1 (REDES-Amigos de la Tierra Uruguay / PIDHDD ... - Portal Cuencas

Agua la construcción social de un derecho humano
Situación y perspectivas en América Latina
Índice
I- Introducción
I.1- De Dublín a la Observación General
II- Lo dicho, lo hecho y las ideas de fondo en la globalización del agua
III- Privatizar o no privatizar: el dilema del agua
IV- Las implicancias de la Observación General
Carlos Santos
Sebastián Valdomir
(REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
/ PIDHDD Capítulo Uruguay)
Enero 2006
V- IFIs, corporaciones y gobiernos: los actores de la privatización del agua
V.1-Presencia de corporaciones del agua en América Latina
VI- Los “nuevos actores” de la privatización: el Consejo Mundial, la Asociación
Mundial y los Foros del agua
VI.1- Los Foros Mundiales del Agua
VII- La liberalización comercial y el agua en el hemisferio americano
VIII- De los movimientos de resistencia a un nuevo modelo público del agua
Referencias
Documentos
RECUADROS
Los artículos 11 y 12 del PIDESC
Observación General Nº 15
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I-Introducción
Si bien es de perogrullo, no está demás indicar la importancia del acceso al agua para la
vida. El agua es fundamental para la realización de nuestras actividades cotidianas para
quienes tenemos garantizado su acceso.
Para quienes no cuentan con este privilegio, el agua se transforma en el paso
previo para la realización de otra serie de derechos humanos fundamentales.
No en vano, el acceso al agua potable fue incluido dentro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, bajo la meta de "reducir a la mitad la proporción de personas que
carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento" (IDH, 2005: 44).
Sin embargo, y a pesar de su importancia, la situación del derecho humano al
agua en el mundo no es nada alentadora. El Informe de Desarrollo Humano 2005
advierte que "la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas se ve potenciada por un
deficiente acceso a agua limpia no contaminada y al saneamiento. Más de mil millones de
personas carecen de acceso a este tipo de agua y 2.600 millones no disponen de
saneamiento mejorado" (IDH, 2005: 27). El Informe además pronostica que no se
cumplirá la meta de reducir a la mitad la población sin agua y saneamiento (IDH, 2005:
48).
A esta altura es claro que la mercantilización del agua promovida por algunos
actores precisos como la solución a la falta de acceso al recurso sólo ha beneficiado a las
grandes empresas que se dedicaron a este negocio.
En América Latina el éxito en el rechazo a la privatización del agua ha colocado a
los movimientos sociales frente a un gran desafío: la construcción de un nuevo modelo de
gestión del agua, basado en principios de justicia social y en criterios de participación
ciudadana y sustentabilidad.
I.1-De Dublín a la Observación General 15
La década de los noventa marcó como ninguna otra la agenda global de los conflictos en
torno al agua. Y hay dos eventos, uno al inicio de la década y otro a su término, que
marcan los extremos del debate en relación al agua.
El primero de estos eventos es la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio
Ambiente, realizada en Dublín, en 1992. Esta conferencia implico la inclusión del agua
bajo los términos de la economía marginalista.
Los principios emanados de la Conferencia hacen relación a la definición del agua
como un "recurso finito"; esto introduce una condición necesaria del marginalismo para
convertir a los bienes comunes en mercancías: la escasez.
Desde ese momento se ha difundido tanto la idea de la escasez del agua, que
hasta se podría decir que forma parte del sentido común la idea de que "las guerras del
futuro serán por el agua". Esto quizás puede ser cierto, pero seguramente no por
problemas de escasez sino por problemas en la distribución. Porque cada vez es mayor
el uso y deterioro del agua en quienes se han convertido en sus mayores consumidores:
el sector industrial, el sector de generación de energía y -sobre todo- el sector agrícola.
Los otros principios de Dublín indican la necesidad de incluir a los "usuarios" y las
mujeres en la toma de decisiones sobre la gestión del agua, para, en el artículo 4º
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establecer que "El agua tiene un valor económico en todos los diversos usos a los que se
le destina y debería reconocérsele como un bien económico".
A partir de estos principios se desencadenó el gran negocio internacional del
agua, con el surgimiento de las grandes corporaciones transnacionales que se lanzaron
sobre el "nuevo" mercado de la gestión del agua en los países pobres, al tiempo que
lograban la apertura de sus economías a través de sus ámbitos de incidencia en los
organismos financieros internacionales.
Ante las nefastas consecuencias sociales de la aplicación de los principios de
Dublín (mercantilización, privatización), y 10 años después de aquella Conferencia, se
abrieron las puertas de la consideración del acceso al agua como un derecho humano.
En el año 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas (encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC) emitió la Observación General Nº
15 (OG 15), relativa al "derecho humano al agua".
Este derecho no está reconocido explícitamente en el PIDESC. El Pacto está
vigente desde 1976 y prácticamente todos los países de América lo han ratificado 1 , por lo
que tiene valor de ley dentro de cada territorio nacional.
La trascendencia de la OG 15 radica en que determinó que el derecho al agua
está incluido en los artículos 11 y 12 del PIDESC, que hacen referencia a los derechos a
un nivel de vida adecuado y a la salud. Al mismo tiempo, la OG refiere a una serie de
órganos y documentos internacionales que reconocen el derecho al agua.
Sin embargo, este hecho positivo tiene una contraparte que dificulta su aplicación:
las Observaciones Generales son interpretaciones del Pacto, lo que no las hace
vinculantes, no las hace tener el valor legal que si presenta el articulado del PIDESC.
Esta OG sobre el derecho al agua marcó un importante giro en la consideración
que la mayoría de los actores globales involucrados en la toma de decisiones sobre la
gestión de los recursos hídricos venía llevando adelante a partir del marco mercantilista
establecido y promovido a partir de la Declaración de Dublín.
Hay que señalar que desde el propio sistema de Naciones Unidas se ha
promovido la aplicación de los principios de Dublín a nivel de legislaciones nacionales
(Jouravlev, 2001, Solanes González-Villarreal, 2001; Ballestero, Borwn, Jouravlev,
Küffner & Zegarra, 2005).
1 Con las excepciones -a comienzo de 2006- de Belice, Cuba, Estados Unidos y Haití.
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II-Lo dicho, lo hecho y las ideas de fondo en la globalización del agua
El marco internacional que sostiene actualmente a los procesos de privatización del agua
en todo el mundo fue conformándose a lo largo de toda la década de los `90 en
instancias precisas y acumulativas en pos de este objetivo. Acumulativo por tanto se trató
de ir conquistando e imponiendo ideas acerca de la “crisis hídrica”, la “finitud del recurso”,
la “integralidad del problema del agua a nivel global” y finalmente, el reconocimiento de
los costos económicos de la explotación de agua.
Es posible definir en el contexto latinoamericano la existencia de un modelo
neoliberal sobre el agua en base a la aplicación en su conjunto de tales principios, por
intermedio del accionar combinado y sistemático de organismos financieros
internacionales con los distintos gobiernos a partir de la segunda mitad de la década de
los `90. Si estos principios son los originarios de este modelo, su conclusión serán los
mercados de aguas 2 , la racionalización en el uso del recurso y la transferencia de los
derechos de aguas hacia “nuevos actores”, como las corporaciones y empresas
multinacionales.
Es en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente realizada
en Dublín, Irlanda, entre el 26 al 31 de enero de 1992, donde se reconoce oficialmente al
agua como un bien económico mundial, se establece por primera vez que el agua tiene
un precio que es el necesario para cubrir los costes asociados a su captación,
tratamiento, transporte y distribución.
Para esta instancia fueron convocados representantes gubernamentales de cien
países, integrantes de las organizaciones mas poderosas del comercio mundial del agua,
“expertos” en la temática y delegaciones de organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales para suscribir un enfoque “radicalmente nuevo” sobre la
evaluación, el aprovechamiento y la gestión de los recursos de agua dulce a nivel global.
La “situación crítica” en el aprovechamiento del recurso por el derroche en su
consumo, las amenazas por contaminación y los problemas asociados a la gestión del
agua a todo nivel fue el escenario que ambientó la Conferencia y sus productos finales.
La Conferencia acordó y postuló 3 cuatro principios rectores presentados como
recomendaciones para la adopción de medidas a nivel local, nacional e internacional.
El primer principio establece que: “El agua dulce es un recurso finito y vulnerable,
imprescindible para el mantenimiento de la vida, el desarrollo y el medio ambiente". Para
asegurarse una “gestión eficaz” del recurso -tan vulnerable como indispensable para la
vida- se requiere un “enfoque integrado”, que contemple el “desarrollo económico y
social” con la “protección de los ecosistemas naturales”.
El segundo principio establece que: “El desarrollo y la ordenación de los recursos
hídricos deberán basarse en un criterio participativo, al que contribuyan todos los
usuarios, planificadores y autoridades responsables”.
Se explicita aquí el componente político del “enfoque integral”: todos los actores
2 Uno de los Background Papers de la Global Water Partnership lo explica claramente: “La existencia de
mercados de agua es corolaria del carácter económico del agua. Son una herramienta útil para optimizar
el uso de este recurso”.
3 Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. El desarrollo en la perspectiva del siglo
XXI. 26 – 31 de enero de 1992, Dublín / Irlanda.
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involucrados pueden y deben participar de este nuevo proceso de cuidado a nivel global.
Todos quiere decir los gobiernos, los usuarios, las instituciones supranacionales, las
comunidades locales y los “planificadores y los responsables de las decisiones”. Tras el
postulado de la defensa de la participación local y de los usuarios -definidos como “nivel
mas elemental apropiado”- se deja abierto el proceso a la participación de “otros” actores
como las empresas y los organismos que al tiempo serán creados específicamente a
esos efectos, como el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua.
El tercer principio de Dublín establece que: “La mujer desempeña un papel central
en el aprovisionamiento, administración y protección del agua”.
Por su parte, el cuarto principio establece finalmente la idea mas relevante: “El
agua tiene un valor económico en todos los usos competitivos que se hacen de ella y
deberá reconocerse como un bien económico”.
La explicación de este principio resulta por lo menos paradójica; “es esencial
reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un
agua pura y al saneamiento por un precio asequible”. Aún mas, el estado crítico que se
vive en relación al recurso se debe a “la ignorancia, en el pasado, del valor económico del
agua”, que permite el “derroche” y la utilización del agua “con efectos perjudiciales para el
medio ambiente”.
Según este enfoque entonces, el razonamiento seguiría una secuencia que afirma
que el agua es esencial para la vida y es vulnerable como recurso. Ha sido y es
aprovechada de forma irracional, lo que la ha llevado a una situación crítica. Todos los
seres humanos tienen derecho a acceder al agua potable, y también todos los actores -
locales y globales- deben participar en su gestión. Por ello este es un enfoque que
subraya la incidencia de los “nuevos actores” vinculados al agua.
Tanto para el aprovechamiento del recurso como para su gestión, es necesario
vincular efectivamente el acceso al agua con su valor económico, en todas las etapas y
en todos sus usos. Para acceder al agua se debe pagar, “todos los seres humanos”
deben pagar, sin distinción de su nivel socioeconómico. Con este reconocimiento se
garantiza “un aprovechamiento eficaz y equitativo” y se favorece “la conservación y
protección de los recursos hídricos”.
Con el transcurso de los años, esta serie de postulados fueron constituyéndose en
la razón de existencia de organismos supranacionales específicamente creados para la
realización efectiva de estas ideas. La idea final a la que paulatinamente se irán
acercando estas instancias y estos organismos será la del “gobierno del agua”, es decir,
quien decide sobre el agua en el planeta y quien opera y maneja esta “gobernabilidad”.
Sus actores serán el Consejo Mundial del Agua y sus puestas en escena, los Foros
Mundiales del Agua, y la Asociación Mundial del Agua.
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III-Privatizar o no privatizar: el dilema del agua
Desde el punto de vista conceptual, el principal obstáculo para el cumplimiento del
derecho humano al agua es su privatización. Esto es lo que plantea el investigador
canadiense Tony Clarke 4 .
Pero privatización aquí nos remite a la etimología del término: privatizar, privar de
algo que antes era público. La idea no se aplica solamente a los servicios públicos de
suministro de agua potable, es bastante más amplia que eso.
Precisamente, es la misma idea que está presente en la OG 15. En el artículo 7,
por ejemplo, establece que "no podrá privarse a un pueblo 'de sus propios medios de
subsistencia', los Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la
agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas"
(subrayado nuestro).
De la misma manera, en el artículo 14 establece que "los Estados Partes deberán
adoptar medidas para eliminar la discriminación de facto basada en motivos sobre los
que pesen prohibiciones en los casos en que se prive a personas y grupos de personas
de los medios o derechos necesarios para ejercer el derecho al agua" (subrayado
nuestro). El artículo 56, mientras tanto, impone que "en ninguna circunstancia deberá
privarse a una persona del mínimo indispensable de agua" (subrayado nuestro).
Silvia Ribero (2005) 5 , ha denominado a las diferentes facetas de este fenómeno
como "las caras de la privatización" del agua. Estas "caras" son: I) la privatización de los
territorios y biorregiones, II) la privatización por desviación (construcción de
megaproyectos), III) la privatización por contaminación (al contaminar, hay individuos que
se apropian "de facto de un recurso que es de todos, al imposibilitar que otros las puedan
usar), IV) la privatización de los servicios de agua potable, V) la privatización por
embotellamiento y VI) la privatización por el "monopolio de las tecnologías".
Dentro de la primera forma de privatización, "de los territorios y biorregiones",
Ribeiro incluye a "las empresas que comercian y/o necesitan masas de agua para sus
actividades, van por la privatización de territorios y biorregiones enteras para garantizarse
el uso monopólico del recurso".
En la "privatización por desviación de aguas" se incluye "la construcción de
represas, hidrovías y desviación de ríos de sus cauces naturales para abastecer zonas
de alto consumo industrial, agroindustrial y urbano" que tienen como consecuencia la
privación de agua "a millones de campesinos y pueblos indios, en muchos casos con
desplazamientos que destruyen irreparablemente sus formas de vida, cultura y
economías propias".
La tercera "cara" es la "privatización por contaminación", que tiene como
protagonista a "las industrias mineras, petroleras, papeleras, eléctricas, junto a la
contaminación por agrotóxicos de la agricultura industrial y a otras industrias sucias".
Según plantea Ribeiro, al contaminar las fuentes de agua estos actores se apropian "de
facto de un recurso que es de todos, al imposibilitar que otros las puedan usar".
La cuarta forma es la privatización de los servicios de suministro de agua potable. Esta es
4
Tony Clarke, coautor -junto a Maude Barlow- de Oro Azul (2004), forma parte del Polaris Institute de
Canadá.
5
Silvia Ribeiro es investigadora del ETC Group.
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la forma a la que particularmante nos referimos cuando hablamos de "privatización", sin
embargo aquí está planteada como una más de las formas de privatización. Este sistema
opera a través de "concesiones y contratos de servicios múltiples". El actor por
excelencia aquí son las empresas transnacionales que "se apropian de las redes de
distribución y plantas purificadoras, fijando las condiciones de su acceso y tarifas a la
población. Lo que antes era un recurso público vital y de todos, ahora es una mercancía a
la que accederán solo los que puedan pagar por ella".
Una forma que está tan arraigada en el sentido común y que habitualmente no
consideramos privatización es el embotellamiento de agua. Ribeiro, siguiendo a Clarke,
plantea que el eje del negocio aquí es "transformar agua en agua", planteando a los
consumidores un costo final que "es de mil a 10 mil veces más caro".
La privatización por el "monopolio de las tecnologías" se refiere a la paradoja
mediante la cual "los destructores del recurso se presentan como los salvadores, a los
cuales todos tenemos que pagar" planteándose como los únicos "capaces de extraer el
agua más profunda (...), o de purificarla adecuadamente, ya que la complejidad de
factores de contaminación aumenta por sus propias actividades".
Históricamente los conflictos por el agua han tenido diferentes alcances y
derivaciones en todo el mundo (Gleik, 1994), pero los que han cobrado mayores
dimensiones en las últimas décadas tienen que ver con la construcción de represas y
megaproyectos, por un lado, y con las resistencias a la privatización de los servicios
públicos, por otro.
Dentro de la primera serie de conflictos podemos encontrar casos como los de
Brasil e India, donde la resistencia a proyectos de represas ha generado movimientos de
resistencia de diferente orden. En el caso de Brasil, la resistencia a la instalación de
megaproyectos de represas hidroeléctricas dio lugar a diferentes resistencias locales que
se articularon, regionalmente primero, y a nivel nacional luego, conformando el MAB
(Movimento de Atingidos por Barragens o Movimiento de Afectados por Represas) donde
han confluido, principalmente, las luchas de los desplazados por estos
megaemprendimientos (Bartolomé, 1999). En esta misma línea podemos incluir el
conflicto generado por la oposición a la Hidrovía Paraguay-Paraná o a la represa de
Yacyretá en Paraguay (Arach, 2003).
En lo que tiene que ver con los conflictos por la privatización de los servicios de
agua potable la lista es interminable, pero es claro que comienza en Cochabamba con la
resistencia de la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida (Crespo, 2000, Ceceña,
2004). Los conflictos que parten de este referente encuentran resistencias similares a lo
largo del mundo en Sudáfrica, Ucrania, Eslovaquia, Filipinas, Indonesia, Argentina, Perú,
Nicaragua y Uruguay (TNI-CEO, 2005).
La potencialidad de este tipo de "conflictos" no tiene que ver sólo con la "desprivatización"
del agua, sino con el empoderamiento de los actores que resisten
(Bartolomé, 1999) o incluso, como plantean Warner y Moreyra, "muchos han asumido
una visión que enfoca la funcionalidad del fenómeno (situación de conflicto), ya que un
conflicto también puede producir efectos positivos como la posibilidad de cambio social,
desarrollo y fortalecimiento organizativo de las bases." (2004;14)
Existen múltiples ejemplos en América Latina de estas diferentes "caras" de la
privatización. Por las implicancias de la OG 15 con respecto al derecho al agua, en este
trabajo nos enfocaremos sobre todo en la privatización de los servicios públicos de
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abastecimiento de agua potable.
Comenzaremos por analizar el marco normativo que propone la Observación
General 15 con respecto al derecho al agua, para luego mirar desde allí la situación de
los países de América Latina en el cumplimiento de sus obligaciones.
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IV-Las implicancias de la Observación General 15
La OG 15 establece que "agua es un recurso natural limitado y un bien público
fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para
vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos".
Como punto de partida, el documento del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se ubica en las antípodas de la Declaración
de Dublín, priorizando el carácter de "bien público" antes que el de "bien económico".
Específicamente la Observación establece que "El agua debe tratarse como un bien
social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se
ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho
pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras". Esta última consideración
incluye además criterios ambientales en la realización de derechos humanos.
Además, la OG 15 establece la necesidad de cumplir con el derecho al agua como
"condición previa" para otros derechos.
Por otra parte, antes que centrarse en el paradigma de la escasez, la OG 15
plantea los principales problemas del agua en "polución incesante, el continuo deterioro
de los recursos hídricos y su distribución desigual", identificándolos como factores que
"están agravando la pobreza ya existente".
Disponibilidad, calidad, accesibilidad
La OG 15 establece determinadas condiciones que deben aplicarse al derecho al agua
"en cualquier circunstancia": a) la disponibilidad, que hace referencia la continuidad y
suficiencia del abastecimiento de agua para usos personales y domésticos, b) calidad,
referida a la potabilidad, salubridad y aceptabilidad del agua para uso personal o
doméstico y c) la accesibilidad, relativa a cuatro dimensiones: física, "el agua y las
instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la
población", económica, "el agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al
alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el
abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en
peligro el ejercicio de otros derechos", la no discriminación, "el agua y los servicios e
instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna" y el
acceso a la información, "comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir
información sobre las cuestiones del agua".
Respetar, proteger, cumplir
La OG 15 clasifica las obligaciones de los Estados en tres grupos, partiendo de la
consideración que se aplica para todos los derechos contenidos en el PIDESC; "la
aplicación progresiva", la cual implica reconocer los obstáculos y limitaciones para la
concreción del derecho sin que se conviertan en justificaciones para su no aplicación o
para la adopción de medidas regresivas.
La obligación de respetar "exige que los Estados Partes se abstengan de injerirse
directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Comprende, entre otras
cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al
agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas
consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar
ilícitamente el agua, por ejemplo, con desechos procedentes de instalaciones
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pertenecientes al Estado o mediante el empleo y los ensayos de armas, y de limitar el
acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o destruirlos como medida
punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional
humanitario"
La obligación de proteger "exige que los Estados Partes impidan a terceros que
menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende
particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre.
La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de
otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros
denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten
en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los
pozos y otros sistemas de distribución de agua".
En esta sección la OG 15 hace referencia directamente a la privatización o
concesión a privados de los servicios de agua potable, estableciendo que "cuando los
servicios de suministro de agua (...) sean explotados o estén controlados por terceros,
los Estados Partes deben impedirles que menoscaben el acceso físico en condiciones de
igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables.
Para impedir esos abusos debe establecerse un sistema regulador eficaz de conformidad
con el Pacto y la presente Observación general, que prevea una supervisión
independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por
incumplimiento."
Con respecto a la obligación de cumplir, se presenta subdividida en las
obligaciones de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar "exige que los
Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las
comunidades a ejercer el derecho". La obligación de promover "impone al Estado Parte
la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso
higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los
desperdicios de agua". Por su parte la obligación de garantizar el derecho al agua se
aplica "en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por
razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con los medios a su
disposición".
Derechos humanos y liberalización comercial
La OG 15 establece que los Estados deben "velar" por la aplicación del derecho humano
al agua cuando discutan acuerdos en el ámbito internacional, incluso a nivel comercial:
"En cuanto a la concertación y aplicación de otros acuerdos internacionales y regionales,
los Estados Partes deberán adoptar medidas para garantizar que estos instrumentos no
repercutan negativamente en el derecho al agua potable. Los acuerdos de liberalización
del comercio no deben restringir ni menoscabar la capacidad de un país de garantizar el
pleno ejercicio del derecho al agua".
En su caracterización, la Obligación General establece que los Estados deben
vigilar las políticas de las Instituciones Financieras Internacionales de las que son parte
("Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de
desarrollo") para que adopten medidas que reconozcan el derecho al agua" en el sentido
que es definido por la OG.
Violaciones del derecho al agua
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Con respecto a las violaciones del derecho humano al agua, la OG 15 establece que
éstas se pueden producir por acción o por omisión. Dentro de las violaciones por acción
se encuentran "la adopción de medidas regresivas que sean incompatibles con las
obligaciones básicas (...), la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria
para el continuo disfrute del derecho al agua, o la promulgación de legislación o adopción
de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las obligaciones jurídicas
nacionales o internacionales preexistentes en relación con el derecho al agua".
Dentro de las violaciones por omisión, la OG incluye la no adopción de medidas
"apropiadas para garantizar el pleno disfrute del derecho universal al agua, el no contar
con una política nacional sobre el agua y el no hacer cumplir las leyes pertinentes".
En su artículo 44, la OG 15 plantea ejemplos concretos de violaciones del
derecho humano al agua, en base a la clasificación de obligaciones del Estado. Con
respecto a la obligación de respetar los ejemplos son "i) la interrupción o desconexión
arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones de agua; ii) los aumentos
desproporcionados o discriminatorios del precio del agua; y iii) la contaminación y
disminución de los recursos de agua en detrimento de la salud del ser humano".
Las violaciones del derecho humano al agua, en base a la obligación de proteger
implican "i) no promulgar o hacer cumplir leyes que tengan por objeto evitar la
contaminación y la extracción no equitativa del agua; ii) no regular y controlar eficazmente
los servicios de suministro de agua; iii) no proteger los sistemas de distribución de agua
(por ejemplo, las redes de canalización y los pozos) de la injerencia indebida, el daño y la
destrucción".
Por último la obligación de cumplir, al no ser respetada implicaría violaciones del
derecho humano al agua como "i) no adoptar o ejecutar una política nacional sobre el
agua encaminada a garantizar a todos el derecho al agua; ii) asignar fondos insuficientes
o asignarlos en forma incorrecta, con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho
al agua por personas o grupos, especialmente los vulnerables o marginados; iii) no vigilar
el grado de realización del derecho al agua a nivel nacional, por ejemplo estableciendo
indicadores y niveles de referencia; iv) no adoptar medidas contra la distribución no
equitativa de las instalaciones y los servicios de agua; v) no establecer mecanismos de
socorro de emergencia; vi) no lograr que todos disfruten del derecho al agua en el nivel
mínimo indispensable; vii) el hecho de que un Estado no tenga en cuenta sus
obligaciones jurídicas internacionales con respecto al derecho al agua al concertar
acuerdos con otros Estados o con organizaciones internacionales".
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V-IFIs, corporaciones y gobiernos: los actores de la privatización del agua
Enmarcados en la propuesta de la Declaración de Dublín, Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs), corporaciones transnacionales del agua y gobiernos nacionales se
aprestaron, durante la década de los `90, a promover la privatización de los sistemas
públicos de abastecimiento de agua potable.
Es importante entender la vinculación entre estos tres actores para comprender un
proceso sumamente complejo, que en muchos casos fue presentado a la opinión pública
como la única alternativa para atender los problemas de extensión de las redes de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.
La división de "tareas" entre estos actores es más o menos la siguiente: las IFIs
han sido las encargadas de promover la desregulación de los servicios públicos, en
muchos casos condicionando la ayuda crediticia a los países a la apertura o creación de
mercados en la prestación de servicios de agua.
Existen casos documentados como el de Bolivia o Uruguay. En el primer caso, el
Banco Mundial presionó al gobierno boliviano para que concretara la participación privada
en los servicios públicos de agua. Carlos Crespo plantea que "desde principios de los
años noventa, el Banco Mundial ha apoyado técnica y económicamente, la reforma del
sector de agua potable y alcantarillado sanitario, como parte del Ajuste Estructural,
orientado a la privatización de las principales empresas municipales de agua del país, la
implantación del principio de full costs recovery en la fijación de tarifas, y la introducción
de criterios de mercado en el uso y acceso de los recursos hídricos" (Crespo, 2000).
También en el caso boliviano, las IFIs financiaron la elaboración de los nuevos
marcos reguladores del sector agua (Chacón, 2006).
La estrategia del Banco Mundial para las empresas públicas en Uruguay quedaría
documentada de la siguiente manera: "Intentos pasados de privatizar estas empresas
han encontrado oposición del público. Por lo tanto la estrategia elegida ha sido la de abrir
gradualmente estos mercados a la competencia entre actores públicos y privados a
través de concesiones, licencias y otros acuerdos contractuales." (Banco Mundial, 2002)
En el caso uruguayo, fue el Fondo Monetario Internacional el que se encargó de
que el gobierno uruguayo comprometiera la participación privada en el sector agua, en la
firma de una carta de intención. Este compromiso funcionó como garantía para el pago
de la deuda externa del Estado uruguayo.
En 2002, uno de los objetivos planteados en la Carta de Intención firmada por el
FMI con el gobierno de Uruguay era "abrir a la iniciativa privada actividades que
previamente habían permanecido reservadas al sector público".
Pero el detalle de este documento es un ejemplo de la capacidad de incidencia de
las IFIs sobre las capacidades de los gobiernos: la Carta de Intención de 2002 establecía
la reducción de los controles sobre el sector agua con el fin de facilitar el ingreso de
inversores privados, incluyendo un cronograma enviado al parlamento con los pasos
para aplicar un nuevo marco regulatorio, la introducción de nuevos controles y estándares
de calidad que facilitarán la inversión de privados en el sector –que debería realizarse por
decreto del Poder Ejecutivo en una fecha determinada– y también establecía la fecha en
la que debían abrirse las ofertas para la participación del sector privado en plantas de
tratamiento de residuos sanitarios (Santos, 2004a; 2004b).
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En los casos de Bolivia y Argentina el Banco Mundial no sólo promovió la
desregulación de los servicios de agua, sino que luego se asoció con las corporaciones
transnacionales en las empresas que se vieron beneficiadas con la privatización. Este
mecanismo se procesó con la participación de la Corporación Financiera Internacional
(CFI) del Banco Mundial como asociada minoritaria en el paquete accionario de las
nuevas empresas (Schorr, 2004 ; Chacón, 2006)
La más reciente estrategia desarrollada por las corporaciones ante la desprivatización
de los servicios (o sea, la cancelación de sus "concesiones" para la
prestación de servicios de agua) ha sido el inicio de demandas a los estados ante el
CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia de Inversiones) del Banco Mundial,
siempre amparándose ante Tratados Bilaterales de protección a las Inversiones (TBI)
entre el estado origen de la corporación y el estado en el cual se establece la concesión.
Quién inauguró esta estrategia fue la norteamericana Bechtel, al ser cancelado su
contrato en Cochabamba, Bolivia, seguida luego por Suez, a través de Aguas de
Barcelona, demandando a Argentina por sus concesiones en Buenos Aires y Santa Fé, o
a través de su subsidiaria en La Paz y El Alto, Bolivia, Aguas del Illimani S.A. que dandó
al estado boliviano.
El mecanismo ha sido utilizado como amenaza en el caso de Uruguay, donde una
Reforma Constitucional obligaba al gobierno a cancelar los contratos con las
corporaciones de agua presentes en el país (Santos & Valdomir, 2005).
Es destacable señalar aquí dos elementos: 1) la centralidad de los TBI en la
protección de los intereses de las corporaciones, más allá de la validez o cumplimiento de
los derechos humanos de los ciudadanos de un país y 2) la paradoja que nos plantea a
una IFIs (el Banco Mundial) que es a la vez juez y parte de una situación. Esto se da
puntualmente en el caso argentino y el boliviano, donde el BM es quién demanda
(asociado a las empresas a través de la CFI) y luego es quien juzga (a través del CIADI).
Estos mecanismos establecen –a través de un complicado mecanismos de
normas que refieren supuestamente al "comercio" o a las "inversiones"– un marco jurídico
internacional paralelo con respecto a, por ejemplo, las normas internacionales sobre
derechos humanos.
Si observamos el poder y la capacidad de presión de la acción conjunta de las IFIs
y las corporaciones, amparadas en los TBI, los Tratados de Libre Comercio y las normas
de la Organización Mundial del Comercio, todas las disposiciones de la Observación
General 15 sobre el derecho humano al agua pasan a formar parte del conjunto de
normas que es políticamente correcto suscribir y ratificar, pero comercialmente
inadecuado aplicar.
V.1-Presencia de corporaciones del agua en América Latina
El gran "negocio" del agua en el mundo se reparte en unas pocas corporaciones
transnacionales. En el Cuadro Nº 1 podemos observar una caracterización de las cuatro
mayores empresas, su país de origen, sus volúmenes de ventas y de clientes.
Cuadro Nº 1- Las mayores corporaciones de agua en el mundo
13

Corporación Ventas
(miles de
millones
euros)
de
Ventas agua
(miles de
millones de
Suez / Ondeo (Francia) 40.2
euros)
10.1 125
Veolia / Veolia Water (Francia) 30.8 11.3 108
RWE / Thames Water (Alemania/Reino 46.6
Unido)
2.9 70
Bouygues / SAUR (Francia)
Fuente: Deckwirth (2004)
22.2 2.3 36
Clientes
(Millones)
En el Cuadro Nº 2 se observa un listado de corporaciones transnacionales de
agua presentes en América Latina, los países, estados y ciudades en los que se
encuentran, y las subsidiarias nacionales a partir de las cuales concretan su participación.
Conviene realizar un perfil de estas empresas.
Perfil de las corporaciones de agua en América Latina
Suez
La corporación francesa Suez nació en el siglo XIX (1880) bajo el nombre de Lyonnaise
des Eaux y se fusionó en 1997 el consorcio financiero e industrial Compagnie de Suez,
fundado en ocasión de la construcción del Canal con este nombre. En el 2002 redujo su
nombre Suez, al tiempo que traspasó todas las actividades relacionadas con el una
subsidiaria internacional de nombre Ondeo.
En América Latina su presencia se procesa a través de Aguas de Barcelona, de la
cual Suez posee el 51% de sus acciones.
Veolia
La segunda gran empresa transnacional francesa en el mercado mundial se llama Veolia
y tiene sus orígenes en la Compagnie Générale des Eaux, fundada también en el siglo
XIX. Con este nombre se consolidó en el mercado mundial de agua y en 1998 lo cambió
a Vivendi, quedando el sector de agua bajo la sección Vivendi Enviroment,
posteriormente abierta en una tercera parte a capital externo. En 2003 -luego de un
escándalo por endeudamientos- Vivendi vendió las acciones de Vivendi Environnement,
que desde ese momento se transformó en Veolia Environnement. Veolia abarca las
empresas de desechos Onyx, de transporte Connex, de energía Dalkia y de agua Veolia
Environment y Veolia Water.
En América Latina la presencia de Veolia se produce directamente (a partir de las
concesiones de la ex Vivendi) y también a través de Proactiva Medio Ambiente (empresa
que tiene diferentes filiales). Proactiva es controlada en un 50% por Veolia, mientras que
el 50% restante es de la empresa española de construcción FCC (Fomento de
Construcciones y Contratos).
RWE Thames Water
La alemana RWE (Centrales Eléctricas de Renania-Westfalia) compró la empresa
británica de agua Thames Water en 2002, convirtiéndose en la tercera corporación
mundial de agua al comprar en 2003 la norteamericana American Water Works. Su
participación en América Latina se da de manera directa.
Bouygues – SAUR
14

La filial del consorcio de la industria de construcción francés Bouygues-Saur es la número
4 del mundo y concentra sus intereses en África.
La presencia en América Latina se realiza a través de Aguas de Valencia,
centrándose más en los llamados "servicios ambientales" relacionados con la gestión del
agua (limpieza, recogida, tratamiento y recuperación de residuos) que en la provisión
directa de servicios de agua. El grupo SAUR posee el 33% de las acciones de Aguas de
Valencia.
Bechtel
Originalmente Bechtel es una empresa estadounidense de construcción, fundada en
1898 con sede en San Francisco. Su participación en América Latina se ha dado a través
de IWL (International Water Limited) en asociación con el Grupo italiano Edison y a partir
de una alianza estratégica con United Utilities International corporación británica de agua.
TECVASA-Canal de Isabel II
Técnicas Valencianas del Agua SA (TECVASA) fue creada en 1999 para participar en
concesiones de agua en América Latina, ya que no tiene concesiones en España.
Actualmente "controla una zona con nueve millones de habitantes en América Latina, con
un volumen total de negocios de 180 millones de dólares en 2001" (Castro Soto, 2005).
Su participación en América Latina se da a través de AAA (Acueducto
Alcantarillado y Aseo) que cuenta con diversas filiales en el norte de América del Sur, así
como en el Caribe. AAA es propiedad compartida entre TECVASA y Canal de Isabel II.
Aguas de Portugal
Aguas de Portugal es una empresa mixta (capital público y privado), creada en 1993 para
el abastecimiento de agua potable y saneamiento en municipios de Portugal.
En 1998 conformó sus empresas internacionales Empresa Brasilera de Aguas
Libres (EBAL) y Prolagos, con las que participa en concesiones de aguas en Brasil. Tiene
intereses en países africanos, ex colonias portuguesas (Timor, Mozambique, Cabo
Verde).
Aguas de Bilbao
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es una empresa pública del País Vasco (España)
que tiene a su cargo la cobertura de agua potable y saneamiento en 54 municipios de
Bizkaia (País Vasco). En 2002 -asociada con Grupo Iberdrola y la Caja de Ahorro de
Bilbao- obtuvo la licitación de Maldonado (Uruguay) bajo el nombre de URAGUA
(licitación cancelada en 2005 por la Reforma Constitucional en Uruguay). Previamente
(1999) Aguas de Bilbao había concesionado los servicios de Aguas del Gran Buenos
Aires, entregándola en 2002, luego de serios incumplimientos.
Cuadro Nº 2 - Corporaciones del agua en América Latina
15

CORPORACIÓN PAÃS SUBSIDIARIA NACIONAL CIUDAD/ESTADO
Suez Brasil Aguas do Amazonas Manaus
Suez Brasil Interagua- Aguas Guariroba Campo Grande / Matto Grosso
Suez Bolivia Aguas del Illimani SA La Paz / El Alto
Suez Colombia Bogotá
Suez / AgBar México Cancún
Suez / AgBar Argentina Aguas Argentinas SA Buenos Aires
Suez / AgBar Argentina Aguas Cordobesas SA Córdoba
Suez / AgBar Argentina Aguas Provinciales de Santa Fé SA Santa Fé, Rosario
Suez / AgBar Chile Aguas Andinas Santiago
Suez / AgBar Chile Aguas Cordillera SA Santiago
Suez / AgBar Chile Aguas Décima SA Valdivia
Suez / AgBar Chile Aguas Los Dominicos SA Santiago
Suez / AgBar Chile Aguas del Gran Santiago SA Santiago
Suez / AgBar Chile Aguas Metropolitanas Santiago
Suez / AgBar Chile Soc. Com. Orbi II Vitacura
Suez / AgBar México Aguas de Saltillo SA de CV Saltillo, Coahuila
Suez / AgBar México InterAgBar de México SA de CV Cuahtémoc
Suez / AgBar Colombia Aguas de Cartagena SA Cartagena
Suez / AgBar Uruguay Aguas de la Costa Maldonado
Suez / AgBar Cuba Aguas de la Habana Habana
RWE Thames Water Chile ESSEL - Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador
Rancagua
RWE Thames Water Chile ESSBIO - Empresa de Servicios Sanitarios del Bio BÃ-o
Concepcion
RWE Thames Water Chile Aguas Nuevo Sur Maule Maule
Bechtel Bolivia Aguas del Tunari Cochabamba
Bouygues/Saur
Bouygues/Saur
Bouygues/Saur
Argentina Obras Sanitarias de Mendoza
Venezuela Aguas de Venezuela Caracas
Venezuela Hidrolara Lara
Veolia Argentina Tucumán
Veolia Colombia Proactiva MonterÃ-a MonterÃ-a
Veolia Colombia Concesionaria Tibitoc S.A. E.S.P. Bogotá
Veolia Puerto Rico Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico
Veolia Brasil SANEPAR Paraná
Veolia México Concesionaria de Agua de Aguascalientes (CAASA) Aguascalientes
TECVASA-Canal de Isabel II Colombia Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Barranquilla
TECVASA-Canal de Isabel II Colombia METROAGUA S.A. E.S.P Santa Marta
TECVASA-Canal de Isabel II Colombia AAA Soledad
TECVASA-Canal de Isabel II Colombia AAA Puerto Colombia
TECVASA-Canal de Isabel II República Dominicana AAA Dominicana Santo Domingo
TECVASA-Canal de Isabel II Venezuela AAA Servicios Zulia
TECVASA-Canal de Isabel II Ecuador Amagua Samborondón
Aguas de Portugal Brasil Prolagos SA Rio de Janeiro
Aguas de Bilbao Uruguay URAGUA Maldonado
Elaboración: REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.
VI-Los “nuevos actores” de la privatización: el Consejo Mundial, la Asociación
Mundial y los Foros del agua
El Consejo Mundial del Agua (CMA) se creó en Marsella, Francia en junio del año 1996.
La idea de crear un organismo de esta naturaleza ya había sido manejada en la
Conferencia de Dublín, concretándose finalmente en una actividad paralela -organizada
por la Asociación Internacional sobre Recursos Hídricos- a la Conferencia Internacional
de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo, Egipto en
noviembre de 1994.
El CMA está compuesto por empresas privadas dedicadas al negocio del agua,
por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de
Inversiones, por fondos de financiamiento públicos y privados e instituciones académicas
16

privadas6.
Es relevante marcar que la decisión de realizar sus actividades principales en
paralelo a conferencias internacionales como las de Naciones Unidas constituye una
suerte de modus operandi del Consejo Mundial del Agua. En su papel de organismo
convocante de los Foros Mundiales del Agua, se ha preocupado siempre de acompañar
estas instancias con conferencias ministeriales, que suscriben declaraciones anexas y
que pueden revestir para sus propias resoluciones, marcos vinculantes y términos de
legitimidad de los cuales carece en el derecho internacional.
Según su propia definición el Consejo Mundial del Agua es “el Grupo de Decisión
sobre Política de Aguas dedicado a fortalecer el movimiento mundial del agua para una
mejor gestión de los recursos hídricos mundiales”.
Su misión radica en “promover la concientización” sobre cuestiones críticas
relacionadas al recurso, procurando para ello “construir compromisos políticos (...) a
todos los niveles, incluyendo los mas altos de toma de decisión para facilitar la eficiente
conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y uso del agua en todas sus
dimensiones sobre una base ambientalmente sostenible para el beneficio de todas las
formas de vida del planeta.
En sus casi diez años de vida el CMA ha compartido directores con organismos
como el Banco Mundial y empresas multinacionales como Suez; como ejemplos pueden
mencionarse a René Coulomb, vicepresidente de la Suez y vicepresidente del CMA, o
Ismail Serageldin, quien fuera vicepresidente del Banco Mundial (marzo 1998 – julio
2000) y ex - Presidente del CMA. También se desempeño como director de la Global
Water Partnership entre 1996 y 2000.
Otros de sus cometidos son los de promover la implementación de políticas y
estrategias a nivel mundial, nutriendo con su información a gobiernos, instituciones y
organismos que formulan políticas para “la gestión integral y sostenible de los recursos
de agua, con consideración respecto al medio ambiente y la equidad social y de género”.
Si bien el rol del CMA respecto de los procesos de privatización del agua en
América Latina no puede establecerse de forma directa, debe tenerse en cuenta que
otros organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las
empresas multinacionales como Suez y Aguas de Bilbao -que si forman parte del CMA-
son actores principales del proceso en roles de financiadores, asesores y en el caso de
las empresas, prestatarias de servicios de agua potable y alcantarillado. Esta incidencia
indirecta del CMA contrasta con el rol mucho mas activo que juega la Asociación Mundial
del Agua (GWP, Global Water Partnership), que ha ido insertándose paulatinamente en
varios países impulsando su visión estratégica sobre el agua.
La Asociación Mundial del Agua (GWP por la sigla del inglés Global Water
Partnership) se crea en el año 1996 por iniciativa del Banco Mundial, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca para el Desarrollo
(SIDA). Explícitamente en su sitio web 7 establece que se conforma inspirada en los
principios emanados de la Conferencia de Dublín. Su herramienta conceptual es la
gobernabilidad del agua, y su marco de acción es la Gestión Integrada de Recursos
Hídricos.
6 La lista completa de miembros del Consejo Mundial del Agua se encuentra en:
http://www.worldwatercouncil.org/
7 www.gwpforum.org/
17

A diferencia del Consejo Mundial del Agua, la GWP opera en base a comités
regionales que inciden en la elaboración de políticas locales. En América Latina actúa a
través del Comité Técnico Asesor para Sud América (SAMTAC, por sus siglas en inglés)
y por las regionales de América Central y el Caribe.
Al configurarse como una red internacional abierta a organizaciones involucradas
en la gestión de los recursos hídricos y principalmente a bancos de desarrollo bilaterales
y multilaterales, la GWP es un actor relevante que cumple el rol de preparar el terreno a
procesos de privatización del agua.
Luego del Segundo Foro Mundial del Agua (La Haya, 2001) la estrategia en la
cual avanzó la GWP en América Latina a través del SAMTAC fue la de organizar
instancias nacionales en varios países de la región para dar a conocer la visión de la
Gestión Integrada, presentando así una primera aproximación a las ideas y el trabajo que
pretende realizar, así como sus “futuros campos de acción”.
Estamos hablando de una presencia registrada y formal en Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Curaçao, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.
“El próximo paso en que está el SAMTAC ahora es construir asociaciones de
aguas o partnerships más sólidas a nivel de los países”, según expresa en su información
institucional disponible en Internet.8
Los referentes locales de la GWP en América Latina operan a partir de un
diagnóstico de las respectivas legislaciones relacionadas con los recursos hídricos,
identificando las carencias que los países registran en términos de cobertura de los
servicios de agua potable y saneamiento con lo que califica de “problemas de gestión”.
Luego de ese primer paso, los referentes de la GWP se encargan de generar los
contenidos de nuevas legislaciones de aguas, inspiradas en el marco de la Gestión
Integrada y asesorando a los actores gubernamentales involucrados con esta
reformulación legal para conseguir financiamientos y apoyos para los proyectos de esta
“nueva gestión”. Según está definido por la propia GWP, “es importante destacar que el
SAMTAC no financia e implementa los programas, sólo impulsa y ayuda en el proceso de
elaborar la propuesta y encontrar financiamiento”.
Tal como se desarrolla en otra sección, la posición de la GWP respecto a la
inclusión del agua en los acuerdos de libre comercio regionales -como en el caso del
Tratado de Libre Comercio entre América Central con Estados Unidos- es favorable,
remarcando generalmente que las inversiones necesarias para reformar y extender los
servicios de agua potable y saneamiento en los países involucrados en este tipo de
acuerdos pueden ser cubiertas desde empresas con capitales estadounidenses, atraídos
por los nuevos marcos vinculantes.
En resumen, la GWP tiene para América Latina y el Caribe, dos marcos
estratégicos de fondo: por un lado la descentralización de la gestión de los servicios
como objetivo de la gestión integrada: como ya se dijo, gestión integrada implica
principalmente un enfoque de actores, es decir, no solo los estados intervienen en este
terreno, sino otros actores, como los fondos privados de financiamiento, los bancos
regionales y multilaterales de crédito, instituciones vinculadas al agua (precisamente
8 http://www.eclac.cl/drni/proyectos/samtac/samtac.htm
18

como la GWP) y finalmente, las empresas multinacionales del sector. Todos tienen algo
para decir (y hacer) en el tema del agua.
El segundo marco estratégico es lisa y llanamente la privatización del agua, su
concepción como mercancía pasible de ser incluida en los acuerdos de liberalización
comercial como el mencionado CAFTA o en el Tratado de Libre Comercio que Colombia,
Perú y Ecuador están concretando con Estados Unidos. Como ingresa el agua en la
estructura de los TLC es algo que será desarrollado a continuación.
VI.1-Los Foros Mundiales del Agua
Los Foros Mundiales del Agua son una iniciativa del Consejo Mundial del Agua que tiene
por objetivo "despertar la conciencia sobre los asuntos del agua en todo el mundo". En
realidad, los diferentes Foros se han convertido en ámbitos dominados por el fuerte lobby
de las corporaciones del agua, en la promoción de políticas de desregulación de los
servicios de agua.
Durante el Primer Foro Mundial del Agua, realizado en marzo de 1997 en
Marrakech, se resolvió mandatar a una comisión del Consejo Mundial del Agua para
elaborar “una iniciativa de estudio, consulta y análisis de tres años, que encaminaría
hacia una Visión Global del Agua, la Vida y el Ambiente”.
Esta “Visión Mundial del Agua, la Vida y el Medio Ambiente” 9 fue presentada y
adoptada como marco estratégico del organismo en el Segundo Foro Mundial del Agua,
realizado en La Haya, Holanda, en marzo del 2000.
El documento emanado de esta instancia parte de “reconocer las necesidades
básicas de tener acceso al agua potable y al saneamiento, establecer un mecanismo
eficaz para la gestión de aguas compartidas, apoyar y conservar los ecosistemas,
promover el uso eficaz del agua”.
La Declaración de Marrakech convoca a dar forma a una nueva política de aguas
para afrontar las necesidades del próximo milenio, basándose en los principios de Dublín
ya desarrollados. Los Foros del Agua tendrán la constante de enfocar los problemas de
gestión del recurso como el trasfondo de las desigualdades de acceso al agua y el
saneamiento.
Es importante explicitar esta característica porque resulta sumamente difícil
colocarse en una posición crítica hacia eventos, instrumentos o documentos que asumen
una postura que relaciona a la pobreza con la falta de acceso al agua. Esto por si mismo
no es cuestionable, sino la intencionalidad que existe al focalizarse en los problemas de
gestión de los recursos. Si existe gestión ineficaz, ello es responsabilidad de los actores
clásicos que han estado a su cargo, es decir, los estados a través de sus organismos y
dependencias específicas. Por ende, propugnar una “nueva política” que se base
unívocamente en reformular la gestión de los recursos hídricos conduce a un recambio
de los actores clásicos por nuevos actores, mas eficientes. El problema de fondo resulta
inalterado, aún planteado bajo este nuevo formato.
En el segundo Foro Mundial del Agua –realizado en La Haya, Holanda en marzo
de 2000– se adopta formalmente la “Visión Mundial del Agua. Haciendo del Agua un
asunto de todos".
9 Visión Mundial del Agua, II Foro Mundial del Agua, La Haya, 2000. Acceso:
www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Visions/SpanishExSum.pd
f
19

En este momento aparece el objetivo de reducir a la mitad los déficit en los
servicios de agua y saneamiento: “promover una cooperación pacífica y desarrollar una
sinergia con los diferentes usos del agua en todos los ámbitos, cuando esto sea posible,
dentro de los estados” 10 .
En Bonn, Alemania, en diciembre de 2001 se realizó la Conferencia
Internacional de Agua (conocida como Dublín + 10). En ella se establecieron criterios 11
de gestión como la "descentralización", destacando que "el nivel local es donde la política
nacional logra satisfacer las necesidades de la comunidad". Al mismo tiempo se
establecía que "la clave para un mejor alcance (outreach) son las nuevas asociaciones"
(subrayado nuestro).
Es en esta conferencia donde se introduce el concepto de "gobernabilidad del
agua", definida como "la clave esencial" para lograr un "mejor desempeño".
El Tercer Foro Mundial del Agua se realizó en Kyoto, Japón, en 2003. Allí se
definió al financiamiento de los sistemas de agua como el principal problema,
planteándose como solución la movilización de "todas las fuentes" de financiamiento: “se
deben recaudar fondos mediante la adopción de criterios de recuperación de costos que
se adapten a las condiciones climáticas, medioambientales y sociales del lugar, y al
principio del "contaminador paga", prestando debida consideración a los sectores
sociales mas pobres. Todas las fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas,
nacionales e internacionales, deben ser movilizadas y utilizadas del modo más eficaz y
eficiente posible” 12 .
La Declaración de esta instancia señala que los gobiernos deben otorgar poderes
a las autoridades y gobiernos locales con debida consideración a las cuestiones de
pobreza y género. En esta misma Declaración se menciona que se debe estimular la
participación de todos los interesados y asegurar la transparencia y responsabilidad de
todas las acciones.
La Declaración Ministerial de Kyoto también señala la necesidad de que los
países optimicen la coordinación de sus sistemas de evaluación en el plano local, de
cuenca y nacional, con el desarrollo de indicadores nacionales pertinentes.
Asimismo se incluye el abordar el suministro de agua y saneamiento en zonas
rurales y urbanas conforme a las condiciones y capacidades locales de gestión, con
miras a lograr mejoras en los servicios de agua y saneamiento a corto plazo, así como
inversiones rentables en infraestructura y una buena gestión y mantenimiento a largo
plazo.
En este año 2006 América Latina será la sede del IV Foro Mundial del Agua, a
realizarse en México bajo la convocatoria "Acciones locales para un reto global".
El IV Foro busca "privilegiar el valor del conocimiento y experiencias locales como
factor clave en el éxito de la formulación de políticas hídricas" así como "promover el
10 Declaración Ministerial del II Foro Mundial del Agua, La Haya, 2000, acceso:
http://www.ubp.edu.ar/todoambiente/publicaciones/pdf_terra/declaracion_ministerial_haya_seguridad.pdf
11 Declaración Ministerial de la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, Bonn, 2001, acceso:
http://www.water-2001.de/outcome/MinistersDeclaration/Ministerial_Declaration_sp.pdf
12 Declaración Minisetrial del III Foro Mundial del Agua, Kyoto, 2003, acceso:
http://www.worldwaterforum4.org.mx/uploads/TBL_DOCS_9_40.pdf
20

diálogo entre los sectores responsables de las políticas de agua y los diferentes
usuarios".
Este enfoque claramente desplazará de la agenda de discusión del Foro y
seguramente también de la declaración ministerial final, las referencias a los problemas
globales del agua, el fracaso social de los procesos de privatización y mercantilización y
la emergencia de nuevos modelos de gestión del agua desde los movimientos sociales.
Resta mencionar que varios de los documentos de discusión que sirven de insumos y
establecen posiciones en la discusión de los ejes temáticos del Foro fueron elaborados
por la GWP.
21

