El discurso de 28 y el cambio de gabinete ministerial El Informe ...

El discurso de 28 y el cambio
de gabinete ministerial
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, una piedra en el zapato del Estado
Las relaciones hemisféricas en la encrucijada
La gran crisis petrolera
La «guerra» contra las drogas:
una batalla desigual e ineficaz
Sobre las AFPs y el sistema privado
de pensiones
Ande o no ande, caballo grande:
la creación de las nuevas regiones en el Perú
Autoridades subversivas, ciudadanos
trasgresores: sobre la corrupción en el Perú
Lecciones económicas de los casos
de Argentina y Suecia
Una antropología ante el Perú de hoy
JULIO – AGOSTO 2005
Año 1 número 2
CISEPA - PUCP
JULIO – AGOSTO 2005
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JULIO - AGOSTO 2005
Director
José Oscátegui Arteta
Analista
Humberto Ortiz Ruiz
Comité Editorial
Pedro Francke
Farid Kahhat
Nelson Manrique
Cecilia Rivera
Editora
María Isabel Merino
COYUNTURA: Análisis Económico y
Social de Actualidad es una publicación
bimestral del Centro de Investigaciones
Sociológicas, Económicas, Políticas y
Antropológicas (CISEPA-PUCP).
El CISEPA-PUCP, creado en 1965, es un centro
de investigaciones de los departamentos
académicos de Ciencias Sociales y de
Economía, y de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Departamento de Ciencias Sociales
Pedro Francke
Departamento de Economía
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Departamento de Economía
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la opinión del CISEPA ni compromete la posición institucional
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tabla de contenido
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EDITORIAL
TEMAS DE ANÁLISIS
El discurso de 28 y el cambio de gabinete ministerial
José Oscátegui
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, una piedra en el zapato del Estado
Augusto Castro
Las relaciones hemisféricas en la encrucijada
Farid Kahhat
La gran crisis petrolera
John Earls
La «guerra» contra las drogas: una batalla desigual e
ineficaz en la que se renuncia a la soberanía
Carmen Rosa Balbi
Sobre las AFPs y el sistema privado de pensiones
Humberto Ortiz Ruiz
Ande o no ande, caballo grande: la creación de las
nuevas regiones en el Perú
Carlos Contreras
Autoridades subversivas, ciudadanos trasgresores:
sobre la corrupción en el Perú
Jaris Mujica
Lecciones económicas de los casos de Argentina y Suecia
Jan-David Gelles Caner
Una antropología ante el Perú de hoy
Cecilia Rivera
ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL
-Situación económica nacional
Sector real
Indicadores indirectos del nivel de actividad
Empleo
Sector monetario y bancario
Mercado de renta fija y renta variable
-Sector público
-Sector externo
-Sistema financiero: consolidado 2004-2005
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú
nº: 2005-5935

Por lo general, no hay persona que llegue a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros sin una idea de lo
que quiere hacer. La reciente crisis ministerial solo
adelantó el cambio del gabinete y puso a Pedro Pablo
Kuczynski en el lugar que ocupaba Carlos Ferrero.
No hay casualidad en este hecho, aunque la
abrupta salida de este último pareciera indicar que el
azar estaba presente.
Pese a que hablar de Perú Posible como un ente or-
gánico es exagerar, esta agrupación —o, mejor di-
cho, los que van tomando el control de ella— ha
decidido aferrarse a los evidentes logros económicos
obtenidos durante los últimos cuatro años y parece
dispuesta a cosechar, en términos de buenos resultados
electorales.
La apuesta por Kuczynski no es reciente, ya antes había
sido propuesto por algunos como candidato presidencial
del partido de gobierno. El hecho de que Kuczynski
—quien está dispuesto, como lo estuvo Silva Ruete en
su momento, a cargar con el «activo y el pasivo» del
gobierno— sea nombrado presidente del Consejo de
Ministros parece expresar una definición política de
Perú Posible. Va quedando claro que en el bote «posibilista»
hay menos lugares que «posibilistas» en el
partido. Se abre un período de lucha por el control del
partido y de enfrentamientos entre sus «alas».
Kuczynski tiene algo que, aunque es necesario, no
es suficiente para ser un buen presidente del Consejo
de Ministros: sabe lo que quiere hacer, tiene
una agenda global que cubre todas las esferas del
gobierno; parece que está dispuesto y ansioso por
ejercer todo el poder del cargo. Además, cuenta con
un equipo que comparte con claridad su visión del
país, pues él convoca esas voluntades. Sin embargo,
también polariza, y entre sus pasivos se encuentra la
desconfianza que ha generado desde siempre: nunca
ha sido visto como plenamente peruano sino como
básicamente extranjero y con intereses que difieren
del nacional. Su visión es, en lo fundamental, la del
llamado Consenso de Washington, que él contribuyó
a formar y difundir, y que tan pocos buenos resultados
ha traído para América Latina. Su principal activo
es su vinculación con importantes grupos económicos,
sobre todo norteamericanos; sin embargo, esto
es también parte de sus pasivos. Su vocación totalizadora
lo llevará a tratar de expandir su poder a todas
las áreas del aparato del Estado y, posiblemente,
polarizará en cada una de ellas.
Su presencia en el gabinete parece garantizar que
habrá confrontación con una parte significativa de la
ciudadanía. Este presidente del Consejo de Ministros
tendrá en su contra no solo el enfrentamiento que
mencionamos sino también la falta de tiempo... y,
tal vez, la falta de fuerzas políticas para un proyecto
como el del Consenso, tan ambicioso y cuestionado.
Es difícil pensar que el gabinete que él preside sea
ese gabinete «independiente y técnico» que buena
parte de la oposición al gobierno solicitaba. Sin embargo,
esa oposición ahora parece satisfecha.
El Director
editorial
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
JULIO – AGOSTO 2005
CISEPA - PUCP
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temas de análisis
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EL DISCURSO DEL 28
DE JULIO Y EL CAMBIO DE
GABINETE MINISTERIAL José Oscátegui
Aun cuando el discurso del 28 de julio y el cambio de
gabinete no parecen estar relacionados pues ocurrieron
en distintas fechas y estuvieron rodeados de contextos
diferentes —al punto de que la salida de Carlos Ferrero
tuvo la apariencia de un hecho inesperado—, una mirada
retrospectiva puede darnos otra lectura.
El discurso fue un balance optimista que, en bastantes aspectos,
acertó; en otros fue exagerado, y en otros más, inexacto.
¿Podría haber sido menos optimista? Creemos que no.
Después de cuatro años de acoso político, el gobierno encontraba
que no solo había sobrevivido, sino que, en términos
de los resultados económicos —muy importantes para
medir el desempeño de un presidente de la República—,
podía mostrar cifras envidiables si se las compara con las de,
posiblemente, cualquier otro gobierno peruano anterior.
Después del año 2001, la economía ha crecido a una
tasa promedio cercana al 5% anual, y este desarrollo ha
sido estable y sostenido. Cuán diferente del desempeño
de la economía durante el período 1990-2000 y, más
aún, en el período 1985-1990, en los cuales a los ascensos
vertiginosos les sucedieron caídas abismales.
Gráfico 1
Las afirmaciones del discurso presidencial relacionadas con
el crecimiento, con la evolución de las exportaciones, con
la inflación, con el nivel de las reservas internacionales, con
la reducción y sostenibilidad del déficit fiscal —situación
envidiable si la comparamos con la del fujimorato—, con
la inversión en la minería y en el gas, en resumen, con la
confianza de los inversionistas tal como esta se refleja en el
nivel, históricamente bajo, del indicador riesgo país —casi
sacralizado por muchos analistas—, son totalmente ciertas.
Gráfico 2
Profesor del Departamento de Economía PUCP
También son verdaderos el impulso —aun con errores y
deficiencias— al proceso de descentralización, el que se
haya generado un ambiente propicio para que los partidos
políticos se consoliden, así como el mantenimiento de condiciones
normales para el desempeño de la actividad sindical
y la manifestación de las protestas de la ciudadanía.
¿Sería normal, políticamente hablando, que un gobierno
no se esfuerce por obtener réditos de esta situación?
Creemos que no, así como tampoco lo sería que la oposición
no se aboque a minimizar esos logros, destacar
los errores y asegurar que, de concretarse su ascenso al
poder, todo esto sería mejorado.
¿Cuáles fueron las inexactitudes del discurso presidencial?
Sin afán de ser exhaustivos, la mayoría de ellas está
relacionada con las afirmaciones sobre la reducción de
la pobreza y el llamado «chorreo». No es cierto que «los
pobres son los que más se están beneficiando con este
crecimiento». 1 Esto no es difícil de comprobar pues, durante
los últimos cuatro años, como lo afirmara el presidente,
el PBI ha crecido en alrededor del 25%, es decir,
en cerca de 15 mil millones de dólares, mientras que, en
sus palabras, la pobreza extrema solo habría bajado de
«24,1% a 19,2%». Si, como afirma el economista Javier
Iguiñiz, 2 «se estima que la magnitud que debería llegar
todos los años a los indigentes de 1994 para erradicar la
extrema pobreza es de 732.553.353 millones de soles
o 332.978.797 millones de dólares, lo que equivale a
0,7% del PIB», no es difícil colegir que los pobres no

son los que más se han beneficiado. Entonces, hay quienes
han recibido cataratas mientras otros, posiblemente,
obtuvieron gotas, y los pobres no estuvieron entre
los primeros. El «gobierno de todas las sangres» no ha
repartido equitativamente los resultados.
Los salarios, tal como se puede apreciar en el gráfico 3,
tampoco se han recuperado de la tremenda caída que
experimentaron desde 1988, y el período 2001-2004
no ha significado modificación alguna.
Gráfico 3
A lo largo de la historia peruana, los pobres no han sido valiosos
en términos políticos. Esta falta de importancia parece
haberse profundizado en esta época de «globalización»
y de flujo de capitales, pues se les da mayor peso a los
inversionistas y a la creación de las condiciones más apetecibles
para su posible llegada. Y, aun cuando no existen
pruebas de ello, se afirma que el otorgarles mayores beneficios
—vía disminución de los salarios— es la mejor forma
de atraerlos, olvidando que los salarios peruanos son de
los más bajos de América Latina y que las inversiones se dirigen,
preferentemente, hacia los países que tienen buena
infraestructura, fuerza de trabajo calificada, políticas macroeconómicas
adecuadas y estabilidad jurídica. Es decir,
hay factores más importantes que los bajos salarios.
Puede ser injusto pedir que, en cuatro años, un gobierno
modifique sustancialmente la distribución del ingreso; sin
embargo, sí se le puede exigir que dé, por lo menos, algunos
pasos en esa dirección. La reforma del Estado —que ya no
será hecha por este régimen y que todos parecen desear,
aunque sus ideas acerca de esta difieren radicalmente— debería
asegurar que las inequidades no se profundicen, pues
la desigualdad social aguda no es un buen lubricante para los
engranajes del mercado. Este régimen no ha avanzado en
esta dirección y, más bien, todo indica que ante su mirada se
ha incrementado la brecha de ingreso entre ricos y pobres.
