PRESENTACIÓN - Poder Judicial

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prueba para sustentar sus pretensiones, pues la sola reclamación de protección judicial
implica una disconformidad con la decisión administrativa, que obliga a la revisión general
de lo actuado. Concluye afirmando que la prueba recabada en sede administrativa es una
etapa procedimental sujeta al control judicial y no importa lo que se haya dicho o lo que la
Administración haya interpretado de lo que se dijo.
“Convocatoria para asamblea ordinaria anual de accionistas. Obligatoriedad y régimen
publicitario” es el título de la colaboración del Dr. Jaime Eduardo Barrantes Gamboa. El objetivo
de su trabajo es profundizar algunos aspectos de la convocatoria como etapa de ese proceso
establecido para la reunión anual de accionistas. Enfatiza el punto de que uno de los pasos
importantes del proceso asambleario es la toma del acuerdo del Consejo de Administración
para convocar a la asamblea ordinaria anual. Aclara que la convocatoria tiene la función de
dar a conocer los temas por tratar a los que tienen derecho de asistir a la asamblea. De lo
anterior se llega a que si no estamos en presencia de una asamblea totalitaria, la omisión
de convocatoria puede implicar la nulidad de los acuerdos tomados. En sus conclusiones, el
Dr. Barrantes Gamboa sostiene: “La asamblea ordinaria anual deberá realizarse conforme
temporalidad fijada al efecto y bajo el proceso asambleario. Para su realización, el socio y
aquellos con algún interés, deberán ser convocados por aviso conteniendo orden del día, lugar,
hora y fecha de celebración, todo con el fin de conocer al menos del estado de resultados y
de la posible declaración y distribución de dividendos, si es que hubiere. Empero, tal situación
obliga, en materia registral comercial, a la verificación del respeto por el plazo mínimo de
convocatoria, quince días hábiles y no otro inferior pero que si puede ser superior. También,
es conveniente que las sociedades anónimas utilicen el mecanismo de doble convocatoria”.
En “Desarrollo Constitucional de Costa Rica 1821-1949”, el Lic. Hernán Esquivel explica que
Costa Rica se incorpora al movimiento de constitucionalización del mundo occidental con la
promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española, emitida por las Cortes
Españolas en Cádiz en 1812, primera constitución que tuvo vigencia en Costa Rica antes
de la independencia de España en 1821 y que el denominado Pacto Social Fundamental
Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, es el primer instrumento de origen constitucional
elaborado y promulgado por los costarricenses el 1 de diciembre de 1821, dando lugar a
la cadena de constituciones que en igual sentido han tenido vigencia en Costa Rica hasta
culminar con la Constitución actual que data de 1949. El Profesor Esquivel sigue los
lineamientos que estableció el profesor Carlos José Gutiérrez, al considerar tres etapas del
desarrollo constitucional costarricense: La Etapa del Ensayo, La Madurez Constitucional y
La Constitución de 1949. Analiza una por una las diversas constituciones explicando sus
características.