texto completo - Poder Judicial del Estado de Cohauila

SENTENCIA
25/2008
EXPEDIENTE 53/2008
JUICIO ELECTORAL.
ACTOR: PARTIDO
CARDENISTA COHUILENSE.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
MAGISTRADA PONENTE:
ELENA TREVIÑO RAMÍREZ.
SECRETARIOS DE ESTUDIO
Y CUENTA: SARA ÁLVAREZ
ANGUIANO – GUSTAVO
EMMANUEL VALDÉS GARCÍA
Saltillo, Coahuila a veintiséis de noviembre de dos mil ocho.
VISTOS, para dictar resolución en los autos del expediente
número 53/2008, formado con motivo del Juicio Electoral
presentado por el PARTIDO CARDENISTA COAHUILENSE,
mediante el cual impugna el acuerdo 115/2008, aprobado en
la sesión ordinaria del once de noviembre del año en curso,
en el que el CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
COAHUILA, emite la declaratoria de pérdida de su registro, al
no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida
emitida en el Estado durante la jornada electoral celebrada el
diecinueve de octubre del presente año con motivo de las

2
Juicio Electoral 53/2008
elecciones para diputados locales por el principio de mayoría
relativa; y,
R E S U L T A N D O
PRIMERO. El diecinueve de octubre de dos mil ocho, tuvo
lugar la elección de diputados por el principio de mayoría
relativa.
SEGUNDO. El veintidós del mismo mes y año, se realizaron
los cómputos distritales en cada uno de los veinte Comités
Electorales y el domingo veintiséis de octubre de dos mil
ocho, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana realizó el Cómputo Estatal de la
elección de diputados de mayoría relativa, obteniendo los
siguientes resultados:
DTO PAN PRI PRD PT PVEM PUDC PC PCC PNA PRI- CC1 CC2 VALID
UDC
A
Dto.
I
4,036 29,671 925 387 913 108 104 394 793 424 37,755
Dto.
II
4,304 19,904 949 527 743 70 95 342 721 239 27,894
Dto.
III
5,577 20,232 493 375 488 91 145 390 743 481 29,015
Dto.
IV
9,764 22,561 605 492 743 63 124 225 1,019 399 35,995
Dto.
V
3,617 623 606 591 207 1,322 25,775 32,741
Dto.
VI
6,434 23,563 2,001 526 634 2,100 418 230 544 521 36,971
Dto.
VII
3,878 26,683 1,303 734 849 7,532 249 327 442 141 42,138
Dto.
VIII
6,433 21,884 721 244 519 241 176 142 350 461 31,171
Dto.
IX
10,457 22,314 839 485 1,032 283 330 121 617 603 37,081
Dto.
X
7,831 21,758 767 345 565 264 193 112 358 237 32,430
Dto.
XI
8,634 21,146 885 274 909 218 185 117 378 298 33,044

3
Juicio Electoral 53/2008
Dto.
XII
9,981 34,923 1,079 384 784 384 201 125 417 486 48,764
Dto.
XIII
1,373 30,425 8,872 445 292 1,982 440 4,405 1,113 121 49,468
Dto.
XIV
7,639 21,302 803 1,790 791 90 1,245 287 33,947
Dto.
XV
5,471 18,362 986 430 526 471 491 540 264 27,541
Dto.
XVI
6,268 22,513 755 341 351 64 119 639 873 31,923
Dto.
XVII
5,751 21,698 362 325 674 5,074 109 114 530 322 34,959
Dto.
XVIII
5,053 19,709 822 1,156 624 2,503 1,365 413 188 31,833
Dto.
XIX
8,442 1,069 1,783 404 112 602 26,030 38,442
Dto.
XX
7,374 17,038 885 567 1,320 1,837 123 74 563 122 29,903
TOTAL 128,317 415,686 25,744 12,216 13,752 23,221 3,275 9,742 12,377 51,805 6,692 188 703,015
18.25% 59.13% 3.66% 1.74% 1.96% 3.30% 0.47% 1.39% 1.76% 7.37% 0.95% 0.03% 100%
TERCERO. El once de noviembre de dos mil ocho, este
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, dictó
sentencia definitiva en los Juicios Electorales 29/2008 y
acumulados 30/2008, 31/2008, 32/2008, 33/2008, 34/2008,
35/2008, 36/2008, 37/2008, 38/2008, 39/2008, 40/2008,
41/2008, 42/2008, 43/2008, 44/2008, 45/2008 y 46/2008,
promovidos por el Partido Nueva Alianza, recompuso el
Cómputo Estatal quedando en los siguientes términos:
DTO PAN PRI PRD PT PVEM PUDC PC PCC PNA PRI-
UDC
CC1 CC2 VALIDA
Dto.
I
4,036 29,671 925 387 913 108 104 394 793 424 37,718
Dto.
II
4,304 19,904 949 527 743 70 95 342 721 239 27,739
Dto.
III
5,577 20,232 493 375 488 91 145 390 743 481 28,609
Dto.
IV
9,764 22,561 605 492 743 63 124 225 1,019 399 35,722
Dto.
V
3,617 623 606 591 207 1,322 25,775 32,741
Dto.
VI
6,434 23,563 2,001 526 634 2,100 418 230 544 521 36,775
Dto.
VII
3,878 26,683 1,303 734 849 7,532 249 327 442 141 42,138
Dto.
VIII
6,433 21,884 721 244 519 241 176 142 350 461 31,019
Dto.
IX
10,457 22,314 839 485 1,032 283 330 121 617 603 36.531
Dto.
X
7,831 21,758 767 345 565 264 193 112 358 237 32,259
Dto.
XI
8,634 21,146 885 274 909 218 185 117 378 298 32.803
Dto.
XII
9,981 34,923 1,079 384 784 384 201 125 417 486 48,588

Dto.
XIII
Dto.
XIV
Dto.
XV
Dto.
XVI
Dto.
XVII
Dto.
XVIII
Dto.
XIX
Dto.
XX
TOTAL
4
Juicio Electoral 53/2008
1,373 30,425 8,872 445 292 1,982 440 4,405 1,113 121 49,468
7,639 21,302 803 1,790 791 90 1,245 287 33,756
5,471 18,362 986 430 526 471 491 540 264 27,381
6,268 22,513 755 341 351 64 119 639 873 31,444
5,751 21,698 362 325 674 5,074 109 114 530 322 34,763
5,053 19,709 822 1,156 624 2,503 1,365 413 188 31,561
8,442 1,069 1,783 404 112 602 26,030 38,442
7,374 17,038 885 567 1,320 1,837 123 74 563 122 29,903
699,102
128,317 415,686 25,744 12,216 13,752 23,221 3,275 9,742 12,377 51,805 6,692 188
18.35% 59.46% 3.68% 1.75% 1.97% 3.32% 0.47% 1.39% 1.77% 7.41% 0.96% 0.03% 100%
La sentencia definitiva que recompuso el Cómputo Estatal a
que se ha hecho referencia, constituye una resolución
definitiva e inatacable por no haberse presentado en su
contra el Juicio de Revisión Constitucional. Por tanto, de
acuerdo a la recomposición del cómputo estatal, el Partido
Cardenista Coahuilense obtuvo el 1.39% (uno punto treinta y
nueve por ciento) de la votación válida emitida.
CUARTO. Mediante acuerdo 115/08 pronunciado en la
sesión ordinaria de fecha once de noviembre de dos mil ocho,
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, por unanimidad de los Consejeros Electorales,
aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos
Jurídicos, y como consecuencia se canceló el registro del
Partido Cardenista Coahuilense, conforme a los siguientes
resolutivos:
PRIMERO. Se cancela el Registro del Partido Cardenista
Coahuilense, otorgado mediante acuerdo 01/2005 del

5
Juicio Electoral 53/2008
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, en virtud de que únicamente obtuvo el 1.39%
de la votación válida emitida en el Estado durante la
jornada electoral celebrada el 19 de octubre de 2008,
teniendo como efecto la pérdida de los derechos y
prerrogativas que la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales vigente en la entidad concede
a partir de la presente resolución.
SEGUNDO. Publíquese el presente dictamen en el
Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así
como también hágase del conocimiento de los organismos
electorales y de los Poderes del Estado y de los
municipios, lo anterior con fundamento en el artículo 48 de
la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales vigente en la entidad.
Así lo acordó la Comisión de asuntos Jurídicos del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila, cuyos integrantes firman para su debida
constancia.
QUINTO. Inconforme con la determinación anterior, el Partido
Cardenista Coahuilense, por conducto de su Representante
Propietario Samuel Acevedo Flores, el día catorce de
noviembre de dos mil ocho, presentó Juicio Electoral ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
SEXTO. El Presidente del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, notificó el día quince de
noviembre del presente año, a este Tribunal Electoral la
presentación del medio de impugnación a que se ha hecho
referencia y en su oportunidad remitió la demanda
correspondiente, anexó los documentos relativos al JUICIO
ELECTORAL de que se trata y rindió su Informe
Circunstanciado, expresando que no se presentó ningún
tercero interesado dentro del término de setenta y dos horas

6
Juicio Electoral 53/2008
a que se refiere el artículo 45 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político - Electoral y de Participación
Ciudadana.
SÉPTIMO. Por acuerdo de fecha diecinueve de noviembre
del presente año, el Presidente del este Tribunal turnó a la
Magistrada Elena Treviño Ramírez el expediente en que se
actúa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52,
fracción I, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia
Político - Electoral y de Participación Ciudadana.
OCTAVO. Mediante auto de fecha veinte de noviembre de
dos mil ocho, se admitió a trámite el relacionado JUICIO
ELECTORAL, quedando los autos en estado de resolución,
la que hoy se pronuncia conforme a los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Coahuila de Zaragoza es competente para
conocer y resolver el relacionado JUICIO ELECTORAL, con
fundamento en los artículos 17, 41 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 27, 135,
136, 141, 154 y 156 de la Constitución Política del Estado; 1,
2, 25B y 25D de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado; 3, fracción I, y 6, 10, 85 de la Ley de Medios de

7
Juicio Electoral 53/2008
Impugnación en Materia Político - Electoral y de Participación
Ciudadana.
SEGUNDO. Previenen los artículos 84 y 85 de la Ley de
Medios de Impugnación en Materia Político - Electoral y de
Participación Ciudadana para el Estado, que el JUICIO
ELECTORAL tiene por objeto garantizar la constitucionalidad
y legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones de la
autoridades electorales, y que el relacionado medio de
impugnación es procedente, en contra de losa ctos, acuerdos
y demás resoluciones que dicte el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, que afecten la
constitucionalidad o legalidad en materia político electoral o
sistema de partidos políticos.
Por tanto, el acto del INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, mediante el cual se aprueba
el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que
se cancela el registro del Partido Cardenista Coahuilense,
constituye un acto susceptible de ser revisado por la vía del
JUICIO ELECTORAL, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos a que se ha hecho referencia, para salvaguardar
la constitucionalidad y legalidad de los actos, omisiones,
acuerdos y resoluciones del Instituto Electoral, así como la
validez y eficacia de las normas aplicables en la materia, en

8
Juicio Electoral 53/2008
atención a que si bien, el acto impugnado no encuadra en
ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 85 de la
Ley de Medios de Impugnación en Materia Político - Electoral
y de Participación Ciudadana, que se refieren a los supuestos
de procedencia del Juicio Electoral dentro de un procesos
electoral, también lo es que todas las resoluciones que
concedan o cancelen el registro de un partido político, se
vinculan con la constitucionalidad y legalidad de los actos del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que se
encuentran sujetos a la revisión jurisdiccional en aras de la
salvaguarda, validez, eficacia y actualización de los derechos
de los partidos políticos y de la participación ciudadana.
TERCERO. El relacionado medio de impugnación se
encuentra presentado en tiempo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación
Ciudadana, en atención a que el acto impugnado se notificó
el día once de noviembre del año en curso, según se
desprende de la copia certificada del Acuerdo 115/2008, así
como de lo manifestado tanto por el enjuiciante como por la
autoridad responsable en su informe circunstanciado, en
tanto que el escrito de demanda del presente Juicio Electoral
se interpuso ante la autoridad responsable el día catorce de

9
Juicio Electoral 53/2008
noviembre del presente año, según se aprecia del sello y
razón de recibo asentada en el propio escrito inicial, por lo
que fue promovido dentro del plazo de tres días a que se
refiere el citado precepto.
CUARTO. Con fundamento en el artículo 16, fracción I de la
Ley de Medios de Impugnación en Materia Político - Electoral
y de Participación Ciudadana, en relación con los artículos
17, fracción I, 19 fracción I, inciso 1, 59 y 64 del mismo
ordenamiento legal, la legitimación y representación del actor
se encuentran satisfechas con el reconocimiento expreso que
realiza la autoridad responsable en su informe
circunstanciado, al expresar que el promovente tiene
reconocida su personalidad como representante propietario
del PARTIDO CARDENISTA COAHUILENSE ante el
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Asimismo, el relacionado medio de impugnación reúne los
requisitos a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Medios
de Impugnación en Materia Político - Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado, sin que se advierta algún
error u omisión esencial.
QUINTO. Las consideraciones y los puntos resolutivos del
acto impugnado se trascriben a continuación:

10
Juicio Electoral 53/2008
[...]
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 61 y la fracción
I del artículo 62 de la Ley del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana vigente en el estado de Coahuila,
esta Comisión de Asuntos Jurídicos es competente para
conocer y resolver en lo relativo a la pérdida del registro
del Partido Cardenista Coahuilense por no haber obtenido
el porcentaje mínimo de votación requerido por la fracción
III del artículo 46 de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales para el Estado, de Coahuila
de Zaragoza.
SEGUNDO. Que el artículo 34 de la Ley de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales, en su primer
párrafo a la letra dispone:
Artículo 34. Los partidos políticos nacionales tendrán
derecho a participar en las elecciones estatales y
municipales en los términos que establezca esta ley, y se
sujetarán a todas las normas aplicables en el régimen
interior del estado cuando se trate de su vida estatal o
municipal.
Se consideran partidos políticos a las organizaciones
nacionales registradas como tales, ante el Instituto
Federal Electoral y las estatales registradas ante el
Instituto.
...........
TERCERO. Que la fracción III del artículo 46 de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para
el Estado de Coahuila de Zaragoza, a la letra establece:
Artículo 46. Un partido político, previa resolución del
Instituto, perderá su registro o lo inscripción de su registro
por los causas siguientes:
........
III No obtener por lo menos el tres por ciento de la
votación válida emitida en la totalidad del estado en
ninguna de las elecciones para gobernador, diputados
o miembros de los ayuntamientos.
Como se puede observar de la norma antes transcrita, de
una interpretación sistemática y funcional de la misma, los
partidos políticos tanto nacionales como estatales,
deberán de obtener como mínimo el tres por ciento del
porcentaje de votación válida emitida en la elección en la
cual se haya participado con el objeto de mantener la
inscripción de su registro, o bien su registro como partido
político local.
CUARTO. Que una vez celebrada la jornada electoral y
llevado a cabo tanto los cómputos distritales como el
correspondiente Cómputo Estatal, se obtuvieron como
resultados los siguientes:
DTO PAN PRI PRD PT PVEM PUDC PC PCC PNA PRI-
UDC
CC1 CC2 VALIDA
Dto.
I
4,036 29,671 925 387 913 108 104 394 793 424 37,755
Dto.
II
4,304 19,904 949 527 743 70 95 342 721 239 27,894

