ARCHIVO DE PRENSA - Terranova

JUSTICIA VERDAD Y REPARACIÓN
ARCHIVO DE PRENSA
Octubre/2008.
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NOTICIAS
Desplazamiento Forzado
Desplazados
Octubre 28 de 2008.
Condenan a „HH‟ a 45 meses de prisión
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo86474-condenan-hh-45-meses-deprision
El ex jefe paramilitar Hebert Veloza García, alias 'HH' fue condenado a 45 meses de cárcel por su
responsabilidad en el desplazamiento forzoso de un líder sindical, que recibió varias amenazas
de muerte por parte de las Autodefensas.
La sentencia fue proferida por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá, que avaló la
diligencia de formulación de cargos efectuada en contra de Veloza García por un fiscal de la
unidad de Derechos Humanos.
Según la investigación, desde el año 2002 cuando alias „HH' llegó a la zona de Bugalagrande,
Valle del Cauca, y asumió el comando del Bloque Calima, comenzó el hostigamiento al Sindicato
de Trabajadores Estatales.
En el año 2004 las amenazas proferidas por el grupo armado ilegal en contra de la vida del
presidente de ese sindicato, lo obligaron a buscar refugio fuera del país.
Octubre 28 de 2008.
Hay 6.742 formularios en Acción Social para reparación individual
Edith Quiroz
http://www.eluniversal.com.co/noticias/20081028/sin_loc_hay_6742_formularios_en_accion_s
ocial_pa.html
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Más de 6.700 formularios han sido radicados en Acción Social para reparación individual por
vía administrativa.
Avanza en Sucre el proceso para que accedan los ciudadanos víctimas de la violencia a la
reparación individual por vía administrativa.
Para ello, los interesados siguen reclamando los formularios ante las administraciones locales, y
Ministerio Público, a fin de diligenciarlos y presentarlos ante la Consejería Presidencial para la
Acción Social a través de la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia.
El delegado departamental de Acción Social en Sucre, José Luis Padrón, informó que a la fecha
han sido radicados en Sucre, 6.742 formularios así: en el mes de agosto, 2.471; septiembre, 2.982
y lo que va corrido de octubre, 1.289, teniendo en cuenta que los mismos son diligenciados de
manera individual.
Estos corresponde a 3.751 casos en total radicados, por violación de derechos fundamentales,
donde han resultado como víctimas varios miembros de un mismo núcleo familiar.
A nivel nacional, según informes de Acción Social van 135.994 casos radicados de víctimas de la
violencia.
La delegación departamental de Acción Social, destacó el trabajo coordinado conjuntamente con
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría,
Fiscalía General y personerías municipales.
La reparación administrativa tiene por objeto reparar individualmente respecto a derechos
fundamentales violados a través de hechos victimizantes ejecutados antes del 22 de abril de
2008, por los grupos armados organizados al margen de la ley, específicamente los grupos
autodenominados guerrilla o autodefensas.
Según Acción Social, las personas que únicamente han sido víctimas del desplazamiento forzado
no tienen necesidad de presentar la solicitud, pues el solo hecho de estar registradas en el
Registro Único de Población Desplazada (RUPD) les da derecho a acceder al programa de
reparación individual por vía administrativa, el cual confiere para la población en circunstancias
de desplazamiento forzado, un subsidio para vivienda.
Los hechos victimizantes que dan derecho a la reparación por vía administrativa, son:
homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones personales y/o psicológicas que produzcan
incapacidad permanente, lesiones personales y/o psicológicas que no causen incapacidad
permanente, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento ilegal de
menores y desplazamiento forzado.
Como acceder a la reparación
Para acceder a la reparación individual por vía administrativa a las víctimas es necesario tener
en cuenta:
La distribución del formulario y el trámite de solicitud de reparación por vía administrativa es
gratuito, y
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El formulario debe ser diligenciado personalmente por el solicitante en letra clara y fácil de leer.
El Gobierno Nacional hará entrega directa de los recursos de reparación a los destinatarios, para
lo cual no se requieren intermediarios.
Los ciudadanos interesados en este formulario lo pueden encontrar en las siguientes páginas
Web:
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (www.cnrr.org.co)
Procuraduría General de la Nación (www.procuraduria.gov.co)
Defensoría del Pueblo (www.defensoria.org.co/red/)
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
(www.accionsocial.gov.co).
