¿Ante los Centros de Conciliación y otras instancias no judiciales ...

REVISTA VIRTUAL VIA INVENIENDI ET IUDICANDI
"CAMINO DEL HALLAZGO Y DEL JUICIO"
http://www.usta.edu.co/programas/derecho/revista_inveniendi/revista/imgs/HTML/revistavirtual/
E-MAIL: revistainveniendi@correo.usta.edu.co
¿ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN Y OTRAS INSTANCIAS
NO JUDICIALES, SE PUEDE DECLARAR LA EXISTENCIA DE LA
UNIÓN MARITAL DE HECHO AL IGUAL QUE SU SOCIEDAD
PATRIMONIAL Y POR ENDE SU LIQUIDACIÓN?
Autor:
FERNANDO MADERO
Docente Facultad de Derecho Universidad Santo Tomás.
FECHA DE RECEPCIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007
FECHA DE APROBACIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007
1. Justificación del tema.
Guiados por la formula constitucional del artículo primero de la carta, según la cual
Colombia se define como un Estado Social de Derecho, el cual pasa a ser Estado
Benefactor que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud,
habitación, educación a todos sus ciudadanos al igual que como Estado
Constitucional Democrático que consagra mecanismos tales como la democracia
participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder, consagrados a
través de principios y derechos fundamentales que inspiran la interpretación y el
funcionamiento de una organización política, hacen del Estado Social de Derecho
un interventor que impide el desplazamiento no solo económico, social sino
1

también jurídico de los mas débiles. Por ello, el papel del juez asistente social en
la justicia, siempre debe estar orientado a que triunfe la razón desde la óptica del
derecho sustancial, marginando la viaja concepción del estado liberal que toleraba
al litigante astuto que utilizaba las ritualidades y ganaba los procesos por su
habilidad en el manejo de aquellas.
No obstante lo anterior, desde antes de la expedición de la Constitución Política de
1.991, el ejecutivo fue consciente de la búsqueda en la eficiencia en la
administración de justicia, a fin de solucionar la crisis por la que sigue atravesando
la misma y la necesidad de devolverle a la comunidad la capacidad de solución de
sus conflictos, mediante mecanismos que permitan subsidiariamente
descongestionar la administración de justicia, acudiendo a instrumentos de la
denominada Justicia alternativa o social. Por ello, normativamente se han
fortalecido tales mecanismos, particularmente la Conciliación y el arbitramento.
Resalto la subsidiaridad de tales mecanismos, por cuanto comparto la idea
fundamental que el Juez asistente social que representa la justicia judicial
permanente, no puede ser reemplazado ni mucho menos desplazado por la
justicia social; de ahí que evoquemos las sabias palabras que expreso el Profesor
y jurista Jairo Parra Quijano en el Séptimo Simposio Nacional de Jueces y
Fiscales celebrado en Cartagena de Indias los dias 26,27 y 28 de agosto de
1.998, al decir: “ El Proceso Civil no tiene como finalidad solucionar conflictos, sino
administrar justicia, por tanto no puede ser alineado junto a los Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos.” (1).
Siendo en consecuencia la Conciliación institucional, un mecanismo alterno que
permite excepcionalmente descongestionar los despachos judiciales a través de
sus Centros de Conciliación, resulta interesante saber si dentro de su órbita o
competencia pueden declarar la existencia o no de la Unión marital de hecho y su
respectiva sociedad patrimonial, junto con la liquidación de la misma o por el
2