VII-La liberalización comercial y el
agua en el hemisferio americano
Como ha planteado Pablo Solón (2005), el agua "es un tema transversal a toda la agenda
mundial del libre comercio", tanto la que se genera desde la Organización Mundial del
Comercio (OMC) como la que se aplica en los tratados regionales o bilaterales.
Cuadro - Acuerdos de Libre Comercio por alcance geográfico y temático
Tipo
de
Acuer
do
Alcanc
e
OMC Mundi
al
TLCA
N,
TLC
Perú-
EE.U
U.
Tratad
o
Bilater
al de
Inversi
ones
BIT
2 o
más
países
2
países
Acces
o a
Merca
dos
Agricul
tura
Servici
os
Propie
dad
Intelec
tual
Inversio
nes
Políticas
de
Compet
encia
Compras
del
Estado
GATT ASA AGCS ADPIC Nuevos Asuntos de Singapur
(actualmente no incluidos en la
OMC)
ALCA Contin
ente
Elboración: Pablo Solón, (2005) "Los cruces de caminos entre el agua y el libre
comercio", Visión Social del Agua, La Paz, Bolivia.
Solón plantea que en estos diferentes niveles de acuerdos de liberalización comercial, el
agua aparece en tres áreas: el comercio de bienes, los servicios y las inversiones, con el
detalle que se ve en el cuadro 2.
Cuadro - Los impactos del libre comercio en los usos del agua
Comercio
bienes
Servicios Inversiones
Agua embotellada X X
Exportación de
agua
X X X
Servicios de agua
potable
X X
Servicios
medioambientales
X X
Uso Hidroeléctrico X X
Uso Minero X X
Uso Petrolero X X
Uso Turístico X X
Uso agrícola X
Transporte fluvial X X
Derechos de agua X
22

Elboración: Pablo Solón, (2005) "Los cruces de caminos entre el agua y el libre
comercio", Visión Social del Agua, La Paz, Bolivia.
Reconociendo que "no existe una sola relación entre acuerdos de libre comercio y agua
sino múltiples vinculaciones que se cruzan y se complementan según los usos del agua"
(Solón; 2005) y que el agua también aparece vinculada indirectamente en los temas
relacionados a la agricultura o la propiedad intelectual, nos detendremos brevemente en
la caracterización de estos aspectos centrales en los cuales el agua se negocia en el
marco del "libre comercio".
En el nivel de "acceso a mercados" el agua se incluye como "agua embotellada" y como
un bien de exportación, "agua bruta", incluyendo el agua bajo la forma de "hielo y nieve".
También se incluye el "agua de mar". De acuerdo con el análisis de Solón, "una vez que
se exporta agua [bruta o en bloque] no se puede prohibir su comercialización salvo
temporalmente por escasez interna (...) o medioambientales siempre y cuando se
apliquen también a los productores o consumidores nacionales" (Solón; 2005).
En cuanto a los servicios, el agua está incluida en el Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS o GATS por su sigla en inglés), a través de los servicios de agua
potable y saneamiento, pero también como "servicios ambientales", "servicios de
turismo", "transporte por agua" y en la generación de energía eléctrica.
Estas reglas -que también valen en los capítulos de servicios de los Tratados de Libre
Comercio- incluyen las consideraciones de nación más favorecida, acceso a mercados,
trato nacional y compensaciones por cambios (Solón; 2005).
Una posible aproximación al modo cómo operan los actores supuestamente “neutrales”
en América Latina son los estudios y recomendaciones que emanan de los referentes
regionales de estos “nuevos actores” en la temática del agua. Un ejemplo puede ser el
estudio de la GWP – Centroamérica sobre las implicancias del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés).
Dicho estudio presenta un enfoque a favor del Tratado de Libre Comercio entre
los países centroamericanos y los Estados Unidos. Parte también de la consideración del
agua como un recurso que “no solamente tiene un valor social, sino que también posee
un valor económico y que desde la Agenda 21 y los Principios de Dublín, ha sido
reconocida como un bien económico”.
“Este tipo de acuerdos comerciales, aunque sea con países como Estados
Unidos, (...) que sí son más poderosos que nosotros, lo que buscan es proteger al más
pequeño. Esa protección se da, cuando al no contar el país pequeño con un brazo
económico, ni militar, ni político para que prevalezcan sus intereses, se debe apoyar en
disposiciones legales que generan derechos y obligaciones recíprocas”.
Los países centroamericanos ya contaban con un programa de preferencias
aduaneras para ingresar ciertos productos al mercado de Estados Unidos exonerados de
impuestos a la importación. La denominada Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) es un
esquema unilateral que descansa en la discrecionalidad del propio Presidente de los
Estados Unidos -facultado por dos leyes aprobadas en el Congreso en 1983 y el 200013-
que designa a los países que gozarán de los beneficios arancelarios por un período de
tiempo determinado.
13 Caribbean Basin Trade Partnership Act (2000) y Caribbean Basin Economic Recovery Act (1983)
23

Este esquema reguló una porción bastante importante del comercio entre los
países centroamericanos y Estados Unidos, a punto tal que comprendió el 33 por ciento
de las exportaciones de Costa Rica, el 54,6 por ciento de las de El Salvador, el 37,6 por
ciento de las de Guatemala, el 63 por ciento de las de Honduras y el 33,6 por ciento de
las de Nicaragua (todos datos del año 2004).
Resulta importante señalar que la incertidumbre acerca de la renovación de este
esquema por parte de Estados Unidos fue utilizada como un marco de presión para
ratificar el CAFTA sin demoras en los respectivos congresos centroamericanos. Algo
similar sucede en el proceso negociador para la firma del Tratado de Libre Comercio
andino, que incluye a Colombia, Perú y Ecuador, en el cual la renovación del esquema
previo de beneficios arancelarios (denominado en este caso ATPDEA, por Andean Trade
Promotion and Drug Eradication Act - Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación
de la Droga) también es manejada como instrumento de presión política para lograr la
resolución expedita del proceso.
En el esquema del CAFTA, la relación que puede establecerse para la explotación
del agua está vinculada a múltiples disposiciones ya acordadas. “La relación que tenga el
recurso hídrico con el TLC depende del uso económico y comercial que se le puede dar
al recurso y la capacidad que tienen los Estados de regular el acceso al mismo”.
En el Capítulo 3º, donde se desarrolla la aplicación del principio de Trato Nacional
y Acceso de Mercancías al Mercado, se establece que una vez vigente el Tratado no se
podrán establecer tratos diferenciales según la nacionalidad de los agentes económicos y
los productos (incluida la mercancía agua) involucrados en el comercio multilateral entre
los signatarios.
El rechazo y la preocupación que las organizaciones sociales de los países
centroamericanos han manifestado respecto de esta disposición -y en general para que
tiene que ver con comercio y medio ambiente- son infundados según el enfoque de la
GWP. En principio porque la consideración del agua como una mercancía en América
Central “se hace desde hace mucho tiempo”.
Además, “no debería existir esa preocupación si el permiso estatal que permite la
explotación del recurso está acompañado de políticas de conservación y el pago que se
recibe por el derecho de explotar el recurso es un cobro basado en costos reales, y no
simplemente un cobro representativo. La posibilidad de cobrar un canon por explotación
no se ve afectada por el TLC, siempre y cuando el monto o la forma de establecer el
canon no sea discriminatorios entre nacionales y extranjeros”.
La cuestión radica entonces -siempre según este enfoque- en asegurar que
existan controles y requisitos ambientales de “sustentabilidad” por detrás de la
explotación de los servicios de agua, que se agregan a la potestad de los estados para
determinar las tasas que deberán abonar los concesionarios para la explotación del
recurso. Y luego de ello, la indicación es que lo percibido por concepto de tales cánones
se destine a “tareas de conservación”.
Otro de los capítulos donde se puede enmarcar la comercialización y explotación
de la mercancía agua es en el referido a la Contratación Pública (Capítulo 9º). Este
capítulo establece tres principios para operar los contratos del sector público. En primer
lugar la no discriminación por la nacionalidad del operador económico (nuevamente el
Trato Nacional), por el cual cualquier empresa extranjera puede participar en licitaciones
públicas en los diferentes niveles de la administración estatal.
24

En segundo lugar, lo que refiere a la transparencia de los procesos licitatorios, se
establece que la información, los plazos y los requisitos necesarios para presentarse
deben ser flexibles y atractivos para los proveedores extranjeros.
Este capítulo regula la contratación de bienes y servicios en general para todos
los estamentos de la administración pública. “...si una entidad del Gobierno central o una
entidad autónoma o descentralizada tiene dentro de sus funciones la administración del
recurso hídrico, y está cubierta por las disposiciones del Capítulo, la misma deberá llevar
a cabo su proceso de contratación pública para adquirir bienes y servicios, cuando el
monto de la contratación sobrepase los umbrales establecidos, de conformidad con los
principios que se desarrollan en el Capítulo”.
Con respecto al Capítulo 10º sobre Inversiones, se dispone un marco jurídico
extra al ya existente en los estados signatarios, que refuerza derechos y atribuciones a
los agentes inversores con el objetivo de consagrar la total “certidumbre” respecto de la
suerte que correrá su inversión. Los principios de Trato Nacional, Trato de Nación mas
Favorecida, la prohibición a los estados de establecer Requisitos de Desempeño a los
inversores, expropiaciones e indemnizaciones y Solución de Controversias en tribunales
internacionales de arbitraje comercial son los ejes centrales por los cuales las empresas
resultan “empoderadas”, mas aún de lo actual.
Específicamente el tema de las demandas iniciadas por empresas contra estados
nacionales es una de las alarmas –no la única- debido a los profusos antecedentes que
existen en el marco del NAFTA por supuestas “expropiaciones” o medidas “equivalentes
a expropiación”, siempre que se modifiquen las expectativas de obtener ganancias que
se deriven de la acción proactiva de los estados en materia de legislación ambiental,
laboral o políticas públicas en general. En este delicado punto el estudio de la GWP
establece una particular posición:
“Existe preocupación por la posibilidad de acudir a un tribunal arbitral a dirimir
diferencias relacionadas con una inversión, no por el costo que tienen estos
procedimientos, sino porque existen casos internacionales donde se ha condenado a un
país porque supuestamente pretendió regular de alguna manera el tema ambiental o
llevar a cabo un ordenamiento urbano. Si bien es cierto, los ejemplos que se exponen por
algunas organizaciones podrían ser alarmantes, los mismos no se exponen en su
totalidad, y se tratan de explicar como una violación a normas ambientales, lo cual, si
fuera cierto, sería muy preocupante. Pero no es así. Tal es el caso de la demanda de 231
millones de dólares que la empresa Ethyl Corp, interpuso contra el Gobierno de Canadá
alegando que una ley que prohibía el uso de un aditivo para gasolina, conocido como
MMT, le causaba una expropiación indirecta. El asunto fue resuelto entre el Estado
canadiense y la empresa sin que se llegara a dictar una resolución de un panel, pues el
Gobierno de ese país pagó 13 millones de dólares y anuló la legislación. Pero lo sucedido
se basa en que muchas veces las leyes no responden a argumentos sanos de política
pública, ni a preocupaciones ambientales reales, sino a cabildeos e intereses que no
necesariamente responden al interés público”. (subrayado nuestro).
“Estos dos ejemplos demuestran como el mecanismo de solución de controversias
inversionista - Estado, lejos de haber sido una pérdida de jurisdicción, ha sido un
mecanismo efectivo para evitar daños a raíz de medidas que no han sido técnicas, sino,
producto de un cabildeo ajeno al interés público. La ley que dio sustento a la demanda
fue impulsada por las tres compañías de automóviles más grandes de Estados Unidos,
porque argumentaban que el uso del MMT tenía un efecto negativo sobre los sistemas de
diagnóstico de última generación de sus vehículos, sin que hubiera una argumentación
ambiental o de salud sólida en contra de este aditivo que se usó como sustituto del
25

plomo”.
26

VIII-De los movimientos de resistencia a un nuevo modelo público del agua
Los procesos de privatización de los servicios públicos de agua y saneamiento generaron
diferentes respuestas sociales, en relación al contexto de cada uno de los países.
Quizás uno de los extremos se encuentra en Chile, donde también la experiencia
privatizadora fue extrema. Allí "la propiedad del 73% de los derechos de uso consuntivo
pertenece a sólo cuatro empresas transnacionales que controlan la mayor parte del
sistema de agua potable y alcantarillado en Chile" (Chile Sustentable, 2004; 21).
De acuerdo a la legislación chilena existen "derechos de agua" que pueden ser
intercambiados en un "mercado" de derechos (concesiones). El "uso consuntivo" hace
referencia al derecho de uso más el derecho de propiedad, habilitando a su poseedor al
consumo total del agua en "cualquier actividad" (Chile Sustentable, 2004;21).
En un país con movimientos sociales fragmentados y con una aplicación tan
radical del modelo privatizador, la articulación de la resistencia social ha sido dificultosa y,
en todo caso, aislada.
En otro sentido, la resistencia de los movimientos populares en Bolivia ha sido
ejemplarizante para la organización de la lucha contra la privatización del agua no sólo en
América Latina, sino en todo el mundo.
Ante la experiencia de privatización en Cochabamba, emergió una amplia
coordinación de actores sociales, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida de
Cochabamba, que finalmente logró la cancelación de la concesión a la multinacional
norteamericana Bechtel.
La lucha "en Defensa del Agua y de la Vida" tuvo como uno de sus mayores
espacios de amplificación las diferentes instancias del Foro Social Mundial en Porto
Alegre. Primero en Montevideo, luego en Perú y más recientemente en Argentina han
surgido "comisiones", coaliciones o "encuentros" que resisten a la privatización del agua,
bajo el lema "en defensa del agua y de la vida".
Al mismo tiempo, ha surgido un ámbito interamericano, la Red VIDA (Vigilancia
Interamericana por la Defensa del Derecho al Agua) que ha servido como catalizador
entre las diferentes experiencias de lucha por el derecho al agua.
La Red VIDA -“conformada por onsumidores, organizaciones de mujeres, medio
ambientalistas, sindicatos de trabajadores, activistas por los derechos humanos,
religiosos, indígenas y organizaciones sociales”- busca “defender el agua como un bien
público y un derecho humano fundamental” al tiempo que “hacer crecer en todos nosotros
el compromiso universal de defensa y acceso a los servicios básicos, que garantice el
acceso al agua, que pueda frenar los intentos de privatización de nuestros recursos
naturales, pero que también sea un movimiento propositivo, que pueda desarrollar un
control alternativo que sea democrático, responsable y participativo, y que devuelva al
agua el lugar sagrado que ocupa en el ciclo de la vida” 14 .
La resistencia en Cochabamba se realizó con grandes movilizaciones populares,
que enfrentaron una represión militarizada en los momentos más fuertes del conflicto, con
heridos y muertos. Esta movilización y la firma posición de la Coordinadora de
Cochabamba fueron el primer gran impulso para la lucha a nivel local y nacional, así
como para la articulación regional.
14
27

Otro de los camino, quizá intermedio entre la situación de Chile y la de Bolivia
puede ser el caso de Uruguay, donde los movimientos sociales promovieron una reforma
constitucional para incluir el derecho humano al agua en la Carta Magna del país. La
salida institucional, con un ejercicio de democracia directa que comenzó con la
recolección de firmas y culminó con el voto popular, obtuvo el respaldo de más del 64%
de los ciudadanos habilitados para votar.
El éxito de los movimientos sociales que lograron recuperar los servicios de agua
del sector privado de nuevo a lo público se ha planteado un nuevo gran desafío: como
transformar la gestión pública del agua para que realmente permita cumplir el derecho
humano que implica.
El primer modelo en el que se basaron muchos de estos movimientos fue el la
municipalidad de Porto Alegre en Brasil hasta el 2005. Allí el Departamento Municipal de
Agua y Drenaje Sanitario (DMAE por su sigla en portugués) llevó adelante una
experiencia de gestión abierta, asimilada al presupuesto participativo y con la aplicación
de una tarifa social para los sectores socialmente menos favorecidos. Sin embargo poco
se sabe de lo que ha ocurrido en Porto Alegre luego del cambio de autoridades en el
estado de Rio Grande do Sul en 2005.
Otro de los "modelos" de una gestión pública se viene aplicando en Venezuela
con las "mesas técnicas de agua". Dentro de la estructura estatal de gestión del agua, la
empresa HIDROVEN, se vienen ejecutando experiencias de participación directa de los
usuarios en el proceso de gestión a través de dos figuras: las "mesas técnicas" y por otra
parte los "consejos comunitarios" que se dedican al seguimiento de esa gestión
(Arconada, 2005).
Sin embargo, más allá de estas experiencias y de la permanente búsqueda de
una mejor gestión pública, los movimientos sociales han tenido la vitalidad de plantearse
una serie de interrogantes que deberían conducir al contenido de ese "nuevo" modelo.
Según Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida
de Cochabamba, la "nueva" empresa pública de agua debe basarse en cuatro pilares
fundamentales: crear espacios para que los administradores puedan rendir cuentas a la
población de lo que se está haciendo, lograr la eficiencia y eficacia del servicio -lo cual
supone que los funcionarios de la empresa estén conscientes que son servidores
públicos-, lograr la participación activa de la gente y regirse por la idea de "justicia
social".
En palabras del propio Olivera, "muchas veces nos sentimos frustrados porque
nos vemos frente a un aparato estatal que ha sido diseñado para cuidar los interesas de
las transnacionales y del modelo neoliberal. (...) Los gobernantes, aprisionados por las
normativas, los contratos, los entramados jurídicos, muchas veces se ven imposibilitados
de romper de manera soberana y digna eso que nos han impuesto. Por lo tanto de lo que
se trata también es de romper la correlación de fuerza que nos permita que eso escrito
sea una realidad, y esa realidad solamente la vamos a conseguir con algo que ustedes y
nosotros sabemos: la organización y la movilización de la gente." (Olivera, 2006).
28

Referencias
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represa de Yacyretá" en Elizabeth Jelin (comp), "Más allá de la nación: las escalas múltiples de los
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humano a una vivienda y un hábitat adecuados", PROVEA, Caracas, 2005.
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oposición a los proyectos de desarrollo hidroeléctrico en Brasil (1985-91)" en Desarrollo
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construcción comunitaria frente al neoliberalismo y al banco mundial", Coordinadora de Defensa
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Crespo Flores, Carlos "La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de
dispositivos de poder" en Ecología Política 20, Icaria, Barcelona, 2000 (pp.59-70).
Chacón, Cecilia, "Aguas del Illimani: un conflicto que no acaba", en "Las canillas abiertas de
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2006.
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29

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30

Documentos
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos
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Observación general Nº 15 (2002), El derecho al agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), General Comment No. 15 (2002) The right to water
(arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights),
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 29th session, Geneva, 11-29 November
2002.
Visión Mundial del Agua, II Foro Mundial del Agua, La Haya, 2000. Acceso:
www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Visions/SpanishExSu
m.pdf
31

********************RECUADRO***********************
Los artículos 11 y 12 del PIDESC
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de
toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante
la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se
necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante
la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios
sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo
que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que
importan productos alimenticios como a los que los exportan.
Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.
********************RECUADRO***********************
Observación general Nº 15
El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales)
I. Introducción
32

1. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la
salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición
previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité ha constatado
constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los
países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de 1.000 millones de
personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no
tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal
causa de contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua . La
polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución
desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados Partes deben adoptar
medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna, como
se establece en la presente observación general.
El fundamento jurídico del derecho al agua
2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un
abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por
deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y
para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene
personal y doméstica.
3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que
dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra
"incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El
derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables
para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones
fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha reconocido anteriormente
que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la
Observación general Nº 6 (1995)) . El derecho al agua también está indisolublemente
asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) y al
derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11) . Este
derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en
la Carta Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la
dignidad humana.
4. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos
internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas . Por ejemplo, en el
párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las
mujeres el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las
esferas de [...] el abastecimiento de agua". En el párrafo 2 del artículo 24 de la
Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra
las enfermedades y la malnutrición mediante "el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre".
5. El Comité se ha ocupado constantemente del derecho al agua en su examen de los
informes de los Estados Partes, de conformidad con sus directrices generales revisadas
sobre la forma y el contenido de los informes presentados por los Estados Partes con
arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y sus observaciones generales.
6. El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y
33

domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por
ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación
adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es
fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida
mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a
participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse
prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse
prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así
como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos
del Pacto .
El agua y los derechos del Pacto
7. El Comité señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos
hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada
(véase la Observación general Nº 12 (1997)) . Debe hacerse lo posible para asegurar que
los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso
equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua, incluidas las técnicas sostenibles
de recogida del agua de lluvia y de irrigación. Tomando nota de la obligación establecida
en el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto, que dispone que no podrá privarse a un pueblo
"de sus propios medios de subsistencia", los Estados Partes deberían garantizar un
acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de
subsistencia de los pueblos indígenas .
8. La higiene ambiental, como aspecto del derecho a la salud amparado por el apartado
b) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto, entraña la adopción de medidas no
discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre y
contaminada por sustancias tóxicas . Por ejemplo, los Estados Partes deben garantizar
que los recursos hídricos naturales estén a resguardo de la contaminación por sustancias
nocivas y microbios patógenos. Análogamente, los Estados Partes deben supervisar y
combatir las situaciones en que los ecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para los
vectores de enfermedades que puedan plantear un riesgo para el hábitat humano .
9. Con el fin de ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto y a cumplir sus
obligaciones de presentación de informes, la sección II de la presente Observación
general se centra en el contenido normativo del derecho al agua en el párrafo 1 del
artículo 11 y en el artículo 12, mientras que la sección III está dedicada a las obligaciones
de los Estados Partes, la sección IV a las violaciones y la sección V a la ejecución en el
plano nacional. La sección VI se refiere a las obligaciones de agentes que no son
Estados Partes.
II. Contenido normativo del derecho al agua
10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el
derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho
al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes
arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los
derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que
ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la
salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo
adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación
con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y
34

cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el
derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser
ejercido por las generaciones actuales y futuras.
12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede
variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier
circunstancia:
a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y
suficiente para los usos personales y domésticos . Esos usos comprenden normalmente
el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal
y doméstica . La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a
las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . También es posible que
algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud,
el clima y las condiciones de trabajo.
b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y
por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que
puedan constituir una amenaza para la salud de las personas . Además, el agua debería
tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.
c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles
para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al
alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un
suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o
lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas . Todos los servicios e instalaciones de
agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta
las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no
debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.
Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al
alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el
abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.
No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a
todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y
difundir información sobre las cuestiones del agua .
Temas especiales de amplia aplicación
No discriminación e igualdad
13. La obligación de los Estados Partes de garantizar el ejercicio del derecho al agua sin
discriminación alguna (art. 2, párr. 2) y en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres (art. 3) se aplica a todas las obligaciones previstas en el Pacto. Así pues, el
Pacto proscribe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA),
35

orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que
pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del
derecho al agua. El Comité recuerda el párrafo 12 de la Observación general Nº 3 (1990)
en la que se señala que, incluso en tiempos de grave escasez de recursos, es preciso
proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas
específicos a un costo relativamente bajo.
14. Los Estados Partes deberán adoptar medidas para eliminar la discriminación de facto
basada en motivos sobre los que pesen prohibiciones en los casos en que se prive a
personas y grupos de personas de los medios o derechos necesarios para ejercer el
derecho al agua. Los Estados Partes deben velar por que la asignación de los recursos
de agua y las inversiones en el sector del agua faciliten el acceso al agua a todos los
miembros de la sociedad. Una distribución inadecuada de los recursos puede conducir a
una discriminación que quizá no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben
redundar de manera desproporcionada en beneficio de los servicios e instalaciones de
suministro de agua que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción
privilegiada de la población; esos recursos deben invertirse más bien en servicios e
instalaciones que redunden en beneficio de un sector más amplio de la población.
15. Por lo que se refiere al derecho al agua, los Estados Partes tienen la obligación
especial de facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no
disponen de medios suficientes, así como de impedir toda discriminación basada en
motivos sobre los que internacionalmente pesen prohibiciones en el suministro de agua y
los servicios de abastecimiento de agua.
16. Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben
prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han
tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los
grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los
desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos. En
particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que:
a) No se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones sobre los
recursos y los derechos en materia de agua. Es preciso aliviar la carga desproporcionada
que recae sobre las mujeres en la obtención de agua.
b) No se impida a los niños ejercer sus derechos humanos por falta de agua potable en
las instituciones de enseñanza y los hogares o a causa de la carga que supone la
obtención de agua. Es preciso abordar con carácter urgente la cuestión del suministro de
agua potable a las instituciones de enseñanza que actualmente carecen de ella.
c) Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de
suministro de agua en buen estado de conservación. Debe protegerse el acceso a las
fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda injerencia ilícita y
contaminación. Las zonas urbanas desfavorecidas, incluso los asentamientos humanos
espontáneos y las personas sin hogar, deben tener acceso a servicios de suministro de
agua en buen estado de conservación. No debe denegarse a ningún hogar el derecho al
agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta se encuentra.
d) El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales
sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas. Los Estados deben facilitar
recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al
agua.
36

e) Las comunidades nómadas y errantes tengan acceso al agua potable en sus lugares
de acampada tradicionales y designados.
f) Los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los repatriados
tengan acceso al agua potable tanto si permanecen en campamentos o en las zonas
urbanas y rurales. Es preciso otorgar a los refugiados y los solicitantes de asilo el
derecho al agua en las mismas condiciones que a los nacionales.
g) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus
necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho
internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos .
h) Se suministre agua salubre suficiente a los grupos que tienen dificultades físicas para
acceder al agua, como las personas de edad, los discapacitados, las víctimas de
desastres naturales, las personas que viven en zonas propensas a desastres y las que
viven en zonas áridas y semiáridas o en pequeñas islas.
III. Obligaciones de los Estados Partes
Obligaciones legales de carácter general
17. Si bien el Pacto prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que
representa la escasez de recursos, también impone a los Estados Partes diversas
obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por
lo que respecta al derecho al agua, como la garantía de que ese derecho será ejercido
sin discriminación alguna (art. 2, párr. 2) y la obligación de adoptar medidas (art. 2, párr.
1) en aras de la plena realización del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo 12. Esas
medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del
derecho al agua.
18. Los Estados Partes tienen el deber constante y continuo en virtud del Pacto de
avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho
al agua. La realización de ese derecho debe ser viable y practicable, ya que todos los
Estados Partes ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos el agua, la
tecnología, los recursos financieros y la asistencia internacional, como ocurre con todos
los demás derechos enunciados en el Pacto.
19. Existe una fuerte presunción de que la adopción de medidas regresivas con respecto
al derecho al agua está prohibida por el Pacto . Si se adoptan medidas deliberadamente
regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras un examen
sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están
debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el
Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el
Estado Parte.
Obligaciones legales específicas
20. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de
obligaciones a los Estados Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y
cumplir.
a) Obligación de respetar
21. La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de injerirse
37

directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Comprende, entre otras
cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al
agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas
consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar
ilícitamente el agua, por ejemplo, con desechos procedentes de instalaciones
pertenecientes al Estado o mediante el empleo y los ensayos de armas, y de limitar el
acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o destruirlos como medida
punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional
humanitario.
22. El Comité observa que durante los conflictos armados, las situaciones de emergencia
y los desastres naturales el derecho al agua abarca las obligaciones que impone a los
Estados Partes el derecho internacional humanitario . Ello incluye la protección de objetos
indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidas las instalaciones y
reservas de agua potable y las obras de regadío, así como la protección del medio
natural contra daños generalizados, graves y a largo plazo y la garantía de que los civiles,
los reclusos y los prisioneros tengan acceso al agua potable .
b) Obligación de proteger
23. La obligación de proteger exige que los Estados Partes impidan a terceros que
menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende
particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre.
La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de
otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros
denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten
en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los
pozos y otros sistemas de distribución de agua.
24. Cuando los servicios de suministro de agua (como las redes de canalización, las
cisternas y los accesos a ríos y pozos) sean explotados o estén controlados por terceros,
los Estados Partes deben impedirles que menoscaben el acceso físico en condiciones de
igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables.
Para impedir esos abusos debe establecerse un sistema regulador eficaz de conformidad
con el Pacto y la presente Observación general, que prevea una supervisión
independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por
incumplimiento.
c) Obligación de cumplir
25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y
garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas
positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el
derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para
que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de
las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados
Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos
en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su
voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con los medios a su disposición.
26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas
necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre
otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el
ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las
38

leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos
hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos;
y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las
zonas urbanas desfavorecidas.
27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las
medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de
técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de
precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de
ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el
principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados,
estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad
exige que no recaiga en los hogares más pobres una carga desproporcionada de gastos
de agua en comparación con los hogares más ricos.
28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para
velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y
salubre . Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la
disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible, desvío o contención; b)
reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los
ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y
excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que los
proyectos de desarrollo no obstaculicen el acceso al agua potable; e) examen de las
repercusiones de ciertas actividades que pueden afectar la disponibilidad del agua y en
las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, como los cambios climáticos, la
desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de
biodiversidad ; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g)
reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta
para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y
establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y
los programas.
29. El garantizar que todos tengan acceso a servicios de saneamiento adecuados no sólo
reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que
constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de las reservas y
recursos de agua potable . El derecho a la salud y el derecho a una vivienda adecuada
(véanse las Observaciones generales Nº 4 (1991) y Nº 14 (2000)) impone a los Estados
Partes la obligación de ampliar progresivamente unos servicios de saneamiento salubres,
en particular a las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, teniendo en cuenta
las necesidades de las mujeres y los niños.
Obligaciones internacionales
30. El párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 23 del Pacto
imponen a los Estados Partes la obligación de reconocer el papel fundamental de la
cooperación y la asistencia internacionales, y de adoptar medidas conjuntas o a título
individual para lograr el pleno ejercicio del derecho al agua.
31. Para cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua, los
Estados Partes tienen que respetar el disfrute de ese derecho en otros países. La
cooperación internacional exige que los Estados Partes se abstengan de cualquier
medida que obstaculice, directa o indirectamente, el ejercicio del derecho al agua potable
en otros países. Las actividades que se emprendan dentro de la jurisdicción de un Estado
Parte no deben privar a otro Estado de la capacidad de asegurar que las personas en su
39

jurisdicción ejerzan ese derecho .
32. Los Estados Partes deberán abstenerse en todo momento de imponer embargos o
medidas semejantes que impidan el suministro de agua, así como de los bienes y
servicios esenciales para garantizar el derecho al agua . El agua no debe utilizarse jamás
como instrumento de presión política y económica. A este respecto, el Comité recuerda
su posición, expresada en su Observación general Nº 8 (1997), sobre la relación entre las
sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
33. Los Estados Partes deben adoptar medidas para impedir que sus propios ciudadanos
y empresas violen el derecho al agua potable de las personas y comunidades de otros
países. Cuando los Estados Partes puedan adoptar medidas con miras a influir en
terceros por medios legales o políticos para que respeten este derecho, esas medidas
deberán adoptarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho
internacional aplicable.
34. En función de la disponibilidad de recursos, los Estados Partes deberán facilitar la
realización del derecho al agua en otros países, por ejemplo, facilitando recursos hídricos
y asistencia financiera y técnica y prestando la ayuda necesaria que se les solicite.
Cuando se trate de prestar socorro en casos de desastre y asistencia en casos de
emergencia, incluida la asistencia a los refugiados y los desplazados, deberá concederse
prioridad a los derechos reconocidos en el Pacto, incluido el suministro de agua potable.
La asistencia internacional deberá prestarse de manera compatible con el Pacto y otras
normas de derechos humanos, y deberá ser sostenible y culturalmente apropiada. Los
Estados Partes económicamente desarrollados tienen una responsabilidad y un interés
especiales en ayudar a los países en desarrollo más pobres a este respecto.
35. Los Estados Partes deberán velar por que en los acuerdos internacionales se preste
la debida atención al derecho al agua y, con tal fin, deberán considerar la posibilidad de
elaborar nuevos instrumentos jurídicos. En cuanto a la concertación y aplicación de otros
acuerdos internacionales y regionales, los Estados Partes deberán adoptar medidas para
garantizar que estos instrumentos no repercutan negativamente en el derecho al agua
potable. Los acuerdos de liberalización del comercio no deben restringir ni menoscabar la
capacidad de un país de garantizar el pleno ejercicio del derecho al agua.
36. Los Estados Partes deben velar por que su actuación como miembros de
organizaciones internacionales tenga debidamente en cuenta el derecho al agua. Por
consiguiente, los Estados Partes que son miembros de instituciones financieras
internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los
bancos regionales de desarrollo, deben adoptar medidas para velar por que en sus
políticas de préstamo, acuerdos de crédito y otras medidas internacionales se tenga en
cuenta el derecho al agua.
Obligaciones básicas
37. En su Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes
tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles
esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité,
pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al
agua, que tienen efecto inmediato:
a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta
para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;
40

) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre
una base no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables o marginados;
c) Garantizar el acceso físico a instalaciones o servicios de agua que proporcionen un
suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de
salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a
una distancia razonable del hogar;
d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas
tengan que acudir a obtener el agua;
e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua
disponibles;
f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda
la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente
revisados en base a un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos,
como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de
cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el
plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a
todos los grupos vulnerables o marginados;
g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;
h) Poner en marcha programas de agua destinados a sectores concretos y de costo
relativamente bajo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;
i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua,
en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.
38. Para disipar toda duda, el Comité desea señalar que incumbe especialmente a los
Estados Partes, así como a otros agentes que estén en situación de ayudar, el prestar
asistencia y cooperación internacionales, en especial económica y técnica, que permita a
los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas y otras obligaciones a que se
hace referencia en el párrafo 37 supra.
IV. Violaciones
39. Al aplicar el contenido normativo del derecho al agua (véase la parte II) a las
obligaciones de los Estados Partes (parte III), se pone en marcha un proceso que facilita
la identificación de las violaciones del derecho al agua. En los párrafos que figuran a
continuación se dan ejemplos de violaciones del derecho al agua.
40. Para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones generales y particulares, los
Estados Partes deben demostrar que han tomado las medidas necesarias y factibles para
garantizar el ejercicio del derecho al agua. De conformidad con el derecho internacional,
el no actuar de buena fe para tomar tales medidas constituye una violación del derecho.
Cabe señalar que un Estado Parte no puede justificar su incumplimiento de las
obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 37 supra, que no pueden suspenderse.
41. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación del derecho al
agua, es importante establecer una distinción entre la incapacidad de un Estado Parte de
cumplir sus obligaciones con respecto al derecho al agua y la renuencia de dicho Estado
a cumplir esas obligaciones. Ello se desprende del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo
41

12, que se refieren al derecho a un nivel de vida adecuado y al más alto nivel posible de
salud, así como del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, que impone a cada Estado Parte la
obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que
disponga. Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que
disponga para hacer efectivo el derecho al agua viola las obligaciones que ha contraído
en virtud del Pacto. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un
Estado de las obligaciones que le impone el Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no
obstante que ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para
cumplir, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas supra.
42. Las violaciones del derecho al agua pueden producirse mediante actos de comisión,
la acción directa de Estados Partes o de otras entidades que no estén suficientemente
reglamentadas por los Estados. Las violaciones pueden consistir, por ejemplo, en la
adopción de medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones básicas
(mencionadas en el párrafo 37 supra), la revocación o suspensión formal de la legislación
necesaria para el continuo disfrute del derecho al agua, o la promulgación de legislación
o adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las obligaciones
jurídicas nacionales o internacionales preexistentes en relación con el derecho al agua.
43. Entre las violaciones por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas
para garantizar el pleno disfrute del derecho universal al agua, el no contar con una
política nacional sobre el agua y el no hacer cumplir las leyes pertinentes.
44. Aunque no es posible confeccionar por adelantado una lista completa de las
violaciones, a partir de la labor del Comité se puede individualizar una serie de ejemplos
típicos que ilustran los niveles de obligación:
a) Las violaciones de la obligación de respetar se desprenden de la interferencia del
Estado Parte con el derecho al agua. Estas violaciones incluyen, entre otras cosas: i) la
interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones de
agua; ii) los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del agua; y iii) la
contaminación y disminución de los recursos de agua en detrimento de la salud del ser
humano.
b) Las violaciones de la obligación de proteger dimanan del hecho de que un Estado no
adopta todas las medidas necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las
personas contra las violaciones del derecho al agua por terceros . Estas violaciones
incluyen, entre otras cosas: i) no promulgar o hacer cumplir leyes que tengan por objeto
evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua; ii) no regular y controlar
eficazmente los servicios de suministro de agua; iii) no proteger los sistemas de
distribución de agua (por ejemplo, las redes de canalización y los pozos) de la injerencia
indebida, el daño y la destrucción; y
c) Las violaciones de la obligación de cumplir se producen cuando los Estados Partes no
adoptan todas las medidas necesarias para garantizar el disfrute del derecho al agua. Los
siguientes son algunos ejemplos: i) no adoptar o ejecutar una política nacional sobre el
agua encaminada a garantizar a todos el derecho al agua; ii) asignar fondos insuficientes
o asignarlos en forma incorrecta, con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho
al agua por personas o grupos, especialmente los vulnerables o marginados; iii) no vigilar
el grado de realización del derecho al agua a nivel nacional, por ejemplo estableciendo
indicadores y niveles de referencia; iv) no adoptar medidas contra la distribución no
equitativa de las instalaciones y los servicios de agua; v) no establecer mecanismos de
socorro de emergencia; vi) no lograr que todos disfruten del derecho al agua en el nivel
mínimo indispensable; vii) el hecho de que un Estado no tenga en cuenta sus
42

obligaciones jurídicas internacionales con respecto al derecho al agua al concertar
acuerdos con otros Estados o con organizaciones internacionales.
V. Aplicación en el plano nacional
45. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deberán
recurrir a "todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas", para dar cumplimiento a sus obligaciones dimanantes del Pacto. Cada
Estado tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las más
convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas. No obstante, el Pacto
impone claramente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas que sean
necesarias para que toda persona disfrute del derecho al agua, lo antes posible. Las
medidas nacionales encaminadas a asegurar el disfrute del derecho al agua no han de
obstaculizar el disfrute de otros derechos humanos.
Legislación, estrategias y políticas
46. Deberán examinarse la legislación, las estrategias y las políticas existentes para
determinar que sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua, y
deberán derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las
obligaciones dimanantes del Pacto.
47. El deber de adoptar medidas claramente impone a los Estados Partes la obligación
de adoptar una estrategia o plan de acción nacional para asegurar el ejercicio del
derecho al agua. La estrategia debe: a) basarse en la normativa y los principios de
derechos humanos; b) abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las obligaciones
correspondientes de los Estados Partes; c) definir objetivos claros; d) fijar objetivos o
metas y los plazos para su consecución; e) formular políticas adecuadas, con los niveles
de referencia y los indicadores correspondientes. La estrategia también deberá
responsabilizar del proceso a instituciones específicas; determinar los recursos
disponibles para alcanzar los objetivos y las metas; asignar debidamente los recursos a
las instituciones encargadas; y establecer mecanismos de rendición de cuentas para
asegurar la aplicación de la estrategia. Al formular y aplicar las estrategias nacionales en
relación con el derecho al agua, los Estados Partes deberán hacer uso de la asistencia
técnica y de la cooperación de los organismos especializados de las Naciones Unidas
(véase más adelante la parte VI).
48. Al formular y ejecutar las estrategias y planes nacionales de acción con respecto al
agua deberán respetarse, entre otros, los principios de no discriminación y de
participación popular. El derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos
de decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua debe ser parte
integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua. Deberá
proporcionarse a los particulares y grupos un acceso pleno e igual a la información sobre
el agua, los servicios de agua y el medio ambiente que esté en posesión de las
autoridades públicas o de terceros.
49. La estrategia y el plan de acción nacionales del agua también deberán basarse en los
principios de la rendición de cuentas, la transparencia y la independencia del poder
judicial, ya que el buen gobierno es indispensable para el ejercicio efectivo de todos los
derechos humanos, incluido el derecho al agua. A fin de crear un clima propicio al
ejercicio de este derecho, los Estados Partes deberán adoptar las medidas apropiadas
para cerciorarse de que, al desarrollar sus actividades, el sector de la empresa privada y
la sociedad civil conozcan y tengan en cuenta la importancia del derecho al agua.
43

50. Tal vez los Estados Partes consideren conveniente aprobar una legislación marco
para llevar a la práctica sus estrategias relativas al derecho al agua. Esa legislación
deberá incluir: a) los objetivos o metas que han de alcanzarse y los plazos para su
consecución; b) los medios que se utilizarán para alcanzar la finalidad perseguida; c) la
colaboración prevista con la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones
internacionales; d) las instituciones encargadas del proceso; e) los mecanismos
nacionales para la vigilancia del proceso; y f) los procedimientos de reparación y de
recurso.
51. Deberán adoptarse medidas para garantizar una coordinación suficiente entre los
ministerios nacionales y las autoridades regionales y locales a fin de conciliar las políticas
relacionadas con el agua. En los casos en que la responsabilidad de hacer efectivo el
derecho al agua se haya delegado en las autoridades regionales o locales, el Estado
Parte seguirá siendo responsable del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Pacto, y por tanto deberá velar por que estas autoridades tengan a su disposición
suficientes recursos para mantener y ampliar los servicios e instalaciones de agua
necesarios. Además, los Estados Partes deberán velar por que dichas autoridades no
nieguen el acceso a los servicios sobre una base discriminatoria.
52. Los Estados Partes están obligados a vigilar eficazmente la realización del derecho al
agua. Para vigilar el progreso hacia la realización de este derecho, los Estados Partes
deberán determinar los factores y las dificultades que obstaculizan el cumplimiento de
sus obligaciones.
Indicadores y niveles de referencia
53. Para asistir en este proceso de vigilancia, las estrategias o planes de acción deberán
contener indicadores sobre el derecho al agua. El objeto de los indicadores consistirá en
vigilar, en los planos nacional e internacional, las obligaciones asumidas por el Estado
Parte en virtud del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo 12. Los indicadores deben
referirse a los distintos componentes de un agua adecuada (como la suficiencia, la
salubridad y aceptabilidad, la asequibilidad y la accesibilidad), desglosarse según los
ámbitos de discriminación prohibidos y abarcar a todas las personas que vivan en la
jurisdicción territorial del Estado Parte o estén bajo su control. Para obtener orientación
respecto de los indicadores apropiados, los Estados Partes podrán aprovechar la labor
que llevan a cabo la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
54. Una vez identificados los indicadores pertinentes del derecho al agua, se pide a los
Estados Partes que establezcan los niveles nacionales de referencia apropiados respecto
de cada indicador . Durante el proceso de presentación de informes periódicos, el Comité
emprenderá junto al Estado Parte un proceso de determinación de objetivos concretos.
Dicho proceso entraña el examen conjunto por el Estado Parte y el Comité de los
indicadores y niveles de referencia nacionales, lo que a su vez permitirá determinar los
objetivos que deban alcanzarse durante el período del informe siguiente. En los cinco
años siguientes, el Estado Parte utilizará esos niveles de referencia nacionales para
vigilar el grado en que se ha hecho efectivo el derecho al agua. Posteriormente, durante
el proceso de presentación del siguiente informe, el Estado Parte y el Comité
determinarán si se han alcanzado o no esos niveles de referencia, así como las razones
44

de las dificultades que hayan podido surgir (véase la Observación general Nº 14 (2000),
párr. 58). Además, al fijar los niveles de referencia y preparar los informes, los Estados
Partes deberán utilizar la amplia información y los servicios de asesoramiento de los
organismos especializados en lo referente a la reunión y el desglose de los datos.
Recursos y rendición de cuentas
55. Toda persona o grupo que haya sido víctima de una violación del derecho al agua
deberá contar con recursos judiciales o de otro tipo efectivos tanto en el plano nacional
como en el internacional (véase el párrafo 4 de la Observación general Nº 9 (1998) y el
principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) . El Comité
observa que este derecho ha sido incluido en la Constitución de varios Estados y ha sido
objeto de litigio ante tribunales nacionales. Todas las víctimas de las violaciones del
derecho al agua deberán tener derecho a una reparación adecuada, que podrá consistir
en restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los hechos.
Los defensores del pueblo, las comisiones de derechos humanos y las instituciones
análogas de cada país deberán poder ocuparse de las violaciones del derecho.
56. Antes de que un Estado Parte o un tercero haga algo que interfiera con el derecho al
agua de una persona, las autoridades pertinentes deberán velar por que tales medidas se
lleven a cabo de un modo previsto por la legislación que sea compatible con el Pacto, y
eso incluye: a) la oportunidad de una auténtica consulta con los afectados; b) el
suministro oportuno de información completa sobre las medidas proyectadas; c) la
notificación con antelación razonable de las medidas proyectadas; d) la disponibilidad de
vías de recurso y reparación para los afectados; y e) asistencia jurídica para obtener una
reparación legal (véanse también las Observaciones generales Nº 4 (1991) y Nº 7
(1997)). Cuando tales medidas se emprendan porque una persona adeuda el pago de
agua, deberá tenerse en cuenta su capacidad de pago. En ninguna circunstancia deberá
privarse a una persona del mínimo indispensable de agua.
57. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos
internacionales en los que se reconoce el derecho al agua puede ampliar
considerablemente el alcance y la eficacia de las medidas correctivas, por lo que debe
alentarse en todos los casos. Esa incorporación permite que los tribunales juzguen los
casos de violaciones del derecho al agua, o por lo menos de las obligaciones
fundamentales, invocando directamente el Pacto.
58. Los Estados Partes deben alentar a los jueces, árbitros y demás jurisconsultos a que,
en el desempeño de sus funciones, presten mayor atención a las violaciones del derecho
al agua.
59. Los Estados Partes deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada
por los defensores de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil con
miras a ayudar a los grupos vulnerables o marginados a ejercer su derecho al agua.
VI. Obligaciones de los agentes que no son Estados Partes
60. Los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que
se ocupan del agua, tales como la OMS, la FAO, el UNICEF, el PNUMA, Hábitat, la OIT,
el PNUD y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), así como organizaciones
internacionales que se ocupan del comercio como la Organización Mundial del Comercio
(OMC), deberán cooperar eficazmente con los Estados Partes aprovechando sus
respectivos conocimientos especializados para la realización del derecho al agua en el
plano nacional. Las instituciones financieras internacionales, especialmente el Fondo
45

Monetario Internacional y el Banco Mundial, deberán tener en cuenta el derecho al agua
en sus políticas de préstamo, acuerdos crediticios, programas de ajuste estructural y
otros proyectos de desarrollo (véase la Observación general Nº 2 (1990)) de manera que
se promueva el disfrute del derecho al agua. Al examinar los informes de los Estados
Partes y la capacidad de éstos para cumplir las obligaciones de hacer efectivo el derecho
al agua, el Comité examinará las repercusiones de la asistencia prestada por todos los
demás agentes. La incorporación de la normativa y los principios de derechos humanos
en los programas y políticas de las organizaciones internacionales facilitará en gran
medida la realización del derecho al agua. El papel de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz
Roja, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), la OMS y el UNICEF, como también el de las ONG y otras asociaciones,
reviste especial importancia en relación con el socorro en casos de desastre y la
asistencia humanitaria en situaciones de emergencia. En la prestación de ayuda y la
distribución y gestión del agua y los servicios de agua deberá concederse prioridad a los
grupos más vulnerables o marginados de la población.
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DERECHO HUMANO DE ACCESO
AL AGUA EN BOLIVIA
DEL DERECHO AL AGUA AL AGUA COMO UN DERECHO
ELABORADO POR: OSCAR CAMPANINI
COCHABAMBA, 28 FEBRERO DEL 2006

ÍNDICE GENERAL
A.SITUACIÓN ACTUAL DEL DERECHO AL AGUA _____________________________4
1. DERECHO HUMANO AL AGUA ___________________________________________4
Física: cobertura de servicios básicos_____________________________________5
Económica: tarifas y costos ____________________________________________11
No discriminación: Criterios de priorización________________________________14
Información: accesibilidad, exigibilidad y participación _______________________14
2. SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO. ____15
Fuentes de agua ____________________________________________________15
Contaminación hídrica ________________________________________________15
3. REGULACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO_______20
Marco institucional del sector___________________________________________20
Regulación y control _________________________________________________22
Gestión de los servicios básicos ________________________________________24
Metas del milenio____________________________________________________27
B. LEGISLACIÓN NACIONAL ___________________________________________29
Agua como “accesorio de la tierra” ______________________________________30
Adjudicación de derechos a través de la Concesión _________________________30
El Proyecto de la Ley de Aguas(versión 32) _______________________________31
C. LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Y LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS__________________________________________________32
1. LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN: DEFENSA DE LOS DERECHOS AL AGUA _________33
La Guerra del Agua y el reconocimiento de derechos consuetudinarios__________33
Consolidación del reconocimiento de los derechos de aguas: la Ley de Riego ____36
2. DEL LOS DERECHOS AL AGUA, AL AGUA COMO UN DERECHO ___________________38
3. EL NUEVO GOBIERNO Y SUS PROPUESTAS ________________________________41
D. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO
AL AGUA EN BOLIVIA___________________________________________________43
BIBLIOGRAFÍA_________________________________________________________49
2

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1: TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS POR CADA 1000 NACIDOS VIVOS EN
BOLIVIA SEGÚN DEPARTAMENTO __________________________________________5
TABLA 2: DÉFICIT DE COBERTURAS POR CATEGORÍA POBLACIONAL ____________________6
TABLA 3: COBERTURA POR TIPO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO AL 2001 (%) _________________________________________________7
TABLA 4: CONTINUIDAD DEL SERVICIO SEGÚN CATEGORÍA POBLACIONAL _______________10
TABLA 5: TARIFA Y FACTURA MENSUAL PROMEDIO SEGÚN CATEGORÍA POBLACIONAL ______11
TABLA 6: QUINTILES DE FACTURA MENSUAL ____________________________________11
TABLA 7: PORCENTAJE DE LA FACTURA RESPECTO DE SUELDOS PROMEDIO_____________12
TABLA 8: REZAGO TARIFARIO DE LAS EPSAS SEGÚN CATEGORÍA POBLACIONAL__________13
TABLA 9: ESTIMACIONES DE LOS VOLÚMENES DE AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS A PARTIR
DE LOS DATOS DE POBLACIÓN ___________________________________________16
TABLA 10: SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN LAS DISTINTAS CIUDADES DE BOLIVIA _________16
TABLA 11: IMPACTOS POTENCIALES DE LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS SOBRE EL
RECURSO AGUA ______________________________________________________19
TABLA 12: EPSAS EN LAS CAPITALES DE DEPARTAMENTO__________________________25
TABLA 13: EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO SEGÚN CATEGORÍA POBLACIONAL ____26
TABLA 14: METAS DEL MILENIO REFERIDAS A SANEAMIENTO BÁSICO __________________27
TABLA 17: ALGUNAS NORMAS QUE CONFORMAN EL MARCO LEGAL DEL AGUA EN BOLIVIA ___29
TABLA 18: VISIÓN Y MISIÓN DEL MINISTERIO DEL AGUA____________________________41
TABLA 19: FINANCIAMIENTO EXTERNO E INVERSIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA EJECUTADA EN
SANEAMIENTO BÁSICO (EN MILLONES DE DÓLARES)____________________________44
TABLA 20: CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR DE
SANEAMIENTO_____________________________________________________45
TABLA 21: SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA SEGÚN ACREEDOR (EN MILLONES DE
DÓLARES) __________________________________________________________47
ÍNDICE DE IMÁGENES
IMAGEN 1: TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS POR CADA 1000 NACIDOS VIVOS _5
IMAGEN 2: PERSONAS SIN COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO ___________________________________________________________6
IMAGEN 3: MAPAS DE DÉFICIT DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOLIVIA
(%) ________________________________________________________________7
IMAGEN 4: MAPA DE VIVIENDAS SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (%) _________8
IMAGEN 5: DÉFICIT DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (EN MILLONES DE HABITANTES) _________________________________10
IMAGEN 6: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO _______13
IMAGEN 7: MAPA DE VIVIENDA CON SERVICIO SEGÚN FUENTE _______________________15
IMAGEN 8: MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO Y SUS
COMPETENCIAS ______________________________________________________21
IMAGEN 9: PRINCIPALES ENTIDADES DEL SECTOR Y SUS RELACIONES _________________22
IMAGEN 10: METAS DEL MILENIO EN TÉRMINOS DE COBERTURA [%] __________________28
IMAGEN 11: MARCO INSTITUCIONAL DE RIEGO __________________________________37
IMAGEN 12: ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DEL AGUA ___________________________42
3