Igualmente lo podrán reclamarlo físicamente y entregar diligenciado completamente en:
Las Alcaldías Municipales
Personerías
Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales
Sedes de la Defensoría del Pueblo
Sedes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Oficinas de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, y cualquiera de las sedes de
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internaciona
Octubre 28 de 2008.
Investigación
Condenan a 'HH' por desplazamiento de sindicalista
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre272008/velozaescondenado%20.html
El ex cabecilla del Bloque Calima de las AUC Ever Veloza García, alias H.H., fue condenado a 45
meses de prisión por el desplazamiento de un líder sindical.
La providencia fue proferida por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá-Descongestión OIT-
tras la decisión del ex „para‟ de acogerse a sentencia anticipada.
Según la investigación, desde el año 2002 comenzó el hostigamiento contra el Sindicato de
Trabajadores Estatales por parte de alias H.H., que para esa época había asumido el control del
Bloque Calima.
Dos años después, las amenazas proferidas por los paramilitares obligaron al presidente del
sindicato a buscar refugio en el exterior.
„HH‟, segundo ex jefe 'para' en ir a un tribunal de justicia y paz
Ever Veloza García fue presentado este lunes ante un tribunal de Justicia y Paz para responder
por su responsabilidad en 97 hechos.
El ex jefe paramilitar confesó estos crímenes durante 15 versiones libres que se realizaron en
Medellín y comenzaron el 29 de octubre de 2007.
De acuerdo con la fiscal 17 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, a Veloza García se le
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imputaran los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, homicidio en persona
protegida y reclutamiento de menores.
Algunos de estos hechos están relacionados con los homicidios de 17 integrantes de la Unión
Patriótica y la muerte de 37 sindicalistas. Asimismo, „HH‟ será acusado por las masacres del bar
El Aracatazo, ocurrida en agosto de 1995; la del billar El Golazo en Apartadó (Antioquia), en
abril de 1996; y la del Alto Naya. Esta última ocurrida en límites de Cauca y Valle, en abril de
2001, en donde fueron asesinadas 30 personas.
El juicio de guerra
Así es calificado por la Fiscalía el proceso que se realiza este lunes en Medellín con la
imputación fáctica y jurídica contra „H.H.‟.
En los próximos 60 días, a más tardar, se realizará la formulación de cargos y 20 días después, la
Sala de Decisión revisará si la aceptación de cargos por parte del ex jefe „para‟ fue legal.
En un plazo de 10 días más se llevará a cabo la audiencia de fallo, en la que se abrirá un
incidente de reparación. En el caso de Veloza García, por estos crímenes figuran 192 víctimas.
Ese mismo día, tres magistrados de Justicia y Paz darán a conocer la condena contra Ever Veloza
que no superará los ocho años, es posible que cuando esto suceda el ex jefe paramilitar ya haya
sido extraditado.
Octubre 20 de 2008.
Revive el expediente del Naya
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre202008/naya.html
En las próximas semanas la Fiscalía libraría 10
órdenes de captura. Inicia el juicio contra „HH‟
por la masacre.
Ahora, cuando los paramilitares confiesan sus
crímenes, la barbarie que durante años pasó
desapercibida se hace evidente ante nuestros
ojos. Tras las declaraciones de Éver Veloza,
„HH‟, en las que aceptó la ayuda de miembros
del Ejército para la incursión de sus hombres al
Naya, reaparecieron los fantasmas de esta
masacre. La historia, que parecía ya olvidada,
revivió.
Esta semana se inicia el juicio contra Veloza por
el homicidio de 26 personas, y los delitos de
desplazamiento forzado y concierto para
delinquir. Además, hace pocos días se conoció
En la población de Timba fueron sepultados
nueve de las víctimas de la masacre del
Naya. Entre los afectados se encuentran
miembros de comunidades indígenas y afro,
que habitaban en las 20 veredas del Naya.
Foto / El País
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que el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa pagar seis mil millones de pesos. En el
fallo, los magistrados concluyeron que si el Ejército “hubiese puesto efectivamente en
funcionamiento todos los recursos humanos y técnicos de los que dispone, tales hechos
seguramente no hubiesen ocurrido”.
