .
“Tampoco son susceptibles de convalidación
aquellos actos cuyo contenido tenga por objeto
satisfacer un interés particular en
contradicción con los fines declarados por el
mismo acto, así como los actos que no se
encuentren debidamente motivados”.
Estas disposiciones demandaban que la Contraloría,
disponga la inmediata cesación de las erogaciones
realizadas a favor de los banqueros, que no solamente
con Mahuad han sido generosos sino con la mayoría
absoluta de las corporaciones políticas.
28 Como en caso preciso de las entregas de dineros para ocultar los
delitos de peculado bancario, que finalmente ni por estas
criminales ayudas pudieron encubrirse como era el propósito de
Mahuad Witt y Armijos Hidalgo.

Pero aún hay más normas que nunca se cumplieron
por parte de los titulares de la Contraloría del Estado,
en su Ley Orgánica:
• Art. 1. "Objeto de la Ley.- La presente Ley
tiene por objeto establecer y mantener, bajo la
dirección de la Contraloría General del Estado,
el sistema de control, fiscalización y auditoría
del Estado, y regular su funcionamiento, con la
finalidad de examinar, verificar y evaluar el
cumplimiento de la visión, misión y objetivos de
las instituciones del Estado y la utilización de
recursos, administración y custodia de
bienes públicos".
• Art. 2.- “Ámbito de aplicación de la Ley.- Las
disposiciones de esta Ley rigen para las
instituciones del Estado, previstas en el artículo
118 de la Constitución Política de la República;
su aplicación se extenderá a las entidades
de derecho privado, exclusivamente
respecto de los bienes, rentas u otras
subvenciones de carácter público de que
dispongan.”
• Art. 3.- “Recursos Públicos.- Para efecto de
esta ley, se entenderán por recursos públicos,
todos los bienes, fondos, títulos, acciones,
participaciones, activos, rentas, utilidades,
excedentes, subvenciones y todos los derechos
que pertenecen al Estado o a sus instituciones ,
sea cual fuere la fuente de la que procedan,
inclusive los provenientes de préstamos,

donaciones y entregas que, a cualquier otro
título, realicen a favor del Estado o de sus
instituciones, personas naturales o jurídicas u
organismos nacionales o internacionales”.
“Los recursos públicos no pierden su calidad de
tales al ser administrados por corporaciones,
fundaciones, sociedades civiles, compañías
mercantiles y otras entidades de derecho
privado, cualquiera hubiese sido o fuere su
origen, creación o constitución, hasta tanto los
títulos, acciones, participaciones o derechos que
representen ese patrimonio, sean transferidos a
personas naturales o personas jurídicas de
derecho privado, de conformidad con la ley”.
• Art. 5.- Sistema de Control, Fiscalización y
Auditoría del Estado.- Las instituciones del
Estado, sus dignatarios, autoridades,
funcionarios y demás servidores, actuarán
dentro del Sistema de Control, Fiscalización y
Auditoría del Estado, cuya aplicación propenderá
a que:
1. Los dignatarios, autoridades,
funcionarios y servidores públicos, sin
excepción, se responsabilicen y rindan cuenta
pública sobre el ejercicio de sus atribuciones,
la utilización de los recursos públicos puestos
a su disposición, así como de los resultados
obtenidos de su empleo;

2. Las atribuciones y objetivos de las
instituciones del Estado y los respectivos
deberes y obligaciones de sus servidores,
sean cumplidos a cabalidad;
3. Cada institución del Estado asuma la
responsabilidad por la existencia y
mantenimiento de su propio sistema de
control interno; y,
4. Se coordine y complemente con la acción
que otros órganos de control externo ejerzan
sobre las operaciones y actividades del sector
público y sus servidores.
• Tampoco se cumplieron las normas de los Arts. 6,
sobre el control externo ejercido por la
Contraloría; 7, sobre el marco general del sistema
de control, Art. 8, sobre el objeto del sistema de
control.
Art. 6.- Componentes del Sistema.- La
ejecución del sistema de control, fiscalización
y auditoría del Estado se realizará por medio
de:
1.- El control interno, que es de
responsabilidad administrativa de cada una
de las instituciones del Estado a las que se
refiere el artículo 2 de esta Ley; y,
2.- El control externo que comprende:

a. El que compete a la Contraloría General
del Estado; y,
b. El que ejerzan otras instituciones de
control del Estado en el ámbito de sus
competencias.
Art. 7.- Marco normativo general.- Para
regular el funcionamiento del sistema, la
Contraloría General del Estado adaptará,
expedirá, aprobará y actualizará, según
corresponda:
1.- Normas de control interno que sirvan de
marco básico para que las instituciones del
Estado y sus servidores establezcan y
pongan en funcionamiento su propio control
interno;
2.- Políticas de auditoría gubernamental;
3.- Normas de control y fiscalización sobre el
sector público, adaptadas de Normas
Internacionales y de las emitidas por la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores;
4.- Normas de auditoría gubernamental, de
carácter local e internacional en sus
modalidades de gestión, control de obras,
auditoría judicial, protección ambiental y
auditoría de proyectos internacionales; y,

5.- Reglamentos, regulaciones, manuales
generales y especializados, guías
metodológicas, instructivos y más
disposiciones necesarias para la aplicación
del sistema y la determinación de
responsabilidades.
En el marco de las normas, políticas,
regulaciones, reglamentos, disposiciones y
más instrumentos indicados, cada institución
del Estado, cuando considere necesario,
dictará las normas, las políticas y los
manuales específicos para el control de las
operaciones a su cargo. La Contraloría
General del Estado verificará la pertinencia y
la correcta aplicación de las mismas.
Art. 8.- Objeto del Sistema de Control.-
Mediante el sistema de control, fiscalización
y auditoría se examinarán, verificarán y
evaluarán las siguientes gestiones:
administrativa, financiera, operativa; y
cuando corresponda gestión medio
ambiental de las instituciones del Estado y
la actuación de sus servidores. En el
examen, verificación y evaluación de estas
gestiones, se aplicarán los indicadores de
gestión institucional y de desempeño y se
incluirán los comentarios sobre la legalidad,
efectividad, economía y eficiencia de las
operaciones y programas evaluados.

En tal virtud se configura la responsabilidad prevista
en la ley, en contra de sus titulares:
• Art. 40.- Responsabilidad por acción u
omisión.- “Las autoridades, dignatarios,
funcionarios y demás servidores de las
instituciones del Estado, actuarán con la
diligencia y empeño que emplean
generalmente en la administración de sus
propios negocios y actividades, caso
contrario responderán, por sus acciones u
omisiones, de conformidad con lo previsto
en esta ley”.
La negligencia de la Contraloría y particularmente de
sus autoridades se adecúa en este caso, al precepto
contenido en el Art. 12 del Código Penal que dice:
Art. 12.- (Comisión por omisión).- “No
impedir un acontecimiento, cuando se
tiene la obligación jurídica de
impedirlo, equivale a ocasionarlo”.
13.1.1 ¿Por qué razón los Dres.
Alfredo Corral Borrero y Genaro Peña
Ugalde no han realizado, examen,
auditoría, intervención contable, arqueos
sorpresivos, ejercicio de sus obligaciones
de impedir las entregas masivas de
recursos públicos, según las normas que
han quedado expuestas?
13.1.2 Por dos sencillas pero
evidentes razones de intimismo social,

familiar y político, que los vinculan con los
prófugos Mahuad y Armijos:
14. El Dr. Corral Borrero es designado por Mahuad
como Contralor General del Estado, de la terna
presentada en 1.998 por la mayoría legislativa
integrada por las dos principales fuerzas de ese año, el
Partido Social Cristiano y la Democracia Popular,
partido del Presidente de la República. A fojas 582 y
siguientes del proceso, consta precisamente la
nominación de Corral Borrero como Contralor General
del Estado, mediante Decreto No. 389 de 4 de
diciembre de 1998.
15. Corral y Peña, omitieron, se negaron,
rehusaron, ocultaron, renegaron, de intervenir en el
juicio, de realizar las obligatorias auditorias y
exámenes, de ordenar controles a la AGD, al Portafolio
de Finanzas y a las otras entidades, pues el hecho
punible comprometía a dos de sus amigos: la
economista Ana Lucía Armijos que fue compañera de
Corral Borrero en el gabinete del ex Presidente de la
República Arq. Sixto Durán Ballén Cordovez, entre el
10 de agosto de 1.992 y el año 1.996. Mahuad por su
parte, como queda dicho, fue quien designó a Corral,
en su función de Contralor.
16. Debe mencionarse que el Dr. Alfredo Corral,
jamás expidió los resultados de la auditoría realizada
al trolebús, construido por Mahuad como alcalde de
Quito.

17. ¿Aparte de la relación de amistad compartida
durante cuatro años entre 1.992 y 1.996 en que la Ec.
Ana Lucía Armijos fue compañera de Gabinete de
Corral, había otra relación, señora Ministra Fiscal?
18. SOCIEDAD ECONÓMICA DE LA FAMILIA ARMIJOS
HIDALGO con Corral Borrero, destruyó su obligatoria e
ineludible imparcialidad, favoreciendo con su acción y
omisión a una persona allegada a él, en contra de los
intereses de la sociedad.
19. Según la denuncia presentada en la Comisión
de Control Cívico de la Corrupción, el 23 de agosto de
1.999 por el ingeniero Sebastián Espinoza, gerente
general de la Cía. J. ESPINOZA Z, S.A., ALFREDO
CORRAL BORRERO Y RAFAEL ALBERTO ARMIJOS
HIDALGO, HERMANO DE LA EC. ANA LUCÍA
ARMIJOS HIDALGO, ERAN SOCIOS EN LA
COMPAÑÍA MYTSA, MÁQUINAS Y TRACTORES
S.A.!!! 29.
20. ¡¡¡Es clara, evidente, explícita, lógica, la
parcializada e inmoral conducta de Corral con respecto
a sus amigos, benefactores y compañeros, el primero
su nominador y la segunda hermana de su socio!!!
corrupción total, integral, general, sistémica.
21. Por lo antes expuesto, en este escrito también
denunciamos a los Dres. Alfredo Corral Borrero y
Genaro Peña Ugalde, nominado como Subcontralor del
Estado por el primero y quien ha seguido sus
29 ANEXO No. 8.

directrices, órdenes y políticas al pie de la letra, amén
de que cumplen como lo demostraremos en el proceso,
instrucciones del grupo político protector de los
banqueros cleptómanos. Los delitos por ellos
cometidos son prevaricato por amistad y afecto a
Mahuad y Armijos, como delito medio y posiblemente
el constante en el Art. 257, tercer inciso del Código
Penal, como delito fin.
14. RESPONSABILIDADES DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.-
En el diario “El Universo” 30 de miércoles 30 de
noviembre de 2005, página 4A, aparece un
comunicado de prensa suscrito por el Dr. Juan
Falconí Puig, bajo el título: “El notario y la
impunidad”, en el cual se dice:
“Ciertamente que se ha generado una
situación en extremo difícil por los manejos
‘financieros’ del Dr. Cabrera, notario de
Machala, cuanto por las personas
involucradas, ya directamente, ya a través
de terceros, ‘inversionistas’, más que
prestamistas, ora por la calidad de altos
funcionarios públicos, profesionales o
miembros activos y pasivos de las Fuerzas
Armadas, desde soldados hasta oficiales de
alta graduación.” “El Dr. Jorge Vivanco
Mendieta analiza lúcidamente este problema
desde su columna en diario expreso y en la
revista Vistazo. Hay que destacar, pues, que
30 ANEXO No. 9.

