31759 Yesid Ramírez Bastidas - EL COLEGIO DE JUECES Y ...

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
(2009).
Proceso No 31759
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente:
Casación inadmite N° 31.759
JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO.
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Aprobado Acta N° 272
Bogotá, D. C., agosto treinta y uno (31) de dos mil nueve
VISTOS:
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de
casación presentada por la apoderada judicial de JAIRO MORENO
MANCILLA Y MARÍA DEL CARMEN DE MORENO, constituidos en parte
civil en el proceso seguido a JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO por
el delito de fraude procesal, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Cali que revocó la condenatoria dictada por
el Juzgado Quince Penal del Circuito de esa ciudad, y en su lugar
dispuso absolverlo.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

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Casación inadmite N° 31.759
JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO
1.- Los primeros se consignaron en la sentencia impugnada
de la siguiente manera:
De acuerdo con lo denunciado por el señor JAIRO MORENO
MANCILLA, debido a una necesidad monetaria debió afectar
con una hipoteca por valor de seis millones de pesos a
favor de JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO, su casa de
habitación familiar ubicada en la calle 71B No 28-71 del
barrio El Pondaje de ésta ciudad, la que se encontraba
escriturada a nombre de su señora MARÍA DEL CARMEN
ORTEGA DE MORENO y de sus hijos ANA MILENA Y ALEXANDER
MORENO ORTEGA, plasmándose la negociación a través de
la Escritura Pública No 21 fechada el 5 de enero de 2001,
de la Notaría Segunda de ésta ciudad, suscribiendo en esa
misma fecha los propietarios del inmueble un pagaré a
favor del prestamista, por igual valor.
Como quiera que LONDOÑO AGUDELO reclamaba el pago de
la obligación, debieron vender el inmueble a la señora
MARTHA LUCÍA OREJUELA ASPRILLA en treinta y cuatro
millones de pesos, obteniendo de ésta un adelanto para
efectos de la cancelación de la hipoteca constituida a favor
de AGUDELO LONDOÑO, lo que se hizo mediante la Escritura
Pública No 2.856 del 31 de julio de 2001, corrida en la
misma agencia notarial, pero, sin que el prestamista hiciera
la devolución del pagaré que se había firmado como
respaldo de la obligación, documento que nunca regresó a
sus suscriptores.
Posteriormente JAIRO MORENO MANCILLA recibió de
LONDOÑO AGUDELO un préstamo de un millón de pesos que
respaldó con una letra de cambio y más adelante obtuvo
tres millones de pesos más suscribiéndose un pagaré por
cuatro millones de pesos, recogiendo en consecuencia la
letra que había firmado por un millón de pesos, deuda que
aparecía respaldada con la pignoración a favor de LONDOÑO
AGUDELO de un vehículo Taxi que aparecía matriculado a
nombre de ALEXANDER MORENO ORTEGA, vehículo que le fue
hurtado y por esa razón hubo de vender el cupo
cancelándose al prestamista los cuatro millones de pesos y
recibiendo de éste el pagaré.
Como quiera que requerían adquirir una nueva vivienda, en
una negociación en la que el mismo LONDOÑO AGUDELO
intervino como intermediario, la familia del quejoso (María
del CARMEN ORTEGA DE MORENO, ANA MILENA Y ALEXANDER

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Casación inadmite N° 31.759
JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO
MORENO ORTEGA) adquirió a MARIA ROMELIA GALLEGO DE
GRISALES, HUMBERTO GALLEGO GRISALES y otros, el inmueble
ubicado en la calle 16 No 31-34 de ésta ciudad, por valor de
veintiséis millones, celebrándose la promesa de venta el 17
de agosto de 2001.
En esa época JAIRO MORENO MANCILLA tenía un pleito
laboral con la firma Comdrogas representada por el señor
GABRIEL IGNACIO MUÑOZ GUERRERO, habiendo llegado a un
arreglo en el que se le hizo entrega de varios cheques
posfechados que debía cobrar paulatinamente a partir del
mes de octubre de 2001, títulos de los cuales se vio en la
necesidad de negociar dos de ellos, por valor de dos
millones de pesos cada uno, con el señor JUAN BAUTISTA
LONDOÑO AGUDELO, quien, para llevar a cabo esa
negociación, le obligó a recoger una letra de un millón de
pesos que por mediación suya le había prestado a la
doctora DORIS BEDOYA HERNÁNDEZ y cobrando una comisión
del 6%, teniéndose que cuando AGUDELO LONDOÑO quiso
hacer efectivos éstos cheques, los cuales se consignaron
en la cuenta de Moreno Mancilla por cuanto tenían la
restricción de ser pagados únicamente al primer
beneficiario, resultaron impagados por orden de no pago
impartida por el girador, orden que se originó por el hecho
de que MORENO MANCILLA incumpliendo los plazos pactados
había presentado para su cobro uno de los cheques antes
de la fecha estipulada en el título valor.
Como la orden de no pago de los cheques significaba el
resquebrajamiento de la economía de MORENO MANCILLA,
no pudo recogerle los cheques a AGUDELO LONDOÑO, quien
se negó a iniciar cualquier acción en contra del girador y por
el contrario, valiéndose del pagaré del 5 de enero de 2001
que como garantía de la hipoteca constituida en su favor
había suscrito MARÍA DEL CARMEN ORTEGA MORENO y sus
hijos ANA MILENA Y ALEXANDER MORENO ORTEGA, documento
que no les regresó cuando cancelaron la hipoteca, inició un
proceso ejecutivo contra éstos cursante en el Juzgado
Primero Civil Municipal de ésta ciudad, en el que decretó el
embargo y secuestro del inmueble ubicado en la calle 16
No 31-34, considerando que con ello ha incurrido su
denunciado en la conducta punible del fraude procesal al
utilizar para estos efectos el pagará que respaldaba una
obligación que ya había sido cancelada.