Las decisiones no quedan allí. En las próximas semanas la Fiscalía libraría diez órdenes de
captura contra militares y civiles, presuntamente vinculados a estos hechos. Las investigaciones
tendrían relación con las declaraciones de varios paramilitares del Bloque Calima, entre ellos
Veloza, quienes aseguran que miembros del Batallón Pichincha facilitaron el ingreso de las
autodefensas al Naya.
Precisamente, el coronel Tony Alberto Vargas Petecua, quien para la época de los hechos era el
comandante del Batallón Pichincha, es investigado preliminarmente en la Fiscalía, debido a los
señalamientos de „HH‟. En los próximos días, el paramilitar identificado como Armando Lugo
explicará ante la Fiscalía la supuesta participación de Vargas (ver nota anexa).
Aunque la investigación preliminar contra los militares se inicia siete años y seis meses después
de ocurrida la masacre, las dudas sobre el comportamiento de este Batallón se pueden encontrar
en diferentes expedientes judiciales.
En febrero del 2006 la Procuraduría sancionó al oficial Vargas con 90 días de suspensión por
omisión para perseguir y combatir a los integrantes de las AUC que llevaron a cabo la masacre.
Asimismo, en el expediente de la condena de 66 paramilitares por este hecho, aparece el
testimonio de Enrique Guetio, uno de los sobrevivientes, quien aseguró que en la incursión vio a
dos hombres que reconoció porque ya habían estado en la zona. Según Guetio, los había
observado cuando el Ejército realizó operativos para rescatar a los secuestrados de La María.
En el fallo del Juzgado Primero Especializado de Popayán se dice que “de las entrevistas
realizadas se tiene como principal hipótesis que estas acciones fueron perpetradas como
represalia por el secuestro de La María, ya que al parecer la casa donde estuvieron los
secuestrados se encuentra en la zona; asimismo, es una ofensiva para dominar el territorio rico
en cultivos ilícitos”.
Guetio, en sus declaraciones, también dice que los paras estaban vestidos con prendas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas, las cuales tenían distintivos del Ejército. Ese testimonio
concuerda con las revelaciones hechas hace pocos días por Armando Lugo ante un delegado de
la Procuraduría. Lugo señaló que los uniformes se los habían dado en la Tercera Brigada.
Los presuntos vínculos entre oficiales y suboficiales de la Tercera Brigada del Ejército con el
Bloque Calima también los reveló Eladio Viveros, quien actualmente está asilado en Canadá.
Viveros, quien aseguró haber sido secuestrado por los paramilitares que lo obligaron a
colaborarles, le dijo a la Fiscalía que en varias ocasiones, por orden de las AUC, le sirvió de guía
al Ejército en operaciones contra la guerrilla en el Naya. En sus declaraciones menciona a un
mayor del Ejército al que le presentaron los „paras‟. El testigo también contó cómo el Bloque
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Calima llegó a las poblaciones de Timba y Buenos Aires desde principios del 2000, año en el que
cometieron varios asesinatos.
A esta declaración se suma lo manifestado por Deyda Campo Fernández, viuda de Wilson Caso
Guetio, quien asegura que el Ejército llegó el 31 de marzo del 2001 a Timba, por donde pasaron
los paramilitares para llegar a El Ceral, donde el 10 de abril se inició la masacre.
En el expediente del Consejo de Estado también hacen referencias a la omisión del Ejército para
evitar la masacre del Naya. Según una funcionaria del Ministerio del Interior, el coronel Tony
Vargas y la Tercera Brigada habían sido alertados de la presencia de paras en Timba y Buenos
Aires, Cauca.
La funcionaria, quien en una reunión el 26 de marzo del 2001 le comunicó al oficial de la
presencia de las AUC en el Naya, agregó que el 5 de abril (cinco días antes de la masacre) llamó
por celular a Vargas y le advirtió de la presencia de paramilitares en la vereda La Esperanza, del
resguardo indígena La Paila, jurisdicción de Buenos Aires.
En otro informe citado en el fallo del Consejo de Estado se dice que en un oficio el comandante
de la Tercera Brigada del Ejército le explica a su superior el jefe de la Tercera División las
actividades realizadas en Buenos Aires en los meses de enero, febrero marzo y mayo del 2001.
En abril, mes de la incursión paramilitar, no hubo reporte de actividades del Batallón Pichincha
en esa zona.