11
Juicio Electoral 53/2008
Dto .
III
5,577 20,232 493 375 488 91 145 390 743 481 29,015
Dto.
IV
9,764 22,561 605 492 743 63 124 225 1,019 399 35,995
Dto.
V
3,617 623 606 591 207 1,322 25,775 32,741
Dto.
VI
6,434 23,563 2,001 526 634 2,100 418 230 544 521 36,971
Dto.
VII
3,878 26,683 1,303 734 849 7,532 249 327 442 141 42,138
Dto.
VIII
6,433 21,884 721 244 519 241 176 142 350 461 31,171
Dto.
IX
10,457 22,314 839 485 1,032 283 330 121 617 603 37,081
Dto.
X
7,831 21,758 767 345 565 264 193 112 358 237 32,430
Dto.
XI
8,634 21,146 885 274 909 218 185 117 378 298 33,044
Dto.
XII
9,981 34,923 1,079 384 784 384 201 125 417 486 48,764
Dto.
XIII
1,373 30,425 8,872 445 292 1,982 440 4,405 1,113 121 49,468
Dto.
XIV
7,639 21,302 803 1,790 791 90 1,245 287 33,947
Dto.
XV
5,471 18,362 986 430 526 471 491 540 264 27,541
Dto.
XVI
6,268 22,513 755 341 351 64 119 639 873 31,923
Dto.
XVII
5,751 21,698 362 325 674 5,074 109 114 530 322 34,959
Dto.
XVIII
5,053 19,709 822 1,156 624 2,503 1,365 413 188 31,833
Dto.
XIX
8,442 1,069 1,783 404 112 602 26,030 38,442
Dto.
XX
7,374 17,038 885 567 1,320 1,837 123 74 563 122 29,903
TOTAL 128,317 415,686 25,744 12,216 13,752 23,221 3,275 9,742 12,377 51,805 6,692 188 703,015
18.25% 59.13% 3.66% 1.74% 1.96% 3.30% 0.47% 1.39% 1.76% 7.37% 0.95% 0.03% 100.00%
De lo anterior se desprende que, una vez deducidos los
votos nulos, tenemos como votación válida emitida en la
entidad la cantidad de 703,015 votos.
Cabe mencionar que, la fracción III del artículo 24 de la
Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales
vigente en la entidad establece lo que se debe de
considerar por votación válida emitida. Al efecto, la norma
a la letra expresa:
Artículo 24. ......
......
III. Haber alcanzado como mínimo el tres punto cinto por
ciento de la votación válida emitida en el estado. Para los
efectos de esta ley, se entiende por votación válida
emitida el total de los votos depositados en las urnas
en el estado, una vez deducidos los votos nulos.
QUINTO. Una vez analizado el contenido de los
considerandos anteriores y tomando en cuenta lo previsto
por la fracción III del artículo 46 de la Ley de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales vigente en la
entidad, así como en los resultados arrojados por el
Cómputo Estatal realizado por el Consejo General del
Instituto Electoral, se obtiene que el Partido Cardenista

12
Juicio Electoral 53/2008
Coahuilense obtuvo un total de 9,742 votos en los distritos
en los cuales registró candidatos de mayoría relativa,
siendo dicha cantidad equivalente al 1.39% de la votación
válida emitida en el Estado, por lo que el mencionado
partido político no supera el umbral mínimo de
porcentaje de votación que para la conservación de su
registro requiere el ordenamiento electoral
correspondiente.
SEXTO. Por otra parte, el artículo 47 del mismo
ordenamiento legal, expresa:
Artículo 47. El Instituto, antes de emitir cualquier
resolución sobre cancelación de registro, citará al partido
político respectivo, para que éste sea escuchado y
manifieste lo que a su interés convenga.
El Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, para dar
cumplimiento a lo establecido en la disposición transcrita
con anterioridad, celebró Sesión Extraordinaria el jueves
30 de octubre del año en curso, con el objeto de que los
partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje de
votación mínimo requerido por la legislación electoral
local, realizaran las manifestaciones que a su interés
conviniera.
En dicha Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Instituto Electoral, el representante del Partido Cardenista
Coahuilense realizó diversas manifestaciones, en el
sentido que a continuación se expresa:
"SEGUNDO. El dispositivo legal que nos ocupa (art. 46,
fracción III), como toda norma jurídica expresa ciertas
consecuencias (en la especie, perder el registro), cuya
actualización depende de que se realicen ciertos
supuestos (1.- No obtener el porcentaje legal necesario, y
2.- En las elecciones para gobernador, diputados o
miembros de los ayuntamientos), que la misma norma
establece. Este dispositivo como toda norma jurídica
instituye un deber condicionante (No obtener..... en
ninguna de las elecciones...).
esa es la escritura de toda norma y por ende del
dispositivo en cuestión y en esa estructura el deber
condicionante consiste en NO OBTENER.... EN
NINGUNA y si a la fecha no han ocurrido el conjunto de
hechos jurídicos que conforman el deber condicionante
del supuesto jurídico contenido en la norma a saber
elecciones para gobernador, diputados o miembros del
ayuntamiento, no ha nacido ni puede nacer la
consecuencia jurídica prevista en la norma legal
invocada...”
Sin embargo, esta Comisión estima que el texto de la ley
es claro, si se tiene presente el significado de la palabra
"ninguna" así como de la "disyuntiva "o" que se utiliza en
el texto de la norma. En efecto de conformidad con el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
se tiene que la expresión ninguna significa ni una. En tal
situación, estimamos que resulta claro el sentido de la
norma contenida en la fracción III del artículo 46 de la Ley
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales

13
Juicio Electoral 53/2008
vigente en la entidad, de forma tal que un partido político
previa resolución del Instituto, perderá la inscripción del
registro o registro, según sea el caso, al no obtener por lo
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la
totalidad del estado en "ni una" de las elecciones para
gobernador, diputados o miembros de los ayuntamientos.
Interpretación gramatical que se robustece tomando en
consideración que el empleo de la disyuntiva que implica
la palabra "o" que se utiliza en el texto de la norma la cual
significa que en cualquiera de las elecciones para
gobernador, diputados o miembros de los ayuntamientos
que un partido político no obtenga el tres por ciento de la
votación válida emitida en la totalidad del estado, previa
resolución del Instituto, perderá la inscripción del registro,
o bien el registro.
Así también, al contrario de lo expresado por el Partido
Cardenista Coahuilense, con la norma contenida en la
fracción III del artículo 46 de la Ley de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales, el legislador busca
la tutela del principio de representatividad con la que
cuentan los partidos políticos, es decir, que los partidos
políticos como entidades de interés público, tienen como
obligación garantizar la fuerza política que gozan entre los
electores coahuilenses y su representación en las
elecciones que se celebren en el estado, ya sea que se
lleve a cabo una sola elección o tres; por lo que de una
interpretación sistemática y funcional de la norma, de
conformidad con los criterios de interpretación que en
materia electoral reconoce el artículo 9 de la Ley de
Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de
Participación Ciudadana vigente en la entidad, se
desprende que los partidos políticos deberán de obtener el
porcentaje requerido por el ordenamiento legal antes
señalado en cualquiera de las elecciones en las que
participe y no en las tres en conjunto. Incluso en el caso
de que se celebren las tres elecciones de carácter local
durante el mismo proceso electoral, necesitan obtener el
tres por ciento en una de ellas; pero si se celebra una
solamente es en esa en la que los partidos deberán
cumplir con el requisito exigido por la ley para efectos de
la conservación de la inscripción de su registro o bien su
registro, según sea el caso.
En el mismo sentido, la reforma electoral, publicada en el
Periódico Oficial del Estado el 2 de agosto del 2007, que
estableció el nuevo porcentaje para efectos de
conservación del registro de los partidos políticos, que de
dos por ciento de la votación válida emitida pasó a tres por
ciento, obedeció, como bien se menciona en su
exposición de motivos, a la intención del legislador de
fortalecer el sistema de partidos en el estado para lo cual
se debe de establecer un límite para que los partidos
políticos puedan acceder, tanto a la posibilidad de
participar en los procesos electorales como a los derechos
y prerrogativas que la ley concede, sin distinguir si dicho
porcentaje se deba de obtener en una u otra elección, si
no en cualquiera en las que se participe y con la finalidad

14
Juicio Electoral 53/2008
de que dichos organismos políticos demuestren su
representatividad en el estado. Para fortalecer lo
expresado, se cita a continuación textualmente la
exposición que motivo la reforma en mención:
"...Es importante mencionar las motivaciones
fundamentales que trajeron como consecuencia la
adecuación al marco jurídico electoral del Estado:
Establecer un régimen de partidos que permita un
pluralismo político genuino, sustentado en el apoyo
ciudadano obtenido en las urnas, apoyando a los partidos
que representan verdaderamente intereses ciudadanos," '
Se planteó en la reforma constitucional que se aumentará
el umbral para que los partidos políticos pudieran acceder
a la representación proporcional en el Congreso a un tres
punto cinco por ciento. De la mismo manera, en esta
iniciativa se estima pertinente que los partidos que
participen en los procesos electorales deben alcanzar un
porcentaje de tres por ciento de la votación para mantener
su registro o inscripción como partido político en Coahuila,
así mismo puedan tener derecho a prerrogativas
económicas...."
En este punto es importante señalar como antes se
expuso en el capítulo de antecedentes, durante el proceso
electoral de 2002 el Partido Cardenista Coahuilense no
superó el umbral mínimo para conservar su registro como
partido político estatal. En aquel entonces el porcentaje
mínimo de votación para la conservación del registro era
del dos por ciento de la votación válida emitida. Sin
embargo, por la reforma electoral mencionada en el
párrafo que antecede, dicha disposición fue modificada
únicamente en lo relativo al porcentaje mínimo, ahora de
tres por ciento, siendo que la redacción de la norma en
mención no fue modificada. Cabe destacar que el partido
político referido no promovió recurso alguno, ni se
manifestó en contra de la interpretación que, en aquel
entonces, la autoridad electoral dio a la fracción III del
artículo 46 de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales vigente en la entidad.
En consecuencia, es inatendible el argumento vertido por
el Partido Cardenista Coahuilense por el que manifiesta
que no se debe cancelar el registro como partido político
estatal ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Coahuila.
SÉPTIMO. Consecuencia de lo anterior, y de conformidad
con el artículo 46 de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales vigente en la entidad, los
partidos políticos estatales registrados ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila que se
ubiquen en cualquiera de los supuestos por la norma
mencionada, perderán su registro así como el goce de los
derechos y prerrogativas que la ley les concede.
En virtud de la anterior, con fundamento en la norma antes
transcrita, el Partido Cardenista Coahuilense dejará de
gozar tanto de los derechos como de las prerrogativas que
la legislación local en la materia les concede a los partidos
políticos, tanto nacionales como estatales.

15
Juicio Electoral 53/2008
Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción III
del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza; los artículos 54, 61 y 62 fracción I
de la Ley del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza; así
como en lo establecido en el artículo 34, 46 fracción III y
47 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales para el Estado de Coahuila de Zaragoza; así
como en el acuerdo emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral durante la Sesión Extraordinaria del 30
de octubre del presente año identificado con el número
106/2008, esta Comisión de Asuntos Jurídicos del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
RESUELVE
PRIMERO. Se cancela el Registro del Partido Cardenista
Coahuilense, otorgado mediante acuerdo 01/2005 del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, en virtud de que únicamente obtuvo el 1.39%
de la votación válida emitida en el Estado durante la
jornada electoral celebrada el 19 de octubre de 2008,
teniendo como efecto la pérdida de los derechos y
prerrogativas que la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales vigente en la entidad concede
a partir de la presente resolución.
SEGUNDO. Publíquese el presente dictamen en el
Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así
como también hágase del conocimiento de los organismos
electorales y de los Poderes del Estado y de los
municipios, lo anterior con fundamento en el artículo 48 de
la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales vigente en la entidad.
Así lo acordó la Comisión de asuntos Jurídicos del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila, cuyos integrantes firman para su debida
constancia.
SEXTO. Los hechos y agravios que se hacen valer en el
escrito inicial de demanda son los siguientes:
Hechos
I. El 21 de enero de 2005, mediante acuerdo 01/2005 de
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Coahuila y en cumplimiento de la sentencia
del 29 de octubre de 2004 recaída a los expedientes SUP-
JDC-230/2004 y SUP-JDC-231/2004 emitida por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
acordó otorgar el registro como partido político estatal al
Partido Cardenista Coahuilense.
II. El 12 de junio de 2008, el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila

16
Juicio Electoral 53/2008
resolvió mediante acuerdo identificado con el número
57/2008 que el Partido Cardenista Coahuilense cumplía
con los requisitos establecidos en el artículo 35 y 51 del
de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
III. Electorales, para efectos de participar en el proceso
electoral para la elección de diputados al Congreso del
Estado.
IV. El 19 de octubre de 2008 se celebró en Coahuila,
jornada electoral con motivo de la elección de diputados
que integrarán la LVIII Legislatura de! Congreso del
Estado, mismos que tomarán posesión de su encargo el 1
de enero de 2009.
V. El miércoles 22 de octubre de 2008, se llevo (SIC)
acabo los cómputos distritales en cada uno de los Comités
Electorales correspondientes.
VI. El 26 de octubre del año en curso, el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila llevó a cabo el Cómputo Estatal con la finalidad
de realizar la asignación de diputados por el principio de
representación proporcional.
VII. El 28 de octubre del año en curso, se nos informó que
se llevaría a cabo la Sesión de Consejo General el jueves
30 de octubre con el objeto de que manifestáramos lo que
a nuestro derecho conviniera en relación con la posible
pérdida del registro de nuestro Instituto Político.
VIII. El 30 de octubre del presente, se llevó a cabo la
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, en la
cual realizamos diversas manifestaciones relacionadas
con lo solicitado por el IEPEC
IX. En dicha Sesión, el Consejo General del Instituto
Electoral designó a la Comisión de Asuntos Jurídicos
como órgano competente para llevar a cabo el
procedimiento de pérdida del registro de los partidos
políticos que no hubieren alcanzado el tres por ciento de
la votación total emitida en el estado.
X. Con Fecha 11 de Noviembre en sesión Ordinaria el
Consejo General aprueba el Dictamen emitido por la
Comisión de Asuntos Jurídicos por el que se acuerda
cancelar el registro al Partido Cardenista Coahuilense al
aprobar el acuerdo numero 115 /2008.
AGRAVIOS
Causa Agravio a mí partido el hecho de haber cancelado
el registro de mi partido al aprobar el dictamen de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y de no haber tomado en
cuenta las manifestaciones y alegatos que mi
representado argumento (SIC) a petición del propio
Consejo General del IEPEC cuando en su dictamen
sostiene el ilegal acuerdo tomado y señalado
anteriormente como acto o resolución impugnado por el
cual se cancela el registro así como la pérdida de los
derechos y prerrogativas que la ley electoral de Coahuila
otorga a los partidos políticos con registro estatal; al
interpretar de manera errónea y perversa lo dispuesto por
el articulo (SIC) 46 en su fracción tercera que la letra dice:
Un partido político, previa resolución del Instituto,