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JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO
2.- El 18 de septiembre de 2003, se admitió la demanda de
parte civil presentada por JAIRO MORENO MANCILLA a través de
apoderado judicial.
3.- Abierta la correspondiente investigación y vinculado
mediante indagatoria JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO, el 27 de
julio de 2005 la Fiscalía Seccional Delegada 93 de Cali, calificó el
sumario y profirió resolución de acusación en su contra como
autor de la conducta punible de fraude procesal, providencia que
fue apelada y la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal de Cali
el 17 de noviembre de 2006 la confirmó.
4.- Correspondió al Juzgado Quince Penal del Circuito de esa
ciudad adelantar el juicio y celebrada la audiencia de juzgamiento,
el 12 de junio de 2008 condenó a JUAN BAUTISTA LONDOÑO
AGUDELO a la pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión,
multa equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, al pago de cuatro (4) salarios mínimos
legales vigentes al momento en que se haga el efectivo a favor de
JAIRO MORENO MANCILLA, MARÍA DEL CARMEN ORTEGA DE MORENO,
ANA MILENA MORENO ORTEGA y ALEXANDER MORENO ORTEGA, a la
inhabilitación de derechos y funciones públicas por cinco (5) años,
y le negó el subrogado de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena como autor responsable del delito por el que
se le convocó a juicio.

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5.- Esa providencia fue apelada por el defensor de LONDOÑO
AGUDELO, y el 18 de diciembre de 2008 el Tribunal Superior de
Cali la revocó y en su lugar absolvió al procesado.
6.- Contra el pronunciamiento anterior la apoderada de JAIRO
MORENO MANCILLA interpuso el recurso de casación que fue
concedido por el ad quem en auto del 13 de febrero de 2009.
LA DEMANDA:
En un cargo único al amparo de la causal primera, acusó a
la sentencia de segundo grado de incurrir en “violación directa
del artículo 453 del Código Penal por indebida aplicación de los
artículos 277 y 7º del C. de P.P., por error de hecho por falso
juicio de raciocinio y desconocimiento de los postulados de la
sana crítica”.
Refiere que la segunda instancia criticó las manifestaciones
de MARÍA DEL CARMEN ORTEGA DE MORENO, ANA MILENA MORENO
ORTEGA, ALEXANDER MORENO ORTEGA y JAIRO MORENO MANCILLA
en lo relativo a la entrega del pagaré por valor de $6.000.000.oo
cancelado el 31 de julio de 2001 y que hacía parte de la escritura
pública 021 de enero 5 de 2001, y el hecho de no haberse
allegado copia del proceso ejecutivo tramitado en el Juzgado
Primero Civil Municipal por parte de JUAN BAUTISTA LONDOÑO en
contra de ellos, a efectos de establecer si se trataba del mismo
título.

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Adujo que el ad quem no tuvo en cuenta la “falsa coartada o
mala justificación” que surge de la “exposición” del procesado de
la cual transcribió algunos apartes cuyo texto refirió tres
situaciones relacionadas con la creación del pagare las que
resumió de la siguiente manera: “(i).- que se suscribió el 5 de
enero de 2001 “por si acaso” el señor JAIRO MORENO MANCILLA
solicitaba un préstamo nuevamente, (ii).- se efectuó un mes
después de la suscripción de la hipoteca, y (iii).- Se realizó para
que MORENO MANCILLA adquiriera una nueva residencia”.
Afirmó que si el Tribunal hubiese analizado lo dicho por
LONDOÑO AGUDELO, habría concluido que trató de justificar su
conducta “en contravía de las normas de la sana crítica como es
la experiencia, porque es imposible que una persona vaya a
firmar en la misma fecha en que suscribe una hipoteca, otro
pagaré por el mismo valor por si acaso necesita un dinero en
forma posterior”.
Refirió que MORENO MANCILLA en sus diferentes
declaraciones fue reiterativo en afirmar que el pagaré objeto del
proceso ejecutivo fue el que él suscribió el 5 de enero de 2001
para respaldar el gravamen en cita y que LONDOÑO AGUDELO
“jamás le realizó otro préstamo”.
Hizo mención al hecho que HUMBERTO GRISALES GALLEGO Y
JUAN BAUTISTA LONDOÑO GALLEGO dijeron que ese titulo “fue para