Privatización del agua y la defensa del recurso hídrico: de los derechos al agua al
agua como un derecho. Estudio de caso sobre el derecho al acceso al agua en
Bolivia
Bolivia se caracteriza por una gestión del agua históricamente en manos de los propios
consumidores ya sea para uso doméstico o de riego, gestión con criterios comunitarios y
consuetudinarios; desafortunadamente estos últimos años lo que ha caracterizado a nivel
internacional a Bolivia han sido los conflictos que ha atravesado done el agua ha sido uno
de los temas principales. A partir de cambios en la legislación debido a compromisos
internacionales (metas del milenio, BM) y la nueva política que se aplicaba en el país se
generaron estos conflictos por una competencia en el control de la gestión de estos
recursos. Sin embargo, los conflictos sociales generaron no solo protestas y resistencia a
los cambios legales sino también propusieron alternativas en la construcción de normas
que respeten esa gestión y los derechos ya existentes. La defensa del agua como un
derecho humano no esta presente de forma directa en estas demandas y propuestas pero
es un argumento que se va construyendo en el proceso lucha en contra de estos cambios
legales.
En este sentido el presente documento tiene como objetivo describir el estado de
situación actual del derecho humano al acceso al agua. Se divide en cuatro partes una
primera parte descriptiva de la situación de la accesibilidad al servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario, la sostenibilidad del recurso hídrico para este servicio y la
regulación y gestión de este. La segunda parte describe la situación de la legislación
nacional sobre el recurso y el servicio, mientras que el tercer acápite describe los avances
y luchas sociales en Bolivia por la defensa de los derechos al agua. Finalmente en el
último acápite se realiza una breve evaluación del estadote situación esbozando algunas
de las principales tareas y dificultades que hay que habría que enfrentar para garantizar el
derecho humano al agua.
A. SITUACIÓN ACTUAL DEL DERECHO AL AGUA
1. Derecho humano al agua
Según la Conferencia Episcopal Boliviana:
En relación a la distribución de agua potable, hay notables desigualdades e
injusticias entre grupos sociales. Según una encuesta específica del Instituto
Nacional de Estadística, el año 1999-2000 la cobertura de agua por cañería dentro
de la vivienda sólo abarcaba al 39,8 % de la población urbana y al 3,2 % de la
población rural y no garantiza que se trate de agua realmente potable. Obviamente
los más beneficiados son los sectores con mayores ingresos económicos. Por
ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, una de las ciudades con mayor déficit de
agua en Bolivia, mientras algunos barrios de clase media y alta cuentan con un
servicio relativamente estable, otros barrios populares y periféricos tienen una
distribución muy racionada o deben abastecerse de agua a través de carros
cisterna a precios muy elevados. La gran deficiencia en la cobertura y calidad de
los sistemas de agua potable tiene un gran impacto en la salud pública y la vida de
los habitantes. Con demasiada frecuencia se confunde agua potable con agua
simplemente entubada. Se calcula que un 80% de las enfermedades del país
están relacionadas de alguna manera con la problemática del agua.
(CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA 2003)
4

Bolivia se encuentra entre los países con mayor mortalidad infantil en Latinoamérica, 92
de cada 1000 niños menores de 5 años, mientras que al interior de Bolivia es la zona rural
la mas afectada.
IMAGEN 1: Tasa de mortalidad de menores de 5 años
por cada 1000 nacidos vivos
T
M
M
5
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
130
92
Haití Bolivia Perú Chile Cuba
TMM5 130 92 54 12 8
PAISES SELECIONADOS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE
FUENTE: UNICEF 1998
54
TABLA 1: Tasa de mortalidad de menores de 5 años por
cada 1000 nacidos vivos en Bolivia según departamento
ÁREA Chuquisaca
La
Paz
Cochabamba Oruro Potosí
Santa
Tarija
Cruz
Beni Pando
Urbano 63.5 53.1 55.1 75.2 77.7 45.4 46.3 64.5 61.9
Rural 144.0 137.0 159.0 105.0 172.0 75.0 116.0 80.0 80.0
FUENTE: MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL Y SALUD PUBLICA – 1998
Veamos entonces cual es el estado del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
en nuestro país.
Física: cobertura de servicios básicos
Según el Plan Bolivia, plan para el quinquenio 2002-2007 para el sector de saneamiento
básico,
Más de 2.5 Millones de bolivianos no tienen acceso al servicio de Agua Potable y
una parte importante del resto de bolivianos que están conectados a una red
pública de agua reciben un servicio deficitario en calidad y continuidad. En lo
referente al Alcantarillado la situación es más dramática; cerca de 5 Millones de
Bolivianos no tienen acceso a un buen servicio de Alcantarillado y, adicionalmente,
la contaminación ambiental es fuerte debido a que el grado de tratamiento de las
Aguas Servidas es mínimo. En el área rural (incluyendo a los pueblos indígenas) la
situación es particularmente alarmante; alrededor del 43% de la población no tiene
acceso al Agua Potable y el 75% no accede a un sistema de saneamiento
12
8
5

adecuado, mientras que el tratamiento de las Aguas Servidas y la disposición
sanitaria de excretas es prácticamente inexistente. (VSB 2002:1)
Este déficit de cobertura se distribuye según el tamaño de las poblaciones de la siguiente
manera:
TABLA 2: Déficit de coberturas por categoría poblacional
Categoría
poblacional
(1)
Tamaño
(Habitantes)
Loca
lidade
s
Población
total (2)
Habitan
%
tes
Cobertura al
2001
Agua
Personas sin
acceso
Sanea
m.
Agua
Sanea
Área
m.
Metropolitana( Mayor de 500 3,418,8
1,754,5
3)
mil 21 51 41 89 49 384,365 38
Ciudades 100,000 –
177,22
Mayores 500,000 4 663,855 8 94 73 39,127 6
Ciudades 10,000 -
509,90
Intermedias 100,000 27 666,620 8 78 24 143,689 0
Ciudades 2,000 -
333,45
Menores 10,000 107 415,904 5 85 20 60,321 5
Poblaciones Menor de 28,61 3,109,0
1,867,0 2,025,5
rurales 2,000
3 95 38 40 35 39 22
Población
28,77 8,274,3
2,494,5 4,800,6
total
2 25 100 70 42 40 41
(1) Según el Plan Nacional de Saneamiento Básico 2001-2010
(2) Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001
(3) Ciudades capitales de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz más ciudades
circundantes
FUENTE: VSB 2005(c):26
100
80
60
40
20
0
40
FUENTE: VSB 2005e:5
IMAGEN 2: Personas sin cobertura de servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario
Brecha entre Agua y Saneamiento
89
49
Áre
Metropolita
21
94
73
Ciudad
Mayor
54
78
24
Ciudad
Intermedi
65
Cobertura Cobertura
85
20
Ciudad
Menor
40
35
Poblacion
rurale
100
80
60
40
20
0
Brecha entre Área Urbana y Área Rural
48
88
11
46
40 35
Agua Saneam.
Área Área
6

Tomando una perspectiva territorial estos datos se reflejan en los siguientes mapas:
FUENTE: VSB 2005d
IMAGEN 3: Mapas de déficit de agua potable y
alcantarillado sanitario en Bolivia (%)
En ambos mapas se ilustra el déficit de cobertura con un color más oscuro, en el primer
caso de agua potable y en el segundo de alcantarillado sanitario, se observa que
efectivamente existe un importante déficit de agua potable en la zona rural y de forma
generalizada en el caso del servicio de alcantarillado.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) en base al censo
poblacional del 2001 las coberturas según tipo de acceso al servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario son los siguientes:
TABLA 3: Cobertura por tipo de servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario al 2001 (%)
NIVEL DEL
SERVICIO
Conexiones
domiciliarias
Pileta Pública
Pozo o Noria
con bomba
TOTAL
Área Urbana 82.90 5.30 2.00 90.20
Área Rural 29.65 10.79 5.95 46.38
NIVEL DEL
SERVICIO
Alcantarillado
Cámara
séptica
Pozo ciego TOTAL
Área Urbana 48.00 12.21 20.48 80.68
Área Rural 1.54 3.55 26.62 31.71
FUENTE: INE 2001
Geográficamente esta distribución se refleja de la siguiente forma:
7

IMAGEN 4: Mapa de viviendas según tipo de servicio de
agua potable (%)
FUENTE: VSB 2005d
Es importante mencionar que si bien ha existido un considerable incremento respecto a
los datos del anterior censo poblacional, ha existido un pequeño decremento en el caso
del agua potable principalmente en las áreas urbanas. Esto se debe a dos factores
importantes a tomar en cuenta: el crecimiento poblacional especialmente en las áreas
periurbanas de los grandes centros poblados principalmente por la migración rural-urbano
y como segundo factor la falta de reposición de sistemas de agua potable.
8

Box 1
Crecimiento poblacional en la ciudad de El Alto
La Paz y El Alto forman parte de la mayor área metropolitana de Bolivia
(La Paz-El Alto-Viacha- Achocalla) con cerca de 789.585 y 647.350
habitantes respectivamente. Geográficamente La Paz esta situada en
un valle y El Alto en la altiplanicie contigua a La Paz. Este factor es uno
de los que determina que la ciudad de El alto sea una de las ciudades
de mayor crecimiento demográfico en el país (en el periodo intercensal
1992-2002 presento una tasa anual de crecimiento de 5.05%).(Crespo
y Campanini 2006: 15,16)
Población inmigrante total de la ciudad de El Alto
FUENTE: CODEPO-IRD 2005:43
La cobertura de agua del 63.16% a nivel nacional alcanzada, no refleja la calidad del
servicio, ya que solamente el 48% de la población cuenta con agua potable y con servicio
continuo y confiable.
El promedio de continuidad en horas para las conexiones domiciliarias ronda alrededor de
las 20 horas día sin embargo se debe notar las grandes diferencias que existen al interior
de una misma ciudad; por ejemplo en la ciudad de Cochabamba mientras hay sectores
de la ciudad que tienen un servicio promedio de 20 horas día hay otros sectores que
tienen un servicio de cerca de 20 horas semana. Estas diferencias que se repiten en otras
ciudades se deben principalmente a la falta de fuentes de agua cruda, las características
9

geográficas y del sistema de agua potable e incluso el mismo estado de las redes de
distribución.
TABLA 4: Continuidad del servicio según categoría
poblacional
Categoría Continuidad del
poblacional servicio (hrs/día)
Metropolitana 20
Mayor 17
Intermedia 22
Menor 16
FUENTE: VSB 2005(b): 37
La cantidad promedio consumida por conexión/mes es de 17 m3 en las ciudades
metropolitanas, 16 en las ciudades mayores, 15 en ciudades intermedias y 11 en las
menores. Tomando en cuenta que el promedio de miembros por familia es 5.5 el consumo
promedio por familia según la OMS de la ONU, para vivir con dignidad y salubridad es de
150 lts/hab/dia o 4.5 m3/hab/mes o de 24.75 m3/conex/mes siendo por tanto el consumo
en Bolivia relativamente bajo respecto a estándares internacionales. Sin embargo
nuevamente el promedio no refleja las diferencias bastante amplias que existen en los
centros poblados, así por ejemplo en la ciudad de El Alto existen familias que llegan a
consumir un promedio de 8 m3/mes.
El tratamiento de aguas residuales es sin embargo uno de los principales problemas en el
sector y en todo el país. El grado de déficit respecto a los servicios de agua potable y
alcantarillado se ilustran en el siguiente gráfico:
IMAGEN 5: Déficit de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales (en millones de
habitantes)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Agua Alcantarillado Tratamiento
Rural Menores Intermedias Mayores Metropolitanas
FUENTE: INE 2001
El déficit de tratamiento de aguas residuales es un problema que afecta a todas las zonas;
sin embargo en las poblaciones metropolitanas es donde su impacto es el mas
preocupante porque, como veremos mas adelante, este déficit afecta en gran manera la
calidad de las fuentes de agua subterráneas
10

Económica: tarifas y costos
Las tarifas de servicios de saneamiento básico es aproximadamente 3 Bs. el m3,
diferenciando categoría poblacional
TABLA 5: tarifa y factura mensual promedio según categoría
poblacional
Categoría
poblacional
Factura
Promedio
(Bs/cnxmes)
Tarifa
promedio
por m3
Metropolitana 53 3,6
Mayor 43 3,2
Intermedia 33 3,1
Menor 15 1,5
FUENTE: VSB 2005b: 39
Como en la mayor parte de los datos estos promedios no reflejan las diferencias tanto en
facturas como en factura promedio 1 (resultado de determinadas tarifas y como ya
observamos consumos bastante variados). Veamos los datos según quintiles de la factura
mensual:
Categoría
poblacional
TABLA 6: Quintiles de factura mensual
Factura
Promedio
(Bs/cnx-
mes)
Primer
Quintil
(5%)
Segundo
Quintil
(5%)
Quinto
Quintil
(2%)
Metro 53 28 57 178
Mayor 43 25 51 142
Intermedia 33 20 42 113
Menor 15 13 29 83
FUENTE: VSB 2005b: 39
Como se puede observar en el cuadro una quinta parte de la población paga hasta 28 y
13 Bs. de acuerdo al tamaño de la población, mientras que una quinta parte mas de 178 y
83 Bs. Para poder evaluar el impacto sobre la población en términos económicos
tomamos como parámetro de comparación sueldos promedio 2 tenemos el siguiente
resultado:
1 Solo como una muestra de esta apreciación basta mencionar el costo que pagan pobladores de la zona Sud
de la ciudad de Cochabamba por el agua que les provee los carros cisternas: cada turril tiene un costo de 4 a 5
Bs. si tomamos que 5 barriles son un m3 entonces la tarifa para algo mas de 80.000 habitantes es de 20 a 25
Bs/m3.
2 Asumiendo que un promedio de una familia/mes en áreas urbanas es de 1.625 Bs (VSB 2005b en base a
MECOVI 2002, INE 2002, UDAPE 2002) para ciudades metropolitanas y mayores y un promedio de 928 Bs
(INE 2001) para las ciudades intermedias.
11

TABLA 7: Porcentaje de la factura respecto de sueldos
promedio
Factura % del
% del
% del
Promedio promedio % del Primer promedio % del Quinto promedio % de
Categoría (Bs/cnx- área sueldo Quintil área sueldo Quintil área sueld
poblacional mes) urbana básico (5%) urbana básico (2%) urbana básic
Metropolitana 53 3 12 28 2 6 178 11 40
Mayor 43 3 10 25 2 6 142 9 32
Intermedia 33 4 7 20 2 4 113 12 25
Menor 15 2 3 13 1 3 83 9 18
FUENTE: Elaboración propia en base 2005b
Por tanto, en base a este ejercicio, el consumo de agua llega a oscilar entre 1 y el 40 por
ciento del sueldo promedio de una familia boliviana. Es este peso que tiene sobre una
parte de la población, la más pobre, que hace del tema tarifario uno de los temas mas
delicados y conflictivos.
Cabe resaltar que además de la tarifa existen otros costos asociados a la conexión de los
servicios. Si bien no se disponen de datos para poder generalizar estas información los
costos de conexión de agua potable y alcantarillado sanitario son en algunos casos tan
altos que se convierten en un importante motivo para impedir el acceso a estos servicios a
la población con bajos recursos.
Box 2
Obligación de prestación del servicio en el caso de Aguas del Illimani SA
El contrato para la prestación del servicio en las ciudades de La Paz y El Alto delimita el área en la que el
concesionario se comprometía a prestar el servicio, denominándola área de concesión y comprendía las
ciudades de La Paz y El Alto. AISA debía prestar el servicio en el total del área de concesión en el plazo de la
concesión. Sin embargo el mismo contrato en el anexo de metas de calidad establece que
El concesionario tendrá obligación de proveer la conexión y la prestación del Servicio a todo inmueble
dentro del Área Servida que no tuviera disponibilidad del Servicio y que solicitare una conexión.(Punto
2.2.1 del anexo 2 del contrato de concesión)
Esta disposición tiene una otra implicación: sobre la prestación del servicio y las metas de cobertura. Se entiende
por la lectura del contrato que el objetivo de concesión de la prestación del servicio en determinada área para lo
que establece esta obligación al concesionario. Sin embargo el párrafo citado fue interpretado como una
relativización de esta obligación a los casos en los que se solicite una conexión.
Por tanto no necesariamente el 100% de cobertura en el área servida significan que toda la población en esta
área tiene servicio sino que el 100% de la población que haya solicitado una conexión tiene el servicio. Por tanto
la cobertura real del servicio en el área de concesión es aun menor. Se estimaba, durante las negociaciones
entre la FEJUVE El Alto y la SISAB, que cerca de 65.000 habitantes dentro del área servida no tenían el
servicio por no solicitar un servicio por e que no podìan cubrir tan elevado costo de conexión (445 $us o
3560 Bs.).
Al analizar el tema económico es importante además observar la situación financiera de
las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
(EPSAs):
12

TABLA 8: Rezago tarifario de las EPSAs según categoría
poblacional
Consumo Factura
Categoría promedio Promedio Ingresos Costos Rezago
poblacional por usuario (Bs/cnx- por m3 por m3 tarifario
(m3/cnx/mes) mes)
Metro 17 53 3,0 3,6 18%
Mayor 16 43 2,7 3,2 21%
Intermedia 15 33 2,3 3,1 36%
Menor 11 15 1,3 1,5 10%
FUENTE: VSB 2005b: 39
El alto costo que para un sector de la población implican los servicios de agua potable se
reflejan en el importante rezago tarifario que tiene las entidades prestadoras de servicios,
rezago que a su vez repercute sobre la calidad del servicio, continuidad de este,
reposición de tuberías y reservas para expansión de las redes.
Cabe mencionar además uno de los motivos de gran debate y discusión durante conflictos
asociados al agua potable, la tasa de costo capital. La tasa de costo capital es el costo,
establecido en el contrato de concesión para incluirse en la estructura tarifaria, que sirve
para reponer las inversiones realizadas; en términos mas sencillos es una tasa de
ganancia. Si bien no se determinó legalmente el límite de esta tasa algunas de las mas
importantes empresas tienen las siguientes tasas de costo capital: Aguas del Illimani el
13%, Aguas del Tunari el 16%, SAGUAPAC el 8%. Estas tasas son tasas fijas de
ganancia que deben cargarse en la tarifa.
Adelantando algunos criterios de análisis se debe mencionar que la responsabilidad sobre
el servicio, su expansión y mantenimiento han sido delegadas a las EPSAs, de ahí que
estas dificultades económicas, junto a otras de carácter técnico, organizativo, dificulten un
mayor incremento de coberturas de servicios.
La inversión estatal en el sector tuvo en algún momento una importancia fundamental en
el sector pero a partir de año 1999 su rol como inversor se debilitó bastante:
IMAGEN 6: Evolución de la inversión en el sector de
agua y saneamiento
Millones de Dólares
100
80
60
40
20
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FUENTE: VSB 2005b:40
13

No discriminación: Criterios de priorización
A pesar de constituir la solidaridad un principio, dentro de la legislación nacional 3 , pudimos
observar en algunos de los datos mencionados existen grandes diferencias que no son
tomadas en consideración para la prestación del servicio. Existen grandes diferencias en
cuanto a coberturas entre grandes ciudades y zonas periurbanas, ciudades menores y
zonas rurales. Al interior de estas ciudades de igual forma existen diferencias que se
reflejan en la tarifa y costos de conexión que impiden reducir los déficits de cobertura y
generan mayores diferencias en cuanto a consumo y calidad del servicio. Son casi
inexistentes criterios de subsidio cruzado, entendiendo estos mecanismos como formas
de reducir estas diferencias y utilizar criterios de solidaridad en cuanto a la prestación y
acceso del servicio.
Información: accesibilidad, exigibilidad y participación
La falta de información se considera una de las principales razones para los conflictos
existentes. El acceso a la información hasta ahora había sido siempre bastante limitado.
La SISAB como entidad reguladora es una de las entidades generadoras de información
sobre el estado del servicio mas importantes; sin embargo esta información ha sido la
menos accesible. Como ejemplo: durante el conflicto de la Guerra del Agua la
accesibilidad a la información sobre el contrato y sobre la gestión de Aguas del Tunari fue
uno de los motivos de discusión; de igual forma durante los conflictos en La Paz y El Alto
la información sobre déficit de cobertura, el contrato de concesión, las inversiones
realizadas y otros fueron el primer tema de debate y discusión durante las reuniones de
negociación. Preocupa a las organizaciones sociales en estos momentos los problemas
que existieron sobre la veracidad de información sobre la que la superintendencia debía
regular a algunas empresas.
El Viceministerio de Servicios Básicos es otra entidad que por su papel normador también
tuvo en muchas ocasiones problemas por la accesibilidad de información. La Ley 2029,
los proyectos de Ley de Aguas, el DS 26587 de creación de EPSAs SAM, la
reglamentación de la Ley 2066 de agua potable y alcantarillado son algunas de las
normas legales que en algún momento ocasionaron conflictos por la falta de información.
Al referirnos a la normativa otra exigencia fue no solo el acceso a la información sino
también la participación, es decir el flujo de vuelta de la información. Una de las fuertes
críticas sobre la Superintendencia es el centralismo de la entidad reguladora que no
permite a está conocer a cabalidad la realidad, desconocimiento que ha sido también
factor de conflictos sociales. Es por esta razón parte de las propuestas sociales, en
cuanto a regulación, planificación, elaboración de normas y gestión el servicio, la
participación social. Así podemos mencionar como algunos avances en este sentido: el
Control Social en el Directorio de SEMAPA, el Consejo Interinstitucional del Agua
(CONIAG), el SENARI y SEDERI en el marco institucional de riego, las propuesta de
modelo de gestión público y/o sociales en la ciudad de El Alto, en la zona sur de
Cochabamba, en el Norte de Potosí, el consejo técnico social en el Ministerio del Agua,
etc.
3 Inc. c Art .53 de la Ley 2066 e Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
14

2. Sostenibilidad de los recursos hídricos para garantizar el derecho.
Fuentes de agua
Las fuentes de agua de las cuales se aprovecha para la prestación del servicio de agua
potable provienen de fuentes superficiales y subterráneas de acuerdo a la zona. En los
siguientes mapas podemos observar estas zonas:
IMAGEN 7: Mapa de vivienda con servicio según fuente
FUENTE: VSB 2005d
En el primer mapa se observa los sistemas que utilizan ríos(la mayor parte contigua a las
cordilleras) mientras que en el segundo se utilizan pozos(principalmente la zona oriental).
En ambos casos las fuentes de agua son susceptibles de contaminación y reducción
considerable por desequilibrios climáticos. La falta de recolección y tratamiento de aguas
residuales es una de las principales causas de contaminación de fuentes de agua tanto
ríos como fuentes subterráneas. Otro motivo de contaminación hídrica en Bolivia es
causado por la industria minera en las zonas altas.
Contaminación hídrica
La contaminación por aguas residuales de uso doméstico, a raíz de la falta de
alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento es una de las principales razones de
preocupación sobre las fuentes subterráneas de aguas. Mientras que en el alcantarillado
a nivel nacional se alcanza una cobertura de 29.05 %, solo el 24,5% de la población
atendida cuenta con tratamiento de aguas residuales(situada en las principales
15

ciudades 4 ), y el resto descarga aguas residuales crudas a los cuerpos receptores
alterando y dañando el medio ambiente. Las siguientes tablas detallan el caudal estimado
de aguas servidas y la capacidad de las principales plantas de tratamiento en las
ciudades metropolitanas:
TABLA 9: Estimaciones de los volúmenes de aguas
residuales producidas a partir de los datos de población
Población urbana Caudal Aguas Volumen aguas
residuales residuales
(l/s)
(10 6 m 3 Ciudad %
crecimiento
)
2001 2020 2001 2020 2001 2020
Cochabamba 4.19 855 277 1 865
527
712.7 1 554.6 22.5 49.0
Sucre 4.18 217 019 472 499 180.8 393.7 5.7 12.4
La Paz 2.82 1 549 2 628 1 291.5 2190.6 40.7 69.1
759 685
Oruro 0.72 237 286 271 939 197.7 226.6 6.2 7.1
Potosí 0.99 237 576 286 478 198.0 238.7 6.2 7.5
Tarija 4.76 247 690 599 270 206.4 499.4 6.5 15.7
Santa Cruz 4.88 1 543 3 816 1 286.2 3 180.3 40.6 100.3
429 344
Beni 3.13 244 207 438 605 203.5 365.5 6.4 11.5
Pando 8.01 20 987 90 733 17.5 75.6 0.6 2.4
Bolivia 5 153 10 470 4 294.4 8 725.1 135.4 275.2
230 080
FUENTE: Van Damme 2002, en base a Villarroel, 2001 ; INE 2000
TABLA 10: Sistemas de tratamiento en las distintas
ciudades de Bolivia
Sistema
tratamiento
de
Tipo de tratamiento
Capacidad
Tratamiento
de
actual
tratamiento
Afluente
(en diseño)
Q (l/s)
Q (l/s)
Efluente
Q (l/s)
Alba Rancho 12 estanques de estabilización
(Cochabamba) (8 para tratamiento secundario, 400 568 290.0
(1986)
4 para tratamiento secundario)
Lagunas del 6 estanques de estabilización (5
Parque en operación) en
Industrial, Santa tratamiento terciaria
Cruz (1980)
serie con
27.2 27.1 26.7
Lagunas Norte 4 estanques de estabilización
Viejas, Santa que operan en un sistema 102.8 102.9 102.7
Cruz (1970) anaerobico-facultatio
Lagunas Norte 4 estanques de estabilización
Nuevas, Santa que operan en serie como un 251.7 254.9 247.0
Cruz (1989) sistema facultativo-pulimento
4 Incluso en las principales ciudades no existe un 100% de tratamiento de las aguas residuales: en La Paz, El
Alto y Cochabamba las plantas de tratamiento ya han superado su capacidad.
16

La Tabladita,
Tarija (1992)
Puchuckollo, El
Alto
2 estanques de estabilización
(tratamiento anaerobico
primario), 1 estanque de
estabilización (tratamiento
secundario), 1 estanque de
estabilización (tratamiento
terciario)
FUENTE: Van Damme 2002
12 tanques de estabilización en
2 series, cada uno con 6
estanques
63.4 133 108.1
446 267 248
El año 2000, cerca al 87 % de la carga orgánica que llega a los ríos proviene del área
rural (aproximadamente 77,300 tn DBO/año y un volumen anual de 130,000 m3/año). Las
vertientes del Titicaca y del Plata receptan 42 % y 19 % del total de la carga orgánica
emitida.(Mattos y Crespo 2000: 48)
Box 3
Contaminación por aguas residuales en las ciudades de La Paz y El Alto
(“Informe nacional sobre la gestión del agua de Bolivia” Mattos y Crespo)
En el Estudio para el Control de la Contaminación del agua de los ríos de la ciudad de La Paz, 1993, se confirmó que
la calidad del recurso hídrico de estos ríos es similar a la de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas
residuales. Los valores observados de DBO en los ríos de la zona urbanizada, presentan rangos entre 100 y 300
mg/l; este rango es similar al que se puede detectar en aguas negras. El valor del DBO en las cercanías del río Lipari
es de aproximadamente 50 mg/l a 80 mg/l, excediendo el nivel máximo permitido por las autoridades bolivianas, para
las aguasde regadío.
En el río Choqueyapu, la concentración de DBO se incrementa en el punto de entrada a la zona urbana,
particularmente cuando es llevada a la planta de Achachicala. Aún en períodos normales el valor del DBO fluctúa
entre los 100 mg/l y los 180 mg/l aguas arriba de la confluencia con el río Irpavi. Actualmente todavía se siguen
utilizando las aguas del río Choqueyapu para regar los predios localizados aguas abajo del puente Lipari.
Las fuentes de contaminación determinadas por la estimación de carga de DBO de las aguas residuales generadas
en el área de estudio indican que más del 50 % de la carga es de origen doméstico, un 30 % industrial y el resto lo
comparten las aguas residuales provenientes de la actividad comercial y de servicios. La contribución de residuos
sólidos parece ser insignificante en términos de DBO si se compara con lo registrado por las aguas mencionadas
anteriormente.
Sin embargo la contaminación industrial y minera son las principales fuentes de
contaminación hídrica en nuestro país.
Las industrias de caña de azúcar y del café produjeron una carga de 12.1 tn DBO/día en
1982, afectando a las corrientes de la vertiente del Plata. Otras industrias agrícolas en los
departamentos de Santa Cruz y Tarija afectan cursos de agua de importancia
regional.(Mattos y Crespo 2000: 48-49)
La gran parte de las minas en Bolivia se encuentran en los departamentos de Potosí y
Oruro, desarrollando sus actividades con recursos hídricos de las zonas altas de las
principales cuencas del país: en las cuencas del río Pilcomayo los ríos Tupiza, Cotagaita,
Tumusla, Pilcomayo; en la cuenca del río Caine-Grande el río Chayanta; y en la del lago
Poopó los ríos Huanuni, Santa Fe, entre otros. (Van Damme 2002) Dos de los principales
problemas son la generación de Drenaje Ácido de Rocas (DAR) y la contaminación por
metales pesados.
17

La contaminación minera por genera Drenaje Acido de Rocas (DAR) “…el cual ha sido
reconocida como uno de los factores principales de la degradación de ríos en zonas
mineras (PPO, 1996). El DAR se produce como un resultado de la exposición de rocas
sulfurosas al aire y al agua y es la causa de los pH ácidos (< 4) en las aguas receptoras.
Esta ácidez inhibe o limita la presencia de flora y fauna acuática (PPO, 1996 ; Hamel et
al., 1999), contamina las aguas subterráneas y suelos, provoca daños a viviendas e
infraestructura, y limita el uso de esta agua para consumo humano y para riego (PPO,
1996 ; Rojas, 2000). En la ciudad de Oruro provoca daños a la infraestructura sanitaria y
la red de distribución de agua potable (Mendizabal de Finot, 1994 ; PPO, 1996).” (Van
Damme 2002)
Los procesos de tratamiento de minerales en los ingenios contaminan el agua con
metales pesados que repercuten no solo de forma directa sobre la salud con efectos
cancerígenos, sino también en la productividad agrícola y sobre los organismos acuáticos.
El caso del río Pilcomayo presenta niveles altos de varios elementos pesados (Sólidos en
suspensión, Cadmio, Mercurio, Plomo y Zinc) sobrepasando la normativa nacional e
internacional. Un otro caso alarmante es la cuenca endorreica de la cual forman parte los
Lagos Tititcaca, Poopo y Uru Uru.
18

Box 4
La contaminación en el río Pilcomayo
(Presentación del Comité de Defensa del Río Pilcomayo CODERIP en el 1er Congreso por la Defensa del Agua, los
servicios Básicos, el Medio ambiente y la Vida)
En promedio, el MDSP estima que, solo en el Río Tarapaya, afluente del Río Pilcomayo, se vierten anualmente:
Cadmio 25 Ton.
Plomo 850 Ton.
Arsénico 300 Ton.
Zinc 8.300 Ton
Concentración de tóxicos en aguas del Río Pilcomayo (datos obtenidos en agosto de 2001 por Fundación ITA):
Parámetro (pbb)
Río Norma
Valor guía OMS
Otra actividad que genera importantes impactos ambientales que afectan al uso
doméstico y agrícola y principalmente a comunidades indígenas es la actividad petrolera
no solo por derrames sino también durante su explotación, distribución e incluso durante
su exploración. Algunos de estos impactos son:
TABLA 11: Impactos potenciales de las actividades
hidrocarburíferas sobre el recurso agua
Proyectos Actividades Impactos potenciales
Actividades
comunes
Pilcomayo
boliviana
Cadmio 16 5 3
Mercurio 0 1 1
Plomo 527 50 10
Arsénico 335 50 10
Cobre 143 50
Manganeso 320 500 500
Niquel 104 50 20
Cianuro 140 20 70
Zinc 3.870 80 200
Algunos impactos Culturales, Sociales y Económicos de las actividades mineras en el río Pilcomayo son:
• No consultan a las comunidades y los beneficios se llevan los extranjeros.
• Expropiación y avasallamiento de tierras por parte de asentamientos humanos y de empresas mineras.,
quienes a su vez Incumplen compromisos con comunidades indígenas (ej. Comunidad El Cerrito afectada
por COMSUR).
• Mayor pobreza en las comunidades indígenas, generan emigración de los jóvenes.
• Deterioro de la salud de la población por consumo de alimentos y agua contaminada, ocasionando
nacimientos de niños con malformaciones, enfermedades de la piel, mal de ojos, cáncer y las personas
tienen tiene altos niveles de plomo en la sangre.
• Escasez de agua en las comunidades, ocasionada por los desvíos de cursos de agua.
• Encarecimiento del nivel de vida, por destrucción de caminos y puentes.
• Introducción de costumbres ajenas a la cultura de las comunidades.
• Intimidación, amenazas de muerte y asesinato a dirigentes y comunarios por parte de los empresarios.
• Trabajadores sin seguridad social y laboral, violando la ley del trabajo y el Convenio 169 de la OIT.
• Cooptación de autoridades políticas por parte de los empresarios y división de las organizaciones.
Apertura y/o mejoramiento de
caminos
Alteración de la red de drenaje
Alteración del régimen hídrico
Contaminación de agua
Deterioro de la calidad de agua
19

Exploración
sísmica
Mantenimiento y presencia de
maquinaria, equipo y personal
Instalación y operación de
campamentos
Perforación de los puntos de
disparo, colocación y detonación de
la carga de explosivos, registros
sísmico y retiro de cables
Perforación de pozos
Alteración del regimen hídrico
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del agua
superficial y subterránea
Interrupción del drenaje natural
Contaminación de agua
subterránea
Perforación e
Contaminación del agua
intervención
superficial y subterránea
Disminución del caudal de agua
en cuerpos superficiales
Transporte Apertura y nivelación del derecho Alteración del régimen hídrico
de vía Deterioro de la calidad de agua
Apertura y relleno de zanjas Alteración del régimen hídrico
Prueba hidrostática
Alteración del régimen hídrico
Contaminación de los cuerpos de
agua
Operación y mantenimiento Contaminación de agua por fugas
de hidrocarburos
Desarrollo Construcción y operación de Contaminación por efluentes
plantas y de instalaciones de líquidos y derrames
producción Alteración del régimen hídrico
(pozos de inyección)
Explotación de pozos Contaminación
fluidos salinos
de agua por
FUENTE: Van Damme 2002, en base a MDE-VEH-UMA
3. Regulación y Gestión de los servicios para garantizar el derecho
Marco institucional del sector
El sector de saneamiento básico está compuesto por las siguientes entidades que
conforman el marco institucional:
20

IMAGEN 8: Marco institucional del sector de
saneamiento básico y sus competencias
FUENTE: Crespo y Campanini 2006: 9
Cabe mencionar que este marco institucional es producto de la nueva política de gestión
de los recursos naturales que se implementó en el país desde los ´90, caracterizándose
por la promoción de la participación de capitales privados y la creación de entidades
reguladoras. En el caso del agua potable y alcantarillado este nuevo modelo se implantó
en 1997 con la concesión de Aguas del Illimani (con la empresa Suez con accionista) y se
consolidó el año 1999 con la promulgación de la Ley 2029, donde se creaba la
Superintendencia de Saneamiento Básico y se consolidaba el régimen de concesiones, y
la otorgación de la concesión a Aguas del Illimani.
21

Lo que se debe resaltar son las principales funciones de las principales entidades de este
marco institucional que se resumen en el siguiente cuadro:
IMAGEN 9: Principales entidades del sector y sus
relaciones
FUENTE: Crespo y Campanini 2006: 9
El nuevo modelo de gestión de los recursos naturales aplicado a los servicios de agua
potable divide en tres principales actores al sector con una división de funciones
particular: El gobierno central a través del Viceministerio de Servicios Básicos (VSB)
norma, planifica y promueve la participación de capitales privados en la prestación del
servicio; la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) es la entidad reguladora
relativamente independiente del poder ejecutivo que tiene la principal función de normar el
funcionamiento del servicio estableciendo las metas, tarifas, tasas, precios y controlando
el servicio velando por un buen servicio para el usuario; y finalmente las Entidades
Prestadoras de Servicio (EPSA) que son las entidades encargadas de prestar el servicio
de agua potable y alcantarillado que por ley tienden a ser entidades independientes del
Estado y mas al contrario se fomenta la participación de capitales privados.
Por tanto según ley, y en la práctica por una escasa y en algunos casos ineficiente
intervención del Estado, la mayor parte de la responsabilidad sobre los servicios ha
recaído sobre los prestadores del servicio.
Regulación y control
La superintendencia, como observamos en el marco institucional, es la entidad encargada
de la regulación y control de los servicios de saneamiento básico. Al concebirse un
modelo en el que capitales privados se hagan cargo del servicio por las características de
monopolio natural del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario era preciso
conformar una entidad reguladora que regule conductas inapropiadas de los prestadores
promoviendo su eficiencia, calidad, expansión, desarrollo del servicio y protegiendo los
derechos de los usuarios de estas conductas; para este propósito tiene capacidad para
definir estructuras tarifarias, precios, aplicar sanciones y otorgar derechos.
22

Box 5
El rol de la SISAB en el caso de Aguas del Illimani
(“Conflicto de Aguas del Illimani: prácticas regulatorias de servicios de agua potable y su impacto en la pobreza”
Crespo, Carlos y Campanini, Oscar 2006)
Transparencia durante el proceso de licitación y adjudicación
El proceso de adjudicación de la concesión fue tan veloz, que el mismo día, 30/VI/97, el gobierno mediante
Resolución Suprema No 217089, nombra Superintendente de Aguas a Alfredo Uzin, y luego este, mediante
Resolución Suprema No 01/97, adjudica a favor de AISA la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado
en las ciudades de La Paz y El Alto. Como es posible que una autoridad pueda conocer detalladamente el proceso e
inmediatamente otorgar la concesión? En el caso de Uzin, había sido consultor del BID para SAMAPA, en la
elaboración de la nueva estructura de tarifas, que sería aplicada por AISA (con modificaciones a favor de la
concesionaria, como veremos luego).”
Concesión incluye fuentes de agua
La Resolución R.A. No 01/97 de la superintendencia señala explícitamente que la adjudicación es para la
“Concesión de Aprovechamiento de Aguas y la Concesión del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado en
las Ciudades de La Paz y El Alto, y sus alrededores”. Este es otro elemento considerado inconstitucional, pues la
CPE establece que las aguas en sus diversas formas “son de dominio originario del Estado (art. 136), por tanto es
un bien del patrimonio de la nación que debe ser protegida (art. 137), donde el Estado debe regular su régimen de
explotación (art. 170). Más aún el poder legislativo debe autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que
comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas
nacionales (art. 59 inc 5).
Área Servida y Área de Concesión
El área de concesión se refiere al área geográfica donde el concesionario prestará el servicio, de acuerdo al
contrato, esta conformado por los municipios de La Paz y El Alto. Por su parte, el Área Servida son aquellas áreas
dentro de los límites geográficos del Área de Concesión, servidas originalmente por SAMAPA o incluidas en las
metas de expansión producto de negociaciones con la Superintendencia (cláusula I. Definiciones). Si esto es así,
AISA debiera construir sus porcentajes de cobertura del área de concesión.
El problema es que el Área Servida es menor al Área de Concesión. AISA se niega a prestar servicio fuera del Área
de Servicio, excepto si los vecinos cubren todos los costos o existe un financiamiento externo. Implicando barrios,
mayoritariamente pobres, solo tienen agua si pagan el costo total de la instalación, incluyendo tubería madre y
acometidas. Por tanto, las cifras de cobertura optimistas presentadas por AISA, por lo menos para el caso de El Alto,
son del Área de Servicio y no del Área de Cobertura.
Manipulación de datos de cobertura
De acuerdo a una auditoria ambiental desarrollada por la Contraloría General de la República, el año 2002, se
evidenció que las coberturas reportadas por AISA, estaban basadas en estimaciones realizadas por la Consultora
CIESS- Econométrica, con datos provisionales del INE y otras entidades; más aún, la evaluación de coberturas
fueron realizadas según criterios de evaluación diferentes para cada área, tendientes a “asegurar el logro de sus
resultados y objetivos”, con lo cual concluyeron que “existe incertidumbre sobre los reales porcentajes de cobertura
logrados[…]así como el grado de cumplimiento de las metas de expansión de dichos servicios, situación que implica
la posibilidad de que los reales niveles de mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las zonas
urbanas y peri-urbanas de las ciudades de La Paz y El Alto, sean menores a los reportados e inclusive a lo previsto
a nivel contractual” (Contraloría General de la República, 2002:20).
Actividades especiales: escuelas, parques, hospitales
De acuerdo a AISA cobraba 1.2 millones de $US al municipio de La Paz y otro similar a El Alto, por concepto de
consumo de agua en escuelas, hospitales, instalaciones municipales (teatros, jardines, etc). La estructura tarifaria de
AISA incluía dentro la categoría comercial a usuarios oficiales, públicos y estatales, entre ellas escuelas, cuarteles,
áreas verdes. Las autoridades municipales ya el año 1998 denunciaron que escuelas, parques y hospitales tenían
tarifas comerciales y que una buena parte de sus ingresos debían destinarse al pago del servicio de agua,
reduciendo por tanto el presupuesto para obras (ED 1/XI/98). Este problema reaparece continuamente en el contexto
de los conflictos entre la alcaldía municipal de La Paz y AISA.
Este modelo sin embargo tuvo muchos problemas desde su concepción hasta su
aplicación. Algunos problemas fueron: un excesivo centralismo que no permitió cumplir la
labor con rapidez y efectividad necesaria, menos aun poder resolver los conflictos que
23

surgían por el enfrentamiento con instituciones y normatividad locales; un poder excesivo
respecto a otras entidades impidiendo un control a la instancia reguladora y no teniendo
respuestas rápidas a los errores o problemas que pudiera generar su intervención;
unipersonalidad que cargaba sobre el superintendente todas estas facultades y
responsabilidades excluyendo así no solo a usuarios, y otras entidades del sector sino a
marco regulatorios naturales ya existentes en muchas regiones de nuestro país.
Ya durante su aplicación práctica demostró que este modelo no podía cumplir el rol que
se pretendía al crearlo: el financiamiento de las superintendencias consistía
principalmente en una tasa de regulación(2% del ingreso de las EPSAs) que se cargaba a
la tarifa no velando así por los derechos de los usuarios; la imparcialidad a raíz de su
independencia en parte a causa de la dependencia que generaba el mecanismo de
financiamiento ocasionó una gran parcialidad del regulador a favor de las empresas
prestadoras del servicio en desmedro del usuario; los mecanismos de regulación,
contratos de concesión, ocasionaron en caso de conflictos con las empresas prestadoras
del servicio dificultades para tomar decisiones por parte del Estado frente a las amenazas
de demandas arbitrales internacionales.
Es por estas razones que el inadecuado funcionamiento de la SISAB fue un factor
importante para un incremento insuficiente de coberturas, discriminación en la expansión
del servicio, falta de información o información tergiversada y los grandes problemas que
existen en cuanto a funcionamiento y calidad del servicio. Son estas algunas de las
razones para que actualmente se haya iniciado juicios de responsabilidad a dos
Superintendentes que estuvieron en funciones 7 de los 9 años de vida de la
Superintendencia de Saneamiento Básico.
Gestión de los servicios básicos
La gestión del agua potable en Bolivia se ha realizado a partir de iniciativas de los propios
pobladores y en el caso de grandes ciudades a partir del gobierno municipal. Por esta
razón la mayor parte de los modelos de gestión fueron Municipales en las grandes
ciudades donde existió un apoyo del Estado a trabes del gobierno local y cooperativo o
social comunitario en las regiones donde existió poco apoyo estatal. Es a partir del año
1997 que se promueve la participación de la empresa privada con la concesión de Aguas
del Illimani y después con el intento fallido de Aguas del Tunari. De esta forma en las
principales capitales de departamento las empresas prestadoras del servicio son las
siguientes:
24

TABLA 12: EPSAs en las capitales de departamento
Ciudad EPSA Modelo
gestión
de Observación
La Paz y El Alto Aguas del Empresa Antes SAMARA empresa
Illimani
privada municipal
Cochabamba SEMAPA Empresa Se intento concesionar a
municipal Aguas del Tunari empresa
privada
Santa Cruz SAGUAPAC Cooperativas
Sucre
8 cooperativas
periurbanas
ELAPAS Empresa
municipal
Potosí AAPOS Municipal
Tarija COOSALT Cooperativa
Beni COATRI Cooperativa
Oruro Sela Empresa
municipal
Pando Prefectura Empresa En transición a ser
prefectural empresa municipal
FUENTE: Elaboración propia
Cabe resaltar sin embargo que en gran parte de estas ciudades, especialmente en las de
mayor crecimiento, las zonas periurbanas encuentran no solo una falta de atención por
parte del Estado sino también por parte de estas EPSAs; es esta la razón por la que se
generan mecanismos de solución del servicio de forma autónoma usualmente
conformando comités, asociaciones o pequeñas cooperativas de agua potable. Así en la
Ciudad de La Paz en la zona de las laderas existen un par de decenas de comités de
agua potable que utilizan vertientes como fuentes de agua; en la ciudad de Cochabamba
existen cerca de medio millar de comités de agua potable en todas las zonas periurbanas
del área metropolitana, solo en la zona Sur existen 120 comités que atienden a cerca de
100.000 habitantes; en la Ciudad de Santa Cruz las cooperativas periurbanas atienden a
mas de medio millón de habitantes.
Otro modelo de gestión recientemente promovido es el modelo mixto o de Sociedad
Anónima Mixta (SAM), este modelo busca combinar participación social, de operadores y
de los gobiernos locales manteniendo la promoción de participación privada. Existen
actualmente dos EPSA SAM en Bolivia la Manchaco y la Manbustillos. Estos modelos al
igual que los otros modelos de gestión presentan problemas particulares
25

Box 6
Las EPSAs SAM y los problemas referidos al modelo de gestión
(Apuntes sobre la creación de las Entidades de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Sociedad Anónima Mixta (EPSA SAM). El caso de la EPSA SAM Guadalquivir (Tarija), René Orellana H. 2004)
La creación de EPSA SAM se inicia con la conformación de mancomunidades de municipios, luego la realización de
una campaña de convencimiento a organizaciones sociales, juntas vecinales, etc.; luego se conforma una sola EPSA,
esto implica que las otras EPSAs que prestan servicios en el área desaparecen y se constituye una EPSA monopólica
con sucursales; los otros operadores existentes, es decir las otras EPSAs deben integrar sus patrimonios a las EPSA
SAM. Se constituye un paquete accionario divido de la siguiente manera: 20% para los gobiernos municipales
(“acciones públicas”), 80 % dividido entre las personas mayores de 18 años que habitan el área de la mancomunidad,
cada uno recibe una acción (“acciones privadas”). En los casos de Bustillos SAM y Manchaco SAM, la proporción
distribuida a “la población” ha variado, se ha definido un 60% o 70% para ésta y un 20% para los “operadores”
(empresas municipales, comités, cooperativas u otras preexistentes a la constitución de la SAM); este último tipo de
acciones son denominadas “privadas”.
Las acciones se dividen en dos tipos:
- Tipo A (privadas): negociables entre los socios o con terceros.
- Tipo B (públicas): no negociables.
La figura de SAM implica claramente un proceso de privatización. Nótese que las acciones tipo A pueden venderse,
son transables y en cualquier momento sus dueños pueden venderlas a empresas o entidades con interés de lucrar
en el negocio. Se ha dicho por parte de la GTZ que las acciones de la población son un patrimonio social. No lo son
de ninguna manera. Se trata de un patrimonio individual que puede someterse a un proceso de mercado en el cual
una entidad interesada en lucrar con el servicio puede perfectamente acumular acciones comprándolas y teniendo en
el mediano plazo control de la EPSA. Lo mismo puede suceder con las acciones de los operadores que también son
de tipo A. Esto implica que en el mediano plazo, el capital social expresado en el ahorro y la inversión familiar, vecinal
y comunal realizada para infraestructura de servicios pase a manos privadas. Por otro lado no queda claro qué pasa
con los aportes familiares y vecinales para extender o ampliar redes de servicios. Muchos barrios han aportado a
través de las familias que los componen varios cientos de dólares en Tarija. Se les ha dicho, según denuncias de
representantes vecinales, en el caso de COOSALT que estos activos (redes de agua potable y alcantarillado) pasan a
manos de la cooperativa después de 2 años o más, lo cual es a todas luces una violación de la Ley de Agua Potable
2066 que establece en su artículo 34 que puede aplicarse para estos casos en los siguientes términos: los barrios o
comunidades urbanas integran sus activos a una EPSA (COSAALT, p.e.) bajo un contrato en el que esta última se
compromete a reconocer económicamente dichos activos, ya sea pagándolos directamente o realizando un descuento
en las tarifas por un período de tiempo determinado, según el acuerdo mutuo.
Ahora bien la gestión en la mayor parte de estas EPSAs presentan grandes problemas y
dificultades. A manera de muestra presentamos algunos indicadores de gestión de una
muestra de EPSAs:
TABLA 13: Eficiencia en la gestión del servicio según
categoría poblacional
Categoría
poblacional
Número de
Eficiencia
funcionarios
en la
por 1000
recaudación
conexiones
Agua no Continuidad
contabilizada del servicio
(%) (hrs/día)
Metro 3,0 84% 36% 20
Mayor 6,3 80% 42% 17
Intermedia 7,8 82% 33% 22
Menor 5,6 77% 33% 16
FUENTE: VSB 2005(b): 38
26

Metas del milenio
Una de las mas importantes políticas en el sector de saneamiento básico que ha sido la
principal base para la formulación de otras políticas y planes sectoriales son las
denominadas metas del milenio. En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del
2000, Bolivia y otros 188 países se comprometieron a cumplir ciertas metas de desarrollo:
Las Metas del Milenio.
Se establecen como objetivos:
1) Erradicar la pobreza y el hambre,
2) Lograr la universalización de la educación primaria,
3) Promover la equidad de género y de las mujeres,
4) Reducir la Mortalidad infantil y de la niñez,
5) Mejorar la salud materna,
6) Combatir el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades,
7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y
8) Desarrollar una alianza global para el desarrollo.
Estos objetivos contienen 18 metas y 48 indicadores que deben lograrse en 25 años
(1990-2015). De estos es el Objetivo 7: “Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente”,
que establece indicadores relacionados con las coberturas en saneamiento básico:
TABLA 14: Metas del milenio referidas a saneamiento básico
OBJETIVO 10 META INDICADOR Nº
Garantizar la Reducir a la mitad para 29 Porcentaje de población
sostenibilidad del el 2015, el porcentaje de sin acceso sostenible al
medio ambiente personas sin acceso agua potable
sostenible
potable
al agua
Haber mejorado 30 Porcentaje de población
considerablemente para con acceso a
el 2020, la vida de por lo
menos 100 millones de
habitantes de tugurios
saneamiento
FUENTE: VSB 2002
Este compromiso en el caso de Bolivia implica un incremento del 3% en área urbana y 20
en área rural, mientras que en alcantarillado sanitario un incremento de 18% y 27% en el
área urbana y rural respectivamente.
27

IMAGEN 10: Metas del milenio en términos de cobertura
[%]
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
FUENTE: VSB 2002
TABLA 15: Metas de Desarrollo del Milenio, según categoría poblacional
GESTIÓN 2015
Población
Coberturas
Incremento de la
Tratamiento de
población con
Aguas Residuales
acceso
Agua Saneam. Agua Saneam. Colectad
Categoría
as
Tratadas
[Hab] [%] [%] [Hab] [Hab] [m3/día] [m3/día]
Metropolitana
2,310,94 2,394,69
s 5,911,696 90 69 9 4 504,470 504,442
Mayores 1,003,591 96 79 341,475 309,130 84,498 83,686
Intermedias 1,029,012 87 59 368,706 451,576 67,399 67,399
Menores 638,300 88 56 206,959 276,909 33,496 30,469
1,254,81 1,405,48
Rurales 4,146,092 60 60 9 8 - -
4,482,90 4,837,79
Nacional 12,728,691 81 65 8 6 689,863 685,995
FUENTE: VSB 2005(a):8
En términos económicos el cumplimiento de estas metas demanda una inversión de 1.165
millones de dólares:
TABLA 16: Distribución del requerimiento de recursos por categoría poblacional
(en millones de $us.)
Categoría
Agua
Potable
Saneamiento PTAR
Otras
Inversiones
Total
Metropolitanas 204 211 141 91 647
Mayores 60 52 28 25 165
Intermedias 16 22 8 9 55
Menores 28 36 10 17 90
Rurales 92 73 - 44 208
Nacional 399 394 187 185 1.165
FUENTE: VSB 2005(b):60
28