17
Juicio Electoral 53/2008
perderá su registro o la inscripción de su registro por
las causas siguientes:
.......
III. No obtener por lo menos el tres por ciento de la
votación valida (SIC) emitida en la totalidad del estado
en ninguna de las elecciones para gobernador,
diputados o miembros de los ayuntamientos.
Sustento mi argumentación de la demanda de juicio
electoral en base a los siguientes
ARGUMENTOS Y CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Resulta improcedente ordenar la pérdida del
registro de nuestro partido, en virtud. de que a la fecha, en
ningún tiempo se ha surtido el supuesto jurídico contenido
en el dispositivo legal esgrimido por el IEPEC _”... en
ninguna de las elecciones para gobernador, diputados
o miembros de los ayuntamientos"..; toda vez que,
atento a lo dispuesto por ese dispositivo, a la fecha el
Partido Cardenista Coahuilense no ha perdido las
elecciones para gobernador, diputados o miembros de
los ayuntamiento. En efecto, desde la fecha en que el
partido (SIC) Cardenista estuvo en la posibilidad jurídica y
legal de participar en un proceso electoral, al presente día,
no se han verificado en la realidad la totalidad del conjunto
de elecciones que dispone el dispositivo invocado (para
gobernador, diputados o miembros de los
ayuntamientos), conjunto de elecciones necesario para
que se actualicen las consecuencias jurídicas contenidas
en la norma jurídica referida. Esto es así, porque, en el
mundo fáctico, a la fecha no han sucedido las elecciones
para miembros de los ayuntamientos y gobernador, para
en todo evento, estar así en posibilidad de determinar si
en ese conjunto de elecciones, el Partido político que me
honro en representar, no obtuvo los porcentajes legales
necesarios para mantener su registro.
Desde otro perspectiva, de una lectura responsable,
madura y seria de la disposición legal que nos ocupa, se
colige categórica y contundentemente que el supuesto: no
obtener el porcentaje legal necesario para preservar el
registro se refiere a “.... las elecciones para gobernador,
diputados o miembros del ayuntamiento". Lo que significa
y excluye pensar que se refiere a perder las elecciones de
diputados, pues ese no es el mandato de la norma jurídica
en cuestión. Ese no es el supuesto jurídico, por lo que
resulta extraño y expulsable de consideración el evento
de "elecciones para diputados” pues ese no es el
supuesto jurídico de la norma que nos ocupa, de lo que se
concluye que en la especie, no nace, ni puede nacer la
consecuencia jurídica contenida en la norma, ya que se
insiste, el supuesto jurídico no se ha actualizado.
Por todo lo cual esta H. Tribunal Electoral deberá resolver
que este mi Partido tiene la plenitud de su registro, y el
disfrute de sus derechos y prerrogativas, pues no ha
incurrido en causal alguna que produzca su pérdida.
Adicionalmente se debe subrayar que lo que si esta
ocurriendo a la fecha, es un proceso electoral para la
elección de diputados, mismo que se encuentra en

18
Juicio Electoral 53/2008
plenitud de desarrollo, pues los actos jurídicos relativos a
los resultados de esta elección no han quedado firmes e
inatacables, en virtud de que aún son susceptibles de ser
impugnados, y eventualmente modificados.
SEGUNDO.- El dispositivo legal que nos ocupa (art 46,
fracción III), como toda norma jurídica expresa ciertas
consecuencias (en la especie, perder el registro), cuya
actualización depende de que se realicen ciertos
supuestos (1,- No obtener el porcentaje legal necesario; y
2.- En las elecciones para gobernador, diputados o
miembros de los ayuntamientos), que la misma norma
establece. Este dispositivo como toda norma jurídica
instituye un deber condicionante (No obtener... en
ninguna de las elecciones...).
Esa es la estructura de toda norma y por ende del
dispositivo en cuestión y en esa estructura el deber
condicionante consiste en NO OBTENER... EN NINGUNA
y si a la fecha no han ocurrido el conjunto de hechos
jurídicos que conforman el deber condicionante del
supuesto jurídico contenido en la norma a saber
elecciones para gobernador, diputados o miembros del
ayuntamiento, no ha nacido ni puede nacer la
consecuencia jurídica prevista en la norma legal invocada.
En sentido contrario, al momento de que ocurran el
conjunto de hechos contenidos en el supuesto de la
norma se actualizara, emergerá al mundo jurídico la
consecuencia jurídica que la norma establece, en la
especie, la perdida (SIC) del registro,
Por todo lo cual se solicita resolver que Partido Cardenista
Coahuilense tiene la plenitud de su registro, de sus
derechos y prerrogativas, pues no ha incurrido en causal
alguna que produzca su pérdida.
TERCERO.- Es un Principio General del Derecho que
"DONDE LA LEY NO DISTINGUE, NADIE DEBE
DISTINGUIR" en la especie, si el dispositivo legal
pretendido no distingue en cual de las elecciones debe
obtener el porcentaje legal necesario; ni esta autoridad, ni
persona alguna puede, ni debe distinguir, pues la
expresión "ninguna" se refiere al conjunto de elecciones
que la norma menciona, sin distinguir, ni discriminar a
alguna de ellas. En consecuencia a la fecha no se ha
surtido la hipótesis contenida en esa norma invocada,
atento a lo cual esta autoridad deberá resolver que este
partido goza de la plenitud de su registro, de sus derechos
y prerrogativas, pues no ha incurrido en causal alguna que
produzca su pérdida.
CUARTO.- Es incuestionable que la redacción de la
disposición analizada, es clara y categórica; no se presta
a confusión, ni requiere de interpretación gramatical o
semántica. En efecto según establece la real academia de
la lengua el vocablo "NINGUNO" es un adjetivo que
denota relación a una cualidad, accidente o cosa; adjetivo
que SIGNIFICA: NI UNO SOLO DE UNA PLURALIDAD
O CONJUNTO DE COSAS, EVENTOS O PERSONAS. o
sea para que no exista u ocurra ni uno solo de algo, debe
existir un conjunto o pluralidad de varios, dentro de los

19
Juicio Electoral 53/2008
cuales deja de existir la totalidad de ellos, esto es: Ni Uno.
Esto es así, porque de lo contrario se incurre en lo ilógico,
el contrasentido y la irracionalidad. Pues la afirmación Ni
Uno, jamás podrá significar elegir entre alguno de esos
unos, optar por alguno de ellos, sostener así solo podría
ser obra de un ignorante consumado o bien de un
demente, que tuerce el sano juicio del razonamiento por
ignorancia o por aviesas intenciones.
Ahora bien, en consonancia con la real academia de la
lengua, no podemos utilizar como sinónimo el vocablo
cualesquiera, plural del singular cualquier pues resulta
extraño, ajeno e inaplicable al dispositivo legal que nos
ocupa, en virtud de que este vocablo, no es un adjetivo
sino un pronombre, y además de que proviene de los
vocablos "cual" y "quiera" el que quiera, aquel que elige,
que tiene un acto de volición para querer, no es un
vocablo aplicable a elegir entre u optar entre varios
supuestos o cosas, sino para referirse a una persona
indeterminada en un universo de varias personas.
De lo anterior se colige que en el caso que nos ocupa el
numeral que analizamos establece un conjunto de eventos
(elecciones para gobernador, diputados y miembros
de los ayuntamientos), de los cuales si "ni uno solo"
(ninguno) de esos tres se realiza, en el mundo fáctico se
actualiza la consecuencia jurídica prevista en la propia
norma (pérdida del registro). Pero si a la fecha no han
ocurrido los tres eventos (elecciones para gobernador,
elecciones para diputados y elecciones para miembros de
los ayuntamientos) que conforman el hecho jurídico es
imposible jurídicamente que nazca la consecuencia
jurídica (pérdida del registro ).
Por este solo argumento esta H. Autoridad deberá
resolver que este partido conserva la plenitud de su
registro, de sus derechos y prerrogativas, pues no ha
incurrido en causal alguna que produzca su pérdida.
QUINTO.- Es incuestionable que la redacción de la
disposición analizada, es clara y categórica; no se presta
a confusión, ni requiere de interpretación funcional, ni
sistemática. Toda vez que en la disposición invocada la
expresión "en ninguna de las elecciones..." es una
expresión taxativa y conjuntiva y no enunciativa y optativa;
esto es, tasa concreta y definidamente cual es el universo
(pluralidad o conjunto) de cosas sobre las que se aplica,
se refiere y/o se relaciona el adjetivo "ninguna" (ni uno
solo) a saber las tres elecciones que en el numeral se
señalan. Es conjuntiva pues engloba a las tres elecciones
(los tres eventos) como condición sine qua non sin lo cual
no puede actualizarse el supuesto ninguna (ni uno sola)
(de los tres), para que se genere la consecuencia jurídica
(pérdida del registro).
No es una expresión meramente enunciativa y optativa
pues su mandato no va enderezado a elegir entre varias
opciones (elecciones para gobernador, diputados y
miembros del ayuntamiento), sino en la realización de
todas (los tres eventos de las tres elecciones). De haber
sido así, el artículo en comento establecería el vocablo

20
Juicio Electoral 53/2008
"alguna" (de esas varias elecciones), en lugar del vocablo
"ninguna" y entonces si se podría optar entre alguna de
ellas. Pero no es así, no lo dispone así el párrafo del
artículo analizado porque no fue ese el espíritu del
legislador como se pretende hacer ver en el dictamen
referido, pues la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS también
deja clara la pluralidad señalada cuando expresa: De la
misma manera, en esta iniciativa se estima pertinente que
los partidos que participen en los proceso (plural)
electorales deben alcanzar un porcentaje de tres por
ciento de la votación para mantener su registro o
inscripción.
Lo que si se desprende de la referida norma es que el
legislador quiso que los partidos políticos participaran en
todas y cada una de las elecciones (en principio
elecciones ordinarias) que se llevaran a cabo en la
entidad, reguladas por la ley; esto es, en las elecciones
de gobernador, diputados y miembros del ayuntamiento.
A mayor abundamiento tan esto es así, que a pesar de
todas las reformas que ha sufrido la Ley de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales durante su
vigencia, nunca ha modificado, alterado o cambiado el
sentido y configuración del supuesto de que un partido
pierda su registro solo y en tanto que no obtenga el
porcentaje legal necesario en las tres elecciones
(gobernador, diputados, miembros del ayuntamiento).
Desde luego que la razón legal y política del legislador,
que subyace en una determinación así es permitir que un
partido agote todas las posibilidades de oferta política que
puede ofrecerle al electorado en el conjunto de elecciones
que se celebren en el estado, pudiendo así demostrar si la
Ciudadanía desea votar por ese partido o elegir a sus
candidatos en las elecciones que se celebren para esos
cargos precisamente (gobernador, diputados y miembros
de los ayuntamientos). Por vía de ejemplo podemos
ilustrar afirmando que el electorado puede decidir no
apoyar a los candidatos del partido "N” para la elección de
gobernador, pero si tiene interés en votar por los
candidatos de ese partido en la elección de diputados o de
los miembros de los ayuntamientos; o a la inversa.
Y en efecto en el 2002 el Partido Cardenista Coahuilense
no supero (SIC) el porcentaje que en ese entonces
establecía la ley electoral y el instituto electoral le canceló
su registro, si bien es cierto ese hecho, lo que también es
cierto es que en ese entonces se realizaron elecciones
para diputados y miembros de los ayuntamientos, pero el
hecho de que ese partido no se inconformara en ese
tiempo de ninguna manera puede ser un justificante para
que con ese argumento ahora que si se detecta con
precisión la disposición la norma se pretenda vulnerar
derecho del Nuevo Partido Cardenista Coahuilense de
continuar con el disfrute de su registro como partido
político estatal y de todos sus derechos y prerrogativas,
esto solo demuestra la aberración y perversión jurídica y
política con la que ha venido actuando el Consejo
General del Instituto Electora! y de Participación

21
Juicio Electoral 53/2008
Ciudadana de Coahuila.
En consecuencia deberá ordenarse que se confirme que
el partido compareciente no ha perdido su registro ante el
IEPEC ni ante ninguna instancia y por tanto sigue
ejerciendo sus derechos y prerrogativas.
En efecto la legislación electoral de Coahuila tutela para
los partidos políticos estatales la oportunidad de acreditar
una representación electoral del tres por ciento de los
votos en cuando menos una de las elecciones, es decir o
la de Gobernador, o la de diputados o la de miembros de
los ayuntamientos, y que satisfecha la representación en
alguna de las tres elecciones el partido de que se trate
mantiene sus derechos vigentes, sin embargo si el partido
que represento con su nuevo registro como entidad
constitucional de interés publico no ha tenido la
oportunidad de participar mas que en una, de las tres
elecciones, mantiene vigentes sus derechos hasta en
tanto no se realicen las otras dos elecciones y se puede
estar a lo dispuesto por la norma.
Si el legislador hubiese considerado otra cuestión el
artículo de referencia habría señalado “no obtener el tres
por ciento de los votos en la elección de diputados" y no
como esta ahora que permite a los partidos políticos
locales mostrar sus representatividad en una de las tres
elecciones.
SEXTO.- Sin embargo, en un estudio sistemático y
funcional del dispositivo analizado en el marco del
conjunto total de la ley de la cual emana (Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente), no
contraria el sentido y la congruencia de dicha ley, como
tampoco de la totalidad de los principios que tutelan a
dicha legislación. Razón suficiente para declarar que el
partido preserva su registro porque no ha incurrido en
causal para ello.
En efecto, si el dispositivo cuestionado no se refiriere a las
tres elecciones, al momento de engarzar y/o articular
sistemática y funcionalmente este supuesto (en ninguna
de las elecciones - las tres-) con el conjunto total
(sistematizado y funcional) de la ley de la que se
desprende, aparecería inmediatamente la incongruencia,
la incoherencia o la aberración de esa disposición. Pero
esto no es así, porque esta disposición (taxativa y
conjuntiva) no contraría, contradice o desvirtúa el sentido
legal, político y electoral de esta ley en su conjunto.
Contrariamente a ello y en consonancia con los principios
constitucionales, jurídicos, políticos y filosóficos que
sustentan nuestra legislación electoral local, la disposición
analizada en el real sentido, que es el en que se alega en
los presentes, robustece y consolida nuestro sistema
democrático y electoral, toda vez que, según se
desprende, el espíritu del legislador, fue que en el mundo
fáctico no quedara duda de "'cuales" eran las preferencias
electorales de la ciudadanía y de los electores en todas y
cada una de las elecciones que normalmente ocurren en
el estado.