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comprar la vivienda” de JAIRO MORENO MANCILLA en el barrio
Colón, suceso que no es cierto, porque la nueva casa la adquirió
la familia MORENO ORTEGA el 17 de agosto de 2001, es decir,
ocho meses después, de lo referido por el sindicado, aspectos
que no fueron tenidos en cuenta por el ad quem.
Enuncia que LONDOÑO AGUDELO no pudo justificar el
segundo préstamo de $6.000.000.oo realizado a MORENO
MANCILLA y por ende, no sirven las declaraciones de GABRIEL
IGNACIO MUÑOZ ni de HUMBERTO GRISALES GALLEGO refiriendo la
existencia del mismo, porque de haberse dado, no se habría
presentado la cancelación de la hipoteca.
Considera que la decisión de segunda instancia “no es una
conclusión lógica ni intelectiva” y va en contravía de la sana
crítica.
Por lo anterior, solicita casar la sentencia y dejar con validez
la de primera instancia.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
I. Cuestiones previas sobre el quantum de la pena como
requisito para acceder a la casación y la ley procesal
aplicable:

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Visto quedó que en este proceso se juzgaron hechos
ocurridos el 1º de abril de 2003, los cuales fueron resueltos en
sentencia de segunda instancia proferida el 18 de diciembre de
2008 por el Tribunal Superior de Cali, quien dispuso absolver a
procesado JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO de la conducta
punible de fraude procesal cuya pena máximas legislativamente
determinada era de ocho (8) años de prisión de acuerdo con el
artículo 453 de la Ley 599 de 2000.
Para determinar el cumplimiento del requisito legal de
procedibilidad referido al quantum punitivo para acudir a la
casación, en el propósito de determinar si hay o no lugar a la
admisión del recurso interpuesto, previamente se harán las
siguientes precisiones:
1.- Los precedentes legales:
El legislador nacional, prolijo en la elaboración de estatutos
procesales penales, desde 1971 hasta la fecha ha expedido
diferentes normas para regular la procedencia del recurso
extraordinario de casación, habiendo establecido en ellas un
requisito referido al monto de la pena el cual ha variado en los
siguientes términos:
1.1.- En los Estatutos de Procedimiento Penal de 1971 -
artículo 569-, 1987 -artículo 218- y 1991 -artículo 218-, se
requería para acceder al recurso extraordinario una cantidad de

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pena igual o superior a los cinco (5) años. En el Código de 1991
se introdujo como novedad la denominada casación excepcional.
Se dijo:
Artículo 218. Procedencia. El recurso extraordinario de
casación procede contra las sentencias proferidas por el Tribunal
Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el
Tribunal Penal Militar, en segunda instancia, por delitos que
tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo
sea o exceda de cinco años, aun cuando la sanción impuesta
haya sido una medida de seguridad.
(…)
De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de
casación en casos distintos a los arriba mencionados, a solicitud
del Procurador, su delegado, o del defensor, cuando lo
considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la
garantía de los derechos fundamentales.
1.2.- Con la Ley 81 de 1993 se elevó a 6 años la cantidad de
pena mínima exigida para acceder al recurso extraordinario y se
mantuvo la casación excepcional:
Artículo 35. El artículo 218 del Código de Procedimiento
Penal, quedará así: Artículo 218. Procedencia. El recurso
extraordinario de casación procede contra las sentencias
proferidas por el Tribunal Nacional, los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en
segunda instancia, por los delitos que tengan señalada
pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda
de seis (6) años aun cuando la sanción impuesta haya sido
una medida de seguridad.
(…)
De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de
casación en casos distintos de los arriba mencionados, a

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solicitud del Procurador, su delegado, o del Defensor,
cuando lo considere necesario para el desarrollo de la
jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.
1.3.- Con la Ley 553 de 2000 se modificó el Decreto 2700 de
1991 y en lo que tiene que ver con el quantum de la pena exigida
para acceder a la casación, se dijo que la casación procedía en
los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que
tengan pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho
(8) años.
1.4.- El Código de Procedimiento Penal de 2000 acogió tal
aumentó en el límite punitivo para acceder al recurso
extraordinario:
Artículo 205. Procedencia de la casación. La casación
procede contra las sentencias proferidas en segunda
instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren
adelantado por los delitos que tengan señalada pena
privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho
años, aún cuando la sanción impuesta haya sido una
medida de seguridad 1 .
1.5.- El Estatuto Procesal Acusatorio o Ley 906 de 2004,
variando la tradición legislativa, no estableció un monto de pena
como requisito para la procedencia del recurso de casación. Se
reguló la materia así:
1 Recuérdese que el texto original señalaba la procedencia contra las sentencias
ejecutoriadas, pero tal característica fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional, sentencia C-252/2001.

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Artículo 181. Procedencia. El recurso como control
constitucional y legal procede contra las sentencias
proferidas en segunda instancia en los procesos
adelantados por delitos, cuando afectan derechos o
garantías fundamentales…
Como ha quedado visto, tradicionalmente se exigió por parte
del legislador, como requisito esencial para poder acceder al
trámite del recurso extraordinario de casación que la sentencia
correspondiera a un delito que tuviera señalada una cantidad de
pena privativa de la libertad mínima, inicialmente establecida en 5
años y luego incrementada a 6 años y por último elevada hasta un
tope máximo que debía exceder de los 8 años.
Fue el legislador de 2004, al desarrollar los estatutos
necesarios para implementar el sistema acusatorio introducido
mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, quien dispuso abolir el
requisito del quantum de pena privativa de la libertad, con lo que a
partir de la vigencia del Código de Procedimiento Penal de 2004 o
Ley 906 de 2004, que en los términos del artículo 530 de dicho
estatuto entró a regir a partir del 1° de enero de 2005 en forma
progresiva en algunos lugares del territorio nacional, pueden
acceder al recurso extraordinario de casación todos los
procesados condenados por delitos sin importar la cantidad de
pena que en abstracto consagra el tipo penal, siempre que se
refiera a conductas punibles ocurridas a partir de su vigencia y
teniendo en cuenta la gradualidad territorial de su implementación.
Es menester observar que a partir del Código de
Procedimiento Penal de 1991 nació la casación excepcional o