no es lo mismo el gran fraude bancario que
le cuesta al Estado y pueblo ecuatorianos
más de US $ 5.000 millones, de los cuales
solo Filanbanco significa el 50%, con lo
ocurrido en Machala. Así el atraco bancario
que empezó en 1998, cuando se dictó la
nefasta ley de la AGD para endosar los
fraudes y pérdidas al Estado, muchos de los
depositantes del notario, tal vez entre los
más rústicos y humildes, tienen que haberse
sentido más confiados y tranquilos que
depositando su dinero con los banqueros
que se lo llevaron a Miami para vivir como
reyes 31, no obstante la orden de extradición.”
“Y claro, para ellos, razón tienen en reclamar
el resarcimiento del Estado si esos
banqueros, que de un banco solamente se
llevaron la ‘bicoca’ de $ 2.500 millones,
recibieron del mismo Estado por intermedio
de sus agnados, cognados y coimados,
‘vuelto’ por dos ocasiones: el primero con la
oportuna participación, por acción y por
omisión del ‘filanchapa’ 32 que a la sazón
‘manejaba’ la AGD; y, el segundo, por el
Decreto Ejecutivo 1502 de mayo de 2001.”
“Con esta inmoral lógica, no sería
descabellado para los herederos del Notario,
que seguían circulando su firma dotada de
‘fe pública’, días después de muerto, que
regresen dentro de poco a reclamar también
31 Los señores Isaías, viven naturalmente en Miami.
32 Entendemos que el articulista se refiere al Teniente Patricio
Dávila Molina.

su vuelto, la Notaría, contratos con el Estado,
seguros con Petroecuador –que no honran- 33
y que les nombren, incluso, un San Miguel
Dávila 34 como superintendente de Bancos.
Total, sería apenas el mismo procedimiento
(know how) que tan buenos resultados ha
dado a los banqueros corruptos. Podrían
hasta contratar al campeón de los
descalificados que en el Congreso demostró
estar siempre PRE-parado para el chantaje
más grotesco y cobarde”. 35 “Mas, felizmente
hay medios que no tienen la necesidad de
defender las fechorías de sus dueños
prófugos, como ocurre por otros lados en
donde testaferros y comadrejas celebran lo
ocurrido con el notario por la confusión e
incertidumbre que genera; donde exhiben su
empacho, cebados como están con las
migajas de sus patronos en el aquelarre de
sus pantallas de TV. Mientras existan en el
‘paisito’ estos medios honestos que no les
temen a las mafias, seguiremos opinando y
denunciando. ¡Vivan las comadrejas, viva la
impunidad!. 36
33 Aquí el articulista hace referencia a los contratos que la familia
Isaías mantiene con Petroecuador en el denominado campo “Palo
Azul”, explotado fuera de la Ley.
34 El ex Superintendente de Bancos señor Miguel Dávila.
35 Debemos intuir que se refiere a dos partidos políticos, que han
defendido a la familia Isaías a través del chantaje al Estado, para la
aprobación de leyes, respaldo a los Gobiernos de turno, negativa a
permitir la fiscalización política, etc.
36 El Dr. Falconí se refiere a los empleados de los medios de
comunicación de los Isaías.

14.1.1 Estas denuncias
realizadas por el Dr. Juan Falconí Puig,
tienen relación con el tema de la
imputación de modo directo. El Dr.
Falconí expone sutil pero evidentemente la
impunidad en el tema FILANBANCO y de
qué modo las mafias sociales y políticas
usufructuarias del robo bancario, han
protegido a través de todo el sistema
jurídico del Ecuador a los banqueros:
Función Judicial, Superintendencia de
Bancos, AGD, Fiscalía, Contraloría y
Procuraduría.
El Dr. Diego Delgado Jara, años atrás en la obra que
ha quedado señalada sobre este punto dice
textualmente:
“A propósito de banqueros, no olvidemos
que el principal accionista de Filanbanco
era Roberto Isaías Dassum (sobrino político
de Febres Cordero Rivadeneyra y principal
asesor del régimen de Abdalá Bucaram), y
a la vez, entre otros medios, dueño de TC
Televisión, canal que difundió el exitpoll...que
le “hizo ganar” la dirección del
Estado al binomio Mahuad Witt-Noboa
Bejarano, luego de utilizar el sistema
computarizado del mismo Filanbanco!...”. 37
Este aserto demuestra que en efecto, el Dr.
Falconí en su artículo se refiere a los
37 Delgado Jara, Diego, Op. Cit. pág. 15.

principales jerarcas de los partidos que
defienden a través de las Instituciones del
Estado de Derecho, a los banqueros
prófugos.
14.1.2 El Dr. Delgado Jara más
adelante afirma con indicios reales, que los
Jueces de la Segunda Sala de lo Penal, de la
Corte Suprema y las autoridades de los
Organismos de Control, debieron investigar:
“El ‘salvataje’ bancario ha llegado a
extremos de irracionalidad inconcebible,
pues recordemos por ejemplo que el Banco
Popular del Ecuador (que se supone endosó
obligaciones por alrededor de 192 millones
de dólares, sólo en el Ecuador), en subasta
pública, compró el Banco Andino de
Colombia en un porcentaje del 90,1% de
sus acciones, el 18 de abril de 1995; hasta
allí esta transacción no tenía problema.
Resulta, empero, que, según el Miami
Herald, el gobierno colombiano, en los
primeros días de septiembre de 1999,
demanda a los bancos Andino y Popular en
Miami –porque allí tiene una sucursal y se
supone que para allá se fue el dinero-, por
la desviación de 64 millones de dólares
correspondientes a impuestos recaudados a
ciudadanos colombianos por el Banco
Andino (propiedad del banco Popular), y la
desaparición de 111 millones de dólares –
siempre según el Miami Herald-,
correspondientes a depósitos en dicha

institución por parte de agentes privados y
entidades públicas, incluyendo al sistema
de seguridad social colombiano’. En la
demanda, por supuesto, y como máximo
accionista y dueño, se incluye al Banco
Popular, a la compañía matriz del banco
‘Ceval Inc.’ y a las filiales Banco
Internacional Limited, en Nassau,
Bahamas; a ‘Ceval Financial Group’ y a
‘Asandino Ltd.’...”, tal como consta en el
diario Expreso de sábado 11 de septiembre
de 1999, página 3, primera sección.”
14.1.3 Prosigue el autor, Dr. Delgado
Jara:
“... ¿Qué hizo en esas circunstancias el
gobierno del Ecuador? ¡Asumió todas las
obligaciones del Banco Popular! ¿Y que
sucedió con el señor Nicolás Landes,
principalísimo accionista de esta entidad
financiera? 38 ¡Salió del Ecuador como un
jeque saudí, llevándose desde una de las
mansiones más costosas del país, donde
residía, hasta el último de sus caballos de
carrera, sin que nadie le moleste! ¡Algunos
diarios informaron en letra pequeñita y con
retraso, y otros ni siquiera se dieron por
enterados! ¿No es esta conducta de
salvataje un crimen en contra de la
república del Ecuador? ¿Así hubiesen
38 El señor Landes ha pagado a un periodista colombiano para que
publique un libro a su favor.

actuado quienes dirigen al País si la
plata del “salvataje” hubiese sido
suya? ¡Lo que ha sucedido es inaudito,
inconcebible, inadmisible e
injustificable!...” 39
14.1.4 Aquí, surge la
pregunta no contestada más importante
del investigador Dr. Delgado Jara (página
19 de la obra):
¿Quién defiende los intereses de la
República del Ecuador acosada por sus
propios máximos dirigentes
encaramados sobre ella como
sabandijas solo preocupadas en
chuparle hasta la última gota de su
sangre? ¿y quién nos defiende de
dichos supuestos defensores?
Esta pregunta precisamente es la que motiva la
determinación de responsabilidades del Procurador
General del Estado cuyas funciones se hayan
cumplido entre el mes de marzo de 1999 hasta la
actualidad, pues en los autos del proceso, constan
innúmeras providencias dictadas por el ex
Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia,
y por los Ministros salvadores, como la última antes
del auto resolutorio notificada a las once horas del
15 de marzo de 2006, señalando día y hora para
audiencia de estrados, a las casillas judiciales Nos.
39 Delgado Jara, Diego, obra citada, pág. 19. Negrillas son
nuestras.

• 1207 de la Ministra Fiscal Subrogante;
• 1200 del Procurador General del Estado
• 940 del Contralor General del Estado;
Tal como consta a fojas sesenta y cuatro y siguientes
de la instancia: El acto procesal tuvo lugar el día y
hora señalado (lunes 17 de abril las 9H30),
interviniendo únicamente los doctores Patricio
Vivanco Riofrío, Ramiro Aguilar Torres y Vladimiro
Álvarez Grau, defensores del doctor Jamil Mahuad
Witt; y, el doctor Jorge Cadena Chávez único
representante del Estado, abogado del Ministerio
Fiscal General.
Vale decir que los defensores de Mahuad pudieron
explayarse, hablar casi sin contradicción alguna,
afirmar con tan sólo la respuesta de un abogado del
Estado, cuanta falsedad se les ocurriese, para
demostrar la angelical conducta del más grande
atracador, timador, malhechor de todos los tiempos
y defensor de los grupos económicos de hecho, es
decir, los que actúan al margen de la ley, que hoy -
como se ve- pagan con creces esa defensa que
permitió la intangibilidad de sus bienes, a cambio de
la muerte, angustia, agonía y miseria de millones de
personas.
Esta actitud de osada negligencia del Procurador del
Estado viola la disposición constante en el Art. 16 de
la Ley Orgánica del Ministerio Público que dice:

“El Estado y las dependencias, entidades u
organismos del sector público
comparecerán e intervendrán con los
mismos derechos y obligaciones de los
particulares en el proceso judicial. Por
consiguiente se les citará, contestarán la
demanda, presentarán las pruebas,
cumplirán todas las diligencias y las
obligaciones derivadas de los fallos
judiciales y, tendrán derecho a
interponer los recursos que la Ley les
faculta, sin privilegios de ninguna
clase.” 40
¿Dónde están quienes defienden a la República del
Ecuador, pregunta hace seis años en forma pública el
Dr. Diego Delgado Jara, y la razón jurídica de fojas
ochenta de la segunda instancia, en la cual sólo se
demuestra que el Ministerio Fiscal en la actualidad es
el único que al menos aparece defendiendo al Estado y
a su sociedad, pues los señores PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO Y CONTRALOR GENERAL
DEL ESTADO, al contrario, han hecho todo lo posible
por encubrir las fechorías de los grupos de poder
fáctico en connivencia con el ex Presidente Mahuad
Witt.
14.1.8 La Constitución Política de la República en
sus Arts. 214, 215 y 216 textualmente reza:
Art. 214.- (Naturaleza).- “La Procuraduría
General del Estado es un organismo
40 Negrillas son nuestras.