22
Juicio Electoral 53/2008
PRECEPTOS VIOLADOS
Se violan en nuestra contra el artículo 14 de la
Constitución General de la Republica que establece que la
interpretación de la norma jurídica se tiene que realizar
conforme a la letra y por ende la interpretación que el
IEPEC le da al articulo 46 en su fracción tercera afectan
nuestro interés legitimo al conculcar nuestros derechos de
estar organizados en una entidad constitucional de interés
publico a la que le hemos denominado Partido Cardenista
Coahuilense e impedimos de esa manera nuestro derecho
y garantía constitucional a participar en la vida política del
Estado de Coahuila.
SUMA PETITORIA
Único. .- (SIC) Se revoque el acuerdo impugnado y se
ordene al Instituto Electoral respete puntualmente los
derechos y prerrogativas que la disposiciones electorales
vigentes nos otorgan como Partido Políticos (SIC) Estatal.
[...]
Por razón de método se analizarán en primer lugar los
motivos de inconformidad que el actor expone en relación
con el desarrollo del proceso electoral, en atención a los
cuales considera que los actos jurídicos relativos a los
resultados de la elección no han quedado firmes e
inatacables; y posteriormente se analizarán en forma
conjunta dada la íntima relación que guardan entre si, los
agravios que el partido inconforme expresa en relación con
la interpretación de la fracción III del artículo 46 de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.
I. En este contexto, aduce medularmente el actor, que
resulta indebida la determinación de la autoridad responsable
por la cual canceló su registro como partido político local, en
atención a que actualmente se encuentra en plenitud el
desarrollo del proceso electoral en la entidad y por ende los

23
Juicio Electoral 53/2008
actos jurídicos relativos a los resultados de la elección no han
quedado firmes.
Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los
argumentos reseñados con antelación, por las razones
siguientes.
De lo dispuesto por los artículos 84, 85 y 86 de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, en
relación con los artículos 6, 84 y 85 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político - Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado, el procesos electoral es el conjunto
de decisiones, actos, tareas y actividades que realizan los
organismos electorales, los partidos políticos y los
ciudadanos tendientes a renovar periódicamente a los
integrantes de los poderes Legislativo o Ejecutivo, así como
de los ayuntamientos y comprende las etapas de
preparación de la elección, jornada electoral, resultados de
las elecciones y calificación, y declaración de validez de las
mismas, y concluye hasta que el último acto o resolución de
la etapa de resultados adquiere definitividad, como lo ha
sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la tesis que se trascribe a
continuación:
PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL
ÚLTIMO ACTO O RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE

24
Juicio Electoral 53/2008
RESULTADOS ADQUIERE DEFINITIVIDAD
(Legislación del Estado de México y similares).—El
proceso electoral de una entidad federativa concluye
hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación resuelve el último de los juicios
de revisión constitucional electoral o para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano,
promovidos para impugnar los actos o resoluciones de las
autoridades electorales, emitidos al final de la etapa de
resultados, en virtud de que las ejecutorias que se dictan
en los referidos juicios son las que proporcionan
realmente la certeza de que dichos actos impugnados han
adquirido definitividad. En efecto, según lo previsto en los
artículos 140 y 143 del Código Electoral del Estado de
México, el límite que se toma en cuenta para la conclusión
de la etapa de resultados y declaración de validez de las
elecciones de diputados y ayuntamientos, que es la última
fase del proceso de tales elecciones, se encuentra
constituido con los cómputos y declaraciones que realicen
los consejos del instituto, o bien, con las resoluciones que,
en su caso, pronuncie en última instancia el tribunal local.
El hecho de que se tomen esos dos puntos de referencia
para establecer la conclusión de la citada etapa final del
proceso electoral radica en que, si con relación a un
determinado cómputo o declaración se hace valer un
medio de impugnación ordinario, no podría afirmarse que
la etapa en comento haya concluido, porque las
consecuencias jurídicas generadas por el acto recurrido
podrían verse confirmadas, modificadas o revocadas, en
virtud del medio de impugnación y, por tanto, es explicable
que sea la resolución que pronuncie en última instancia el
tribunal local, la que se tendría que reconocer como límite
de la etapa del proceso electoral, porque, en principio, con
la resolución dictada por el tribunal en el medio de
impugnación se tendría la certeza de que en realidad
habría concluido el proceso electoral, como consecuencia
de la definitividad generada por la propia resolución,
respecto a los cómputos o declaraciones realizados por
los consejos del instituto. Estos actos y, en su caso, la
resolución del tribunal estatal a que se refiere la última
parte del artículo 143 del Código Electoral del Estado de
México, serán aptos para generar esa certeza, si
adquieren la calidad de definitivos. Pero si con relación a
tales actos se promueve alguno de los juicios federales
mencionados, es claro que la ejecutoria que se dicte en
éstos será la que en realidad ponga fin al proceso
electoral local, pues en atención a que esa ejecutoria tiene
las características de definitiva e inatacable, en términos
del artículo 99, cuarto párrafo, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
será la que en realidad proporcione la certeza de que la
resolución dictada en la parte final de la etapa de
resultados de la elección ha adquirido definitividad.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
341/2000.—Convergencia por la Democracia, Partido

25
Juicio Electoral 53/2008
Político Nacional.—1o. de septiembre de 2000.—
Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
342/2000.—Coalición Alianza por Morelos.—9 de
septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
042/2002.—Partido del Trabajo.—13 de febrero de
2002.—Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas
56-57, Sala Superior, tesis S3ELJ 01/2002.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, páginas 247-248.
Ahora bien, en el caso concreto, del examen de las copias
certificadas del dictamen de fecha ocho de noviembre del año
en curso, aprobado mediante el acuerdo 115/2008 de fecha
once del mismo mes y año, que constituyen la materia de la
presente impugnación y cuyo valor probatorio es pleno, con
fundamento en el artículo 64 fracción I, de la Ley de Medios
de Impugnación en Materia Político - Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado, se advierte que el treinta
de octubre del presente año, la autoridad responsable
designó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que
emitiera el dictamen correspondiente respecto de la pérdida
del registro del PARTIDO CARDENISTA COAHUILENSE
como partido político estatal.
Asimismo, de las referidas pruebas documentales se conoce
que la Comisión de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen
relativo a la pérdida del registro del Partido Cardenista
Coahuilense el día ocho de noviembre del año en curso,
tomando como base para cancelar el registro del PARTIDO

26
Juicio Electoral 53/2008
CARDENISTA COAHUILENSE como partido político estatal,
los cómputos distritales y estatal de las elecciones de
diputados locales por el principio de mayoría relativa,
practicados el veintidós y veintiséis de octubre del año en
curso, respectivamente, pese a que es un hecho público y
notorio que los relacionados cómputos fueron impugnados
ante este Tribunal Electoral, por el Partido Nueva Alianza y se
encontraban en trámite los Juicios Electorales 29/2008 y
acumulados, por lo que no eran definitivos.
A mayor abundamiento, no pasa desapercibido para quienes
esto resuelven, que la autoridad responsable emitió el
acuerdo impugnado el día once de noviembre del presente
año, es decir, en la misma fecha en que este Tribunal
Electoral, pronunció la sentencia definitiva que recompuso el
relacionado Cómputo Estatal de la Votación Válida emitida en
el estado, pese a que debió esperar a que se resolvieran las
relacionadas impugnaciones.
Lo anterior es así, pues si bien es cierto que la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales no
establece una fecha precisa respecto del momento en que
debe darse la declaratoria de pérdida de registro de un partido
político que no obtuvo por lo menos el 3% de la votación válida
emitida en el proceso electoral, lo cierto es que, derivado de
una consecuencia lógica y de acuerdo a una interpretación

27
Juicio Electoral 53/2008
sistemática y funcional de lo señalado en los artículos 46, 47,
48 y 49 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales en relación con el artículo 41, párrafo segundo,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 27 de la Constitución Local, lleva a concluir que la
determinación de mérito debe realizarse en base al Cómputo de
la Votación Válida emitida en la totalidad del estado y de
acuerdo a cifras definitivas e inimpugnables, una vez que se
cuenten con todos los elementos para realizar la misma, a
efecto de cumplir debidamente con los principios de certeza y
definitividad que rigen la función electoral.
En efecto, conforme a las disposiciones legales a que se ha
hecho referencia, el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Coahuila debió emitir la
declaratoria correspondiente fundándose en los resultados de
los cómputos y declaraciones de validez respectivas y tomar
en consideración la sentencia emitida por este Tribunal
Electoral, pronunciada con motivo de las impugnaciones
presentadas en contra de los relacionados cómputos, ya que
es evidente que hasta que se haya resuelto el último de los
medios de impugnación interpuestos en contra de los
resultados de las elecciones, la autoridad responsable está
en condiciones de dictar la declaratoria antes referida,
atendiendo a los elementos que posibilitan la debida

28
Juicio Electoral 53/2008
motivación de su determinación jurídica y que constituyen el
elemento fáctico que permite actualizar su atribución
electoral.
No obstante lo anterior, la inoperancia de los argumentos
expuestos por el demandante, deriva del hecho de que la
resolución pronunciada por este Órgano Jurisdiccional,
mediante la cual se recompuso el Cómputo Estatal en los
Juicios Electorales 29/2008 y acumulados, constituye una
resolución firme, definitiva e inatacable en virtud de que no se
interpuso en su contra Juicio de Revisión Constitucional, por
lo que, a la fecha, la recomposición de la votación válida
emitida en el Estado constituye un resultado cierto, firme e
inmodificable.
II. Por otra parte, el actor se duele de la indebida cancelación
de su registro y prerrogativas como partido político estatal
porque desde su perspectiva no se ha colocado en el
supuesto contenido en el artículo 46, fracción III, de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, ya que
dicho numeral prevé que un partido político perderá su
registro cuando no obtenga por lo menos el 3% de la votación
válida emitida en la totalidad del estado en ninguna de las
elecciones para Gobernador, diputados o miembros del
ayuntamiento, pero agrega el demandante que el Partido

29
Juicio Electoral 53/2008
Cardenista Coahuilense no ha participado en los tres tipos de
elecciones a que se refiere el precepto sin haber conseguido
como mínimo el 3% de la votación válida emitida, sino que a
la fecha sólo ha contendido en las pasadas elecciones de
diputados locales verificadas el diecinueve de octubre del año
en curso.
Considera el actor, que el dispositivo en comento contiene un
deber condicionante, consistente en que para perder el
registro, los partidos políticos no deben haber obtenido el
porcentaje mínimo señalado en ninguna de las elecciones de
gobernador, diputados o ayuntamientos, pero que a la fecha
no han ocurrido el conjunto de hechos jurídicos que
conforman ese deber, por lo que no puede nacer la
consecuencia jurídica prevista en la misma norma.
Agrega que el citado precepto legal no distingue en cuál de
las elecciones debe obtenerse el porcentaje legal necesario
para mantener el registro, por lo que considera que la
autoridad electoral no puede realizar una distinción que la ley
no establece.
Continúa agregando que, gramaticalmente la palabra
“ninguna” quiere decir ni uno sólo de una pluralidad o
conjunto de cosas, eventos o personas, por lo que considera
que esta expresión, no puede significar elegir u optar entre

30
Juicio Electoral 53/2008
alguno o algunos de los elementos ahí señalados y que
tampoco puede entenderse como sinónimo de cualquiera.
Afirma también que la expresión “ninguna” es taxativa y
conjuntiva, no enunciativa y optativa, por lo que, en la misma
se encuentran comprendidas las tres elecciones y por ello
considera que si a la fecha no han ocurrido los tres eventos
que conforman la hipótesis jurídica, es decir, las elecciones
de gobernador, diputados y ayuntamientos, es imposible que
nazca la consecuencia jurídica consistente en la pérdida del
registro como partido político estatal y de las prerrogativas
que le corresponden como tal.
Por su parte, la autoridad responsable en su informe
circunstanciado expresa que la fracción III del artículo 46 de
la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales
no puede interpretarse en sentido puramente gramatical, ya
que de ese modo se vulneraría el principio tutelado en la
norma, consistente en que los partidos políticos tengan cierta
representación en la ciudadanía, la cual debe verse reflejada
en votos en cada elección que se realice en el Estado.
Agrega la autoridad responsable que la representación
mínima requerida es el 3% de la votación válida emitida en el
Estado, por lo que asevera que cuando un partido no alcanza
ese porcentaje en ninguna de las elecciones, cae en el

31
Juicio Electoral 53/2008
supuesto que genera la pérdida del registro, y la
interpretación que pretende el actor haría nugatorio el
principio tutelado, ya que se le otorgarían derechos y
obligaciones a partidos políticos que carecen de apoyo de los
ciudadanos.
Además, señala que es poco probable que concurran las
elecciones de gobernador, diputados y miembros de los
ayuntamientos, debido a que los periodos de cada uno son
distintos, pues el mandato del poder ejecutivo es de seis
años, el de alcaldes es de cuatro años y el de diputados
también es de cuatro años, por lo que la interpretación que
pretende el actor rompería con la generalidad de la norma y
daría vida eterna a los partidos que no cuentan con
representatividad ya que durante muchos años no
coincidirían las tres elecciones.
Asimismo, la autoridad responsable agrega que se debe
tomar en cuenta que el artículo 9 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político - Electoral y de Participación
Ciudadana prevé que para la resolución de los medios de
impugnación, las normas deben interpretarse en forma
gramatical, teleológica, sistemática y funcional.
Desde el punto de vista gramatical, la autoridad responsable
considera que la norma es clara, si se toma en cuenta el

32
Juicio Electoral 53/2008
significado de la palabra ninguna, así como de la “o”
disyuntiva que se utiliza en la redacción de la fracción
controvertida, pues considera que si bien, la palabra ninguna
significa ni uno, la disyuntiva “o”, significa que cuando en
cualquiera de las elecciones, ya sea de Gobernador,
diputados o ayuntamientos, un partido estatal no obtenga el
3% perderá su registro.
Desde el punto de vista teleológico, asevera que el legislador
pretende tutelar el principio de representatividad, lo cual
implica que los partidos políticos deben obtener el porcentaje
señalado el cualquiera de las elecciones en las que participe
y no en las tres en conjunto o sucesivamente, por lo que, en
el caso de que concurran las tres elecciones, los partidos
necesitan obtener el 3% sólo en una de ellas, pero si se
celebra una elección, el partido debe lograr el porcentaje
mínimo en esa elección para conservar su registro.
De igual forma, la autoridad responsable afirma que de la
exposición de motivos de la reforma a la Ley de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales, publicada el dos de
agosto de dos mil siete, se advierte que la finalidad del
legislador al aumentar el umbral mínimo de votación
requerido para que un partido conserve su registro fue
fortalecer el sistema de partidos, sin distinguir si dicho

33
Juicio Electoral 53/2008
porcentaje mínimo se deba obtener en una u otra elección,
sino en cualquiera en las que se participe.
Agrega que en el proceso electoral verificado en el año dos
mil dos, el Partido Cardenista Coahuilense no superó el
umbral mínimo requerido en esa época consistente en el 2%
de la votación válida emitida, por lo que el relacionado partido
perdió su registro, sin que haya promovido recurso alguno en
contra de la interpretación que se le dio a la fracción III del
artículo 46 en cita, a pesar de que, si bien es cierto el
porcentaje aludido fue modificado en la reforma de dos mil
siete, el resto de la redacción de la referida fracción no se
modificó.
Resulta infundado el agravio expuesto por el partido actor en
atención a las siguientes consideraciones:
En efecto, la litis radica esencialmente en precisar la
interpretación de la fracción III del artículo 46 de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales que
establece como uno de los supuestos para la pérdida del
registro de un partido político no haber obtenido por lo menos
el 3% de la votación válida emitida en la totalidad del estado
en ninguna de las elecciones para gobernador, diputados o
miembros de los Ayuntamientos.

34
Juicio Electoral 53/2008
Previamente conviene destacar algunas consideraciones en
torno a la técnica de interpretación de las normas jurídicas.
En este sentido el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, vigésima segunda edición, editorial Espasa
– Calpe. Tomo h/z, página 1293, año 2001, define el vocablo
interpretar como explicar o declarar el sentido de algo, y
principalmente el de un texto.
Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa,
Tomo IV, página 658, año 2002, establece que interpretar
consiste en dotar de significado, mediante un lenguaje
significativo, a ciertos objetos; el intérprete determina su
sentido y alcance.
Eduardo García Máynez, en su libro de Introducción al
Estudio del Derecho, precisa que interpretar, significa
desentrañar el sentido de una expresión, y que la
interpretación de la ley significa desentrañar el sentido de la
norma.
En este orden de ideas, de acuerdo al Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, Tomo a/g, página 781,
desentrañar significa averiguar, penetrar lo más dificultoso y
recóndito de una materia.