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discrecional, con la que se facultó a la Corte para admitir
demandas de casación bajo condición de sustentarse el recurso
extraordinario en la necesidad de desarrollar la jurisprudencia y/o
para hacer efectiva la protección y garantía de los derechos
fundamentales, sin importar la cantidad de pena que en abstracto
consagra el tipo penal ni el funcionario que en segunda instancia
profirió el fallo.
2.- Los precedentes de la Sala:
Dada la claridad de las diferentes regulaciones legales en lo
que tiene que ver con el quantum de pena mínima exigida para la
procedencia del recurso de casación, se permitió decisiones de la
Sala uniformes y votadas por amplia mayoría.
Los cambios de legislación y el aumento en el mínimo del
monto de pena sí han propiciado la elaboración de decisiones en
las cuales se ha impuesto una mayor carga argumentativa para
resolver satisfactoriamente temas conexos, como lo son los
referidos a la vigencia de la ley en el tiempo, especialmente en lo
que tiene que ver con las leyes que regulan la ritualidad de los
procedimientos y el principio de favorabilidad 2 , asunto al que no
ha sido ajena la Corte Constitucional 3 .
2 Por ejemplo, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Auto de 19 de
agosto de 2004, radicación 22238.
3 Sentencia T-252/2001.

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La Sala de manera uniforme venía señalando, apoyada en
la mejor doctrina, que la posibilidad de apelar o recurrir contra una
sentencia, puesto que es consecuencia de la sentencia misma,
debía regularse según la ley bajo cuyo imperio fue
pronunciada. Por tanto, las disposiciones de la ley vigente en el
tiempo en que fue proferido el fallo, son las que determinan si
cabe el recurso de casación 4 , siendo tal línea jurisprudencial
mantenida durante mucho tiempo, sosteniéndose que:
el punto de partida es establecer cuál era la legislación
vigente al momento de interponer el recurso y cuál la
introducida para la fecha en que se resuelve a ese
respecto; puesto que si un procesado o su defensor
interpone en oportunidad un recurso bajo las
condiciones que en ese momento consagra la ley y
luego ésta modifica las exigencias para hacerlas más
rigurosas, sería desleal, además de desfavorable,
denegarle el trámite a esa impugnación. En cambio, si la
sentencia se profiere después de que la ley ha
modificado las condiciones de procedibilidad de un
recurso, no es posible invocar y aplicar el principio de
favorabilidad por la sencilla razón de que no surge una
concurrencia legislativa con relación al acto de
impugnación 5 .
Adelante y siempre de manera reiterada, se reafirmó así:
En conclusión, el artículo 218 del Decreto 2700 de 1991
nunca tuvo vida jurídica dentro de este proceso, pues el
supuesto de hecho que el mismo exigía no existió
durante su vigencia. De una norma de procedimiento
que establece los requisitos de procedencia de un
recurso, el supuesto de hecho es la existencia del acto
4
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Recurso de hecho del 12 de
julio de 1994.
5
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Recurso de hecho del 18 de
agosto de 1994.

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procesal sobre el que puede ejercerse la impugnación,
de donde resulta que las partes no pueden reclamar
derecho alguno que se derive de una norma cuyo juicio
de pertinencia y validez resulta negativo dentro del
proceso concreto en que la pretenden hacer valer 6 .
3.- El nuevo criterio jurisprudencial derivado de la
aplicación y vigencia de la nueva legislación procesal 7 :
La Sala consideró, a partir de una precisión sobre el alcance
del artículo 29 de la Carta Política que hace énfasis en el principio
de legalidad del delito, la pena, el juez y el procedimiento, en
concordancia con el artículo 6° de la Ley 906 de 2004, que surge
un contexto positivo desde el cual
pueden desbrozarse las distintas especies de normas que han
de regir un proceso penal, al igual que el alcance de cada una
de ellas, así: i) las sustanciales, cuyas permanencia -aún previa
a la ejecución del delito- y aplicación -ya al interior de la
actuación- perduran inclusive hasta el agotamiento de la fase de
ejecución de la sentencia (art. 6 C.P.), a menos que una norma
de similar naturaleza la reemplace para que sea aplicada esta
última bajo la condición de ser más favorable. ii) las simplemente
instrumentales, que igualmente antecedentes al hecho, deben
gobernar el proceso, aunque sujetas a ser desestimadas en su
aplicación cuando se expida una norma de su mismo carácter,
tal como lo señala el artículo 40 de la Ley 153 de 1886, sin que
de ellas -dada su neutralidad- sea demandable la favorabilidad.
iii) las procesales de efectos sustanciales, cuyo manejo -desde
luego al interior de la actuación- se asimila a las materiales,
conforme lo señala el dispositivo últimamente trascrito.
Así, refulge que cometido un delito, toda la normatividad que lo
regula en su descripción típica, en su sanción y en las normas
procesales de efectos sustanciales, acompañan ad infinitum a
ese comportamiento y a su autor, salvo que con posterioridad
surja norma nueva que favorablemente modifique tales atributos
para que ésta sea aplicada retroactivamente, tal como lo
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sent., abril 29 de 1997.
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Auto de 16 de febrero de
2005, radicación 23006, opinión reiterada en Autos de 2 de marzo de 2005, radicación 21614
y 20 de octubre de 2005, radicación 23981, entre otros.