autónomo dirigido y representado por el
procurador General del Estado,
designado para un período de cuatro
años por el Congreso Nacional, de una
terna enviada por el Presidente de la
República.”
Art. 215.- “(Procurador General.
Requisitos).- El Procurador General será
el representante judicial del Estado y
podrá delegar dicha representación, de
acuerdo con la ley. Deberá reunir los
requisitos exigidos para ser ministro de la
Corte Suprema de Justicia.”
Art. 216.- “(Funciones del Procurador).-
Corresponderá al Procurador General el
patrocinio del Estado, el asesoramiento
legal y las demás funciones que
determine la ley”.
Por su parte el Art. 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General del Estado determina
que son entre otras las atribuciones del
Procurador:
a) Cumplir y hacer cumplir lo que le asigna
la Constitución Política de la República y la
Ley;
b) Representar al Estado en la defensa del
patrimonio nacional y del interés público,

c) Intervenir en los juicios contra el Estado,
como parte en ellos en defensa del
patrimonio nacional y del interés público;
e) Reclamar judicial o administrativamente
de terceros los bienes fiscales...;
El Art. 11 de la misma Ley al tratar de la defensa
del Estado dispone otras obligaciones para el
Procurador:
El Procurador ejercerá el patrocinio del
Estado y del sector público, con sujeción
a derecho, en la vía administrativa,
cuando fuere procedente, o en la judicial,
en todo lo relacionado con el
patrimonio nacional, la legalidad de
los actos y contratos y el interés
público, en las formas previstas en esta
Ley.
Como podemos observar ninguna de estas
obligaciones han cumplido aquellos ciudadanos que se
han desempeñado como Procuradores Generales del
Estado, entre los años 1999 y 2006 y que a la sazón
son: 1. Dr. Ramón Jiménez Carbo; y, 2. Dr. José María
Borja Gallegos.
Finalmente para que no quepa duda de que los
ciudadanos en ejercicio de su libertad de pensamiento
y cotejando su razón intelectual con las normas de
derecho, en su obra jurídica a la que nos referimos,
página 32, el Dr. Delgado establece plena
responsabilidad de toda la estructura jurídica del

Estado en el colosal robo de los grupos elitarios y
dirigentes de la sociedad y determina dolosa e
intencional negligencia en la Comisión de Fiscalización
del Congreso Nacional, y entre otros, en la Corte
Suprema de Justicia y en el Procurador General del
Estado.
Los referidos ciudadanos se hallan incursos en
enormes responsabilidades tanto por la disposición
constitucional del Art. 119 de la Carta Magna como
por la constante en el segundo inciso del Art. 17 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado,
40 de la Ley Orgánica de la Contraloría.
15. RESPONSABILIDADES DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO.-
15.1.1 El Art. 96 de la Constitución
Política de la República establece:
Art. 96.- (Defensor del pueblo).- “Habrá
un Defensor del Pueblo, con jurisdicción
nacional, para promover o patrocinar el
hábeas corpus y la acción de amparo de
las personas que lo requieran; defender
y excitar la observancia de los derechos
fundamentales que esta Constitución
Garantiza; observar la calidad de los
servicios públicos y ejercer las demás
funciones que le asigne la ley.”
Además la Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo dispone:
Art. 8.- (Deberes y atribuciones).-

l) “Emitir censura pública en contra de los
responsables materiales o
intelectuales de actos o
comportamientos contrarios a los
derechos humanos”
Si el Tribunal Constitucional, el 24 de diciembre
de 1999, había declarado que el Presidente
Mahuad violó los derechos humanos de millones
de personas con el Decreto confiscatorio, ¿por
qué razón el Defensor del Pueblo no emitió la
censura ordenada por esta norma?
Art. 16.- (Hechos sobre la persona).- “En
los casos de quejas sobre hechos que
afecten la vida, la salud, la integridad
física, moral o psicológica de las
personas, el Defensor del Pueblo, de
encontrarlas fundadas, promoverá, sin
demora alguna, los recursos y acciones
que impidan las situaciones de daños y
peligros graves, sin que las autoridades
competentes requeridas puedan negarse
a su conocimiento y resolución.”
Observamos que esta norma es, también
inexistente en el Ecuador.
Por su parte el Art. 18 de la Ley establece la
vigilancia de las actuaciones judiciales por parte
del Defensor del Pueblo:
Art. 18.- Cuando la cuestión o asunto
objeto de la queja estuviera sometido a

esolución judicial o administrativa, la
Defensoría del Pueblo se limitará a vigilar el
respeto al debido proceso, pudiendo para
este efecto interponer las acciones y
recursos contemplados en la Constitución
Política de la República y la Ley.
Con referencia a la omisión intencional del
Defensor del Pueblo debemos ratificar que teniendo
la obligación de defender a los ciudadanos,
permaneció impertérrito, viendo como millones de
personas iban a la miseria, se confiscaban sus
recursos, se los enviaba a una muerte segura.
El entonces Defensor del Pueblo Milton Álava
Ormaza, en lugar de cumplir sus obligaciones
permaneció subordinado a los grupos económicos
representados por los autotitulados Partidos
Políticos que hacían mayoría en el Congreso (la
aplanadora), de donde surgió su nominación, luego
de haber desempeñado del mismo modo, es decir,
en contra de los intereses de las mayorías sociales,
la dignidad de Procurador General del Estado, en el
período Presidencial inmediatamente anterior,
también nominado por las misma fuerzas políticoeconómicas.
Finalmente hacemos notar que el Defensor del
Pueblo, al menos debió vigilar el debido proceso en
esta malhadada causa, jamás lo hizo conforme era
su obligación ética y legal, descrita en el Art. 18 de
la misma Ley.

Para demostrar gráficamente que la acción del ex
Presidente Mahuad Witt, realizada en connivencia
con las fuerzas económicas que han quedado
señaladas y con frontal encubrimiento de los
órganos de control, mencionamos como prueba que
debió ser investigada por los Jueces
prevaricadores, la investigación de la Revista
Vistazo 41 de 29 de junio de 2006, que en su página
20 bajo el subtítulo “Crisis fatal, demuestra”:
41 ANEXO No. 10.
“El nombre de Jamil Mahuad, le produce
repulsión a Marie Maugé, la viuda de
Alejandro Román Armendáriz, secretario
de la administración durante el gobierno
de Jaime Roldós y una de las víctimas
mortales del congelamiento bancario
decretado en marzo de 1999.”
“...Los años transcurridos, no aplacan el
dolor de la muerte de su esposo, quien
falleció el 22 de octubre de 1999, por un
paro cardíaco, 15 minutos después de que
telefónicamente trataba de negociar con un
funcionario del Banco del Progreso la
devolución de sus fondos. ‘Nunca supe
con quién hablaba, sólo sé que la
desesperación le causó una crisis fatal
que lo llevó a la clínica y luego a la muerte.
Durante ocho meses estuvo tratando de
recuperar el dinero de los ahorros de toda
su vida, sin que jamás el banco diera
solución a nuestros problemas. Lo único

que hacían era mentir, darle largas y
presionar para que vendamos nuestras
acreencias.” “...Nosotros, producto de
nuestros trabajos de maestros, teníamos
los ahorros pero lo perdimos todo...”
En la misma investigación el quincenario demuestra
también que entre los millones de perjudicados,
figuran los profesionales Patricio Garzón a quien aún
seis años después de la confiscación de sus ahorros
producto de la cesantía como funcionario de
Petroecuador, aún no se los devuelven en su totalidad.
En igual situación se halla la familia de la señora
Gabriela Mosquera que quebró financieramente,
producto de la confiscación decretada por Mahuad y
hoy santificada por los Ministros Jueces. La misma
demostración de la revista se comprueba en el caso del
señor Gonzalo Valdivieso.
Estos casos son prueba fehaciente de la violación de
los derechos humanos en pocos de los millones de
situaciones que se originaron con la rapiña de los
grupos de poder. Solicitamos en aquella oportunidad,
a la señora Ministra que en las diligencias obligatorias
que se dignase disponer, se solicite los testimonios de
estas personas al igual que la de los deudos de los
señores Jacinto Moreira Párraga y Gustavo Del Hierro
Escudero.
También se pidió se solicitare los testimonios de las
personas perjudicadas que más adelante señalamos.
15.1.2 En idéntico caso de
negligencia intencional en el cumplimiento de

sus deberes se halla el actual Defensor del
Pueblo, señor Claudio Mueckay Arcos.
16. RESPONSABILIDADES DE LOS PRESIDENTES
Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO DE LOS
PERÍODOS 1998-2006.
Por las mismas razones expresadas en los
numerales anteriores y por incumplimiento
intencional o culposo de sus funciones son
responsables los miembros y ex Presidentes de la
Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional.
Entre ellos podemos advertir que únicamente el
señor Carlos González presentó las denuncias que
obligaban a la Comisión señalada. Posteriormente el
imputado Dávila Molina, Capitán de Policía, fungió
de Legislador –socialcristiano naturalmente-
permaneciendo como integrante de la Comisión de
Fiscalización, ocultando naturalmente en esa
canonjía, sus picardías en las funciones de gerente
del Banco Central y Gerente de la Agencia de
Garantía de Depósitos.
17. RESPONSABILIDADES MAYÚSCULAS DE LOS
SUPERINTENDENTES DE BANCOS.-
17.1 El capítulo V, del Título X, de la Ley
Suprema al hablar de las
Superintendencias Art. 222, señala:
Art. 222.- Naturaleza.- “Las
superintendencias serán organismos técnicos
con autonomía administrativa, económica y

financiera y personería jurídica de derecho
público, encargados de controlar instituciones
públicas y privadas, a fin de que las
actividades económicas y los servicios que
presten, se sujeten a la ley y atiendan el
interés general.”
Las enormes responsabilidades de los
Superintendentes de Bancos que han ocupado como
titulares esa dignidad desde 1999, y que a saber
son: 1. Jorge Egas Peña; 2. Jorge Guzmán Ortega;
3. Miguel Dávila; 4. Alejandro Maldonado, tienen
directa relación a su labor de encubrimiento junto a
sus subalternos, como en los demás órganos de
control, de los crímenes cometidos de forma
sistemática en contra de la población ecuatoriana.
Por ello es necesario recordar lo expuesto
anteriormente (página 11, punto 11.3.12 de esta
denuncia), asertos sustentados en la investigación
de los rotativos nacionales en los que se demuestra
como la Superintendencia de Bancos ocultó desde el
15 de diciembre de 1999 un informe a través del
cual se demostraba por ejemplo que el perjuicio
irrogado a esa fecha por el Banco del progreso
alcanzó hasta la fecha señalada un valor de US $ US
1.144 millones de dólares.
Obligaciones incumplidas por la mayor parte de los
Superintendentes de Bancos, con excepción del Dr.
Juan Falcón Puig:
“Art. 180.- El Superintendente de Bancos
tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a) Aprobar los estatutos sociales de las
instituciones del sistema financiero privado y
las modificaciones que en ellos se
produzcan:
b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto
funcionamiento de las instituciones sujetas a
su control y, en general, que cumplan las
normas que rigen su funcionamiento;
c) Autorizar la cesión total de activos, pasivos
y contratos de las instituciones del sistema
financiero, cuando ello implique la cesación
de las operaciones de una oficina;
d) Cuidar que las informaciones de las
instituciones bajo su control, que deban ser
de conocimiento público, sean claras y
veraces para su cabal comprensión;
e) Vigilar que los programas publicitarios de
las instituciones controladas se ajusten a las
normas vigentes y a la realidad jurídica y
económica del producto o servicio que se
promueve para evitar la competencia desleal.
Controlar la aplicación de programas de
mercadeo. La Superintendencia de Bancos
dictará una resolución que regule y controle
las prácticas publicitarias a la cual deberán
someterse todas las instituciones del
sistema.