35
Juicio Electoral 53/2008
Consecuentemente, la labor de interpretación de la ley,
implica determinar el sentido de una norma, mediante un
análisis de su contenido, con la finalidad de establecer su
verdadero significado, en aras de brindar seguridad jurídica a
los justiciables, es decir, brindar la significación de una
expresión, con efectos generales, y no particularizados al
interés de algún sujeto específico.
Por su parte, es de explorado derecho que la doctrina jurídica
reconoce diversos sistemas o criterios de interpretación de
las normas; sin embargo, para el caso de precisar
correctamente la significación de una norma jurídica
específica, se debe atender a los criterios de interpretación
reconocidos en el sistema legal al que pertenece, y en este
sentido, el artículo 9 de la Ley de Medios de Impugnación en
Materia Político – Electoral y de Participación Ciudadana,
establece como criterios interpretativos, el gramatical, el
teleológico, el sistemático y el funcional.
Ahora bien, atendiendo al estudio de Santiago Nieto Castillo,
contenido en la obra titulada La interpretación de los órganos
electorales, colección FUNDAP, México, año 2002, es
necesario definir el significado de cada uno de los criterios
interpretativos a que hace referencia expresa nuestra Ley de

36
Juicio Electoral 53/2008
Medios de Impugnación en Materia Político – Electoral y de
Participación Ciudadana.
La interpretación gramatical es aquella que determina el
sentido de la ley con base en el significado de los términos
empleados en su redacción. Éste ha sido el método de
interpretación de mayor uso en la jurisprudencia en México.
El proceso es simple: se sostiene que el intérprete, mediante
las reglas gramaticales, conoce el significado correcto de las
frases empleadas por el legislador.
La interpretación teleológica tiene por objeto establecer la
finalidad que se propuso el autor de la ley al elaborar la
norma jurídica, para lo cual es necesario recurrir a los
antecedentes del acto legislativo que le dio origen, tales como
exposiciones de motivos, discusiones o debates previos.
El criterio de interpretación sistemática atiende a la revisión
del ordenamiento jurídico que debe hacer el intérprete para
comprender el significado de una norma, en relación con
otras cercanas.
La interpretación funcional es un método que comprende
todos los factores relacionados con la creación, aplicación y
funcionamiento del derecho que no pertenecen al contexto
lingüístico o sistemático.

37
Juicio Electoral 53/2008
Por su parte, del análisis del dictamen emitido por la
Comisión de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, que constituye el antecedente
directo del acto impugnado, se advierte que la relacionada
Comisión, respecto a la interpretación del artículo 46, fracción
III de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales, señaló en esencia que: de una interpretación
sistemática y funcional de la norma en comento, los partidos
políticos, tanto nacionales como estatales, deberán de
obtener como mínimo el 3% por ciento de la votación válida
emitida en la elección en la cual se haya participado con el
objeto de mantener la inscripción de su registro, o bien su
registro como partido político local.
Además, la relacionada Comisión precisó que en la sesión
extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, a la que fueron citados los partidos
políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo de votación
válida emitida en el Estado, para que manifestaran lo que a
su interés legal conviniera, en los términos de lo dispuesto
por el artículo 47 de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales, el Partido Cardenista expresó
que: de una interpretación gramatical del artículo 46, fracción
III de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos

38
Juicio Electoral 53/2008
Electorales, se concluye que un partido político debe de
contender en los tres tipos de elecciones que contempla la
norma local para gobernador, diputados y miembros de los
ayuntamientos, y que además no logre alcanzar el umbral
del 3% en ninguna de las elecciones, para que se actualice la
aplicación de dicha fracción, y proceder a la cancelación de
la inscripción de su registro como partido político nacional.
En relación a dichas manifestaciones, la Comisión de
Asuntos Jurídicos expuso esencialmente que: debe tomarse
en consideración en la interpretación gramatical del texto de
la ley, el significado de la palabra “ninguna”, así como la
disyuntiva “o” que se utiliza en el texto de la norma, pues de
conformidad con el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, la expresión ninguna significa ni una, y
que de acuerdo a una interpretación sistemática del
relacionado precepto, la disyuntiva que se emplea en dicha
norma, significa que un partido político perderá la inscripción
de su registro, cuando no obtenga el 3% de la votación válida
emitida en la totalidad del Estado, en cualquiera de las
elecciones en que participe y no en las tres en su conjunto,
pues además expuso que el motivo de la reforma electoral
del dos mil siete, al relacionado precepto, mediante la cual se
incrementó el porcentaje de votación válida emitida del 2% al
3%, consiste en fortalecer el sistema de partidos en el

39
Juicio Electoral 53/2008
estado, para lo cual se debe de establecer un límite para que
puedan acceder, tanto a la posibilidad de participar en los
procesos electorales como a los derechos y prerrogativas que
la ley les concede, sin distinguir si dicho porcentaje se deba
de obtener en una u otra elección, sino en cualquiera en las
que se participe y con la finalidad de que dichos organismos
políticos demuestren su representatividad en el estado.
Ahora bien, quienes éste asunto resuelven estiman que no le
asiste razón al Partido Cardenista Coahuilense, por lo
siguiente.
El artículo 46, fracción III de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales, previene que:
Artículo 46. Un partido político, previa resolución del
instituto, perderá su registro o la inscripción de su
registro por las causas siguientes:
[…]
III. No obtener por lo menos el tres por ciento de la
votación válida emitida en la totalidad del estado en
ninguna de las elecciones para gobernador, diputados
o miembros de los ayuntamientos.
Del contenido del relacionado supuesto, y atendiendo al
criterio de interpretación gramatical, se advierte que procede
la pérdida del registro de un partido político estatal: si no
obtiene por lo menos, el 3% de la votación válida emitida en
la totalidad del estado, en ninguna de las elecciones para
gobernador, diputados o miembros de los

ayuntamientos.
40
Juicio Electoral 53/2008
En este contexto, de conformidad con el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, tomo h/z, página
1582, la palabra ninguna significa:
(del lat. Nec unus, ni uno) adj. Indef. Ni una sola de las
personas o cosas significadas por el sustantivo al que
acompaña. El masculino sufre apócope antepuesto al
sustantivo. No había ninguna golondrina. No he tenido
ningún problema. No he tenido problema ninguno. Hoy
no suele usarse en pl. 2. pron. Indef. Ni una sola de las
personas o cosas significadas por el sustantivo al que
representa. ¿Ha venido algún alumno? No ha venido
ninguno. He probado todas las llaves y ninguna
funciona.
Por su parte, de acuerdo al Diccionario Océano de sinónimos
y antónimos, Ed. Océano, Barcelona, página 411, la
expresión ninguna es sinónimo de ningún; y es antónimo de
alguno.
Luego, la oración que contiene este supuesto específico legal
de pérdida de registro o inscripción de registro de un partido
político, se compone de los siguientes elementos
gramaticales:

41
A) El sustantivo elecciones;
Juicio Electoral 53/2008
B) El conjunto de cosas significadas por el
sustantivo elecciones: de gobernador, de
diputados, de miembros de los ayuntamientos.
C) El adjetivo indefinido ninguna;
D) La conjunción disyuntiva o.
Consecuentemente, atendiendo exclusivamente a la
definición del adjetivo indefinido ninguna, contenida en el
relacionado precepto, es posible concluir que para que un
partido político pierda su registro o la inscripción de su
registro, es menester que no obtenga el 3% de la votación
válida emitida en la totalidad del Estado, en las tres
elecciones a que se refiere la fracción en estudio, es decir, en
la elección de gobernador, en la elección de diputados, así
como en la elección de miembros de los Ayuntamientos, en
atención a que el adjetivo indefinido ninguna, que acompaña
a las cosas significadas por el sustantivo elecciones, incluye
al conjunto de elecciones descritas en el relacionado
supuesto, tal como lo expone el demandante.
Sin embargo, para realizar una interpretación gramatical
completa del relacionado supuesto jurídico, debe
desentrañarse el objeto que cumple en dicho precepto el uso
de la conjunción “…o…”.

42
Juicio Electoral 53/2008
Al respecto, de conformidad con el relacionado Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española, tomo a/g, página
625, la conjunción disyuntiva “…o…” denota exclusión,
alternancia o contraposición, entre dos o más cosas.
Lo anterior significa que el uso de dicha conjunción disyuntiva
obedece a la necesidad de alternar las distintas cosas que
acompañan al sustantivo elecciones a que alude el precepto
en análisis, es decir, la elección de gobernador, la elección de
diputados, o la elección de miembros de los ayuntamientos,
que sumadas en su conjunto, constituyen el componente del
sustantivo elecciones.
En este contexto es posible afirmar que el legislador, al
momento de prever el supuesto jurídico que nos ocupa, quiso
referirse al supuesto de pérdida del registro o de la
inscripción del registro de un partido político, cuando no
obtenga por lo menos el 3% de la votación válida emitida en
el Estado, en ninguna de las elecciones que se verifiquen en
un contexto específico, es decir, en un ciclo que pudiera
englobar a los siguientes conjuntos de elecciones:
1. Todas las elecciones: de gobernador, de diputados, y
de miembros de los ayuntamientos.
2. Dos elecciones: de gobernador y diputados; de

43
Juicio Electoral 53/2008
gobernador y ayuntamientos; de diputados y
ayuntamientos.
3. Una elección: de gobernador; de diputados; o de
ayuntamientos.
Ahora bien, las normas electorales se encuentran integradas
a un sistema compuesto por bases generales y específicas
tendientes a garantizar de manera efectiva los principios que
rigen la materia electoral, por lo que el análisis y la
interpretación de las disposiciones que lo conforman debe
hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de
ellas en lo particular, sino también de acuerdo al contexto de
la propia norma que establece un sistema genérico con
reglas diversas que deben analizarse armónica y
funcionalmente, atendiendo al marco contextual del que
forman parte, y de acuerdo a los fines y objetivos que se
persiguen en beneficio de la sociedad.
Por tanto en el caso concreto, la interpretación de la norma
en estudio, no debe realizarse en forma aislada y literal,
conforme al criterio interpretativo del actor, sino de acuerdo a
los criterios gramatical, teleológico, sistemático y funcional,
conforme lo dispone en forma expresa el artículo 9 de la Ley
de Medios de Impugnación en Materia Político - Electoral y

44
Juicio Electoral 53/2008
de Participación Ciudadana del Estado, buscando en todo
momento la preservación de los principios rectores de la
función electoral en los términos de los artículos 41 y 116 de
la Constitución Federal, es decir, en consideración al
propósito perseguido por el legislador, al establecer ciertos
requisitos o condiciones que, al cumplirse, actualicen
determinadas consecuencias de derecho y que justifiquen
racionalmente el objetivo de la norma, en armonía con el
resto de las disposiciones del ordenamiento legal de que se
trate.
En este contexto, es menester apoyarnos en el criterio de
interpretación teleológico, que tiene por objeto identificar el
sentido de las disposiciones legislativas con el fin al que
obedeció la creación de las normas, para lo cual es necesario
recurrir a los antecedentes del acto legislativo, tales como las
exposiciones de motivos o debates previos que le dieron
nacimiento.
A la luz del relacionado criterio, cobra relevancia el análisis
de la Exposición de Motivos de la Reforma Constitucional en
Materia Político Electoral del Estado de Coahuila, del seis de
septiembre de dos mil uno, respecto de la cual, en lo que
interesa, cabe destacar lo siguiente:

45
Juicio Electoral 53/2008
“… Nuestra legislación electoral ha permitido mediante
dos circunscripciones electorales un posicionamiento
electoral de las fuerzas minoritarias; AHORA ES TIEMPO
QUE DE CARA A LA CIUDADANÍA ESAS FUERZAS
REPRESENTEN UNA CONSOLIDACIÓN ELECTORAL
QUE PERMITA EL PLURALISMO POLÍTICO EN EL
ESTADO CON UN MAYOR SOPORTE EN LAS
URNAS…”
“… Se propone el establecimiento de porcentajes
específicos para que los partidos minoritarios tengan
acceso a la representación proporcional. La única forma
en que un partido que no es mayoría pueda acceder a una
curul, es mediante la obtención de un porcentaje DE
VOTACIÓN REPRESENTATIVO EN EL ESTADO…”
“… Los partidos políticos son instituciones
constitucionales y entidades de interés público. TODO
PARTIDO POLÍTICO DEBERÁ PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO COAHUILENSE EN LA
VIDA DEMOCRÁTICA; CONTRIBUIR A LA
INTEGRACIÓN PLURAL DE LA REPRESENTACIÓN
ESTATAL Y MUNICIPAL; asegurar la vida democrática
de su organización Y HACER POSIBLE EL ACCESO DE
LOS CIUDADANOS AL EJERCICIO DEL PODER
PÚBLICO, POR MEDIO DEL SUFRAGIO POPULAR, y
de acuerdo con los programas, principios e ideas
democráticas que postulen…”
De la trascripción parcial que antecede se observa que si
bien, no existe una referencia expresa al artículo 46, fracción
III de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales, también, lo es que a partir de la reforma
constitucional en materia político electoral de nuestra entidad,
se patentiza la obligación impuesta a los partidos políticos de
cumplir con una verdadera representación, sustentada en el
voto en las urnas, así como la obligación a cargo de dichos
institutos políticos de hacer posible, es decir, efectivo, el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por
medio del sufragio popular. Por tanto, la aludida reforma tuvo

46
Juicio Electoral 53/2008
por objeto primordial procurar una representación efectiva de
los partidos políticos, sustentada únicamente en los votos
obtenidos en las urnas.
Por su parte, en la Exposición de Motivos de la reforma a la
Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales,
del dos de agosto del dos mil siete, en la cual se reformó el
artículo 46, se expuso lo siguiente:
[…] “… En el caso particular de Coahuila, la Constitución
Política del Estado establece las bases jurídicas generales
de la función electoral y remite a la legislación de la
materia las reglas y procedimientos específicos PARA LA
BUENA MARCHA DE LOS PROCESOS
ELECTORALES…”
En el mes de noviembre de 2001 se publicó en nuestro
Estado un conjunto de leyes con la finalidad de garantizar
el libre ejercicio de los derechos políticos electorales de
los ciudadanos coahuilenses, las bases para el
funcionamiento de los partidos políticos, las atribuciones y
responsabilidades de las autoridades en la materia, las
reglas DE LOS PROCESOS ELECTORALES, los
mecanismos de participación ciudadana, entre otros
aspectos.
Estos ordenamientos son la Ley del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político – Electoral y de
Participación Ciudadana y la Ley de Participación
Ciudadana en Coahuila.
Las autoridades electorales, los partidos políticos y la
ciudadanía, encuentran en esta legislación, todos los
instrumentos para hacer valer sus derechos, obligaciones,
atribuciones y responsabilidades EN CADA ETAPA DEL
PROCESO ELECTORAL.
[…] “… Es importante mencionar las motivaciones
fundamentales que trajeron como consecuencia la
adecuación del marco jurídico electoral del Estado:
Establecer un régimen de partidos que permita un
pluralismo político genuino, SUSTENTADO EN EL
APOYO CIUDADANO OBTENIDO EN LAS URNAS,
APOYANDO A LOS PARTIDOS QUE REPRESENTEN
VERDADERAMENTE INTERESES CIUDADANOS…”