B. LEGISLACIÓN NACIONAL 5
El marco legal sobre el agua es uno muy disperso, ambiguo y con muchos vacíos legales.
La ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas se basa en un Decreto del 8 de
Septiembre de 1879 que sin modificaciones fue elevada a rango de Ley el 28 de
Noviembre de 1906, por su desactualización esta ley ha sido derogada a lo largo de estos
mas de cien años en casi todas sus disposiciones por diferentes normas sectoriales y
modificaciones constitucionales; actualmente no existe una norma para el recurso hídrico
sino un conjunto de normas sectoriales o principios constitucionales que no
necesariamente concuerdan entre sí. Este marco legal está compuesto por las siguientes
normas:
TABLA 17: Algunas normas que conforman el marco legal
del agua en Bolivia
AÑO NORMAS SOBRE RECURSO HÍDRICO
1953
1967
1967
1975
1975
1975
1977
1990
1993
1993
1994
1994
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
Ley de Reforma Agraria
Constitución Política del Estado
Reglamento de Aguas para irrigación, resolución Ministerial No. 210/67
Código Civil
Decreto ley de navegación fluvial, lacustre y marítima (DS 12684)
Decreto Ley de Vida silvestre, parques nacionales, caza y pesca (DS 12301)
Reglamento de la Organización Institucional y de las Concesiones del sector de
aguas (DS 24716)
Reglamento de Pesca y Acuicultura (DS 22581)
Ley de Participación Popular
Ley de Exportaciones
Ley SIRESE
Ley de Electricidad
Ley Forestal
Ley INRA
Código de Minería
Reglamento de Áreas Protegidas (DS 24781)
Reglamento de uso de Bienes de dominio publico y de servidumbres para
servicios de Aguas (DS
24716)
Normas Reglamentarias de uso y Aprovechamiento de Agua para Riego,
Resolución
Biministerial 01/98
Ley de Municipalidades
Ley Nº 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Ley Nº 2267 de Declaración de Prioridad Nacional de los Estudios,
Prospección, Cuantificación,
Evaluación y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos en el Sudoeste del
Departamento de
Potosí
Decreto Supremo (DS 26587)
Ley Nº 2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego
5 Este acápite en Carlos Crespo y Oscar Campanini “Efectos del Tratado de Libre Comercio Andino en el uso
y gestion del agua en los paises de los andes. Caso Bolivia”, (2005).
29

Algunas características de este marco normativo son las siguientes
Agua como “accesorio de la tierra”
En la ley de 1906 el agua es considerada como un accesorio de la tierra adquiriendo el
carácter de propiedad privada al igual que esta. Establece sin embargo la otorgación de
derechos de uso de las aguas en terrenos públicos mediante una concesión 6 . El carácter
privado del agua será eliminado por las modificaciones en la Constitución Política del
Estado (CPE) el año 1938 transformando los recursos naturales, incluyendo el agua, en
dominio originario del Estado 7 . Sin embargo esta concepción de accesorio de la tierra no
se perdió en gran parte de las normas aun vigentes y es así que en normas sectoriales se
otorgan derechos para los sectores específicos y el derecho para el uso de aguas casi de
forma inmediata, como un accesorio a la actividad mencionada. Nos referimos
concretamente al caso de la minería donde no solo tienen el derecho al uso y
aprovechamiento del recurso hídrico sino incluso la facultad de cambiar el curso de las
aguas en caso de ser necesario para sus actividades de explotación de minerales 8 . Otro
sector donde el derecho de uso del recurso agua es también considerado como un
accesorio, es el sector eléctrico: la ley Nº 1604 de Electricidad otorga un derecho de uso
del recurso hídrico casi por tiempo indefinido para la generación de electricidad y le da al
titular del derecho la facultad de solicitar la declaración como área protegida a la zona de
la cuenca agua arriba, además de administrarla 9 .
Siendo los principales conflictos en Bolivia sobre la competencia entre usos agrícolas–
domésticos y minero–industriales, estas contradicciones legales no hacen mas que
exacerbar esto conflictos y muchas veces desfavorecer a comunidades campesinas e
indígenas.
Adjudicación de derechos a través de la Concesión
A partir de la declaración del agua como un recurso de dominio originario del Estado, se
generaliza la otorgación de Concesiones de uso y aprovechamiento modificándose y
“perfeccionándose” la forma de otorgación de este derecho. La Ley 2029 de Agua Potable
y alcantarillado Sanitario de 1999, posteriormente modificada, será donde se consolidará
esta figura administrativa como el principal mecanismo de adjudicación de derechos del
recurso agua; si bien la ley hacía referencia al derecho de prestación del servicio este
6 “Se establece un régimen de concesiones de hasta 99 años… Los concesionarios pueden cambiar el uso para el cual se
les entregó en concesión… la prioridad del uso del agua es para consumo humano y la segunda prioridad es para uso de
ferrocarriles”
7 “I. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo
con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas
susceptibles de aprovechamiento. II. La ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y
adjudicación a los particulares.” Art 136 de la CPE
8 “Los concesionarios mineros, para la realización de sus actividades, pueden usar y aprovechar las aguas de dominio
público y las que se alumbren o discurran por sus concesiones, con la obligación de protegerlas y restituirlas a su cauce o
cuenca natural, cumpliendo con lo establecido en el presente Código, la Ley de Aguas, la Ley del Medio Ambiente, sus
reglamentos y otras disposiciones referentes a los recursos hídricos” Art. 36 del Código Minero.
“…por escrito a los propietarios del suelo, a los concesionarios mineros colindantes, a los propietarios de plantas de
beneficio o fundición y a los colindantes y vecinos, si los hubiere. Si en el transcurso de noventa días, de su notificación
ninguno de ellos se presentare ante el Superintendente de Minas de la jurisdicción a reclamar su derecho a usarlas, se
entenderá que renuncian a éste.” Art. 38 del mismo Código.
9 “... el titular de una licencia de generación tiene derecho a solicitar la declaratoria de área protegida a la zona geográfica
de la cuenca aguas arriba de las obras hidráulicas para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos inherentes a la
respectiva licencia. El titular tendrá la obligación de administrar y preservar a su costo el área protegida” Art. 37 de la
Ley 1604 de Electricidad.
30

implicaba de forma automática el derecho al uso del recurso hídrico, también denominada
autorización, y por medio de un artículo transitorio se abría la posibilidad para que de
forma provisoria se otorgara el derecho para otros usos. Esta virtual Ley de Aguas fue
modificada como resultado de la Guerra del Agua restringiéndola al uso del recurso
hídrico para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.
El Proyecto de la Ley de Aguas(versión 32)
Este marco legal confuso e incluso contradictorio en algunos casos nos muestra
simplemente el reflejo de la gestión del agua en Bolivia y de las tensiones y conflictos que
existen en esta. La ausencia y debilidad del Estado en la gestión del agua llevó a que el
marco normativo vigente en la mayor parte del país sean normas locales,
consuetudinarias y tradicionales y en el sector de saneamiento básico una normativa
enfocada en el gobierno local y regional. Producto de cambios en la política económica se
inició un proceso de intervención del Estado en esta gestión y normativa locales,
intervención que impulsó un determinado régimen de derechos, marco institucional y
visión del recurso hídrico. Un breve análisis de las últimas versiones de Proyecto de Ley
de aguas nos sintetizarán estas transformaciones y tendencias de intervención
impulsadas desde el gobierno central 10 .
El Proyecto de ley de aguas de 1999 proponía un Sistema de Concesiones otorgadas a
través de un “Título de Aguas” facultando al titular de este derecho el uso y
aprovechamiento del recuro hídrico en un volumen por unidad de tiempo ya determinados
en dicho título, además de establecer la obligatoriedad de adquirirlo bajo sanción de
privación de libertad 11 . Para poder obtener este título era preciso la demostración y
acreditación de Derechos Consuetudinarios de uso y acceso de fuentes de agua para
cuyo objeto se establecía un reglamento particular 12 . Estos derechos si bien estaba
establecido que serían otorgados por el Estado de forma gratuita posteriormente podían
ser transferidos creando de esta forma un mercado de concesiones 13 .
La superintendencia se convierte entonces en un órgano tanto administrativo regulatorio
como de administración de justicia pues tiene además al facultad de resolver conflictos.
Finalmente la capacidad de esta Superintendencia de expropiar las concesiones con la
declaración de utilidad pública nos devela el objetivo principal de esta propuesta de norma
pues dentro de las razones de utilidad pública e interés nacional se encuentra “la
participación y el fomento de la empresa privada” 14 . Por tanto el régimen de concesiones
como es planteado en este proyecto convierte las concesiones en una especie de
…título propietario imperfecto, el cual puede ser prendado, hipotecado
(pignorado), vendido o comprado, con algunas restricciones reglamentarias
probablemente pero no demasiado estrictas para no entorpecer la creación y
desarrollo de un mercado de derechos de aguas (Orellana s/f: 9)
El fomento a la participación de capitales privados mediante la seguridad jurídica que se
les otorga con el régimen de concesiones y las Superintendencias como autoridad
sobrecargadas de facultades administrativas y jurisdiccionales y la resultante creación y
10 El análisis del proyecto de ley de aguas se basa en “Políticas sobre Recursos Naturales y Marco
Institucional Centralista en Bolivia. Dos Casos: Biodiversidad y Aguas”, René Orellana H. s/f.
11 Art. 18 y 73 del Proyecto del Ley de Aguas de 1999.
12 Art. 53 y 56 del Proyecto del Ley de Aguas de 1999.
13 Art. 49 y 56 del Proyecto del Ley de Aguas de 1999.
14 Art. 71 del Proyecto del Ley de Aguas de 1999.
31

fomento a un mercado de aguas son los principales ejes de este proyecto de Ley de
Aguas. Este proyecto no se aprobó y más al contrario ha sido archivado como resultado
de movilizaciones de las organizaciones sociales.
Actualmente y a raíz de los conflictos, movilizaciones y presiones de organizaciones
sociales y otras entidades se han realizado importantes transformaciones en el marco
legal en defensa de los derechos de comunidades campesinas, indígenas y originarias y
en defensa del patrimonio público social. Estas modificaciones las describimos en el
siguiente acápite.
C. LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Y LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
A lo largo del anterior acápite hemos descrito la crítica situación en cuanto al servicio de
agua potable y alcantarillado se refiere, e indirectamente sobre el recurso agua y su
acceso. De igual forma se han ejemplificado diferentes casos específicos que por las
consecuencias que tienen sobre el acceso al servicio constituyen ya violaciones al
derecho humano al agua. Estos casos se refieren a empresas concretas, poblaciones
específicas y medidas gubernamentales ya identificadas, sin embargo es preciso
establecer el marco en el que ocurren todos estos hechos: la privatización del agua.
Ya al analizar la legislación sobre el recurso agua vimos la presencia de esta tendencia y
al describir el estado de situación vimos algunas de las consecuencias de esta tendencia
que se impuso desde el Estado desde el año 1985 y desde 1997 para el sector de
servicios. Esta transformación en las políticas de Estado sin embargo en los últimos años
se vieron acompañadas de movilizaciones y protestas sociales que finalmente, en el
momento en el que se escribe este documento, determinaron cambios importantes en
cuanto a las políticas estatales que se manifiestan en la elección del primer presidente
indígena de Bolivia Evo Morales Ayma.
Las políticas de mercantilización y comercialización del agua y los servicios asociados
impuestas desde el gobierno desde el año 1997 ocasionaron una respuesta de las
organizaciones de campesinos, regantes, indígenas, usuarios, vecinos y ciudadanos en
general. La primera respuesta sin lugar a dudas fue la denominada Guerra del Agua, el
conflicto ocasionado por la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en la
ciudad de Cochabamba a la empresa Aguas del Tunari con participación de la
transnacional Bechtel y por la promulgación de la Ley 2029 de agua potable y
alcantarillado sanitario que como ya se mencionó consolidaba el régimen de concesiones
y el marco regulatorio. Este conflicto se convirtió en un hecho de trascendencia nacional e
internacional, no solo por el carácter masivo y violento de esta movilización que marcó un
nuevo momento en la historia política de nuestro país sino también porque como
resultado de esta movilización se expulsó a una empresa transnacional. Es desde este
momento que a partir de diferentes procesos, conflictos se transformaron las políticas y
normas legales y se inició un proceso de construcción de una conciencia sobre el agua
como derecho humano.
Es por tanto el objetivo de este acápite el analizar este marco general aplicado desde el
Estado y por presión de organismos internacionales, la resistencia de la sociedad civil y el
proceso de tensión y conflicto que resultaron en avances normativos e institucionales
sobre el agua como un derecho humano.
32

1. Lucha contra la privatización: defensa de los derechos al agua
La Guerra del Agua y el reconocimiento de derechos consuetudinarios
El exagerado incremento exagerado de tarifas en el agua, la flexibilización de proyecto
Misicuni, falta de política de incremento de cobertura de red, reducción del contrato a
metas de porcentaje cobertura sin criterios de subvención o priorización de áreas sin
servicio, postergación del problema de tratamiento de aguas residuales, la obligatoriedad
de conectarse al sistema pagando altos precios de conexión, tarifas indexadas al dólar,
alta tasa de retorno de las inversiones para la empresa Aguas del Tunari, falta de
transparencia, falta de participación
social son algunas de las razones pro
las cuales se genero el conflicto
cuando se concesionó el servicio de
agua potable y alcantarillado sanitario
en el Cercado a la empresa Aguas del
Tunari 15 . La expulsión de esta
empresa fue pro estas razones una de
las demandas de la Guerra del
Agua. 16
Otra de las principales razones para
que la gente, particularmente del área
rural y de áreas periurbanas, se
movilizara en la Guerra del Agua fue
la promulgación de la ley 2029 de
Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario. Esta ley establecía el
régimen de concesiones para la
prestación del servicio junto a una
“autorización” de uso del recurso
hídrico además de crear la
Superintendencia de Saneamiento
Básico encargada de la otorgación de
las concesiones y de su regulación.
Las organizaciones de profesionales y
sociales en base a un análisis de esta
norma realizaron observaciones sobre
los aspectos que afectaban los intereses de la población. Como resultado de la
movilización en Cochabamba se cambió la ley 2029 en 39 artículos promulgándose la
nueva Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2066. Las más importantes
modificaciones se sintetizan en las siguientes transformaciones del marco legal:
Reconocimiento de gestión local del agua
Box 7
Los 15 contenidos que se deben cambiar en la Ley 2029
(Tríptico elaborado por la Coordinadora Departamental de Defensa del Agua
y de la Vida y la Mesa técnica Nacional de Aguas antes de la Guerra del
Agua)
1. Diferenciar los servicios empresariales de los de carácter social y
municipal
2. ¡No al monopolio de los concesionarios empresariales! ¡sí a la
complementariedad de servicios!
3. No a la prohibición de perforación de pozos ni para la prestación de
servicios alternos
4. No a la superintendencia. Sí al concejo nacional de aguas
5. La ley de agua potable y alcantarillado no puede reemplazar a la ley
de aguas
6. Participación de los gobiernos municipales en la contratación de
empresas concesionarias
7. Las tarifas deben tomar en cuenta la realidad económica-social de
la población
8. Reconocimiento y promoción del aporte comunitario
9. No a la intervención de las organizaciones de carácter social
10. No a los juicios coactivos por falta de pago para usuarios de bajos
ingresos
11. Las expropiaciones y servidumbres deben ser concertadas
12. Fortalecer los criterios sociales para la inversión pública antes que
el interés lucrativo
13. Las nuevas captaciones de agua deben respetar los derechos de
terceros
14. Obligaciones y sanciones claras para las empresas concesionarias
15. Garantizar la protección del medio ambiente
15 Cabe resaltar que también se concesionó a la misma empresa el uso de las fuentes de agua de SEMAPA, el
uso de fuentes de agua para el proyecto Misicuni y la Generación de electricidad de a partir de estas fuentes.
16 Para mayor detalle sobre las observaciones a la concesión de Aguas del Tunari ver: “Aguas del Tunari, ´go
home´: elementos para una critica del contrato de concesión del agua potable en Cochabamba” de Carlos
Crespo Flores
33

Uno de los principales logros en los cambios a la ley 2029 es el reconocimiento de la
gestión local del agua tanto en el ámbito rural como peri urbano. Se introdujo de esta
manera dentro de las definiciones a los diferentes actores de esta gestión local:
vi. pueblos Indígenas y Originarios, comunidades indígenas y campesinas,
asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos.
vii. Comités de Agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas
vecinales y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica
reconocida por ley, excepto los gobiernos municipals (Art. 8 inciso k de la Ley
2066)
De igual forma el reconocimiento de la existencia de normas consuetudinarias que rigen
esta gestión local, a los que hicimos referencia:
z) Usos y Costumbres para la prestación de servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario: Prácticas Comunitarias y sociales para el uso,
aprovechamiento y gestión de recursos hídricos para la prestación de servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario, basadas en autoridades naturales,
indígenas y originarios, comunidades campesinas e indígenas y originarios y
sindicatos campesinos. (Art 8 de la Ley 2066)
El reconocimiento en la ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la existencia de
estas prácticas aun no adquiere la dimensión de reconocimiento de normas y autoridades
tradicionales pero sí constituye la base para el reconocimiento de derechos
consuetudinarios y en la creación de una entidad coadyuvante a la Superintendencia.
Sobre el uso del recurso hídrico
La ley 2029 era en la práctica una especie Ley de Aguas “de Contrabando” 17 pues a
pesar de referirse específicamente al sector de Saneamiento Básico (SISAB) la concesión
que se otorgaba era tanto para la prestación del servicio como del uso del recurso agua
sin distinguir ambos derechos; además de dar la facultad a la Superintendencia de
Saneamiento Básico para que “provisionalmente” otorgue concesiones para otros usos. 18
Autorización de uso de recursos hídricos y Autoridad competente del recurso agua: En la
Ley 2066 se distingue la concesión de prestación del servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario de la autorización de uso del recurso hídrico. La SISAB que se
convertía prácticamente en una Superintendencia de Aguas gracias al artículo transitorio
se limita sus funciones al derecho para uso exclusivo del agua para servicio de agua
potable y alcantarillado sanitario.
Registro de uso de recursos hídricos: En el caso de las comunidades rurales, pueblos
indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones,
organizaciones y sindicatos campesinos se obtiene un “registro” que no es mas que un
documento que reconoce el derecho de uso de estas comunidades u organizaciones; no
siendo ya necesario obtener una autorización de uso del recurso agua.
17 Expresión utilizada por algunas personas durante los debates sobre la Ley 2029.
18 “Las Concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de Recurso Hídrico, así como la
revocatoria de las mismas, serán otorgadas por la Superintendencia competente, dependiente del Sistema de
Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE). En tanto ésta sea creada, a través de la Ley de
Recurso Agua, la Superintendencia de Saneamiento Básico cumplirá dichas funciones.”.Art. Transitorio de la
Ley 2029.
34

ARTÍCULO 50º.- (DE LA FUENTE DE AGUA) El Uso y aprovechamiento de las
fuentes de agua para la prestación de los servicios de agua potable por parte de
los pueblos indígenas y originarios, las comunidades campesinas, las
asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos se reconocen, respetan y
protegen según el Art. 171 de la Constitución Política del Estado. La Autoridad
Competente del Recurso agua otorgará un documento jurídico que garantice
dichos derechos por el uso racional del recurso hídrico (Ley 2066 de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario).
Cabe señalar que el Art. 171 de la Constitución Política del Estado 19 se complementa con
la Ley 1257 ratifictoria del Convenio 169 de la OIT.
Reconocimiento de derechos comunitarios, tradicionales y consuetudinarios y el
patrimonio social
En la Ley 2029 el único derecho que se otorgaba era la concesión con características de
exclusividad del servicio, otorgada por área geográfica, tiempo máximo de 40 años,
otorgación mediante licitación pública, con cargo a la tarifa de tasa de regulación y otros
montos establecidos en el contrato de concesión. Como ya analizamos la concesión
privilegia la participación de capitales privados. Esta priorización de la participación de
capitales privados se manifiesta no solo en los marcos normativos propuestos o aplicados
por el gobierno sino también en la aplicación de esta ley en la resolución de los diferentes
conflictos de derechos a nivel local. En este sentido las organizaciones comunales vieron
la necesidad del reconocimiento legal de sus derechos. Para este fin la nueva ley 2066
constituye dos actos administrativos: el Registro y la Licencia.
Régimen de Licencias: En la ley 2066 se transforma la Licencia convirtiéndose este
permiso temporal en un derecho de carácter casi indefinido, sin obligaciones de pagar una
tasa de regulación, con otorgación por solicitud; este derecho se constituyó para los
pequeños comités, cooperativas del área urbana o municipios. El monopolio que un
concesionario tenía sobre el área de su concesión se traducía en la transferencia
obligatoria de los sistemas de provisión comunitarios (comités, cooperativas de agua
potable). La Ley 2066 protege el derecho de estos sistemas rompiendo con esta
concepción de monopolio de prestación del servicio en determinada área.
Régimen de Registros: En el caso de los prestadores del servicio en áreas rurales
(pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones,
organizaciones y sindicatos campesinos) la Ley 2066 reconoce los derechos de
prestación del servicio (como vimos anteriormente también de uso del recurso hídrico) con
un acto administrativo denominado Registro. Este Registro les permite hacer reconocer y
respetar sus derechos consuetudinarios en base a los cuales gestionan el agua.
Participación social
El hecho que la ley 2029 y sus disposiciones atenten contra las organizaciones
comunitarias y pequeñas urbanas plantéale tema de sobre la elaboración y aplicación de
19 “Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de
los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras
comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su
identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones” Art. 171 numeral I de la Constitución Política del
Estado
35

políticas públicas en el sector y en general. Por esta razón se buscó no solo la
participación social en la elaboración de la norma sino también en su aplicación, en este
sentido se buscó consolidar mecanismos que institucionalicen esta participación. Estos
mecanismos son la Opinión Técnicamente Fundamentada (OTF) y El Comité Técnico de
Registros y Licencias.
Consulta social en la toma de decisiones de la autoridad regulatoria: Opinión
Técnicamente Fundamentada (OTF): Por la centralidad e incluso posible arbitrariedad de
la autoridad reguladora se estableció un mecanismos de consulta a la sociedad civil a
través de los municipios; esta consulta se denominó Opinión Técnicamente
Fundamentada. Al introducir mecanismos de consulta se transformó la concepción de
regulación estrictamente técnica, centralizada y desde arriba hacia abajo que tenían la
superintendencia.
Entidad Coadyuvante en la otorgación de Registros y Licencias: Otro paso que se da en el
sentido de la participación social es la entidad coadyuvante a la superintendencia para la
otorgación de Registros y Licencias. Durante el debate que se realizó, al demostrar la
realidad particularmente rural y periurbana de nuestro país se concluyó que no solo se
debía reconocer y respetar los derechos de comunidades indígenas, originarias,
campesinas, pequeños comités, cooperativas, etc. sino que era preciso una instancia de
regulación y otorgación de derechos que entienda esta realidad. De esta forma se
establece una entidad a la que la superintendencia delega funciones.
Consolidación del reconocimiento de los derechos de aguas: la Ley de Riego
A partir de estos avances y mediante un largo proceso de construcción colectiva de
organizaciones sociales en Octubre del 2004 se promulgó la Ley 2878 de Promoción y
Apoyo al Sector Riego
Marco institucional descentralizado y con participación social. La ley 2878 crea el Servicio
Nacional de Riego (SENARI) que tiene la función de “regular, planificar, gestionar y
promover la inversión pública para el desarrollo de riego y la producción agropecuaria y
forestal bajo riego”(Art. 7 de la ley 2878). La estructura del SENARI es como sigue:
36

DNR
Dirección Nacional de Riego
Director nombra el SENARI
DDR
Dirección Departamental de
Riego
- Director nombra el SEDERI
IMAGEN 11: Marco institucional de Riego
SENARI
Composición:
- 4 Regantes.
- 3 Gobierno
- Secretario Director del DNR sin voto
SEDERI
- 4 Regantes
- 3 Prefectura
- Secretario director sin voto
FUENTE: Fernández, Crespo y Campanini 2005
Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación
MDSyD
Como podemos observar existe una participación mayoritaria de organizaciones sociales,
estos representantes son revocables por las organizaciones a las que representan,
ejercen su cargo por 3 años 20 . Sin embargo lo novedoso de esta propuesta de
composición mayoritaria es también el mecanismo de toma de decisiones de concertación
que relativiza esta mayoría:
b) Aprobar de manera concertada, planes y programas, presupuestos e
inversiones, gestionando, promoviendo e integrando la inversión pública para el
desarrollo del riego y la producción agropecuaria y forestal bajo riego.(Art. 10 de la
ley 2878) 21
Otro importante elemento que caracteriza esta estructura institucional es que en muchos
temas, especialmente los relativos a derechos, las decisiones se toman de “abajo hacia
arriba”. Esto quiere decir que las decisiones tomadas por autoridades locales deben ser
20 Art. 12 y 13 del Proyecto de Decreto Supremo Reglamentario a la Ley Nº 2878 sobre el Marco Institucional
21 “I.- Para fines de toma de decisiones en el Directorio del SENARI se seguirá el siguiente procedimiento:
1) Primera Instancia: Se someterá a votación la medida o asunto en discusión, debiendo contar para su
aprobación con Unanimidad, entendida como el acuerdo de todos los miembros del directorio. Si no existiese
unanimidad se procederá a la segunda instancia.
2) Segunda Instancia: Se someterá a votación la medida o asunto en discusión, debiendo contar para fines de
aprobación:
• Con el acuerdo de la mitad mas uno del total de representantes de las instituciones públicas del Directorio y
con el acuerdo de la mitad más uno del total de representantes regantes y de las organizaciones sociales y
económicas del Directorio.
• Si la medida o asunto en discusión no fuera aprobada en Segunda Instancia, se pospondrá la decisión hasta
que se logre una concertación.
II.- El abandono de hasta siete miembros del Directorio en plena sesión impedirá la puesta en ejecución del
procedimiento de toma de decisiones.” (Art. 19 del Proyecto de Decreto Supremo Reglamentario a la Ley Nº
2878 sobre el Marco Institucional)
37

espetadas y homologadas por las autoridades departamentales y nacionales. De esta
forma las autoridades y marcos institucionales locales que hasta antes de la aprobación
de esta ley podían tener legitimidad pero no eran instancias legalmente reconocidas como
autoridades en temas del agua; ahora son reconocidas por la ley 2878 y de igual forma
sus decisiones 22
Nuevos regimenes de derecho de uso del recurso hídrico: registro y autorización: Se
establece las dos formas de derecho ya propuestas en la Ley de agua potable y
alcantarillado sanitario: el Registro y la autorización.
Los registros y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
hídricos destinados al agua para riego, así como la revocatoria de los mismos,
serán otorgados por la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos. En tanto
esta sea creada, el Servicio Nacional de Riego (SENARI), otorgará y revocará los
que correspondan, de acuerdo a reglamento.
Son formas de reconocimiento y otorgación de derechos de uso de agua para
riego en el marco de lo establecido en los Artículos 171 de la Constitución Política
del Estado. 49 y 50 de la Ley No 2066 de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, las siguientes:
a) Registro: Acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del
Servicio Nacional de Riego (SENARI), reconoce y otorga el derecho de uso
y aprovechamiento de las fuentes de agua para riego a pueblos indígenas y
originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones,
organizacione s y sindicatos campesinos, garantizando jurídicamente de
manera permanente, los recursos hídricos según sus usos, costumbres.
b) Autorización: Acto administrativo mediante el cual el Estado, a través del
Servicio Nacional de Riego (SENARI), otorga el derecho de uso y
aprovechamiento de agua para riego en el sector agropecuario y forestal, a
personas jurídicas o individuales que no estén contemplados como sujetos
de registro.
(Art. 21 de la ley 2878)
2. Del los derechos al agua, al agua como un derecho
Estos avances a partir de las diferentes demandas y propuestas, construidas socialmente
como una respuesta a las políticas de mercantilización y comercialización del agua y sus
servicios, buscan defender los derechos ya existentes tanto sobre las aguas como sobre
la infraestructura de la población que tradicionalmente ha usado, gestionado y
aprovechado de este recurso natural. Cabe notar sin embargo que no en todos los casos
se ha planteado el agua como un derecho humano de forma explícita.
Se han defendido y demandado el reconocimiento de las instituciones y normas de
gestión ya existentes basados en principios tradicionales de solidaridad, equidad y justicia
22 “Las decisiones sobre fuentes de agua realizadas por las comunidades indígenas y campesinas, asociaciones
de pequeños productores agropecuarios y/o forestales, organizaciones de regantes y directorios locales de
cuenca, para fines de mejoramiento de volúmenes y caudales y otro tipo de decisiones basadas en acuerdos y
convenios entre usuarios y organizaciones de usuarios serán respetadas y homologadas por los SEDERI y el
SENARI, salvo la presentación de oposiciones debidamente fundamentadas por afectación a terceros”.(Art 24
del Proyecto de Reglamento de de la ley 2878 sobre derechos de uso y aprovechamiento de recursos hídricos
para riego)
38

englobados dentro de la denominación de usos y costumbres. El concepto del agua como
derecho humano de cierta manera se encuentra incluido dentro de la concepción de usos
y costumbres.
Box 8
La visión Andina del Agua
(CONDESAN, AGUALTIPLANO, CGIAB, CIED, INTA, IRROGA, CHILE SUSTENTABLE, CAMAREN- IDRC 2003)
El agua en la cosmovisión andina
Si bien la visión del agua en la región andina tiene particularidades de acuerdo a las distintas culturas indígenas
existentes, a la diversidad de áreas ecológicas, a las diferentes ubicaciones de las cuencas, y a los niveles de
organización social (comunidades, caseríos, parcialidades, ayllus, etc.), existen comunes denominadores que deben
de ser mantenidos y respetados.
Para los pueblos andinos, el agua es mucho más que un recurso hídrico.
El agua como ser vivo: El agua es un ser vivo, proveedor de vida y de animación del universo. Con el agua se
dialoga, se le trata con cariño, se le cría. Esta visión ha sido factor fundamental para la adecuada cosecha,
conservación y reproducción de los recursos hídricos.
El agua como ser divino: El agua proviene de Wirakocha, dios creador del universo, que fecunda la Pachamama
(madre tierra) y permite la reproducción de la vida. Es, por tanto, una divinidad que está presente en los lagos, las
lagunas, el mar, los ríos y todas las fuentes de agua.
El agua como base de la reciprocidad y complementariedad: El agua permite la integración de los seres vivos, la
articulación de la naturaleza y de la sociedad humana. Es la sangre de la tierra y del universo andino. Permite
practicar la reciprocidad en la familia, los grupos de familias y comunidades andinas. Ordena la vida de los individuos,
presenta la diferencia no como oposición sino como complementaridad, y facilita la solución de los conflictos sobre la
base de acuerdos comunitarios.
El agua como derecho universal y comunitario: El agua "es de todos y es de nadie". Pertenece a la tierra y a los
seres vivos, incluyendo al ser humano. Se distribuye equitativamente de acuerdo a necesidades, costumbres y
normas comunitarias, y según su disponibilidad cíclica.
El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad: El agua se comporta de acuerdo a los ecosistemas,
circunstancias y coyunturas, sin seguir normas rígidas. Depende del tiempo, clima, y topografía. La sociedad andina,
como el agua, está en continua apertura frente a todo lo que enfrenta, incorporando selectivamente elementos de
otras culturas y grupos humanos complementarios a su cultura.
El agua como ser creador y transformador: El agua sigue leyes naturales, de acuerdo a los ciclos estacionales y a las
condiciones del territorio. Su uso sustentable implica la generación y aplicación de conocimientos y habilidades
obtenidos durantes siglos, así como la construcción de una infraestructura hidráulica que permita cosechar y distribuir
el agua, sobre la base de una gestión mancomunada y eficiente.
El agua como recreación social: El agua es la recreación de la diversidad en el espacio y el tiempo, en las
organizaciones comunitarias, en la participación de la población, permitiendo la autodeterminación de las
comunidades, en discusión y dialogo permanente con la naturaleza.
Propuesta para la acción desde la visión andina
- El agua como patrimonio común
- El agua como dominio público
- El agua es un bien común no una mercancía
- Revalorización de saberes, tecnologías y organización andina
- Sistemas de gestión integrales y participativos
- Institucionalidad participativa y control social
- Políticas económicas adecuadas
Sin embargo a lo largo de este proceso se evidencia que la construcción de propuestas
hace cada vez más explícito y conciente el derecho humano al agua como un principio
rector de políticas, normas, instituciones y practicas a aplicarse en lo que se refiere al
agua en general y a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en particular.
39

El proceso de construcción de propuestas continúa pues si bien se han logrado consolidar
en gran medida el reconocimiento de los usos y costumbres, aun falta tomar importantes
medidas sobre la cobertura y estado de los servicios, sobre la legislación y la
institucionalidad. Actualmente uno de los más importantes procesos de construcción de
propuestas es el referido a la Asamblea Constituyente y el agua como un derecho
humano es sin lugar a dudas la base de la construcción de estas propuestas.
Box 9
AGUA, FUENTE DE SOLIDARIDAD
(“Carta pastoral: el agua, fuente de vida y don para todos”, Conferencia Episcopal Boliviana)
Principios fundamentales
Tras haber meditado sobre los problemas del agua a la luz de esta reflexión cristiana, no queda duda que el punto
central de nuestro mensaje es la necesidad de construir lazos de solidaridad para asegurar que el agua, principio
de vida, sirva ante todo a la vida de todos y que este derecho universal se garantice mediante el desarrollo de
estrategias adecuadas. Como cristianos y como Iglesia, debemos subordinar a este gran principio cualquier posible
uso mercantil de este don precioso y necesario. De este gran principio fundamental nacen todos los demás.
Un enfoque humano universal
El acceso al agua debe regularse privilegiando en primer lugar la vida de los seres humanos y de todos los seres
vivientes por encima de la producción de mercancías para el lucro.
Nadie puede apropiarse de este don necesario para la vida por razones económicas ni por otras conveniencias
particulares excluyendo a otros y nadie puede ser marginado de él por esos mismos motivos. “El agua que da vida
es ante todo de quienes la necesitan para sobrevivir. No puede quitárseles para concederla a quienes mejor la
paguen para darle otros usos más lucrativos”.
Los derechos y deberes sobre el agua son, por tanto, esencialmente comunitarios. Debemos sentirnos todos
miembros de una gran familia y compartir solidariamente, como hermanas y hermanos, este don precioso que
todos necesitamos. Debemos ir creando también una misma conciencia sobre el uso y aprovechamiento del agua y
desarrollar una conciencia de corresponsabilidad para su mantenimiento, ampliación y mejoras. Por ser este un
derecho comunitario, la carga no puede ser igual para quienes tienen necesidades iguales pero posibilidades muy
distintas. Es una carga a ser compartida de manera solidaria, de modo que, en el espíritu de las primeras
comunidades cristianas, todos aportemos algo pero de manera diferenciada según las posibilidades de cada uno y
el agua llegue a todos según su necesidad.
Por lo mismo, el manejo y regulación del agua debe mantenerse en la esfera de lo público bajo fuerte control de la
sociedad. La mejor garantía para una distribución justa y equitativa del recurso, en armonía con la naturaleza, es la
participación cada vez más consciente, activa y orgánica de los diferentes actores sociales. Más aún, esta gestión
del agua tiene, por su propia naturaleza, dimensiones universales. No se puede limitar a las fronteras de cada país.
Es necesaria una Declaración Universal del Agua, como Patrimonio de la Humanidad, para garantizar estos
principios a nivel internacional. Un problema que es mundial demanda, a su vez, el concurso multilateral de los
pueblos para encontrar soluciones justas y equitativas que convengan a todos.
Agua y medio ambiente
La condición previa indispensable para la sobrevivencia de todos los seres vivientes, es preservar y proteger el
recurso agua como un elemento fundamental de la conservación de todo el medio ambiente. La humanidad y los
Estados tienen la gran responsabilidad de hacerlo. En ello la educación debe jugar un papel fundamental para
desarrollar una conciencia orientada a la conservación y defensa de un recurso tan vital como el agua. Debemos
aprender a convivir con ella realmente como con nuestra “hermana agua”, en la bella expresión de San Francisco
de Asís.
40

3. El nuevo gobierno y sus propuestas 23
El 28 de febrero del presente año el presidente Evo Morales creó el nuevo Ministerio del
Agua a la cabeza del ex dirigente de la FEJUVE El Alto Abel Mamani 24 . Este nuevo
Ministerio tiene como principales funciones y principios los siguientes:
Atribuciones del Ministerio del Agua según la nueva Ley de Organización del Poder
Ejecutivo(cursiva nuestra):
- Formular y ejecutar una política integral y sostenible de los recursos hídricos, para
garantizar el derecho humano de acceso al agua de toda la población, y preservar el
medio ambiente respetando la diversidad cultural
- Planear y ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de servicio de agua potable
y saneamiento básico, riego y manejo de cuencas, aguas internacionales y
transfronterizas, así como el aprovechamiento de todos los usos del agua
- Tener tuición, participar e intervenir en la regulación de los diferentes usos del agua y
servicios básicos de agua potable y saneamiento básico.
- Presidir y asumir la representación del poder ejecutivo en el Servicio Nacional de Riego
(SENARI) y Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG)
- Diseñar y desarrollar la Estrategia Nacional del Agua y de los recursos hídricos, en
función de la estrategia de defensa de la soberanía y seguridad nacionales
- Coordinar los planes nacionales, departamentales, regionales y municipales en todos
los usos y servicios del agua.
Son visión y misión del ministerio del agua:
TABLA 18: Visión y Misión del Ministerio del Agua
Visión del Ministerio del Agua
Bolivia realiza una gestión equitativa, participativa, sostenible y recreativa de los
Recursos Hídricos y sus servicios, contribuyendo efectivamente al desarrollo social y
económico de nuestra sociedad pluricultural y multiétnica y la conservación del medio
ambiente.
Misión del Ministerio del Agua
Satisfacer las necesidades de agua básicas y productivas de la población y biodiversidad
actual y futura tanto en calidad como cantidad, mejorando la disponibilidad, acceso
equitativo, solidario y universal y calidad de los Recursos Hídricos y sus servicios en el
marco de la Gestión Social e integral respetando las formas de organización naturales de
poblaciones y de las comunidades indígenas y campesinas.
FUENTE: Ministerio del Agua 2006
Se mencionan además como principios del accionar de este nuevo ministerio:
23
Elaborado en base a la presentación del ministerio del agua frente a la cooperación internacional el 8 de
febrero del presente año.
24
Abel Mamani fue presidente de la FEJUVE El Alto principal organización que demandó y se movilizó por
la salida de Aguas del Illimani y que finalmente terminó el Decreto Supremo 27973 que dispone “…el inicio
de las acciones para la terminación del contrato con Aguas del Illimani...”. Proceso que actualmente se lleva
a cabo.
41

1. Bolivia reconoce el acceso al agua como un derecho humano y de todos los seres
vivos en su territorio, basado en los conceptos de justicia, solidaridad, equidad,
diversidad y sostenibilidad.
2. El agua es un bien de dominio público
3. El agua es un Recurso Natural, vital, finito y vulnerable y su uso cumple una
función social, ambiental, cultural y económica.
4. El Estado privilegia y fomenta el uso social 25 de los Recursos Hídricos sobre el uso
comercial 26 .
5. La cuenca es la unidad básica de planificación y Gestión de los Recursos Hídricos
6. El Estado reconoce el uso social y ancestral de las comunidades campesinas,
indígenas y originarias del país, respetando y protegiendo sus derechos de aguas,
sus autoridades consuetudinarias y sus usos y costumbres (conocimientos
tradicionales y prácticas de protección del agua).
7. La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos prioriza el consumo humano, la
producción agropecuaria y las necesidades de la biodiversidad.
8. La Gestión de los Recursos Hídricos debe ser integrada a través de espacios
descentralizados de decisión democrática y participativa.
9. El conocimiento y la información sobre los Recursos Hídricos y sus servicios son la
base para su gestión, siendo su acceso democrático y transparente.
Como podemos observar el agua como un derecho constituye el principio primero del
nuevo Ministerio del Agua. Observando además el organigrama de este ministerio llama la
atención la presencia del Consejo técnico social como instancia participativa de la
sociedad civil y además como se refleja en una dirección al interior de la estructura del
ministerio la importancia que tuvo la lucha en defensa de los derechos de aguas.
IMAGEN 12: Organigrama del Ministerio del Agua
Este consejo es el espacio en
el que de forma conjunta
sociedad civil , con sus
organizaciones sociales e
instituciones, participan en la
toma de decisiones
estratégicas
El Consejo Interinstitucional
del Agua es el espacio en
el que los diferentes
sectores se reunen para
consensuar posiciones
sobre el uso del recurso
hídrico.
CONSEJO
TÉCNICO SOCIAL
CONIAG
VICEMINISTERIO DE
SERVICIOS BÁSICOS
FUENTE: Ministerio del Agua 2006
MINISTRO DEL
AGUA
VICEMINISTERIO DE
RIEGO
Dirección
administrativa
Dirección jurídica
Direcciónde
comunicación
Unidad de
planificación
Equipo de apoyo
Dirección de
derechos de agua e
información técnica
Esta dirección tien como
objetivo principal la
regularización de los
derechos de agua,
reconociendo y respetando
los ya existente.
VICEMINISTERIO DE
CUENCAS Y
RECURSOS
HÍDRICOS
25
Uso Social: Uso para satisfacer las necesidades de la población y la biodiversidad.
26
Uso Comercial: Actividades privadas que tienen como objetivo principal generar lucro sobre los Recursos
Hídricos.
42

D. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO
AL AGUA EN BOLIVIA
Sin lugar a dudas el reto que debe enfrentar este nuevo gobierno, en cuanto al derecho
humano al agua, va más allá del establecimiento de principios. Los altos índices de déficit
de cobertura en agua potable y particularmente en alcantarillado sanitario y plantas de
tratamiento hacen que el derecho al agua pase por la mejora de estos índices. Estas
posibles soluciones pasan por grandes inversiones a realizar tanto para la expansión de
coberturas, construcción de nuevos sistemas, reposición de los antiguos, grandes obras
de captación aguas y de tratamiento tanto de aguas crudas como de aguas residuales.
De igual forma es preciso mejorar las capacidades de gestión de las EPSAs ya existentes.
Gran parte de las deficiencias en el servicio que repercuten sobre el acceso al servicio ya
sea con un servicio de mala calidad o con un impacto económico en la tarifa que afecta la
accesibilidad al servicio. Preocupa también el impacto de una planificación financiera
inadecuada sobre la falta de reposición de sistemas como ya está ocurriendo en muchas
EPSAs 27 . Para lograr esta mejora en las capacidad es preciso asistencia técnica para las
EPSAs.
Como observamos las inversiones para infraestructura como para asistencia técnica son
montos elevados. Aquí debemos mencionar los siguientes datos que plasman una de las
dificultades de fondo. En los últimos años gran parte de la inversión y en algunos casos
incluso gastos de funcionamiento de algunas entidades estatales se ha realizado con
fondos de la cooperación internacional
27 Esta falta de reposición o en otros casos falta de inversión adecuada en tiempo y monto se denomina rezago
inversor, en muchas ocasiones este rezago inversor se expresa en grandes proyectos que requieren una urgente
ejecución o en grandes deudas que no están contempladas dentro de la estructura tarifaria.
43

AÑO
TABLA 19: Financiamiento externo e inversión pública en
Bolivia ejecutada en saneamiento básico (en millones de
DESEMBOLSOS
FINANCIAMIENTO
EXTERNO
dólares)
INVERSIÓN
PÚBLICA
EJECUTADA
PARA
SANEAMIENTO
FINANCIAMIENTO
EXTERNO COMO %
DE LA INVERSIÓN
PÚBLICA
EJECUTADA
1992 24,9 34,0 73,2%
1993 42,5 35,2 120,7%
1994 26,2 36,3 72,2%
1995 22,9 45,6 50,2%
1996 50,6 84,1 60,2%
1997 59,7 79,8 74,8%
1998 47,9 82,5 58,1%
1999 54,0 98,9 54,6%
2000 42,9 91,2 47,0%
2001 26,1 74,5 35,0%
2002 20,9 45,4 46,0%
2003 40,1 33,6 119,3%
2004* 28,1 45,0 62,4%
TOTAL 486,8 786,1 61,9%**
* Preliminar
** Promedio para el periodo 1992-2003
FUENTE: VSB 2005(b):43 en base a Informe VIPFE 2004
Esta alta dependencia de la cooperación internacional viene con determinadas
condiciones no solo crediticias o financieras, sino también con condiciones políticas:
44

TABLA 20: CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA EL
SECTOR DE SANEAMIENTO
FUENTE
Org.
Multilaterales
MODALIDAD
TASA DE
INTERÈS
%
COM.
SERV.
%
COM.
COMP.
%
PLAZO
AÑOS
AÑOS
GRACIA
Banco
Mundial
Reembolsable 0,75 0 0 – 0,5 40 10
BID Reembolsable 0,75 0,5* 10,0** 40 10
BIRF Reembolsable 0,85 (4
años)
0,75 (desde
5to)
25 7
CAF Reembolsable Libor +3,5 0 0,75 12 3
No
reembolsable
a 3,75
FONPLATA*** Reembolsable Libor 6 1 – 1 – 0,75 Hasta 20 3
meses
Libor + 2-
0,2
0,75
FIDA Reembolsable 0,75 1,0 0 40 10
OPEC Reembolsable 2,75 0 1,0 17 5
Fondo Reembolsable 0 0,75 0 40 10
Nórdico
desarrollo
Org.
bilaterales
de
JBIC – Japón Reembolsable 3,0 0 0 30 10
Alemania
KFW
– Reembolsable 0,75 0 0,25 40 10
USAID Reembolsable
No
reembolsable
2 – 4 26 5
FAD España Reembolsable 2,5 - 0,5 30 11
OCDE Reembolsable 7,0 0 0,5 5 - 7 0
Francia Reembolsable 0,6 0 0 15 3
Italia Reembolsable 1,0 0 0 17 5
China Popular Reembolsable
No
reembolsable
3,0 0 0 20 10
Taiwán Reembolsable 5,0 0 0 10 2,5
* Para el BID se trata de Comisión de Crédito que comenzará a devengarse a los
12 meses a partir de la fecha de aprobación
** Para el BID se trata de recursos por inspección y vigilancia
*** Las tasas varían de acuerdo al monto, al tipo de programa y al plazo, se
incrementa un % en cada caso
FUENTE: VSB 2005(b):44 en base a Informe VIPFE 2004
45

La influencia que algunos organismos han tenido sobre las políticas ha sido determinante
al punto de transformar el sector en su totalidad. Y son justamente algunas de estas
medidas las que han ocasionado los mayores conflictos: como ejemplo mencionamos el
modelo de gestión de recursos naturales (concesión y superintendencia) que se aplicó
como una condición de la condonación de la deuda por parte del Banco Mundial y el
modelo de EPSA SAM aplicado como un proyecto de la cooperación alemana GTZ.
46

TABLA 21: Saldo de la deuda pública externa según
acreedor (en millones de dólares)
DIC. 2003 30 SEPT
2004
TOTAL 5.041,72 4.669,6
OFICIALES 5.038,90
1. Multilaterales 4.218,16 4.343,6
Fondo Monetario Internacional FMI 276,51 305,1
Banco de Inversión y Refinanciamiento BIRF 0
Asociación Internacional de Fomento IDA 1.571,25 1.636.1
Banco Interamericano de Desarrollo BID 1.626,48 1.591.1
Corporación Andina de Fomento CAF 640,64 700.6
Banco Internacional de Ahorro y Préstamo BIAPE 0,87 0,7
Fondo de Desarrollo de Cuenca del Plata FDCP 27,09 32,4
Organización de Países Exportadores de Petróleo 17,95 17,1
OPEP
Fondo Andino de Reservas FAR 0 0
Fondo Internacional para el Desarrollo Rural FIDA 41,11 40.7
Fondo Nacional de Desarrollo FND 16,26 17,0
2. Bilaterales 820,73 325,5
Gobiernos 820,73 325,5
España 130.9 129,3
Brasil 73,5 80.9
Japón 567,6 66,8
Francia 17,2 15,7
China 16,3 15,6
Alemania 9,6 10,3
Italia 3,8 6,5
Corea del Sur 0,4 0,4
Canadá 1,4 0
3. Privados 2,82 0,5
Bonos nueva emisión 1,82
Proveedores 1,00
Bancos del exterior 0
FUENTE: VSB 2005(b):54 en base Banco Central de Bolivia. Boletín estadístico
del sector externo. Diciembre 2004.
Está alta dependencia económica del país y del sector de cooperación internacional es sin
lugar a dudas una de las principales limitantes para resolver muchos problemas. El rol del
Estado en el financiamiento del sector, y las posibilidades de hacerlo, es uno de los
principales temas a debatir en los siguientes años.
A pesar de esta dependencia es justamente en el plano de las políticas y normas sobre el
servicio y el recurso donde se han realizado los mayores avances en el reconocimiento
del derecho al agua; que ha costado a las organizaciones embargo múltiples conflictos,
muchos de ellos violentos. Si bien la lucha por el reconocimiento del derecho humano al
agua no comenzó como tal en el caso de nuestro país, la experiencia histórica cultural de
Bolivia de la colonia y posteriormente de la república tornó la lucha por el acceso al agua
como defensa de los derechos al agua ya existentes, incluyendo las normas e
institucionalidades que estos comprenden. Este proceso ha demostrado que el
47

econocimiento del agua como un derecho y de otros derechos pasa por el
reconocimiento de factores culturales, identitarios, económicos y sociales.
Aun falta hacer cumplir normativa ya existente sobre la alarmante contaminación minera e
industrial y pasa lo miso con la contradictoria normativa referente a derechos de uso del
recurso hídrico. Son los principales desafíos en este sentido una Ley de Aguas que norme
la relación entre sectores, que conforme una autoridad nacional de aguas con
mecanismos de participación social. De igual forma con la asamblea constituyente se abre
mas fácilmente la posibilidad que se instituyan principios constitucionales que respeten el
derecho humano al agua.
La alta dependencia internacional del sector en Bolivia también nos trae frente al tema del
los tratados de libre comercio y de protección a las inversiones. La experiencia de Aguas
del Tunari y de la demanda arbitral ante el CIADI, al igual que la situación de Argentina
con un 19% de las demandas arbitrales sobre saneamiento básico, nos adelanta algunos
de los posibles problemas que debemos enfrentar en lo que respecta a este tema.
48

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del Plan estratégico. La Paz, VSB.
50

1. Introdução:
Indicadores de Acesso à Água no Brasil
>
José Augusto Guterres
Terra de Direitos
Considerando que “a água doce é elemento essencial ao abastecimento do consumo humano, ao
desenvolvimento de suas atividades industriais e agrícolas, e de importância vital aos ecossistemas” 1, é de se
preocupar que 97,5% do volume total de água na Terra, cuja população ultrapassa os 6 bilhões de pessoas,
sejam formados por água salgada dos mares e oceanos 2 , ou seja, que somente 2,5% sejam consumíveis pelos
humanos.
Como se sabe, destes 2,5%, o Brasil é detentor de aproximadamente 12%, através de uma imensa
riqueza de bacias hidrográficas e águas subterrâneas. O Brasil é o país com a maior área úmida continental,
citando-se, para isso demonstrar, o Pantanal Mato-grossense e as florestas alagadas da Amazônia, bem como o
subsolo das regiões sul, sudeste e centro-oeste, onde se encontram 70% da maior reserva de água subterrânea
do mundo – o Aqüífero Guarani.
Não obstante a abundância de água no território brasileiro, problemas históricos relativos ao acesso à
água, saneamento ambiental e energia elétrica (que no Brasil é produzida quase em sua totalidade por usinas
hidrelétricas) ainda não foram resolvidos, sendo que a estes problemas vêm sendo acrescentados vários outros,
de modo não muito diferente do que se observa em inúmeros países empobrecidos em redor do globo,
decorrentes em sua maioria da imposição de um determinado modelo de gestão econômica.
Com efeito, a má distribuição e o baixo aproveitamento dos recursos hídricos no Brasil são uma
constante, principalmente no que se refere a potenciais alternativos mais baratos, como a captação de águas da
chuva. Ademais, o Brasil sofre com graves problemas de poluição de seus rios e mananciais, com desmatamento
desenfreado, e com a exportação involuntária (ou não contabilizada) de água junto com seus produtos, tudo isso
provocando um acelerado escasseamento de seus recursos hídricos.
2. Panorama Legislativo e a Água como Bem Econômico:
De início, é importante ter em conta um panorama geral da legislação nacional, para então analisar a
realidade dos sistemas de abastecimento de água, saneamento de resíduos e geração/distribuição de energia
elétrica, assim como apontar algumas de suas vicissitudes.
1 REBOUÇAS, Aldo da Cunha. Água doce no mundo e no Brasil. In: REBOUÇAS, Aldo da Cunha; BRAGA, Benedito;
TUNDISI, José Galizia. Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras, 1999. p. 01.
2 Idem. p. 7.