contrario requieren de sentencia judicial como expresamente lo establece la ley 54
de 1.990.
2.- Origen del tema planteado.
Como Director del Centro de Conciliación de la Universidad Santo Tomas, recibí
cordial invitación del Dr. Carlos Fradique Méndez, a propósito de la consulta que
como Miembro correspondiente de la Academia Colombiana De Jurisprudencia, le
solicitara responder las siguientes preguntas:
1. ¿ De conformidad con los artículos 31,35 y 40 de la ley 640 de 2.001, ante los
centros de conciliación, se puede declarar la existencia de la unión marital de
hecho?
2. ¿De conformidad con los artículos 31,35 y 40 de la ley 640 de 2.001, ante los
centros de conciliación, se puede declarar que la unión marital de hecho
generó efectos patrimoniales?
3. ¿ De conformidad con los artículos 31,35 y 40 de la ley 640 de 2.001, ante los
centros de conciliación, se puede liquidar la sociedad patrimonial que haya
generado la unión marital de hecho?
4. ¿ De conformidad con la ley 54 de 1.990 para la declaración de la existencia
de la unión marital de hecho es absolutamente necesario la sentencia judicial?
Luego de evaluar su importancia, consideré que el tema propuesto abarca
condiciones de estudio e investigación no solo sustanciales sino procesales, que
invitan a adoptar una clara posición frente a las múltiples solicitudes que como
centros de conciliación recibimos de manera frecuente por parejas que en otrora y
aún en la actualidad, comparecen de mutuo acuerdo ante los Jueces de Familia
del país para obtener solución.
3.- Base Constitucional y Legal de la Conciliación extrajudicial en Derecho de
Familia.
3

Como primera medida, la carta constitucional de 1.991 dispone que el Estado
protege tanto la familia matrimonial como la extramatrimonial (Unión Marital de
Hecho) con un tratamiento igualitario, al decir en su artículo 42 inciso primero que
la familia “ Se Constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de
un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla.”
Así tenemos que, mientras dicha unión de un hombre y una mujer se desarrolle de
manera lícita, permanente y estable, tendrá toda la protección jurídica del Estado,
entre ellas, la posibilidad de que los particulares de forma transitoria, administren
justicia a través de la figura de la Conciliación, sin que de manera alguna, se
incluyan aquellas relaciones repudiadas en la ley o provengan de vinculaciones
transitorias que no tengan como fin conformar una familia.
De otro lado, el inciso final del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia,
expresamente permite la Justicia Social o Alternativa, a través de los particulares,
quienes en determinados casos pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia.
Tomando en cuenta la anterior reseña constitucional, la figura de la Conciliación
recibe su primer desarrollo legal mediante la expedición de la ley 23 de 1.991, la
cual de manera particular en su capítulo cuarto, artículos 47 a 58, reguló lo
concerniente a este método alterno en materia de Familia, otorgando
competencia a los Defensores de familia, para adelantar la conciliación, antes del
proceso judicial o durante él tramite de este, en los asuntos expresamente
indicados en su artículo 47, sin que en ellos, valga decir desde ahora, se incluyera
la unión marital de hecho y su sociedad patrimonial, a pesar de encontrarse ya
vigente la ley 54 de 1.990.
4

De otra parte, el capítulo sexto, artículo 75 de la misma ley 23 de 1.991, estableció
por primera vez la conciliación institucional, es decir, aquella que se adelanta ante
Centros de Conciliación, facultándolos conciliar en materias susceptibles de
transacción, desistimiento y conciliación, y particularmente en asuntos de familia,
los mismos establecidos en el artículo 47 de la misma ley.
Con anterioridad a la carta fundamental, recordemos que la ley 30 de 1.987,
facultó al ejecutivo entre otros temas, para implementar sistemas de solución de
conflictos entre particulares, en especial las figuras de la conciliación y el
arbitramento. Destacánse la expedición del Código del Menor ( D.2237 de 1.989)
que otorgó amplias facultades al Defensor de Familia, en especial, la prevista en el
Numeral 4 del artículo 277, de “ Aprobar, con efecto vinculante, cuando no haya
proceso judicial en curso, las conciliaciones entre cónyuges, padres y demás
familiares,…” en aquellos casos que expresamente allí se relacionan, sin que
valga anotar, se encuentre la Unión Marital de Hecho y su Sociedad patrimonial,
por cuanto aún en esta fecha, no se había expedido la citada ley 54 de 1.990, la
cual se encontraba en tramite dentro del Congreso de la República desde 1.988.
Entre 1.991 a 1.998, la Conciliación extrajudicial en materia de familia no recibió
tratamiento legal nuevo y solo con la ley 446 de 1.998, en su artículo 88 consagró
la conciliación administrativa y no institucional como requisito de procedibilidad
ante el Juez de Familia, el defensor de familia, el comisario de familia, o en su
defecto ante el Juez promiscuo municipal, en los mismos asuntos ya citados del
Numeral 4 del artículo 277 del Código del Menor y artículo 47 de la ley 23 de
1.991, si estar incluido la unión Marital de hecho y su sociedad patrimonial.
Finalmente expide la ley 640 de 2.001, la que sin guardar mayor armonía con las
disposiciones mencionadas, regula en primer lugar, en su capítulo octavo artículo
31, la Conciliación extrajudicial en materia de familia, en forma administrativa e
institucional, toda vez que por primera vez permite expresamente se realice ante
los conciliadores de los centros de conciliación, además reitera a los defensores y
5