[…]
47
Juicio Electoral 53/2008
Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales
[…] “… Se planteó en la reforma constitucional que se
aumentará el umbral para que los partidos políticos
pudieran acceder a la representación proporcional en el
Congreso a un tres punto cinco por ciento. De la misma
manera, EN ESTA INICIATIVA SE ESTIMA PERTINENTE
QUE LOS PARTIDOS QUE PARTICIPEN EN LOS
PROCESOS ELECTORALES DEBEN ALCANZAR UN
PORCENTAJE DE TRES POR CIENTO DE LA
VOTACIÓN PARA MANTENER SU REGISTRO O
INSCRIPCIÓN COMO PARTIDO POLÍTICO EN
COAHUILA, así mismo puedan tener derecho a
prerrogativas económicas.
Por otra parte y atendiendo al principio de equidad, se
establece la pérdida del registro, prerrogativas y
participación EN UN PROCESO ELECTORAL, a los
partidos políticos nacionales que no alcancen el porcentaje
antes mencionado.
[…] “… Además, por las importantes funciones que un
partido político realiza: concretar corrientes de opinión
pública, ser censores del poder público, canalizar
presiones sociales y actuar como órganos de
transformación estatal y social, se requiere que realmente
representen una corriente de opinión y por ello se
establece que deben alcanzar un porcentaje de tres por
ciento de la votación para mantener su registro o
inscripción y para que puedan tener derecho a
prerrogativas económicas y de un 3.5% para que puedan
acceder a la representación proporcional en el Congreso.
En su oportunidad, al tratar la reforma electoral a nivel de
la Constitución Política Local se asentó: “Si bien es cierto
que existe la necesidad de mantener condiciones mínimas
para que las minorías sean representadas, esto no se
traduce en darles representación por decreto de ley. La
integración del Poder Legislativo se asegura mediante
reglas equitativas PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES, a base del voto ciudadano obtenido por
aquellos partidos que abanderen las causas de los
coahuilenses…”
Proceso Electoral
Con base en las pasadas experiencias electorales, la
iniciativa que ahora se estudia y dictamina proporciona
herramientas, normas jurídicas y disposiciones que
garantizan seguridad y certeza jurídica EN EL PROCESO
ELECTORAL, suficientes para proteger los principios de
constitucionalidad, legalidad, objetividad y equidad…”

48
Juicio Electoral 53/2008
Atentos a la trascripción parcial que antecede, es posible
advertir que de nueva cuenta se hace hincapié en la
obligación a cargo de los partidos políticos de demostrar un
grado de representatividad, sustentado en el voto ciudadano,
y que los partidos políticos que participen EN LOS
PROCESOS ELECTORALES, deben obtener un porcentaje
de 3% de la votación, para mantener su registro o la
inscripción de su registro como partido político, en el Estado
de Coahuila.
Consecuentemente, el supuesto de pérdida del registro o de
la inscripción del registro de un partido político, que no
obtenga por lo menos el porcentaje del 3% de la votación
válida emitida en el Estado, debe circunscribirse a un proceso
electoral en específico, en el cual puedan converger las
elecciones de gobernador, diputados, y miembros de los
ayuntamientos; las elecciones de gobernador y de diputados;
las elecciones de gobernador y de miembros de los
ayuntamientos; las elecciones de diputados y miembros de
los ayuntamientos; la elección de gobernador; la elección de
diputados; o la elección de ayuntamientos, en un proceso
electoral específico.
En este contexto, previene el artículo 41, fracción I de la

49
Juicio Electoral 53/2008
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que:
Artículo 41. […]
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la
ley determinará las normas y requisitos para su registro
legal y las formas específicas de su intervención en el
proceso electoral. Los partidos políticos nacionales
tendrán derecho a participar en las elecciones estatales,
municipales y del Distrito Federal. […]
Por su parte, el artículo 27, fracción III, numeral 2, de la
Constitución Política del Estado de Coahuila, establece lo
siguiente:
Artículo 27. […]
III. […]
2. La ley determinará las formas de intervención de los
partidos políticos en los procesos electorales.
Del contenido de los relacionados preceptos se advierte que
previenen expresamente que la ley, ya sea federal o estatal,
según el caso, determinará las formas de intervención de los
partidos políticos en el proceso electoral.
Por su parte, del análisis de los artículos 1, 2, 6, 10, fracción
III, 33, 49, primer párrafo, 56, fracción I, 84, 85, 86, y 149,
primer párrafo, de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales, se advierte medularmente lo
siguiente:
A) La Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales es de orden público, interés social y observancia
obligatoria en materia de procedimientos electorales.

50
Juicio Electoral 53/2008
B) Dicha ley regula lo relacionado con los derechos y
obligaciones de los partidos políticos que participen en las
elecciones locales.
C) La función electoral es de orden público y corresponde
ejercerla al Estado con la corresponsabilidad de los partidos
políticos.
D) Se consideran partidos políticos a las organizaciones que
se encuentren registradas como tales ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana.
E) Los partidos políticos son instituciones constitucionales de
interés público, que concurren a la formación y manifestación
de la voluntad popular, y hacen posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público.
F) La pérdida del registro o de la inscripción del registro de
un partido político, no tendrá efectos en relación a los triunfos
que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones.
G) El financiamiento público ordinario para el desarrollo de
las actividades permanentes de los partidos políticos, se
otorgará anualmente por el instituto a aquellos institutos
políticos que hubieren alcanzado como mínimo el 3% de la
votación válida emitida en el Estado, en la elección de
diputados.
H) Los procesos electorales son el conjunto de decisiones,
actos, tareas y actividades, tendientes a renovar

51
Juicio Electoral 53/2008
periódicamente a los integrantes de los poderes Ejecutivo y
legislativo, así como a los miembros de los Ayuntamientos del
Estado.
I) El proceso electoral ordinario inicia el quince del mes de
mayo del año en que deben realizarse las elecciones y
concluye una vez que los organismos electorales hayan
cumplido con las obligaciones que les marca la ley.
J) El proceso electoral comprende las etapas de preparación
de la elección, jornada electoral, resultados de las elecciones,
y calificación y declaración de validez de las elecciones.
K) El Instituto tomará los acuerdos necesarios para resolver,
en cada proceso electoral, lo relativo a los espacios
asignados en las boletas electorales.
Lo anterior permite evidenciar que las normas contenidas en
la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales
rigen las actividades correspondientes a cada proceso
electoral en particular, pues de conformidad con el artículo
84 de la ley en comento, los procesos electorales son el
conjunto de decisiones, actos, tareas, y actividades
tendientes a renovar periódicamente a los Poderes
Legislativo y Ejecutivo, así como a los miembros de los
Ayuntamientos.

52
Juicio Electoral 53/2008
En este orden de ideas, resulta importante evidenciar el
estudio comparativo de las disposiciones similares en los
diversos ordenamientos de la República Mexicana en relación
al supuesto previsto en el artículo 46, fracción III de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.
BAJA CALIFORNIA:
No obtener en la elección de diputados, una votación de
por lo menos el 2.5% de la votación estatal emitida.
BAJA CALIFORNIA SUR:
No obtener cuando menos el 2% de la votación total
estatal en alguna de las elecciones para Gobernador del
Estado o Diputados de Mayoría Relativa al Congreso del
Estado ya sea que haya participado solo o coaligado de
acuerdo a lo establecido en la presente Ley.
CAMPECHE
No obtener el 2% de la votación emitida en la última
elección de diputados locales, bien sea que haya
participado solo o coaligado con otro u otros Partidos.
COAHUILA
No obtener por lo menos el 3% de la votación válida
emitida en la totalidad del estado en ninguna de las
elecciones para gobernador, diputados o miembros de
los Ayuntamientos.
COLIMA:
Obtener menos del 1.5% de la votación para Diputados
por el principio de mayoría relativa.
CHIAPAS
Por no haber obtenido cuando menos el 1.5% de la
votación total válida del Estado en cualquiera de las
elecciones ordinarias de Gobernador o Diputados en que
participe.
CHIHUAHUA
No obtener al menos el 2% de la votación estatal emitida
en las elecciones de diputados.
DISTRITO FEDERAL

53
Juicio Electoral 53/2008
No obtener en la última elección local ordinaria, por lo
menos el 2% de la votación emitida en alguna de las
elecciones para Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal o Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
DURANGO
No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior,
por lo menos el 1.5% de la votación emitida en alguna de
las elecciones para diputados, ayuntamientos o
gobernador del estado.
ESTADO DE MEXICO
Obtener menos del 1.5% de la votación válida emitida en
la elección inmediata anterior para diputados de mayoría
a la Legislatura del Estado.
GUANAJUATO
Cuando no haya obtenido el 2% de la votación válida
estatal de diputados locales bajo el principio de mayoría
relativa, lo cual deberá ser declarado por en Consejo
General en la sesión que siga a la calificación de la
elección.
GUERRERO
No obtener en la elección local ordinaria, por lo menos el
3% de la votación estatal emitida en alguna de las
elecciones para Ayuntamientos, Diputados o
Gobernador.
HIDALGO
No haber obtenido por lo menos el 2% de la votación
total emitida en la elección inmediata anterior de
Diputados Locales.
JALISCO
No obtener en la elección de Diputados locales inmediata
anterior, por lo menos el 3.5% de la votación válida.
MICHOACÁN
No obtener por lo menos el 2% de la votación estatal
emitida en la elección ordinaria inmediata anterior de
diputados de mayoría relativa.
MORELOS
Por no haber obtenido cuando menos el 2% de la
votación estatal de las elecciones de Diputados electos
por el principio de mayoría relativa.

54
Juicio Electoral 53/2008
NAYARIT
No obtener el 2.0% de la votación total estatal.
No participar en un proceso electoral ordinario en ningún
tipo de elección.
NUEVO LEÓN
Por no haber obtenido el 1.5% de la votación total
emitida en el Estado en la última elección de Diputados
Locales.
OAXACA
No obtener el 1.5% de la votación total emitida, en la
elección inmediata anterior para diputados de mayoría
relativa al Congreso del Estado.
PUEBLA
El no haber obtenido el Porcentaje Mínimo en alguna de
las elecciones en que participe.
QUERÉTARO
No haber obtenido en la última elección en que participe
cuando menos el 3% de la votación total emitida para la
elección de diputados de mayoría relativa.
SAN LUIS POTOSÍ
Por haber obtenido menos del 2% de la votación emitida
en la Entidad, en la última elección de diputados locales.
SINALOA
Aquel partido político nacional que no obtenga al menos
el 2% de los votos válidos en la elección de Diputados,
dejará de recibir las ministraciones al financiamiento
público ordinario que le corresponden durante los dos
años siguientes al proceso del que se trate.
SONORA
No obtener cuando menos el 2% de la votación estatal
válida, en la elección de diputados correspondiente al
último proceso electoral.
TABASCO
No obtener el 1.5% de la votación total emitida en
ninguna de las elecciones locales.
TAMAULIPAS
No obtener por lo menos el 2% de la votación estatal
emitida en la elección para Diputados según el principio
de mayoría relativa.

55
Juicio Electoral 53/2008
TLAXCALA
No haber obtenido en la elección ordinaria de diputados
locales de mayoría relativa por lo menos 3% de la
votación total válida.
VERACRUZ
No obtener el 2% de la votación estatal en ninguna de
las elecciones locales.
YUCATÁN
No haber obtenido en la última elección de diputados por
el principio de mayoría relativa, por lo menos el 2% de la
votación emitida.
ZACATECAS
No obtener en una elección ordinaria, por lo menos el
2.5% de la votación total efectiva en el Estado, en alguna
de las elecciones para diputados, gobernador o
ayuntamientos.
De lo anterior se advierte que, las únicas entidades
federativas cuyas legislaciones establecen una terminología
similar a la de Coahuila, son Tabasco y Veracruz, ya que
introducen en las hipótesis legales respectivas el uso de la
palabra “ninguna”, sin hacer referencia al tipo de elección o
elecciones que concurran en ese proceso, pues lo que se
destaca es la falta de participación de un partido político en
un proceso. En este aspecto vale la pena destacar el hecho
de que la mayoría de las legislaciones también sancionan
con la pérdida de registro a los partidos políticos que no
participen en un proceso electoral local ordinario en “ningún”
tipo de elección. En el caso de Nayarit se establece esta
sanción a los partidos: “... que no participen en un proceso

56
Juicio Electoral 53/2008
electoral en ningún tipo de elección”, es decir la palabra
“ningún” permite concluir que lo que se sanciona es la falta
de participación en el proceso electoral, como en la mayoría
de las legislaciones, y la palabra “ninguna” en nuestra
legislación permite concluir que lo que se sanciona es la falta
del porcentaje mínimo requerido por la ley en un proceso
electoral, como ya quedó evidenciado con antelación.
A mayor abundamiento, las legislaciones electorales de Baja
California Sur, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Puebla y
Zacatecas que utilizan la expresión: no obtener el
correspondiente porcentaje en “alguna” de las elecciones de
gobernador, o diputados, hacen referencia a la elección
ordinaria inmediata anterior, es decir se atienden los
resultados de las elecciones celebradas dentro de un mismo
proceso electoral ordinario.
Asimismo, del análisis comparado se advierte que el resto de
las dieciocho legislaciones, previenen que la pérdida de
registro se actualizará cuando los partidos políticos no
obtengan el porcentaje mínimo de votación en la elección de
diputados, en tanto que Baja California, Nayarit y Puebla,
sencillamente utilizan la expresión “Votación Total Emitida”.
En este contexto, este Órgano Colegiado estima que la
interpretación que pretende el actor, en el sentido de que

57
Juicio Electoral 53/2008
para la procedencia de la pérdida del registro de los partidos
políticos se requiere no haber obtenido el porcentaje previsto
por la ley, en las tres elecciones concurrentes de diputados,
Gobernador y miembros de los ayuntamientos, resulta
incorrecta, pues ello implica el desconocimiento del contenido
esencial de la norma en comento, que consiste en que los
partidos políticos registrados en el estado cuenten con una
representatividad mínima entre los electores de la entidad de
modo que justifique su existencia y permanencia como
partido político.
En efecto, el supuesto de pérdida del registro como partido
político estatal, previsto en la fracción III del artículo 46 del
ordenamiento legal en cita, si bien, como ya se dijo, hace
referencia a la palabra “ninguna”, también lo es que
contiene en forma destacada la conjunción disyuntiva “o”,
conforme a la cual, la referencia de las elecciones se
encuentra realizada en forma disyuntiva y no conjuntiva, es
decir, se puede verificar cualquiera y no necesariamente las
tres, para que ante la falta de porcentaje legal en la última
elección o proceso electoral de que se trate ocurra la pérdida
del registro, pues la ley hace referencia a las elecciones las
cuales encuadran dentro de un proceso electoral que consta
del conjunto de decisiones, actos, tareas y actividades que
realiza los organismos electorales estatales, los partidos

58
Juicio Electoral 53/2008
políticos y los ciudadanos coahuilenses, tendientes a renovar
periódicamente a los integrantes de los poderes Ejecutivo y
Legislativo, así como a los miembros de los Ayuntamientos
del Estado.
En este contexto, dentro de un proceso electoral puede tener
verificativo la realización de una elección, o pueden concurrir
dos o tres elecciones, pues los artículos 33, 77, 158 K
fracciones III y IV y 2 transitorio de la Constitución Local y 16,
28 y 29 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales prevén al respecto lo siguiente:
Constitución Política del Estado:
Artículo 33. El Congreso del Estado se renovará en su
totalidad cada cuatro años y se integrará con veinte
diputados electos según el principio de mayoría relativa
mediante el sistema de distritos electorales, y con once
diputados electos bajo el principio de representación
proporcional, los cuales serán asignados en los términos
que establezca la ley reglamentaria entre aquellos
partidos políticos o coaliciones que obtengan cuando
menos el 3.5% de la votación válida emitida en el Estado
para la elección de diputados.
Por cada diputado propietario, deberá elegirse un suplente
en los términos que establezca la ley.
Los diputados de mayoría relativa o de representación
proporcional, siendo todos representantes populares,
tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Artículo 77. La elección de Gobernador será directa y
en los términos que señale la Ley de la materia. El
Gobernador del Estado tomará posesión el día primero
de diciembre posterior a la elección, y no podrá durar
en el cargo más de seis años.
Artículo 158-K. Cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento integrado por un presidente municipal y el
número de regidores y síndicos que establezca la ley de la
materia.