A proteção da água em nível constitucional advém em primeiro lugar da que é conferida ao “meio
ambiente”, no artigo 225, caput, da Constituição Federal 3 , norma que denota a intenção dos constituintes de
traduzir o equilíbrio ambiental em direito humano fundamental, a ser efetivamente protegido e legado para as
gerações futuras. A partir daí, deve-se entender que a água é um bem de uso comum do povo, o que,
conseqüentemente, a torna inalienável (caráter, todavia, que não garante por si só que outros meios de
apropriação privada não sejam perpetrados, como se verá).
Em âmbito infraconstitucional, inúmeras são as normas com o escopo de regular a gestão e distribuição
da água. Entre elas, merecem destaque a Lei 9433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH), e a Lei 9984/00, que cria a Agência Nacional de Águas (ANA), afinal são as que, abaixo da Constituição,
fixam princípios e traçam normas de caráter mais geral que deverão ser observadas pelos demais diplomas
legais.
Além destas, é também pertinente citar o Código Florestal (Lei 4771/65), que, entre outras coisas,
determina a obrigatoriedade de mata ciliar (área do entorno com vegetação nativa) em praticamente todos os
corpos hídricos. Infelizmente, tal norma sempre foi uma das mais desrespeitadas em todo o território brasileiro,
seja pelo desconhecimento da população, falta de fiscalização e conivência de órgãos ambientais, seja até
mesmo pela deliberada omissão de governos locais quanto ao assunto. Ultimamente, contudo, vem sendo
possível observar ações de alguns governos e sobretudo do Ministério Público no sentido de uma maior
efetivação desta regra, que, se devidamente cumprida, possibilitaria maior proteção à biodiversidade, na medida
em que se estabeleceriam corredores genéticos, e principalmente aos corpos hídricos, posto que seu
assoreamento reduziria bastante.
Mas voltando à Lei 9433/97, é relevante citar alguns de seus fundamentos, postos no artigo 1º: “I – a
água é um bem de domínio público; II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; III – em
situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de
animais; IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V – a bacia
hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades”.
Tais fundamentos inegavelmente se constituem em valiosos instrumentos para a efetivação do direito
humano fundamental de acesso à água de boa qualidade. Efetivamente se reconhece que a água é um bem de
domínio público, sendo, além disso, que a gestão dos recursos hídricos tomada por bacias hidrográficas e através
de processos que garantam a participação popular é também importante para a tomada de decisões condizentes
com as realidades locais. Chama a atenção, porém, o inciso II, que afirma ser a água um bem dotado de valor
econômico.
Em verdade, isso parece entrar em choque com a concepção, já visto que adotada pelo ordenamento
brasileiro, de que o acesso à água é um direito fundamental.
De fato, o princípio amplamente difundido atualmente da água como bem econômico, assim como outras
concepções, idéias e inventos humanos, possui suas vantagens e desvantagens. A principal vantagem apontada
seria um uso mais racional da água, obrigando os grandes usuários, como as indústrias eletrointensivas, a
prestarem uma contrapartida pelo uso de tão importante recurso natural. Já as desvantagens podem ser
inúmeras, se o princípio não tiver uma adequada aplicação, com vistas ao bem-estar público. Ocorre, porém, é
3 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

que na agenda política mundial o discurso da água como bem dotado de valor econômico parece estar mais
associado a interesses financeiros que à necessidade de prover seu acesso aos mais necessitados. 4
Lembre-se que o fenômeno de minimização do Estado, aquele que diminui a atuação estatal na
economia e no direcionamento dos bens e serviços essenciais à manutenção da sociedade, sob o principal
argumento de que o Estado é ineficaz para garantir o que é proposto pelo “pacto social”, já é comum em quase
todo o mundo, com bastante ênfase no Brasil. Dessa forma, a minimização e desregulamentação do Estado já
ocorreram com diversos serviços públicos essenciais, como a geração e distribuição de energia elétrica,
telecomunicações, entre vários outros.
Daí que a consideração da água como bem econômico exige uma enorme cautela em sua
implementação prática, sobretudo da sociedade civil, que deve exigir de modo inarredável sua efetiva
participação nos espaços já existentes, assim como a ampliação e variação de espaços de gestão democrática.
Sobre este assunto, em geral, ainda não há muita coisa de concreto, a não ser a citada possibilidade já
posta em lei para cobrança da água em si, e não só do serviço de captação e distribuição como sempre ocorreu.
Por isso não ultrapassa muito o campo especulativo a questão posta se este instrumento vem consolidar uma
política que não cessa de ser implementada em todos os setores no Brasil de minimização estatal e relativização
de direitos básicos, ou se vem a contribuir para a garantia do acesso à água pelo povo. O que se sabe, contudo,
é que no processo histórico brasileiro a corda sempre rompeu do lado mais fraco; é dizer, do povo.
Como comentado, o que se paga atualmente na maior parte do Brasil é simplesmente a prestação dos
serviços de captação de água e o seu tratamento, seja para empresas públicas dos Estados, seja para empresas
privadas concessionárias deste serviço público. Isso com exceção da Região Metropolitana de Fortaleza/CE e da
Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que abrange uma parte do território dos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, locais onde já é cobrado o preço da água em si (somado ao de seu tratamento e
captação). Além destas regiões, recentemente a Assembléia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei
que estabelece a cobrança pelo uso da água no estado, chegando ao fim um processo de elaboração legislativa
que já durava 7 anos. 5
Entre exemplos de projetos de lei atinentes à água que atualmente tramitam no Congresso Nacional
brasileiro, são pertinentes os seguintes: PL 4810/05, para limitar o destino de recursos para combate à seca (na
medida em que somente os estados e municípios que possuem programas de combate à desertificação poderiam
receber recursos federais do Programa de Ação Nacional para o Combate à Desertificação e Mitigação dos
Efeitos da Seca – PAN-Brasil); PL 4669/04, prevendo recursos para preservação de mananciais, através da
utilização de parte da arrecadação das contas de água em projetos de preservação de mananciais; PL 4628/04,
4 “(...) as discussões, na atualidade, estão centradas no reconhecimento do valor econômico da água e não em sua
dimensão social. Nos últimos eventos internacionais, organizados para abordar a crise mundial da água, ficou nítida a
polarização nesses debates; de um lado, se alinham os interesses do capital financeiro internacional e das grandes
empresas multinacionais, que exploram a água, insistindo no reconhecimento da água como um bem econômico e
reivindicando que sua administração seja confiada ao mercado; de outro lado, organizações sociais se posicionam
contrárias à privatização dos serviços de água, postulando o reconhecimento do direito à água e a democratização da sua
gestão”. (IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney. Água: um direito fundamental ou uma mercadoria? In:
BENJAMIN, Antonio Herman (Org.). Direito, água e vida. São Paulo: Imprensa Oficial, 2.003. 1 v. p. 385/386).
5 “Pela nova lei, agricultores, indústrias, empresas de abastecimento e os consumidores domésticos, que utilizem mais do
que 10 m³ mensais, deverão pagar pelo uso da água, a partir de março. Cada metro cúbico custará, no máximo, R$ 0,01. A
cobrança é um instrumento que permitirá aos comitês de bacias hidrográficas o controle da exploração dos reservatórios
e, a longo prazo, a criação de fundos capazes de assegurar investimentos em obras para a recuperação de rios, córregos,
represas e matas ciliares nas próprias bacias” (Revista Consultor Jurídico, 19 de dezembro de 2005. Disponível em:
http://conjur.estadao.com.br/static/text/40365,1).

que pretende criar Programa de Conservação da Água, obrigando as concessionárias de serviços de
abastecimento de água e de geração de energia elétrica a investirem em proteção e preservação ambiental; há
também uma proposta de Emenda Constitucional, a PEC 424/02, que pretende criar o fundo de revitalização da
bacia do rio São Francisco, com o fito de assegurar o abastecimento, a preservação dos recursos hídricos e o
desenvolvimento sustentável do rio; ainda, o PL 79/03, com o intuito de atribuir à Agência Nacional de Águas
(ANA) a responsabilidade de elaborar relatórios anuais sobre a situação dos recursos hídricos no Brasil; PL
4308/04, que torna obrigatória a aplicação integral dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos
recursos hídricos na própria bacia hidrográfica em que foram gerados, tendo em conta que pela legislação
vigente a verba deve ser aplicada prioritariamente (mas não obrigatoriamente) na bacia hidrográfica em que foi
gerada; finalmente, o PL 5104/05, que pretende tornar crime a prática de hidropirataria, ou seja, a captação de
água não autorizada pelo poder público e seu transporte para águas internacionais ou para território de outro país
para utilização comercial, consumo ou pesquisa científica, estipulando pena de prisão de dois a quatro anos para
o infrator, que também fica sujeito a multa, considerando que atualmente, de acordo com a Lei 9433/97, a
captação não autorizada de água doce constitui infração cuja multa máxima é de apenas R$ 10 mil. 6
É de destaque, ainda, que no dia 30 de janeiro do ano corrente o Brasil se tornou o primeiro país da
América Latina a ter um plano de recursos hídricos, cumprindo, portanto, uma das metas acordadas com a
Organização das Nações Unidas e com a Cúpula Mundial de Joanesburgo para o Desenvolvimento Sustentável
(Rio + 10), que havia estipulado o ano de 2005 para que os países apresentassem seus planos de gestão
integrada de recursos hídricos. Apesar do pioneirismo (que se deve na verdade à omissão dos demais países),
algumas fragilidades já vêm sendo apontadas no plano. Constata-se, em suma, que em sua elaboração foi dada
uma ênfase maior do que se devia a interesses privados de empresas que promovem saneamento básico e
construção de barragens, em detrimento do reconhecimento do incondicional direito dos povos ao acesso à água;
ademais, também não há o reconhecimento da importância da água para a manutenção de toda a biodiversidade
e também não se vislumbram instrumentos práticos para se evitar o desperdício. 7Além disso, o debate sobre o
conteúdo do Plano Nacional de Recursos Hídricos atingiu poucas organizações da sociedade civil através das
audiências públicas no Brasil, necessitando ainda de um trabalho de divulgação, informação e capacitação na
temática.
Mas num espectro geral, finalmente, infere-se que o Brasil possui uma legislação sobre ambiente e água
com características boas do ponto de vista da participação popular, visto que tal participação se encontra
respaldada desde a Constituição até os comitês de bacias. Falta, todavia, vontade política dos governos para
fazê-los funcionar tal como previstos, assim como também há uma certa inércia na maior parte da sociedade civil,
que tem a prerrogativa de ocupar muito mais espaço na gestão das águas e não o faz.
De outro giro, é claro que existem exceções a esta inércia, de modo que hodiernamente constata-se a
presença de expressivos movimentos sociais e associações civis direta ou indiretamente reivindicando o direito
humano fundamental de acesso à água de boa qualidade e os benefícios que ela pode trazer. Exemplo de nível
nacional e que já possui uma rica história de luta e resistência é o Movimento dos Atingidos por Barragens, que
será abordado mais adiante. Diversos encontros para difundir a importância da água para os povos e os perigos
de sua mercantilização também vêm sendo promovidos constantemente no Brasil. Exemplo recente é o Encontro
6 Disponível em: www.camara.gov.br. Acesso em 9 de fevereiro de 2006.
7 Em entrevista à Agência Carta Maior, em 3 de fevereiro de 2006, Glenn Switkes, representante da International Rivers
Network, afirma: “Tenho dúvidas de que vai mudar muito, devido a um conjunto de interesses de grupos que promoveram o
projeto (...) O plano tem forte conotação de legitimar o setor interessado em explorar e mercantilizar o uso da água
disponível (...) A impressão que eu tenho é que a água é vista como recurso estratégico e que o Brasil tem que se inserir
primeiro para dominar recursos geopolíticos”.

de Fortaleza-CE “por uma Nova Cultura da Água na América-Latina” 8 , realizado nos dias 5 a 9 de dezembro de
2005; além deste, é de destaque o Seminário Internacional ocorrido em Foz do Iguaçu-PR intitulado “Aqüífero
Guarani: Gestão e Controle Social” 9, onde se debateu, entre outras coisas, a importância de uma maior
participação popular na proteção e gestão do Aqüífero Guarani.
3. O Projeto de Transposição do Rio São Francisco:
Usando como gancho esta questão da participação popular e da crescente insurgência de movimentos
sociais contra o processo de mercantilização da água, um caso ocorrido há pouco tempo e que continua longe de
um desfecho é bastante emblemático e sintetiza o atual conflito de interesses no Brasil, capitaneados de um lado
pelos emergentes empresários do “agronegócio” (que precisam da água para irrigação de suas monoculturas),
assim como pelos tradicionais empreiteiros (que, claro, pretendem firmar contratos com a administração pública);
e de outro lado pelos cidadãos comuns, preocupados como o ambiente e com o acesso à água. Trata-se da
famosa “transposição do rio São Francisco”.
Este rio é um dos maiores do Brasil, atravessando vários de seus Estados, desde sua região central até
parte do nordeste, região mundialmente conhecida por sua carência de água e por sua população carente,
sempre à mercê das manipulações eleitorais historicamente perpetradas pelas oligarquias regionais,
manipulações realizadas através da aplicação do binômio disponibilização/racionamento da pouca água
existente.
Já há décadas que os mais diversos governos federais e locais discursam demagogicamente sobre a
importância de uma obra de transposição de um expressivo volume de suas águas para abastecer a seca região
do nordeste, a fim de “beneficiar as famílias carentes”. Ocorre é que tal projeto sempre foi muito criticado (e com
grande parcela de razão, diga-se de passagem), essencialmente porque tal obra demandaria um montante
enorme de dinheiro público, ao passo que os impactos ambientais seriam gravíssimos, sem minimamente
resolver o problema da falta de água, sendo, ainda por cima, que para isso haveria outras possibilidades muito
mais simples e viáveis (como a construção de cisternas e a perfuração de poços). Sem levar tudo isso em
consideração e adiantando-se a um amplo debate sobre a questão, o governo brasileiro se apressou em solicitar
o licenciamento do empreendimento, já sinalizando o início das obras.
Esta atitude do governo, na atualidade, traz em seu bojo, além dos problemas sucintamente traçados
acima, o relativo à gestão das águas da transposição do rio São Francisco. Aliás, um dos mais graves. Roberto
Malvezzi, integrante da Coordenação Nacional da CPT (Comissão Pastoral da Terra) é contundente na crítica ao
projeto, entre outros motivos, pela forma de gestão das águas a ser implementada: “Nessa questão da
8 As primeiras palavras de seu documento final, a Declaração de Fortaleza, bem expressa o anseio hoje vigente no seio do
povo latino-americano e, nomeadamente, do brasileiro: “A água é essencial para a vida no planeta e, portanto, para as
sociedades humanas. Reivindicamos o acesso à água saudável como um direito humano”.
9 Uma das considerações de seu documento final, a Carta de Foz do Iguaçu, aponta “Que o acesso à água é um direito
humano fundamental, direito cultural, direito social inalienável, e como tal, deve ser objeto de políticas públicas que
garantam o acesso da água à população”; demais disso, três de suas conclusões são centrais: “O uso sustentável e a
conservação das reservas do Aqüífero Guarani devem ser realizados tendo como princípio a soberania territorial de cada
país sobre seus recursos naturais”; “Os países membros do Mercosul deverão estabelecer amplas políticas de intercambio
de informações técnicas sobre o Sistema Aqüífero Guarani e divulgá-las livremente nas línguas dos paises membros,
garantindo o acesso a todos os interessados”; “Ademais do controle político institucional, é imperativo o estímulo, a
implantação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão pública e controle social de todas as iniciativas relativas ao
aproveitamento e proteção do Aqüífero Guarani, incluindo-se nesse objeto de controle, as atividades, em realização ou
propostas, frutos de cooperação no âmbito do Mercosul, com terceiros países ou com organismos internacionais”.

transposição não há espaço para ingenuidade e nem meio termo. Quem apoiar a transposição estará apoiando,
no futuro, a privatização e mercantilização de toda água nordestina”. 10
É que será necessária a criação de uma empresa (que poderá ser privada) para vender a água do rio
para os estados nordestinos. Da mesma forma, em cada um destes estados deverão ser criadas outras empresas
(que também poderão ser privadas) para comprar a água e revender para os usuários. O termo usuários engloba
irrigantes, criadores de camarão, indústrias, e empresas de saneamento. Estas, as empresas de saneamento, por
sua vez, é que são responsáveis pelo abastecimento humano. Assim, inegavelmente todo este processo
contribuirá, se efetivado, para a mercantilização do bem água, que por enquanto não é cobrado per si (como já
explicado).
Deste modo, seu preço poderá sair bem caro aos consumidores finais, na medida em que abarcará o
trabalho de captação da água, sua venda às empresas estaduais, e, após isso, aos usuários, os quais,
logicamente, repassarão tais preços aos consumidores finais, sem olvidar o lucro de cada entidade no decorrer
do processo. No meio de toda esta “cadeia produtiva”, inclusive as águas da chuva serão mercantilizadas, pois as
águas da transposição serão despejadas exatamente nos grandes açudes que abastecem a região Norte e
Nordeste, que estocam as águas da chuva e foram construídos com dinheiro público, a serviço do povo. Tais
açudes serão repassados ao patrimônio das empresas, de modo que as águas da chuva captadas serão
mercantilizadas da mesma forma que as do São Francisco.
Insurgindo-se contra todos estes grandes problemas, nacionalmente tomou vulto uma grande comoção
da sociedade civil, na tentativa de imediatamente barrar tais ações governamentais. Com este intuito, dada a
gravidade da questão, o Frei Luis Flávio Cappio, bispo diocesano de Barra, historicamente um ferrenho defensor
do Rio São Francisco, iniciou greve de fome anunciando que era capaz de “levá-la às últimas conseqüências”, e
que só iria terminá-la no momento em que o governo desistisse completamente do projeto, ao menos até que um
debate sério se realizasse no país. A repercussão de sua atitude foi grande, e, após muita negociação, inclusive
com intervenção pessoal do Presidente da República, o governo se viu obrigado a recuar sua posição e
convenceu o Frei a não seguir adiante.
O debate, ao menos oficialmente, ainda não se instalou, inclusive porque isso não é de interesse dos que
de fato querem se beneficiar com a transposição (empresários do ramo do agronegócio, da construção civil, da
distribuição de águas, bem como seus representantes dentro do governo), mas o número de adeptos à causa de
Frei Luis Cappio aumentou bastante. Não obstante, como dito acima, este caso ainda está longe de um desfecho,
vez que reiteradamente lançam-se notícias demonstrando que a gana por parte do governo e de outros “donos do
poder” de levar a cabo as obras de transposição ainda não arrefeceu.
4. Aqüífero Guarani:
“O aqüífero Guarani é talvez o maior manancial transfronteiriço de água doce subterrânea do planeta,
estendendo-se desde a Bacia Sedimentar do Paraná até a Bacia do Chaco-Paraná (...)”. Como se sabe, ele
possui uma extensão total de cerca de 1,2 milhões de km², numa área de incidência de quatro países,
distribuindo-se, assim, em: 840.000 km² no Brasil; 225.500 km² na Argentina; 71.700 km² no Paraguai; e 58.000
km² no Uruguai. 11 Para se ter uma melhor noção da grandeza de sua área de incidência, ela é maior que os
territórios da França, Portugal e Espanha juntos. 12
10
MALVEZZI, Roberto. A gestão das águas do rio São Francisco. In: Jornal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ano
XXIV, nº 259, fevereiro de 2006. p. 3.
11
Disponível em: Acesso em: novembro de 2003.
12
Revista CREA-PR, p. 16, fev/mar. 2.003.

No Brasil, é albergado por oito estados, quais sejam, em ordem da maior para a menor extensão, o Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, e Mato Grosso.
Diante desta magnitude, logo se apreende sua importância estratégica para um projeto de
desenvolvimento brasileiro e latino-americano, seja sob que modelo ou lógica for. Não obstante, a preocupação
com a proteção e gestão do Aqüífero vem tomando maiores proporções somente nos últimos tempos, sendo que
ainda é muito grande o desconhecimento por parte da sociedade em geral a respeito do que seja o Aqüífero
Guarani.
Enquanto isso, a despeito de suas águas figurarem entre as mais puras do planeta (graças ao processo
de filtragem oriundo de seu tipo de formação rochosa), o Aqüífero Guarani está sendo cada vez mais ameaçado,
essencialmente pelas seguintes causas: desmatamento das matas ciliares das áreas de afloramento do aqüífero;
infiltração dos mais diversos tipos de agrotóxicos que insistentemente são lançados nas lavouras brasileiras;
infiltração do chorume de lixões, os quais, via de regra, não recebem o devido tratamento nas cidades brasileiras;
infiltração de dejetos oriundos da suinocultura; nos centros urbanos, depósito de resíduos industriais e
municipais, e vazamentos de esgotos.
Aqui, cabe elencar separadamente um grande problema que vem se instalando nos países empobrecidos
e principalmente no Brasil. É a questão do “reflorestamento” para seqüestro de carbono e produção de celulose,
que na verdade se constitui em nada mais nada menos que no plantio de imensas áreas de eucalipto ou pinus
nas mais diversas regiões, por parte de empresas transnacionais (vale citar a Aracruz e Stora-Enzo) em áreas de
propriedades suas ou via contrato com outros proprietários. Ocorre é que o eucalipto, que no Brasil é uma árvore
exótica, cresce muito rapidamente e para isso faz uso de imensas quantidades de água. Aliás, esta planta é
reconhecida por ter a capacidade de secar corpos hídricos ao seu redor. Para tanto, possui raízes extremamente
profundas, o que é um enorme problema, portanto, se plantados em grande escala em áreas de incidência do
Aqüífero Guarani, na medida em que é capaz de captar imensos volumes de água que deveriam preencher seus
espaços, água que inexoravelmente fará falta para o equilíbrio de seu sistema e para outros usos.
Tal ameaça se mostra ainda mais contundente na medida em que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES faz parte do grupo societário de uma dessas empresas, e vem anunciando os
planos de expansão deste negócio. A previsão é tornar toda a região sul do Brasil, assim como o Paraguai, o
Uruguai e a Argentina, um grande pólo produtor de matéria-prima para a indústria papeleira e de seqüestro de
carbono. Por óbvio, havendo mesmo o cumprimento deste plano, as conseqüências serão terríveis tanto para o
Aqüífero Guarani, quanto para a biodiversidade brasileira.
Outra questão relativa ao Aqüífero Guarani é o “Projeto de Proteção Ambiental e Gerenciamento
Sustentável Integrado do Sistema Aqüífero Guarani” (Projeto SAG), cujo principal objetivo oficial é, segundo a
Agência Nacional de Águas – ANA, “contribuir para a superação da situação atual por meio da formulação de um
modelo técnico, legal, e institucional para a gestão dos recursos do Aqüífero de forma coordenada pelo conjunto
dos países e organismos envolvidos”. 13
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai são os beneficiários, então, dos recursos de doação que advém do
Global Environment Facillity – GEF (Fundo para o Meio Ambiente Mundial), cuja agência implementadora é o
Banco Mundial.
Outros organismos internacionais que participam do Projeto são a Organização dos Estados Americanos
– OEA, tida como a executora internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA, o Programa de
13 BRASIL. Agência Nacional de Águas (ANA). Sítio oficial na internet. Disponível em:

Cooperação do Governo do Paraguai – PY, o Serviço Geológico da Alemanha – BGR, o Programa de Recursos
Hídricos do Banco Mundial, e o Governo do Reino dos Países Baixos – BNWPP.
Nacionalmente, é a Agência Nacional de Águas a implementadora do Projeto, sendo que é a Secretaria
de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA) o órgão responsável pelo Projeto no Brasil.
O custo total da fase de preparação, de janeiro de 2.000 a dezembro de 2.001, foi de U$ 1.900.000,00
(um milhão e novecentos mil dólares). Já o custo total da fase de execução do Projeto é de U$ 26.760.000,00
(vinte e seis milhões, setecentos e sessenta mil dólares), divididos da seguinte maneira: U$ 13.400.000,00 (treze
milhões e quatrocentos mil dólares) provenientes de doação do GEF; U$ 1.368.000,00 (um milhão, trezentos e
sessenta e oito mil dólares) doados por outras Agências (acima citadas); e U$ 11.992.000,00 (onze milhões,
novecentos e noventa e dois mil dólares) como contrapartida dos quatro países beneficiários.
Um projeto como este é, inegavelmente, válido e necessário. Uma reserva de águas das proporções do
Aqüífero Guarani não pode, nos dias correntes, ser explorada sem um minucioso plano de gestão. Louvável,
portanto, a iniciativa dos quatro países cujos territórios encontram-se logo acima do Aqüífero em elaborar e
implementar o Projeto de Proteção e Gestão Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani. Da mesma forma,
louvável e importante, a ajuda técnica e financeira que outros países e organizações, nacionais e internacionais,
vêm prestando para que tal projeto seja efetivado.
Todavia, o Projeto Aqüífero Guarani não vem passando incólume de críticas desde que foi criado. Na
verdade, bradam-se cada vez mais vozes contrárias à sua execução. Tal não se dá, logicamente, por causa dos
objetivos oficiais, que são sua proteção e gestão sustentável, mas porque muitos entendem que por trás do véu
do Projeto adormecem escusos interesses, o que é bastante plausível.
É importante destacar que embora haja muitas críticas e denúncias infundadas a respeito de uma
“compra” do Aqüífero Guarani, muitos são os estudiosos e gabaritados profissionais que adotam uma postura
extremamente cautelosa quando o assunto é o envolvimento de capital internacional a patrocinar estudos e
exploração das riquezas naturais brasileiras.
Para fundamentar este receio, basta fazer referência ao problema acima exposto das transnacionais que
vêm plantando grandes áreas de eucalipto, ameaçando ao mesmo tempo a biodiversidade brasileira e o próprio
Aqüífero, ou, ainda, citar a conhecida biopirataria que empresas farmacêuticas transnacionais reiteradamente
vêm promovendo em solo brasileiro, principalmente na Amazônia. Para ficar no campo dos serviços públicos,
citem-se as irresponsáveis privatizações realizadas em larga escala no curso dos anos 90, em que não faltaram
negociações espúrias do governo brasileiro com governos e empresas estrangeiras. 14
No caso do Projeto que está sendo implementado no Aqüífero Guarani, alguns problemas vêm sendo
apontados como obstáculos à efetivação do direito humano fundamental de acesso à água, principalmente para
as futuras gerações. O problema central, com efeito, é que o debate em torno do Projeto vem sendo conduzido
pelos órgãos oficiais de forma estritamente técnica e despolitizada, de modo a inviabilizar em grande medida o
acompanhamento e a participação de cidadãos comuns na tomada de decisões, as quais invariavelmente lhes
dizem respeito.
14 Para se ter uma idéia deste fenômeno, vale conferir o livro “O Brasil Privatizado: um balanço do desmonte do Estado”, de
Aloysio Biondi. Ele traz alguns exemplos da época: “Antes de vender as empresas telefônicas, o governo investiu 21 bilhões
de reais no setor, em dois anos e meio. Vendeu tudo por uma ‘entrada’ de 8,8 bilhões de reais ou menos – porque financiou
metade da ‘entrada’ para grupos brasileiros”; “A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi comprada por 1,05 bilhão de
reais, dos quais 1,01 bilhão em ‘moedas podres’ – vendidas aos ‘compradores’ pelo próprio BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social), financiadas em 12 anos”.

5. Saneamento Básico:
O quadro do saneamento ambiental no Brasil é bastante precário, havendo um agravamento desta
situação no meio rural. Restringindo esta análise para o abastecimento de água e esgotamento sanitário,
algumas informações nos possibilitam melhor entender a realidade brasileira nesta questão, trazidas pela
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE) 15:
Sobre o abastecimento de água, então, referida associação aponta que: a) a maioria dos cerca de 18
milhões de pessoas que não têm acesso à água encanada nas áreas urbanas moram em habitações precárias ou
em pequenos municípios, particularmente do semi-árido; b) mesmo entre os que são considerados atendidos em
água, boa parte convive com serviços prestados de forma precária; c) mesmo nas metrópoles, ter uma ligação
domiciliar não significa dispor de água potável diariamente; d) a intermitência no abastecimento afeta 20% dos
distritos abastecidos, obrigando a população a recorrer a fontes de abastecimento nem sempre seguras,
provocando risco à saúde, além de prejuízos e deterioração precoce das redes de distribuição, aumentando as
perdas; e) a água oferecida à população carece de melhor controle de qualidade. Muitos dos pequenos sistemas
distribuem água sem tratamento (38% dos distritos abastecidos); um número ainda maior não adiciona flúor à
água (63% dos distritos abastecidos) e apenas em 47% dos distritos abastecidos a água é objeto de vigilância da
Secretaria Estadual de Saúde; f) no meio rural, outros 14 milhões não têm acesso à água próxima de sua
moradia.
E com relação ao esgotamento sanitário, a ASSEMAE nos informa que: a) cerca de 83 milhões de
brasileiros que vivem nas cidades não dispõem de esgotamento sanitário adequado, sendo que mais de 36
milhões vivem nas regiões metropolitanas; b) muitos domicílios sequer têm um banheiro – situação que afeta
milhões de pessoas na área urbana e na área rural. A distribuição desta demanda se concentra nas áreas mais
pobres do país; c) mais de 93 milhões de pessoas que vivem nas cidades e têm ou deveriam ter seus esgotos
coletados por rede pública (uma parte pode ser servida por fossas sépticas) não têm seus esgotos tratados; d)
quase todo o esgoto sanitário coletado nas cidades é despejado in natura na água ou no solo. A poluição dos rios
em torno das maiores cidades brasileiras compromete em alguns casos os mananciais de abastecimento. 16
Atualmente se encontra em trâmite no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5296/05, que institui
diretrizes para os serviços públicos de saneamento ambiental e a política nacional de saneamento básico, sendo
que a ASSEMAE vem fazendo campanha para sua aprovação, apesar de manter algumas críticas e pleitear
mudanças.
Em termos de saneamento, o caso da cidade de Manaus (Estado do Amazonas) exemplifica o
sucateamento do setor, mesmo quando gerido por empresas privadas – sob a conivência estatal, vale frisar. Há
mais de trinta anos o município de Manaus havia concedido ao Estado a gestão de água e tratamento de esgoto,
através da estatal COSAMA. No ano 2000, porém, referida empresa foi vendida à transnacional francesa SAUR,
denominada na região com o nome fantasia de Águas do Amazonas. O contrato para tanto garantia à nova
empresa a exploração dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgotos por trinta anos,
prorrogáveis por mais quinze; a contrapartida deveria ser a ampliação do abastecimento de água para 99% das
residências até o ano de 2006, e para 35% a rede de esgotos, o que definitivamente não ocorreu, já que tanto o
15 Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE é uma sociedade civil sem fins lucrativos
fundada em 1984, que reúne quase 2 mil municípios brasileiros que administram de forma direta e pública os serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, resíduos sólidos e controle de vetores. Está organizada em
diretorias regionais, e atua para levar atendimento sanitário à população urbana e rural, fortalecendo a capacidade técnica,
administrativa e financeira dos serviços de saneamento. Disponível em: http://www.assemae.org.br/assemae.htm. Acesso
em 9 de fevereiro de 2006.
16 Disponível em: http://www.assemae.org.br/ibam.htm. Acesso em 9 de fevereiro de 2006.

abastecimento quanto o saneamento de esgoto se mantiveram estagnados praticamente nas mesmas
porcentagens de quando a empresa estatal geria o setor. Por outro lado, a cláusula contratual que possibilitava o
aumento progressivo das tarifas foi devidamente cumprido pela nova empresa, que até o ano de 2004 já havia
efetivado 4 aumentos, agravando ainda mais o problema da falta de acesso à água e saneamento básico das
famílias empobrecidas da cidade. 17
6. Barragens e o Caso de Campos Novos:
Embora o Brasil possua uma vasta gama de fontes de energia em potencial (sol, vento, biomassa etc.), o
modelo hegemônico de produção de energia continua sendo desde o início de seu “desenvolvimento” industrial o
hidrelétrico, ou seja, aquele baseado na força do deslocamento de grandes massas de água. Inicialmente, as
usinas hidrelétricas eram predominantemente de grande porte, com grandes áreas alagadas, construídas
basicamente pelo Estado; nas duas últimas décadas, porém, este modelo vem se alterando, passando a
predominar a construção de barragens menores e via de regra sob os auspícios de consórcios de empresas
privadas, sendo comum a participação de estrangeiras transnacionais. Tal modelo energético, utilizado em
altíssima escala no Brasil, não poderia deixar de causar tremendos impactos sócio-ambientais, como se passa a
explicar.
De fato o número de hidrelétricas no Brasil é muito grande, havendo regiões, como a do Estado do
Paraná, em que o potencial hidrelétrico dos rios encontra-se completamente exaurido. “No Brasil 92% da energia
produzida vem da fonte hídrica (...) O Brasil tem mais de 2.000 barragens construídas em todo o país, alagando
uma área de 34 mil km 2 (o Estado de Alagoas tem 29 mil km 2 ). Do potencial brasileiro estimado em 260,3 mil
MW, o Brasil aproveita 61 mil MW (25%). Praticamente 2/3 (63,6%) deste potencial encontra-se localizado na
Região Amazônica, principalmente nos rios Tocantins, Araguaia, Xingú e Tapajós, onde a geração é de alto
Impacto Ambiental e de elevado custo de transmissão. Outros 20% do potencial encontra-se no sul, nas bacias
dos rios Paraná e Uruguai, onde atingiria áreas de grande densidade populacional e inutilizaria terras férteis. O
Plano 2015 do governo federal prevê a construção de mais 494 Usinas Hidrelétricas, tendo como estimativa a
expulsão de 800 mil pessoas de suas terras”. 18
Culturalmente as usinas hidrelétricas são consideradas causadoras de impactos ambientais baixos,
produtoras de “energia limpa”, já que seu funcionamento não produz resíduos tóxicos ou nucleares, e também
(supõe-se) que não há emissão de gases. Contudo, dita concepção merece ser bastante relativizada, pois apesar
de isso não estar de todo errado, há diversos outros dados da realidade que devem ser considerados.
Em primeiro lugar, não importa o tamanho da usina, ela sempre haverá de alterar o funcionamento de um
corpo hídrico, normalmente grandes rios. O mais comum é que isso ocorra mediante a feitura de uma barragem,
com a formação de um lago artificial, o que, então, demanda a inundação de uma área originalmente palco de
determinado ecossistema. Assim, de modo inexorável, perdem-se biomas, às vezes únicos, às vezes últimos
refúgios de determinadas formas de vida, além de haver a supressão de paisagens cênicas das mais bonitas do
mundo. Em função do peso que os lagos artificiais passam a exercer em regiões anteriormente secas, há casos
de tremores de terra em regiões que antes não sofriam com este tipo de problema. Destarte, nota-se que apenas
com a formação do lago, caríssimos impactos ambientais já ocorrem.
17
CASTRO, Edna; RODRIGUEZ, Graciela. A corporação Suez na Amazônia: privatização dos serviços de água e esgoto
em Manaus (Estado do Amazonas). In: As mulheres de Altamira na defesa da ága como direito humano fundamental.
Rio de Janeiro, 2004. p. 56.
18
Texto “O Atual Modelo Energético”. Disponível em: http://www.mabnacional.org.br/modenergetico.html. Acesso em 9
de fevereiro de 2006.

Demais disso, é importante relatar que a qualidade da água fica também comprometida nos rios em que
são instaladas usinas hidrelétricas, pois ao se interromper o fluxo normal do curso de um rio, acontecem diversas
mudanças na temperatura e na composição química. A repentina diferenciação na temperatura da água, causada
porque este regime se distingue nos lagos e rios, muda os ciclos de vida dos seres aquáticos (como períodos de
procriação, caça, metamorfose de larva etc.). Já as alterações químicas são decorrentes principalmente da
decomposição da enorme quantidade de matéria orgânica que passa a ficar submersa; o apodrecimento desta
matéria orgânica leva a uma liberação de vários gases tóxicos, como o gás metano e o gás carbônico,
causadores do efeito estufa. Foi o que aconteceu nos reservatórios de hidrelétricas já construídas na região
amazônica, como Tucuruí (PA), Balbina (AM) e Samuel (RO).
Gravíssimos, os problemas ambientais advindos da massiva geração de energia elétrica a partir de
usinas hidrelétricas já seria o necessário para uma reformulação do modelo energético brasileiro, que possui, sim,
muitas outras alternativas viáveis. Mas os problemas se estendem para além dos negativos impactos ambientais,
alcançando irremediavelmente a sociedade. Isso porque a cada nova usina construída, centenas, às vezes
milhares, de pessoas são atingidas. Estima-se que no mundo todo de 40 a 80 milhões de pessoas já foram
expulsas de suas terras por este motivo. No Brasil, o número é bem superior a 1 milhão.
Estas pessoas são as consideradas “atingidas por barragens”. Mas ao contrário do que os governos e as
empresas consideram como atingidos no momento de pagar indenizações, que a seu ver são somente os
detentores de títulos de propriedade das áreas alagadas, a realidade demonstra que o conceito de atingidos por
barragens é muito mais amplo abarcando desde aqueles que são expropriados de seus meios de subsistência
sem qualquer indenização, até os que vêem seus laços familiares desfeitos pelas migrações de seus membros,
ou ainda a comunidade que perde locais tradicionais, sagrados, ou de significativa beleza.
Além dos proprietários legais das terras, nota-se que outras pessoas também são extremamente
prejudicadas quando da instalação de uma usina hidrelétrica. De início, antes mesmo de começar quaisquer
obras, simplesmente com o anúncio de que se pretende construir uma usina, a comunidade local já começa a
sentir significativos impactos, vez que o preço das terras despencam, implicando problemas de toda a sorte na
economia da região, como a falta de investimentos, tanto do setor privado como do público, o que, por sua vez,
acarreta num decréscimo da qualidade de vida daquela população. Como os procedimentos de instalação das
usinas podem se arrastar durante anos, todo este período é de extrema penúria para aqueles que não têm
condições de migrar ou simplesmente não querem fazer isso. Há várias localidades no Brasil passando por esta
situação.
Mas, considerando que o Plano 2015 do governo federal prevê a construção de mais 494 Usinas
Hidrelétricas, tendo como estimativa a expulsão de 800 mil pessoas de suas terras, cabe investigar quem são os
reais beneficiados por esta política energética no Brasil.
Dentre outros dados, citando-se que as indústrias pesadas são responsáveis pelo consumo de quase
50% de toda a energia (tendo-a não raramente subsidiada pelo governo) e que a maior parte das residências
sequer gasta os 228 kw/h considerados como mínimo necessário para garantir uma qualidade de vida que a
eletricidade pode proporcionar, conclusivamente se averiguar que os reais beneficiados com o modelo energético
em vigor no Brasil, vez que de modo algum é o povo, são: a) setores do governo que põem em prática tal modelo;
b) grupos financeiros investidores; c) indústrias eletrointensivas; d) empresas construtoras; e) empresas de
equipamentos.
Em oposição a esta absurda política energética, criou-se no Brasil o Movimento dos Atingidos por
Barragens – MAB, constituído, como seu nome revela, por pessoas prejudicadas pela construção de usinas.
Articulados nacional e internacionalmente, mas com todas as dificuldades inerentes a um movimento popular de
resistência e luta contra o status quo, seus membros usualmente passam a integrá-lo por não ter outra saída

diante da expropriação de seus parcos meios de sobrevivência. Embora com ações de ampla abrangência, como
encontros nacionais, é no plano local que as lutas são realmente travadas, infelizmente com mais derrotas do que
vitórias.
Um caso emblemático desta situação é o que está ocorrendo na cidade catarinense de Campos Novos,
onde já se encontra construída uma usina hidrelétrica, cujo lago artificial tem uma abrangência relativamente
grande, e obrigou, deste modo, centenas de famílias a se retirarem do lugar em que viviam e trabalhavam. Antes
do início do empreendimento, a Enercan, que é um consórcio entre os grupos privados Votorantin, Bradesco e
Camargo Corrêa, realizou algumas audiências com a população local, ocasiões em que se comprometeu a
indenizar e reassentar todos os atingidos, sem delimitar quais seriam eles.
A despeito disso, a empresa, após o início das obras, pagou indenização somente para aqueles que
detinham títulos de propriedade, excluindo meeiros, arrendatários e outros prejudicados, ainda que no contrato de
concessão firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL conste a obrigação de indenizar todos
os “terceiros prejudicados”. Pior: A própria Fundação de Meio Ambiente – FATMA, que é o órgão licenciador da
obra, já mandou que mais cerca de 200 famílias sejam indenizadas, mas a empresa continua a fazer vistas
grossas, tendo inclusive iniciado o enchimento do lago sem a devida licença.
Inúmeros protestos foram feitos pelo MAB na região, tendo como resposta das autoridades locais a mais
rígida repressão por meio de um grande aparato e operações policiais, sendo que foram várias as prisões,
realizadas quase todas irregularmente e com abuso policial. Irônica e contraditoriamente, contudo, o que parece
mais absurdo neste lamentável quadro é que os pequenos agricultores que não foram obrigados a deixar a área,
e portanto vivem agora quase às margens do lago formado, estão sofrendo muito com a escassez... de água! O
acesso à água do lago está sendo negado para as comunidades vizinhas que permaneceram na área, afinal a
empresa construiu um muro ao redor do lago. Agora tanto para consumo quanto para a irrigação de suas
lavouras, a população local carece de abastecimento de água.
7. Considerações Finais
Diante do panorama esboçado, nota-se que problemas históricos brasileiros relativos ao acesso à água
de boa qualidade, saneamento e energia elétrica, ainda se encontram longe de solução. Assim como o acesso a
outros bens e direitos, uma pequena parcela da sociedade brasileira o tem sanado até mesmo além da conta,
enquanto a imensa maioria tem vilipendiado inclusive o acesso à água mínimo para a sobrevivência.
Demais disso, outros obstáculos à efetivação do direito humano fundamental de acesso à água vêm se
impondo, igualmente ao que se observa noutros países empobrecidos do globo. Ainda que não se possa falar
numa simples “venda” ou “repasse” dos recursos hídricos brasileiros a grandes companhias transnacionais, é
impossível negar que nas últimas décadas há diversas delas se beneficiando de um processo mais ou menos
velado de, num primeiro momento, sucateamento do setor, e, posteriormente, de privatização, fenômenos que
vêm lhes proporcionando altas margens de lucro, seja no campo da energia elétrica, do agronegócio, das
indústrias eletrointensivas, ou da distribuição de águas. De outra banda, prejudica-se agudamente a soberania do
Estado brasileiro e violam-se os direitos de seu povo.
Desponta como solução dos problemas elencados no presente trabalho a participação social na gestão
dos recursos hídricos, constitucionalmente prevista porém ainda carecedora de arranjos institucionais que lhe
permitam funcionar de forma independente.
A concretização do fundamental direito à água implica incentivar a consciência e compromisso tanto de
cidadãos como de políticos com uma gestão participativa, eqüitativa e solidária, com o escopo de garantir os usos

múltiplos da água, o acesso geral e a provisão suficiente à dignidade da pessoa humana. Na concretização desse
direito, entretanto, muita coisa ainda está por fazer, exigindo criatividade e, acima de tudo, democracia.

Contenido
INTRODUCCIÓN 2
>
EL DERECHO HUMANO AL AGUA (PIEDESC) EN COLOMBIA
1. Cobertura de agua y saneamiento 2
Cobertura conexiones domiciliarias 2
Cobertura de alcantarillado y Población sin acceso a agua de red 4
Población sin acceso a alcantarillado de red 5
Abastecimiento en la zona rural 5
2. tratamiento de aguas servidas 7
Porcentaje de tratamiento de agua servidas 7
Juan Camilo Mira
Coordinador Campaña El agua un Bien Público
Ecofondo
3. Continuidad del servicio de agua 9
Continuidad en horas de agua potable con conexión domiciliaria. 9
4. Calidad del agua en los sistemas de acueducto. Presencia de coliformes fecales en niveles superiores a
los permitidos. Contenido de cloro residual. 9
Evolución de las tarifas 12
Propiedad de las empresas prestadoras del servicio 13
6. Agua y salud 15
Tendencias históricas 16
Casos atendidos de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) 16
Tasa de mortalidad infantil asociadas al agua 16
Presencia de malaria, dengue y fiebre amarilla 16
Bibliografía 18

INTRODUCCIÓN
Por solicitud del capítulo Colombiano de la Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo - PIDHDD, se elabora el presente documento, con
base en las variables y los indicadores propuestos por esta Red, para analizar el acceso
al agua por parte de la población colombiana.
La información que aquí se presenta proviene en su gran mayoría de fuentes oficiales y
públicas. Los datos provienen del DANE y DNP, corresponden a información del censo
1993 con proyecciones correspondientes a los años de referencia, ya que en el momento
de escribir este documento la información oficial del censo 2005 no ha sido publicada. La
información proveniente de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Servicio Único
de Información (SUI) fueron obtenidas de las respectivas páginas web.
El agua aun en estado natural no es un elemento puro, por esto, de acuerdo con el uso al
que esté destinada, puede presentar distintos niveles de calidad;1 pero cuando vaya a ser
utilizada para el consumo humano, debe cumplir con requisitos de disponibilidad,
accesibilidad y calidad. (Defensoría pag. 3) Además, la disponibilidad, la accesibilidad y la
calidad del recurso están estrechamente ligadas con el derecho a la salud, el derecho a la
seguridad alimentaria, el derecho a la seguridad y salubridad pública. (Defensoría pag 7)
“En la Observación General No.15, el Comité remite a las guías para la calidad del agua
potable fijadas por la Organización Mundial de la Salud; documento cuyo objetivo es
“servir de base para la elaboración de normas nacionales que, debidamente aplicadas,
aseguren la inocuidad del agua mediante la eliminación o la reducción a una
concentración mínima de los componentes peligrosos para la salud”. La calidad del
recurso hídrico debe satisfacer los requisitos de los numerosos usos que se le dan al
agua, pero principalmente debe satisfacer los requisitos de salud pública. Los usos del
agua son muchos y variados. Así, si el agua va a ser consumida por el ser humano, debe
contar con una alta calidad, pues debe ser totalmente segura para la salud. Por el
contrario, si el agua es utilizada para actividades diferentes, como por ejemplo el
saneamiento, el nivel de su calidad puede ser más bajo”. (Defensoría del Pueblo, informe
116 B)
1. Cobertura de agua y saneamiento
Cobertura conexiones domiciliarias
De Acuerdo con la información del DNP 1 respecto al ICV o índice de calidad de vida, que
valora 12 aspectos relacionados con el bienestar de los colombianos (con un máximo
valor de 100) la calidad de vida de los colombianos se ha incrementado entre 60.2 en
1985 a 75.7 en el 2000. El incremento del índice se debe principalmente al aumento de
indicadores como abastecimiento de agua (4.8 a 6.31), recolección de basuras (0 a 5.13)
y personas por cuarto (5.8 a 10.92). Los demás indicadores han decrecido o se han
mantenido como los niveles de educación o la calidad de la vivienda. Esto quiere decir
que la calidad de vida ha mejorado por una mayor cobertura de los servicios públicos
básicos de agua y saneamiento básico.
1 DNP. DIOG. SISD, versión 2.0 1997

A pesar de que el incremento
en los indicadores de calidad
de vida en las zonas rurales
ha sido fuerte en el periodo
analizado, la calidad de vida
rural sigue siendo mucho
más baja en estas zonas que
en las cabeceras municipales
y se presentan enormes
distancias con relación a las
coberturas de los servicios
básicos.
7
6
5
4
1985 1993 1997 1998 1999 2000
NORTE SA NTANDE R
ANTIOQUIA
RISA RALDA
QUINDIO
ATLANTICO
VALLE
BOGOTA
La lectura del ICV por departamentos indica que aquellos departamentos periféricos de la
Amazonía, el Chocó y San Andrés tienen los accesos al agua potable más bajos del país,
los departamentos con ciudades intermedias reportan mejores niveles de calidad de vida
por el acceso al agua potable y finalmente los departamentos con mejores reportes son
aquellos con ciudades capitales grandes como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.
Es claro también que el Estado ha concentrado sus esfuerzos en garantizar mejores
niveles de calidad de vida en las zonas urbanas y por el contrario las zonas rurales
adolecen del desabastecimiento de servicios sanitarios, de agua potable, de educación y
mejoramiento de la vivienda.
De acuerdo con la encuesta de demografía y salud adelantada por Profamilia, la
accesibilidad a los servicios y calidad de las viviendas, el 74 por ciento de los hogares
tiene conexión al acueducto público y 11 por ciento al acueducto comunal. Si se
comparan estos porcentajes con los del año 2000, se estaría mostrando un retroceso en
este servicio, ya que se había obtenido 78 por ciento de hogares con acueducto público y
7 por ciento con acueducto veredal. En la zona urbana el acueducto público llega a 91 por
ciento de las viviendas y en la zona rural solo al 22 por ciento, cuando antes era de 27 por
ciento. Esta situación estaría indicando que las políticas públicas no le están dando
prioridad a proporcionar estos servicios a zonas donde más se necesitan. Las regiones
con mayor conexión son Bogotá y la Central, mientras la Atlántica y la Oriental es donde
tal servicio es menor (65 por ciento). En las cabeceras de la Orinoquía y Amazonía el 69
por ciento tendría este servicio. (Encuesta de Demografía y Salud 2005 ENDS 2005.
Capítulo 3 pag 2),

Tomado de Encuesta de Demografía y Salud 2005 ENDS 2005. Capítulo 3 pag 5)
Cobertura de alcantarillado y Población sin acceso a agua de red
La cobertura del alcantarillado nacional total 2 , para viviendas en 1985 solo alcanzaba el
59.5% y aumentó al 63 en 1993 y para el 2000 llegó al 73.3%, por el contrario en las
zonas rurales era del 11.3% en 1985 y se incrementó la cobertura al 14.4% en 1993 y al
37% en el 2000, corroborando la tendencia a la inversión en los cascos urbanos de los
municipios.
Los departamentos con coberturas menores al 30% son, de menor a mayor: Vichada,
Guaviare, Vaupes, Choco, Córdoba, San Andrés, Boyacá, Guainía, Casanare y
Putumayo. Entre el 30 y el 50% de cobertura en alcantarillado se encuentran
departamentos como: Sucre, Arauca, Bolívar, La Guajira, Nariño, Magdalena, Cauca,
Caquetá, Amazonas, Cesar y Cundinamarca. Finalmente, los departamentos que tienen
coberturas superiores al 50% de las viviendas son: Tolima, Meta, Huila, Norte Santander,
Santander, Atlántico, Antioquia y Caldas. Con coberturas mayores al 80% están Valle,
Risaralda, Quindío y Bogotá.
El cuadro siguiente muestra la tendencia nacional de concentración de las inversiones en
servicios a las ciudades capitales. Las poblaciones muy pequeñas, menores a 10.000
habitantes tienen en promedio un abastecimiento 45% menor que las ciudades grandes,
tienen 21% menos de cobertura en alcantarillado y sus aguas residuales solo son tratadas
en un 16% frente al 36% de las ciudades grandes.
2 SISD op. cit.