Sin embargo, ¿podría algún analista esperar que un gobierno
que, luego de superar un acoso político como el que acompañó
a este y cuando ya se encuentra más allá de la posible
vacancia presidencial, sea capaz de mostrar los logros económicos
mencionados no se sienta en un estado afirmativo
y se perciba victorioso? No debería haber muchos analistas
que estén en esa posición. Sin embargo, la mayoría de ellos,
antes del 28 de julio, pedía que se cambie el gabinete y que
el nuevo sea conformado por independientes. En ese sentido,
la renuncia de Carlos Ferrero fue un hecho anticipado.
Un cambio de gabinete era necesario debido al desgaste acumulado
por el anterior, pero la lógica del desarrollo de los
acontecimientos, tal como nosotros la vemos, mostraba que
el nuevo gabinete tenía que ser uno de afirmación del gobierno.
Es decir, uno que cuantitativa y cualitativamente presentara
un mayor peso de la alianza del gobierno —ajustado, por
supuesto, a las condiciones políticas existentes—, para obtener
los mayores réditos de la situación económica, sin alterar
maliciosamente los resultados de las próximas elecciones.
Fernando Olivera es, en cierta forma, una encarnación de la
alianza gobernante, y su regreso al gabinete había sido voceado
con anterioridad. Las condiciones políticas —algunas
generadas por él mismo— mostraban que ese regreso sólo
podía concretarse con tranquilidad si es que no se producía
una votación de confirmación en el Congreso, si su presencia
era aceptada por el presidente del Consejo de Ministros,
Carlos Ferrero. La renuncia de este último generó una
pequeña crisis, que sólo el inexplicable ensañamiento de algunos
sectores mediáticos pudo convertir, para el consumo
doméstico, en una crisis de grandes proporciones. 3 Este es
el aspecto inesperado de la renuncia de Ferrero.
En medio de esa «tormenta en un vaso de agua», el indicador
de riesgo país volvió a caer, mostrando que, visto desde afuera,
el temporal interno tenía una gravedad mucho menor.
El nuevo gabinete, presidido por Pedro Pablo Kuczynski, es
un gabinete casi partidario y, por esto, representa la continuidad
y es una consecuencia necesaria del contenido del discurso
del 28. Sin embargo, percibimos indicios de una definición
ideológica y política dentro del partido de gobierno. Tal vez la
«noche de los cuchillos largos» esté cerca y quizá el partido de
«todas las sangres» pierda algunas de ellas en el proceso.
La duración del gabinete dependerá de su capacidad
para interpretar las movilizaciones sociales en curso así
como de su voluntad para atender los reclamos, aunque
la tentación de la «mano dura» ya se ha manifestado en
las palabras del primer ministro.
1 Mensaje a la nación del presidente Alejandro Toledo, 28 de julio de 2005.
2 www.jubilee2000uk.org/jubilee2000/espanol/informes/peru061100.html
3 La revista The Economist del 20 de agosto informó jocosamente de
esta manera: «Si dispararse en el pie fuera un deporte olímpico, Alejandro
Toledo ganaría la medalla de oro [...] pero esta vez el presidente
puede recuperarse más rápidamente que de sus errores anteriores».
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
CISEPA - PUCP
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temas de análisis
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EL INFORME FINAL DE LA
COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN: UNA PIEDRA
EN EL ZAPATO DEL ESTADO Augusto Castro
Si hay un tema de coyuntura puesto fuera de ella en
forma persistente es, precisamente, el relativo a la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR). Las razones
de esto pueden ser varias; lo cierto es que, para
muchos, el solo hecho de que se enuncie el tema es
causa de desazón, conflicto y dificultad, probablemente
porque es uno de los pocos asuntos por los que afloran,
de manera directa y rotunda, los problemas más graves
de nuestra constitución nacional.
La CVR hace referencia centralmente a la manera en que
los peruanos nos hemos tratado entre nosotros y, por
ello, muestra el comportamiento —lamentable, por cierto—
de todos los sectores sociales y políticos involucrados
en el conflicto armado interno, es decir, en la guerra que
inicia el Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso
(PCP-SL) en 1980 y que se desarrolla hasta el año 2000,
aproximadamente. Por lo tanto, no es una página gloriosa
de nuestra historia reciente; más bien es un período lleno
de recuerdos desagradables y tristes, que nos avergüenza
y nos lleva al silencio. La información que nos proporciona
la CVR es siempre un tema de coyuntura, pero a la vez una
verdad actual que nadie quiere escuchar y que se prefiere
eliminar sistemáticamente del presente.
A pesar de lo poco agradables que puedan parecer las
cuestiones que el Informe final de la CVR le plantea a la
coyuntura, debemos señalar que su estudio es fundamental
para la comprensión de la realidad social, política
y económica del país. El análisis que hace la CVR es
diferente, por ejemplo, de la discusión sobre el Tratado
de Libre Comercio (TLC) o acerca de la importancia
de la carretera interoceánica; tampoco ofrece el interés
que conlleva un asunto como la alianza o ruptura de los
partidos para el ejercicio de la gobernabilidad del país.
La cuestión de fondo es que el Informe final de la CVR
hace hincapié en un tema de fondo que está siempre
presente: el problema de la condición humana en el
Perú. Lo que apreciamos está en el meollo de sus planteamientos:
la constatación del nulo respeto a la dignidad
humana en nuestro país y la debilidad estructural de
un Estado que no se ha constituido a partir del ejercicio
libre del ciudadano, sino de la conculcación de sus derechos
y de su libertad. En buena cuenta, el Informe final
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP
de la CVR coloca en el debate permanente de la coyuntura
política nacional un punto previo y fundamental:
nuestra debilidad en la construcción del Estado, lo que
refleja nuestras carencias como sociedad civil y como
personas, y se expresa en el manejo de la cosa pública.
El Informe final de la CVR, punto clave de la
transición a la democracia
Después del régimen dictatorial de Fujimori se inició un
período que algunos llamaron de transición a la democracia.
Los problemas que era necesario enfrentar en ese
momento estaban vinculados al esfuerzo por crear las
condiciones para contar con un régimen verdaderamente
democrático. Se requería encarar retos planteados por la
ciudadanía que habían sido puestos de lado por el régimen
dictatorial. Se hablaba de una profunda reforma del Estado
que tenía su llave maestra en la descentralización del
país; se hacía referencia a la vigilancia, la participación y las
sanciones, especialmente en el tema de la corrupción; se
planteaba la necesidad de colocar la economía del país a la
altura de las necesidades nacionales y de enfrentar la pobreza;
y se mencionaba la urgencia de conocer la verdad,
ejercer justicia y reparar en el caso del conflicto armado
interno que se había desarrollado desde 1980.
Este período de transición a la democracia no solo involucraba
al gobierno de Valentín Paniagua, que era el que
formalmente lo iniciaba, sino sobre todo al régimen democrático
que encabezaría Alejandro Toledo. Los retos de un
período de transición a la democracia eran sin duda muchos,
y el balance político del gobierno de Toledo se deberá
realizar tomando en cuenta la agenda que la transición
planteó en ese momento. Ese análisis está por hacerse y
determinará si el régimen estuvo o no a la altura de sus responsabilidades,
así como qué tareas quedan pendientes.
El aspecto sobre el que nos interesa presentar un somero
balance es el relacionado con el conflicto armado interno,
sus secuelas económicas y políticas, y la forma en que el
presente gobierno ha intentado enfrentar todo esto.
Para dar la cara a este problema, el régimen de Paniagua
creó la Comisión de la Verdad. El gobierno de Toledo ratificó
y amplió esta instancia, a la que llamó Comisión de la

Verdad y Reconciliación (CVR), manteniendo en lo fundamental
sus objetivos y tareas. Durante dos años —desde
agosto de 2001 hasta el 29 de agosto de 2003, fecha en que
la CVR entregó su Informe final— se recogieron casi 17.000
testimonios, se investigaron y estudiaron las causas de la
violencia en la esfera política y social, y se realizó un balance
de los daños y secuelas generados por el conflicto. Asimismo,
el Informe final contiene una propuesta de reconciliación
estructurada sobre un Plan de Reformas Institucionales
del Estado y un Programa Integral de Reparaciones. La
CVR determinó que el número de víctimas mortales era
69.284, aparte de más de 24.000 personas sometidas a tortura
y de una población cercana al millón de desplazados
por causa del conflicto. Se habla de más de 4.000 viudas, de
más de 1.000 pueblos, caseríos y comunidades destruidos,
y de miles de discapacitados y damnificados por la violencia.
Todo ello además de la insania y crueldad que mostraron las
fuerzas participantes en la guerra.
El Informe final da cuenta de hechos execrables que han
puesto en duda nuestra cultura cívica y nuestro respeto
por los derechos de las personas. La CVR no dudó en
señalar al PCP-SL como el principal responsable de esta
barbarie, por haber iniciado el conflicto y haber causado
la muerte de más de 56% de las víctimas. De la misma
manera, determinó que la responsabilidad política estaba
en los gobiernos de turno y en el Estado peruano, en particular
en el ejercicio sistemático de la violencia utilizado
en algunos lugares del país por las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Toledo recibió el Informe final de la CVR de
la misma manera en la que se había comportado durante
el curso de las investigaciones: no se opuso, pero fue demasiado
cauto en su apoyo y lento en su resolución. Al
parecer, el Informe final se presentaba a contracorriente
de las expectativas que tenían algunos dirigentes tanto del
régimen como de la oposición. La verdad expuesta era demasiado
cruda para ser asimilada con rapidez y las demandas
de reparación superaban lo previsto. La óptica gubernamental,
en términos generales, asumió el asunto como
un problema de recursos y de caja fiscal. No desarrolló ni
apuntaló el sentido más rico e importante que el Informe
final señalaba, y que estaba precisamente en el esfuerzo
por desplegar la construcción ciudadana en el Perú, dejando
atrás todo tipo de exclusiones. En buena cuenta, redujo
el tema de la reconciliación nacional —planteamiento de
reconstrucción y renovación del pacto social— a un problema
de reparaciones de carácter económico.
El gobierno de Toledo, probablemente presionado por
sectores opuestos al trabajo de la CVR, ha tomado un
tiempo —demasiado largo en opinión de algunos— para
enfrentar el desafío planteado por el Informe final. A fines
del año 2003, Toledo anuncia que, en breve, se creará
una Comisión de Alto Nivel para darles seguimiento a
las recomendaciones. El 6 de febrero de 2004 promulga
el decreto supremo 011-2004-PCM, por el cual se crea
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada de la
Creación de Políticas de Estado en los Ámbitos de la Paz,
la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional. El
25 de marzo de 2004 se promulga el decreto supremo
024-2004-PCM, en el cual se dispone incorporar a esta
comisión a representantes de la Asociación Nacional de
Centros, de los colegios profesionales y de la Asamblea
Nacional de Rectores. El 27 de agosto de ese mismo año
se promulga el decreto supremo 062-2004-PCM, que
aprueba el Marco Programático de la Acción del Estado
en Materia de Paz, Reparación y Reconciliación Nacional,
que asume el Plan Integral de Reparaciones de la CVR. En
esta misma fecha se publica la resolución ministerial 2004-
PCM, por la cual se crea el Padrón Nacional de Afectados
por la Violencia Política. En síntesis, el año 2004 fue un
tiempo destinado a dar forma a esta Comisión Multisectorial
de Alto Nivel y a definir sus objetivos.