59
Juicio Electoral 53/2008
El Ayuntamiento se conformará de acuerdo con las
bases siguientes:
I. Sus integrantes serán electos en la forma que
establezca la ley de la materia.
II. Se prohíbe la reelección en los términos del último
párrafo del artículo 30 de esta Constitución.
III. Se renovará en su totalidad cada cuatro años.
IV. Iniciará sus funciones el primero de enero del
año inmediato siguiente al de la elección y concluirá el
día anterior a aquel en que inicie funciones el que lo
sucederá.
V. La ley de la materia introducirá el principio de
representación proporcional en la elección de los
Ayuntamientos, en todos los Municipios del Estado.
VI. Cuando el presidente municipal electo no se
presente a tomar posesión del cargo o en caso de falta
absoluta, el Congreso del Estado, con la concurrencia de
cuando menos dos terceras partes del total de sus
miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría
absoluta de votos a un presidente municipal, quien se
encargará de concluir el período. El nombramiento se hará
conforme a la propuesta que realice la dirigencia estatal
del partido político que haya obtenido el triunfo en el
municipio correspondiente.
En el caso de coaliciones la ley reglamentaria determinará
el procedimiento correspondiente.
VII. Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento
dejare de desempeñar su cargo, será sustituido conforme
el sistema de suplentes o se procederá de otra forma con
arreglo a la ley.
Transitorio correspondiente a la reforma publicada el
dos de agosto de dos mil siete.
ARTÍCULO SEGUNDO. El periodo de cuatro años para
los integrantes del Congreso del Estado será aplicable a
partir de la renovación a realizarse en el año 2013. En
consecuencia y por única ocasión, los diputados electos
en el proceso electoral a celebrarse en el año 2008,
correspondiente a la Quincuagésima Octava
Legislatura, durarán en su encargo el período
comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre
de 2011 y los diputados electos en el proceso electoral a
celebrarse en el año 2011, correspondiente a la
Quincuagésima Novena Legislatura, entrarán en su
encargo el 1 de enero de 2012 para culminar el día 31
de diciembre de 2013.

60
Juicio Electoral 53/2008
Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales .
Artículo 16. El Poder Legislativo se deposita para su
ejercicio en una asamblea que se denominará Congreso
del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila
de Zaragoza.
El Congreso del Estado se renovará cada cuatro años
y se compondrá de veinte diputados electos según el
principio de mayoría relativa, mediante el sistema de
distritos electorales, y once que serán electos por el
principio de representación proporcional, en los términos
de las disposiciones aplicables.
Artículo 28. La elección ordinaria de Gobernador del
Estado, se celebrará cada seis años, el último domingo
del mes de septiembre del año que corresponda, previa
convocatoria expedida por el Instituto, cuando menos
noventa días antes al de la elección, en la que se exprese
la fecha en que deban tener lugar las elecciones.
El Gobernador del Estado, ejercerá su mandato a partir
del día primero de diciembre del año de la elección
por un período de seis años.
Artículo 29. La elección de los miembros de los
Ayuntamientos se celebrará cada cuatro años, el tercer
domingo del mes de octubre del año que corresponda,
para tal efecto, el Instituto expedirá convocatoria a más
tardar setenta y cinco días antes, en la que se precisen los
cargos y la fecha de la elección.
Los miembros de los Ayuntamientos electos tomarán
posesión de sus cargos, el día primero de enero
posterior al de la elección.
En el caso de que la elección de ayuntamientos sea
concurrente con la de gobernador se verificará en la
fecha estipulada para la elección de gobernador.
De los preceptos antes trascritos se desprende que las
elecciones para gobernador deben realizarse cada seis
años y la de integrantes del Congreso y la de los
miembros de los Ayuntamientos, cada cuatro años, por lo
que tomando en consideración los dos últimos procesos
electorales verificados en el Estado en los años dos mil cinco

61
Juicio Electoral 53/2008
y dos mil ocho, en los próximos procesos se llevarán a cabo
las siguientes elecciones:
Proceso Gobernador Diputados Ayuntamientos
2005 Inició1-dic-2005
Concluye 30-nov-
2011
57 legislatura
Inició 1-enero-2006
Concluye 31-dic-2008
(3 años)
Inició 1-enero-
2006
Concluye 31dic-2009
(4 años)
2008 58 legislatura
Iniciará 1-enero-2009
Concluirá 31-dic-2011
(3 años)
2009 Iniciará 1enero-2010
Concluirá 31-
2011 Iniciará 1-dic-
2011
Concluirá 30-nov-
2017
59 legislatura
Iniciará 1-enero-2012
Concluirá 31-dic-2013
(2 años)
2013 60 legislatura
Iniciará 1-enero-2014
Concluirá 31-dic-2017
(a partir de esta, la duración
será de 4 años)
2017 Iniciará 1-dic-
2017
Concluirá
30-nov-2023
61 legislatura
Iniciará 1-enero-2018
Concluirá 31-dic-2021
2021 62 legislatura
Iniciará 1-enero-2022
Concluirá 31-dic-2025
2023 Iniciará 1-dic-
2023
Concluirá 30-nov-
2029
2025 63 legislatura
Iniciará 1-enero-2026
Concluirá 31-dic-2029
2029 Iniciará 1-dic-
2029
64 legislatura
Iniciará 1-enero-2030
dic-2013
Iniciará 1enero-2014
Concluirá 31dic-2017
Iniciará 1enero-2018
Concluirá 31dic-2021
Iniciará 1enero-2022
Concluirá 31dic-2025
Iniciará 1enero-2026
Concluirá 31dic-2029
Iniciará 1-

Concluirá 30-nov-
2035
62
Juicio Electoral 53/2008
Concluirá 31-dic-2033 enero-2030
Concluirá 31dic-2033
2033 65 legislatura
Iniciará 1-enero-2034
Concluirá 31-dic-2037
2035 Iniciará 1-dic-
2035
Concluirá 30-nov-
2041
Ahora bien, de la anterior proyección, se advierte que en los
próximos tres procesos a verificarse en el dos mil nueve, dos
mil once y dos mil trece, no van a concurrir las tres
elecciones de Gobernador, diputados y miembros de los
ayuntamientos, sino hasta el proceso correspondiente al dos
mil diecisiete, es decir, hasta dentro de nueve años, y en
consecuencia sería hasta ese momento que podría darse el
supuesto de pérdida de registro de un partido político,
conforme a la interpretación del demandante, ya que desde
su perspectiva, sólo ante la existencia de un proceso electoral
en el estado en que concurran las tres elecciones, se
actualizaría el supuesto de pérdida del registro en los
términos a que se refiere en su demanda, lo que implica la
preservación por nueve años más de un ente político que
carece de la representatividad mínima requerida por el
legislador, toda vez que no obtuvo los sufragios mínimos
necesarios que garanticen jurídicamente su existencia, lo que
Iniciará 1enero-2034
Concluirá 31dic-2037

63
Juicio Electoral 53/2008
contraviene el principio de representatividad que rige el
sistema de partidos políticos, previsto en el artículo 27,
fracción II, numeral 6 de la Constitución Política del Estado.
Por tanto, cabe destacar que la causa de pérdida del registro
de un partido político, no puede ser entendida para el único
caso en que concurran los tres tipos de elecciones ordinarias
previstas en la legislación local, lo cual ocurriría hasta dentro
de nueve años, en el dos mil diecisiete y posteriormente
cada doce años, sino que debe atenderse a los resultados del
proceso electoral inmediato anterior en el que haya
contendido el partido de cuyo registro se trata, cualquiera que
haya sido el caso.
Lo anterior es así, en virtud de que, si la actualización del
supuesto de cancelación del registro de un partido político
dependiera de la concurrencia de las elecciones de
gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, que
debido al lapso de duración de seis años del primero y cuatro
años de los dos últimos, serían concurrentes cada doce años
a partir del dos mil diecisiete, ello implicaría dejar de
considerar los resultados de las elecciones de diputados y
ayuntamientos que se celebrarán en forma intermedia en ese
lapso, de lo que se puede concluir que la fracción en comento
debe entenderse referida a la elección o elecciones

64
Juicio Electoral 53/2008
verificadas en un proceso electoral, siempre que se cumpla la
condición imperativa de que el partido de que se trate no
haya obtenido por lo menos el 3% de la votación válida
emitida en la totalidad del estado.
En este mismo sentido se pronunció la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el expediente SUP-JRC-126/2002, en el que se
expuso lo siguiente:
[...]
En estos términos, en concepto de esta Sala, la causa de
pérdida de inscripción que regula la citada fracción II,
no cabe entenderse para el único caso en que
concurran los tres tipos de elecciones ordinarias que
reglamenta la ley local de la materia, lo cual
evidentemente sólo ocurriría cada seis años, sino que,
debe considerarse la elección inmediata anterior,
cualesquiera que sea, siendo requisito sine qua non el
obtener por lo menos el dos por ciento de la votación
emitida.
Además, cabe decir que si se considerara que la
cancelación de la inscripción de un partido político
ante la autoridad electoral local, se hiciera depender de
la concurrencia de la elección de Gobernador,
Diputados Locales y Ayuntamientos (considerando que
los tres tipos de elección, según se deriva del artículo 120
del código electoral, tienen lugar el tercer domingo de
febrero del año de que se trate), no encontraría
justificación la frase: "la elección inmediata anterior" que
se utiliza en la precitada fracción II, tomando en cuenta
que la elección de Gobernador se efectúa cada seis años,
mientras que la de diputados y ayuntamientos, cada tres,
según lo establecen los mencionados numerales 5,6 y 7,
de donde se sigue que si la norma sujeta a examen,
estableciera tal concurrencia, y no supuestos de
procedencia de la cancelación de la inscripción del
registro de un partido político, se estaría omitiendo
considerar la elección de ayuntamientos y diputados
celebrada en el tiempo intermedio en que tiene lugar
la elección de Gobernador, con lo cual no se estaría
ante la elección inmediata anterior.

[...]
65
Juicio Electoral 53/2008
De igual forma, la fracción III del artículo 46 en comento
tampoco podría interpretarse en el sentido de que un partido
político perderá su registro cuando participe en forma
sucesiva en las tres elecciones ahí enumeradas, sin haber
obtenido en ninguna el porcentaje mínimo requerido, pues el
precepto indicado no proporciona las bases para determinar
cuáles serán las elecciones que se tomen como referencia
para actualizar el supuesto de pérdida de registro, ya que no
dispone que deba atenderse al resultado de las elecciones
verificadas en un lapso determinado, ni señala cuál elección
debería tomarse en consideración en el caso de que alguna
de ellas se repita, como sucedería en el caso en estudio, toda
vez que en el proceso electoral realizado en este año se llevó
a cabo la elección de diputados, en el dos mil nueve se
realizará la de miembros de los ayuntamientos y en el dos mil
once la de Gobernador en forma concurrente con la de
diputados, por lo que sería hasta entonces cuando el partido
actor habría participado en los tres tipos de elección, pero sin
que existan bases legales para desatender los resultados
que obtuvieron los partidos políticos en éste último proceso
electoral, lo que es contrario a los principios de certeza y
legalidad que rigen la materia electoral.

66
Juicio Electoral 53/2008
Por lo expuesto, la norma en estudio no debe entenderse en
el sentido de que un partido político que no alcanzó el umbral
del porcentaje legal en un proceso electoral en el que se
verifique una sola elección, pueda seguir participando en los
demás procesos electorales, hasta que se presente el
supuesto en que en ninguna de las tres elecciones obtenga
el mínimo porcentaje para la actualización de la norma, pues
ésta hace referencia a las elecciones que pueden verificarse
dentro de un mismo proceso electoral, más no a la necesidad
de que un partido político deba participar en todas y cada una
de las elecciones que, en fechas distintas y futuras, se
verifiquen en el Estado, sin obtener el relacionado porcentaje,
pues sería nugatoria la aplicación en nuestro estado del
precepto que establece la pérdida de registro de los partidos
políticos que no obtengan el mínimo porcentaje de votación
requerido para la conservación de su registro.
Lo anterior es así, pues de acuerdo a la interpretación
sistemática, funcional y teleológica de las normas que regulan
la actuación de los partidos políticos, desde su constitución,
conservación y pérdida de su registro, se atribuye al sufragio
expresado por los votantes una función, no sólo en cuanto a
la conformación de los poderes públicos, sino también en lo
relativo a validar o "refrendar" en cada proceso electoral la
representatividad que deben tener los partidos políticos para

67
Juicio Electoral 53/2008
hacerse acreedores a tal carácter, y junto con ello, los
derechos, obligaciones y atribuciones que el propio
Constituyente ha determinado, al permitir advertir cuál es la
verdadera fuerza electoral con la que cuentan.
En efecto, la norma en cuestión analizada en conjunto con las
disposiciones que regulan la constitución, actuación,
permanencia, obligaciones, derechos y supuestos de pérdida
de registro de partidos políticos, condicionan la
conservación de su registro como partido político estatal a la
obtención de un determinado porcentaje de votación en un
proceso electoral, independientemente de las elecciones de
que se trate, conforme lo consideró el máximo órgano
jurisdiccional electoral del país, puesto que ello implica que
los entes políticos que no hubieren recibido un cierto grado
de aceptación entre el electorado, no se encuentran en
aptitud y en condiciones de cumplir con los cometidos que a
los institutos políticos de este tipo les reserva tanto la
Constitución Federal como las respectivas de las entidades
federativas y, por ende, tampoco se encuentran en aptitud de
continuar recibiendo el financiamiento público que para tal
efecto contempla la ley.
Lo anterior es así, pues como ya se vio con antelación, de
acuerdo a los principios constitucionales y legales citados, el

68
Juicio Electoral 53/2008
objetivo fundamental de los partidos políticos es promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional y, como
organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postule y mediante el sufragio efectivo,
universal, libre, secreto y directo, razón por la cual es
indudable que la conservación de su registro y el
financiamiento público que le corresponde, tienen como
finalidad específica su actuación conforme a los fines a que
se ha hecho referencia mediante el sostenimiento de las
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la
obtención del voto ciudadano
De igual forma, corresponde al pueblo el derecho de elegir a
sus representantes en los poderes públicos, mediante el
ejercicio del voto, por lo que se prevé que la renovación de
los poderes legislativo y ejecutivo y de los Ayuntamientos se
realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas,
para lo cual, entre otras bases, se prevé que se establecerán
las normas necesarias que favorezcan la consolidación de un
sistema de partidos políticos que sea democrático,
representativo, ciudadanizado, auténtico y transparente.

69
Juicio Electoral 53/2008
En consecuencia, quienes esto resuelven, estiman que en el
presente caso, se encuentra justificada racionalmente la
pérdida del registro de un partido político estatal, entre otras
causas, cuando no alcanzó, por lo menos el 3% de la
votación válida emitida en la totalidad del Estado en las
elecciones de gobernador, diputados o miembros de los
ayuntamientos, pues, como ya se dijo anteriormente, la
pérdida del registro deberá fundarse en los resultados
definitivos de la votación válida emitida en la elección
para gobernador, diputados o miembros de los
ayuntamientos, verificada en el último proceso electoral,
independientemente de que las elecciones enumeradas en el
mismo precepto, sean concurrentes o no, conforme se
consideró en la relacionada sentencia pronunciada por el
máximo órgano electoral del país.
Esto es, si en un mismo proceso electoral se verifican los tres
tipos de elecciones que eventualmente puedan concurrir en
un proceso electoral, perderá su registro el partido que no
obtenga por lo menos el 3% de la votación válida emitida en
el estado, en ninguna de ellas, de igual manera, cuando se
llevan a cabo sólo dos o una de las mencionadas elecciones,
será indispensable que en ninguna de ellas se haya obtenido
el mínimo para que resulte procedente decretar la pérdida del
registro de un partido político.