El informe de la Contraloría llama la atención sobre la diferencia entre los indicadores de
Cobertura nominal y la Cobertura real. en primer lugar se llama la atención sobre marcado
rezago de las zonas rurales (95% de cobertura urbana frente a sólo un 44% de las áreas
rurales). En relación con el alcantarillado, se presenta la misma tendencia.
“El índice de cobertura real muestra el porcentaje de hogares con conexión domiciliaria a
la red y que reciben agua apta para el consumo humano 24 horas al día. Para el caso de
las grandes ciudades, el nivel de cobertura real es idéntico al nominal, por cuanto estas
ciudades poseen un porcentaje de continuidad del 100% (24 horas al día) y cumplen con
lo dispuesto sobre calidad del agua en el Decreto 475 de 1998, lo que les otorga un
parámetro de calidad de agua de uno. Para el caso de las capitales departamentales y
para el resto de cabeceras municipales no sucede lo mismo. Para las primeras, los
factores de calidad y continuidad corrigen el nivel de cobertura nominal de 91,4% a un
66,4% de cobertura real, y para las cabeceras municipales este nivel baja drásticamente
de 92,8% a 30,5%, dato que implica que la situación más difícil en términos de provisión
del servicio de agua potable se presenta en los municipios pequeños (menores de cien mil
habitantes) en los cuales la baja calidad del agua proveída y la poca continuidad
desmejoran la prestación del servicio”.
Población sin acceso a alcantarillado de red
Tomado de Salas, A.M. 2002
Abastecimiento en la zona
rural
El cuadro adjunto presenta los
resultados consolidados de la
encuesta nacional de calidad de
vida del DANE para 2003
(Cuadro 7 a).
Si bien la encuesta no cubre un
porcentaje alto de la población
colombiana permite observar la
diferencia en el acceso al agua
por parte de los pobladores
rurales. En ningún caso la
cobertura de acueducto en el
sector rural supera el 65% de la
población. Las regiones más
desprotegidas son la Costa
Atlántica y el Pacífico. No se
REGIONES Y AREAS
TOTAL DE
HOGARES
ACUEDUCTO
TOTAL NACIONAL
TOTAL 11,194,108 86.8
CABECERA 8,445,433 97.6
RURAL 2,748,676 53.5
ATLANTICA
TOTAL 2,114,891 80.4
CABECERA 1,479,302 97.5
RURAL 635,589 40.5
ORIENTAL
TOTAL 2,088,360 81.7
CABECERA 1,369,390 97.1
RURAL 718,970 52.4
CENTRAL
TOTAL 1,433,829 87.5
CABECERA 1,007,392 99.0
RURAL 426,438 60.2
PACIFICA (No incluye Valle) TOTAL 804,721 69.9
CABECERA 368,519 87.4
RURAL 436,202 55.1
BOGOTA D.C. CABECERA 1,934,828 99.4
ANTIOQUIA
TOTAL 1,490,710 90.9
CABECERA 1,120,882 99.9
RURAL 369,828 63.5
VALLE DEL CAUCA
TOTAL 1,172,621 92.8
CABECERA 1,010,972 97.3
RURAL 161,649 64.7
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA TOTAL 19,195 49.7
ORINOQUIA - AMAZONIA CABECERA 134,953 83.4

presentan datos para Amazonía, Orinoquía y San Andrés.
Para estas tres regiones la información proveniente del SISD 3 , para la Amazonía y
Orinoquía no hay datos de proyección para el 2000. Los reportes del Censo de 1993
indican coberturas menores al 5% en todos los casos. En San Andrés para 2003 la
cobertura era solo del 7.3 % para las zonas rurales y no existen proyecciones.
Hay que destacar los aumentos en coberturas para las zonas rurales entre 1993 y el
2000, de acuerdo con los datos del DNP. En el sector rural en 7 años del cambio
constitucional se pasa de coberturas inferiores al 10% en promedio a coberturas
superiores al 40% en promedio, lo que indica un esfuerzo institucional por llevar servicios
públicos a las zonas rurales.
3 F U E N T E: 85 y 93, Dane censos. 96/00, cálculos DIOGS con base en EH Nacionales.

*Viviendas con acceso a servicios públicos por zona
*(%). Nacional y departamental. 1985-2000.
Total Cabecera Resto
1985 1993 2000 1985 1993 2000 1985 1993 2000
VICHADA 0 5.56 0 0 14.78 0 0 1.98 0
GUAVIARE 0 7.85 0 0 16.74 0 0 2.76 0
VAUPES 0 8.65 0 0 33.17 0 0 0.13 0
CHOCO 10.9 9.57 20.22 28.3 22.27 41.51 1.7 1.63 15.32
CORDOBA 11.61 16.2 29.16 25 32.29 54.87 0.6 0.82 11.65
SAN ANDRES 0 19.48 0 0 24.08 0 0 8.73 0
BOYACA 37.18 21.19 48.23 89.6 83.51 99.59 3.5 7.44 27.07
GUAINIA 0 21.22 0 0 55.46 0 0 4.46 0
CASANARE 0 25.63 0 0 46.31 0 0 3.11 0
PUTUMAYO 0 26.57 0 0 64.12 0 0 5.68 0
SUCRE 23.57 32.22 45.84 42.3 46.99 89.88 0.6 1.67 2.06
ARAUCA 0 32.22 0 0 49.48 0 0 1.73 0
BOLIVAR 22.33 33.17 35.31 33 46.72 64.74 0.6 3.06 2.43
LA GUAJIRA 19.29 33.77 54.2 26.5 48.55 70.22 3.8 7.6 31.55
NARIÑO 37.25 34.62 50.27 77.2 72.01 88.94 6.4 5.51 33.33
MAGDALENA 21.94 35.74 52.48 38.2 51.34 87.62 3.5 6.26 13.71
CAUCA 34.84 35.95 56.33 76.2 81.35 99.07 7.3 9.39 41.85
CAQUETA 40.35 36.91 61.17 69.6 71.41 90.85 7.1 5.81 50.27
AMAZONAS 0 36.93 0 0 67.23 0 0 4.75 0
CESAR 29.05 38.49 59.52 45.5 57.31 91.26 3.5 5.47 36.18
CUNDINAMARCA 45.43 49.95 61.22 88.8 88.02 97.87 8 11.8 36.79
TOLIMA 56.45 59.57 71.84 87 89.22 99.64 13.9 13.81 43.35
META 54.71 60.65 71.23 79.5 87.1 98.33 5.5 14.26 44.49
HUILA 52.72 61.1 67.21 81.3 89.22 97.36 15.9 17.34 44.23
NACIONAL 59.45 63 73.28 80.7 81.8 93.83 11.3 14.4 36.98
NORTE SANTANDER 51.41 63.11 77.58 71.3 83.37 92.54 9 10.72 46.62
SANTANDER 58.86 63.12 73.11 88.7 90.89 98.27 7.9 6.48 33.07
ATLANTICO 60.04 63.94 70.85 63.5 67.55 79.25 3.2 12.31 6.5
ANTIOQUIA 68.65 73.86 80.99 90.2 91.15 98.06 17.8 25.4 50.03
CALDAS 75.19 76.78 82.28 95 94.52 99.46 34.7 39.08 64.24
VALLE 74.81 82.06 89.41 84.8 89.85 96.28 27.8 39.93 58.35
RISARALDA 79.48 83.62 92.86 94.1 95.18 100 40.8 47.52 77.54
QUINDIO 87.28 90.68 86.12 95.7 94.73 95.51 45.9 67.97 70.74
BOGOTA 95.6 90.83 98.95 95.7 91.07 98.95 17.8 9.04 0
2. tratamiento de aguas servidas
Porcentaje de tratamiento de agua servidas 4
El informe de la Organización Panamericana de la Salud presente para Colombia solo 194
plantas de tratamiento de aguas residuales que purifican casi 14 metros cúbicos por
segundo cuando el gasto de agua estimado para los colombianos es de 59 metros
cúbicos por segundo.
De acuerdo con los muestreos y mediciones del IDEAM durante el 2003 5 los ríos que
presentan un deterioro alarmante en su calidad, ya que presentan resultados críticos en
todas las variables como DBO, OD, pH, entre otras, son el Bogotá, Medellín, Chicamocha,
4 Tomado de Salas, A.M. 2002
5 IDEAM Op Cit.

Requerimientos y fuentes de financiación
estimados para el manejo de aguas residuales
en el periodo 2002 - 2012
Rubro
Millones de
US$ de 2001
Valor estimado del plan
Fuente de financiamiento
3400
Fondo Nacional de regalías 68.2
Tasa retributiva 55.9
Entes territoriales 28.3
Crédito externo 6
Otras rentas propias de las CARs 250
Subtotal 408.4
Cobertura del financiamiento 12%
Empresas 300
Nuevo subtotal 708.4
Déficit -2691.6
Fuente: Documento Conpes 3177 de Julio 15 de 2002
alto Cauca, Lebrija y
Chulo, por los
vertimientos que
reciben de origen
domestico e industrial
de las áreas más
pobladas del país.
Otros ríos incluidos en
el muestreo pero que
no presentan una
situación crítica, pero
que también reciben
cargas considerables
de materiales
contaminantes son los
ríos Yaguará, Ceibas,
Sumapaz, Fonce, Pamplonita, Nevado, Mijitayó y Pasto, cercanos a poblaciones
medianas.
En la Orinoquía y la Amazonía los ríos analizados presentan alteraciones mínimas en sus
condiciones fisicoquímicas debido a que las cargas contaminantes son bajas en relación
con sus caudales.
La Contraloría General de la República 6 estableció seis problemas ambientales
importantes en las fuentes de agua, que ordenados decrecientemente, en orden de
importancia son:
1.- Alta presencia de sedimentos por deforestación y deterioro de los suelos.
2.- Alta contaminación originada por aguas residuales domésticas.
3.- Disposición inadecuada de basuras de origen doméstico.
4.- Alta contaminación originada por el uso de plaguicidas.
5.- Alta contaminación originada por aguas residuales industriales.
6.- Disposición inadecuada de basuras, principalmente de origen industrial.
El impacto generado por la actividad agrícola intensiva es preocupante pues según el
mismo estudio se estima un consumo de 25.000 ton de Ingredientes Activos –IA- en los
últimos 25 años, que representa una intensidad de uso de alrededor de 6 Kg de IA/ha
cultivada. De otra parte y según el mismo estudio, los plaguicidas agrícolas que se utilizan
en el país corresponden por lo menos en 95% a insecticidas, fungicidas y herbicidas. El
número de estas substancias que han sido sintetizadas es ya del orden de algunos miles,
y en Colombia se utilizan actualmente alrededor de 300 ingredientes activos diferentes en
casi un millar de formulaciones.
Según cálculos realizados por el MDE 7 , dotar con sistemas de tratamiento de aguas
residuales a 300 municipios que cumplen las condiciones técnicas previstas, tendría un
costo cercano a los US$3.400 millones, incluyendo US$800 millones requeridos para
completar las redes de colectores e interceptores.
6
“Encuesta sobre cantidad y calidad del agua potable en Colombia”, en El estado de los recursos naturales y del ambiente.
Informe 1995, Contraloría General de la República.
7
SSPD, op Cit.

De acuerdo con estimaciones presentadas en el Estudio “Plan Decenal de Aguas
Residuales” contratado por el Ministerio de Medio Ambiente, los recursos disponibles en
las diferentes fuentes podrían financiar aproximadamente el 12% de los requerimientos de
inversión. No obstante, si se tiene en cuenta el monto histórico asignado por las ESP para
las inversiones en tratamiento (US$ 300 millones), dicho porcentaje aumentaría al 21%
con lo cual el déficit llegaría a casi US$ 2.700 millones.
Pretender financiar este faltante con aumentos tarifarios, aunque legalmente posible,
llevaría incrementos adicionales a los planeados por desmonte de subsidios de hasta el
50% en el estrato 1, lo que sería difícil dada la situación política y social del país. Vale la
pena anotar que en este escenario, la inclusión de la tasa retributiva en la factura de los
servicios de acueducto y alcantarillado generaría un incremento adicional del 2%. De no
realizarse las inversiones en sistemas de tratamiento de aguas residuales, dicho
componente aumentaría hasta 7.5% en el quinto año. Al entrar en funcionamiento la
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se reducirán los niveles de contaminación y
por consiguiente la tasa retributiva.
3. Continuidad del servicio de agua
Continuidad en horas de agua potable con conexión domiciliaria.
La encuesta de calidad de vida del Dane para 2003 presenta los reportes de los hogares
(9.5 millones de personas)que se proveen de agua de acueducto publico, comunal o
veredal, y distribución porcentual de acuerdo con el numero de días a la semana que llega
el agua y la continuidad del servicio las 24 horas, según regiones del país y área
(cabecera - rural) Cuadro anexo 12. En efecto, la mayoría muestreada (84.1% recibe agua
los 7 días de la semana y de estos el 87.5 la recibe de forma continua y solo el 12.5% de
manera intermitente.
4. Calidad del agua en los sistemas de acueducto. Presencia de coliformes fecales
en niveles superiores a los permitidos. Contenido de cloro residual.
Este capítulo se basa totalmente en los datos y análisis que la Defensoría del Pueblo
publicó como Informe Defensorial No. 116 B producido por esa entidad en 2005, que
integra información de los sistemas departamentales de salud y que recogió información
directa de las alcaldías y de las empresas de acueducto y alcantarillado en el país.
El informe concluye que el agua que se consume en el país no cumple en su mayoría con
el parámetro del 95% en los aspectos biológico y fisicoquímico. Más de doce millones de
habitantes de las cabeceras municipales del país están recibiendo un servicio de
acueducto que suministra agua no apta para el consumo humano, el 55.3% de la
población urbana nacional. La Defensoría delegada para medio ambiente encontró que de
los 959 municipios reportados, sólo en 171 de ellos se está suministrando un agua apta
para el consumo humano, el 17.8%, esto es que cumple con las normas técnicas en salud
y 788 no lo hacen, 82.2%. (Defensoría pag 25). Los municipios que presentan un mejor
índice de potabilidad se encuentran en los departamentos de Antioquia (53 municipios,
42.4%), Caldas (17 municipios, 63%), Huila (32 municipios, 86.5%), Quindio (11
municipios, 91.7%) y Valle (19 municipios, 63.3%). Para esta entidad es preocupante el

alto porcentaje de municipios y empresas que no están cumpliendo con la normatividad y
por lo tanto suministran agua no apta para el consumo humano.
El cuadro siguiente registra los municipios por departamento que incumplen la norma en
diferentes rangos. Las columnas 1 y 2 muestran el número de municipios que se
encuentran en el rango de 80% a 95% en los parámetros biológicos y fisicoquímicos,
respectivamente; las columnas tres y cuatro señalan el número de municipios que
incumplen la normatividad y que se encuentran en el rango de 80% a 50% en los
parámetros biológico y fisicoquímico; las columnas cinco y seis por su parte muestran el
número de municipios en los que las pruebas arrojaron resultados de menos del 50% en
los mismos componentes; y por último los columnas siete y ocho muestran los números
de municipios que obtienen
un resultado de 0% en cada
uno de los componentes.
De acuerdo con el informe
la situación que se
evidencia es bastante
crítica, 415 municipios no
cumplen la norma en el
componente biológico y 345
en el componente
fisicoquímico, lo que
representa una eficiencia y
una aceptabilidad de menos
del 50%; igualmente, 254
municipios en el
componente biológico y 224
municipios en el
componente fisicoquímico
presentan 0% de aceptación
en cada uno de los mismos
componentes.
Los departamentos de
Amazonas, Bolívar, Boyacá,
Caquetá, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Cundinamarca, Guajira,

Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, San Andrés, Sucre, Tolima y Vaupés, obtienen los
índices más preocupantes de calidad de agua. De acuerdo con la línea de base de la
Unidad Regional Chocó de Ecofondo, ninguno de los municipios de este departamento
ofrece agua potable a la población, corroborado por el informe defensorial (Guerra Jairo.
2005).
El caso del departamento de Santander es particular, donde sólo cinco (5) municipios
consumen agua potable, uno está cercano a cumplir y 60 municipios están con mala
calidad de agua. De ellos, 22 municipios reciben agua de muy mala calidad (0% desde el
punto de vista de calidad biológica). Preocupa la situación de Cundinamarca con 23
municipios y Boyacá con 20, que registran un alto número de municipios que consumen
agua de muy mala calidad.
12.431.770 de la población muestreada que equivale al 55.3%, tiene un suministro de
agua no apta para el consumo. En contraposición, 10.032.344, el 44.6%, de habitantes
está recibiendo agua apta para el consumo. De los 12.431.770 de habitantes que están
recibiendo agua no apta para el consumo humano, preocupa que el 14.9%, es decir
1.847.618 personas consumen agua de pésima calidad, debido a que no obtuvieron
ningún grado de cumplimiento en los parámetros biológicos (Coliformes totales y E. Coli).
No obstante, el 28,4% de la población recibe agua que se encuentra muy cerca de cumplir
con los parámetros de la norma.
De acuerdo con el informe del control de la calidad del agua en Colombia 2003, que
realiza la dirección técnica de gestión de acueducto y alcantarillado de la
Superintendencia de Servicios Públicos, de un total de 231 municipios evaluados, al 18%
se le suministró agua apta para el consumo humano, es decir 189 municipios recibieron
agua no potable, lo que representa un 82%. En este sentido, con base en los reportes de
vigilancia suministrados por las Autoridades de Salud, el país mantiene aún muy bajos
niveles de calidad del agua suministrada y distribuida en los municipios. De un total de
23`908.989 colombianos que recibieron agua (según la muestra analizada de 231
municipios), a 8´187.542 se les suministró agua no potable, lo que representa un 34% del
total de la población. El 61,0% de los prestadores mantiene problemas respecto a la
desinfección del agua tratada.
Por otra parte, la vigilancia de parámetros fisicoquímicos por parte de las autoridades de
salud es muy deficiente. Respecto a la vigilancia de los parámetros organolépticos y
fisicoquímicos que deben adelantar las Autoridades de Salud, solo se cumple en un
47,9%. En 182 municipios no se suministró agua potable, desde el punto de vista
microbiológico, lo que representa un 78% del total de los municipios evaluados. El
porcentaje de aceptabilidad microbiológica del país es del 80,3%, por lo que se puede
decir, que el consolidado nacional no cumple con el valor mínimo exigido de acuerdo con
el artículo 29 del Decreto 475 de 1998.
Especialmente, se afecta la población más vulnerable, como son los menores de edad y
todas aquellas personas que viven en condiciones de extrema pobreza. La falta de
atención del Estado a estos ciudadanos contraría el principio de igualdad previsto en
Carta Constitucional, a través del cual se debe otorgar protección especial a “aquellas
personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta”.

Evolución de las tarifas
De acuerdo con el informa sectorial de la Contraloría General, las alzas tarifarias son un
síntoma de problemas de fondo que afectan la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el país; obedecen a tres causas: el desmonte de subsidios, el ajuste a
los costos reales y el ajuste al crecimiento del IPC. El proceso de ajuste a los costos
reales que es el de mayor impacto, está viciado por las ineficiencias empresariales y
errores en la regulación. El informe reporta incrementos en el periodo 1995-2000 entre el
38% y el 226% real, dependiendo del estrato y la ciudad. Para los últimos cinco años, de
1997 a 2002, los incrementos se situaron entre -8% y 232% para las cuatro grandes
ciudades del país, presentándose los mayores incrementos en la ciudad de Bogotá. Estos
incrementos de los servicios de acueducto y alcantarillado han aumentado su
participación en el gasto de los hogares, de menos del 2% en 1998 a más del 8% al final
de 2001 para el estrato 1, como proporción del ingreso recibido.
“Toda tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que supondrá una calidad y grado
de cobertura del servicio, cuyas características definirán las Comisiones de Regulación.
Un cambio en estas características se considerará como un cambio en la tarifa”. (Art. 87)
(Citado en el informe defensorial 116, pag 19)
“Existen fallas patentes en la regulación que han conducido a distorsionar las tarifas que
se aplican, en detrimento de los usuarios. La Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - CRA no ha tomado las medidas oportunas para resolver esos
problemas, lo cual ha implicado enormes sobrecostos para los usuarios, quienes han
tenido que pagar tarifas más altas que las que corresponderían a una estructura de costos
eficientes. Lo más grave de esta situación es que si la CRA no adopta decisiones que
conduzcan a una estructura más racional y eficiente de las tarifas, los usuarios se verían
obligados a cancelar en acueducto, alcantarillado y aseo unos sobrecostos cercanos a los
$800 mil millones (U$ 320 millones de dólares aproximados), en pesos constantes de
2002, durante el periodo 2003-2007. Cada mes de dilación en la adopción de medidas por
parte de la CRA significará un creciente sobrecosto para los usuarios, en cuanto tendrán
que asumir, a través de mayores tarifas, diversas ineficiencias que hoy se presentan en
acueducto y alcantarillado, así como desajustes regulatorios que se dan en el caso del
servicio del aseo”.
“Entre 1995 y
2000, los usuarios
tuvieron que pagar
en sus facturas
mayores valores
en acueducto y
alcantarillado que
fluctuaron, en
términos reales,
entre el 38% y el
226% en las 18
principales
ciudades del país,
dependiendo del
estrato y de la
SOCIEDAD PRIVADA
0%
SOCIEDAD
0%
PRODUCTOR
MARGINAL,
INDEPENDIENTE O
PARTICULAR
1%
Tipo de prestador del servicio
SOCIEDADES
(EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS)
19%
ORGANIZACION
AUTORIZADA
37%
EMPRESA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL DEL
ESTADO
22%
ESTABLECIMIENTO
PUBLICO
1%
MUNICIPAL
0%
MUNICIPIO
PRESTADOR DIRECTO
20%
ciudad en la cual residen. En el caso de Bogotá, las tarifas de acueducto y alcantarillado,

en términos reales, crecieron entre 1997 y 2002 de la siguiente manera: 232% en el
estrato uno, 138% en el estrato dos, 110% en el estrato tres, 59% en el estrato cuatro,
43% en el estrato cinco y 39% en el estrato seis. Con menor intensidad, pero también con
crecimientos igualmente significativos, en las otras tres principales ciudades del país se
presentó un fenómeno similar”. 8
Propiedad de las empresas prestadoras del servicio
En términos de organización industrial, el servicio de agua potable y alcantarillado es de
competencia municipal. Esta decisión obedeció a que el municipio se constituyó en la
célula del esquema de descentralización administrativa del país.
Actualmente, existen más de 2.000 prestadores, de los cuales 830 se encuentran
registrados ante la SSPD. De esta muestra, sólo el 12% tiene la forma de empresa de
servicios públicos ESP-; de estas sociedades el 61% son privadas, 28% mixtas y el resto
oficiales. La gran mayoría de los prestadores se han acogido a otras figuras de excepción
permitidas por la ley de servicios públicos como prestación directa por el municipio y
comunidades organizadas. El 32% de las entidades son prestadores en áreas rurales.
(Roda P. 2003)
La SSPD hace un seguimiento a algunos indicadores de gestión y resultados que para los
años 2001 y 2002 presentan los siguientes resultados: se aprecia un importante
comportamiento en el de “eficiencia laboral” de los prestadores ubicados en las capitales
de departamento, una leve mejoría en el de “eficiencia del recaudo” y un preocupante
decremento en el de “inversiones”. El de “rotación de cartera”, se afectó negativamente en
las capitales; el de “cobertura”, presenta un ligero incremento en las grandes empresas y
se estanca en los demás prestadores; el de “Medición”, muestra una baja mejoría en las
grandes empresas y desmejoramiento en el resto de prestadores, y el de “índice de agua
no contabilizada”, aumentó negativamente en punto y medio en las grandes empresas e
intermedias
Los procesos de privatización que las entidades oficiales del sector destacan son: el caso
de la Triple A en Barranquilla, que fue adquirida por operadores españoles; en Cartagena
se llevó a cabo el proceso de participación privada con Aguas de Barcelona; en Montería
se adjudicó un contrato de concesión a la empresa Proactiva, Aguas de Montería; en
Tunja, Santa Marta y Maicao se realizaron procesos de vinculación de particulares a la
prestación de los servicios. El sector de agua potable está atomizado, un número
importante de empresas se transformó en sociedades por acciones. Sin embargo, en
municipios pequeños, en general, la administración sigue a cargo del servicio, aún cuando
se haya dado una separación de cuentas y se haya mejorado la información sobre la
prestación de los servicios. El gran número de agentes regulados, la insuficiencia de
información, y la heterogeneidad en las condiciones de infraestructura y la calidad del
servicio hacen difícil establecer fórmulas regulatorias que aseguren la eficiencia y la
calidad del servicio, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos.
La Superintendecia de Servicios Públicos, en su estudio sectorial de acueducto y
alcantarillado del 2005, presenta alguna información que permite establecer el tamaño del
sector de agua potable y su evolución reciente.
8 Tomado textualmente del informe sectorial de la Contraloria General

El documento analiza una muestra de 102 personas prestadoras de acueducto, 90 de
alcantarillado y 99 de aseo cuya información financiera reposa en el Sistema Único de
Información – SUI. El grupo de prestadores incluye las empresas más representativas del
país, por su tamaño (según número de suscriptores), los ingresos generados por estos
prestadores por concepto de tarifas resultan representativos del comportamiento del
sector.
Entre el 2002 y 2005, el sector de agua potable y saneamiento básico, recibió por
transferencias del Sistema General de Participación (Ley 715 de 2001) $2.8 billones de
pesos, (un poco más de 1.100 millones de dólares) con un crecimiento cercano al 25% en
los 4 años. Las asignaciones de Audiencias Públicas (Denominados consejos
comunitarios), enmarcadas en el plan de desarrollo suman $270 mil millones de pesos
(107 millones de dólares) a 196 municipios en 22 departamentos y la ciudad de Bogotá
(2004 a mayo de 2006). Los recursos provenientes del Plan Pacífico, una iniciativa
regional asignó $42 mil millones dirigidos a los municipios de la región pacifica solamente.
El agregado de las cuatro fuentes de recursos suma un total de $15 billones que recibió el
sector durante el período 2002-2005. Los recursos del sector provienen principalmente de
ingresos por tarifa y del Sistema General de Participaciones aporta más del 90% de
recursos que percibió el sector en dicho periodo.
Una de las figuras más utilizadas por el gobierno nacional como política pública nacional
ha sido el impulso a la participación privada. El informe reconoce que la incursión del
sector privado en el sector de agua potable y saneamiento básico no ha tenido el mismo
dinamismo que en otros servicios públicos en el país, sin embargo han logrado cerrar más
de 20 proyectos con vinculación de operadores privados, con inversiones que se
aproximan a los USD$400 millones. En el informe no se especifica la utilización de los
recursos aportados por el capital privado.
El endeudamiento como una fuente de recursos para los pequeños prestadores de los
servicios de agua potable y saneamiento básico no es muy frecuente. En parte se atribuye
esto a la carencia de respaldo frente a los créditos de largo plazo, la incertidumbre sobre
los ingresos por tarifas, las condiciones fiscales de los entes territoriales, entre otros
aspectos. La falta de estos recursos podría estar produciendo en los prestadores
debilidades financieras que pueden poner en riesgo la viabilidad de las empresas,
especialmente en el caso de prestadores de naturaleza oficial.
En todo caso, el sector de agua potable y saneamiento reproduce el esquema actual en
donde las empresas grandes concentran la mayoría de los ingresos y las inversiones.
El sector de los servicios públicos ha cambiado hacia esquemas de subcontratación del
servicio, regionalización en algunos componentes y concentración del mercado a través de
empresas con participación accionaria en diferentes regiones del país.
Existe la figura de contratos con operadores y formas asociativas en diversas formas como los
de operación exclusiva, los de operación con inversión, los de administración, de gestión,
Áreas de Servicio Exclusivo ASE y contratos de Concesión. También son frecuentemente
utilizados esquemas de participación privada a través de formas asociativas por acciones y
sociedades comanditarias, entre otras. Estos contratos hacen uso del parágrafo 1 del artículo
87 de la Ley 142 de 1994 para la fijación contractual de tarifas a través de procesos de
selección. Las formas asociativas dejan en cabeza del contratante las tarifas en algunos casos
y en otros ceden la facultad a los socios operadores. De una muestra de 24 contratos, se
observa que las modalidades de operación con inversión y de administración, operación y

mantenimiento son las más utilizadas y se han creado modalidades que antes no existían
como es el caso de los contratos para la construcción y operación de los sistemas y el de
arrendamiento con inversión, en contratos hasta los 20 años incluso.
“El ejercicio de vigilancia y control de la SSPD ha identificado la necesidad de hacer una
revisión de este tipo de mecanismos de participación privada en el sector de acueducto y
alcantarillado, toda vez que no se cuenta con reglamentación que permita una eficiente
prestación de los servicios y realizar el seguimiento y control, por cuanto han surgido diversos
problemas entre las partes que afectan la prestación oportuna y con calidad a los usuarios”.
(SSPD 2005)
En los documentos oficiales no se reporta ningún seguimiento al cumplimiento de los
planes o proyectos al momento de la privatización de la empresa de servicios públicos.
Generalmente los contratos de concesión incluyen compromisos de inversiones o
cambios en la prestación del servicio, pero no hay reportes que permitan evaluar el
cumplimiento de lo pactado. Ni el informe defensorial, ni los análisis de la Contraloría
general de la República dan cuenta de esta situación.
6. Agua y salud
Según informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) el saneamiento ambiental puede reducir la incidencia de
enfermedades infecciosas entre el 20 y el 80% a través de la inhibición de la generación
de enfermedades y la interrupción de su transmisión.
Esta comprobado que el agua de mala calidad es un vehículo propicio para la transmisión
de enfermedades como el Cólera, Hepatitis infecciosa, Fiebres tifoideas y paratifoideas,
Amibiasis, Diarreas, Esquistosomiasis, etc.
Esas enfermedades pueden ser transmitidas por el agua a través de organismos
patógenos, relacionados con la higiene; es decir, transmitidos por vía fecal-oral, por
contacto de la piel y también relacionados con la disposición de excretas.
La última publicación de la Organización Mundial de la Salud - OMS, “Informe sobre la
Salud en el Mundo - 1996”, constata tristemente que las enfermedades diarreicas, en
particular el cólera, la fiebre tifoidea y la disenteria, las cuales son propagadas
principalmente a través de agua o
alimentos contaminados, acabaron
% DE MORTALIDAD INFECCIONES INTESTINALES
con la vida de 3,1 millones de 1.80
personas, la mayoría niños, en 1995.
MUJERES
En este mismo período, la Hepatitis
B causó la muerte de más de 1,1
1.60
HOMBRES
millones de personas y las
verminosis intestinales se cobraron
al menos 135.000 vidas.
1.40
La causa principal de mortalidad
asociada al agua es la diarrea aguda
que solo se reporta en el SISD para
los grupos poblacionales de niños y
niñas entre 0 y 4 años de edad. El
1.20
1.00
0.80
0.60
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

SISD reporta tasas mayores para los hombres que para las mujeres y la tendencia entre
1986 y 1995 fue al descenso cercano al 40%.
Al contrario del gráfico anterior, las estadísticas de mortalidad en la población total, de
acuerdo con Minprotección social que presenta estadísticas de defunciones por grupos de
edad y sexos y la lista de 56 grupos de causas (basada el la Clasificación Internacional de
Enfermedades CIE - 9) presentadas en el gráfico lateral nos indican que esta causa
mantiene una tendencia a la disminución en el periodo analizado, sin embargo las
defunciones por esta causa son proporcionalmente mayores en las mujeres que en los
hombres.
Tendencias históricas
El análisis con base en la información disponible respecto a agua potable, saneamiento
básico y salud relacionados con el agua en Colombia muestra una tendencia a una mayor
cobertura de los servicios básicos de acueducto y alcantarillado, así como la recolección
de basuras, en los centros urbanos. Por el contrario, para las zonas rurales el
desabastecimiento es cada vez mayor en términos proporcionales a la población.
Se puede decir que en Colombia la mortalidad y morbilidad asociadas a la calidad
microbiológica del agua ha disminuido por unos mejores servicios sanitarios.
No es posible asociar morbilidad y mortalidad a otros parámetros de calidad del agua
como la presencia de metales pesados o compuestos orgánicos cíclicos.
Casos atendidos de enfermedades diarreicas agudas (EDAs)
La tasa de defunciones por EDA para el 2005 está reportada en 18.7 por 100.000 nacidos
vivos y por IRA es de 25.5.
Tasa de mortalidad infantil asociadas al agua
La tasa de mortalidad infantil estimada para el país es de 25.6/1000.
El IRA es la tercera causa de mortalidad en menores de 1 año (84.6 en mujeres y 101.1
en hombres 9 ). El IRA es la principal causa de mortalidad (8.5) en niños entre 1 y 4 años y
la segunda para las mujeres después de la desnutrición (8.2). Las infecciones intestinales
son la cuarta causa de mortalidad en este grupo (6.0 en hombres y 6.1 en mujeres). En
los grupos de mayor edad estas enfermedades son superadas por otras causas de
mortalidad.
Presencia de malaria, dengue y fiebre amarilla
Las defunciones reportadas por estas tres causas en el país son: 155, 157
respectivamente, sin reportes para fiebre amarilla.
9 Tasas indicadas en número por 100.000 nacidos vivos

La morbilidad asociada a estas enfermedades reporta:
Colera 0.01
Fiebre Amarilla 0.07
Dengue 54.01
Malaria 271.94
Conclusiones
¿Qué normas ha dictado los órganos correspondientes para garantizar el derecho al
agua?
El Estado colombiano se ha basado en la ley 142 y sus reglamentaciones para garantizar
el acceso al agua potable a los Colombianos. Se ha preocupado más por garantizar la
rentabilidad del sector industrial dedicado al agua potable y el saneamiento básico que
por la prestación misma. Todas sus actuaciones son tendientes a generar rentabilidad y
eficiencia en el sector que a garantizar el servicio público.
Los municipios han hecho esfuerzos para garantizar los recursos económicos para los
subsidios o para las inversiones. Sin embargo se presentan casos de corrupción y de muy
mala calidad del servicio en un número importante de las empresas de servicios públicos.
La estructura privada no garantiza, per se, una mayor cobertura de los servicios ni una
mejor calidad. Se ha reconocido por parte de las entidades de supervisión y control como
por el Banco Mundial que la inversión pública es la responsable de los aumentos en
cobertura y calidad del servicio.
Aunque existe un sistema Unico de Información denominado SUI, este aun adolece de
ausencia de información sistemática. Esto hace que los análisis de las diversas entidades
utilicen datos y fuentes que en muchos casos no son comparables y dificultan el análisis.
• ¿Existen políticas claras y transparentes de servicios de saneamiento?
Existen las políticas pero los énfasis no son los más adecuados.
El Estado está revisando y tratará de cambiar todo el esquema de transferencias de la
nación debilitando aun más la autonomía municipal y restringiendo las posibilidades de
inversión en agua potable y saneamiento.
Existen un déficit presupuestal en el sistema de compensación para los estratos más
pobres, además de la política de desmonte de subsidios que permite prever aumento
significativos en las tarifas para estos estratos.
Hay un déficit importante para la financiación del saneamiento básico en el país y no se
perfilan los cambios o los ajustes necesarios para solucionar en el corto plazo ese
problema a la vía del aumento de tarifas.
La política ambiental y en particular el tema de los instrumentos económicos que
incentiven el ahorro tales como las tasas retributivas y compensatorias, además de las
tasas de uso, en vez de fortalecerse cada día se debilitan y el gobierno nacional cede a
las presiones de los grupos económicos que impiden que estos mecanismos funcionen
adecuadamente.

• ¿Existen mecanismos de participación ciudadana en la gestión del agua?
Existen las reglamentaciones y los espacios desarrollados a partir de la legislación actual.
Hay dos organizaciones que merecen ser destacadas en este informe por los resultados
que han venido obteniendo en el desarrollo de políticas públicas en relación con el agua:
AVOCAR que es la asociación de vocales de control de las empresas de servicios
públicos y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, organizaciones que tienen presencia
nacional.
• ¿Quiénes son los actores o personas que violan el derecho al agua?
Las empresas de servicios públicos que no toman las medidas necesarias para el
mejoramiento de la calidad del agua, aquellas que cargan niveles altos de ineficiencia e
ineficacia a las tarifas y aquellas autoridades de control que no hacen su trabajo
regularmente.
Aquellos municipios y empresas de servicios que no reportan su información a las
entidades de control de acuerdo con los requerimientos establecidos.
• ¿En que zonas (rural/urbana) se produjo la violación del derecho al agua?
En general las zonas rurales sufren con mayor rigor las deficiencias del sistema.
• ¿Qué grupo de la sociedad es el que se ve más afectado?
Los niños y niñas rurales y habitantes de las poblaciones menores a 50.000 habitantes
son la población más afectada.
Bibliografía
• DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORME DEFENSORIAL No. 39 – B. Actualización
del Informe Defensorial No. 39. DIAGNÓSTICO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO EN COLOMBIA, EN EL MARCO DEL DERECHO
HUMANO AL AGUA.
• http://www.wssinfo.org/pdf/country/COL_wat.pdf
• ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. III CONGRESO DE
LAS AMERICAS DE MUNICIPIOS SALUDABLES Y COMUNIDADES SALUDABLES.
ALCANTARILLADOS CONDOMINIALES: UNA ALTERNATIVA PARA LOS
MUNICIPIOS SALUDABLES. Sérgio Rolim Mendonça. Medellín, Antioquia, Colombia,
08 al 12 de marzo de 1999.
• WHO / UNICEF. Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitat ion.
Coverage Estimates Improved Drinking Water. July 2004. Colombia
• IDRC – OPS/HEP/CEPIS. Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas
Residuales en América Latina: Realidad y Potencial. Inventario de la Situación Actual

de las Aguas Residuales Domésticas en Colombia. Angélica María Salas Bocanegra.
2002
• Corporación Ecofondo. El Agua en el Chocó. Guerra Jairo Miguel. 2005
• Contraloría General de la República. Contraloría delegada para Infraestructura Física
y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional. Regulación en
servicios públicos domiciliarios. Gaitan M. Norma y Martinez Jhon J. 2004.
• Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de la Protección Social. Situación
de la Salud en Colombia, Indicadores básicos 2005.
• Impacto sectorial de los diez años de la legislación marco de servicios públicos
domiciliarios en Colombia. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Colección Documentos SSPD. Pablo Roda, Consultor. 2003. 112 pag.
• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estudio sectorial servicios
públicos de acueducto y alcantarillado 2002-2005. Documento de trabajo. Bogotá,
Junio de 2006. 257 pag.

- i -
>
IMPACTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL
El caso Interagua
INDICE
1 OBJETIVO DEL TRABAJO.........................................................................................................1
2 ANTECEDENTES DEL PROCESO DE CONCESION...............................................................1
3 TRABAJOS REALIZADOS .........................................................................................................6
3.1 RECOPILACION DE INFORMACION ........................................................................6
3.2 ENCUESTAS .....................................................................................................................6
3.3 ENTREVISTAS.................................................................................................................6
4 OBLIGACIONES CONTRACTUALES.......................................................................................6
5 INDICADORES DE GESTION....................................................................................................9
5.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE ................................................................................10
5.1.1 CALIDAD DEL AGUA POTABLE.......................................................................11
5.1.1.1 El caso del brote de Hepatitis A...............................................................11
5.1.1.2 Parámetros para Desinfección establecidos en el Contrato......................14
5.1.2 COBERTURA.........................................................................................................16
5.1.3 PRESION ................................................................................................................17
5.1.4 TARIFA ..................................................................................................................19
5.1.5 ATENCION A LOS CIUDADANOS / USUARIOS..............................................24
5.1.5.1 Suspensiones del Servicio........................................................................24
5.1.5.2 Denuncias ciudadanas..............................................................................26
5.2 ALCANTARILLADO SANITARIO .............................................................................27
5.2.1 COBERTURA.........................................................................................................27
5.2.2 TARIFA ..................................................................................................................28
5.2.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO..........................................................................29
5.2.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ...................................................................31
5.2.5 SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE...........................................................32
5.2.5.1 CASO AUCME .......................................................................................32
5.3 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.......................................................34
5.3.1 LA ACELERADA SEDIMENTACIÓN DEL RÍO GUAYAS Y DE SUS
AFLUENTES ..........................................................................................................34

6 PLAN MAESTRO PROPUESTO POR INTERAGUA ..............................................................36
6.1 PLAN MAESTRO AGUA POTABLE ..........................................................................36
6.2 PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO ............................................38
6.3 PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO PLUVIAL.................................................39
7 CONCLUSIONES .......................................................................................................................41
- ii -

1 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
1 OBJETIVO DEL TRABAJO
El objetivo del presente trabajo es aproximarnos a una determinación de los verdaderos efectos
de la privatización temporal de los servicios públicos de agua potable y saneamiento de
Guayaquil, concesionados por 30 años a la firma Internacional Water CIA. Ltda., Interagua,
dado que frente a la publicitada versión de la concesionaria y voceros de autoridades locales y
nacionales, se han desarrollado serios cuestionamientos por parte de la sociedad civil, que
merecen ser analizadas, considerando que existen presiones políticas para avanzar en la
privatización de estos servicios en el resto del país.
2 ANTECEDENTES DEL PROCESO DE CONCESION
Los servicios de agua potable y saneamiento de Guayaquil para fines de la década de los
ochenta eran altamente deficitarios y se encontraban atendidos por dos empresas diferentes, la
Empresa Provincial de Agua Potable del Guayas, EPAP-G, y la Empresa Municipal de
Alcantarillado de Guayaquil, EMAG, que arrastraban problemas administrativos y técnicooperativos
agravados por el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad.
El ámbito de servicio de la EPAP-G eran Guayaquil y los denominados cantones del Este, con
lo que se atendía, además, a poblaciones como Bucay, Naranjito, Milagro, Yaguachi y Duran.
Las fuentes de abastecimiento de agua son el rió Daule, para Guayaquil; y, los acuíferos del
Chobo y el agua potable de Guayaquil, para los cantones del Este.
El alcantarillado sanitario y pluvial de Guayaquil era atendido por la EMAG, acumulando una
serie de problemas de cobertura y deficiencias en la calidad del servicio.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

2 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
Cuantiosas inversiones fruto de prestamos internacionales del BIRF –Banco Interamericano de
Reconstrucción y Fomento,, CDC (Inglaterra) y del Gobierno de España, permitieron a la EPAP-
G, desde inicios de la década del noventa, la construcción de una nueva planta de
potabilización en Guayaquil con capacidad acumulada para abastecer a Guayaquil hasta el
2030, así como la sustitución de redes de distribución en el centro de Guayaquil, la ampliación
de redes en amplios sectores de los Guasmos, Suburbio Oeste, Bastión Popular, Mapasingue,
Prosperina, Pancho Jácome, entre otros. Por su parte, la EMAG mediante préstamos del Banco
Interamericano de Desarrollo –BID- ejecuta el alcantarillado sanitario y pluvial del suburbio
oeste, se adquirieron nuevos hidrocleaners, entre otros. Como resultado, la brecha entre las
áreas provistas de agua potable y las de alcantarillado, se amplían considerablemente. La
ciudad es altamente vulnerable a los desastres naturales, principalmente por la insuficiencia de
las redes de aguas lluvias y la ausencia de cobertura en grandes extensiones de la urbe.
El empuje de las economías de Japón y de otros países asiáticos de los años 70 y 80, empuja a
las transnacionales de occidente a abrirse paso en ramas de la actividad diferentes, como son
las telecomunicaciones, energía y servicios urbanos; en Inglaterra, para fines de los 80 había
culminado un proceso de privatización de los servicios públicos municipales de agua potable y
saneamiento; la asfixia económica provocada por los servicios de la deuda externa en los
países latinoamericanos inicialmente impidió convertirnos en consumidores de estos servicios
privatizados, pero fue abonando terreno para asumir que el Estado era responsable de todos
los males, y para las grandes corporaciones interesadas en captar el manejo de los servicios
públicos en el resto del mundo.
La imposición de las reglas del mercado a los servicios básicos de la población requería de un
marco legal en el Ecuador, lo que fue implementado en 1993 con la denominada Ley de
Modernización del Estado, en el Gobierno de Sixto Duran Ballén. Desde ese entonces, el
Consejo Nacional de Modernización –CONAM- fue el órgano a través del cual comenzaron a
mentalizarse los procesos de privatización so pretexto de superar los problemas de ineficiencia,
falta de cobertura y ausencia de inversiones en los servicios públicos domiciliarios y en otras
áreas denominadas estratégicas, respondiendo así a los condicionamientos impuestos por el
FMI para la renegociación de la deuda externa. Paralelamente, la gestión municipal de
Guayaquil liderada por el Partido Social Cristiano promueve la necesaria fusión de los servicios
de agua potable y saneamiento de Guayaquil en una sola empresa, mediante la creación de la
ECAPAG, Empresa _Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, para cuyo efecto,
en agosto de 1994 se expide la Ley 08, pero, mentalizando su conformación como paso previo
a su privatización, suponiéndola como única vía de atraer inversiones, mejoras en la calidas del
servicio y las condiciones de salubridad, así como la reducción del impacto ambiental sobre el
río Guayas y el Estero Salado.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

3 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
En febrero de 1996 se materializa la fusión de las unidades operativas de agua potable y
alcantarillado, bajo la tutela del Banco Mundial, quien condiciona la concesión de préstamos a la
consolidación de la privatización de los servicios. Según un estudio del Consorcio Internacional
de Periodistas Investigativos, con ayuda del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericanos de
Desarrollo (BID) se avanza hacia la privatización del agua. Entre 1990 y 1995 el BM dio 21
préstamos a países subdesarrollados en los que condicionaba la entrega del dinero a la
privatización del agua. Entre 1996 y 2002 el número aumentó a 61. Precisamente, en julio de
1997 Ecuador se endeudó con el BID en 40 millones de dólares para sentar las bases de la
privatización del agua de Guayaquil.
Paralelamente, desde diversas instancias, desde 1995 se promueve una nueva Ley de Aguas,
que reafirme el marco jurídico privatizador, que ya genero movilizaciones contra la privatización
del agua promovida por organizaciones indígenas, campesinas y de usuarios de los sistemas
de aguas que concurrieron en julio de 1998 al Congreso Nacional para presentar su rechazo a
la privatización de los derechos de aprovechamientos de aguas, así como la conformacion de
mercados de los recursos naturales y respaldando a la propuesta de Ley de Aguas de la
CONAIE presentada en 1996.
Sin embargo, prosiguieron las reformas legales como la denominada Ley Trole 2 hacia fines de
la década del noventa que contiene reformas a la Ley de Modernización y a la Ley Especial de
CEDEGE (Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas), en las que se
faculta no solamente la privatización de los servicios de agua potable, sino también del agua
para riego; para ello, se sustento en el texto constitucional aprobado en 1998, articulo 249, que
manifiesta que si bien los servicios de agua, riego y saneamiento, son responsabilidad del
Estado, este podrá prestarlo de modo directo a empresas mixtas o privadas.
A la Universidad Católica de Guayaquil le correspondió promover la privatización vía
concesiones justificando las tesis de “eliminación de los precios políticos”, dentro de un plan
preconcebido de “desreglamentacion o (desregulación)”, por “excesos de normatividad, del
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

4 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
desmantelamiento de las trabas y restricciones impuestas a la libre iniciativa de las
empresas…”, como lo afirma Benjamín Toro, en una publicación del Centro de Investigaciones
Económicas de dicha universidad.; lo que “deberá conducir hacia la imposición de las reglas del
mercado: asuncion de riesgos comerciales…”, cuando estos son mínimos dado que en la
practica la rentabilidad estará garantizada; “libertad irrestricta para la entrada y salida de
empresas competidoras”, cuando mas bien el servicio concesionado paso a convertirse en un
monopolio privado bajo la denominación de “exclusividad regulada” de los servicios; “búsqueda
de economías de escala y formulas de mayor eficiencia”, sin lugar a dudas, ya garantizado con
anterioridad a la firma del contrato, a través del pliego tarifario y la supeditación de inversiones a
la capacidad de pago del ciudadano usuario; “el enfrentar los gustos y aversiones de los
clientes”, cuando la ciudadanía ni siquiera participa en el establecimiento de la tarifa o en la
aprobación del Plan Maestro, pues no esta representada en la conformacion del directorio de
ECAPAG; “y, la … posibilidad, de riesgo de bancarrota general del negocio”, lo cual no ocurrirá
por los paraguas que el concesionario tiene en el contrato.
El préstamo del BID a ECAPAG, crédito 1026/OC-EC condicionado a la concesión, permitió la
renovación de equipos de bombeo en la planta de tratamiento de agua potable y en las plantas
de bombeo de aguas residuales, la reparación de los colectores de aguas servidas en diversos
sectores, particularmente en el centro de la ciudad; la construcción de canales de drenaje de
aguas lluvias en la zona norte, la creación de una nueva plataforma de datos y sistema
operativo en el área comercial, así como la renovación del centro de computo; el pago de
indemnizaciones a los trabajadores liquidados y la campaña de propaganda que “mitigue los
impactos sociales y políticos” de la privatización por 30 años de los servicios, la contratación de
la firma BANQUE PARIBAS para que evalúe la situación de la empresa, elabore los términos de
referencia para la licitación internacional de la concesión y promueva su materialización ante las
firmas transnacionales.
Se ejecutaron dos procesos licitatorios, el primero declarado desierto en 1998, como
consecuencia de la inestabilidad política y económica de ese entonces, y las exigencias de las
firmas transnacionales interesadas. Con la finalidad de reducir los riesgos de inversión de estas,
se elaboro una nueva estructura tarifaria, se ejecutaron nuevas inversiones que mejoren las
capacidades operativas de los sistemas, se redujeron las exigencias para las inversiones, como
por ejemplo, la reducción de la garantía de cumplimiento del contrato de 30 millones a 10
millones de dólares, la eliminación de un volumen mínimo de inversión para el primer
quinquenio, se garantizo la recuperación de “subsidios” y por ende la rentabilidad, se pospuso
por diez años las exigencias de presión mínima de agua en la red, entre otros; de forma tal que
para diciembre del 2000, en condiciones poco ventajosas, se adjudico “la exclusividad” de la
operación y mantenimiento por 30 años de los servicios de agua potable, alcantarillado
sanitario y alcantarillado pluvial a la firma Internacional Water Services Guayaquil,
INTERAGUA, única firma ofertante. Dicho de otro modo, se inauguro el camino para la
privatización de los servicios públicos domiciliarios en el país, facultándose legalmente la
creación de monopolios privados para su ejercicio. La firma del contrato de concesión se llevo a
cabo el 11 de abril del 2001 en la sede del BID en Washington; y contempla en su cláusula
16.2.2 que la resolución de conflictos en última instancia se someterá a un arbitraje
internacional que se llevara a cabo en Miami, Estados Unidos.
International Water (IWL), es en 50% propiedad de Bechtel, la gigantesca constructora
multinacional estadounidense, y en 50% del grupo italiano Edison SpA. IWL fue el grupo
propietario de Aguas de Tunari, liquidada en Cochabamba después de desastrosas alzas de
precios. Planeaba suministrar exportando desde acuíferos, agua en bloque para las minas de
cobre en Chile. Aunque propiedad de una compañía estadounidense y una italiana, IWL está
registrada en el Reino Unido, y opera a través de una compañía intermedia registrada en
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

5 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
Holanda. Según la Unidad de Investigaciones de la Internacional de Servicios Públicos (UIISP),
el OMGI le ha dado un seguro de 18 millones de dólares a IWL para la concesión de agua de
Guayaquil. Es ésta la primera vez que el OMGI asegura un programa de agua y una fianza de
cumplimiento. El seguro da protección contra riesgos políticos —expropiación, desórdenes
civiles— y, asimismo, “cubre la fianza de cumplimiento… contra el riesgo de que se haga
efectiva en forma injustificada”. i
La privatización temporal de los servicios básicos de agua potable y saneamiento de Guayaquil,
vía concesión, comenzó a operar a partir de la transferencia de servicios que tuvo lugar el 9 de
agosto del 2001, con lo que ECAPAG pasó a convertirse en el ente regulador del contrato,
soslayándose de su responsabilidad social por el servicio.
El Partido Social Cristiano interesado en captar y sostenerse en el Municipio de Guayaquil como
condicionante político para imponer su visión de las autonomías, y para liberarse de la presión
social por mejoras en la calidad y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento,
paradójicamente sacrifico la autonomía municipal en el manejo de este servicio publico. Al
referirse a actuaciones como estas, Luis Mauricio Cuervo en el Primer Foro Jurídico El derecho
de los servicios públicos realizado en Colombia, señala que “las decisiones claves en materia
de prestación de servicios públicos domiciliarios han quedado totalmente fuera del alcance del
gobierno municipal”, como lo ha reafirmado el propio Municipio en cuñas publicitarias a
propósito de los problemas de inundaciones de Guayaquil, lo cual deja entrever que con este
marco legal que faculto la creación de ECAPAG y la privatización del servicio, la administración
socialcristiana –en este aspecto- sustrajo al municipio de “su carácter de célula política básica
del Estado y lo restringe a un papel de mero delegatario”. Sin embargo, una vez que el servicio
fue concesionado, y ante las demandas insatisfechas de la ciudadanía, para no asumir la
responsabilidad política de regular los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y
alcantarillado pluvial concesionados, aparece asumiendo competencias para el desarrollo de
proyectos en de agua potable y alcantarillado sanitario en zonas urbano marginales del norte, o
de alcantarillado pluvial en vías que pavimenta, invirtiendo para el efecto recursos municipales o
donaciones extranjeras, es decir, asumiendo competencias cuando políticamente le conviene, o
deslindando la responsabilidad municipal cuando son las organizaciones ciudadanas las que
demandan o cuestionan la calidad de los servicios.
El proceso de privatización de los servicios de agua y saneamiento en el país no ha estado
exento de cuestionamientos; al respecto, vale resaltar que en su publicación La privatización del
agua en América Latina, 2002, DAVID HALL Y EMANUELE LOBINA, (UIISP), afirman que “en
septiembre de 2000, la empresa conjunta colombo-española LASSA (Canal de Isabel II,
Tecvesa y su empresa Triple A) se apoderaron de la compañía privatizada de agua Amagua, en
Samborondón, Ecuador. Se ha hablado de corrupción, porque el contrato se le dio a Amagua
sin competición, en mayo de 2000. Amagua se creó como una empresa conjunta públicoprivada
entre el municipio y Maverick, subsidiaria de AAA Servicios, que a su vez también es
parte del grupo Triple A”.
No en vano, el propio Banco Mundial advierte, según Daniela Pierotti, que "las empresas que
pagan recompensas pueden esperar, no sólo obtener el contrato o ganar la subasta de
privatización, sino además conseguir subsidios ineficaces, ventajas de monopolio y laxitud de la
regulación en el futuro".
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