La entidad financiera que realice una
promoción irreal o ficticia respecto de la
naturaleza y calidad de sus servicios y,
eventualmente, de los de su competencia,
será sancionada por la Superintendencia de
Bancos con una multa no menor al
equivalente a cinco mil unidades de valor
constante (5.000 UVCs) y la separación del
cargo del funcionario o funcionarios
responsables, sin perjuicio de que se ordene
la suspensión de la publicidad;
f) Establecer programas de vigilancia
preventiva y practicar visitas de inspección,
sin restricción alguna, a las instituciones
controladas, que permitan un conocimiento
de su situación económica y financiera, del
manejo de sus negocios o de los aspectos
especiales que se requieran, así como
verificar la veracidad de la información que
las instituciones del sistema financiero
remitan al Banco Central del Ecuador a
requerimiento de éste.
Los programas de vigilancia deberán incluir
el nombramiento de interventores que
controlen y autoricen la realización de las
operaciones de la institución financiera, con
miras al cumplimiento de dicho programa;
g) Establecer y mantener en la entidad un
sistema de registros a través de una central
de riesgos, que permita contar con

información consolidada y clasificada sobre
los principales deudores de las instituciones
del sistema financiero, información que
estará exclusivamente a disposición de
éstas;
h) Mantener un centro de información
financiera a disposición del público y
establecer los parámetros mínimos para la
implementación de un sistema que incluya
una escala uniforme de calificación de riesgo
para las instituciones del sistema financiero.
La calificación de riesgo se realizará al grupo
financiero, con estados auditados y
consolidados del grupo, al cierre del período
económico. La calificación será revisada al
menos trimestralmente, en base a la
información financiera que las instituciones a
ser calificadas entreguen a la
Superintendencia de Bancos y a cualquier
otra información que se requiera.
La calificación de riesgo será realizada por
calificadoras de prestigio internacional, con
experiencia en mercados emergentes,
calificadas como idóneas por la Junta
Bancaria, de acuerdo al reglamento que se
expedirá para el efecto, dentro de los treinta
días siguientes a la vigencia de esta Ley.
La Superintendencia de Bancos publicará la
calificación de riesgo en la prensa a nivel

nacional, dentro de los diez primeros días de
cada trimestre. Las instituciones financieras
estarán obligadas a exponer en lugar visible,
en todas las dependencias de atención al
público, la última calificación de riesgo
otorgada. Prohíbese publicar calificaciones
de riesgo que no sean realizadas por las
calificadoras de riesgo seleccionadas por la
Junta Bancaria;
i) Elaborar y publicar por lo menos
trimestralmente el boletín de información
financiera, en el plazo de treinta días
contados a partir del cierre del período al
que se refiere la información;
j) Imponer sanciones administrativas a las
instituciones que controla, cuando éstas
contraviniesen las disposiciones que las
norman, así como a sus directores,
administradores y funcionarios, y a los
sujetos de crédito que infringiesen las
disposiciones de esta Ley, en los casos en
ella señalados;
k) Ejecutar, mediante resolución las
decisiones adoptadas por la Junta Bancaria;
l) Iniciar, cuando fuere el caso, las acciones
legales en contra de los directores o
administradores de las instituciones sujetas
al control de la Superintendencia;

m) Realizar las investigaciones necesarias
para autorizar inscripciones en el Libro de
Acciones y Accionistas de las instituciones
del sistema financiero privado, en los casos
señalados por esta ley;
n) Exigir que se le presenten, para su
examen, todos los valores, libros,
comprobantes de contabilidad,
correspondencia y cualquier otro documento
relacionado con el negocio o con las
actividades inspeccionadas, sin que se
pueda aducir reserva de ninguna
naturaleza;
ñ) Recibir las declaraciones juradas de los
directores, administradores y empleados o
de las personas vinculadas con la institución
del sistema financiero privado, observando
las formalidades previstas para esta clase
de pruebas en el Código de Procedimiento
Civil, cuando a su juicio puedan resultar
útiles para el esclarecimiento de cualquier
hecho que afecte los intereses del público o
de las instituciones sometidas a su control.
Igualmente, puede hacer comparecer a su
presencia declarar con juramento a toda
persona cuyo testimonio considere necesario;
o) Exigir que las instituciones controladas
presenten y adopten las correspondientes
medidas correctivas y de saneamiento en los
casos que así lo requieran;

p) Efectuar las proposiciones a la Junta
Bancaria según lo establece la ley;
q) Designar los liquidadores de las
instituciones financieras; y,
r) Las demás que le asigne la Ley.”
También son aplicables estas normas:
“Art. 181.- El Superintendente de Bancos
deberá disponer a todas las instituciones del
sistema financiero que están bajo su control,
la creación de provisiones por riesgo de
tasas de interés.
Art. 182.- Cuando el Superintendente de
Bancos no se pronunciase o no resolviese un
asunto sometido a su aprobación, dentro de
los términos fijados por esta ley o por otras
leyes cuya aplicación corresponda resolver a
la Superintendencia, sin haber dispuesto las
ampliaciones de dichos plazos antes de su
expiración, la petición sometida a su
aprobación se entenderá favorablemente
resuelta bajo su responsabilidad.”
18. RESPONSABILIDADES EXTRAORDINARIAS DE
LOS GERENTES GENERALES DE LA AGD.

18.1 Las normas aplicables al cumplimiento de sus
obligaciones que fueron violadas por los
responsables, son entre otras 42:
1. Marco legal de la AGD:
Ley de Reordenamiento en Materia
Económica en el Área Tributaria-
Financiera.- (Ley No. 98-17 publicada en el
Suplemento No. 78 del Registro Oficial de 1
de diciembre de 1998) y sus reformas. Esta
es la Ley de creación de la AGD como entidad
de derecho público, autónoma, dotada de
personalidad jurídica propia; contiene las
disposiciones que rigen a la institución en el
cumplimiento de su objetivo social de
garantizar los depósitos del público que
confía en el sistema financiero nacional; y
determina los lineamientos generales para el
desenvolvimiento de la AGD como un
42 Se crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD),
entidad de derecho público, autónoma, dotada de personalidad
jurídica propia, gobernada por un Directorio compuesto por el
Ministro de Economía y Finanzas, quien lo presidirá, un
representante personal del Presidente de la República, un miembro
del Directorio del Banco Central del Ecuador elegido por éste y un
representante de la ciudadanía designado por el Presidente de la
República en el plazo máximo de ocho (8) días, quien deberá
cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser
Superintendente de Bancos. Art.22 (Ley de Reordenamiento en
Materia Económica en el Área Tributario Financiera).

instrumento de estabilidad financiera. A
continuación constan algunas disposiciones
que han reformado la Ley 98-17:
Ley No. 26.- Esta Ley fue publicada en el
Suplemento No.190 del Registro Oficial de
mayo 13 de 1999.
Ley No. 4.- Esta Ley fue publicada en el
Suplemento No.34 del Registro Oficial de
marzo 13 del 2000.
Ley 000.- publicada en el Suplemento 144
del Registro oficial de agosto 18 del 2000.
Ley Reformatoria a la Ley No.98-17 de
Reordenamiento en Materia Económica
en el Área Tributario – Financiera.- (Ley
2002-60) publicada en el Suplemento No.503
del Registro Oficial de 28 de enero del 2002.
Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero.- Es la ley que regula la creación,
operación, fusión, liquidación u otras
actividades inherentes a las instituciones del
sistema financiero. En el marco legal se
refiere a las instituciones financieras
operativas y en liquidación, cuyas normas
también aplican a las entidades en
saneamiento, complementando la gestión
administrativa y operativa que compete a la
AGD, además de coadyuvar sus lineamientos
generales en el ámbito financiero

institucional.
Resoluciones del Directorio de la AGD.-
Son aquellas que determinan las políticas a
seguir, así como dejan constancia de la toma
de decisiones sobre los temas que competen
a ese organismo.
Codificación de Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos y Seguros y
de la junta Bancaria.- Compila las
resoluciones adoptadas por el organismo de
control en cuanto se refiere a las políticas de
carácter general (contables, técnicas y
legales) a ser aplicadas en las instituciones
del sistema financiero, incluyendo aquellas
en saneamiento que administra la AGD.
Resoluciones de Gerencia General de la
AGD. Son aquellas que determinan los
procedimientos para la ejecución de las
funciones inherentes al cumplimiento de las
políticas, normas y objetivos determinados
por la autoridad competente.
Circulares, Instructivos, Procedimientos
Regulados de la AGD. Instrumentos a
través de los cuales los funcionarios
responsables norman y determinan los
procesos específicos de ejecución de la AGD,
tales como: enajenación de bienes (subasta y
venta directa), calificación de riesgo,
evaluación y contratación de corredores de

ienes raíces, entre otros.
Todas las demás Leyes, Decretos Ejecutivos,
Reglamentos y normas, que complementen y
ayuden al desenvolvimiento óptimo de
aplicación del marco jurídico específico de la
Agencia de Garantía de Depósitos.
Visión.- Ser protagonista de estabilidad,
como parte de la red de seguridad financiera,
garantizando la sostenibilidad
macroeconómica.¹
Misión.- Pagar los depósitos garantizados de
los clientes de las instituciones financieras y
en proceso de saneamiento, de manera
eficiente y oportuna, aplicando técnicas de
solución más convenientes, que comporten
menor costo posible para el Estado, con
estricto apego a la ley.²
Objetivos.- La Agencia de Garantía de
Depósitos (AGD) orienta su acción circunscrita
a los siguientes objetivos de carácter general:
a.1) Servir de instrumento de estabilidad del
sistema financiera ecuatoriano, preservando
el óptimo funcionamiento de los mercados
financieros 43.
43 Memorando AGD-UIO-GG-2007-058 de mayo 30 del
2007.