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autoriza la norma superior, lo precisa la Ley 600/00 y lo reitera
para el futuro el nuevo código de procedimiento (ley 906/04). En
cambio, lo que sí choca contra aquélla -y aún con el sentido
común- es que se aplique retroactivamente una nueva
normatividad con efectos desfavorables. A su turno, lo que atañe
a las disposiciones legales simplemente instrumentales, así
como al cambio del juez (por razones de competencia) por otro
igualmente existente antes de la comisión del delito, son de
aplicación inmediata, sin que de su mutación -como se dijo-
pueda reclamarse ingrediente alguno de favorabilidad.
4.- Del caso concreto.
4.1. Este asunto se adelantó por la conducta punible de
fraude procesal debido a hechos ocurridos el 1º de abril de 2003 y
denunciados el 4 de junio de ese año.
4.2.- Para la época de los hechos estaba vigente el artículo
453 de la ley 599 de 2000, en el cual se disponía una pena
máxima de ocho (8) años para el agente responsable de esa
infracción penal y en la actualidad por virtud de la modificación
introducida a ese tope por la Ley 890 de 2004, para el delito de
fraude procesal se elevó a doce (12) años.
4.3. Igualmente, la normativa procesal en vigor para el
momento de la ejecución de la conducta típica es el artículo 205
de la Ley 600 de 2000, de modo que para la procedencia de la
casación ordinaria se exigía que el tipo penal al que se refería la
sentencia atacada, con todas y cada una de las circunstancias
que lo modifican, debía tener señalada pena privativa de la

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libertad cuyo máximo exceda de ocho años de prisión, aun
cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
4.4. Resulta evidente concluir en este caso que el recurso
de casación común no procedía, toda vez que el comportamiento
por el cual se adelantó el proceso y resultó absuelto LONDOÑO
AGUDELO tiene una pena privativa de la libertad que en su máximo
no excede de ocho (8) años.
II. De la casación excepcional.
1.- Para impugnar la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Superior de Cali era necesario acudir a la
casación excepcional que consagra el inciso tercero del artículo
205 de la ley 600 de 2000.
2.- Cuando se acude a la casación excepcional, el
demandante debe cumplir dos exigencias: (i) demostrar que la
intervención de la Corte es necesaria para la protección de las
garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia, y (ii)
presentar una demanda que cumpla las condiciones mínimas de
forma y contenido requeridas por la ley y la lógica casacional para
su estudio.
3.- En el primer evento, la jurisprudencia de la Sala ha venido
sosteniendo que se hace necesario que el recurrente exponga así
sea de manera sucinta pero clara qué es lo que pretende con la
impugnación excepcional, debiendo señalar el derecho

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fundamental cuya garantía persigue o el tema jurídico sobre el
cual considera se hace indispensable un pronunciamiento de
autoridad por parte de esta Corporación.
En relación con la casación discrecional compete al libelista
expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe
intervenir la Corte, ya para proveer un pronunciamiento con
criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, bien
para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora
para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de
indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad
simultánea de brindar solución al asunto y a la par servir de guía a
la actividad judicial.
Y si lo pretendido por quien demanda es asegurar la garantía
de derechos fundamentales, tiene la obligación de demostrar la
violación e indicar las normas constitucionales que protegen el
derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo
recurrido, circunstancias, que como ya lo ha reiterado la Sala,
deben evidenciarse con la sola referencia descriptiva hecha en la
sustentación.
4.- Además, las razones que aduce el demandante para
persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda,
deben guardar correspondencia con los cargos que formule contra
la sentencia. Lo anterior porque no podría entenderse cumplido el
requisito de sustentación, de manera que si se reclama el

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pronunciamiento de la Sala sobre la protección de los derechos
fundamentales o un específico tema, es apenas elemental que la
censura le permita a esta Corporación examinar en concreto uno
o los dos puntos que la habilitan. En otras palabras, debe haber
perfecta conformidad entre el fundamento de la casación
excepcional (desarrollo de la jurisprudencia y/o protección de
garantías fundamentales), el cargo o los cargos que se formulen
contra el fallo y, por consiguiente, el desarrollo de los mismos.
5.- Es pertinente recordar que, en lo relacionado con el
desarrollo jurisprudencial, la Sala ha sostenido que es deber del
casacionista indicar si lo pretendido es fijar el alcance
interpretativo de alguna disposición, o la unificación de posiciones
disímiles de la Corte, o el pronunciamiento sobre un punto
concreto que jurisprudencialmente no ha sido suficientemente
desarrollado, o la actualización de la doctrina, al tenor de las
nuevas realidades fácticas y jurídicas; y, además, la incidencia
favorable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que
prestaría a la actividad judicial, por trazar derroteros de
interpretación con criterios de autoridad 8 .
6.- La segunda condición presupone cumplir con los
requerimientos mínimos de forma y contenido señalados en el
artículo 212 de la ley 600 de 2000, a saber: (i) identificación de los
sujetos procesales y de la sentencia impugnada, (ii) resumen de
los hechos y de la actuación procesal, y (iii) demostración del
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Auto de 26 de febrero de
2000, radicación 18447, entre otros.