6 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
3 TRABAJOS REALIZADOS
3.1 RECOPILACION DE INFORMACION
La información de sustento ha sido recogida de publicaciones diversas que se citan en el
anexo, por lo que los exámenes de calidad de agua citados corresponden a lo reseñado en
ellas.
3.2 ENCUESTAS
Los participantes de uno de los talleres de preparación de observadores comunitarios
organizado por el OCSP, efectuaron muestreos al azar en sus áreas de actuación, axial
como en el área inmediata adyacente al sector donde se detecto un brote de hepatitis A en
el suburbio oeste de Guayaquil. Igualmente se aprovecho los resultados de una encuesta
realizada por el OCSP en diversos sectores de Guayaquil a cerca de 40 mil personas.
Aunque estas no cumplen la rigurosidad de un muestreo estadístico, sin embargo lo
abrumador de los cuestionamientos a la calidad del servicio ofrecido por la concesionaria
Interagua y su ente regulador ECAPAG, la hace de obligada consideración.
3.3 ENTREVISTAS
Se efectuaron entrevistas a diversos actores del proceso, además de considerar las
declaraciones publicas ofrecidas, que al no ser desmentidas por sus autores, se las
considera valederas.
4 OBLIGACIONES CONTRACTUALES
En el contrato de concesión no se estableció ninguna obligación de mejora en la infraestructura
de drenaje pluvial de Guayaquil por parte de Interagua en el primer quinquenio de concesión,
cuando anteriormente se esgrimió como justificativo para la ciudad la urgente inversión en la
infraestructura de drenaje pluvial; por el contrario, en la cláusula cuarta del contrato se señala
que “la responsabilidad de la Concesionaria … en el primer quinquenio, se limitará a la
capacidad y calidad que permitan los sistemas que recibirá de ECAPAG al momento de la
transferencia”.
Al referirse a la prestación del Servicio de saneamiento, en el numeral 4.2.2.1., entre otras,
señala que el costo de la construcción de las futuras plantas de tratamiento de aguas servidas,
así como su mantenimiento “se financiará a través de la tarifa, bajo el esquema descrito para
las Revisiones de la tarifa”. Considerando la importante inversión que se requiere para la
operación y mantenimiento de estas -necesarias e imprescindibles- plantas, el costo que se
trasladará al usuario será significativo; sin embargo, llama la atención que, en la actualidad y
desde varios años atrás, el valor que se cobra por el servicio de alcantarillado, como un
porcentaje del valor de agua potable, ya de por sí es alto, representando el 80% del consumo
de agua potable, y con el condicionante de que el sistema de tratamiento existente es tan solo
“primario”, es decir, solo se retienen sólidos, sin que exista ningún otro tratamiento para las
aguas servidas que descargan al río Guayas, al Daule o a los esteros que circundan la ciudad.
La cláusula 4.2.2.2. señala con precisión la obligación de Interagua por la prestación del servicio
recolección, conducción y disposición de las aguas lluvias; por lo que expresamente señala que
es “responsable de la planificación y construcción de los futuros sistemas de alcantarillado
pluvial”, a partir del segundo quinquenio, sin embargo, a juzgar por la propuesta del plan
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

7 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
maestro puesta a consideración de ECAPAG, no construirá ningún sistema de alcantarillado
pluvial, a pesar de que no existe dicha infraestructura en mas del 60% de la ciudad, No se
aplica un criterio de responsabilidad social para diferentes sectores consolidados de la ciudad
de escaso ingreso económico...Así, por ejemplo, el Guasmo Sur con una población de 240 mil
habitantes, que cuenta con canales de drenaje desde hace 20 años, tendrá que esperar 20
años mas para que se comience apenas a revestirlos; o no se plantean soluciones para las
zonas carentes de este servicio, particularmente en sectores como Bastión Popular,
Mapasingue, Prosperina, Flor de Bastión, entre otros .
Los parámetros de cumplimiento de la concentración de cloro residual se presentan de forma
ambigua en el contrato. Si bien en una parte se señala que se admiten concentraciones de cloro
de 0.2 mg/lt, llegando a expresarse, inclusive que, “en ningún caso será menor de 0.1 mg/lt;
aduciendo que son parámetros tomados del MIDUVI, cuando este es aplicable para sectores
rurales con poblaciones de hasta 1000 hab.; sin embargo, en el Código de Práctica para la
Desinfección del Agua de Bebida, apéndice 2 del contrato, se establece concentraciones de 0.5
mg/lt, a 0.8 mg/lt., pero condicionando cuestionablemente tal concentración a que el agua
cruda cumpla con índices de unidades de color menor a 0.15, lo cual no había ocurrido en 20
años de registros anteriores.
En cuanto a los planes quinquenales de inversión señalados en el numeral 5.3.3. se indica que
la concesionaria conjuntamente con la ECAPAG deberán fundamentar la Revisión de las Metas
de Expansión y Calidad, el Plan Quinquenal de Inversión para el siguiente quinquenio y la
Revisión de las Tarifas para lo cual la Concesionaria deberá contratar el estudio a su costo, que
tendrá como objetivo determinar “la relación entre las inversiones necesarias para alcanzar las
metas del quinquenio”, “el nivel tarifario necesario para lograr tales metas” y “la disponibilidad a
pagar y la capacidad de pago de los usuarios”. La ECAPAG estima que la suma de los planes
quinquenales de inversión para los años 6 a 30 de la Concesión implicará inversiones del orden
de 520 millones de dólares, pero, aclara que este monto será revisado en función de los
requerimientos que surjan del Plan Maestro, de avance del mismo y de la evolución de la tarifa.
De lo antedicho se establece que la regulación a cargo de ECAPAG es puramente económica,
orientada a garantizar la rentabilidad de la inversión en función del incremento tarifario. No
existe ningún condicionante social, mas bien, se entiende que si no hay capacidad de pago las
metas de calidad y de expansión se postergan.
El CONAM mediante oficio DAJ-2000 1334 del 14 de septiembre del 2000 sugirió que en el
contrato se establezca claramente como y cuando se cumplirán las conexiones domiciliarias de
agua potable y alcantarillado sanitario ofrecidos por el concesionario, en cuanto a su numero,
considerando que es una variable no monetaria, sin embargo esto no fue tomado en
consideración por lo que quedo a discreción de la concesionaria los términos de aplicación del
contrato, lo que no garantiza la atención a los sectores mas vulnerables de la población.
Inclusive, este compromiso contractual de inversión se pretendió financiarlo parcialmente con
un préstamo al BID por 40 millones de dólares solicitados el 24 de enero del 2003 por
Interagua, con la venia de ECAPAG, poniendo al Estado ecuatoriano como garante. Lo que
revela que, al igual que en Bolivia y Argentina, las inversiones ofrecidas por 520 millones de
dólares tienen un dudoso origen, no los fondos propios de Interagua/Bechtel.
La expectativa de que la iniciativa privada inyectaría fondos que paliarían la penuria financiera
de las instituciones públicas se ha demostrado falaz. En Argentina, por ejemplo, que tras diez
años de privatización ha decidido devolver la gestión de aguas urbanas al sector público, el 90
por ciento de las inversiones realizadas en este tiempo han sido públicas. Dicho en otras
palabras, las grandes transnacionales, más que aportar fondos y arriesgar inversiones a largo
plazo, han acabado gestionando inversiones públicas, especialmente del Banco Mundial, señala
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8 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
Pedro Arrojo, en su artículo La gestión ética de un bien publico. En estas condiciones, añade,
“el problema del acceso a aguas potables por parte de las comunidades más pobres se ha
agravado. Y es que los pobres nunca han sido un buen negocio en espacios de libre
mercado…. El argumento de la falta de recursos resulta injustificable, incluso para los gobiernos
de los países más pobres;… Al fin y al cabo, la “revolución del grifo y del agua clorada” exigiría
apenas un 1 por ciento de los actuales presupuestos militares. Se trata de un reto político, más
que financiero”, sentencia.
En el caso de Interagua, contractualmente tampoco se le ha señalado plazos para la inversión,
aunque Rodrigo Andrade, cuando ejercía la Presidencia del Directorio de ECAPAG, declaro el
primer día de la concesión, que Interagua invertirá 250 millones de dólares en el segundo
quinquenio, los cuales se emplearán en la infraestructura del sistema de agua potable, en las
plantas de tratamiento de aguas residuales y en microsistemas de drenaje pluvial; que la
cobertura será del 95% y 90% para agua potable y alcantarillado sanitario; y que la inversión
total será de 1000 millones de dólares. Tales afirmaciones resultaron irreales al cabo de los 5
años de concesión, pues lo previsto en el Plan Maestro, 140 millones para el segundo
quinquenio dista mucho de los 250 ofrecidos por su promotor.
INVERSIONES QUINQUENALES SEGÚN PLAN MAESTRO PROPUESTO POR INTERAGUA
(En millones de dólares)
Quinquenio 2 3 4 5 6 Total
AÑOS/SERVICIOS 2006-
2011
2011-
2016
2016-
2021
2021-
2026
2026-
2031
Agua Potable 43.41 20.01 35.42 21.52 61.40 181.77
Alcantarillado Pluvial 5.89 1.27 7.41 18.00 0.00 32.78
Alcantarillado Sanitario 91.01 91.8 72.31 51.32 14.06 320.5
INVERSIÓN
QUINQUENAL
140.31 113.08 115.14 90.84 75.46 535.05
El numeral 6.9 Ajuste Automático de las Tarifas por Variación de Costos establece revisiones
trimestrales a partir del inicio de la concesión “cuyo propósito es mantener el poder adquisitivo
del ingreso frente a incrementos en los costos”. Se hace referencia tan solo al interés del
concesionario más no a la capacidad de pago de la población. Confirma que la estrategia es
garantizar la provisión del servicio de agua potable a quien puede pagar por ello, bajo el
argumento de que el precio refleje la escasez y el costo de las inversiones para su distribución,
desconociendo el derecho humano de acceso al agua. De esta manera se hace recaer el peso
de la extensión del servicio en los usuarios, evitando así que el operador asuma algún tipo de
riesgo empresarial y, de otra parte, deslinda al Estado del aporte de recursos para solventar
políticas de inclusión social.
En el numeral 6.11 se hace mención a Otros mecanismos de restablecimiento de la ecuación
financiera del Contrato, a más de los señalados en numerales anteriores de ese cuerpo legal
(revisión de inversiones y revisión extraordinaria de tarifas). Centrando la actividad del ente
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9 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
regulador, ECAPAG, a garantizar esa rentabilidad, ocultándose de esa manera la
responsabilidad social del Estado, tanto del gobierno nacional, como del gobierno local, el
Municipio de Guayaquil.
La regulación de los servicios públicos privatizados no responde a criterios democráticos y de
inclusión social; busca evitar el dispendio de recursos por la ineficiencia pública de ciertas
empresas carentes de contraloría social, para garantizarle una utilidad o rentabilidad económica
al monopolio privado, soslayando la responsabilidad social del servicio. Los derechos del
ciudadano se esconden o se limitan con la categoría usuario o consumidor; en la práctica, los
usuarios no cuentan con el poder de elección que caracteriza a las relaciones de mercado. En
otro orden, al concebir a los usuarios como clientes individuales, sólo se abre espacio a su
incidencia en temas micro relacionado con el punto de consumo, pero se mantiene vedada su
capacidad de decidir sobre los objetivos públicos a conseguir.
5 INDICADORES DE GESTION
La salud de la población es, principalmente, una consecuencia directa de un seguro
abastecimiento de agua y una disposición de excretas. Un reciente informe de la Organización
Mundial de la Salud revela que las cuatro enfermedades infantiles en las que más influyen las
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10 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
malas condiciones ambientales son: la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias
inferiores, diversas formas de traumatismos involuntarios, el dengue y la malaria.
Las deficiencias en la calidad del servicio de agua potable y saneamiento influyen
negativamente en las condiciones de vida de populosos barrios de Guayaquil contribuyendo
significativamente a convertir más de una decena de enfermedades en endémicas. Mas de un
20% de la ciudad carece de agua potable por tubería y casi el 50% no tiene sistemas de
alcantarillado sanitario y pluvial lo cual genera condiciones de insalubridad y vuelve altamente
vulnerables a los habitantes de los sectores urbano marginales de la ciudad. La Universidad de
Guayaquil que se encuentra elaborando las Fichas Estandarizadas de Control de Salud, sobre
la base de una muestra de 21970 menores de estos barrios de la ciudad determinó que 4022
padecen de anemia, 19.13% tienen una talla menor a la normal, y el 40.79% sufren de
parasitosis.
Para la superación de estos problemas es digno destacar la excelente perfomance de empresas
publicas de saneamiento como la que existe en Cuenca, capital de la provincia del Azuay y
tercera ciudad más importante del Ecuador, la cual brinda en la actualidad uno de los mejores
servicios de agua potable del país con un servicio que resulta rentable para la Empresa
Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA). Cubre el 90 % de la
demanda de agua existente en el cantón; la meta de cobertura propuesta para el 2030, es
llegar a dar atención al 98 por ciento de la población del cantón, esto es, a 700 mil habitantes.
Cinco años atrás el servicio de agua potable en Cuenca no era rentable. Las
telecomunicaciones subsidiaban el 18 % de las necesidades. Las razones son múltiples: la
deficiente cobertura, las pérdidas del líquido (en un 48 %) y las bajas tarifas, consecuencia de la
inestabilidad económica del país. En 2000, para enfrentar estos problemas, ETAPA emprendió
un programa de control de pérdidas de agua bajo tres ejes. Primero, el cambio y reubicación de
medidores obsoletos, que impedían la medición exacta. Se redujo la presión de agua en la red
de distribución para evitar las filtraciones, sin que afectara la dotación norma a la población. Y,
se cambió la mayor cantidad de matrices obsoletas. Así se redujeron las pérdidas en un 13 %,
la proyección hasta el 2010 es alcanzar la eficiencia internacional del 25 % de margen de agua
no facturada.
Aunque, en los dos últimos años Etapa no incrementó las tarifas por este servicio, las tarifas de
Cuenca son menores a la de otros municipios. Etapa no recibe ni un centavo del Gobierno
central ni del Municipio. El servicio se paga de varias maneras y hay subsidios según la
situación económica. Actualmente recauda USD 1,4 millones mensuales por agua y
alcantarillado. Los recursos se reinvierten en el mantenimiento y operación de las dos plantas
de agua potable y en la de aguas residuales. Cuenca goza de uno de los mejores sistemas de
tratamiento de aguas residuales de la región. Al cuencano, Jorge Guerrero, le satisface saber
que paga por el consumo de agua de calidad. “Siempre escucho que es la mejor del país. Eso
es bueno para nuestra salud, porque siempre los niños toman agua directamente de la llave”.
Lo dicen las estadísticas y el estudio técnico (bacteriológico, físico, químico) mensual que mide
la calidad de agua que se consume en Cuenca. Según los resultados de las muestras tomadas
en agosto pasado, el agua presenta cero coliformes y es apta para el consumo.
Tales indicadores distan mucho de los servicios que ofrece Interagua por mayores tarifas,
generosa promoción televisiva y con una creciente insatisfacción de la ciudadanía.
5.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE
Para el Observatorio Ciudadano de los Servicios Públicos el análisis del problema de la
calidad del agua debe ser enfocado más allá de la concentración del cloro residual,
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11 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
componente de un todo que es la calidad de la prestación del servicio, esto es, calidad del
agua potable, presión, continuidad, y atención al ciudadano, principalmente...
5.1.1 CALIDAD DEL AGUA POTABLE
5.1.1.1 El caso del brote de Hepatitis A
La calidad del agua potable viene determinada principalmente por su capacidad
de ser ingerida sin causar riesgo a la salud. Reiteradamente los medios de
comunicación dan cuenta de la insatisfacción de ciudadanos en diversos sectores
de la ciudad de Guayaquil, que a través de sus sentidos perciben la turbiedad, el
color, e incluso, fetidez, que con relativa periodicidad llega a sus hogares.
En Nueva Delhi, La India, entre 1955-56 se produjo una gran epidemia de
hepatitis infecciosa transmitida por agua como resultado de la contaminación del
sistema de abastecimiento de agua. En aquella ocasión no se presentó un
aumento en las infecciones bacterianas entéricas, como fiebre tifoidea, durante el
mismo periodo. Esto sugiere que las dosis de cloro y tiempo de contacto
suministrados en la planta de tratamiento de aguas fueron suficientes para
destruir las bacterias –como las que causan la fiebre tifoidea-, mas no los virus –
como los de la hepatitis-. (Ingeniería Ambiental de Henry y Heinke, Editorial
Prentice Hall, 1999). La mejora de la calidad del agua de bebida mediante el
tratamiento del agua doméstica, por ejemplo con la cloración en el punto de
consumo, puede reducir en un 35% a un 39% los episodios de diarrea.
El 12 de julio de 2004 la ECAPAG, ente regulador de concesionaria señalo a
INTERAGUA que en la zona del Suburbio Oeste se necesita que “se reemplace
la totalidad de la infraestructura comprendida dentro de su área de trabajo, por
tratarse de un sistema de redes obsoletas, con daños de consideración, por lo
tanto los usuarios no pueden ser sujeto de cobro alguno por el servicio”.
INTERAGUA respondió que tiene 6729 conexiones registradas en la zona y el
95% son facturadas sin medidor. La firma privada se ofreció a construir una
nueva red, pero no precisó fecha. Guillermo Mingolla, representante de
INTERAGUA, el 6 de abril del 2005 se comprometió a “suspender
inmediatamente la emisión de facturas a clientes de los sectores Suburbio Oeste
y Cisne“(El Comercio, 26 de Junio/05).
Sin tomar en cuenta este precedente, se continuo entregando el liquido vital por
las mismas redes obsoletas, lo que propicio que en el Sector Plan Piloto,
comunidad de la zona Suburbio Oeste se presente en el mes de junio del 2005
una epidemia de Hepatitis A, entre los alumnos de la escuela fiscal Alberto
Perdomo. Los análisis iniciales efectuados por el Instituto Nacional de Higiene y
por el Municipio de Guayaquil en el sector de las calles 24 y la P, determinaron la
contaminación del agua por heces fecales en varias de las muestras, así como el
incumplimiento de la norma INEM 1108 Calidad de Agua de Bebida (Instituto
Ecuatoriano de Normalización y Medidas), por lo que no eran aptas para el
consumo humano. El Informe presentado por el MIDUVI a la C.C.C.C. determinó
que hay presencia de coliformes fecales en la red de distribución (indicadores de
contaminación), debido al mal estado de las tuberías, bajas presiones y
discontinuidad del servicio.
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12 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
El Subsecretario de Salud, Federico Cedeño, aceptó que la desinfección con
cloro aplicada por Interagua es insuficiente, conforme destaca Diario Expreso el
29 de junio/05. La Organización Panamericana de la Salud, publicó a través de la
Hoja de Divulgación Técnica –HDT 35- del Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental –CEPIS-, un Programa de Vigilancia de Calidad del Agua
para Consumo Humano, en donde se señala que, el valor de 0.3 mg/l es el que
se recomienda como nivel de cloro en el agua de condiciones normales de
abastecimiento; y, 0.8 es el máximo, porque a partir de esta valor, los niveles
mayores son fácilmente detectables por su olor y sabor característicos, que
hacen que el agua sea rechazada por los consumidores. Los valores intermedios
son de interés especial en el caso de programas en zonas marginales urbanas y
otras de escaso saneamiento donde se requieren niveles permanentes de cloro
de 0.5 a 0.6 mg/l, rango establecido luego de estudios de correlación entre
presencia de cloro y coliforme en el agua. De ahí que, Ángel Valencia,
Coordinador de la Subsede de la OPS en Guayaquil, declaró que la insuficiencia
de cloro provoca la contaminación del agua porque el líquido carece de
protección (Expreso 1 de julio/05).
Conforme a las estadísticas publicadas en Guayaquil se presentaron los
siguientes casos de hepatitis hasta junio del 2005:
Años 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Casos 1028 1619 950 1057 618 597 286*
*Hasta junio
Estas cifras solo corresponden a los contagiados que se atendieron en los
centros de salud públicos de Guayaquil, puesto que no se registran los pacientes
atendidos en consultorios, dispensarios, clínicas y hospitales privados o de
organizaciones no gubernamentales. Conforme a cifras oficiales del INH en el
sector se constató lo siguiente:
Fechas 18 de Junio 2005 24 de Junio 2005 29 de Junio
2005 (*)
Personas atendidas 56 60
Personas infectadas 18 20 85
% Personas infectadas 32% 33%
(*) El Diario El Universo del 29 de junio, da cuenta de 39 infectados según
informes oficiales y 46 diagnosticados clínicamente, clasificados como
“sospechosos”, total 85.
El numeral 4.2.1.3 del Contrato de Concesión señala la obligatoriedad de
Interagua de “La potabilización del agua cruda para hacerla apta para consumo
humano”, sin embargo, el Director del Instituto Nacional de Higiene, autoridad de
salud responsable del control de calidad del agua en Guayaquil, en dialogo con
Citynoticias el 13 de octubre/05 recomendó que “La ciudadanía de Guayaquil
debe hervir el agua para asegurar su calidad”, en un reconocimiento implícito a la
vulnerabilidad de la ciudadanía a contraer enfermedades en virtud de la
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13 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
desconfianza a la calidad del agua que provee Interagua, lo cual se agravo en la
ciudad los días previos al brote de la epidemia de Hepatitis por una escasez del
gas de uso domestico, conforme reseña diario El Universo el 18 de junio/05.
Por su parte, el Código de Práctica para la Desinfección del Agua de Bebida que
provee Interagua y que consta en el Apéndice del Anexo 2 del Contrato de
Concesión, define el producto conforme las Guías de la Organización Mundial de
la Salud (1995) como “adecuada para uso humano y para todo uso doméstico
habitual, incluida la higiene personal”. Y, puntualiza, que en esta definición está
implícito el requerimiento de que el agua no debe presentar ningún tipo de riesgo
capaz de causar irritación química, intoxicación o infección microbiológica
perjudicial a la salud humana.
En su numeral 1.3 señala que la calidad microbiológica del agua de consumo
humano es de gran importancia y –aclara- que a la desinfección como medio de
control de los microorganismos causantes de enfermedades debe dársele la mas
alta prioridad dentro de las políticas de los abastecedores de aguas,
principalmente en los lugares donde las enfermedades transmisibles de origen
fecal oral muestran elevados índices de prevalencia, como es el caso de
Guayaquil.
En el numeral 4 Disposiciones Generales del referido Código se establece que la
Entidad Prestadora del Servicio –EPS-, Interagua, debe garantizar la calidad
microbiológica del agua de bebida suministrada. Sin embargo, Interagua y su
ente regulador ECAPAG, reconocieron públicamente que el agua que produce y
distribuye de manera exclusiva en Guayaquil, léase monopolio del servicio,
mantenía parámetros de concentración de cloro residual de 0.20 mg/litro.
La Comisión de Salud del Congreso a petición del OCSP realizó pruebas de la
calidad del agua, pero con un procedimiento cuestionado que determinó que las
muestras no sean representativas, con resultados que no satisficieron las
expectativas ciudadanas porque, de manera extraña, por primera vez el servicio
de agua por la red continuó abasteciendo del liquido vital más allá de la hora
cotidianamente establecida, y llegando a obtener una inusual concentración de
cloro en sitios extremos de la red, lo que hizo presumir la existencia de puntos de
recloración no informados a los participantes.
Fernando Alvarado, vocero de Interagua, recomendó ante las cámaras del
noticiero matinal de Gamavisión, que, como consecuencia de la discontinuidad
del servicio de agua potable que ofrece la concesionaria en Guayaquil, al
restablecerse diariamente este servicio, la ciudadanía “deje perder el liquido por
las llaves de los domicilios hasta que se observe limpia”. Como consecuencia, en
sectores donde las redes de distribución son de alto riesgo para la contaminación
esta se conducirá inevitablemente a las cisternas de almacenamiento de las
viviendas, sin que pueda ayudar la poco técnica recomendación del operador
privado. De otra parte, expresa la irresponsabilidad social de la empresa que
pretende trasladar al usuario la decisión de aceptar o no el agua que sale por las
llaves, por una mera inspección visual; y con la lógica de las garantías de
rentabilidad previstas en el contrato de concesión esa agua desperdiciada, que
pasa por los medidores de caudales de agua en cada domicilio, es facturada.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

14 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
La Comisión de Control Cívico de Corrupción determinó que la empresa
Interagua, “por efectos de la suscripción de un contrato ineficaz, entrega el agua
en condiciones que no son aptas para el consumo humano, poniendo en grave
riesgo a la población guayaquileña. De esta manera se configura un grave delito
en perjuicio de la salud pública. Asimismo, la Concesionaria mencionada ha
omitido la adopción de medidas alternativas para evitar una baja en los
parámetros de calidad del agua que se entrega en el suburbio de Guayaquil. “
El Lunes 3 de octubre/05 en Diario El Universo, los laboratorios de control de
calidad de empresas privadas como Indulac, Big Cola y Cervecería Nacional, que
emplean el agua como materia prima, han sido enfáticos en señalar que la
calidad del agua potable no es permanente; por lo que se ven obligados en
ocasiones a asumir su desinfección. Y es importante destacar que se trata de
empresas instaladas entre los kms. 14 y 17 de la vía a Daule, prácticamente al
inicio de los acueductos que distribuyen el líquido vital a toda la ciudad. Esta
información es corroborada por un químico profesional que vive en la Alborada y
publicada el 9 de octubre en Diario El Universo, quien preocupado por el servicio
que recibe, efectúa un control periódico desde su domicilio.
De conformidad a muestreos al azar realizados por lideres barriales que asistían
a talleres de formación de observadores comunitarios se observa que en el
sector del Plan Piloto del Suburbio Oeste y en la Coop. Batalla de Tarqui del
Guasmo Sur, extremos de la red de distribución de agua potable, un 75 % de los
encuestados afirman que el agua que recibe por tubería es turbia; siendo que, en
la Cooperativa antes señalada, ese porcentaje de insatisfacción se incrementa
durante la época de lluvias por la elevación del nivel freático que contamina las
tuberías, llegando incluso a reconocer un 42% de los encuestados que el agua
sale fétida.
Consecuentemente, se demuestra que la elevada incidencia de enfermedades
que azotan a la población de Guayaquil se derivan, entre otras causas de la
deficiencia de los servicios básicos de agua y saneamiento; y, para el caso del
brote de hepatitis en el Suburbio Oeste, que el agua no contenía la dosis
necesaria para su adecuado consumo, y que ocasionalmente sale turbia y mal
oliente, conforme reiteradas denuncias de los moradores publicadas en la
prensa, circunstancias agravadas por la insalubridad del sector.
La metodología de la toma y análisis de muestras, la información total de los
resultados, la participación de laboratorios acreditados en representación de la
sociedad civil y la permanente información de la ECAPAG a la ciudadanía,
constituyen requisitos indisolubles que permitirán restablecer la confianza en los
resultados de evaluación de la calidad del agua.
5.1.1.2 Parámetros para Desinfección establecidos en el Contrato
Los parámetros de cumplimiento de la concentración de cloro residual se
presentan en forma ambigua en el contrato.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

15 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
El numeral 2.1.2.5 del anexo 2 del contrato de Concesión, relativa los
parámetros de Calidad del Servicio a controlar por ECAPAG, señala para el caso
del Agua Distribuida por Redes que el valor del cloro residual mínimo es:
pH del agua Cloro Libre Residual
(mg/l) tiempo mínimo
de contacto 10
minutos
Cloro Libre Residual
(mg/l) tiempo mínimo
de contacto 60
minutos
7-8 0.2 1.5
8-9 0.4 1.8
Estos parámetros, son justificados por ECAPAG aduciendo que corresponden a
la norma establecida por el MIDUVI para poblaciones mayores a 1000 habitantes,
e ignorando que la Ley de Defensa del Consumidor los obligaba a aplicar la
norma 1108 establecida por el INEM, y que no les era desconocida, pues en sus
parámetros básicos esta recogida en el Código de Practica para la Desinfección
del Agua de Bebida que forma parte del contrato.
En las disposiciones específicas del referido Código, en el numeral 5.1
Desinfección, se establece que es obligación de Interagua garantizar una
desinfección efectiva del agua.
El producto usado para la desinfección, según el numeral 5.1.2.1, debe cumplir
los siguientes requisitos: “Tener capacidad de eliminar a temperatura ambiental
los microorganismos existentes en el agua, causantes de enfermedades, y en un
tiempo no mayor de 15 minutos; debe ser dosificado en una concentración tal
que luego de su aplicación inicial mantenga una concentración residual para la
protección del agua contra posteriores contaminaciones… “
En el numeral 5.1.2.2 señala que, si para la desinfección se emplea cloro debe
considerarse lo siguiente:
“ a) En lo posible, el agua debe tener una turbiedad menor de 5.0 UNT. Y un
valor de pH menor a 8.0;
b) El tiempo de contacto no debe ser menor a 30 minutos;
c) Durante el periodo de un año, el 80% de los resultados de los análisis
correspondientes al contenido de cloro residual libre no debe ser menor a
0.5 mg/l como Cl2;
d) Ninguna muestra debe tener un contenido de cloro residual libre menor
de 0.3 mg/l como Cl2; “(el subrayado es nuestro)
Sin embargo, en el siguiente literal, se establece de manera extraña que:
“e) En aguas que contienen mas de 15 unidades de color, en el curso del año, el
80% de los resultados de los análisis correspondientes al contenido de cloro
residual libre no debe ser menor de 0.2 mg/l como Cl2, y ninguna muestra debe
tener una concentración menor a 0.1 mg/l como Cl2.”.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

16 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
Periodo
Los literales b), c) y d) del numeral 5.1.2.2. del Código de Práctica para la
Desinfección del Agua de Bebida, textualmente citados, corresponden a los
parámetros exigidos por las autoridades de salud y que no aplica Interagua; sin
embargo, el literal e) establece una condicionante que les facultaría a cumplir
solo los requerimientos establecidos en los Parámetros de Calidad del Servicio,
que establecen menores concentraciones de cloro residual libre, sin considerar
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para ciudades
como Guayaquil con sistemas de agua potable de elevado riesgo de
contaminación.
Según reportes que datan desde 1979, 22 años antes de la firma del contrato de
concesión, ya se conocía que por sus características el parámetro del color,
medido en UCV, del río Daule es mucho mayor de 15, con lo que se pretendió
justificar la no aplicación de los literales c) y d).
Parámetro MINIMO MAXIMO
1979-1985 Color (UCV – mg/L) 55 850 201 (Promedio)
1992-1996 Color (UCV – mg/L) 50 200 400 (Excepcional)
Fuente: Evaluación de los Sistemas Existentes Banque Paribas
En todo caso, el numeral 5.1.2.3. Del referido Código de Práctica para la
Desinfección del Agua de Bebida, precisa que “el agua no debe contener cloro
en una concentración o valor que en conjunción con cualquier otro elemento,
organismo o sustancia contenida en ella, cause el rechazo del agua o resulte
peligroso a la salud de los consumidores”, como efectivamente ocurre con la
dosificación aplicada por Interagua.
Consecuentemente, es responsabilidad de la firma concesionaria Interagua, bajo
la regulación de su ente de control ECAPAG, determinar la dosificación de cloro
apropiada tanto en la planta potabilizadora, como en la red de distribución,
porque es su obligación, conforme el Código de Práctica para la Desinfección del
Agua de Bebida, garantizar la calidad microbiológica y la desinfección efectiva del
agua; con lo que se lograría evitar concentraciones que provocan la
contaminación del agua por la ausencia de la debida protección, conforme
advirtió, Ángel Valencia, funcionario de la OPS en Guayaquil.
5.1.2 COBERTURA
CUADRO Nº 6
TENDENCIA DEL NIVEL DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
EN PORCENTAJES
TIPO DE
SERVICIOS
1982 1990 1993 1996 1998 2000
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

17 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
AGUA POTABLE 64,4 60,5 61,0 70,0 67,5 66.0
ALCANTARILLADO 52,1 55,2 53,4 48,8 45,5 42.0
ELECTRICIDAD 95,7 97,4 98,1 98,8 99,0 99,0
TELEFONO N/D 24,7 27,0 28,2 34,5 47,7
FUENTE: INEC: Censos de Población y Vivienda y Encuestas de Condiciones de Vida
ELABORACIÓN: DPLANG, Dpto. Planes y Programas Estratégicos (Área de
Economía Urbana).
Interagua ha destinado alrededor de $35 millones para obras de expansión y
mejoras de calidad del servicio de agua potable en Guayaquil, en los cuatro años
que lleva de operadora de estos servicios, desde el 21 de agosto de 2001
cuando ECAPAG le entregó la concesión por un período de 30 años. Hasta esa
fecha, la empresa ha realizado 35 mil nuevas conexiones de un total de 55 238
que debe instalar en los primeros cinco años, previéndose un retraso en su
cumplimiento hasta agosto del presente año como se desprende de
informaciones de la propia empresa que asegura cumplirá hasta diciembre,
estableciéndose, sin embargo, un mayor retraso en las conexiones al sistema de
aguas servidas.
Lo antes señalado refleja una política empresarial que privilegia el incremento de
las conexiones de agua potable por encima de las de alcantarillado sanitario, que
sin embargo es el servicio básico que menor cobertura tiene, y cuya inexistencia
genera un gran impacto negativo en la salud.
El Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
aprobado por ECAPAG deslinda de toda responsabilidad a Interagua y ECAPAG
por la calidad, precio y servicio que prestan los tanqueros (tanque-cisterna),
delegando tales funciones a la Intendencia de Policía, sin considerar la
responsabilidad que les asiste por el abastecimiento de agua a la población mas
vulnerable, carente de elementales servicios básicos.
5.1.3 PRESION
Falta información de planeación y cronograma para alcanzar la presión adecuada
en toda la ciudad. La presión mínima requerida por la ciudadanía, que le permita
almacenar agua en las pocas horas de que esta circula por la tubería en muchos
barrios de la ciudad, obliga a la población al empleo de bombas de succión,
acarreándose contaminantes al interior de la red de distribución; sin embargo, la
reglamentación interna que regula el servicio establece multas por el uso de tales
bombas de succión, mas no determina las responsabilidades del proveedor del
servicio, Interagua, por las bajas presiones en la red que obliga al usuario a su
uso.
Conforme a los parámetros de calidad del servicio (Anexo 2 del contrato de
Concesión) la presión mínima en la red es aquella presión disponible en el 95%
del tiempo sobre la cota de nivel de piso en las conexiones de los inmuebles
servidos luego de la llave de paso (medidor).
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

18 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
Antes de finalizar el primer quinquenio, en julio del 2006, Interagua deberá
suministrar agua potable manteniendo las siguientes presiones mínimas, las
cuales no alcanzara a cumplir en el periodo establecido en el contrato, a pesar
que constituyen menores exigencias que las establecidas para el primer
quinquenio en la primera convocatoria a Licitación para la concesión:
Sectores de Guayaquil Presión mínima
Noreste 8 mca (11.4 psi)
Noroeste 8 mca (11.4 psi)
Centro 5 mca (7.1 psi)
Sur 5 mca (7.1 psi)
Zonas mas alejadas 5 mca (7.1 psi)
En la actualidad, para el caso del Plan Piloto, por ejemplo, los moradores señalan
que carecen de presión en la red, ni siquiera para alcanzar la ducha de baño,
razón por la cual, el 67 % de los encuestados afirma que usa bomba de succión,
lo cual, si bien es penalizado por ECAPAG en el Reglamento de Prestación del
Servicio, sin embargo, constituye la respuesta de los moradores a la falta de un
adecuado servicio en la red de distribución hacia sus domicilios. Lo propio ocurre
en otros barrios urbano-marginales de la ciudad.
USO DE BOMBA DE SUCCION POR FALTA DE PRESION EN LA RED
SECTOR Coop. Mariuxi
Febres Cordero
(Guasmo Sur)
Coop. 5 de
Diciembre
Coop. Batalla de
Tarqui (Guasmo
Sur)
24 y la P (Sector
Plan Piloto)
PORCENTAJE 92% 75% 100% 67%
Esta práctica de abastecimiento constituye uno de los más agresivos factores de
contaminación, puesto que induce al ingreso forzado de los contaminantes a la
red de distribución y al sistema de almacenamiento de agua de los usuarios.
Mas bien, en sectores como los Guasmos, la continuidad del servicio se agravó,
por lo que el abastecimiento se redujo a 2 horas de la madrugada, seguramente
obedece a nuevas reducciones en los volúmenes de abastecimiento a la ciudad
mediante la manipulación de las válvulas, como una forma de ahorro de la
concesionaria Interagua, que sacrifica los intereses de los sectores mas
vulnerables de la población, y con el agravante de las permanentes quejas por la
turbiedad y fetidez con que llega, que les provoca inclusive enfermedades de la
piel, como denunciaron en el pasado mes de Junio/06 los moradores de la Coop.
Unión de Bananeros del Guasmo en el noticiero de ECUAVISA. Esta drástica
reducción de los ya exiguos volúmenes que recibían, constituyen motivo para que
ECAPAG deba exigir a Interagua abastezca con tanqueros a la población de los
Guasmos, como una medida compensatoria al desabastecimiento que
actualmente sufre.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

19 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
Suburbio y Guasmos se encuentran alejados de la Planta LA Toma. Se requieren puntos de recloración
para asegurar calidad del agua potable a la población, hasta que se sustituyan las tuberías obsoletas.
5.1.4 TARIFA
El pliego tarifario aplicado por ECAPAG desde 1995, bajo la tutela del Banco
Mundial, responde a la premisa de la operación del servicio con “precios reales”,
lo que implica la paulatina eliminación de los subsidios cruzados, que facultaba a
que los mayores consumidores asuman la responsabilidad social de subsidiar a
los menores consumidores.
La aplicación de esta nueva política tarifaria por parte de ECAPAG tiene como
finalidad garantizar la rentabilidad del operador privado, en función del pago
según consumo, sin tomar en consideración la capacidad de pago de la
población.
Coincidentemente con el avance del proceso de concesión, un estudio sobre los
indicadores urbanos efectuado por el Municipio de Guayaquil determina que “el
consumo de agua potable mediante redes en los sectores populares tuvo un
mayor impacto, cuando de 225 litros per-cápita diario se redujo a 105 litros al
aumentar la población en forma significativa y al quedar suspendido los trabajos
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

20 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
de expansión de las redes”. A ello se añade que, posteriormente, INTERAGUA
como una medida para reducir drásticamente las pérdidas por agua no
contabilizada redujo 100 mil metros cúbicos diarios de agua, lo que afectó
mayormente a los barrios urbano – marginales del suburbio oeste y guasmos, por
encontrarse en los puntos mas alejados de la red de distribución.
El citado estudio reconoce que “hasta mediados de 1998, el precio del agua
potable ha tenido como tendencia reducir las grandes diferencias entre los
precios más altos aplicado al sector industrial (de $1,68 descendió a $1,01 el
m3), con los precios más bajos de los asentamientos populares (de $0,04 se
elevó a $0,12 el m3). Es parte de la política de la ECAPAG de reducir los
subsidios y adoptar precios más reales”.
Como consecuencia, un nuevo pliego tarifario aplicado a partir del año 2000
consolido esta política al eliminar las categorías de consumidores, industriales,
comerciales y residenciales, por categorías según rango de consumo; aceptando
que los 5 rangos de mayor consumo, subsidien a los 3 rangos de menor
consumo, pero bajo la óptica de ir aplicando mecanismos de reajustes que
conduzcan a eliminar completamente el subsidio: Posteriormente, a partir de
agosto del 2002 reduce a dos los rangos de menor consumo sujetos a subsidio;
sin embargo, los incrementos tarifarios impuestos a partir del año 2000 revelan
que el valor por carga variable de las tarifas de agua potable se han
incrementado 3 veces, a lo que debe sumarse un incremento del 20% en el valor
de carga variable por el servicio de alcantarillado para los habitantes de menor
consumo, mientras que se reduce el porcentaje que cancelaban los de mayor
rango de consumo.
El rol de ECAPAG como ente regulador del contrato se reduce en la práctica a
garantizar la rentabilidad del negocio del operador privado, soslayándose a través
de esta agresiva política tarifaria, los intereses de los sectores mas desposeídos
de la población.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

21 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
tarufa (u.s. dolares)
Tarifa (dolares)
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
01/01/2000
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
Variacion Mensual de Tarifa Agua Potable para 20 m3 de
consumo
01/07/2000
01/01/2001
01/07/2001
01/01/2002
01/07/2002
01/01/2003
01/07/2003
tiempo (meses)
01/01/2004
Tarifas Mensuales
01/07/2004
01/01/2005
Variacion Tarifa Agua Potable Consumo 31
m3
mar-00
mar-01
mar-02
mar-03
mar-04
tiempo (meses)
01/07/2005
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL
mar-05
Tarifa Consumo 31
m3

22 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
TARIFA M3 (U.S. Dolares)
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
ago-00
VARIACION TARIFA CONSUMO 33 M3 AGUA POTABLE
nov-00
feb-01
may-01
ago-01
nov-01
feb-02
may-02
ago-02
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL
nov-02
feb-03
may-03
ago-03
TIEMPO (meses)
Serie1
Como resultado de esta política tarifaria, si consideramos como punto de partida
(base = 100) las de enero del año 2000, para el rango de menor consumo, que
corresponde a la población de menores recursos económicos, constataremos
que para agosto del 2001, mes que entro a operar Interagua, el cargo variable de
agua potable en la tarifa se incremento a 207; y a agosto del 2005, a 390, es
decir cuatro veces. Si consideramos, por ejemplo, que en enero del 2000, el
ciudadano que consumía 20 m3 cancelaba 0.078 dólares por metro cúbico de
agua, en agosto del 2005, debía cancelar 0.304 por esa misma unidad de
volumen.
Ahora, si además consideramos el cargo variable de alcantarillado que fue
incrementado para este rango de consumo de 60% a 80%, mas el valor creciente
por cargo fijo, el valor total de la planilla que recibimos varió de la siguiente
manera para el rango de consumo del ejemplo: De $ 3.47 que se pagaba por
consumo de 20 m3 de agua potable en enero del 2000, se incremento en mas del
doble a $ 7.31 en agosto del 2001, mes de inicio de operaciones de Interagua; de
ahí en adelante el incremento ha sido sostenido, de forma tal que, a diciembre
del 2005, el valor a pagar es casi cuatro veces mas de los $3.47 que se facturaba
en enero del 2000, esto es, $ 13.07 dólares.
nov-03
feb-04
may-04
ago-04
nov-04
feb-05
may-05
ago-05

23 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
Factura (dolares)
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
INCREMENTO PLANILLA INTERAGUA PARA CONSUMO DE 20
M3 DE AGUA
Ene-00
May-00
Sep-00
Ene-01
May-01
Sep-01
Ene-02
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL
May-02
Sep-02
Ene-03
Tiempo
May-03
Sep-03
Ene-04
May-04
Sep-04
Ene-05
May-05
Sep-05
Serie1
Mientras esa política de “precios reales” se impone, constatamos cómo se
manifiesta la tendencia creciente de índice de precios del consumidor, versus la
reducción del salario real de los trabajadores en el país, para el periodo 1998-
2003, tendencia que se mantiene. El salario real en el Ecuador tiene un proceso
de deterioro que no ha sido recuperado. La tarifa que cobra Interagua en cambio,
seguirá incrementándose impactando cada vez más en el presupuesto familiar
porque está supeditada precisamente al índice de precios al consumidor, al
crecimiento de las tarifas de energía eléctrica y de los salarios nominales, sin
considerar el salario real, como sería socialmente justo.