Luego de más de un año, en julio de 2005, se acaba de
aprobar la ley del Programa Integral de Reparaciones,
asignándole un presupuesto de cien millones de soles
para el ejercicio de 2006, adicionales a los diez millones
propuestos para el año 2005. El régimen de Toledo no
se ha opuesto al Informe final de la CVR —afirmarlo sería
una injusticia— pero ha quedado muy claro que este no
ha sido un punto relevante de su acción política. No se
enfrentó con la CVR, pero tampoco la apoyó con energía;
las carencias económicas por las que atravesó esta
instancia en algunos momentos así lo demuestran. Posteriormente
a la publicación del Informe final, el gobierno
no ha respondido con iniciativa propia a los requerimientos
de la CVR. Ha sido la sociedad civil la que, por medio
de diversas organizaciones e instituciones, ha ejercido
presión para que se concreten los pedidos de la CVR.
De la indiferencia a la construcción ciudadana
El Informe final de la CVR no solo constituye un instrumento
para el manejo adecuado de las políticas sociales
por parte del Estado y del ejercicio político del gobierno.
Este documento supone que la sociedad asuma, como
un asunto que le compete directamente, la defensa de
los derechos de las personas que fueron vulnerados en
el conflicto armado interno. En este aspecto también
conviene señalar que si bien en un inicio la opinión pública
apoyó mayoritariamente el papel de la CVR, las
campañas emprendidas por sus adversarios con el fin
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
CISEPA - PUCP
JULIO – AGOSTO 2005
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temas de análisis
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de generar confusión lograron que este respaldo inicial
decayera, aunque en la fecha de entrega del Informe final
el apoyo ciudadano superaba el 50%.
Las movilizaciones independientes que se han producido
durante los dos años transcurridos a partir de la
presentación de este documento han sido numerosas.
Desde la organización del colectivo Para Que No Se
Repita, pasando por las acciones de estudiantes universitarios
que voluntariamente difunden y sensibilizan en
estos temas a la población de colegios y barrios de Lima
—como por ejemplo Sembrando Memoria—, hasta la
importante movilización de los chasquis de Paz y Solidaridad,
quienes durante todo este año están atravesando
a pie el país buscando que el país adquiera conciencia en
torno a los temas planteados por el Informe final.
Hay que señalar, sin embargo, que frente a las manifestaciones
de solidaridad y la búsqueda de soluciones se erige
la inmensa indiferencia de muchos peruanos. Algunos
consideran que este es un asunto del pasado, que debe
cerrarse de una vez y que es mejor olvidar. Otros se escudan
en estas posiciones para permanecer en el silencio
esperando que el tiempo borre de la memoria sus crímenes.
Al respecto, cabe recordar que la conciencia de
tener y asumir derechos es directamente proporcional a
la manera en que se los defiende. Cuando una sociedad
no considera necesario defender los derechos humanos,
es porque en general sus miembros no los practican.
Concluimos afirmando que el tema que planteó la CVR
es de primer orden y, probablemente, debería ser el ho-
rizonte que guíe la política cotidiana, la gobernabilidad y
asuntos como los del TLC, la interoceánica, la descentralización
y la lucha contra la corrupción. Abordar estos
aspectos y muchos otros sin la profundidad suficiente —
vale decir, sin entroncarlos con una perspectiva de construcción
nacional— equivale a edificar una casa sobre la
arena. ¿Sobre qué base construimos el Perú moderno?
Un cimiento seguro y parejo es el respeto por la dignidad
humana y el reconocimiento de que el principal valor es
la persona. Construir una casa sobre un terreno desigual
y asimétrico, en el que no se respete a las personas, solo
nos conducirá a crisis permanentes, a conflictos sociales
cada vez más agudos, al derrumbe de las políticas sociales
y, como siempre, a la sensación de que, en el Perú, las
cosas no cambian. En realidad, no cambian precisamente
porque no se transforma la exclusión en inclusión ni la
desigualdad en igualdad.
La CVR ha colocado la varilla de la construcción social y
política en la igualdad, en la simetría, en la constitución
de ciudadanía, en la tolerancia, en el respeto por la dignidad
humana y en la democracia. La ciudadanía aparece,
principalmente, como la capacidad para luchar por los
derechos. La persona que no lo hace no es, en sentido
estricto, un ciudadano. Por ello, la construcción de los
derechos en el Perú equivale a la construcción de la ciudadanía.
Un país sin ciudadanos es un mundo que vive
sin derechos. En ese mundo, la democracia no puede
florecer porque esta se apoya y constituye sobre la base
de ciudadanos. Sin ciudadanos no hay democracia. Este
es un tema de coyuntura permanente y que aflora a cada
instante, aunque algunos no lo quieran reconocer.
LAS RELACIONES HEMISFÉRICAS
EN LA ENCRUCIJADA Farid Kahhat
¿Recuerda los ominosos presagios sobre las consecuencias
que tendría para México y Chile negarse a respaldar
a Estados Unidos en la guerra contra Iraq? ¿Y los halagüeños
augurios sobre los beneficios que obtendrían
países como Colombia por apoyar a los norteamericanos
en ese conflicto? Entonces recordará también que
ni los castigos ni las recompensas pronosticadas ocurrieron.
Salvo por el hecho de que la Casa Blanca canceló la
celebración por el día nacional de México y el bajo perfil
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP
que tuvo la firma del Tratado de Libre Comercio con
Chile, no queda claro que ambos países hayan pagado
un precio que fuese una consecuencia inequívoca de la
posición que adoptaron en forma conjunta en el seno
del Consejo de Seguridad.
Por otra parte, Colombia no solo no recibió una compensación
por su respaldo —recordemos que el Plan
Colombia no guarda relación alguna con la guerra en

Iraq—, sino que incluso fue sancionada por su negativa
inicial a firmar un acuerdo bilateral mediante el cual se
comprometía a no entregar a ciudadanos estadounidenses
ante una eventual requisitoria de la Corte Penal Internacional.
Más aún, países como Colombia y el Perú
vieron entonces frustradas sus pretensiones de firmar un
tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos.
Las previsiones descritas derivan de una comprensión
errónea de la naturaleza de las relaciones hemisféricas.
Si algo demuestra la historia contemporánea de esas relaciones
es que cuando la seguridad se convierte en la
prioridad fundamental de la agenda exterior de Estados
Unidos, los temas de desarrollo —que constituyen la
prioridad fundamental de la agenda hemisférica desde
una perspectiva latinoamericana— pasan a segundo plano.
Peor aún, desde la óptica que prevalece en Estados
Unidos, temas como el narcotráfico —que podría ser
abordado como un problema de responsabilidad compartida
ante el cual la estrategia común debiera abocarse
a promover un desarrollo alternativo— tienden a ser
percibidos como problemas de seguridad que cuando parecen
tener vínculos con la violencia política —como en
el caso colombiano— deben ser abordados mediante la
erradicación coercitiva de cultivos y la represión militar.
Las consecuencias de ese enfoque se pueden observar
claramente en el caso de Bolivia. Allí, a criterio de Jeffrey
Sachs, la erradicación forzada de cocales sin que medie
una política eficaz de promoción de cultivos alternativos
o la creación de un fondo de compensación generó el
surgimiento de una base social presta a movilizarse en
respaldo de líderes como Evo Morales.
Por lo demás, los temas de seguridad que concitan la
atención del gobierno de Estados Unidos se concentran
esencialmente en el Medio Oriente y el Asia Central.
En ese contexto, una actitud complaciente por parte de
países que carecen de peso propio en la agenda exterior
de Estados Unidos —es decir, casi toda América
Latina— es una virtual garantía de ser relegado al ostracismo
en el Departamento de Estado. Así, los temas
bilaterales pasan a ser administrados por burócratas de
mando medio, que aplican las normas vigentes sin mayor
discrecionalidad política. Y los gobernantes de esos
países suelen rasgarse las vestiduras cuando sus intereses
no son tomados en cuenta o cuando sus Estados
son objeto de sanciones. Alegan, entonces, que el trato
que reciben es indigno de un aliado leal, cuando es precisamente
la lealtad incondicional de países de relevancia
menor lo que hace posible darlos por descontados.
No en vano todos los presidentes con los que se reunió
George Bush durante la última Cumbre de las Américas
—es decir, Fox, Kirchner, Lula y Mesa—, gobiernan
—o, en el caso de Mesa, gobernaban— países que, en el
contexto de una relación esencialmente realista y constructiva,
tuvieron hace poco algunos desencuentros con
Estados Unidos.
Según todos los indicios, son precisamente esos desencuentros
los que explican algunos cambios en la política
de Estados Unidos hacia la región, desde el hecho de
que adopte una iniciativa unilateral en el tema migratorio
hasta la invitación a algunos países andinos para
iniciar negociaciones bilaterales con el fin de concretar
tratados de libre comercio. No es casual que ello ocurra
luego de que el Grupo de los Veintiuno —liderado,
entre otros, por Brasil— frustrara los intentos de
los países industrializados de incluir en la agenda de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún
temas como el de la propiedad intelectual, mientras
pretendían posponer para las calendas griegas el asunto
de los subsidios agrícolas. Tampoco es casual que esto
ocurra poco después de que la reunión ministerial en
Miami sobre el tema del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) llegara a su fin sin pena ni gloria.
Los cambios recientes en la política de Estados Unidos
hacia la región deben entenderse como un intento de
neutralizar algunas iniciativas brasileñas, en particular el
intento de liderar un proceso de integración sudamericano
que permita negociar en forma conjunta algunos
temas de la agenda hemisférica. Salvo quizá por el resguardo
de su frontera con México, la política de Estados
Unidos hacia América Latina tiene hoy poco que ver
con lo que pasa en Iraq.
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
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JULIO – AGOSTO 2005
9

temas de análisis
10
LA GRAN CRISIS
PETROLERA John Earls
El ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera opinó
que el precio del petróleo podría llegar a 100 dólares
por barril a fines de esta década, e indicó que el país
debe «elaborar un plan que lo aleje de las dependencias
exteriores». Sin embargo, al revisar la situación mundial
del petróleo, observamos evidencias de que los precios
podrían llegar a esta marca mucho antes.
Toda discusión acerca de la producción petrolera y de
las otras fuentes fósiles gira alrededor de la curva de
Hubbert. Hace cuarenta años, el geofísico petrolero
M. King Hubbert desarrolló un modelo que relaciona
la producción de petróleo con las reservas estimadas.
Hubbert mostró que la producción en un campo de petróleo
llega a su tope cuando se ha extraído cerca de
la mitad de este elemento; luego de que esto sucede,
la producción comienza a declinar. Al abrir un nuevo
campo petrolero, en primer lugar se extrae el petróleo
más accesible y barato; posteriormente, se aumenta
la producción hasta que llega a un nivel máximo. Este
máximo es el pico de la producción, al que Hubbert llamó
peak oil. Durante un tiempo relativamente corto,
la producción se mantiene en este pico. En las fases siguientes,
la extracción de lo que queda viene a ser más
difícil y costosa, y la producción disminuye hasta que el
campo es abandonado. Los campos petroleros del Perú
ya están en la última fase. Hubbert modeló este proceso
como la primera derivada de una curva logística que
tiene la forma de la curva normal. Cuando se habla del
peak oil en el contexto global actual, se está refiriendo
a la curva que promedia las curvas de todos los campos
principales del mundo.