En el fallo del Consejo de
Estado serán
indemnizados 82
desplazados. Se dice que
quién se acredite como
desplazado también
puede acceder a la
indemnización.
La masacre
Siete años y seis meses después de la tragedia del Naya todavía no se conoce realmente cuántas
fueron las víctimas . En los mismos expedientes judiciales se habla de que no hay certeza del
número, debido a que varios de los cadáveres fueron arrojados a abismos.
En el expediente judicial se dan los nombres de Daniel Suárez, Blanca Flor Pazu, Humberto
Arias, William Rivera, Cayetano Cruz, Guillermo Aldana, Wilson Caso, Rolando Castañeda,
Antonio de Jesús Ramos Ipia, Orlando Cabrera, Luis Ómar Aponza, Manuel Quiguanas y sus
dos hijos, Gladys Ipia, Esteban Delgado, Guillermo Trujillo, Luis Ipia, Jesús Antonio Ipia, Jorge
Valencia, José Eider Gómez, Manuel Taquinas, Aleida Yule, Mary Taquinas, Fernando Taquinas,
Edgar Taquinas Yule, José Manuel Mina, Evelio Herney Quitumbo y su esposa, Edwim Velasco
Belalcazar, Evelio Guetio, Jorge Valencia y Alexánder Serna.
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Según las necropsias y las actas de levantamiento de los cadáveres, a muchas de las víctimas las
asesinaron a machete. Algunas tenían las manos amputadas y habían sido degolladas.
Aún no se ha podido esclarecer si se utilizaron motosierras, aunque los paramilitares niegan que
las hayan usado en la masacre, en los informes de la Fiscalía mencionan que varias heridas
fueron causadas con un arma corto contundente.
73 condenados por la masacre
Por la masacre del Naya han sido condenados un total de 73 miembros del Bloque Calima de las
autodefensas, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desplazamiento
forzado. Entre los sentenciados está Elkin Casarrubia, alias Mario o El Cura, comandante militar
de esta agrupación.
De los 73 capturados en Puerto Merizalde, entre abril y mayo del 2001, 66 fueron condenados,
dos eran menores de edad y el resto fueron absueltos. En esa lista se encuentran Jair Alexánder
Muñoz („Chilapo‟) y Luis Felipe Arcila („Sisas‟), quienes comandaron la incursión al Naya.
Varios de los detenidos que aceptaron ser paramilitares fueron los que testificaron contra sus
compañeros.
Entre los relatos que entregaron explicaron que el bloque que partió de El Ceral, dirigido por
„Chilapo‟, se dividió en tres grupos, cada uno de aproximadamente 30 hombres. En el 2001
fueron detenidos Jaime Pillimue („JJ‟) y Weimar Ambuila Caracas („Sambumbe‟), quienes
sirvieron de guía a los paramilitares durante el recorrido.
En el expediente también se menciona a un alias Bocanegra, quien no ha sido detenido. Los
sobrevivientes aseguran que este hombre marcó a varios de los muertos con un cuchillo.
Actualmente, están pendientes en los juzgados y el Tribunal Superior de Popayán quince
sentencias contra personas acusadas por estos hechos. El juicio contra Éver Veloza, „HH‟, se
inicia esta semana.
El único militar detenido es el capitán del Batallón Palacé, Rubén Brianco Blanco, quien fue
acusado de favorecimiento porque en su casa hospedaba a Mario cuando lo arrestaron en el
2004.
La declaración de Lugo
Armando Lugo, alias El Cabezón, era, según los paramilitares, el encargado de coordinar las
relaciones con militares. Lugo accedió a hablar con El País:
“Yo tuve contactos con miembros de la Tercera Brigada, pero tengo que dejar claro que ellos no
sabían que íbamos a cometer una masacre, cuando les pedí ayuda les dije que era para cruzar
unas tropas que había que llevar a Guapi. Siempre había una base del Ejército en La Esperanza y
en Timba, yo les comuniqué al coronel Vargas y al capitán Zambrano que íbamos a cruzar unas
tropas para que retiraran sus hombres.
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Desde Venecia en Trujillo se cruzó en camiones carpados, el capitán Andrés Zambrano venía
frenteando el corte. Nos paró un retén de la vial en Sonso, otro antes de llegar a Palmira y otro
en el peaje de Villarrica, ese ya estaba arreglado con un teniente del Ejército, que pertenecía al
batallón de Palmira. El capitán Zambrano era el comandante de un pelotón en Timba.