24 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
En este sentido, es preciso articular políticas tarifarias, por bloques de precio
creciente, que permitan financiar adecuadamente estos servicios públicos
básicos desde adecuados criterios sociales, para impedir que los sectores
sociales mas desposeídos, sean castigados con una política tarifaria que
desconoce el elemental principio de equidad social, en donde los derechos del
ciudadano se relegan bajo la categoría del usuario y del trato “igualitario”, que -
como vemos- es en realidad excluyente. En definitiva, “es preciso introducir
racionalidad económica, pero no desde una óptica de mercado, sino social.”
(Pedro Arrojo Agudo Revista Pueblos)
5.1.5 ATENCION A LOS CIUDADANOS / USUARIOS
El Servicio de Atención al Cliente es cuestionado por los usuarios por su falta de
resolución satisfactoria. El cliente nunca tiene la razón. Existen casos
paradigmáticos que revelan esta tesis. La acción obligatoria de ECAPAG para
resolver los conflictos no resueltos a satisfacción del cliente, recién al cabo de 4
años de concesión han sido promocionados para conocimiento de la ciudadanía,
abriendo la línea 1-700-ECAPAG, que es cuestionada porque recarga el costo de
la llamada al usuario.
Los moradores encuestados en la zona adyacente a la Escuela Perdomo, foco
del brote de Hepatitis A en el sector de Plan Piloto, así como moradores de la
Coop. Mariuxi Febres Cordero, Coop. Batalla de Tarqui, coinciden en señalar que
el servicio de agua potable prestado por Interagua es deficiente; y, en el primer
sector señalado que cuentan con el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial,
reiteran el mismo calificativo de Deficiente para estos servicios.
5.1.5.1 Suspensiones del Servicio
La ejecución de la suspensión programada del servicio de agua
potable en Guayaquil del 16 al 18 de septiembre del 2005, anunciada
por la concesionaria de los servicios de agua potable y saneamiento,
Interagua, incumplió de manera irresponsable con lo establecido en el
Contrato de Concesión y el Reglamento Interno de Manejo de los
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

25 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
Servicios, que obliga a proveer de un servicio alternativo de
abastecimiento a todos los usuarios afectados, lo que no fue
contemplado en la aludida programación, poniendo en riesgo las
condiciones de salubridad de la población y afectando la capacidad
productiva de la ciudad, sin que haya existido el oportuno y debido
pronunciamiento por parte del ente regulador ECAPAG.
De conformidad a lo informado por Interagua, la empresa dispuso de
apenas 50 vehículos cisternas (tanqueros) que tan solo sirvieron para
cubrir las necesidades de los centros asistenciales de salud, asilos,
bomberos, principalmente, deslindando sus responsabilidades para
con todos los guayaquileños.
La cláusula 5.4.3.6. Del contrato de concesión establece claramente
que si la suspensión del servicio tiene una duración mayor a
veinticuatro (24) horas, como es este caso, “la Concesionaria deberá
proveer a los Usuarios de un Servicio alternativo, durante el tiempo
que dure la suspensión”. Es decir, Interagua debió obligatoriamente y
de manera planificada abastecer con tanqueros a toda la ciudad, sin
que dichos vehículos cobren un centavo a la ciudadanía al momento
de la distribución, pues el mismo contrato establece que “... el
volumen de agua que provea por camiones cisterna” será
posteriormente “facturado al precio de agua de red”, esto es, 6
centavos por tanque de 55 galones, más el “cobro del cargo fijo”.
Cuando exista una interrupción del servicio por razones técnicas, el
capítulo VI, artículo 66 del Reglamento Interno de Manejo de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
en el Cantón Guayaquil”, establece que “La empresa –INTERAGUA-
dispondrá de planes de emergencia para cubrir las eventualidades
que limiten la continuidad del servicio, de manera que no podrá
alegarse imprevisión, caso fortuito o fuerza mayor, para dilatar la
interrupción más allá de la duración que hubiere sido informada a
ECAPAG, o para incumplir con los abastecimientos alternativos
obligatorios”. Constituye, por tanto, un irrespeto peligroso para la
salud pública y el desarrollo de las actividades productivas de la
ciudad, ignorar lo que claramente está obligada a cumplir la
Concesionaria.
En el Articulo 67 del citado Reglamento se reafirma que “La
ocurrencia de una interrupción técnica, tendrá con relación a los
usuarios, los siguientes efectos: ... b) En el caso de interrupciones
críticas cuya duración se extienda por más de 24 horas, sistemas de
abastecimientos alternativos deberán ser provistos por la empresa
para la atención de los usuarios afectados;”... pudiendo estos
demandar a Interagua por este incumplimiento, al tenor del literal c)
de este artículo, al precisar que “Toda reclamación derivada de los
daños y perjuicios ocasionados por la interrupción, tendrá carácter
individual, y observará los procedimientos establecidos en este
reglamento para los reclamos”. Demás está decir, que el Reglamento
pretende coartar el derecho ciudadano a una reclamación colectiva,
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

26 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
como está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, que admite
la creación de Asociaciones de Consumidores.
Nadie duda de la imperiosa necesidad de mejorar el abastecimiento
de agua en la ciudad; no solo que algunos males de antaño no han
cesado pese a 5 años de concesión del servicio a la firma Interagua,
sino que han aparecido otros. Debemos darnos cuenta que, a cambio
de la oportunidad de operar el negocio de agua potable y
saneamiento de Guayaquil por 30 años y sin competidores, con toda
la infraestructura existente mejorada mediante endeudamiento del
Estado y cedida sin costo, sin obligaciones laborales pendientes y sin
riesgos de inversión en la práctica, pues la rentabilidad esta
garantizada en el contrato de concesión, Interagua esta obligada a
cumplir una inversión en este quinquenio que concluye en agosto/06,
y que se expresa en las 55 mil instalaciones de agua potable y
alcantarillado sanitario, en la elevación de la presión de la red de
agua potable, principalmente, lo cual sin duda constituye una mejora
en el servicio, pero no constituye una dádiva, es su obligación para
con la ciudadanía guayaquileña, en compensación por sus réditos
económicos que sumaron 10 millones de dólares en los últimos dos
años, según reporta la Superintendencia de Compañías.
Es reconocido públicamente por sus propios voceros que el
abastecimiento de manera interrumpida –que ocurre en todo el sector
sur y oeste de la ciudad- es propenso a contaminación cada vez que
cesa de circular el agua por la red; la falta de adecuada presión que
soportamos impide acumular el líquido vital en cantidades adecuadas
para el consumo diario, y obliga al uso de bombas de succión, que
también provocan la contaminación de la red. Consecuentemente,
constituye una obligación de la concesionaria superar urgentemente
tales deficiencias en el abastecimiento de agua de la ciudad, pero
tales tareas debe ejecutarlas asumiendo sus responsabilidades para
con Guayaquil, sus ciudadanos, sus empresas y sus instituciones.
5.1.5.2 Denuncias ciudadanas
Los reclamos se multiplican, resalta Diario El Comercio, al constatar
que entre enero y julio del 2005 recibió cerca de 500 denuncias por la
mala calidad del servicio y por el cobro de planillas a usuarios que no
se benefician del agua potable por tubería.
“Todos los meses me llega una factura promedio de cinco dólares
pero no tengo agua. En tres años ya acumule una deuda de 142
dólares por un servicio que no tengo”, señala Flavio Mora López a
dicho diario. Agotadas sus gestiones en Interagua, con respaldo del
OCSP y la Defensoría del Pueblo se logró, a través de ECAPAG, que
el operador privado reconozca a favor del señor Mora y sus vecinos,
la eliminación de las facturas y la restitución de los valores
cancelados a Interagua por los moradores, como consecuencia de la
indebida facturación ejecutada por el operador privado.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

27 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
5.2 ALCANTARILLADO SANITARIO
5.2.1 COBERTURA
El alcantarillado es el servicio menos atendido de la ciudad al registrar una
tendencia a su disminución. De 55,2% en 1990 baja al 48,8% en 1996, y al 42%
en el 2000. Cifras que corresponden a los hogares conectados a las tuberías de
aguas servidas y de aguas lluvias.
A la falta de un adecuado sistema de recolección de las aguas residuales, se
suma el problema de su tratamiento. De acuerdo a la opinión de los técnicos de
la ECAPAG, estimaron que en 1993 sólo el 12% de las aguas servidas recibían
un tratamiento primario y en el 2000 no llegó ni al 10%. Esta situación, pone en
evidencia el permanente deterioro de los cuerpos de agua circundantes a la
ciudad, que ha provocado un mayor grado de contaminación a los ríos y esteros,
impactando negativamente el medio ambiente y a la calidad de vida de la
población. “Se espera reducir este problema con la concesión del servicio de
agua potable y alcantarillado a la empresa INTERAGUA” (Extracto libro
"Indicadores Urbanos de la Ciudad de Guayaquil 1993-2000". M.I. Municipalidad
de Guayaquil). Sin embargo, el Análisis Ambiental del Plan de Expansión y
Rehabilitación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado contratado por
Interagua, revela que al 2002, las aguas servidas que no recibían tratamiento se
redujo al 5%. Tal hecho preocupantemente revela desinterés del operador
privado por reducir las cargas contaminantes a los cuerpos hídricos que
circundan la ciudad.
Adicionalmente, existe cerca de un 25% de viviendas, alrededor de 100 mil
familias, que se abastecen de agua potable por tubería, pero carecen de
alcantarillado sanitario, y con precarias condiciones para la disposición de
excretas sobre cuya eliminación Interagua no asume ninguna responsabilidad. La
contaminación de los suelos subyacentes a las viviendas en los Guasmos,
Vergeles, Isla Trinitaria y Suburbio Oeste, así como de los canales de drenaje
existentes, como consecuencia de la variación de los niveles freáticos,
constituyen un peligroso foco de contaminación de las redes de agua potable y
de riesgo para la población, sin que se considere el impacto grave a las
condiciones de salubridad que genera tales situaciones; ni se plantean medidas
de mitigación.
En otros casos, como en Mapasingue Este, Bastión Popular, Flor de Bastión, la
saturación de las formaciones rocosas sobre las que se asientan las viviendas va
provocando la descomposición de las rocas hasta convertirlas en suelos,
reduciendo su capacidad de soporte y debilitando las laderas, generando
peligrosos riesgos al deslizamiento. Solo por citar un caso, se estima que 8000
familias que habitan el Cerro de Mapasingue Este, descargan 25 mil metros
cúbicos mensuales de aguas residuales, de los cuales un porcentaje importante
escurre superficialmente, dado que la naturaleza de la roca impidió la
construcción de pozos sépticos o letrinas de mayores dimensiones. Un vecino del
sector testifica que la facilidad para la excavación para una nueva columna de su
casa, contigua a una ya existente, evidenció la descomposición de la roca
originalmente presente.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

28 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
A pesar de que existen populosos sectores donde Interagua provee agua potable
por tubería, sin que exista sistema de alcantarillado, mantiene una política de
precios; injusta y desproporcionada que ha sido establecida por ECAPAG, al
facturar $ 11.20 por la limpieza o hidrosuccion para cada unidad de pozo séptico
o letrina de las viviendas. Frente a una de las causales mayores del deterioro de
la salud pública, el ente regulador, ECAPAG, debe obligar a que el operador
privado, Interagua, asuma dicha obligación como un servicio público. Este tipo de
servicio, inclusive, debería extenderse a todos los barrios urbano marginales que,
no siendo formalmente usuarios directos de Interagua, al abastecerse por medios
alternativos como son los tanqueros y las piletas, requieran colectivamente de la
referida limpieza y mantenimiento, a fin de abaratar el exagerado costo que les
representa en la actualidad.
A lo señalado se resalta que el Plan de Expansión de Alcantarillado Sanitario que
debía cumplir Interagua para el presente quinquenio, esto es, hasta agosto del
2006, que incluía el alcantarillado en el Guasmo, está retrasado dos años, lo que
revela un serio incumplimiento en las obligaciones contractuales.
5.2.2 TARIFA
Para favorecer la rentabilidad de la empresa concesionaria, conforme al Art.11
del Reglamento de Manejo del Servicio el directorio de ECAPAG aprobó el
incremento de la tarifa por concepto del mantenimiento y operación del
alcantarillado sanitario a un 80% del costo del consumo de agua potable, sin que
medie una justificación razonable.
El cobro de este servicio por los operadores privados en otros países del
continente también es objeto de cuestionamientos... Bajo el titulo Aguas
Provinciales: El cuento de la buena pipa, Daniela Pierotti, Enzo Vicentín y Miguel
Espinaco nos invitan a observar la planilla de agua y se preguntan de donde sale
esa tarifa, “¿Sale de algún estudio científico? ¿Sale de suponer que toda el agua
que entra a una casa sale luego por el desagüe cloacal? No, y no busquemos la
respuesta por el lado "racional" del problema porque ahí no está. El factor …
sale de una discusión en una oficina. Aunque parezca una tomada de pelo, es
justamente una constante arbitraria, determinada por la empresa (suponemos
que con acuerdo de los gobiernos), que no tiene ninguna justificación seria
… Esa es una parte de la historia (el agua), pero falta la otra que no huele muy
bien. En efecto, el desagüe cloacal tiene (casi) la misma tarifa que el suministro
de agua. ¿Por qué? A lo residuos cloacales no se les aplica ninguna clase de
tratamiento antes de tirarlos a la misma laguna de donde después tomamos el
agua (en nuestro caso al río Guayas). El único gasto que tiene el sistema de
cloacas es el bombeo, y nada más. "¿Tan cara está la electricidad que sirve para
el bombeo?". Recordemos, además, que hidrocleaners empleados en el
mantenimiento de la red, fueron adquiridos por la ex EMAG al inicio del proceso
de concesión.
Hasta la presente fecha no se encuentran evidencias de que la ECAPAG esté
dispuesta e efectuar un estudio técnico que permita evaluar la justeza de tal
porcentaje y su eventual revisión, considerando que los indicadores
macroeconómicos del país se mantienen relativamente estables. En
circunstancias, además, de un deficiente servicio de mantenimiento que conlleva,
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

29 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
como en el sector del Plan Piloto del Suburbio Oeste de Guayaquil, a la
permanencia de pozos sépticos o letrinas, a pesar de la existencia de una red de
alcantarillado por fuera de sus viviendas, que se encuentra sin funcionamiento
desde varios años atrás, evidenciándose una negligencia en el cumplimiento de
tales funciones de la empresa prestadora del servicio, como en la empresa
encargada de su regulación y control, ECAPAG.
5.2.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO
La ciudad de Guayaquil principalmente cuenta con sistemas de pre-tratamiento
para sus aguas servidas, que lo único que hacen es retener sólidos, por lo que
descarga al suelo subyacente y a los cuerpos de agua, río Daule, Río Guayas y
Estero Salado, mas de 300 mil metros cúbicos diarios de aguas residuales
domésticas e industriales, que se suman a las descargas de todas las
poblaciones ribereñas tanto del río Daule como del Babahoyo y sus afluentes,
mas las cargas de agroquímicos empleados en las actividades agrícolas en la
cuenca que son conducidos a sus cauces por las escorrentías superficiales.
Es necesario y urgente reconsiderar la real capacidad de recepción de carga
contaminante de los cuerpos de agua alrededor de Guayaquil para acelerar la
implementación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y prevenir,
además, mayor riesgo de contaminación en la captación de la Planta de La
Toma, habida cuenta que está en discusión el elemental proceso de desinfección
con cloro implementado por la firma concesionaria, Interagua, con el aval de su
ente regulador, ECAPAG. Para ello se requiere realizar investigaciones mas
profundas e intensas que modelen el comportamiento del río no solo para los
parámetros y sitios determinados en el estudio del INOCAR, sino también para
determinar los riesgos de contaminación por otros agentes químicos,
principalmente.
Alarmante es la información sobre el crecimiento de malformaciones congénitas y
por factores ambientales, principalmente en el entorno rural de Guayaquil, a
propósito del Congreso Médico organizado por el Hospital de Niños de la Junta
de la Beneficencia en Junio del 2005. Consecuentemente, el empleo
indiscriminado de químicos en las actividades agrícolas constituye un agente
determinante del acelerado deterioro ambiental y sus efectos sobre la población,
señala un estudio expuesto en ese evento.
2000 2004
Cardiopatías congénitas 84 414
Hidrocefalia 114 986
Otro factor que afecta la calidad del agua cruda tomada del río Daule reside en el
desarrollo habitacional de complejos de viviendas de carácter económico
inducidos por el Plan de Desarrollo Urbano de Guayaquil en dirección a la vía
Guayaquil-Daule, que en aras de reducción de costos de tales programas
masifica su construcción en condiciones que no existen colectores de aguas
servidas ni se cuenta aún con sistemas de tratamiento adecuados para tales
descargas, a las que se suman las de Pascuales, Orquídeas, Mucho Lote,
Vergeles. Montebello, Colinas del Sol, Bastión Popular, y todo el área industrial
de Inmacosa, Galavsa, CRIDESA, y Pascuales, con descargas cercanas al único
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

30 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
sistema de captación para potabilización que tiene la ciudad en el sitio La Toma,
km. 26 de la vía a Daule.
De ahí que adquiere singular importancia advertir el comportamiento de la ría,
sujeto a variaciones por la marea, así como de los cambios en los parámetros de
sedimentación en el Daule y en el Guayas, como consecuencia de la
construcción de la presa Daule-Peripa que ha dado lugar a que el río Babahoyo
se convierta en un dique natural del río Daule, y aceleró la formación del islote El
Palmar entre el Cerro Santa Ana y la Puntilla, reduciendo su capacidad de
transporte, e incrementando los riesgos de inundaciones y de afectaciones a las
descargas tanto de alcantarillado pluvial como de alcantarillado sanitario.
La carga contaminante que se conduce a través del alcantarillado sanitario a los
cuerpos de agua receptores, río Daule, río Guayas, Estero Salado y Estero
Covina, merecían la construcción de sistemas de tratamientos secundarios que
debían estar en ejecución para el año 2000, se afirma en estudios elaborados por
la ESPOL en 1993 y la consultora Banque Paribas, contratada por ECAPAG, que
los recoge.
Una de las conclusiones principales del estudio de ESPOL, y que también recoge
el Análisis Técnico y Socioeconómico Etapa I del Plan Maestro de Alcantarillado
de Guayaquil, elaborado por el Ing. Marcos Gorelik Ajzenberg y Ec. Hugo Sergio
de Oliveira para la ex EMAG en 1995, señala “que en los momentos actuales ya
debería contarse con algún tipo de tratamiento de las aguas residuales que se
desalojan en el Río Guayas, para prevenir la calidad de agua en los sitios de
protección La Toma y las camaroneras, y que en todo caso dicho tratamiento
deberá realizarse desde el año 2000, y que el tipo de tratamiento será secundario
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31 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
para las descargas de Alborada y Orquídeas y por lo menos tratamiento primario
a la descarga de la Planta El Guasmo”. Sin embargo, estudios posteriores
contratados por la ECAPAG, en vísperas de la concesión, afirman que la
capacidad de auto depuración del río Guayas y río Daule eran de tal naturaleza
que admitían los volúmenes de carga contaminante producto de las aguas
residuales por 10 años mas. Ello trajo consigo, la postergación de la inversión
que le correspondía a la concesionaria para los nuevos sistemas de tratamiento
que la ciudadanía demanda.
En el Estudio de Gorelik-Oliveira a partir de la corrida de un modelo de calidad se
estableció que para el año 2000 debía implementarse la planta de tratamiento
secundario de Javier Salitral (83 l/s), así como también la de Guasmo Sur (613
l/s), y la de Alborada (1er. Modulo de 1000 l/s). Incluye, además, plantas de
tratamiento secundario para Duran Norte y Sur, por cuanto pertenecían a la
jurisdicción del cantón Guayaquil.
De la lectura del Plan Maestro elaborado por INTERAGUA se determina una
nueva postergación en la construcción de las referidas plantas, pues se plantea
iniciar a partir del año 2009; y, aún más, concluyen que el sistema de tratamiento
podrá ser primario con “desinfección” en la descarga. Y para el alcantarillado del
Guasmo, actualmente en construcción, plantean la ejecución de un emisario
subfluvial que descargara directamente al rió Guayas por diez años mas, antes
de someter tal descarga a cierta desinfección, contrastando con las previsiones
efectuadas por Gorelik-Oliveira.
5.2.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El brote de hepatitis en el sector de Plan Piloto es ejemplarizador de las
deficiencias del servicio de operación y mantenimiento del sistema de
alcantarillado sanitario en Guayaquil por parte de la concesionaria Interagua. De
acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano,
el 75% de los moradores afirma no estar conectado a la red de aguas servidas
existente en la zona, y de ellos, y un 60 % de ellos señala que posee pozo
séptico o letrina, la mayoría desde hace mas de 10 años, dicho porcentaje puede
aumentar, si consideramos que el otro 40 % no contesta, y que en las
inspecciones efectuadas, conforme el reporte No. 2 del equipo de investigación
del OCSP, la totalidad de las viviendas poseían pozo séptico o letrina. Algunas
familias, dentro del reducido espacio de sus patios, a medida que se colmataban
ya habían construido hasta la fecha, 3 letrinas.
Se constató, además, que no existía continuidad de las descargas de aguas
servidas en la red instalada en el sector, lo cual fue confirmado por los propios
moradores, autoridades y entidades involucradas, conforme las declaraciones
públicas:
La limpieza del alcantarillado sanitario colapsado por parte de Interagua, que se
reseña en Diario El Universo del 18 de Junio/05, y en diario Extra del 28 de
Junio/05, después que se detectó el brote epidémico, evidencia la
responsabilidad del concesionario y su ente regulador ECAPAG en el deterioro
de las condiciones de salubridad del sector.
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32 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
La Subsecretaría de Salud solicitó a Interagua resolver el problema de
Alcantarillado (Expreso, 22 de Junio/05). El Ministro de Salud, Wellington
Sandoval, pedirá a Interagua “…la conexión de todo el sistema de alcantarillado”
(Expreso, 1 de Julio/05). El dirigente de la CUBE, Antonio Ricaurte, señala que el
sistema de alcantarillado no funciona desde hace diez años, y que construyen los
pozos sépticos porque el alcantarillado vive tapado. (El Universo, 28 de junio/05).
Lo antes comentado evidencia la vulnerabilidad de la población frente a las
deficiencias o inexistencias del sistema de alcantarillado sanitario operado por
Interagua y a la débil actuación del ente regulador. La contaminación del suelo
con las descargas de aguas servidas provenientes de las letrinas o pozos
sépticos, así como de los desbordes de la red de alcantarillado existente, a lo que
se suma el movimiento del nivel freático influenciado por el régimen de mareas
de los esteros circundantes, constituyen la fuente principal de la contaminación
en las redes de distribución de agua potable obsoletas y/o que mantienen
discontinuidad de abastecimiento y presión...
5.2.5 SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
5.2.5.1 CASO AUCME
De conformidad al Plan de Expansión del sistema de agua potable de la ciudad
de Guayaquil requerido en el Contrato de Concesión para el primer quinquenio
2001-2006, INTERAGUA ha preparado un programa de 55.238 conexiones
domiciliarias.
La Fundación de Asistencia Social Madre Dolorosa y la Asociación de Usuarios
del Cerro de Mapasingue Este –AUCME- en virtud del inicio de los trabajos en
octubre del 2005 de 8.564 conexiones de agua potable en este populoso sector
de la ciudad de Guayaquil como parte del plan de expansión de INTERAGUA,
expresaron a Interagua y ECAPAG su enorme preocupación por el desfase en la
ejecución de los trabajos del sistema de alcantarillado sanitario en este sector
para el fin del segundo quinquenio de la concesión, esto es, para los años 2010-
2011, por el grave impacto que causaría a las condiciones de salubridad de la
población y a la estabilidad de las viviendas del cerro de Mapasingue Este..
Como responsables de la administración del servicio de distribución de agua
potable por piletas a mas de 6000 habitantes de esta comunidad desde hace más
de 4 años, solicitaron a INTERAGUA, implemente un Programa de mitigación de
los impactos negativos que se generarán como consecuencia de la
implementación del sistema de agua potable y la no ejecución inmediata del
sistema de alcantarillado sanitario, puesto que la no ejecución inmediata del
servicio de alcantarillado sanitario no exime a INTERAGUA de su responsabilidad
social ante la comunidad por los impactos que se generan por las conexiones
domiciliarias de agua potable, sin que se haya previsto la evacuación de los
desechos domésticos por una red de alcantarillado sanitario.
Por sus características geotécnicas, la población de Mapasingue Este se asienta
sobre suelos residuales duros, de origen arcilloso, y sobre roca sana a
ligeramente meteorizada. Lo antes comentado determina que los niveles de
infiltración de aguas residuales son mínimos, y que las excavaciones para la
construcción de pozos sépticos o letrinas sean de pequeñas dimensiones y
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33 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
consecuentemente de poco tiempo de vida útil, lo que trae como consecuencia
se colmaten en tiempos relativamente cortos, a pesar del reducido consumo de
agua por piletas que actualmente abastece al sector, y se produzcan reboses por
sobre la superficie de los suelos, bajo las viviendas, por sobre las calzadas, y se
conduzcan por gravedad hacia las partes mas bajas, convirtiéndose en peligroso
foco de contaminación. Tal situación se hace evidente por el hedor que estas
emanan, sea en periodos secos o de lluvias; lo que se agrava durante las
precipitaciones pluviales que virtualmente lavan estos depósitos y se precipitan
sobre extensas zonas de las ciudadelas Urdesa, Martha de Roldós, y las propias
zonas bajas del cerro de Mapasingue.
En la actualidad, partiendo de los registros de AUCME, las familias de
Mapasingue abastecidas por pileta consumen 4 m3 mensuales en promedio;
empero, al poseer una conexión domiciliaria, estimando un consumo de 150 l/día
por persona, para un promedio de 4.5 personas por familia, de acuerdo al censo
INEC del 2001, el consumo se elevaría a 20 m3 por familia, esto es, un volumen
5 veces mayor que el actual consumo, lo que supondrá que las descargas de
aguas residuales se incrementarán en la misma proporción, y los índices de
afectaciones a la salud, crecerán geométricamente.
La población de Mapasingue Este como consecuencia de la ausencia de
servicios básicos en cantidad y calidad requerida para su sana convivencia sufre
graves problemas de salud, derivados de la insalubridad que significa carecer de
agua potable en cantidades suficientes para la higiene personal y del hogar,
como por la inadecuada e insuficiente capacidad para la disposición de los
residuos domésticos, conforme se observa en el Anexo, por lo que se espera que
tal situación se agrave una vez que se implemente las conexiones domiciliarias
de agua potable, como consecuencia del incremento de las descargas residuales
domésticas sin que se haya previsto su evacuación.
Un incremento de las aguas residuales que se infiltren y escurran de manera
indiscriminada superficialmente y por gravedad a través de los suelos menos
impermeables generarán su saturación y pérdida de capacidad portante, lo cual
conducirá a incrementar la erosión, el arrastre de sedimentos, inestabilizar la
cimentación de viviendas y/o de las laderas que pondría en riesgo a la población
y a la infraestructura urbana existente, como son las calles, escalinatas y las
propias redes a construirse.
Por los antecedentes antes señalados demandaron que INTERAGUA, al igual
que como ejecuta los planes pre-invernales para mantenimiento de los sistemas
de alcantarillado pluvial de la ciudad, en consideración que es el responsable de
la provisión del servicio de agua potable por conexiones domiciliarias, asuma la
implementación de un Programa Periódico de mantenimiento y limpieza de los
pozos sépticos y letrinas del cerro de Mapasingue Este, hasta cuando se
construya el sistema de alcantarillado sanitario del sector. Estos petitorios no
solamente que no han sido respondidos sino que motivo el pronunciamiento del
vocero de Interagua para suspender la construcción de la red de distribución de
agua potable en el sector donde opera AUCME, por su supuesta falta de
colaboración en la ejecución de estos trabajos.
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34 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
5.3 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
En el contrato de concesión no se establece ninguna obligación de mejora en la
infraestructura de drenaje pluvial de Guayaquil por parte de Interagua en el primer
quinquenio de concesión y, pese a la obligación contractual de implementar los sistemas de
alcantarillado pluvial en la ciudad, la inversión será mínima durante los 30 años de
concesión...
El Ministro de Salud en el Diario El Comercio, destaca su preocupación por cuanto existen
850 mil personas de la Costa que han tenido el dengue clásico en los últimos años, y que
están en peligro de contraer el dengue hemorrágico; sobre este particular, Diario Expreso
del 21 de junio/05, a propósito de una nueva víctima de la mortal enfermedad, destaca que
se han detectado 272 casos confirmados y 337 sospechosos, con un saldo de 12 muertos.
Cuatro producidos en Guayas; cuatro, en Manabí; dos, en El Oro; uno, en Los Ríos; y, uno,
en Orellana. Al año siguiente, en la pág. 7B de Diario El Universo, la Subsecretaría de Salud
informa que hay 1.858 casos solamente de dengue clásico, más 20 probables de dengue
hemorrágico, 35 casos confirmados de dengue hemorrágico y 2 fallecidos, lo que da un total
de 1.915 casos en la región costa del país, o sea 564 casos más en 14 días.
Reviste excepcional riesgo para la propagación del dengue hemorrágico en Guayaquil, dos
debilidades de sus servicios básicos: la ausencia de un adecuado sistema de drenaje
pluvial, que genera inundaciones temporales y frecuentes; así como empozamientos
prolongados en sectores densamente poblados, caldo de cultivo para su propagación; y, la
ausencia de redes de abastecimiento de agua potable, la falta de continuidad de este
servicio o la insuficiente presión en la red, forza a los pobladores de diferentes barrios de
Guayaquil a mantener recipientes de almacenamiento de agua de uso doméstico.
Así, si uno de los problemas mas graves de la infraestructura urbana de Guayaquil son las
frecuentes inundaciones durante la época de lluvias, que causa enormes pérdidas
económicas al aparato productivo de la ciudad, a miles y miles de familias de barrios urbano
marginales, residenciales y aún de la zona céntrica comercial, ocasionando no solo daños
desde el punto de vista material, sino en la salud y calidad de vida de grandes sectores de
la población, no se establece responsabilidad específica que proponga una solución
definitiva.
Inclusive, las áreas rurales como Tenguel, foco de desarrollo del dengue hemorrágico en el
presente año, aun cuando constan dentro del área de servicio obligado de Interagua, no
consta como beneficiario de ninguna obra de drenaje pluvial en los 30 años de concesión.
5.3.1 LA ACELERADA SEDIMENTACIÓN DEL RÍO GUAYAS Y DE SUS
AFLUENTES
El servicio de alcantarillado pluvial ya de por si deficitario, y sin esperanzas de
mejoras por la ausencia de inversiones previstas por el concesionario que
monopoliza el servicio, se ve seriamente amenazado por los procesos de
sedimentación en el rió Guayas y el rió Daule, en particular. En los últimos 20-25
años este excesivo acarreo de sedimentos, especialmente durante un evento “El
Niño”, ha acelerado el proceso de sedimentación del estuario del Guayas, lo que
ha originado una mayor acreción de sus orillas, así como la formación de “bajos”
o bancos de arena y lodo a lo largo de los mismos, según establece un estudio
hidrológico elaborado en agosto del 2002 por el INOCAR. Entre estas causas
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35 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
señala el documento: el evento El Niño que incrementa en 3.5 veces el volumen
de sedimentos, la floculación de los sedimentos en el encuentro del agua salada
con el agua dulce, la deforestación y la operación de la presa Daule Peripa, dado
que la velocidad que alcanza la corriente desde que sale del vertedero, “no es
suficiente para transportar el material depositado en el fondo de la parte baja de
la cuenca, por lo que tiende a depositar el material que viene acarreando desde
la parte alta.”
El represamiento parcial del Daule en su zona de confluencia, por parte del
Babahoyo disminuye su capacidad de transporte, genero la sedimentación del
Islote El Palmar en la desembocadura del Daule y el Babahoyo. “La orientación
general, así como la forma en triángulo más ancho hacia río arriba puede
interpretarse como formado por un proceso de sedimentación de albardones o
terraplenes naturales. Esto aparece en la desembocadura de un río hacia otro río
más grande y con transporte sedimentario más importante”, es decir, que la
construcción de la represa Daule Peripa altero las condiciones naturales y de
relativo equilibrio había adquirido el encuentro de ambos ríos.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

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6 PLAN MAESTRO PROPUESTO POR INTERAGUA
El Plan incumple lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental, en relación a su socialización,
al no haber sido producto de un proceso de concertación con la comunidad como es la
obligación; y cuando no está estratégicamente diseñado para posibilitar la participación
ciudadana y socialización del documento; ello lo debilita en la toma de decisiones a nivel político
y de gobierno, y lo obliga, por ejemplo, a tener que conseguir financiamiento adicional para
llevar a cabo la reducción de pérdidas por agua no contabilizada; u omite considerar impactos
ambientales negativos que afectan a la población, así como la ejecución de las medidas de
mitigación correspondientes.
El Plan no considera un sistema de monitoreo y seguimiento que garantice la obtención de los
productos esperados, así como de la calidad de los mismos; tampoco diseña indicadores de
Gestión, ni describe la manera como ECAPAG va a cumplir su rol de control y regulación para
el cumplimiento del Plan.
El Plan no contempla una memoria descriptiva de las principales obras y requerimientos de
infraestructura que se considera efectuar, conforme se establece en la cláusula tercera del
contrato de concesión, por lo que no estima aunque de forma aproximada un cronograma para
la implementación y puesta en marcha de las medidas ingenieriles estructurales y no
estructurales establecidas para cada quinquenio, lo que dificulta el seguimiento, monitoreo y
optimización de los programas o proyectos.
Las zonas de planificación y expansión de los servicios de agua potable y saneamiento se
plantean de acuerdo al Plan Regulador del Municipio de Guayaquil, lo que permite visualizar
que las zonas A, B y buena parte de la zona E, corresponden a los barrios de quienes perciben
menos ingresos; en tanto que la zona F, a la zona residencial que se plantea desarrollar
paralelo a la vía a la Costa.
6.1 PLAN MAESTRO AGUA POTABLE
1. En los considerandos para la Ley de Creación de ECAPAG se estableció que son “…
los servicios de agua potable y de alcantarillado partes de un proceso único de manejo
de agua que la comunidad requiere para su bienestar, que incluye también el drenaje
pluvial…”, sin embargo el Plan de Expansión contemplado en la Tabla 7.1 para el
primer quinquenio de la concesión, no incluye las medidas de mitigación de impactos
que se generarán por el desfase -de hasta diez años- existente entre la construcción
del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario, Tabla 10.2 del
Plan Maestro de AAAS, al no preverse los adecuados mecanismos y condiciones de
descarga de las aguas residuales domésticas a fin de no afectar las condiciones de
salubridad de la población durante ese lapso.
2. Se reconoce que mas del 40% de las pérdidas de agua no contabilizada obedecen a
deficiencias de la red de distribución, sin embargo, a partir del segundo quinquenio
que se inicia en el 2006, no se precisa donde se llevará a efecto la rehabilitación de
las redes de distribución. Tal imprecisión no toma en consideración la existencia de
sectores de la ciudad, vulnerables a la contaminación, como el caso del sector
denominado Plan Piloto del Suburbio Oeste de Guayaquil, que requieren de urgente
rehabilitación.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

37 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
3. Vastos sectores populares se ven postergados en sus requerimientos de cobertura y
calidad de servicio.
El abastecimiento de agua potable a Flor de Bastión no está definido en el
Plan, ni en costos ni en tiempo de ejecución, apareciendo entre el año 6 y 30
de iniciada la concesión y abarcando solamente el servicio a través de piletas
comunitarias para un número de familias indeterminado, 50000 viviendas
(5.2.4) o 250000 familias (5.2.3), sin preverse la inversión en instalación de
redes de distribución por parte de INTERAGUA, sino hasta que los pobladores
“puedan organizarse y construyan las redes secundarias, terciarias y guías
domiciliarias”.
No existe ninguna definición para determinar si incluyen a las áreas de
asentamientos poblacionales consolidados como El Fortín, Paraíso de la Flor,
y otros cercanos a Pascuales.
La construcción de los tanques elevados para el sector sur se prevee para los
años 16 y 17 de la concesión, esto es, para los años 2016 y 2017.
• Los pobladores de los barrios populares y mas densamente poblados, Guasmos y
Suburbio Oeste, zonas A y B, al año 2030 recibirán 2,5 veces menos agua que la
zona F, de mayor capacidad de pago, Vía a la costa, y con menor densidad
poblacional
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

38 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
4. El estudio de la calidad del agua cruda reconoce los problemas de contaminación por
heces fecales provenientes de la cuenca en el sitio de captación, pero no analiza ni
modela “el alto riesgo de estar contaminada por herbicidas, nematicidas, fungicidas,
insecticidas y metales pesados, entre otros” conforme señala un documento de la
Cámara de la Construcción de Durán, y tal como se solicitó en el Foro sobre Calidad
de Agua organizado por el Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral en el
mes de octubre.
5. Con respecto a los parámetros de cumplimiento de la calidad del agua potable, no se
menciona la instalación de plantas o sitios de recloración, o planes de manejo de agua
segura, por parte de INTERAGUA, que permitan garantizar la calidad del agua potable
en la red de distribución en toda la ciudad, de forma tal que se promueva el consumo
de agua segura a la ciudadanía, conforme los parámetros de cumplimiento del anexo
2 del contrato, en circunstancias que dicha calidad fue objeto de cuestionamientos y
motivó sendas resoluciones de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Cívica de
Control de la Corrupción.
6. Se evidencia un escaso interés en promover el desarrollo y formación técnicocientífico
de los profesionales ecuatorianos que laboran en INTERAGUA, al limitar su
formación a la de cursos que subsidie el Consejo Nacional de Capacitación, lo que
contrasta con la visión de empresas públicas como ETAPA en Azuay, que ha
desarrollado una sólida base científico técnica y de mayor desarrollo en el país en el
área de la ingeniería sanitaria y ambiental, y consecuentemente cuenta con los índices
mas altos de eficiencia y calidad del servicio para beneficio de la población.
6.2 PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO
1. Los proyectos de expansión y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario a partir
del segundo quinquenio, no están identificados, por lo que no puede establecerse el
cumplimiento de los parámetros de calidad del servicio esperados;
• No se especifica si, además del de Flor de Bastión, se incluyen los proyectos de
expansión de alcantarillado sanitario a sectores como Coop. Pájaro Azul, Coop.
Pancho Jácome, Barrio de San Pedro, Coop. Juan Montalvo, entre otras, que
corresponden a áreas densamente pobladas;
• No se valora la sustitución de redes que han cumplido su periodo de vida útil,
como son las conexiones a cajas domiciliarias en espina existentes en el Barrio
Orellana desde hace 60 años; ni con el sistema existente en Barrios como del
Seguro, del Centenario, Cuba, del Astillero, que bordean los 50 años de
construcción; o del Plan Piloto en el Suburbio Oeste, que no se encuentra en
condiciones de funcionamiento desde hace diez años.
2. No se considera el impacto negativo de la construcción y operación del sistema de agua
potable, sin la existencia de alcantarillado sanitario y con precarias condiciones para la
disposición de excretas, para la estabilidad de las laderas en zonas propensas a
deslizamientos de tierra, ni se considera el impacto grave a las condiciones de
salubridad que genera tal situación; ni se plantean medidas de mitigación.
• A ese respecto, la Federación de Organizaciones Sociales y Afines de Mapasingue Este
–FORSA-, conjuntamente con AUCME, plantea cambiar la programación para la
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

39 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
ejecución de las obras de alcantarillado sanitario para los años 2006 y 2007, sin obtener
repuestas favorables..
3. Aún cuando se reconoce que el canal Las Orquídeas está contaminado con indicadores
de descarga provenientes de descargas industriales, tales como metales pesados,
descargas de aguas residuales domiciliares ilegales y aquellas que migran a través de la
napa freática, se plantea su conversión a colectores sanitarios combinados, para que
reciba el aporte de aguas lluvias y aguas servidas, sin que se precise si dicho canal
entrará a funcionar con revestimiento y colocación de tapas en toda su longitud, ni se
determine el impacto negativo de la operación del sistema sobre la población. No se
analiza como alternativa la construcción de colectores de AAAS. ni su impacto positivo,
como una alternativa viable de ejecución.
• No se especifica el tratamiento que recibirán las descargas del sector de Pascuales, que
tienen un importante componente de descargas industriales y domésticas, y que
recibirán el incremento de las áreas a desarrollarse paralelas a la vía Daule, como parte
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, en condiciones que tales descargas son las
más próximas al sitio de captación del agua cruda en la Planta La Toma.
• No se cuestiona el empleo de tanques inhoff en las urbanizaciones de La Puntilla, pero
si el existente en la ciudadela Montebello, con lo que se omite la inversión para su
recuperación y ampliación.
4. El costo de las inversiones necesarias para el cumplimiento del Plan se encuentran
sobrevaloradas al establecerse inapropiadamente una tasa de interés del 9% para el
periodo de operación 2006-2030, por lo que debe revisarse su aporte y costo real.
• Sin precisar fundamentos de hecho y derecho se plantea el cofinanciamiento del
Municipio de Guayaquil y la utilización de fondos de telefonía para agua potable, para la
ejecución del proyecto de conversión de canales y ductos de aguas lluvias a colectores
combinados.
• Las inversiones en alcantarillado sanitario no son suficientes para cubrir la demanda
ciudadana, por lo que se estima que al cabo de 30 años de concesión Un millón de
guayaquileños carecerán de este servicio.
• Se incluye dentro del Plan Maestro al sector de Bastión Popular, área sobre la que la
Municipalidad ha solicitado transferencia de competencias, de ser ese el caso, deberá
reprogramarse las inversiones previstas desde el segundo quinquenio en adelante.
5. En lugar de establecer una política de comunicación y de participación ciudadana, se
plantea coercionar a los usuarios a que se conecten al sistema de alcantarillado
sanitario, imponiéndoles como castigo el cobro de la tarifa obligatoria de alcantarillado,
que actualmente representa el 80% del costo de la planilla por consumo de agua.
6.3 PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO PLUVIAL
1. Preocupantemente, La inversión del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial apenas
alcanza a 12 millones de dólares al cabo de 20 años de concesión, y en total llega a 32
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

40 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
millones de dólares, cantidad insuficiente para los graves problemas de inundaciones de la
ciudad, minimizados como “encharcamientos”.
No reconoce que la insuficiencia de capacidad de las redes construidas en
Guayaquil es una de las principales causas de las frecuentes inundaciones que
afectan a la población, a la infraestructura urbana y al aparato productivo de la
ciudad, por lo que no se prevé inversión en reconstrucción o mejoramiento de las
capacidades de los colectores existentes, limitando a señalar que las causas
están en “problemas de mantenimiento” y a la presencia de “basura”.
Se aplica como criterio de análisis de diseño para el presente Plan Maestro
aquellas lluvias que tienen un periodo de retorno de 5 años, cuando lo
recomendable es la producida cada 10 años, a fin de valorar la real capacidad de
la infraestructura existente y dimensionar más apropiadamente las nuevas redes
que deban construirse.
No se analiza el Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil elaborado
en 1973 y que sirvió de base para el diseño del alcantarillado pluvial de la ciudad
hasta 1995, y consecuentemente para todas las ciudadelas construidas por el
BEV –desde las Acacias hasta Sauces IX-, Alborada, Samanes, Guayacanes, y
otras, en donde se subdimensionó los requerimientos de la red de alcantarillado
pluvial al diseñar para un periodo de retorno de lluvias de 3 años, con el
argumento de que las afectaciones por lluvias de tal intensidad, son equivalentes
a las producidas para un periodo de retorno de 50 años; y en condiciones que los
registros de lluvias no incluían las precipitaciones extremas de los años 1982-83
y 1997-98.
Al cabo de 4 años de concesión se afirma que se desconoce el estado real de las
tuberías de drenaje pluvial, por lo que se plantea, sin precisar fechas de
cumplimiento, efectuar un relevamiento de las redes del sistema existente.
.
2. No se determina el impacto ambiental negativo de la conversión de canales y ductos
cajones de drenaje pluvial a colectores sanitarios combinados en el norte de la ciudad,
que involucra a densos sectores poblacionales como son Orquídeas, Mucho Lote,
Bastión Popular, Flor de Bastión, Vergeles, Sauces, Guayacanes y Samanes. Sin
embargo, como gestión del OCSP ante el Municipio de Guayaquil y ECAPAG, este
planteamiento fue desechado del Plan Maestro.
3. No se aplica un criterio de responsabilidad social para diferentes sectores consolidados
de la ciudad de escaso ingreso económico...
Se pospone para los 20 años de concesión el inicio de un plan de mejoramiento
de canales y tuberías de drenaje pluvial de la Zona Sur, que mantendrá los
canales abiertos existentes en los Guasmos, que serán revestidos solamente,
aún cuando se reconoce que estos ya tienen 20 años de haberse construido, sin
que se prevea la construcción de una red de alcantarillado pluvial,
evidenciándose un postergamiento altamente riesgoso para la salud pública de la
ejecución de la red de alcantarillado pluvial para el Guasmo..
ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GUAYAQUIL

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No se contempla la construcción de nuevas redes de alcantarillado pluvial en la
ciudad, por lo que no se plantean soluciones para las zonas carentes de este
servicio, particularmente en sectores como Bastión Popular, Mapasingue,
Prosperina, Flor de Bastión, entre otros.
7 CONCLUSIONES IV FORO NACIONAL DEL AGUA
7.1 Efectos de la privatización del agua en Guayaquil
La firma del contrato de concesión por parte de ECAPAG con Interagua significó una
verdadera concesión de las demandas insatisfechas a la ciudadanía por los servicios
básicos de Guayaquil, como consecuencia de haberse aceptado la única propuesta
presentada.
El objetivo fundamental del proceso de concesión, que mereció inicialmente el respaldo
ciudadano, fue la mejora en la infraestructura urbana de la ciudad y la calidad de vida de la
población, a partir de mejorar la eficiencia de la empresa prestadora de los servicios de
agua potable y saneamiento, la superación del grave déficit de cobertura, el cumplimiento
de estándares internacionales de calidad de los servicios y la consecuente inversión de
centenares de millones de dólares en la infraestructura básica. En la práctica el objetivo del
proceso de concesión fue trastocado por el de, simplemente, cumplir con la privatización
del servicio, garantizar la rentabilidad al monopolizador del servicio, Interagua,
soslayándose las demandas insatisfechas de los usuarios de menores recursos.
La privatización temporal de los servicios básicos de Guayaquil fue el resultado de la
aplicación de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que
en su momento condicionaron refinanciamiento de la deuda externa y nuevos créditos, en
su orden, a cambio, primeramente, de reformas legales que abran el camino a la
privatización de los servicios básicos y, posteriormente, a la concesión a la firma
Internacional Water, subsidiaria de la transnacional norteamericana Betchtel.
Debemos advertir que, a cambio de la oportunidad de operar el negocio de agua potable y
saneamiento de Guayaquil, la ciudad mas poblada del país, por 30 años y sin competidores,
con toda la infraestructura existente cedida sin costo, sin obligaciones laborales pendientes
y sin riesgos de inversión en la práctica, pues la rentabilidad esta garantizada, Interagua
esta obligada a cumplir una inversión en este quinquenio que concluye en agosto/06, y que
se expresa en las 55 mil instalaciones de agua potable y alcantarillado sanitario, así como
en la elevación de la presión de la red de agua potable, principalmente, lo cual sin duda
constituye una mejora en el servicio, pero no constituye una dádiva, es su obligación para
con la ciudadanía guayaquileña. En adelante, el compromiso de servicio estará supeditado
a la recuperación de los costos de inversión, es decir, a la capacidad de pago de su
población. Es ahí donde podrá observarse con claridad el carácter excluyente del servicio.
Las redes de distribución de agua potable en determinados sectores de Guayaquil son
vulnerables a la contaminación por heces fecales debido al colapso del sistema de
alcantarillado en unos casos, a su inexistencia en otros, y a deficiencias del servicio de agua
potable, sea por insuficiencia de cloro residual, por discontinuidad del servicio, por falta de
la debida presión en la red, o por su obsolescencia, lo que revela que no ha estado
debidamente sujeta al debido control por parte de ECAPAG.
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42 OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYAQUIL.
El salario real en el Ecuador tiene un proceso de deterioro que no ha sido recuperado. El
pliego tarifario que aplica Interagua en cambio, determina que su facturación seguirá
incrementándose impactando cada vez más en el presupuesto familiar porque está
supeditada precisamente al índice de precios al consumidor, al crecimiento de las tarifas de
energía eléctrica y de los salarios nominales, sin considerar el salario real, como sería
socialmente justo.
Las condiciones de insalubridad y contaminación derivados de las deficiencias o
inexistencias de los servicios básicos de agua potable y saneamiento, constituyen un riesgo
para la población urbana de Guayaquil, especialmente de sus pobladores de menores
recursos, lo que demanda una actitud participativa de la comunidad y sus autoridades para
transparentar e impulsar las demandas y soluciones de corto y mas largo alcance.
La oportuna acción del OCSP permitió que en lo sucesivo, INTERAGUA provea, aunque
todavía no en la medida requerida, del líquido vital a los sectores afectados por cierres
temporales mayores a 24 horas; inclusive, anuncian inapropiadamente suspensiones
temporales de 20 horas, que finalmente terminan siendo mucho mayores para gran parte de
los sectores afectados, para eludir su compromiso de proveer a la ciudadanía de un servicio
alternativo oportuno, justo y eficiente.
El brote de hepatitis A, la aplicación del Pliego Tarifario, las suspensiones programadas de
los servicios, el Plan Maestro para los servicios de agua y saneamiento, el servicio de
atención a los ciudadanos, evidencian con claridad que la privatización temporal, durante
los 30 años de concesión del servicio de agua potable y saneamiento a la firma
INTERAGUA, ni la regulación y control por parte de ECAPAG, no protege eficientemente los
intereses ciudadanos, sino que privilegia los intereses económicos del negocio.
Le compete a INTERAGUA, asumir su responsabilidad social en la prestación de los
servicios públicos que tiene bajo su responsabilidad, por lo que es pertinente que promueva
un compromiso con el Ministerio de Salud, Municipio de Guayaquil, y la Organización
Panamericana de la Salud para dotar de agua segura a la población, y de la desinfección
del agua a nivel de domicilio y de manera periódica hasta que garantice un normal
funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario y de la calidad de agua potable en la red
de distribución en todas las horas que preste servicio; la eliminación de excretas en toda la
ciudad donde presta directamente por tubería o por medios alternativos, sin que exista
alcantarillado sanitario; reevaluar la capacidad de auto depuración de las aguas del rió
Guayas y Daule, para reconsiderar las inversiones a sistemas de tratamiento de aguas
residuales secundarios, donde así amerite.
El Municipio de Guayaquil carece de la voluntad política de defender los derechos de la
ciudadanía frente a los intereses involucrados en el negocio de la monopolización de los
servicios básicos de agua potable y saneamiento de la ciudad.
Se advierte una débil respuesta de los organismos agremiados de profesionales de la
ciudad para actuar de manera técnica e independiente frente a la problemática de la calidad
de los servicios básicos de agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial de Guayaquil.
Evidenció lo justo de la existencia del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, como
un organismo de la sociedad civil, defensor de los intereses de la ciudadanía,
especialmente de los sectores vulnerables que habitan en sub zonas urbanas marginales.
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Por los antecedentes antes descritos, y ante la falta frecuente de resolución adecuada a sus
demandas por el Servicio de Atención al Cliente de Interagua, y ante el deterioro de las
condiciones sanitarias de la población, es conveniente que el contrato de concesión con
Interagua sea revisado, y se garantice el acceso al agua y al saneamiento como un derecho
humano de toda la población, y una verdadera representación de la ciudadanía del cantón
en el seno del ente regulador del servicio. Urge una reforma política que garantice la
participación ciudadana como forma de control social de la gestión pública en todas las
instancias
7.2 Procesos de privatización en Ecuador
Se ha implementado paulatinamente un cuerpo legal y normativo que auspicia los procesos
de privatización en el Ecuador para favorecer a grandes corporaciones transnacionales, lo
que no garantiza el acceso al agua y saneamiento de los sectores mas desposeídos de la
población ni garantiza mecanismo alguno de conservación de las fuentes de agua, por lo
que se requiere reformular dicho régimen legal existente a fin de garantizar el agua como un
derecho publico. En tal sentido, el proyecto de Ley de Aguas elaborado por el MIDUVI debe
ser rechazado.
Los ecuatorianos podemos, con calidad y eficiencia, ser los gestores en el manejo,
distribución y mantenimiento de nuestras fuentes de agua, como lo testimonian entidades
públicas como ETAPA, en Cuenca.
La privatización de los servicios de agua potable a favor de las transnacionales del sector
Oriental de Quito carece de justificación técnica y económica, dados los importantes índices
de cobertura que mantiene EMAAP-Q; por el crecimiento poblacional esperado y el nivel de
ingresos de los habitantes en dicho sector, constituye una inversión prácticamente sin
riesgo, que se pretende delegar a un operador privado por parte del Municipio de Quito;
para las grandes corporaciones del agua constituye un negocio estratégico, dada la
ubicación geográfica de la capital, pues, les permitiría influir favorablemente a los procesos
privatizadores del país y del área andina.
Dados los efectos negativos de los procesos privatizadores del agua implementados en
Ecuador y otros países de la región, se exhorta a la Alcaldía de Quito a detener el proceso
de privatización en EMAAP-Q. Igualmente, a detener los proyectos de abastecimiento de
agua que afectan los cursos superiores de los ríos orientales, dado el impacto negativo que
causarían en los ecosistemas de la región Amazónica.
Desde instancias oficiales, aprovechando la necesidad de acceso al agua de la población,
se pretende que los pequeños municipios pierdan su potestad de autoridad local con
respecto a los servicios básicos de agua y saneamiento induciéndolos al empleo de la
tercerizacion, concesión u otros mecanismos de privatización del agua; por lo cual debe
alertarse a las juntas de agua, comunidades y organizaciones para que no se dejen inducir
ni convencer por el gobierno local y para frenar tales procesos.
Los grandes proyectos hidroeléctricos que benefician a corporaciones industriales y
agrícolas no consideran los reales impactos sobre la población de menores recursos y los
ecosistemas, afectando el abastecimiento de agua para consumo humano y agrícola, y
poniendo en riesgo la biodiversidad de las cuencas y micro cuencas hidrográficas.
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Hay una relación directa entre la concentración y privatización del agua, tal como se
expresa en el proceso de concentración de tierras para monocultivos (caso de la teca, en
Los Ríos y eucalipto en Esmeraldas), por lo que se debe Incluir en las agendas de lucha de
las organizaciones la redistribución del agua y la tierra a fin de generar el empoderamiento
de la causa.
La mayoría de fuentes de agua surgen de zonas donde se encuentran asentadas
poblaciones ancestrales; al respecto no existe ningún mecanismo que garantice que la
supervivencia de estos pueblos no se vea amenazada.
Ante esto se plantea la necesidad de fortalecer las organizaciones de base y de sostener la
movilización y lucha unitaria como mecanismos de detención de este proceso privatizador,
así como la creación de comunidades virtuales, redes y eventos conjuntos, que permitan
socializar las experiencias, a la par de desarrollar soluciones alternativas de tipo
comunitarias.
7.3 Lecciones de procesos de privatización fracasados en América Latina
El contrato de concesión del agua potable en el área metropolitana de Buenos Aires por 30
años debió ser terminado antes del plazo por el incumplimiento del plan de inversión; la
falta de cobertura en zonas de escasos recursos; y la existencia de un marco regulatorio
inapropiado para resguardar el interés público. Los incrementos tarifarios impactaron
severamente en el presupuesto de los hogares, se restringió el acceso a los servicios de los
sectores más desposeidos.
Varios de los principales problemas de la concesión en Argentina y Bolivia se reproducen en
la privatización del servicio de Guayaquil.
En Argentina se detecto i) errores en la evaluación de la viabilidad técnico-económica de los
planes de inversión, las tarifas y la capacidad de pago de la población de bajos recursos; ii)
existencia de oferta oportunista o agresiva que descontaba la posibilidades de
renegociaciones futuras para “corregir” el contrato; iii) incorrecta gestión de la empresa en
materia de endeudamiento que derivó en un pasivo desproporcionadamente alto que agravó
las consecuencias de la devaluación; iv) comportamiento oportunista de la empresa
prestadora privada y debilidad institucional que favorecieron las renegociaciones
contractuales; v) deficiente mecanismo de incentivos incluyendo un régimen tarifario
irracional e ineficiente, vi) la ausencia de políticas y mecanismos de subsidios eficaces para
asistir a la población en condiciones de pobreza, vii) abuso del poder dominante del
operador monopolista e inexistentes amenazas de competencia; viii) mejoras de eficiencia
que no se trasladaron a tarifas así como costos ineficientes en algunos rubros y
operaciones con empresas vinculadas que pudieron haber originado “precios de
transferencia” a favor del grupo económico.
El concesionario Aguas del Illimani, en El Alto, Bolivia, a fines del 2004, se encontraba con
un déficit de mas del 43 % en sus obligaciones contractuales, lo cuál según el contrato es
causal de revocatoria de la concesión por caducidad; el contrato de concesión no considero
la participación de los usuarios, a pesar que la Ley establece que los Precios y Tarifas de
los Servicios de Agua Potable y de los Servicios de Alcantarillado Sanitario para su
aprobación deben contar con “la opinión técnicamente fundamentada del Gobierno
Municipal, quien a su vez efectuará consultas con las instancias de Participación Popular”
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Direcciòn:
7.4 Saludable Iniciativa Boliviana
Es saludable la creación de una autoridad nacional para el manejo del agua en Bolivia,
recaída en el Ministerio del Agua, que ha proclamado su objetivo de formular y ejecutar una
política integral y sostenible de los recursos hídricos, para garantizar el derecho humano de
acceso al agua de toda la población, y preservar el medio ambiente respetando la
diversidad cultural; y señala como principios que:
Bolivia reconoce el acceso al agua como un derecho humano y de todos los seres vivos en
su territorio, basado en los conceptos de justicia, solidaridad, equidad, diversidad y
sostenibilidad.
1. El agua es un bien de dominio público
2. El agua es un Recurso Natural, vital, finito y vulnerable y su uso cumple una función
social, ambiental, cultural y económica.
3. El Estado privilegia y fomenta el uso social de los Recursos Hídricos sobre el uso
comercial.
4. La cuenca es la unidad básica de planificación y Gestión de los Recursos Hídricos
5. El Estado reconoce el uso social y ancestral de las comunidades campesinas,
indígenas y originarias del país, respetando y protegiendo sus derechos de aguas,
sus autoridades consuetudinarias y sus usos y costumbres (conocimientos
tradicionales y prácticas de protección del agua).
6. La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos prioriza el consumo humano, la
producción agropecuaria y las necesidades de la biodiversidad.
7. La Gestión de los Recursos Hídricos debe ser integrada a través de espacios
descentralizados de decisión democrática y participativa.
8. El conocimiento y la información sobre los Recursos Hídricos y sus servicios son la
base para su gestión, siendo su acceso democrático y transparente.
Ing. Miguel Delgado Cabrera
Coordinador Equipo Técnico
Cèsar Càrdenas
Presidente
Observatorio Ciudadano de Servicios Publicos
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Malecòn 208 y Juan Montalvo Piso 3
Tlf. 593-4-2314438-2560241
e-mail: observatoriodeserviciospublicos.yahoo.com
Web: www.observatoriodeserviciospublicos.org
i Source: PSIRU Database; “International Water gets World Bank's MIGA political risk cover in Ecuador”, News
Item 4978. Sources: N. 6635, MIGA Projects (www.miga.org), “International Water Services (Guayaquil) B.V.”;
N. 6636, “Project Homes in on Water Services for Ecuador's Poor”, MIGA News and Events (www.miga.org),
14/02/2002; N. 6637, World Bank Project Finance and Guarantees Department, “Bidding for Private Concessions -
The Use of World Bank Guarantees”, RMC Discussion Paper Series No. 120, January 1998
(http://www.worldbank.org/html/fpd/guarantees/assets/images/120.pdf); N. 6638, “Meet the Infrastructure Team”,
MIGA News, Volume 9, No.2, Third quarter 2001 (http://www.miga.org/screens/pubs/miganews/vol9no2.pdf).
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