a.2) Gestionar la crisis financiera,
coordinando con el Ministerio de Economía y
Finanzas y con el Banco Central del Ecuador.
b) Pagar los depósitos garantizados del
sistema financiero nacional, para otorgar
confianza al público y al mercado financiero.
18.2 En caso mayormente agravado se hallan
precisamente los ex Gerentes de la AGD, tal
como consta en reiteradas resoluciones de la
Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
Entre los principales infractores por
encubrimiento del delito de peculado y por
serias evidencias de adecuación al de
prevaricato se hallan:
1.1 Bruno Leone
1.2 Luis Villacís Guillén
1.3 Tnte. Patricio Dávila Molina
1.4 Oswaldo Tamariz Valdivieso
1.5 Ing. Ramiro Espín Almeida
1.6 Crnel. Carlos Arboleda Heredia
Todos estos ex funcionarios garantizaron de modo
directo horribles conductas de peculado de banqueros
especialmente guayaquileños, allí tenemos por ejemplo
como Dávila pagó las acreencias del Banco Unión a
Resolución No.AGD-050-2004 de julio 16 del 2004 y
ratificada en Resolución AGD-UIO-D-2005-013 de agosto
3 del 2005.

favor de una familiar del líder político que reclama la
impunidad de los banqueros.
Recordemos que existe una imputación directa de la
Comisión de Control Cívico de la Corrupción, tal como
ha quedado reseñado en las páginas 8 y 9 de esta
denuncia con respecto al ocultamiento que los ex
Gerentes de la AGD realizaron de las infracciones
cometidas por varios banqueros, entre ellos Fernando
Aspiazu Seminario, precisamente uno de los
aportantes de la campaña de Jamil Mahuad, y reo de
peculado en múltiples oportunidades. Sabemos por la
investigación de la CCCC que la Agencia de Garantía
de Depósitos no ha realizado ninguna acción legal en
contra de los administradores del Banco del Progreso
Limited ni de los deudores por los créditos fantasmas
concedidos.
El informe de la CCCC, concluye señalando las
responsabilidades de los gerentes de la Agencia.
CAPÍTULO IV
FIDEICOMISOS FRAUDULENTOS ACEPTADOS COMO
PAGO POR EL TENIENTE DE POLICÍA PATRICIO DÁVILA
MOLINA.
A) MARRAQUECH I Y II.
La Revista Vistazo, No. 880, de 15 de abril de 2.004 en
sus páginas 10 a 12, en su artículo “COMO LAVAR
LAS DEUDAS”, dice en su parte correspondiente:

“En marzo de 2.002, durante la
administración del actual diputado
socialcristiano Patricio Dávila Molina, la
AGD, recibió dos fideicomisos denominados
Marraquech I y Marraquech II”.
“El nombre de una ciudad árabe, sirvió
para limpiar deudas por 10 millones de
dólares al recibir la AGD terrenos
valorados por peritos del Banco Central
(donde Dávila era Jefe como Gerente
General y se hallaba en la misma
calidad, es decir, como Gerente, en
Comisión de Servicios en la AGD,
habiéndose el mismo otorgado la
señalada Comisión) en 120 dólares cada
metro cuadrado. Según un nuevo peritaje
practicado en diciembre pasado por la
AGD, el valor comercial del metro
cuadrado es de apenas 20 dólares, seis
veces menos”.
“Con los terrenos se pagaron deudas
contraídas por 26 deudores de los bancos
Finagro, Tungurahua, Financorp, Unión,
Progreso, Crédito y Solbanco. Los dos
mayores beneficiarios de esta negociación
fueron el grupo Maspons, liderado por
Alberto Maspons Guzmán, que pagó deudas
de la atunera Tunlo y de Ecuatoriana de
Inversiones en los bancos Progreso y
Tungurahua por tres millones de dólares y el
Ingenio la Troncal, de propiedad de la familia

Isaías Dassum, que mató una deuda con
Solbanco por 2,9 millones de dólares”.
• INFRACCIÓN LEGAL Y MORAL EN LA
SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA
“Para colmo el fideicomiso que fue
notarizado en abril de 2.002 por la Notaria
Sexta de Guayaquil, abogada Jenny Oyague
Beltrán –esposa del ex gerente de la AGD
Patricio Dávila- (Dávila ya había renunciado
como funcionario del BCE y a la AGD, para
postularse a mediados del 2.002 como
candidato a la diputación por el Guayas)....”
La Notaria Oyague Beltrán no podía
notarizar el fideicomiso, por expresa
prohibición de la ley. Varias leyes como la de
Contratación Pública, Servicio Civil, Código
de Procedimiento Civil, Ley Notarial, impiden
que un funcionario pueda participar en
contratos donde su cónyuge ha actuado
como parte como funcionario público, y
como contratante, por sí o por interpuesta
persona, sin embargo para los cómplices y
encubridores de los banqueros, todo es
posible.
14.3 También constituye indicio claro de la
comisión de la conducta de prevaricato por
parte de Dávila Molina como delito medio
para llegar posteriormente al peculado, los
pagos realizados a certificados sin garantías
en el caso del Banco Unión a parientes del

Ing. León Febres Cordero, así como el
ocultamiento de las deudas de otros varios
parientes del mismo dirigente político, como
lo demostraremos más adelante.
14.4 Sobre la evidente responsabilidad de los
Gerentes de la AGD, debemos acudir a las
afirmaciones realizadas en varias
oportunidades por la Ab. Alejandra Cantos,
actual titular de esa entidad, quien entre
otras ocasiones en la constante en el Diario
“La Hora de jueves 9 de junio de 2005, ha
afirmado rotundamente, pese a ser
precisamente la representante legal de esa
entidad, que: “La AGD se creó para proteger a
los banqueros, no para devolver la plata a los
depositantes”. 44
14.5 Sobre estos asertos de la Ab. Cantos, y la
conexión con la conducta de los Ministros
Jueces de la Segunda Sala de lo Penal, la de
los Gerentes Generales de la AGD y la
influencia política que se evidencia de parte
de sectores beneficiarios de los banqueros,
solicitamos se digne incluir como prueba de
ellos, la información constante en los
periódicos “Hoy” de 22 de junio de 2005 y “El
Universo” de la misma fecha, en cuyas
páginas principales, las investigaciones
periodísticas afirman: “Inminente absolución
44 Se presentó como ANEXO No. 11.

de banqueros”(hoy) 45; y, “Audiencia de
estrados por Filanbanco” (El Universo). En
este último artículo de prensa, que
indudablemente debe ser investigado, se
afirma (página 2A) que el dueño del país ha
redactado la sentencia absolutoria al grupo de
banqueros prófugos en el extranjero”..., pues
“la absolución de Jamil Mahuad fue ‘un globo
de ensayo para ver cuál sería la reacción del
país’ ante la eventual sentencia absolutoria a
los banqueros” 46.
En las diligencias de anticipo de prueba que Ud. se
dignará disponer solicitamos se ordene la
comparecencia de los representantes legales de
ambos rotativos (Hoy y El Universo) y de los
periodistas responsables de la información que
queda detallada, así como de la Dra. Alejandra
Cantos, a todos ellos se les solicitará la ampliación
y ratificación de sus asertos y preguntará sobre
indicios, pruebas o evidencias que posean al
respecto.
45 Se presentó como ANEXO No. 12
46 Se presentó como ANEXO No. 13.

CAPÍTULO V
CARACTERISTICAS DEL DELITO QUE FUE
OCULTADO POR LOS MINISTROS CASTRO Y
CAÑAR
Es de conocimiento de los estudiantes de derecho, que
Francisco Carrara señala que "delito es la infracción
de la ley del estado promulgada para proteger la
seguridad de los ciudadanos. Y que resulta de un

acto externo del hombre, positivo o negativo,
moralmente imputable y socialmente dañoso”
En el caso de los actos que condujeron a la
apropiación de los fondos del Estado por parte de
decenas de banqueros y sus familias y amigos, primó
una autorización, una ayuda, una colaboración directa
por parte del Presidente de la Republica, al decretar el
infame y cínicamente llamado congelamiento de los
dineros de los depositantes, cuando como queda
ratificado en varias oportunidades, fue una garantía y
una directa colaboración desde el primer dignatario del
Estado para la apropiación de los recursos de 5
millones de personas, que luego fueron siendo
reembolsados de modo tardío, mal o nunca, en el caso
de los miles de ciudadanos que fallecieron.
Así consta a fojas siete mil ciento treinta de autos del
proceso, cuando el doctor Galo Pico Mantilla, entonces
presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia
inició el juicio en contra de Mahuad Witt y Armijos
Hidalgo, dictando el respectivo auto inicial en el que
establece lo siguiente (textual):
“En el suplemento del Registro Oficial No. 346
de 24 de diciembre de 1999, se publicaron
tanto la resolución No. 078-99TP como la No.
089-99-TP, mediante las cuales el Tribunal
Constitucional declaró la inconstitucionalidad
del Decreto Ejecutivo No. 685, y de algunos
decretos ejecutivos y Acuerdos Ministeriales 47
que ejecutaron el mencionado Decreto, como
la improcedencia del recurso de aclaración y
47 Expedidos por Ana Armijos Hidalgo.

ampliación sobre la base del Art. 278 de la
Constitución Política del Estado propuesto
por el mismo doctor Jamil Mahuad Witt,
Presidente Constitucional de la Republica.
Mediante estas resoluciones, el Tribunal
Constitucional declaró que el doctor Jamil
Mahuad, en ese entonces Presidente
Constitucional de la República, se extralimitó
en el ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales inherentes a su
cargo y violentó derechos constitucionales
reconocidos por la Carta Política en perjuicio
de los ciudadanos y habitantes del Ecuador”.
En otras palabras, tenemos dentro del propio proceso
penal, que no han querido estudiar los prevaricadores,
los propios instrumentos jurídicos que comprueban
que hubo “INFRACCION DE LA LEY DEL ESTADO”.
Este es el punto de inicio del concepto de Carrara,
discernido y glosado por el Dr. Ernesto Alban Gómez,
ex Magistrado, que en su obra "Régimen Penal
Ecuatoriano” 48, quien indica que de conformidad con el
criterio clásico, lo esencial en el delito es la
contradicción entre la conducta humana y la ley,
constituyéndose este principio de derecho penal en un
aspecto esencial, y que además refuerza el carácter
formal de la ley.
48 Gómez Albán, Ernesto, "Régimen Penal Ecuatoriano",
Corporación MYL, ediciones legales, Quito, 1989, p. 72 y ss.