Después de llegar al pico, la producción disminuirá a
una tasa de aproximadamente 3% anual —actualmente,
la demanda global está aumentando a casi 3% por
año—. La mayoría de los analistas ubica la ocurrencia
del pico entre los años 2006-2008. De esto se deduce
que alrededor del año 2030, la producción de petróleo
representará la mitad de su valor pico. Fuentes
oficiales como el United States Geological Survey y la
Agencia Internacional de Energía estiman en los años
2030 la fecha en la que se producirá el peak oil, pero
hay muchas razones para sospechar que estos cálculos
son optimistas, pues el futuro del petróleo es un asunto
de alta relevancia política. Fuentes tan diferentes como
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y los nuevos
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP
comerciales de Chevron y Exxon —véase www.willyoujoinus.com—
sugieren que ya hemos llegado o estamos
muy cerca del peak oil. Las cinco o seis grandes
compañías petroleras y otras muestran una reducción
en sus niveles de producción de este año y también en la
producción petrolera de los países que no pertenecen
a la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). La OPEP misma está produciendo a su máxima
capacidad. Si resulta que el aumento actual de los
precios se debe al hecho de haber llegado al peak oil
geofísico, entonces estos no se detendrán hasta llegar al
nivel más alto que el sistema económico mundial pueda
aguantar. Los analistas estiman que este nivel es cerca
de 160 dólares por barril. En todo caso, en tanto que la
demanda aumenta y la oferta disminuye, el precio de la
energía se elevará.
Sin embargo, es imposible saber objetivamente si el
mundo está en peak oil ahora o si el sistema está respondiendo
a una percepción «subjetiva» de la situación.
Esto solo se puede saber a ciencia cierta unos años después
de haber pasado el pico. Como señala Roland Watson,
de Energy Bulletin, 1
[l]a cosa más importante que se puede decir es que
estamos en una situación donde el precio del petróleo
está respondiendo al declive continuo de capacidad
productiva sobrante [que suele ser usado para
acomodar los auges en la demanda]. Esta situación
es un prerrequisito al peak oil. Los precios del crudo
no comienzan a aumentar cuando la producción
toca al pico, más bien, comienzan a subir cuando
se percibe que la capacidad sobrante disminuye de
manera sostenida.
Es más y más difícil producir, y la producción ya no puede
seguir el paso del incremento de la demanda.
Sin embargo, la curva de Hubbert no toma en cuenta la
influencia de los intereses políticos y económicos en la
producción y distribución del petróleo. En la medida en
que el petróleo sustenta todo el sistema político-económico
internacional, las grandes potencias están comportándose
como si ya se hubiera llegado a ese pico.
Hace mucho tiempo Estados Unidos ha declarado que
el Medio Oriente —donde están las reservas más grandes—
es una reserva estratégica y que va a asegurar su
control por todos los medios militares que considere

necesarios. El año 2000 Iraq comenzó a cobrar sus exportaciones
en euros, debilitando así el control que los
norteamericanos ejercen sobre el petróleo mediante el
petrodólar. Como alguien escribió, «con eso, Iraq selló
su destino». Sin embargo, la invasión y ocupación de
Iraq han generado tal resistencia en los pobladores que
la situación petrolera empeoró. La analista Emilie Rutledge,
de Al Jazeera.net, 2 informa que la infraestructura
iraquí de oleoductos sigue en un estado destartalado y
desde 2003 ha sido saboteada por la resistencia 257 veces.
Antes de las sanciones contra Saddam de los años
noventa, ese país producía hasta 3,5 millones de barriles
por día (mbpd). Durante los meses finales del programa
Petróleo por Alimentos de la ONU —tan satanizado
por Estados Unidos— y antes de la invasión, Iraq estaba
produciendo unos 2,5 mbpd. En julio de este año se logró
exportar solo 1,6 mbpd. La desastrosa ocupación de
Iraq no es la causa de la situación actual, pero sin la intervención
norteamericana su producción por lo menos
habría llenado el vacío actual entre la demanda y la oferta.
El punto es que la respuesta norteamericana frente al
peak oil —real o percibido— exacerba la crisis.
Otro factor señalado por los analistas tras el incremento
actual de los precios petroleros es la tensión internacional
frente al programa nuclear de Irán, país al que se
acusa de querer fabricar una bomba atómica —de nuevo
la misma estrategia impulsada por Estados Unidos a
través de los tres países europeos: Alemania, Inglaterra
y Francia—. Estados Unidos está propiciando que el
Consejo de Seguridad de la ONU imponga sanciones
a Irán. Desde 1995, Estados Unidos ha impuesto a Irán
sanciones unilaterales que prohíben a sus propias empresas
aprovechar el petróleo iraní, y le convendría excluir
a las compañías competidoras en este negocio. Si
se imponen sanciones contra Irán, el segundo país productor,
el aumento de los precios se acelerará, como de
hecho ha señalado el nuevo presidente de ese país. En
este caso, el precio del barril rápidamente llegará a los
120 dólares y más. Es muy probable que en el Consejo
de Seguridad China y Rusia ejerzan el veto a las sanciones.
China es el primer importador del petróleo iraní y
junto con Rusia conforma un grupo —al que se suma
la India— que está invirtiendo en instalar una enorme
infraestructura para extraer el gas natural y los gaseoductos
para exportarlo.
Sin embargo, las intenciones de los neocones 3 norteamericanos
hacia Irán van más allá de la simple desaprobación
de su programa nuclear, que de todos modos
no podría producir una bomba atómica en menos
de diez años, según reconocen las propias agencias de
inteligencia de Estados Unidos. El meollo del asunto
parece ser que en el próximo Año Nuevo iraní, que
se celebra el 21 de marzo, ese país abrirá una nueva
bolsa mercantil de petróleo en la cual los precios estarán
contabilizados en euros y no en dólares. Con su
enorme déficit comercial y su deuda nacional, la contabilidad
del petróleo en petrodólares es casi el único
sostén de la hegemonía económica norteamericana.
Al igual que en Iraq, el plan consistirá en apoderarse
militarmente de los campos de petróleo. Hay reportes
insistentes de que es inminente el ataque con bombas
nucleares «tácticas» a las instalaciones militares y atómicas,
seguido por la ocupación de los campos de petróleo
de la provincia de Khuzestan, en el suroeste, y
también de los del norte, cerca del Mar Caspio. Si esto
ocurre, 250 dólares por barril será un precio ganga.
Actualmente, Irán está produciendo unos 4,3 mbpd,
pero en este escenario su producción se reducirá a
cero, pues a diferencia de Iraq, Irán sí volará todos sus
campos. El resultado será destructivo para la economía
mundial y el modo de vida que esta sostiene.
La percepción de la llegada del peak oil está generando
reacciones en las potencias, particularmente en Estados
Unidos, que exacerba todos los problemas asociados
con este tema. Hay tres elementos en juego: 1) la llegada
del peak oil mismo, 2) la pérdida continua de la capacidad
extra y 3) las disrupciones en la producción que
surgen de las reacciones político-militares frente a 1) y
2). La dinámica de las interacciones no lineales entre los
tres es de una subida abrupta del precio del petróleo,
seguida por una larga y profunda depresión. Obviamente,
este escenario no se debe a la situación geofísica
petrolera sino a la reacción de los sistemas político-económicos
frente a ella. Por ejemplo, la China está invirtiendo
mucho en energías alternativas, y mientras tanto
maximiza la eficiencia del uso de energías fósiles.
La crisis que viene será peor que cualquier otra anterior.
Casi todos los aspectos de la vida actual dependen del
acceso a petróleo barato. Los efectos serán más severos
en los países ricos. Veamos un ejemplo: cada paso
en la producción agrícola industrial involucra energía fósil,
pues desde la siembra, el barbecho, la irrigación, la cosecha
y el procesamiento son mecanizados; los fertilizantes
y pesticidas, así como el plástico usado en el empaque-
1 Watson, Ronald. «Peak Oil 2005». New Era Investor, 15 de julio
de 2005. Reproducido en Energy Bulletin
2 Rutledge, Emilie. «Is Irak war fuelling GCC’s economic boom?». Aljazeera.net,
12 de agosto de 2005
3 Término con el cual se viene aludiendo a los neoconservadores.
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temas de análisis
12
tamiento, provienen del petróleo; el procesamiento y el
empaquetamiento derivan del petróleo; la distribución y
el transporte; el almacenamiento refrigerado en supermercados;
el traslado a las casas en carros y el almacenamiento
en refrigeradoras, la preparación en cocinas a
gas o eléctricas. En Estados Unidos, producir cada caloría
de comida cuesta diez calorías de energía fósil; todos los
precios aumentarán y también las intereses bancarios. La
gran burbuja inmobiliaria norteamericana se romperá y
decenas de millones de personas perderán sus casas y
ahorros. Empresas de todo tamaño se cerrarán y el desempleo
será masivo. La depresión puede ser peor que
la de 1930 y esta vez no habrá una salida basada en una
nueva expansión industrial —se entrará al largo proceso
de la transición energética hacia una nueva forma de organización
socioeconómica—.
En el Perú ya se están sintiendo los impactos de este proceso,
pero lo que viene será mucho más severo. El país
se comporta como si nada pudiera detener su continuo
crecimiento macroeconómico, basado principalmente en
la exportación y en particular en la agroindustria. Se cree
que con el Tratado de Libre Comercio se va a acceder a
los mercados casi infinitos de Estados Unidos, y que de
algún modo nos va a llegar el ansiado desarrollo. En palabras
del ex ministro Herrera, hay que «elaborar un plan
que lo aleje [al país] de las dependencias exteriores». La
gran discusión política ahora debe ser cómo hacerlo.
LA ”GUERRA” CONTRA LAS
DROGAS : BATALLA DESIGUAL
E INEFICAZ, LA RENUNCIA A
LA SOBERANÍA Carmen Rosa Balbi
El pasado 21 de junio, la reciente legislación aprobada por
el presidente regional del Cuzco, Carlos Cuaresma, declaró
la legalidad del cultivo de la coca en los valles de La Convención
y Quillabamba. Esta iniciativa fue recientemente
imitada en la región Huánuco, en la que se ha emitido una
ordenanza similar. Frente a este desborde legislativo regional
y ante la ausencia de una legislación nacional clara, el
Ejecutivo ha elevado al Tribunal Constitucional de Garantías
una apelación respecto a la ordenanza cuzqueña; este
pedido se basa en el argumento de que el Perú, en tanto
Estado nacional unitario, debe mantener políticas también
nacionales. Se pone en evidencia, además, los costos de
una descentralización ambigua en lo que se refiere a la
transferencia de competencias políticas.
La iniciativa tomada por Cuzco y Huánuco solo hace
más evidente el problema de los recurrentes enfrentamientos
del movimiento cocalero que se ha articulado
en el Perú durante los últimos años, y que abarca
las principales cuencas cocaleras —Tocache-Huallaga y
Monzón, en la ceja de selva central, y el valle de los ríos
Apurímac y Ene, entre las más importantes—.
¿Qué impulsa a los campesinos de las diferentes cuencas
cocaleras a buscar vertebrar sus protestas aisladas orga-
Profesora del Departamento de Ciencias Sociales PUCP
nizándose en la Confederación Nacional de Productores
Agropecuarios y Cocaleros del Perú? El origen está
en la situación de abandono del agro, que representa
un problema secular que nunca fue atendido con seriedad.