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cargo, exigencia que implica señalar la causal invocada, las
normas procesales y sustanciales transgredidas, y las razones del
reparo, todo dentro del marco de los principios que rigen la
casación y la lógica de la causal planteada.
7.- La impugnante no asumió de manera previa la
demostración de que existía uno o los dos motivos que hacían
procedente esa vía discrecional, sino que entró a plantear un
cargo único al amparo de la causal primera del artículo 207 de la
Ley 600 de 2000, acusando a la sentencia de incurrir en “violación
directa del artículo 453”, por indebida aplicación de los artículos
277 y 7º ejusdem y en forma conjunta por error de hecho derivado
de falso raciocinio y desconocimiento de postulados de la sana
crítica, formulación mixturada que deviene insuficiente a los
propósitos de la casación discrecional pues uno es el cargo que
se formula dentro del marco de una determinada causal y otro es
el motivo que justifica la necesidad de ejercer la facultad
discrecional de abrir la puerta de la impugnación extraordinaria a
un asunto que ordinariamente no tiene acceso a ella.
8.- La casacionista apenas formuló aplicación indebida del
artículo 7º de la Ley 600 de 2000, lo cual vendría a representar
una aparente trasgresión al reconocimiento del in dubio pro reo y
por consiguiente al desconocimiento del postulado de certeza,
aspectos de los que no se ocupó en demostrar, enunciación que
permitiría entender que la casación excepcional que se debió
proponer buscaba la materialización del primer fin previsto en la
norma (protección de las garantías fundamentales de la víctima

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para el caso constituida en parte civil). Se advierte que este
ejercicio complementario es factible a nivel de las instancias, pero
no en casación, porque en esta sede rigen los principios de
motivación suficiente, en virtud del cual se exige que la demanda
se baste así misma para lograr el desquiciamiento del fallo, y el de
limitación, que le impide a la Sala entrar a suplir las deficiencias
argumentativas del libelo o enmendar sus yerros.
9.- Si bien es cierto el recurso extraordinario de casación
entendido como control constitucional y legal de las sentencias
proferidas en segundo grado se halla des-formalizado en cuanto
a las exigencias rigurosas de debida técnica que en el pasado
inmediato se demandaban, a las que en el presente no se les
debe otorgar tanta preponderancia pues ello implicaría contrariar
el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal, postulado que incluso se puede hacer extensivo por
favorabilidad a las impugnaciones efectuadas contra sentencias
de segundo grado proferidas en vigencia de la Ley 600 de 2000
incluidas las que se formulen como casación excepcional,
también es cierto que no se constituye en sede alterna para
extender los debates dados en las instancias sobre una “violación
directa de la ley sustancial derivada de error de hecho por falso
raciocinio y menoscabo de postulados de la sana crítica”,
aspectos que en la demanda se plasmaron de manera escasa y
concurrente, pero sin ningún desarrollo lógico ni contundente sino
elaborado al estilo de un largo memorial de instancia, sin
trascendencia en orden a constituirse en elementos de juicio

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sustanciales a efecto de lograr la ruptura de la sentencia de
segundo grado, como adelante se verá.
En esta sede extraordinaria en orden a la admisión de la
demanda antes que exigencias formales lo que se reclaman son
requerimientos de naturaleza lógicos y jurídicos concluyentes en
la finalidad de demostrar con trascendencia sustancial que la
declaración de justicia objeto de impugnación, la cual llega a esta
sede extraordinaria amparada por el principio de la doble unidad
jurídica de decisión, se fundó en errores de hecho o de derecho
manifiestos o se profirió al interior de un juicio viciado por
irregularidades sustanciales afectantes de la estructura o la
garantía del debido proceso o del derecho de defensa, falencias
claramente diferenciadas en sus contenidos materiales, alcances
y efectos, que reclaman el correspondiente control legal o
constitucional y los necesarios correctivos.
Por tanto: cuando en la demanda de casación se
desatienden los requerimientos lógicos y de trascendencia
orientados a derruir las disposiciones de las instancias, o cuando
se yerra en señalar los objetos de lo demandado, o cuando se
incurre en contradicciones al formular y sustentar los cargos
cuyos contenidos no son dables entremezclar ni postular en
discurso libre como aquí ha ocurrido, la consecuencia procesal
inmediata no puede ser otra que su inadmisión.