“PROMULGADA PARA PROTEGER LA SEGURIDAD DE
LOS CIUDADANOS”.
El Dr. Albán nos hace recordar que la ley violada por el
delito, en su promulgación se presume conocida por
todos y obliga a todos. Su finalidad es proteger la
seguridad pública y privada. Incluso para Carrara
basta, para tal demostración referirse a los
ciudadanos. En lenguaje jurídico moderno tendremos
que referimos a la "protección de los bienes o intereses
que la sociedad considera socialmente importantes.
¿Serán importantes las garantías constitucionales?
La respuesta la tenemos en la propia Constitución
Política de la Republica que en su Art. 16 dice: "El mas
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer
respetar los derechos humanos establecidos en esta
Constitución".
“QUE RESULTA DE UN ACTO”
¿Cuál fue el acto de Mahuad?
Pues la expedición del Decreto No. 685. Un típico acto
administrativo, pero no con los efectos de garantizar o
apoyar al bien común. Todo lo contrario, para
beneficiar a determinados intereses particulares, en
contraposición al interés de la sociedad. Este acto tuvo
como intención garantizar el colosal fraude de los

anqueros y sus aliados y beneficiarios a quienes
hemos descrito anteriormente.
Por ello, el mismo Pico Mantilla dice a continuación de
lo anterior:
"El Presidente de la República puede decretar
el estado de emergencia de conformidad con el
Art. 180 de la Constitución Política del Estado,
si ocurriere alguna de las causales
establecidas como presupuesto para tal
declaratoria. El Estado de Emergencia fue
declarado en todo el territorio nacional
mediante el Decreto Ejecutivo No. 681 que ya
ha sido referido. El Estado de Emergencia
supone una situación extraordinaria, en la que
el Estado de Derecho puede verse afectado por
circunstancias de extrema gravedad, lo que
exige una serie de acciones que permiten
sobrellevar la situación anómala y
extraordinaria para superar lo más pronto
posible el riesgo acontecido. Sin embargo, las
acciones señaladas también tienen un marco
jurídico en el que deben desarrollarse y
enmarcarse; por ello, las acciones a tomar, en
el caso del Ecuador, especialmente por el
Presidente de la Republica, son actividades
reguladas tanto por el Art. 181 de la
Constitución Política del Estado en el cual se
detallan las acciones posibles a tomar una vez
declarado el estado de emergencia, como en la
Ley de Seguridad Nacional. Entre ellas se
destacan la movilización y desmovilización
nacional y las requisiciones a que hubiere
lugar con su respectiva indemnización para los
afectados. En el caso de la expedición del
Decreto Ejecutivo No. 685 de 11 de marzo de

1999, hubo extralimitación por parte del
Presidente de la Republica en el ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales. 1.
Violó la supremacía de las normas
constitucionales que regulaban el Estado de
emergencia, al decretar, aplicando
indebidamente los Arts. 54 y 55 de la Ley de
Seguridad Nacional, la movilización, ya que a
pesar de que en el estado de emergencia se
pueden efectuar las requisiciones que sean
necesarias para sobrellevar la situación
extraordinaria en la que peligra el Estado, esta
acción tiene su marco jurídico y no pueden
efectuarse interpretaciones extensivas respecto
del alcance y finalidad de las normas
aplicables, tal como lo hizo el Presidente de la
Republica de ese entonces, doctor Jamil
Mahuad Witt. 2. Al decretar la movilización de
las instituciones financieras públicas y
privadas y además el denominado
"congelamiento" de las acreencias de los
clientes de las instituciones financieras, el
Presidente de la República de ese entonteces,
doctor Jamil Mahuad Witt, se extralimitó en
las facultades que le otorgaban los Arts. 54,
55, 56, 71 y 72 de la Ley de Seguridad
Nacional, ya que dichas disposiciones regulan
el régimen de la movilización de bienes y
personas y las requisiciones a que hubiere
lugar en el sentido de satisfacer las
necesidades de la Defensa Nacional o
sobrellevar la emergencia, lo que no ocurrió
con el denominado "congelamiento de las
acreencias de los clientes de las instituciones
financieras, ya que no se trato de una
requisición sino una afectación a los derechos
constitucionales..."

“DEL HOMBRE”
La expedición del Decreto en mención, en efecto, fue el
resultado de un acto de una persona, de un hombre.
Pues tal como nos explica Albán, “solo el ser humano
puede cometer delitos y, consecuentemente, recibir
sanciones.” El ex Presidente Mahuad Witt, es
naturalmente, una persona.
“EXTERNO”
El mismo Albán nos recuerda que la ley no puede
sancionar ideas, pensamientos, meras suposiciones
intelectuales o deseos, lo relativo al fuero interno de
las personas. Por ello la ley penal "solo interviene
cuando la persona exterioriza sus intenciones o
pensamientos, cuando la persona actual
Esa actuación y esa extrinsecación de sus
pensamientos, se tradujo en la intención positiva de
favorecer a aquellos que se hallaban apropiándose del
dinero de los depositantes, mediante el artilugio del
decreto tantas voces referido.
“POSITIVO O NEGATIVO”.
Aquí el Dr. Albán nos hace una reflexión simple, pero
con muchísima trascendencia: "Ese acto puede
manifestarse, no sólo a través de acciones, sino de
omisiones"
Y en efecto, así lo considera la ley penal, como ha
quedado remarcado mas arriba con la enunciación del
Art. 12 del Código Sustantivo Penal.

Esas omisiones son las que dan origen a la
responsabilidad de aquellos funcionarios que teniendo
la obligación jurídica de ejercer prevención, control, y
vigilancia sobre los actos y procedimientos tanto de
quienes defraudaron, como de aquellos que
auspiciaron y protegieron el fraude y no lo hicieron.
Específicamente los titulares de los organismos de
control.
“MORALMENTE IMPUTABLE”
El Dr. Albán nos dice que la culpabilidad de quien
realiza la conducta señalada en la ley, “tiene como
base la imputabilidad moral, que se sustenta a su vez
en el libre albedrío; o sea en la capacidad de decidir
entre el sometimiento a la ley o su violación”. Nosotros
diríamos entre la capacidad de decidir entre privilegiar
el interés público o el particular.
¿Será además moralmente imputable el planeamiento,
el contenido, la expedición y el efecto del Decreto
Ejecutivo de confiscación?
Desde luego que si, conocemos que Mahuad ha sido
reconocido como un individuo de clara inteligencia,
aunque sus actos tengan contenidos antitéticos.
Generalmente el criminal es un individuo de alto
coeficiente intelectual. En todo precepto legal yace un
subyacente de naturaleza ética. El ex Presidente autor
de peculado a través de los delitos medios, prevaricato,
atentado contra las garantías constitucionales e
incluso falsedad, sabía lo que era ético y lo que no,
pero actuó convencido de que el robo de los banqueros

y sus beneficiarios, entre ellos los partidos políticos
que hoy a su vez los protegen y benefician, no se
conocería e investigaría nunca por parte de los órganos
de control, como en efecto sucedió. Lo que el infractor
no podía avizorar o prever, era que el delito se
conocería de modo casi inmediato por acción de
legisladores intelectualmente independientes y
miembros de la CCCC. Los preceptos o leyes
infringidas, fueron precisamente aquellos que
constituyeron la denuncia de esos congresistas y
funcionarios, es decir, el atentado contra las garantías
constitucionales, acto que fue tan grotesco y criminal,
que trajo como efecto que el Tribunal Constitucional,
declare terminantemente la inconstitucionalidad del
Decreto. Es decir, existió la “infracción de la ley del
Estado promulgada para proteger la seguridad de los
ciudadanos y que resulta de un acto externo del
hombre positivo o negativo, moralmente imputable”.
“SOCIALMENTE DAÑOSO”
Este elemento final de la definición de delito lo
encontramos no solo probado sino confirmado,
constatado, reafirmado, evidente, claro, en los millones
de personas que perdieron sus ahorros, los
recuperaron divididos en 500 o 600 por ciento en
menos, no los recuperaron nunca hasta su muerte,
sufrieron pobreza, espantosa angustia, necesidad y
agonía moral y física, enfermaron y finalmente muchos
miles murieron.

Albán dice:
“El acto tiene también esta característica,
que reafirma el aspecto material del delito 49,
incluido ya cuando se hablaba de la
seguridad de los ciudadanos. Aquí se insiste
en señalar que el delito es una conducta que
atenta gravemente contra la convivencia
social, según la escala de valores que una
sociedad determinada aspira a defender.” 50
Creemos que en el Ecuador si existimos personas que
creemos en la moral pública, así como en la privada.
En la imperiosa necesidad de conducir los actos
públicos con estricta sujeción a la ética y al interés
colectivo, aunque a los prevaricadores tanto en la
judicatura como en los órganos que ejercen la potestad
estatal de prevención y control, no les parezca que la
función publica es un servicio a la colectividad que
debe desempeñarse con honestidad, justicia y valores,
49 En esta denuncia acudimos al ejemplo de las personas que han
quedado señaladas como unos pocos de los millones de
perjudicados.
50 Será por esto ultimo que los ministros prevaricadores han
considerado que el terrible delito de peculado cometido por
Mahuad no debe ser sancionado, quizá con esta reflexión: “¿Para
que vamos a sancionar a Mahuad, si toda la sociedad ecuatoriana
es corrupta?” O quizá en su defecto, "No importa que Mahuad haya
robado si eso lo hacemos todos"...

que se hallen dentro de un referente ético de
naturaleza absoluta.
Solicitamos en esa oportunidad, que como una
muestra o mejor dicho como pocos pero contundentes
ejemplos del efecto socialmente dañoso del decreto
confiscatorio de Mahuad se reciban los testimonios de
los señores Patricio Garzón, Gabriela Mosquera,
Gonzalo Valdivieso, Marie Maugé de Román, herederos
del señor Gustavo Del Hierro Escudero, herederos del
señor Jacinto Moreira Párraga, todos perjudicados,
todos empobrecidos, todos gravísimamente dañados
por la apropiación mediante robo, de los propietarios,
accionistas, administradores y beneficiarios de los
bancos, en su mayoría ubicados en la ciudad de
Guayaquil y la garantía para esas acciones de robo
generalizado, lograda o rendida por el ex Presidente
Mahuad con su Decreto confiscatorio.
Con todo lo antes expuesto, hemos demostrado a la
comunidad la existencia total del delito, cumpliéndose
cada uno de sus componentes de modo estricto,
terminante, claro, objetivo, demostración que tenían la
obligación de realizar, verificar, investigar y concretar
los ministros autores del corrupto, cobarde o
interesado auto de sobreseimiento, así como los
Organismos de Control del Estado. Autoridades todas
estas judiciales las primeras y administrativas las
segundas, que se han convertido en verdaderos
garantes del crimen, el saqueo, el robo, el pillaje y la
depredación económica y ética de los poderosos
malhechores de cuello blanco en contra de la sociedad,

eneficiando con su inacción y sus explícitas
conductas de prevaricato, a quienes de modo directo o
a través de secretos mecanismos, los han puesto en
sus jugosos destinos y puestos, para que precisamente
encubran, disimulen, oculten y coadyuven con la
sempiterna conducta de atraco y robo generalizado de
la élite porteña en primer lugar, capitalina y regional
en segundo, y partidista y particular en tercero.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos, sin
éxito naturalmente, a la Ministra Fiscal, se digne
dictar la Instrucción Fiscal correspondiente, en la que
rogamos se dispongan las diligencias procesales
investigativas entre las que deberán necesariamente
constar:
1. Los requerimientos a través de oficios a los señores
Contralor General del Estado, Procurador General del
Estado, Superintendente de Bancos, Defensor del
Pueblo, en los cuales se exigirá que estas autoridades
entreguen a Ud. la copia certificada de los escritos
que hayan presentado, solicitando pruebas,
disponiendo investigaciones y controles, adjuntado
documentos, en el juicio seguido en contra del ex
presidente Jamil Mahuad y la ex Ministra Ana Lucía
Armijos Hidalgo. En caso de no existir esas evidencias
del cumplimiento de sus obligaciones deberá
explicarse con detenimiento, las razones por las
cuales no se contestó el traslado, no se dio
cumplimiento o no se intervino en las diligencias
procesales de dicha causa.
VI