Jamás se impulsaron políticas estatales coherentes,
capaces de sacar a los campesinos de la pobreza y
frenar la proliferación de cultivos de coca en los valles
altoandinos y en la selva, impulsada por la necesidad de
sobrevivencia y el abandono estatal. Una globalización
crecientemente excluyente ha creado, en los países del
Tercer Mundo, sociedades llamadas «de doble vía». El
Perú ocupa un lugar destacado en esta categoría: más
de la mitad de su población (51%) está en situación de
pobreza y estas personas viven, en su mayor parte, en
las zonas rurales.
Los crecientes incrementos del precio de la hoja de coca
en el mercado internacional —en 1998, el kilo en el Alto
Huallaga costaba ochenta centavos de dólar; este año se
cotiza en cuatro dólares— han llevado a los campesinos
de esas zonas a encontrar una alternativa de sobrevivencia
en este cultivo. Salvo las cuotas de compra establecidas
por la Empresa Nacional de la Coca (ENACO)
—aproximadamente 30% del total de la producción—,
este cultivo es ilegal, pero sin embargo muestra los más

altos rendimientos en términos agrícolas —la coca se
cosecha tres veces al año, mientras que el café, el cacao
y otros productos únicamente una vez—. El mayor
mercado para la hoja de coca es el narcotráfico, que
produce y exporta cocaína; 70% de la cocaína que se
produce en la región andina es consumida en América
del Norte y 22% en Europa.
A lo largo de los últimos 25 años, con diversas modalidades
y siempre contando con el patrocinio y el apoyo
financiero de Estados Unidos, se ha buscado erradicar
el cultivo de la coca en las cuencas donde se produce
—que son alrededor de 13—, sea por la fuerza o
mediante la llamada erradicación gradual, voluntaria y
concertada, tendencia que hoy en día se ve reforzada
por los programas de erradicación forzosa, que a todas
luces se han mostrado ineficaces. Las estrategias represivas,
caracterizadas por las fumigaciones furtivas que
enardecen a la población, ajenas al rol vigilante y respetuoso
de los acuerdos firmados que debería tener el
Estado, sumadas a los altos precios de los insumos para
fabricar la preciada droga para el Primer Mundo, han logrado
únicamente que se extiendan las plantaciones de
coca, en la actualidad el cultivo peruano más rentable.
Según el reciente informe de la ONU, la lucha por erradicar
las plantaciones ilícitas de coca registra resultados
negativos en el Perú y Bolivia, como se deduce claramente
de su expansión. John Walsh, director del área
de Políticas Antidrogas de la Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos (WOLA), ha señalado que
los números proporcionados por la ONU indican
que los programas financiados por el gobierno estadounidense
no rinden los resultados esperados y se
encuentran distanciados de la realidad social de los
países andinos [...] el Informe de la ONU ratifica lo
que hemos dicho siempre. La guerra contra las drogas
que libra Estados Unidos en América Latina ha
fracasado por no alcanzar ni siquiera sus objetivos
básicos. [...] en los últimos 25 años, Washington ha
gastado casi 45 mil millones de dólares en esfuerzos
de interdicción y programas de erradicación, con la
ilusión de detener la producción de drogas en países
extranjeros, pero la cocaína que se vende en las
calles norteamericanas sigue siendo abundante y
barata. [...] los funcionarios del Gobierno deberían
revisar los datos y reconsiderar los miles de millones
que están siendo gastados en una política ineficaz. 1
Estas declaraciones corroboran, en primer lugar, el fracaso
de las llamadas estrategias de desarrollo y sustitución
por cultivos alternativos —café, cacao, frutales—,
que son débiles y no cuentan con apoyo ni financiamiento
estatal. Estas estrategias han sido dejadas en manos
de ONG norteamericanas a las que el Estado peruano
no tiene forma de fiscalizar. La Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), rectora de las
políticas de cultivo alternativo, no solo carece de presupuesto
sino que tampoco tiene ninguna autonomía
soberana nacional que le permita diseñar y monitorear
con seriedad estas acciones.
El incremento de los enfrentamientos con los campesinos
cocaleros, quienes rechazan ser confundidos con los
narcotraficantes y cada día están mejor organizados en
su guerra contra los «erradicadores», pone de manifiesto
que las mencionadas políticas enardecen a la población
y generan episodios de violencia como los sucedidos
en febrero en Tocache —donde hace dos años se
abrió una oficina de ENACO—, que culminaron con la
toma de la ciudad como reacción frente a los efectos
tóxicos de las fumigaciones, según denunciaron los campesinos
de la zona. 2
En la práctica, como lo afirma Ricardo Soberón, integrante
de la Comisión Andina de Juristas,
[E]l desarrollo alternativo no es política de Estado: si
lo fuera, tendríamos a todos los sectores impulsando
una política integral que favorezca a los productores
y sus productos, asegurando mercados locales
[...] mientras se aplica una política represiva indiscriminada
e inútil en el campo de las drogas. Indiscriminada
porque la gran mayoría de los detenidos
son los eslabones más débiles de la cadena: miles de
consumidores detenidos y productores erradicados
por año. [E] inútil porque los grandes capos siguen
libres, y el negocio va viento en popa: más de 500
toneladas de cocaína a Estados Unidos a razón de
30 mil dólares el kilo. 3
También constituye un fracaso la política de «impulso
real a cultivos alternativos de desarrollo», porque además
de que no existe una priorización económica nacional,
atentan contra ella las condicionalidades de la magra
ayuda de Estados Unidos, más allá del discurso de responsabilidad
compartida. El especialista agrario Eduardo
Zegarra M. destaca cómo los escasos fondos asignados
a la lucha contra las drogas mediante el desarrollo
1 El Comercio, 15 de junio de 2005.
2 Ante las denuncias de los pobladores y la congestión en las postas
médicas, la Defensoría del Pueblo ordenó, recién 15 días después
de los hechos, una investigación al respecto.
3 «Las diez falacias de la política antidrogas». La República, 27 de mayo de 2005.
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JULIO – AGOSTO 2005
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temas de análisis
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alternativo, que fueron recortados sustantivamente en
febrero de este año, «deben ser gastados por entidades
privadas norteamericanas, que no están sujetas a
la legislación peruana sino norteamericana. Igualmente,
los Estados Unidos condicionan anualmente todas las
acciones de desarrollo alternativo a una erradicación
inmediata de cocales (ahora llamada “erradicación voluntaria”)».
4
Estas políticas de corte represivo buscan que los campesinos
se convenzan de que les conviene cambiar de
cultivo, cuando no existe ningún grado de confianza ni
políticas creíbles —mercados y apoyo técnico— que
den visos de sostenibilidad al proyecto de sustituir los
cultivos de la rentable coca, acicateados por la demanda
proveniente del Primer Mundo.
Sendero se hace presente
En estos focos de conflicto, tanto en el Alto Huallaga
como en otras zonas, se asientan, de una u otra manera,
los rezagos recompuestos de Sendero Luminoso. Paradójicamente,
como señalara en una entrevista Alejandro
Córdova, alcalde de Huanta, en el contexto de las referidas
políticas el Estado aparece como agresor mientras
Sendero se muestra como protector de la economía
campesina. Dicho sea de paso, nadie puede explicar la
desidia respecto al asfaltado de los 70 kilómetros de la
carretera Huanta-San Francisco, que constituiría una
vía de salida para los cultivos alternativos que allí se incentiven.
Recién después de cuatro años, en el reciente
discurso presidencial se ha anunciado la culminación de
esta obra.
Debemos de tener presente que la emboscada a la patrulla
policial que se dirigía de Tingo María a Pucallpa en febrero
pasado —en la que murieron tres policías a manos de los
senderistas, hecho que fue corroborado por la posterior
investigación— era, «sin duda, un mensaje de represalia a
la lucha antidrogas que se lleva a cabo en la zona», según
las sorprendentes declaraciones del director general de la
Policía Nacional, quien agregó que «mientras las fuerzas
del orden cerquen en mayor medida a los productores de
droga, habrá más atentados [...] para intimidarnos». 5
Felizmente, en este sombrío panorama se abren ahora
políticas de cooperación internacional que divergen
con claridad de las posiciones expuestas. Así, la Unión
Europea (UE) ha expresado recientemente su desacuerdo
con la erradicación forzosa de los cocales de la selva.
Fréderik Urfer, codirector europeo del Programa de
Desarrollo Alternativo Pichis-Palcazu, señaló que «la óp-
tica [de la UE] es completamente antimilitarista y opuesta
a una política que solo contemple la erradicación de los
cultivos», enfatizando que esta zona «cuenta con un vastísimo
potencial agroindustrial»; a pesar de esto, el presidente
de DEVIDA declaró «tenemos una política muy clara;
no podemos de ninguna manera parar la erradicación». 6
El jefe de la delegación de la Comisión Europea en el
Perú, embajador Mendel Golstein, remarcó que dentro
del llamado a la «responsabilidad compartida» está
el compromiso que asume una de las partes respecto a
reducir el cultivo, pero también el que asume la otra,
de reducir el consumo. Es decir, se postula una visión
distinta de lo que significa cooperar, que ciertamente
pasa por una conceptualización diferente.
La política estatal represiva, carente de credibilidad y de
consenso en una población que vive presionada por las
crecientes condicionalidades de la ayuda norteamericana
—que ahora parecen pasar por la firma del Tratado de
Libre Comercio— ha abierto una peligrosa espiral de violencia
que corre el riesgo de agudizarse. Estamos frente
a un sector campesino que, ante el abandono del Estado,
ha encontrado una forma de sobrevivir ubicándose en la
débil y borrosa frontera entre la legalidad y la ilegalidad.
De hecho, como lo hemos visto, este sector ha conformado
organizaciones con las cuales es preciso dialogar. 7
En este contexto, la reciente ordenanza del gobierno
regional cuzqueño constituye una respuesta a la ausencia
y/o insuficiencia de la presencia estatal en áreas clave
de cultivo, plantea un serio desafío al Estado nacional y
pone sobre el tapete la debilidad de este, al haber abdicado
de su soberanía en materia de combate contra el
narcotráfico. También se ha dicho, como lo ha destacado
recientemente el analista Juan Paredes Castro, que
«el Perú no tiene una política definida sobre los cultivos
de coca ni sobre la lucha contra el narcotráfico y los
factores y acciones que los interpretan». 8
4 La República, 27 de febrero de 2005.
5 Correo, 22 de febrero de 2005.
6 La República, 18 de junio 2005.
7 En ese sentido, resultan preocupantes las declaraciones del nuevo
primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, en el sentido de que su
gestión se caracterizará por el «principio de autoridad» y la imposición.
Una consecuencia de esta postura podría haber sido la ausencia
de los representantes del Ejecutivo en la Mesa de Diálogo con el
Movimiento Cocalero, que se realizó el 12 de agosto en Huamanga.
Actitudes de este tipo solo conducen a enardecer a los campesinos
involucrados, quienes han anunciado su propósito de radicalizar el
movimiento. Así, esta inexplicable falta puede generar, eventualmente,
situaciones de violencia.
8 «Ni Cuaresma ni Ericsson ni Bruce ni Olivera». El Comercio, 3 de
agosto de 2005.

Pero no solo no se impulsan los cultivos alternativos mediante
un compromiso prioritario y fiscalizador: ENACO,
que alienta las inversiones en el negocio legal de la hoja
de coca buscando formas de industrializarla, ya entró en
colisión con las posturas de DEVIDA. Como ha señalado
El Comercio, 9 los ministerios de la Producción y de Salud
—este último a través de la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA)— impulsaron tímidamente el lanzamiento
al mercado de la hoja de coca industrializada
en bebidas energizantes, dentífricos y otros productos,
pero por presión de DEVIDA, la iniciativa fue repentinamente
vetada por la propia DIGESA, luego de que esta
había autorizado que se invirtieran capitales nacionales.