En una reunión con mi comandante en Munchique, él me pidió unos camuflados, equipos y
chalecos. Tony Alberto Vargas me los dio, pero él no sabía que íbamos a hacer que íbamos a
hacer esa masacre”.
La ruta de la muerte
5 de abril. Un grupo de aproximadamente cien paramilitares salió a las 11:00 p.m. en tres
camiones carpados de Venecia, en Trujillo, al norte del Valle.
6 de abril. A las 4:00 a.m., los paras llegaron a Monchique, en Buenos Aires, Cauca.
7 de abril. En Bellavista se reunieron los jefes del Bloque Calima: Ever Veloza con los alias
Mario, Chilapo, Sisas, Geovani, Nechi, Doble Cero y Pájaro. Allí dividieron las tropas.
8 de abril. A la 1:40 p.m. salieron 250 hombres, 130 dirigidos por alias Mario. El resto eran
comandados por „Chilapo‟.
9 de abril.En El Porvenir retuvieron a un guerrillero del ELN, apodado Peligro, quien señaló a
los supuestos auxiliadores.
10 de abril. Llegaron a la vereda El Ceral, donde asesinaron a Gladys Ipia.
10 de abril: En La Silvia asesinaron a Audilio Rivera. Ese mismo día continuaron a Patio
Bonito, donde mataron a Daniel Suárez, su esposa, Cayetano Cruz, Humberto Arias y Gonzalo
Osorio.
11 de abril. Continuaron su recorrido hacía El Playón y Río Mina. En esta última población le
dieron cinco horas a los campesinos para que se fueran. Se llevaron a Luis Ómar Aponte y a
Esteban Delgado. En El Playón entraron a la tienda de Guillermo Trujillo y se lo llevaron con
Wilson Caro Guetio y Rolando Castañeda.
12 de abril A Edwin Erney Velasco lo mataron en Palo Solo. Las autoridades encontraron el
cuerpo desmembrado en una finca. Luego siguieron su camino y mataron a José Manuel Mina.
13 a 16 de abril. Empezaron los combates con la guerrilla. Quince paramilitares se ahogaron
en el río Naya intentado salir.
20 de abril. En un operativo de la Infantería de Marina fueron capturados 73 personas en
Puerto Merizalde, señaladas de haber participado en la masacre del Naya.
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Octubre 16 de 2008
Libertad, “matadero” sin Verdad ni Reparación
Cristo Garcia Tapia
http://www.eluniversal.com.co/noticias/20081016/ctg_edi_libertad_matadero_sin_verdad_ni
_reparaci.html
Ha sido Libertad, Municipio de San Onofre, Departamento de Sucre, el único pueblo de
Colombia que se ha levantado en contra de la barbarie paramilitar.
Hostigado hasta la indignidad, un día decidió colectivamente que ya no les permitirían un
instante más de vejámenes y crímenes a los paramilitares que en su territorio disponían de sus
vidas, violaban a sus mujeres, torturaban a sus ancianos, desaparecían a sus jóvenes, mutilaban
a sus niños.
Y es que en Libertad, ni siquiera el parloteo de los loros o el ladrido de los perros ocurría sin la
señal siniestra de los paramilitares que sometían por la brutalidad de las armas a los
descendientes de negros que en aquellos territorios habían encontrado, siglos atrás, refugio para
salvarse de la barbarie esclavista que los despojaba de su condición de humanos.
El régimen de terror que impuso el paramilitarismo en Libertad iba de la mano con la
indiferencia del Estado, a tal punto que las múltiples masacres, los recurrentes desplazamientos
de familias de aquella población, el despojo de la propiedad rural, mediana y pequeña, se hizo,
según pruebas validadas por la Fiscalía y la Comisión de Reconciliación, con la anuencia y en
presencia de actores y órganos del Estado.