2. Pedimos se solicite al Ministro de Sustanciación de
la Segunda Sala de lo Penal de la Excma. Corte
Suprema de Justicia, que envíe a su despacho, copia
certificada de todas las providencias que se hayan
notificado a la Contraloría General del Estado, la
Procuraduría General del Estado y la Defensoría del
Pueblo.
3. Solicitamos demandar la recusación de los dos
ministros a los que denunciamos en el conocimiento
de este proceso, a fin de que los señores conjueces
sigan sustanciando la causa en contra de Mahuad
Witt.
4. Solicitamos se pida a la Comisión de Control Cívico
de la Corrupción copia certificada de la denuncia
presentada el 23 de agosto de 1999 en contra del
Contralor Alfredo Corral Borrero por el Ing. Sebastián
Espinoza, Gerente General de J. Espinoza Z. Cía.
Ltda. en la que se demuestra cómo el ex Contralor era
socio del hermano de la ex Ministra Ana Lucía Armijos
Hidalgo.
5. Para acreditar la certeza de esa denuncia, pedimos
se solicite la historia de los socios, administradores y
accionistas de MYTSA desde el 1 de enero de 1.998
hasta la presente fecha, al señor Superintendente de
Compañías. Declaramos que tenemos copia certificada
de la indicada nómina.
6. Pedimos se ordene un examen contable y de
auditoría con los mejores peritos del Ministerio Fiscal,
a fin de que investigando en la Agencia de Garantía de
Depósitos, el Banco Central y el Ministerio de

Finanzas determinen el monto exacto de lo pagado por
el Estado a los ciudadanos depositantes desde el 11
de marzo de 1999 hasta la presente fecha.
7. De igual forma solicitamos proceda en Filanbanco
en Liquidación, entidad en la que se determinará con
exactitud cuánto se ha pagado y cuánto falta de
pagarse, incluidos los depositantes de Filanbanco
Internacional y La Previsora.
8. Requerimos de modo comedido, disponer que a
través de los principales medios escritos de
comunicación nacional, entre ellos diarios El
Comercio y Hoy de Quito, El Universo y Expreso de
Guayaquil, se convoque a todas las personas
naturales que sufrieron el congelamiento de sus
depósitos a fin de que declaren sobre esos hechos en
las fiscalías distritales de cada provincia o distrito del
Ecuador, a cuyo efecto se dignará disponer la
recepción prioritaria de esos testimonios a todos los
agentes fiscales de la República.
9. Pedimos se informe al Presidente de la Excma.
Corte Suprema de Justicia el inicio de la instrucción
que se dignaría dictar por las conductas de Delitos de
Lesa Humanidad, Prevaricato en las formas que han
quedado señaladas, como delito medio y el de
Peculado como delito fin, según los grados de
responsabilidad y según la participación individual de
cada uno de ellos, que deberá instruirse en contra de:
9.1 Jamil Mahuad Witt
9.2 Luis Cañar Lojano
9.3 Oswaldo Castro Muñoz

9.4 Ramón Jiménez Carbo
9.5 José María Borja Gallegos
9.6 Alfredo Corral Borrero
9.7 Genaro Peña Ugalde
9.8 Mariana Yépez Andrade
9.9 Jorge Egas Peña
9.10 Jorge Guzmán Ortega
9.11 Miguel Dávila
9.12 Alejandro Maldonado
9.13 Milton Álava Ormaza
9.14 Claudio Mueckay Arcos
9.15 Juan Manuel Fuertes Rivera
9.16 Bruno Leone
9.17 Luis Villacís Guillén
9.18 Patricio Dávila Molina
9.19 Oswaldo Tamariz Valdivieso
9.20 Ing. Ramiro Espín Almeida
9.21 Crnel. Carlos Arboleda Heredia
9.22 Contra todos los integrantes de la Junta Bancaria
de los períodos comprendidos entre el 1 de enero
de 1.999 y el 31 de diciembre de 2000.
9.23 Contra todos los miembros de la Comisión de
Fiscalización del Congreso Nacional en el período
1998-2003, que hayan sufragado en contra o se
hayan pronunciado por el encubrimiento de los
delitos cometidos por Mahuad y los miembros de
los Bancos defraudadores, a cuyo efecto se
solicitará la correspondiente información al
actual Presidente de la señalada Comisión.
VII

Pedimos también solicitar las siguientes medidas
cautelares en contra de los señalados ciudadanos:
1. Prohibición de abandonar el País;
2. Embargo de sus cuentas corrientes, de ahorros,
pólizas de acumulación, certificados de depósitos;
así como acciones y participaciones en compañías
establecidas en el Ecuador, debiendo para ello
notificarse a los actuales Superintendentes de
Bancos y de Compañías.
3. Prohibición de enajenar sus bienes inmuebles, a
sí como los que tengan a nombre de sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad; disponiendo se oficie a todos los
Registradores de la Propiedad del País. A efecto de
conocer quiénes son los parientes de los aludidos
señores, se dispondrá de una Comisión
Investigadora en la Dirección General de Registro
Civil y se solicitará la comparecencia del Dr.
Fernando Jurado Noboa, quien deberá entregar una
copia de los libros escritos por él y por su
agrupación de investigaciones históricas, en donde
constan todas las familiaridades de los habitantes
de la República del Ecuador. Se dispondrá
protección especial y estricta para este profesional.
4. Prohibición de enajenar sus vehículos, a cuyo
efecto se dignará solicitar se oficie a los señores
Director General de Tránsito y Director Ejecutivo de
la Comisión de Tránsito del Guayas.

5. En la debida oportunidad, hicimos hincapié en
que solicitaríamos otras medidas cautelares contra
estos ciudadanos.
VIII
1. Adjuntamos como ANEXO No. 14 el Libro
de documentos titulado: “ORGANIZACIÓN DE
DEFENSA DEL DENUNCIANTE”. IMPUGNACIÓN A LA
CANDIDATURA DEL DR. ALFREDO CORRAL
BORRERO.” “CAUSAS”: FAVORITISMO Y
COMPADRAZGO, PARCIALIZACIÓN, CONFLICTO DE
INTERESES PERSONALES Y PROTECCIÓN ILÍCITA DE
AMIGOS Y ALLEGADOS, EN CLARA VIOLACIÓN A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, LA LEY,
Y FUNDAMENTALMENTE A LA ÉTICA”, en cuyas
páginas 118 a 137, consta la documentación a
través de la cual se conoce que el representante de
la Contraloría General del Estado, retuvo el
expediente del juicio No. 044-2000 y se negó a
suscribir durante más de un año y dos meses, el
escrito acusatorio contra Mahuad y Armijos,
preparado por el abogado de Contraloría Dr. Juan
Carlos Rivadeneira Cevallos, cuya copia
debidamente notarizada por la Notaria Trigésima
Primera del Cantón Quito la hallamos en las
páginas 125 y siguientes del señalado libro
documental, pasta color café de 663 fojas.
2. Adjuntamos como ANEXO No. 15 la copia
protocolizada del oficio No. 273-SCMCSJ de 13 de
diciembre del 2005, suscrito por el Dr. Wilfrido
Enríquez Vásquez, Secretario General del Comité de
Calificación para Magistrados y Conjueces de la

Corte Suprema de Justicia, a través del cual
entrega varios libros, señalando que son los
duplicados de los documentos presentados en esa
Secretaría, afirmando en el No. 3 que: se trata de
un Tomo Color Café de 663 fojas: “Favoritismo y
compadrazgo, parcialización conflicto de intereses y
protección de amigos y allegados en clara violación
a la constitución Política de la República”.
3. Señalamos que los originales de esa
documentación, se hallan en el Archivo General
del Comité de Calificación de Magistrados y
Conjueces que fue depositado en su totalidad en
la Secretaría General de la Excma. Corte Suprema
de Justicia, una vez posesionada, de modo que
queda demostrada expresa y documentalmente, la
omisión intencional de la Contraloría del Estado y
sus representantes de impulsar, actuar y
defender los dineros públicos en el juicio No. 044-
2000 (058-AE-05) contra Jamil Mahuad Witt y
Ana Armijos Hidalgo.
4. Sobre este caso, también adjuntamos como
ANEXO No. 16, las copias del diario “La Hora” de
viernes 28 de octubre de 2005, en el cual la
investigación periodística señala bajo el título
“Nuevas objeciones a ex Contralor”, que: “...se
acusará a Corral de enfrentar catorce casos de
conflicto de intereses. Uno de ellos, el más grave
se refiere a una omisión en el juicio penal
seguido por el Estado en contra del ex
presidente Jamil Mahuad y la ex Presidenta de

la Junta Bancaria, Ana Lucía Armijos, a raíz
del ‘feriado bancario’...”
5. En las diligencias que se dignará
ordenar, se solicitará asimismo el testimonio del
representante legal del señalado periódico, a fin
de que informe sobre las fuentes de investigación
del citado artículo.
6. Anexamos como ANEXO No. 17 el libro
ciudadanos: “DEMOCRACIA SÍ, DICTADURA
NO”, escrito por varios autores, en cuyo artículo
inicial, (página 12), se dignará Ud. constatar la
certeza que existe entre la ciudadanía del robo
orquestado por las élites de Samborondón acto
conocido por la sociedad entera, en el cual
constan los responsables del mayor fraude de la
historia republicana, consentido y permitido por
el ex presidente Mahuad Witt y protegido por los
órganos de control.
Independientemente de la investigación de las diversas
formas de la conducta de prevaricato aquí acusadas,
señalamos que intervendremos en el juicio No. 058-
AE-05 (044-2000) que por atentado contra garantías
constitucionales, prevaricato y peculado se sigue en
contra de Jamil Mahuad Witt.
Manifestamos que no nos hallábamos impedidos de
presentar esta denuncia y ofrecimos reconocerla en
cuanto la autoridad lo dispusiere. Así sucedió y lo
cumplimos cabalmente.