Por otro lado, como lo señala Michael Shifter, vicepresidente
de Diálogo Interamericano, «[s]i Estados Unidos no está
dispuesto a invertir seriamente en proyectos alternativos
de desarrollo, su programa está condenado al fracaso» 10 .
En esta misma línea, a propósito de la movilización campesina
y el conflicto social producidos en marzo de 2003
SOBRE LAS AFPS Y EL SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES
La aparición de una nueva administradora del fondo de
pensiones (AFP) —Prima del Grupo Crédito— ha generado
una serie de expectativas sobre el rumbo que
seguirá este sector. Se espera que la entrada de Prima
AFP incremente la competencia.
En la actualidad hay cuatro AFP: Integra, Horizonte, Unión
Vida y Profuturo. Hasta diciembre del 2004, las dos primeras
concentraban 58,6% de los fondos de pensiones, nivel que
está por encima del promedio latinoamericano. Para el Banco
Mundial, un indicador de la escasa competencia en el sector
son las mínimas variaciones que experimentaron las comisiones
cobradas por las AFP durante el período 1998-2003. 1
Cuadro 1
en Aguaytía, el periodista Federico Salazar declaró lúcidamente:
«No se puede acusar a los dirigentes cocaleros de
narcotraficantes. Hablar de la alianza narco-terrorista es
obviar el verdadero problema social. [Esa] violencia se va a
traducir en un mayor enardecimiento de la población; si el
gobierno no dialoga, las cosas van a empeorar». 11
En síntesis, mientras los grandes narcotraficantes que
lucran con el negocio siguen libres, se persigue al pequeño
productor que no tiene otra alternativa. Esta política
viene convirtiéndose en una amenaza permanente
para la gobernabilidad.
9 «Industria legal de la coca enfrentada con políticas de DEVIDA». El
Comercio, 23 de enero de 2005, B-1. Los representantes de ENA-
CO señalan que han encontrado en la coca «un insumo altamente
nutritivo» y declaran: «nosotros tenemos extractos para elaborar
caramelos, jabón, champú, pasta dental... pero no hay interés».
10 Entrevista. La República, 18 de julio 2005.
11 «El cocalero no es narcotraficante». Perú 21, 1.º de marzo de 2003.
Humberto Ortiz
Asistente de docencia del Departamento de Economía PUCP
A ello se suma que, según la Asociación Internacional
de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones
(AIOS) 2 , los gastos operativos de las AFP peruanas
representan 12,6% de la recaudación, porcentaje por
encima del promedio latinoamericano. Cabe anotar que
los gastos operativos han ido reduciéndose, luego de alcanzar
su máximo nivel en 1997. Sin embargo, se espera
que estos reviertan su tendencia debido a un mayor gasto
en publicidad ante la entrada de Prima AFP.
Al respecto la Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS) ha tomado una serie de medidas para incentivar el
ingreso de nuevos competidores. Estas medidas han hecho
que se reduzca el tiempo que le toma a un afiliado
traspasar sus fondos de una AFP a otra —de ocho días a
un día— y que las AFP ofrezcan planes de permanencia,
de tal forma que puedan asegurarse de contar por un
tiempo mínimo con los fondos de un afiliado a cambio
de cobrarle una tasa de comisión menor.
1 World Bank. Peru Restoring the Multiple Pillars of Old Age Income Security.
Report n.º 27618-PE, 2004.
2 AIOS. Boletín Estadístico. Varios números, diciembre de 2004.
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temas de análisis
16
Con respecto a las comisiones que recaudan las AFP,
Prima ha anunciado que cobrará una comisión variable
de 1,5%, lo que representa una reducción de 34% con
respecto al nivel de comisión promedio del sistema
(2,27%). Las otras AFP no se han demorado en reaccionar.
Integra ha anunciado que disminuirá su comisión
de 2,1% a 1,8%, mientras que, por otro lado, se espera
que Horizonte rebaje su comisión de 2,25% a una tasa
que esté entre 1,8% y 1,85%. Cabe resaltar que las
comisiones variables cobradas por las AFP peruanas son
las más altas de la región.
Sin embargo, más importante que la reducción del nivel
de comisiones que cobran las AFP es el incremento de
la rentabilidad. Esto se puede mostrar con un ejercicio
simple. Si se asume que el aporte anual es de 900 nuevos
soles y que la rentabilidad real es de 7,5%, la tasa
de comisión variable es de 2,27% y la de seguro de vida
de 0,9%. En el gráfico 1 se analizan dos escenarios: uno
en el cual se reduce la tasa de comisión en 0,77% (de
2,27% a 1,5%) y otro en el que se incrementa la rentabilidad
en la misma magnitud (de 7,5% a 8,27%). Se observa
que el impacto del incremento en la rentabilidad
es mayor que la reducción de la comisión; en el primer
escenario, el fondo de pensión se incrementa 0,74%,
mientras que en el segundo en 23,32%.
Gráfico 1
Sobre esta base cabría preguntarse qué medidas se deben
tomar para incrementar la rentabilidad de las AFP. La rentabilidad
de los fondos depende de la rentabilidad de los
activos en los que se invierten y del nivel de riesgo asociado.
Debido al escaso desarrollo del mercado de capitales
local —poco líquido y poco diversificado—, hay exceso
de demanda por activos financieros —bonos, acciones
y otros—. Algunos autores sugieren que se debe buscar
invertir en otras plazas financieras, de tal manera que se
permita incrementar la rentabilidad de los fondos y, al mismo
tiempo, reducir el riesgo —gracias a una mayor diver-
sificación—. Por ello se plantea incrementar el límite de
inversiones al exterior. Actualmente, el límite legal es de
20%, mientras que el límite operativo, fijado por el Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP), está en 10,5%.
Sin embargo, otros autores sugieren que no se debe
ampliar el límite ya que ello llevaría a que se ponga en
peligro la estabilidad monetaria. Adicionalmente, afirman
que es necesario que se desarrolle el mercado de
capitales doméstico, en el que las AFP jugarían un rol
importante. Sin embargo, se pueden encontrar mecanismos
adecuados que permitan a las AFP incrementar
sus inversiones en el exterior sin comprometer la estabilidad
macroeconómica. 3 Hay un debate al respecto.
Un punto preocupante es el limitado alcance que tiene
el sistema privado de pensiones (SPP). En diciembre de
2004, el porcentaje del número de aportantes al sistema
era de 11,6% de la población económicamente activa
(PEA). Ello se debe, entre otras causas, a las características
peculiares del mercado laboral, que tiene una mayoría
de trabajadores informales y/o independientes y una alta
rotación —los trabajadores permanentes representan
una minoría—. Estos rasgos plantean un importante reto
para el SPP. Se pueden crear mecanismos que permitan
incrementar el número de afiliados y la política tributaria
puede contribuir a dar los incentivos correctos.
Cuadro 2
Un aspecto central es resaltar la importancia de estimular
la mayor competencia en el sector de AFP, lo que
generaría, a su vez, AFP más eficientes. La entrada de
Prima AFP podría incrementar la competencia. Al respecto,
la política de fusiones y adquisiciones dentro del
sistema juega un papel importante. Por último, no se
debe perder de vista que el objetivo del SPP es maximizar
la pensión del trabajador. Un desafío del sistema es
aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones.
3 Véase Morón, Eduardo y Eliana Carranza. Diez años del sistema privado
de pensiones. Avances, retos y reformas 1993-2003. Lima: Centro
de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2003.

ANDE O NO ANDE, CABALLO
GRANDE: LA CREACIÓN DE LAS
NUEVAS REGIONES EN EL PERÚ Carlos Contreras
De los 24 departamentos en que está dividido el Perú, 21
tienen más de cien años. En el siglo XX fueron creados solamente
cuatro: Madre de Dios (1912), Tumbes (1942),
Pasco (1944) y Ucayali (1980). Todos los demás nacieron
en el siglo XIX como herencia de las intendencias coloniales.
En el inicio de la República, estas eran ocho —Trujillo,
Lima, Arequipa, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cuzco
y Puno—, y durante los años 1840 a 1880 se fraccionaron
hasta duplicar su número inicial. Así, Trujillo dio a luz a
los departamentos de Piura, Cajamarca y Lambayeque;
Arequipa a Moquegua; Cuzco a Apurímac, etcétera. Paradójicamente,
esta multiplicación de los «departamentos»
—como pasaron a llamarse las intendencias en el
gobierno independiente— ocurrió en forma simultánea
a la centralización de los ingresos estatales, durante la ya
famosa «era del guano». Vale decir que a medida que los
ingresos recaudados por el Estado se concentraban más
y más en las oficinas de la capital, el número de las administraciones
regionales tendió a crecer.
Esa era, después de todo, una respuesta lógica: si el funcionamiento
económico del Estado tomaba cada vez más
la forma de un reparto de dinero desde un centro, todos
querían estar lo más cerca posible de este. Ser departamento
era mejor que ser provincia, y ser provincia mejor
que ser distrito. La aspiración de toda comarca del
Perú era, así, convertirse en un departamento propio, y
de esta manera tener su cuota directa en los presupuestos
de la República. Al viajar por el Perú se constata, en
efecto, que los héroes locales son muchas veces aquellos
hombres que consiguieron «la creación» del departamento
o «la autonomía» de la zona como una nueva provincia,
que para comunicarse con el centro ya no tenía que depender
de otra ubicada más arriba. Muchas rebeliones en
el interior fueron aplacadas por el Estado central con la
sinecura de «ascender» a la zona litigiosa a una categoría
más alta. En épocas en las que las repúblicas sudamericanas
todavía se disputaban a cañonazos sus territorios, las
zonas limítrofes también fueron engreídas por Lima, que
les otorgó la categoría de «departamentos». Se procuraba,
así, que no se sintieran relegadas por el centro y se
identificaran más con el país vecino.
Los gobernantes de hoy se han planteado, en cambio,
una empresa que va en el sentido contrario, lo que es
francamente notable, ya que contradice más de un siglo
Profesor del Departamento de Economía PUCP
y medio de historia: reducir el número de los departamentos
o, como han pasado a ser rebautizados ahora,
las «regiones». No se nos ha dicho cuál sería el número
ideal de regiones: ¿6, 8, 12? Pareciera, simplemente,
que mientras más grandes resulten, mejor. De pronto
las cosas salen tan bien que nos quedamos con solamente
dos o tres, como en la época de la Confederación
Peruano-Boliviana.
No se entiende, francamente, para qué se quiere regiones
más grandes. El único beneficio claro es el de
las economías de escala: si hay menos gobiernos regionales,
la administración regional sería menos costosa.
Los otros argumentos resultan más débiles, o por lo
menos polémicos. Se señala, por ejemplo, que a mayor
tamaño, los gobiernos regionales dispondrían de mayores
mercados, más recursos naturales y de tipo más
variado. Con esa lógica, la ONU o el Banco Mundial
también deberían instar a los países pequeños a anexarse
o fundirse dentro de otros mayores. Pero cuando
uno ve que en el mundo hay países pequeños que son
una maravilla y otros países grandazos que son un desastre,
no llega a entender cuál sería el beneficio de la
región grande. ¿No resuelve acaso el comercio el problema
de la monotonía de los recursos o el tamaño de
los mercados? En plena era de la globalización y cuando
las comunicaciones —incluso las físicas— se concretan
en apenas una fracción de tiempo de lo que ocurría en
épocas pasadas, ¿estamos pensando que los gobiernos
regionales necesitan un territorio donde esté presente
todo aquello que necesita el hombre, como en la época
del mercantilismo?