70
Juicio Electoral 53/2008
Lo anterior es así, pues de las normas que regulan la pérdida
de registro o inscripción de los partidos políticos, que en su
conjunto, resultan congruentes con el resto de las normas
electorales que rigen la actuación de todos los partidos
políticos sin distingo alguno y de acuerdo a la naturaleza de
interés público que les son inherentes, se tiene que la
fracción III del artículo 46 de la Ley de Instituciones Políticas
y Procedimientos Electorales se refiere a la votación válida
emitida en el último proceso electoral que haya tenido
verificativo en la entidad, con independencia de que en el
mismo día hayan ocurrido o no las elecciones de diputados,
Gobernador y ayuntamientos, en tanto que el precepto en
cuestión no refiere a su concurrencia, sino que el supuesto
que lo rige, es la elección que se verifique en un proceso
electoral específico, como ya se razonó anteriormente.
El anterior criterio interpretativo se corrobora también con lo
expuesto en la sentencia emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al resolver la acción de
Inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumuladas 159/2007,
160/2007, 161/2007 y 162/2007, en la que, en relación al
artículo 56, fracción I, de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales, que regula el otorgamiento del

71
Juicio Electoral 53/2008
financiamiento público a los partidos políticos, se sostuvo lo
siguiente:
[...]
Precisado lo anterior, debe decirse que si bien este
Tribunal Pleno asume la determinación de que los partidos
políticos como entidades de interés público deben contar
con financiamiento público para el logro de los fines que
persiguen, también lo es que en el caso que se analiza, la
disposición cuya invalidez se demanda, no rompe con
el principio de equidad, al prever que el financiamiento
público ordinario para el desarrollo de sus actividades
permanentes se otorgará anualmente a los partidos
políticos con registro o inscripción de registro que
hubieren alcanzado como mínimo el tres por ciento de
la votación válida emitida en el Estado,
correspondiente al último proceso electoral, en la
elección de diputados, ya que por una parte, se da un
trato igual a todos aquéllos partidos políticos que se
encuentren en la misma situación, esto es, aquéllos que
no alcancen la votación mínima requerida, los que
derivado de ese resultado, no tendrán derecho al
financiamiento público, lo que los ubica en igualdad de
condiciones respecto de todos aquellos que se encuentren
en una situación igual.
Por otro lado, es necesario precisar que de acuerdo con
el artículo 46, fracción III, de la Ley de Instituciones
Políticas y de Procedimientos Electorales para el Estado
de Coahuila, un partido político perderá su registro o la
inscripción de su registro, por no obtener por lo
menos el tres por ciento de la votación válida emitida
en la totalidad del Estado en ninguna de las elecciones
para gobernador, diputados o miembros de los
ayuntamientos, por lo que si la norma cuya invalidez se
demanda prevé que financiamiento público ordinario se
otorgará anualmente a los partidos políticos con
registro o inscripción de registro que hubieren
alcanzado como mínimo el tres por ciento de la
votación válida emitida en el Estado, ello demuestra
que la legislación electoral que se analiza constituye un
sistema congruente, pues se exige el mismo porcentaje
para la pérdida del registro o de la inscripción de
registro de los partidos, que para la obtención de
financiamiento.
Lo anterior denota que la disposición impugnada cumple
con el principio de equidad, al exigir, cuando menos, el
mismo porcentaje de la votación estatal para poder
acceder al financiamiento público anual para actividades
permanentes, ya que, de no contar con dicho
porcentaje, el partido político de que se trate no sólo
tendrá derecho a este tipo de recursos públicos, sino que
además perderá según sea el caso, su registro o la

72
Juicio Electoral 53/2008
inscripción de su registro, por lo que sería ilógico
autorizar financiamiento público a partidos que no
alcancen la votación mínima requerida para mantener
vigente su registro o la inscripción de su registro.
Se reitera que si bien los partidos políticos con registro
nacional, se rigen por las disposiciones federales
aplicables, también lo es que, para efectos del proceso
electoral estatal, deben estar a lo dispuesto por la
legislación estatal; así, dichos partidos conforme al
principio de equidad, deben observar las mismas reglas
que rigen para los partidos con registro estatal, de otra
manera sería inequitativo que a partidos con registro
nacional se les otorgara financiamiento público para sus
actividades permanentes aunque no hayan alcanzado el
porcentaje mínimo requerido de la votación estatal, por el
simple hecho de ser partidos políticos nacionales, y a los
partidos con registro estatal no se les entregue dicho
financiamiento por no haber alcanzado el porcentaje
referido.
Es cierto que el partido local perdería su registro y que,
por ello, las disposiciones impugnadas son
congruentes al impedirles en tal caso acceder al
financiamiento público, y que los partidos con registro
nacional no perderían su registro por no lograr en el
ámbito local la votación mínima requerida; sin embargo, lo
que en esencia regula la disposición impugnada, no es si
un partido perdió o no su registro, sino el hecho de
que los partidos que participaron en la última
elección estatal lograron o no el porcentaje
mínimo requerido de la votación estatal para
efectos del financiamiento público, por lo que, en
tales condiciones, no existe justificación para que en una
situación igual se dé un tratamiento diferente con
independencia de la naturaleza del registro de cada
partido.
[...]
De la trascripción que antecede, cabe destacar que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que lo
dispuesto por la fracción III del artículo 46 de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, que
contempla el supuesto de pérdida de registro o inscripción
del registro en estudio y el contenido el artículo 56, fracción I,

73
Juicio Electoral 53/2008
de la misma ley, en el que se prevé que el financiamiento
público ordinario para el desarrollo de sus actividades
permanentes se otorgará anualmente a los partidos políticos
que hubieren alcanzado como mínimo el 3% de la votación
válida emitida en el estado, correspondiente al último
proceso electoral, en la elección de diputados,
constituyen normas legales congruentes dentro de la
legislación electoral del estado pues el legislador exige el
mismo porcentaje para la pérdida del registro o de la
inscripción del registro de los partidos políticos, que para la
obtención anual del financiamiento público ordinario para el
desarrollo de sus actividades permanentes a los partidos
políticos que hubieren alcanzado como mínimo el 3% de
la votación válida emitida en el estado, correspondiente
al último proceso electoral, en la elección de diputados,
es decir que hace referencia en forma específica a la
elección de diputados, por lo que al no obtener el
porcentaje requerido en el último proceso electoral, en la
elección de diputados, el partido político de que se trate,
no sólo perderá el derecho a esos recursos, sino que
además perderá su registro o la inscripción de su
registro.
En ese contexto, es dable concluir que, si para el
otorgamiento anual del financiamiento público ordinario para

74
Juicio Electoral 53/2008
el desarrollo de las actividades permanentes de los partidos
políticos, el legislador dispuso que debe atenderse a
porcentaje de votación obtenida en el último proceso
electoral en la elección de diputados, quienes este asunto
resuelven estiman que la autoridad electoral estuvo en lo
correcto al cancelar el registro del Partido Cardenista
Coahuilense por no haber obtenido el porcentaje mínimo
previsto en la fracción III del artículo 46 de la ley en cita, en la
votación válida emitida en la totalidad del estado en el último
proceso electoral para la elección de diputados, ya que
apenas obtuvo 9,742 votos equivalentes al 1.39% de la
votación válida emitida en el estado.
Además el criterio interpretativo que se asume en esta
resolución, se robustece si se tiene en consideración, que
en las legislaciones electorales analizadas con antelación,
que hacen referencia a los términos “ninguna de las
elecciones” o “alguna de las elecciones”, también se
encuentran normas expresas que establecen la realización de
las elecciones de los representantes de los poderes ejecutivo
y legislativo, el mismo día en que tiene verificativo la jornada
electoral dentro de un mismo proceso electoral, lo que no
sucede en nuestro estado, toda vez que los tres tipos de
elecciones ordinarias de gobernador, diputados y miembros
de los ayuntamientos, no convergen en un mismo proceso

75
Juicio Electoral 53/2008
electoral ni siquiera cada seis años, como en otras entidades,
sino cada doce años, a partir del dos mil diecisiete.
Asimismo, la interpretación aislada y literal que pretende el
Cardenista Coahuilense carece de sentido lógico – jurídico,
pues conforme a lo sostenido por el actor, pese a los
resultados obtenidos en los cómputos de la pasada elección
de diputados, conservaría su registro, sin embargo, conforme
a lo dispuesto por el artículo 56, fracción I, que establece
expresamente que al no alcanzar el porcentaje del 3% en el
último proceso electoral, de la elección de diputados, perderá
el financiamiento público ordinario, por lo que, aún cuando el
demandante conservara su registro, no tendría derecho a
recibir el financiamiento público ordinario, lo cual le impediría
cumplir cabalmente con los fines y objetivos que le asigna,
tanto la Constitución General de la República, como la local.
Por último, también resulta oportuno destacar que, de los
expedientes 01/1998 y 02/1998, acumulados y 02/2004 y
03/2004, relativos, a los Juicios de Inconformidad y
Electorales, promovidos por los Partidos Acción Nacional y de
la Revolución Democrática que obran en el archivo de este
Tribunal, cuyo valor probatorio es pleno con fundamento en el
artículo 64 fracción I de la Ley de Medios de Impugnación en
Materia Político - Electoral y de Participación Ciudadana del

76
Juicio Electoral 53/2008
Estado, se conoce lo siguiente respecto a la constitución y
actuación del partido actor:
I. El veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y
ocho el Consejo Estatal Electoral emitió el acuerdo 10/1998
mediante el cual se otorgó registro como partido político
estatal al Partido Cardenista Coahuilense.
II. El trece de diciembre de dos mil dos el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila emitió el acuerdo número 138/2002, mediante el
cual, con fundamento en el artículo 46, fracción III, de la Ley
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales,
canceló el registro estatal del Partido Cardenista
Coahuilense, por no haber obtenido el 2% de la votación
válida emitida en el proceso electoral, para renovar a los
miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos,
cuya jornada se verificó el veintinueve de septiembre de ese
mismo año.
III. El catorce de diciembre de dos mil dos, el ciudadano
Samuel Acevedo Flores presentó escrito ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por el
cual notificó la intención de iniciar el procedimiento para la
obtención del registro como partido político local de la

77
Juicio Electoral 53/2008
organización política denominada Cardenista
Coahuilense.
IV. El veintidós de julio de dos mil cuatro, el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Coahuila emitió el acuerdo 19/2004, mediante el cual
aprobó el dictamen de la Comisión de Verificación para el
Registro de los Partidos Políticos Estatales, por el cual se
otorgó el registro a la organización Cardenista Coahuilense
como partido político estatal.
V. El trece de septiembre de dos mil cuatro, este Tribunal
Electoral dictó sentencia en el juicio electoral 02/2004 y
acumulado, en la que confirmó el acuerdo 19/2004, emitido
por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual
aprobó el dictamen de la Comisión de Verificación para el
Registro de los Partidos Políticos Estatales, por el cual se
aprobó el registro como partido político estatal a la
organización denominada Cardenista Coahuilense.
De la reseña histórica que antecede se advierte que el Partido
Cardenista Coahuilense obtuvo su registro como tal, el
veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho,
el cual fue cancelado el trece de diciembre de dos mil dos,
por no haber obtenido el 2% de la votación válida emitida en

78
Juicio Electoral 53/2008
el proceso electoral, para elegir diputados y miembros de los
ayuntamientos, cuya jornada se verificó el veintinueve de
septiembre de ese mismo año, logrando obtener nuevamente
dicho registro el trece de septiembre de dos mil cuatro,
mediante la sentencia emitida por este Tribunal Electoral en
el juicio electoral 02/2004 y acumulado, en la que confirmó
el acuerdo 19/2004, pronunciado por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila,
lo cual pone de manifiesto que el Partido Cardenista
Coahuilense no ha logrado mantener el mínimo de votación
necesaria que permita evidenciar su verdadera fuerza política y
que valide la representatividad que deben tener los partidos
políticos para ostentar tal carácter y ejercer los derechos y
atribuciones que les confiere la Constitución Federal y Local,
así como las leyes secundarias de la materia, toda vez que ni
siquiera conservó el número de electores o de afiliados que
se requieren para su constitución, ya que para ese efecto, en
el año dos mil cuatro el partido Cardenista Coahuilense
requirió acreditar que contaba con 22,274 afiliados, que era la
cantidad equivalente al 1.5% de la lista nominal del proceso
electoral verificado en el dos mil dos, conforme al artículo 41
fracción I, de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales, según se advierte de los autos

79
Juicio Electoral 53/2008
del expediente 02/2004 y 03/2004 acumulados, ya
mencionados y valorados.
En consecuencia, quienes este asunto resuelven consideran
que la autoridad responsable actuó con estricto apego a
derecho al cancelar el registro del Partido Cardenista
Coahuilense pues al no haber obtenido el 3% de la votación
válida emitida en el estado, como lo muestran los resultados
contenidos en el cómputo a que se ha hecho referencia en
esta misma resolución, es claro que se actualiza la hipótesis
prevista en los artículos 46 fracción III de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, con la
consecuente pérdida de los derechos y prerrogativas a partir
del once de noviembre del año en curso.
Por tanto, al haber resultado fundado pero inoperante el
primero e infundado el segundo de los agravios hechos valer
por el Partido Cardenista Coahuilense, debe confirmarse el
acuerdo número 115/2008, emitido el once de noviembre del
año en curso, por el Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se
decretó la pérdida del registro del relacionado partido, así
como los derechos y prerrogativas, al no haber obtenido por
lo menos el 3% de la votación válida emitida en la totalidad
del estado, en la elección de diputados de mayoría relativa,

80
Juicio Electoral 53/2008
efectuada el diecinueve de octubre del presente año, con
fundamento en la fracción III del artículo 46 de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.
Por lo expuesto y fundado se:
R E S U E L V E
ÚNICO. Se confirma el acuerdo 115/2008, emitido el once
de noviembre del presente año, por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Coahuila mediante el cual se canceló el registro y los
derechos y prerrogativas del PARTIDO CARDENISTA
COAHUILENSE como partido político estatal, por haber
obtenido únicamente el 1.39% de la votación válida emitida
durante las elecciones de diputados de mayoría relativa,
celebradas el diecinueve de octubre del año en curso.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al partido actor en el
domicilio señalado en autos; POR OFICIO, acompañando
copia certificada de la presente sentencia, a la autoridad
responsable; a los partidos interesados que comparecieron
como terceros interesados, en los domicilios señalados en
autos y colóquese copia de la misma en los estrados de este
Tribunal para su notificación y publicidad, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 25, 29 fracción III, 30, 31 y 32 de

81
Juicio Electoral 53/2008
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político –
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y, en su
oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente
concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los
Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado, EDMUNDO RODRÍGUEZ
BARRERA, ELENA TREVIÑO RAMÍREZ y DANIEL
GARCÍA NÁJERA, siendo ponente la segunda de los
nombrados, por ante la Licenciada KARLA VERÓNICA
FELIX NEIRA , Secretaria General de Acuerdos que autoriza
y da fe.
EDMUNDO RODRÍGUEZ BARRERA
DANIEL GARCÍA NÁJERA ELENA TREVIÑO RAMÍREZ
KARLA VERÓNICA FELIX NEIRA
En esta misma fecha se fijó el acuerdo de Ley.- CONSTE.