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10.- La demanda presentada por la apoderada judicial de
JAIRO MORENO MANCILLA desatiende los requisitos de claridad y
precisión en la interposición y sustentación del único cargo, por lo
siguiente:
10.1.- Se observa que la casacionista en su calidad de
apoderada de la parte civil al acudir a la presente impugnación
extraordinaria nada dijo acerca de los fines de la casación
excepcional de que trata el artículo 207 inciso 3º, es decir si el
objetivo de la misma es necesario para el desarrollo de la
jurisprudencia o garantía de los derechos fundamentales, motivos
que se constituyen más que suficientes para darla por inadmitida.
10.2.- Se puede afirmar que la demanda es un alegato de los
que se elaboran para sustentar recursos ordinarios en donde la
impugnante se limitó a hacer referencias de manifestaciones
dadas por el procesado, como de algunos testimonios y a
renglones seguidos a disentir desde su propia visión de la
decisión adoptada por la segunda instancia, es decir, expuso en
libre discurso sus apreciaciones en oposición a las plasmadas por
el Tribunal.
Uno de los principios regentes de la casación penal es el de
trascendencia, el cual siempre y cualquiera fuere la causal
elegida, obliga al censor a desarrollar no una contradicción
personalista, sino a ocuparse en la elaboración de un verdadero
juicio lógico-jurídico que por virtud de su contundencia tenga la
potencialidad, la fuerza de romper de manera parcial o total lo

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decidido en las instancias, y desde luego objetivando y
demostrando el error o los errores en los que se ha incurrido en la
sentencia impugnada, enjuiciamiento desde luego discursivo que
no es de libre construcción, pues en sus desarrollos y
fundamentos debe abstenerse de plasmar sus particulares
criterios de apreciación de los hechos o de las pruebas como si
fuera un memorial de instancia ni elaborarse a la manera de un
narrador como aquí ocurre en ligero disentimiento a como se
hiciera por el Tribunal, pues de forma reiterada se ha dicho por
esta Sala que la casación penal no es una tercera instancia.
10.3.- Si el propósito estuvo dado en cuestionar la indebida
aplicación del in dubio pro reo cuya incursión de manera escasa
anunció la demandante, se le recuerda lo siguiente:
Este apotegma es un estadio cognoscitivo en el que en la
aprehensión de la realidad objetiva concurren circunstancias que
afirman y a la vez niegan la existencia del objeto de conocimiento
de que se trate. En esa medida en los supuestos de duda se
plantea una relación probatoria de contradicciones en la que
concurren pruebas a favor y en contra, de cargo y descargo, de
afirmaciones y negaciones las cuales como fenómenos proyectan
sus efectos de incertidumbre respecto de alguna o algunas
categorías jurídico-sustanciales en discusión dentro del singular
proceso penal objeto de examen.

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En igual sentido se integran aspectos objetivos y subjetivos
desde los cuales se puede inferir que el in dubio pro reo no se
materializa por los simples efectos unilaterales de los dilemas
relacionados con lo subjetivo o con lo objetivo dados en los
fenómenos en contradicción.
Con lo anterior se significa que en orden a la consolidación
de este instituto y su correlativa aplicación o para el caso
negación del mismo dada la ausencia de su configuración y
correlativa presencia de la certeza, la labor fundamental no está
dada ni puede quedarse simplemente invocar su indebida
aplicación como en efecto se de manera escasa se hizo en la
demanda, sino que por el contrario se debe proceder a demostrar
que los vacíos o lagunas probatorias puestas de presente por el
Tribunal eran una apariencia o no tenían soporte material, y que
en su lugar era refulgente la certeza de responsabilidad penal del
aquí procesado, aspectos de los cuales no se ocupó la
impugnante, ni desde la prevalencia del derecho de lo debido
sustancial se observan plenitudes de prueba en orden a romper la
sentencia de segundo grado y proferir una de reemplazo respecto
del delito objeto de control legal y constitucional.
10.4.- La segunda instancia soportó la decisión absolutoria
entre otras consideraciones, con las siguientes:
De las fojas (sic) se desprende que efectivamente se
suscribió un título valor por seis millones de pesos
($6.000.000.oo) entre los beneficiarios MARÍA DEL CARMEN
y ALEXANDER MORENO ORTEGA y ANA MILENA MORENO
ORTEGA, pero analizando sucintamente dicho título valor

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no se desprende que el mismo haya sido suscrito como
consecuencia de la hipoteca que se realizó mediante
escritura pública No 21 del 5 de enero de 2001 sobre la
vivienda ubicada en la Calle 71 B No 29-71 del Barrio el
Pondaje de ésta ciudad. Igualmente se observa que el 31
de julio de 2001 por haberse encontrado satisfecha la
obligación dineraria se canceló la hipoteca quedando libre
de gravamen hipotecario el inmueble ya reseñado.
Considerando que a la presente actuación no se allegó
copia del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado
Primero Civil Municipal de ésta ciudad, despacho que al
parecer según la información del denunciante decretó el
embargo y secuestro del inmueble ubicado en la calle 16
No 31-34 que es objeto de reproche por el punible de
fraude procesal, es claro que dentro del mismo el
denunciante junto a sus hijos y esposa tenía la facultad de
ejercer su derecho de defensa para proponer las
excepciones respectivas como es el caso la de pago la
cual considera el denunciante se ha realizado, situación
que no es conocida en este proceso penal, generando por
tanto duda probatoria si el pagaré con que se inició esa
demanda ejecutiva es el mismo que fue anexado a ésta
investigación. Situaciones que permiten señalar que nos
encontramos ante una débil y precaria investigación.
El delito por el que resultó absuelto LONDOÑO AGUDELO,
como su propio nombre específico lo indica, es un injusto típico
intra-procesal, entendiéndose desde la teoría por proceso, una
actuación judicial o administrativa en la que hay contención y
discusión de derechos de alguna persona determinada, de lo cual
se infiere que la autoría y dominio del hecho del mismo está
radicada de manera exclusiva en los sujetos procesales que
intervienen como partes al interior de un trámite que corresponda
a las naturalezas en mención.