Uno diría, bueno, si la idea es descentralizar la recaudación
fiscal desandando el camino tomado desde la era
del guano, retroceder en el número de departamentos
o regiones tiene su lógica, puesto que cada nueva
región debería ser capaz de sostener su propio gasto
fiscal y es evidente que hoy muy pocos departamentos
o regiones podrían subsistir únicamente con los ingresos
fiscales en ellos recaudados. Pero descentralizar la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT) no parece ser la intención ni el programa del
actual proceso descentralizador. De modo que el gobierno
central seguirá recaudando y repartiendo. Si esa
es la lógica, ¿quién querrá retroceder, entonces, en la
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JULIO – AGOSTO 2005
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temas de análisis
18
escalera de la autonomía territorial? ¿Moquegua querrá
volver a depender de los arequipeños, Tumbes de los
piuranos y Apurímac o Madre de Dios de los cuzqueños?
Por ello se ha necesitado poner un «incentivo» a
la fusión de regiones: si te juntas con otra, te doy un
premio, que consiste en más dinero en el reparto de las
rentas recaudadas por el Estado central. Como hoy en
día el dinero compra muchas cosas, es posible que hasta
las identidades departamentales tengan su precio.
Sobre la base de nuestra experiencia histórica, podemos
afirmar que la población de las regiones llamadas a
fusionarse va a reaccionar, con toda razón, con mucho
recelo. Nada asegura que el caramelo que se ofrece hoy
para que los votantes digan «sí» en el referendo que se
avecina se mantendrá mañana. Así se explica que buena
parte de las poblaciones del interior haya optado por
mantener un rol de espectador en este primer intento
de fusión con incentivo. Lo prudente es que otros se
lancen a la piscina primero y ver qué pasa.
En el actual programa de descentralización se está descuidando
un aspecto: si bien en economía la mayor escala
de las cosas puede ser preferible, en el campo de
la política, en cambio, lo pequeño suele ser hermoso,
como decía Schumacher. Una comunidad más pequeña
es, por lo general, más homogénea; articula sus intereses
con mayor facilidad, es más sencillo representarla y,
por lo mismo, puede llegar a acuerdos con mayor fluidez
que una grande, heterogénea y esparcida en un amplio
espacio. Para Sudamérica, esta es la lección de historia
republicana que nos dejó Chile, nuestro vecino del sur.
Un país que al iniciar su vida independiente no era más
que una estrecha faja de costa entre Coquimbo y Valdivia,
que se comunicaba fácilmente por vía marítima y no
reunía más población que la que hoy tiene la ciudad de
Trujillo pudo hacer una transición de la Colonia a la vida
republicana mucho más exitosa y pacífica que la de sus
vecinos más grandes y poliformes.
No juguemos, pues, nosotros los del centro, con las regiones,
ofreciéndoles unos millones de soles como se
agita una pierna de pollo frente a un mendigo. Dejemos
que su voluntad de fusión o autonomía se exprese con
responsabilidad y sin presiones. Seamos conscientes de
que la reunificación de las regiones tendría que ir de la
mano con la descentralización de la recaudación fiscal. Si
el Estado central quiere seguir reteniendo la bolsa —o
cuando menos la mayor parte de esta—, que no espere
que las regiones digan sí en los referendos que vienen.
AUTORIDADES
SUBVERSIVAS, CIUDADANOS
TRANSGRESORES. SOBRE LA
CORRUPCIÓN EN EL PERÚ Jaris Mujica
La corrupción no es algo nuevo ni se produce de un solo
modo ni es monopolio del Estado. La corrupción atraviesa
todas las clases sociales, las redes, las instituciones,
las esferas políticas. La corrupción es un fenómeno cotidiano,
común, casi normal. Ahora, es justamente esta
normalidad, esta cotidianidad, la que hace de la corrupción
un fenómeno tan importante, pues no se muestra
como una excepción a las reglas de juego, sino más bien
como una práctica tan común que a veces hasta la perdemos
de vista. De este modo, la corrupción parece
disponerse como parte del sistema y no como una ruptura
tajante de sus estructuras, de sus reglas o de sus
disposiciones formales.
Egresado de la Especialidad de Antropología de
la Facultad de Ciencias Sociales PUCP
1.
En la literatura sobre la corrupción se suele pensar
que esta proviene o es originada sustancialmente por
agentes privados, es decir, que la corrupción es la
desnaturalización de los cargos públicos o el abuso
de los bienes públicos por parte de agentes privados.
En dicha mirada, estos actores subvierten la disposición
de las normas y rompen las reglas formales de
juego, ocasionando pérdidas económicas. La corrupción
se generaría, entonces, cuando un actor privado-individual
se introduce en el espacio público para
corromperlo o corromper a los agentes públicos o a
las autoridades.

Esto obliga a plantear inmediatamente una pregunta: ¿qué
sucede cuando las autoridades o agentes públicos son
quienes generan, practican o incitan la corrupción? En el
Perú, la analogía «privado-público, corruptor-corrompido»
no es suficiente. Las cosas son más complejas, pues la corrupción
provee un juego confuso y multidireccional que
implica relaciones variadas entre lo público y lo privado: el
agente corruptor —si es que se lo puede identificar— o el
acto corrupto pueden provenir de cualquier espacio.
Así, no es que ciertos individuos subviertan el sentido
y el buen funcionamiento de las instituciones, sino que
también las autoridades y las instituciones practican y
generan actos corruptos. Las instituciones y grupos de
poder se convierten, de este modo, en autoridades subversivas,
generando modos de trasgresión de las reglas
que ellas mismas «deberían» resguardar. Las autoridades
subversivas funcionan basándose en mecanismos de
corrupción, redes de poder paralelo, mecanismos de
evasión y manipulación de la ley, de las reglas y de las
normas formales; este conglomerado de prácticas no
responde a un juego improvisado de acciones, sino a
una maquinaria institucionalizada en la acción.
2.
Lo interesante de estas prácticas es que no constituyen
una simple ruptura del sistema, sino una manera diferente
de poner en práctica la política. Así, aquello que llamamos
informalidad no se ubica fuera de las instituciones,
sino que incluso las constituye. Es decir, la corrupción,
al menos en su disposición práctica cotidiana, se pone
en escena como una manera de plantear las relaciones
sociales antes que como un mecanismo de disolución,
ruptura o quiebre. Esto lleva a pensar que estas acciones
permiten ordenar la política de una manera diferente, a
través de formas institucionalizadas en las prácticas (no
formalmente). Se trata de entender que la corrupción no
se ubica al margen del sistema, sino que es parte de él, y
que incluso a veces hasta le da cierto orden.
Esta disposición práctica obedece a maneras de relacionarse
con la política y de plantear la autoridad. Las autoridades
subversivas se encuentran con ciudadanos trasgresores,
quienes actúan en un sistema caracterizado por la
inestabilidad (política, económica, laboral), en el que las
instituciones formales no proveen seguridad a los actores
sociales. Aquí, donde la confianza en las instituciones
y en los otros actores es difícil debido a las condiciones
del sistema, la corrupción parece ser un mecanismo que
funda otros modos de construir redes y formas de unificación
grupal, así como de obtener beneficios (políticos,
económicos y sociales): aquí la confianza parece trocarse
en complicidad. Así, en un espacio incierto, poco predecible,
la complicidad, sostenida en la «seguridad por la desconfianza
mutua», empieza a funcionar como un nodo de
acción y relación. La corrupción funciona a través de este
juego y se muestra como una forma de plantear las interacciones
y de estructurar la política.
3.
En esta dinámica de relaciones, la corrupción empieza a
funcionar como un medio para crear grupos, alianzas y
segmentos móviles. Los actos de corrupción muestran
modos de intercambio y obligan a la reciprocidad: devolver
el favor, crear pequeñas y grandes redes de «deudas»,
simbólicas y materiales. Pero existe también una forma
más cotidiana y performativa de la corrupción. Las coimas
a la policía o a los funcionarios públicos implican que
las autoridades subversivas pongan en escena un sistema
de relaciones con ciudadanos trasgresores. Lo importante
de este juego es que, volviendo a una de las ideas anteriores,
esta relación entre ciudadanos y autoridades se
establece a partir de una serie de códigos aprendidos (un
sistema performativo), más o menos reconocibles y dispuestos
como herramientas cotidianas de la interacción
social. Sabemos qué palabras y estrategias utilizar para
ofrecer un soborno o pedirlo (en el caso de los funcionarios):
«¿cómo hago para agilizar este trámite?», «jefe,
quisiera colaborar con usted y su institución», «no quiero
perjudicarlo» o «no sé cómo podríamos arreglar».
Esto no solo sugiere que en la vida cotidiana existen modos
altamente sofisticados de realizar actos corruptos,
sino que estos se disponen en una suerte de institucionalidad
práctica: tienen una significación clara para los
actores sociales, se utilizan con frecuencia ante ciertas
situaciones, son recurrentes, producen resultados más
o menos esperados. Se ha establecido una suerte de estructura
informal de relaciones entre los ciudadanos y
las autoridades. Esta no solo se pone en escena en los
pequeños actos de corrupción de la vida cotidiana sino
también en las grandes cúpulas de poder del Estado y
otras instituciones sociales y políticas.
4.
A pesar de esto, no se puede decir que la corrupción es
un mecanismo completamente asentado o que ha pasado
a formar parte de una costumbre inconsciente de
los actores, pues esta actividad implica técnicas de juego
altamente estratégicas. Sin embargo, no por eso se puede
decir que es totalmente improvisada o espontánea y
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
CISEPA - PUCP
JULIO – AGOSTO 2005
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temas de análisis
20
que no tiene un asidero en los modos de pensar y plantear
la política en nuestro país. Así, la corrupción y las
formas de trasgresión asociadas a esta no son precisamente
«disciplinas» de acción: son recurrentes, pero no
estables; son prácticas rituales, pero no completamente
estandarizadas; son técnicas cotidianas, pero varían en
la puesta en escena; son utilizadas diariamente, pero no
son abiertamente practicadas ni formales.
Esto lleva a indicar que hay modos de poner en escena el
poder y la política que se ubican en un punto medio entre
los polos de la hiperformalidad y el caos radical. La corrupción
es uno de estos modos, lo que hace mucho más
complejo su estudio y difícil su combate: se trata de una
relación compleja y performativa. Esto permite entrever
que los modos en que se ha estudiado este fenómeno
tienden a dejar de lado el carácter eminentemente activo
de su propia disposición social. Por ejemplo, en este panorama,
el modelo del «principal agente» pierde fuerza
(pues es difícil determinar con claridad la posición de los
actores, que intercambian escenarios constantemente).
La corrupción es entonces, como hemos dicho, una forma
institucionalizada en la acción; no se trata de una actividad
casual, no constituye una reacción inconsciente,
sino más bien una técnica comúnmente utilizada. Implica
cierto orden, regularidad y recurrencia, pero no está predeterminada,
se pone en acción estratégicamente.