comisarios de familia, e incluye a los delegados regionales y seccionales de la
Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades
judiciales y administrativas y los Notarios, y en subsidio de estos ante los
personeros y los jueces civiles o promiscuos municipales, en las mismas materias
indicadas del art.47 de la ley 23 de 1.991 y No.4 del art.277 del Código del Menor,
reiterando la no-inclusión del asunto unión marital de hecho y su sociedad
patrimonial.
En segundo lugar, curiosamente la misma ley, en su capítulo X, artículos 35 y 40
al consagrar la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de
Derecho de Familia, en la segunda de las normas últimamente citadas, numerales
3 y 4 permite por primera vez intentar la Conciliación extrajudicial como requisito
de proceder previo ante los señores Jueces de Familia, en asuntos tales como:
“3. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación
de la sociedad patrimonial.
4. Rescisión de la partición … en las liquidaciones…de sociedad patrimonial
entre compañeros permanentes.”
Significa lo anterior que, si la Conciliación extrajudicial no es requisito de
procedibilidad, no se podría ante los funcionarios y particulares citados, adelantar
conciliación en los temas indicados en los numerales 3 y 4 antes transcritos, y solo
cuando así lo sea, si fuese procedente la misma, incluyendo otros temas que no
menciona el artículo 31 referido, tales como, controversias sobre capitulaciones
patrimoniales, rescisión de partición en sucesiones por causa de muerte y
sociedad conyugal, disputas entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar
etc.
De ante manos no compartimos esta posición inconsecuente del legislador, como
mas adelante se indicará.
6

4.- Es la Unión Marital de hecho un Estado Civil ?
Fundamental considero despejar este interrogante, toda vez que, resulta de la
esencia de todos los métodos alternativos de solución de conflictos, entre ellos
obviamente la figura de la conciliación en estudio, el que la materia conciliable sea
de aquella susceptible de transacción o disposición, situación que frente al estado
civil de las personas como atributo de la personalidad, no es factible transigir,
conforme las voces del artículo 2473 del Código Civil, el cual indica: “ No se puede
transigir sobre el estado civil de la personas.”
Pensaríamos en primera instancia que si la Unión Marital de Hecho es un estado
Civil, por ende estaría excluido de la posibilidad de ser objeto de transacción,
conforme lo indica el régimen legal Colombiano, a través del Código Civil citado,
mas sin embargo, revisémoslo mas en detalle.
Según el artículo 1º. Del Decreto 1260 de 1.970, “El estado civil de una persona es
su situación jurídica en la familia y en la sociedad, determina su capacidad para
ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible
e imprescriptible y su asignación corresponde a la ley.”
A su turno el artículo segundo del mismo Decreto preceptúa: “ El estado civil de
las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la
clasificación legal de ellos.”
Según el profesor Jorge Angarita Gómez, el estado Civil es la “ posición
permanente que una persona ocupa en la sociedad, en orden a sus relaciones de
familia en cuanto le imponen ciertas obligaciones y confieren determinados
derechos civiles.” (2).
7

Para el insigne profesor y jurista ya desaparecido, Arturo Valencia Zea, “ el estado
civil, está constituido por un conjunto de situaciones jurídicas que relaciona a cada
persona con la familia de donde proviene o con la familia que ha formado, y con
ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad.” (3).
Resulta incuestionable que la unión marital de hecho es origen de formación de
muchas familias en el país y el mundo entero, que singulariza la posición de los
miembros que la conforman, frente a ellas mismas y la sociedad, determinando la
situación legal de los hijos nacidos en tales uniones; en consecuencia, estas
situaciones personales crean derechos y generan obligaciones, de lo cual surge
inexorablemente un estado civil; Sin embargo, el legislador del año 90 no se ocupo
de su registro en los libros del estado civil, lo que hubiera permitido solucionar de
paso un problema probatorio.
No obstante lo expresado, de ser la unión marital de hecho un estado civil no
regulado por el legislador, apartándose de la exigencia del art.1 del D.1260 de
1.970 que exige que el mismo sea asignado por ley, estimo que de existir
cualquier acuerdo sobre la existencia de la unión marital de hecho, tal convenio no
tendría objeto ilícito y por tanto no estaría afectado de nulidad absoluta al tenor de
lo establecido por el artículo 1741 del Código Civil Colombiano.
Resulta si nulo, el acuerdo hecho por contrayentes sobre la existencia o validez de
su matrimonio, por cuanto no pueden transigir sobre tales efectos, por cuanto este
es un contrato que determina el estado civil de quienes lo celebran. Distinto será
incluir como materia transigible sus efectos patrimoniales, tal y como lo ha sentado
la Corte Suprema de Justicia de Colombia en sentencia de noviembre 9 de 1.984,
cuando dice. “ Transigir sobre la calidad de hijo es quebrantar la noción elemental
del carácter irrenunciable de este derecho. Pero no así en cuanto a los alcances
estrictamente patrimoniales, que se pueden negociar por medio de la transacción
sin necesidad de escritura pública, pero siguiendo las reglas generales de los
artículos 2469 y siguientes del Código Civil. La Transacción, pues, alrededor de
8

las consecuencias económicas resultantes de la acción de filiación con petición de
herencia, se admite, por encuadrarse en el marco de los derecho patrimoniales. Si
se transige por una determinada suma de dinero, que en el caso en estudio es de
sesenta mil pesos, a cambio de una renuncia amplia a reclamar cualquier efecto
de la sucesión, en lo que atañe a este propósito volitivo, se debe admitir su fuerza
vinculante entre los celebrantes del negocio jurídico en mención con el criterio de
que si un contrato contiene varias cláusulas que pueden subsistir en forma
independiente el vicio de una no puede ser motivo para la nulidad de todo el acto.”
(4).
Sin embargo y ya para culminar este punto, el profesor Luis Eduardo Montoya
Medina, expresa en su libro “ El Derecho de no Casarse” lo siguiente: “ Hemos
sostenido en otros lugares que nos inclinamos por la utilización de estos
“modernos medios” de solución de conflictos interpretando integralmente los
mandatos de las nuevas fórmulas procedimentales desde la reforma de 1.989,
adicionando a todo lo dicho la observación de que no estamos ante un asunto del
estado civil aunque si del orden familiar y en una buena parte de cuestiones ante
pretensiones de derecho privado transables.”( 5) ( Lo subrayado es nuestro).
5.- Prueba de la existencia de la Unión marital de Hecho.
A primera vista no cabe duda, según los términos del artículo 4 de la ley 54 de
1.990, que la demostración de la existencia de la Unión Marital de Hecho exige
sentencia de los Jueces de Familia dentro de un Proceso Contencioso
Declarativo-Ordinario, previa demostración por los medios ordinarios de prueba
consagrados en el Código de Procedimiento Civil, pero entendiéndose que ello
será solo necesario cuando entre los compañeros hay desacuerdo, y de no existir
conflicto, nosotros creemos de un lado lo innecesario de acudir a la jurisdicción por
no existir contención y por otro, que si las partes obran de consuno, pueden
reconocer, no solamente la existencia de la Unión Marital de Hecho, sino también
9

la Sociedad patrimonial, en la escritura pública, en que hacen su disolución y
liquidación, previa conciliación, Hecha ante Notario o cualquier otra instancia de
las citadas en el artículo 31 de la ley 640 de 2.001.
Darle un alcance distinto, no solo sería ser demasiado exigentes, sino que también
iría en contra de las mas recientes reformas procesales civiles, que invitan a la
conciliación no solo judicial sino extrajudicial de las partes en conflicto, evitando
con ello la proliferación de procesos innecesarios que lo único que hacen es
congestionar la administración de justicia.
6.- Debe declararse judicialmente la Sociedad Patrimonial de hecho?
Hay sectores de la Doctrina que opinan que para llegar a la disolución y
liquidación de la sociedad patrimonial solamente se llega por vía judicial donde
previamente se haya declarado la existencia de la Unión Marital de Hecho, para lo
cual se fundamentan además de los artículos 4 y 7 en el artículo 2 de la citada ley
54 de 1.990 que establece: “ Se presume la sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente..” (Lo subrayado
es nuestro).
El profesor citado Luis Eduardo Montoya Medina en su misma obra nos dice: “
Hemos llamado la atención a la imposibilidad de autorizar la escritura pública que
contenga esas manifestaciones por cuanto el notario exigirá demostrar la calidad
de compañeros permanentes y sin ello difícilmente podría admitirles que den fin a
una sociedad patrimonial que apenas se presume entre ellos.” (6).
Son varias las razones que nos llevan a opinar en contrario de la Doctrina citada,
por cuanto la expresión del artículo citada “…y hay lugar a declararla
judicialmente…” , no puede tomarse como un imperativo categórico de exigir para
todos los casos sentencia judicial, ya que tal vez otra hubiera sido la expresión del
legislador , vr.gr. “Deberá declarase judicialmente” , por ello si los interesados
10

voluntariamente aceptan la existencia de la unión marital de hecho y por ende su
sociedad patrimonial, mal puede exigírseles su declaratoria judicial, al punto que,
tal reconocimiento no lo prohibe la ley, ni va en contra del orden público o las
buenas costumbres.
Otra razón para sostener esta posición, las trae los mismos artículos 35 y 40
numeral 3ro de la Ley 640 de 2.001, que exigen la conciliación en materia de
unión marital de hecho y sociedad patrimonial al igual su correspondiente
disolución y liquidación, previo al trámite judicial, lo cual nos indica que si las
partes conciliaron extrajudicialmente tales asuntos ante los sujetos autorizados por
la Ley, no requirieron de sentencia judicial que declara la existencia de tales
figuras. En consecuencia, cabe afirmar ¿Porqué no permitir que los compañeros
permanentes por mutuo consentimiento concilien la existencia de la unión marital
de hecho y la sociedad patrimonial, aún si estos no adelantan dicho trámite como
requisito de procedibilidad?. Obsérvese, que en este caso, no hay declaración
judicial y las partes voluntariamente reconocieron tales extremos, razón por la cual
no consideramos nula el acta de conciliación que contenga las mencionadas
declaraciones.
También podríamos mencionar, por existir la misma razón, que hace aplicable la
misma disposición, que tanto la conciliación preprocesal como la procesal, pueden
contener tales acuerdos que permitan liquidar la sociedad patrimonial, sin
necesidad a que deba aplicarse el artículo 7º. Inciso segundo de la ley 54 de
1.990, es decir, sin intervención judicial.
8.- Conciliación antes del proceso y dentro del mismo.
Ya hemos establecido que la unión marital de hecho al no tener definida su
naturaleza jurídica como un estado civil y por ello sus efectos son particularmente
patrimoniales, reiteramos nuestra idea, de que las partes puedan llegar a acuerdos
respecto de la existencia, disolución y liquidación de su sociedad patrimonial, sin
11

necesidad de tramite judicial alguno, aspectos estos, que como ya lo hemos
expresado anteriormente los admite la Ley 640 en sus artículos 31,35 y 40 ya
citados, en los que no encontramos justificación del legislador de regular sin
ninguna armonía la conciliación extrajudicial en derecho de familia con unos
requisitos y unos asuntos o materias conciliables si se realiza sin ser requisito de
procedibilidad y con otros cuando lo es; es decir, contemplar la conciliación de la
unión marital de hecho y la sociedad patrimonial como transigible si es previa al
inicio de un proceso judicial ante los jueces de Familia y no permitirla cuando ella
se intenta sin ser requisito de procedibilidad, como si entre ambas existiera alguna
diferencia de fondo, a lo que creemos fue mas bien una omisión del legislador, que
por vía de interpretación debe tener este alcance.
Ahora bien, si la conciliación tiene lugar dentro de un proceso, piénsese en al
Audiencia del artículo 101 del C.P.C. que dentro de la misma se logre el acuerdo
de aceptar la existencia de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial, el
juez la aprobaría mediante auto, presentando el inconveniente que tal declaración
no se obtuvo mediante sentencia judicial y por ende no sería de recibo. Aspecto
este que se superaría con el artículo 88 de la ley 446 de 1998, que ordenó que en
cualquier estado del proceso en que las partes lleguen a un acuerdo, y se le
presente al juez el mismo, éste dicte sentencia acogiéndolo, permitiendo de esta
forma la liquidación de la sociedad patrimonial. Fuera de la conciliación
extrajudicial y la judicial del artículo 101, no debe olvidarse que de acuerdo con los
artículos 43,44 y 45 de la ley 640 de 2.001, las partes gozan de amplias
atribuciones para solicitar de común acuerdo la celebración de la audiencia de
conciliación.
Finalmente, cabe considerar el caso, en que los compañeros permanentes de
mutuo acuerdo presenten demanda para que se les declare la existencia de la
unión marital de hecho con la correspondiente sociedad patrimonial, en el evento
de que se exija la prueba de la sentencia judicial para proceder a liquidar la
respectiva sociedad, como en efecto lo viene exigiendo al Superintendencia de
12

