Economistas-4 - Colegio de Economistas de Sevilla

Economistas
Forenses
Raimon Casanellas
Presidente de REFOR
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actualidad del Consejo
El concurso de acreedores
a los cinco años de su
nueva implementación
La entrada en vigor hace ya más de cinco años de la nueva
legislación concursal, la Ley 22/2003, supuso un cambio
esperanzador en la arcaica y dispersa regulación de los
procedimientos de insolvencia. Sin embargo, algunas
disfunciones de la Ley hacen a menudo ineficaz el
procedimiento concursal, sea para liquidar con rapidez y
manteniendo el valor de los activos, sea para permitir la
continuidad de las empresas viables, obteniéndose
en general una escasa recuperación del crédito.
A pesar del extraordinario aumento en el
número de concursos de los últimos años
debido a la situación de crisis económica,
el uso del procedimiento concursal en
nuestro país está aún muy lejos del de
países de nuestro entorno, lo que muestra
una falta de motivación de los operadores
para solucionar las situaciones de insolvencia
mediante el concurso. Los concursos
son declarados judicialmente al cabo
de semanas o meses desde su solicitud,
con el consiguiente perjuicio para los concursados
y sus acreedores. Por otro lado,
la decisión del deudor por la continuidad
o la liquidación se demora excesivamente,
lo que produce el deterioro constante de
los activos y la falta de señales claras al
mercado que podrían facilitar la recuperación.
Además, el procedimiento actual de
reconocimiento de créditos alarga innecesariamente
la fase común.
Si la reforma de la ley tiene que ir en la
línea de hacer más eficaz el procedimiento,
debe conseguir reducir los plazos que
actualmente son en general superiores al
año medio en caso de conseguir un con-
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venio con los acreedores y muy superiores
en caso de liquidación. Esta última
opción es la habitual en más de un 90%
de los casos y supone que cuando se
liquidan los activos y se distribuye lo obtenido
entre los acreedores, pocas veces
se llegan a satisfacer los créditos concursales,
consiguiéndose tan sólo atender
créditos generados después de la declaración
de concurso.
Para conseguir que el procedimiento sea
más ágil debería simplificarse el mecanismo
de reconocimiento de créditos dando
más protagonismo a la administración
concursal (los profesionales nombrados
por el Juzgado para gestionar el concurso)
y dejando la posibilidad de recurso ante el
Juez. También debería declararse automáticamente
el concurso una vez solicitado,
dejando, en todo caso, como función de la
administración concursal nombrada, la
revisión de la documentación para la subsanación
de los defectos.
La normativa actual permite a la entidad
concursada permanecer indecisa entre la