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La conducta material que caracteriza e identifica esta
especie de comportamiento punible está dada en inducir por
cualquier medio fraudulento en error a un servidor público para
obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la
ley.
De lo anterior se deriva una consideración adicional como es
la referida al hecho que dichos efectos al ser proferidos al interior
de esas instancias como es de suyo son susceptibles de algún
recurso, dado que con ese resultado el funcionario público pone
fin tanto desde el punto de vista procesal como sustancial a la
contención o discusión del derecho debatido de que se trate.
Desde la perspectiva de la prevalencia del derecho
sustancial, objetivo máximo de la casación penal entendida como
control de constitucionalidad y legalidad de la sentencias de
segundo grado, se hace necesario reiterar que dentro de los
términos “resolución o acto administrativo” se implican toda clase
de decisiones entre las que se encuentran autos interlocutorios o
providencias de autoridad judicial o gubernativa. En esa
perspectiva, si bien es cierto el nombre de aquellos, deriva del
derecho procesal no deberán entenderse como conceptos
cerrados sino amplios en sus contenidos materiales.
Puede afirmarse que para la consolidación del elemento
normativo “induzca en error a un servidor público para obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”,
como es de su esencia, se requiere que al interior de la actuación

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judicial o administrativa en la que haya discusión de derechos de
alguna persona determinada, el sujeto como parte hubiese
colocado en acción instrumental o en algunos casos medios
probatorios fraudulentos los que como instrumentos tengan la
idoneidad para inducir en error, sin que para su consumación se
exija la generación ni el efecto real del error.
La Corte en su momento dijo:
Para el encasillamiento de una conducta en este tipo
penal es imprescindible la concurrencia de las
siguientes condiciones: Sujeto activo indeterminado,
dado que la ley no exige ninguna cualificación al autor
del supuesto de hecho. La conducta se concreta en la
inducción en error del servidor público a través de
medios fraudulentos idóneos, es decir, que para su
perfeccionamiento no se necesita que el funcionario
haya sido engañado sino que los mecanismos utilizados
tengan la fuerza suficiente para ello. Como ingrediente
subjetivo específico del tipo, se destaca que la conducta
debe estar orientada a conseguir una decisión injusta
favorable a los intereses del autor por medio de
sentencia, resolución o acto administrativo. Se deduce
de lo anterior, que es un tipo de mera conducta en
razón a que se perfecciona cuando se logra la inducción
en error del servidor público por medios engañosos o
artificios idóneos y sus efectos se prolongarán en el
tiempo en tanto perviva el estado de error y se obtenga
la decisión pretendida, aún después si se necesita para
su ejecución de actos posteriores. Es decir, no requiere
el logro de la decisión anhelada, sentencia, resolución o
acto administrativo ilegal de producirse configuraría su
agotamiento 9 .
9 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 17/07 de 2002.
Rad. 18.188

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En esa medida, y si de fraude procesal se trata el tema
objeto de controversia, de acuerdo con el principio de necesidad
de la prueba de que trata el artículo 232 de la Ley 600 de 2000 en
el cual se estatuye que:
Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y
oportunamente allegadas a la actuación
Era de necesidad probatoria que a la investigación
adelantada en las instancias se hubiese allegado copia del
proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Primero Civil
Municipal de Cali, despacho que según la información del
denunciante, decretó el embargo y secuestro de referencia, a
efectos de verificar la actuación de las partes y por ende el delito
de fraude procesal, el cual tiene su espacio material es al interior
de actuaciones judiciales o administrativas. Aquello no se hizo y
por ende, era una duda insalvable con la cual el Tribunal profirió la
decisión de absolución en aplicación del in dubio pro reo, instituto
que desde el punto de vista dogmático y sustancial no se advierte
aplicado de manera indebida, pues como es de suyo, sin copia del
proceso ejecutivo de referencia, no era dable conjeturar la
adecuación típica de una conducta que justamente tiene
expresión es en estrados, razones más que suficientes, por las
que se inadmite la demanda.
10.5.- Puede afirmarse que los desarrollos de lo aquí
impugnado no convocan ni persuaden a la Corte sobre la
necesidad de admitir la demanda ni desde la perspectiva oficiosa
se advierte violación de derechos o garantías fundamentales de

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incidencia sustancial o procesal que permitan superar los defectos
de lo demandado y suscitar un pronunciamiento sustitutivo de
reemplazo de condena contra JUAN BAUTISTA LONDOÑO AGUDELO.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal,
RESUELVE:
1.- Inadmitir la demanda de casación presentada por la
apoderada de la parte civil.
recurso.
2.- Advertir que contra esta providencia no procede ningún
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

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ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria