los procesos declarativos en el nuevo codigo procesal civil

Se plantea el problema de si la formulación de la reclamación previa
suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de prescripción para el
ejercicio de acciones de cualquier clase, siendo el día inicial de la suspensión el
de la presentación de la reclamación y el día final el siguiente al de la notificación
de la resolución 3 .
Debe tenerse en cuenta, tanto a estos efectos, como en orden a tener por
denegada la petición aun a falta de expresa resolución, la regulación del silencio
administrativo y cuando tiene lugar este 4 .
3. Si la reclamación es estimada por resolución expresa, el proceso pierde
su razón de ser por carecer ya de objeto. La estimación puede ser simplemente
parcial y entonces puede acudirse al proceso para la parte no estimada.
Si es desestimada, queda expedito el camino para la interposición de la
demanda o, si ya se había iniciado el proceso, para la continuación de éste.
4. Aunque el precepto de referencia no resuelve expresamente el problema,
debe entenderse que debe existir correlación entre la reclamación previa y la
pretensión contenida en la demanda, ya que si en ésta se formula una petición
diferente, resultará que respecto de la misma falta la previa reclamación.
Y, en el mismo sentido, la Administración demandada no podrá aducir en la
contestación motivos de oposición distintos a los contenidos en la resolución
denegatoria de la reclamación previa, pues si así lo hiciera privaría de sentido y
contenido efectivo al requisito, llegando a entender parte de la doctrina que esta
variación causa indefensión al actor 5 .
5. La jurisprudencia española ha sido extremadamente flexible en la
aplicación del requisito de la reclamación administrativa previa. En no pocas
ocasiones ha entendido que es subsanable en cualquier momento del proceso,
que no puede ser óbice al derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose llegado
a sostener en alguna sentencia que, puesto que su finalidad es que la
Administración se vea envuelta en un proceso sin antes haber tenido oportunidad
de atender a la petición del ciudadano, la oposición a la demanda evidencia su
falta de disposición a la avenencia y, por lo tanto, la irrelevancia del requisito en el
caso concreto.
3 Así lo entiende MONTERO AROCA. Obra citada, pgs. 143 y 144.
4 La Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto numero 152-87 de 28 de septiembre de 1987. Gaceta
no.25391 del 01/12/1987) dispone en su Artículo 9 que “el silencio de la administración tendrá valor de
declaración de voluntad presunta, solamente en los casos en que la ley le atribuya un efecto positivo o
negativo.
5 Esta es la opinión de MONTERO AROCA. Obra citada, pg. 145.