Designamos como nuestros abogados a los señores
doctores Carlos Guillermo Bombón Amancha, Juan
Francisco Morales Suárez a quienes autorizamos para
que en cumplimiento de nuestro mandato, suscriban
los escritos necesarios e intervengan en las diligencias
correspondientes.
A efectos de notificaciones señalamos como domicilio
la casilla judicial la No. 3745.
Dr. Francisco Morales Suárez
Dr. Carlos Bombón Amancha
Lcdo. Hernán Borja García
EPILOGO
La Contraloría General del Estado, ha intervenido en
más de 25.000 (veinte y cinco mil) juicios en los
últimos 10 años. Interviene con agilidad pasmosa ante
el robo de una impresora, de un fax o de un teléfono
del Estado. Si el abogado que patrocina esos juicios,
no presenta escritos, no prepara pruebas, no se pone
en contacto para la estrategia de defensa con los
abogados de las entidades perjudicadas por aquel

obo, enseguida es sancionado, multado e incluso
destituido, como el caso ocurrido con R.CH.R a quien
lo procesaron por haber equivocado un certificado de
un juicio, con la información suministrada por el
encargado del archivo. La Contraloría, trabaja
coordinadamente para acusar en esos juicios y otros
de menor cuantía o incluso, de montos apreciables,
según la percepción de los ciudadanos honestos, pero
no para los saqueadores del país, junto a la
Procuraduría General del Estado. Semestral y
anualmente se procesa la información y se la coordina
y enlaza a la que tiene la Procuraduría 51. Cuando se
produjo el robo de un millón y medio de dólares del
Fondo de Jubilación de la Contraloría por
responsabilidad directa del ex Contralor Corral quien
de los recursos de ese Fondo, en su mayoría públicos,
recibió costosísimos regalos junto a su cónyuge por
parte de varios directores que siguieron tan campantes
en sus jugosos puestos, el pícaro subrogante decidió
quienes debían ser enjuiciados y quienes no. Decisión
que se impuso también en la Función Judicial.
Nosotros como empleados de la entidad, presentamos
denuncias contra Corral y Peña y nuestro premio
fueron los ataques profesionales, amenazas de muerte
y asaltos físicos y agresiones a nuestra familia durante
un año y ante nuestra enjundia, la cancelación, todo
dispuesto desde El Cortijo.
Pero los juicios bancarios que se siguen a los
hermanos Isaías, el juicio contra Mahuad, los juicios
gordos en donde se hallan involucrados los intereses
51 Es muy importante investigar el caso de San José de Andusillí y
Estero, señor Procurador.

del finado dueño del País, esos, ¡jamás se acusarán!.
Las auditorías obligatorias, jamás se realizarán, el
control gubernamental, jamás dirá la verdad. Ni la
mañuela que se hace a través de los medios de
comunicación con el intenso trabajo de desinformación
que ejecuta la Directora de Comunicación de la
Contraloría, podrán tapar la podredumbre de las
sempiternas administraciones socialcristianas del
“Órgano Superior de Control” cuya reingeniería total,
iniciando obligatoriamente desde los mercenarios del
control (Jefes) es base fundamental para destapar el
sumidero de aguas negras donde fluyen a raudales los
dineros del Estado a las cuentas de los autonomistas
privatizadores del beneficio y socialistas unitarios de
las pérdidas.
Finalmente cabe la siguiente pregunta: ¿Será que estos
jueces que han colaborado con los grupos económicos
a los que el proceso ciudadano pretende combatir y los
demás magistrados de la fenecida Corte Suprema de
Justicia, que guardaron un mutismo cómplice cuando
el País, protestó por el auto exculpatorio, deben ser
prorrogados en sus funciones a pretexto quizá de la
imagen del País?.
La denuncia se presentó hace cuatro años, siendo
Ministra Fiscal la señora Cecilia Armas, que nada hizo.
Luego han pasado por esa función los Dres. Jorge
German Y Washington Pesantez, tampoco han lo han
hecho.

Juan Francisco Morales Suárez
CC 170557631-0
INDICE ONOMÁSTICO
Nombre y Página
Aguilar Torres, Ramiro,
135
Álava Ormaza, Milton,
143, 182
Alban Gómez, Ernesto,
169, 173, 174, 176
Álvarez Grau, Vladimiro,
135
Arboleda Heredia, Carlos,
86, 161, 183
Arce, Edmundo Raúl, 18

Arízaga González, Alfredo,
7, 41
Arízaga González, Juan
Carlos, 42
Armijos Hidalgo, Ana
Lucía, 6, 7, 8, 11, 17, 22,
23, 26, 27, 28, 29, 30, 35,
47, 48, 51, 52, 116, 124,
125, 126, 168, 179, 180,
185, 187
Armijos Hidalgo, Rafael
Alberto, 30, 126, 127
Arosemena Gallardo,
Arcadio, 83, 85, 86, 87
Aspiazu Seminario,
Fernando, 39, 54, 82, 83,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
97, 161
Atahualpa Cápac, Inca,
98
Balda Hernández,
Ernesto, 83, 85, 86, 87
Baquerizo Valenzuela,
Roberto, 7, 78
Bombón Amancha, Carlos
Guillermo, 188, 189
Borja Gallegos, José
María, 139, 182
Borja García, Hernán,
189
Borja Nazareno, Alodia, 2
Borja y Borja, Ramiro, 87
Bucaram Ortiz, Abadalá,
131,
Cabrera Román, José,
127
Cadena Chávez, Jorge,
135
Cantos Molina, Alejandra,
13, 97, 165, 166
Cañar Lojano, Luis, 33,
36, 37, 78, 167, 182
Carrara, Francisco, 167,
169
Castro Muñoz, Oswaldo,
33, 36, 37, 78, 167, 182
Cedeño Cedeño, Eduardo,
83, 85, 86, 87
Corral Borrero, César
Alfredo, 1, 2, 16, 19, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 124, 125, 126,
127, 180, 182, 185, 190
Correa Delgado, Rafael, 3,
24
Dahik Garzozi, Alberto, 6
Damerval Martínez,
Jaime, 24
Dávila Molina, Patricio,
86, 129, 146, 161, 162,
164, 183
Dávila, Miguel, 128, 147,
182
Del Hierro Escudero,
Gustavo, 49, 145, 178
Delgado Jara, Diego, 79,
96, 131, 132, 133, 134,
137
Durán Ballén Cordovez,
Sixto, 6, 29, 30, 31, 42,
125
Durán, Jorge, 10

Egas Peña, Jorge, 5, 7,
88, 147, 182
Enríquez Vásquez,
Wilfrido, 20, 186
Espín Almeida, Ramiro,
86, 183
Espinoza, Sebastián, 30,
126, 180
Estarellas Merino, Carlos,
25
Falconí Gomezjurado,
Gonzalo, 28
Falconí Puig, Juan, 127,
130, 131, 148
Febres Cordero
Rivadeneyra, León
Francisco Esteban, 3, 7,
25, 91, 93, 94, 96, 131,
164
Franco Porras, José
Joaquín, 95
Franco Porras, Juan F.,
95
Fuertes Rivera, Juan
Manuel, 182
Garzón, Patricio, 145, 178
German, Jorge, 149
Gómez Centurión, Pedro,
7
Gómez, Napoleón, 52
González, Carlos, 52, 146
Granda Aguilar, Víctor,
18, 19, 52,
Guerrero Ferber, Álvaro,
7, 41, 54, 75
Guzmán Ortega, Jorge 88,
147, 182
Herrería Cabascango,
Nelson Hugo, 2, 22
Hurtado Larrea, Osvaldo,
97
Isaías Dassum William,
54, 93,
Isaías Dassum, Roberto,
54, 93, 131
Isaías, familia, 128, 129,
163, 190
Jácome, Luis, 5
Jaramillo, Fidel, 8
Jiménez Carbo, Ramón,
139 182
Jurado Noboa, Fernando,
184
Landes, Nicolás, 133
Lasso Mendoza,
Guillermo, 41,
Leone, Bruno, 160, 183
López Novillo, Rosendo,
25
Mahuad Witt, Yamil, 5, 6,
7, 10, 11, 12, 13, 17, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 35, 36, 39, 40,
41, 42, 43, 48, 49, 51, 52,
53, 54, 56, 59, 75, 76, 77,
80, 88, 89, 90, 93, 97, 98,
99, 109, 116, 117, 124,
125, 127, 131, 135, 136,
141, 143, 144, 145, 161,
166, 167, 168, 170, 172,
173, 175, 177, 178, 179,
180, 182, 183, 185, 187,
188, 190

Maldonado, Alejandro,
146, 182
Maspons Guzmán,
Alberto, 163
Mata, Enrique, 10
Maugé, Marie, 144, 178
Morales Suárez, Juan
Francisco Gabriel, 1-194
Moreira Párraga, Jacinto
Enrique, 48, 145, 178
Moreira Ponce, Álvaro
Enrique, 48
Morillo Batlle, José, 7
Moscoso Chávez,
Guillermo, 23, 31
Mosquera, Gabriela, 145,
178
Mueckay Arcos, Claudio,
146, 182
Muñoz Llerena, Luis, 28
Muñoz Vega, Eduardo
Igor, 28, 31
Nebot Saadi, Jaime, 95
Noboa Bejarano, Gustavo,
131,
Noboa Pontón, Álvaro, 53
Noboa, Gabriel, 10
Ordeñana, José Xavier,
83,
Ortega Trujillo, Gustavo,
6
Ortiz García, Jorge, 96
Ortiz, Alfonso, 18
Oyague Beltrán, Jenny,
163
Palacio, Emilio, 17, 92,
93, 96
Pareja, Carlos, 95
Patiño Crespo, Fabián, 2
Peña Ugalde, Genaro, 2,
16, 19, 23, 25, 28, 32,
124, 125, 127, 182, 190
Peñafiel Salgado, familia,
78
Pérez Zapata, Marco
Antonio, 2
Pesántez, Washington,
149
Pico Mantilla, Galo, 167,
170
Pinoargote C., Alfredo, 17
Proaño, Raúl, 18
Quiroz Erazo, Luis, 98
Reyes Merizalde, Lenin,
18
Rivadeneira Cevallos,
Juan Carlos, 28, 185
Rodríguez Torres, Jorge,
5-12, 18, 54,
Roldós Aguilera, León, 9
Román Armendáriz,
Alejandro, 144
Romolereux Girón, Ketty,
25
Salgado Pesantez,
Hernán, 98
Salgado Tamayo, Wilma,
86
Salvador Lara, Jorge, 89
Salvador, Arcángel
Gabriel, 18
Solórzano Constantine,
Carlos, 7, 96
Sosa Meza, Jorge, 57

Tamariz Valdivieso,
Oswaldo, 86, 161
Tigreros N., 12
Torres Montesinos,
Bolívar, 25
Troya Jaramillo, José
Vicente, 98
Valdivieso, Gonzalo, 145,
178
Vallejo Basante, Wilson,
31
Velasco Dávila, Jaime, 5,
98
Vera Rodríguez, Carlos,
17, 96
Villacís Guillen, Luis
Wilfrido, 86, 160, 183
Vivanco Mendieta, Jorge,
128
Vivanco Riofrío, Patricio,
135
Yépez Andrade de
Velasco, Mariana, 27, 182
Yu Lee Changuin, Ramón,
42, 89, 9