De ese modo, quienes debían velar por la seguridad, vida, honra y bienes de colombianos
merecedores constitucionales de ese primario derecho, terminaban de aliados de los
generadores y ejecutores de la peor violencia de cuantas han azotado estas zonas
Por tanto, es apenas justo que quienes en Libertad y otros pueblos de San Onofre claman
Verdad, Justicia y Reparación, sean escuchados con profundo respeto por su irreparable dolor. Y
no por la simple formalidad que impone una visita vicepresidencial protocolaria que, al decir de
las víctimas, fue más una jaculatoria al perdón de los victimarios y al olvido de las víctimas, que
una verdadera y real señal de arrepentimiento y reparación por parte del Estado y el Gobierno a
quienes sufrieron el terror paramilitar que les fue impuesto a punta de cuchillo y metralla.
Olvidar, en las circunstancias que vivieron los habitantes de Libertad, San Onofre y otros
pueblos de esa feraz comarca palmicultora, no resulta de un día para otro como piensa y quiere
el Vicepresidente Santos.
Y menos, cuando los muertos del paramilitarismo son aún fémures, cráneos, maxilares, tibias,
brazos y manos, que deambulan en fosas cavadas por ellos mismos a la vera de los caminos. O
en lo profundo de la manigua. O del mar. O de los arroyos que recorren aquella geografía
agreste abonada con sangre de sus hijos.
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Olvidar y perdonar a los victimarios y a sus cómplices, no resulta fácil en esas condiciones. Y
menos, cuando la Reparación, la Justicia y la Verdad, ni siquiera han dado con los huesos
quebrados por miles en aquel matadero en el que los paramilitares y los “señores de la guerra”
convirtieron a Libertad.
Y menos han dado con el corazón lacerado de los que quedaron vivos, pero excluidos de todo.
Octubre 14 de 2008.
Estado pagará 6 mil millones de pesos por masacre del Naya
http://www.semana.com/noticias-noticias/estado-pagara-mil-millones-pesos-masacre-delnaya/116586.aspx
La Sección Tercera del alto tribunal ordenó al Estado indemnizar con cerca de 6 mil millones de
pesos a 82 indígenas, de los cuales 52 eran menores de edad que fueron desplazados de sus
veredas.
El Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión y falla en el servicio por no evitar la
masacre en la que murieron por lo menos 40 personas en el 2001.
El Estado recibió una de las condenas más altas de su historia por parte del Consejo de Estado al
comprobar que la Fuerza Pública, a pesar de tener información suficiente, no evitó una de las
incursiones paramilitares más cruentas de los últimos años. Por los menos 40 indígenas fueron
asesinados y 3.000 personas fueron desplazados en el a Alto Naya (Cauca).
Cuatro meses antes de la incursión de las AUC llegaron denuncias a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en las que varias comunidades de la región solicitaban medidas
de protección por la presencia de grupos armados. Incluso la Defensoría del Pueblo expidió una
alerta temprana sobre la posible incursión de grupos paramilitares en la zona.
El 27 de mazo del 2001, la CIDH exigió al estado colombiano establecer medidas cautelares para
proteger a la población, sin embrago, ocho días después un grupo de al menos 500 hombres del
bloque calima de las AUC, al mando de José Éver Veloza, alias “H.H” se apoderó de la zona.
El 12 de abril los paramilitares se dividieron en tres grupos e incursionaron en 15 poblaciones de
la región, en donde asesinaron más de 40 personas señalas de ser auxiliadoras de la guerrilla.
Ante la demanda el Ministerio de Defensa argumento que “se ejecutaron operaciones militares
ofensivas contra grupos insurgentes y generadores de violencia en la región del Alto Naya” y
que no hay elementos en la demanda que sustenten la culpabilidad del Estado en la masacre.
Por su parte el Consejo de Estado encontró que sí existió omisión y falla en el servicio para evitar
la incursión paramilitar. Una prueba fue el oficio que la Defensoría del Pueblo envió el 11 de
abril, un día antes de la masacre, a autoridades civiles y militares alertando de la movilización
de autodefensas en la región.
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“Si bien de conformidad con el acervo probatorio se tiene que no aparece prueba alguna de la
cual se pueda inferir la participación directa y activa de miembros de la Fuerza Pública en la
incursión armada, sí se encuentra debidamente acreditado que dicha incursión no fue
sorpresiva; por el contrario, estaba anunciada”, Agregó el alto tribunal.
Como resultado de la condena el estado deberá reparar a los desplazados por daños morales y
alteración grave de las condiciones de existencia. De igual forma el Ministerio de Defensa
publicará la síntesis del fallo en un diario de circulación nacional.
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