Notariado y Registro, debiendo aclarase que clase de proceso, si el Declarativo-
ordinario o el de Jurisdicción voluntaria, a lo cual no dudaríamos en acoger este
último, por la naturaleza de la pretensión, al consagrar el numeral 12 del artículo
649 del C.P.C., que tal procedimiento abarca “Cualquier otro asunto de
jurisdicción voluntaria que no tenga señalado un trámite diferente” y además por
cuanto no existe controversia o conflicto de los compañeros permanentes,
situación esta que lo aleja de la naturaleza del proceso contencioso y en caso de
seguirse el trámite ordinario el juez con base en sus atribuciones legales, lo
adecuará al que hemos recomendado, a fin de proceder a dictar sentencia que
acoja las pretensiones en el evento de que se demuestren los extremos previstos
en la Ley 54 de 1.990.
Después de hechas las anteriores consideraciones, se llega a las siguientes:
CONCLUSIONES
1.- La falta de coherencia y armonía del legislador que a lo largo de los años ha
mostrado, particularmente entre 1.989 y 2.001, en materia de conciliación
extrajudicial en Derecho de Familia, por cuanto por un lado, no ha sido constante
con los sujetos autorizados para tramitar la conciliación en esta rama del Derecho
y por otro, respecto de las materias o temas susceptibles de conciliación, en
especial frente a la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial.
2.- Consideramos que la existencia de la unión marital de hecho es un estado civil
de las personas de hecho más no de derecho por las razones expuestas, lo cual lo
hace transigible y por ende conciliable ante los sujetos autorizados en la ley para
realizarlo de manera extrajudicial.
3.- Ante los Centros de Conciliación y demás autoridades no judiciales, se puede
obtener la declaratoria no solo de la unión marital de hecho sino también de sus
13

sociedad patrimonial, pudiéndose liquidar la misma, sin necesidad de sentencia
judicial previa.
4.- Siguiendo la correcta interpretación que debe tener la Ley 54 de 1990, la
declaración de existencia de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial,
así como su disolución y liquidación requiere de sentencia judicial únicamente
cuando entre los compañeros permanentes no existe acuerdo, sea que la falta de
este se manifieste o respecto de la existencia, o en relación con la causal de
disolución o durante su fase de liquidación.
5.- En el evento de encontrar esta posición resistencia de parte de los Señores
Notarios, Centros de Conciliación u otras autoridades, frente a la exigencia de la
prueba única como lo es la Sentencia Judicial, recomendamos de manera
subsidiaria el criterio de presentar demanda conjunta y por mutuo acuerdo de los
compañeros permanentes, mediante el trámite del proceso de Jurisdicción
Voluntaria, a fin de obtener la declaración pretendida que permita al Juez dictar
sentencia, para posteriormente liquidar la sociedad patrimonial, ante el mismo
Juez o en caso de existir acuerdo ante un Notario o Centro de Conciliación u otro
sujeto autorizado.
6.- Finalmente se llegan a estas conclusiones, atendiendo, mas atendiendo al
espíritu y tendencia moderna del legislador, que por una parte retorna a la
comunidad su capacidad de solución de sus conflictos, permitiendo con ello
descongestionar la administración de Justicia y por otra parte acogiendo el
principio de la Relevancia Judicial que nos indica que solamente se atenderán por
la Jurisdicción de forma residual, aquellas disputas que no obtuvieron solución
directa por las partes en conflictos.
14