5. La corrupción muestra uno de los rostros más cotidianos
del poder y de la autoridad. Ahí donde parece negarse,
la política expresa con la corrupción su forma más
silenciosa, aquello que pretende ocultar. Las autoridades
LECCIONES ECONÓMICAS
DE LOS CASOS DE
ARGENTINA Y SUECIA
Los casos de Argentina y Suecia son, por distintas razones,
problemáticos para pensadores de orientación
neoliberal como Mario Vargas Llosa y Mauricio Rojas,
historiador económico chileno radicado en Suecia. Vargas
Llosa recientemente ha escrito un artículo de opinión
titulado «Hacerse el sueco» 1 ; entiéndase por «hacerse
el sueco», hacerse el desentendido, fingir no ver o
enterarse de algo, para evitarse una incomodidad.
subversivas se muestran, en este ámbito, reinventando el
funcionamiento y el orden de las instituciones desde adentro.
Esto nos obliga a entender que las trasgresiones periódicas
del orden establecido son parte del propio orden
social y «muchas veces funcionan como condiciones para
su propia estabilidad». Esto sugiere que —como ha indicado
Vich refiriéndose a Zizek—, «lo que mantiene unido a
un grupo social, es decir, lo que le proporciona la cohesión
necesaria para su existencia, no es tanto la identificación
con la ley, sino, más bien, la identificación con formas especificas
de transgresión y de evasión de esas normas». 1
En la vida cotidiana y en los grandes poderes del Estado,
la corrupción genera y fecunda constantemente nuevas
alianzas, nuevas complicidades, nuevos modos de jugar
con las reglas replanteándolas a través de las trasgresiones
constantes. Las autoridades son subversivas y los
ciudadanos trasgresores, pero contra lo que podría parecer
a simple vista, estas prácticas y estos actores no
destruyen simplemente el entramado político y social,
sino que lo dotan de una estructura performativa, móvil,
que atraviesa todos los campos. Ahora, si bien no se trata
de decir que la corrupción es una práctica liberadora
y mucho menos deseable, es importante comprender
que este modo de plantear la política y las relaciones
sociales, la corrupción en todas sus formas, parece imponer
las reglas de un juego que todos hemos aprendido
a jugar y que ponemos en práctica todos los días.
1 Vich, Victor. El discurso de la calle. Lima: Red para el Desarrollo de
las Ciencias Sociales, 2001. p. 177.
Jan-David Gelles Caner
Profesor del Departamento de Economía PUCP
Poca duda cabe acerca de que el neoliberalismo ha traído
consecuencias económicas y sociales negativas —la palabra
ha cobrado, con justicia, un sentido peyorativo—, pero
aquí el problema es para los ideólogos de esta tendencia. 2
1 El artículo fue publicado en la edición digital de El País el 7 de agosto
de 2005 .
2 Véanse las críticas de Joseph Stiglitz al neoliberalismo en el artículo
de opinión titulado «El consenso después del consenso», publicado

Las intenciones de ambos pensadores parecerían, primero,
desvincularse del fracaso de las reformas neoliberales
implementadas en Argentina durante el período
1976-2001/2002; y segundo, desprestigiar alternativas
existentes, como el «modelo sueco».
En el caso del país sudamericano, existiría, según ellos, una
confusión semántica generada por el uso del término neoliberal
para referirse a las políticas de «gobernantes mafiosos»;
mientras que en el caso del país nórdico, habría un
resquebrajamiento del estado de bienestar sueco, ejemplificado
por la privatización —parcial— de las pensiones de
jubilación y otras reformas favorables al mercado.
Argentinargentina
Para darse cuenta de la magnitud del deterioro de la posición
relativa de la clase trabajadora argentina, se puede
destacar que la participación de los asalariados en el producto
bruto interno (PBI) de ese país llegó a un nivel de
47,68% en 1955 —año del fin de los primeros gobiernos
peronistas—, mientras que le correspondió una cifra de
33,49% en 1999 —el peronista Menem entregó el poder
en diciembre de ese año— y es 23,87% en 2004, durante
la administración peronista de Néstor Kirchner. 3
Hay, pues, una marcada tendencia regresiva por la cada
vez menor proporción de la masa salarial en el ingreso
de los argentinos; es decir, un incremento del excedente
de explotación.
Parafraseando al Roberto Arlt de Los siete locos, se podría
decir que los peronistas son bolcheviques, católicos, fascistas,
ateos, militaristas en diversos grados de iniciación.
Como señalan Mario Rapoport y colaboradores en un libro
sobre la historia económica, política y social de la Argentina
recientemente publicado —una proeza intelectual
de más de 1.100 páginas—, las reformas económicas
neoliberales, inicialmente impuestas por la última dictadura
militar (1976-1983), recibieron el apoyo de importantes
organizaciones empresariales de ese país, como
el Consejo Empresario Argentino (CEA), que «agrupaba,
de manera selectiva, a los empresarios más importantes
de los diferentes sectores de la economía». 4
En 1976 se inició un cambio del modelo económico
prevaleciente en la etapa de industrialización proteccionista
—Argentina había abandonado con anterioridad
su tradicional liberalismo basado en la agroexportación,
como resultado de la crisis mundial de la década de
1930— y se adoptaron políticas tendentes a favorecer
«la acumulación rentística y financiera». 5
Tras la liberalización comercial, hubo un boom importador
que ocasionó un derrumbe muy pronunciado en
los sectores económicos vinculados al mercado interno.
Esta situación no puede ser enteramente atribuida a ineficiencias
microeconómicas relativas ni tampoco a una
composición anómala del PBI industrial por ausencia de
una industria compleja en la Argentina.
Esas reformas se profundizaron con las privatizaciones
menemistas de las empresas públicas argentinas, mediante
las cuales «grandes grupos de capital nacional y las grandes
empresas transnacionales» se aseguraron, a precios
de liquidación, un conjunto de mercados monopólicos y
oligopólicos; y de manera importante, permitieron destinar
los ingresos fiscales de esas privatizaciones a cumplir
con los pagos de la enorme deuda externa argentina. 6
Las reformas neoliberales en Argentina fueron implementadas
por una serie de gobernantes que actuaron
tanto en tiempos de dictadura como de democracia,
pero siempre aliados a los grandes empresarios nacionales
y extranjeros, así como al establishment económico
y financiero internacional.
Sueciauecia
En Suecia existe un amplio consenso ciudadano contrario
al desmantelamiento de los logros alcanzados a
través de las políticas de bienestar impulsadas por el Estado.
La prédica neoliberal en ese país se enfrenta con
el problema de que hasta los neoliberales suecos son
socialistas en diversos grados de iniciación.
El gasto social en Suecia —país con una economía altamente
globalizada— ascendió a 28,92% del PBI en el
año 2001, cifra superada únicamente por Dinamarca. 7
El ratio de gasto social sobre PBI alcanzó un valor de
36,77% en el año 1993, máximo de la década de 1990
para Suecia y el resto de países con estados de bienestar
avanzados. Pero tuvo que reducirse, en parte,
para financiar con dinero público un costoso rescate
en la edición digital de Página 12 el 21 de agosto de 2005
3 Véase Lindenboim, Javier; Juan M. Graña y Damián Kennedy. Distribución
funcional del ingreso en Argentina: ayer y hoy (documento de
trabajo). Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Económicas de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires y Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo,
2005
4 Rapoport, Mario y colaboradores. Historia económica, política y social de la
Argentina (1880-2000). Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2004 (5.ª edición).
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Véase OECD Factbook 2005 .
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
CISEPA - PUCP
JULIO – AGOSTO 2005
21

temas de análisis
22
bancario producto de la especulación financiera de la
década de 1980. 8
Referirse a la privatización —parcial— de las pensiones
de jubilación en Suecia no es falso, pero sí algo engañoso,
porque el grueso de éstas se financia según un esquema
de reparto a una tasa de 16% sobre las remuneraciones
del trabajador —aun después de la reforma del
año 1998—. Solamente una tasa adicional de 2,5% se
invierte en cuentas individuales de capitalización —vale
decir que de cada 100 coronas que aporta un trabajador
sueco, solamente 14 ingresan en la cuenta individual—.
Paradójicamente, el Estado sueco administra los fondos de
pensiones de jubilación más grandes provenientes de esas
cuentas individuales y cobra las comisiones más bajas, en
abierta competencia con las administradoras privadas. 9
Pero quizá lo más importante es que el Estado sueco
garantiza una pensión mínima universal e incorpora la
política social como parte del sistema de pensiones,
dado que las cajas que pagan seguro de desempleo y
seguro de enfermedad tienen la obligación de contribuir
al sistema de pensiones.
UNA ANTROPOLOGÍA
ANTE EL PERÚ DE HOY Cecilia Rivera
Son cuatro los congresos nacionales de investigaciones en
Antropología que se han realizado en el Perú. El primero
se celebró en 1985 por iniciativa del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, entonces una recientemente creada
dependencia del Estado. Esta institución buscaba difundir
en el país los avances del conocimiento en diferentes disciplinas
científicas —más bien enclaustradas en Lima—,
así como crear espacios y redes de comunicación con las
provincias. Antes del uso regular de Internet como medio
de comunicación científica y en momentos en que la violencia
política interna estaba en pleno crecimiento, este
primer congreso se realizó en el Centro Cívico de Lima,
todavía como parte de un intenso y crítico movimiento
intelectual. Es decir, a contracorriente de la reducción de
los espacios comunicativos y de las insuficientes condiciones
de seguridad para el trabajo de investigación en el
campo y la transmisión de preguntas y resultados.
Pasaron 12 años para que se realizara el segundo congreso.
Después de cierto letargo en el movimiento intelectual
y la investigación social y antropológica —inducido
por la censura, la polarización y el miedo que
promovieron las fuerzas políticas armadas en conflicto
durante la década de 1980 y la primera mitad de la de
1990—, un grupo de antropólogos de la Universidad
8 Véase Karl-Henrik Petterson. Bankkrisen inifrån. Stockholm: SNS
Förlag, 1993.
9 Véase John Turner. «Individual Accounts: Lessons from Sweden».
International Social Security Review, vol. 57, 1/2004.
Profesora del Departamento de Ciencias Sociales PUCP
Nacional San Cristóbal de Huamanga logró enfrentar el
aislamiento y superar la fragmentación de la disciplina
convocando al segundo congreso nacional. Este se realizó
en 1997 en la ciudad de Huamanga y marcó la vuelta
de los antropólogos a la investigación de campo en las
zonas rurales andinas. Desde entonces han sido las universidades
y sus secciones o escuelas de Antropología
las que se han encontrado en condiciones de turnarse la
posta para convocar a los investigadores. Haciendo un
recorrido por el país, el tercer congreso se realizó en
Arequipa en 2001 y el quinto nos llevará al Cuzco.
El cuarto congreso se desarrolló nuevamente en Lima,
entre el 1.º y el 6 de agosto, al cabo de veinte años de
la realización del primero. Esta vez, el encuentro rompió
las barreras prácticas y simbólicas que distancian a
los dos programas de formación de antropólogos más
importantes del país. Las áreas de Antropología de dos
universidades, una pública y otra privada, adecuaron sus
diferentes lógicas de funcionamiento y aunaron esfuerzos
para organizar conjuntamente un evento que llevó
por nombre La Antropología Ante el Perú de Hoy. En
las sedes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP), 750 personas inscritas pudieron asistir a

53 simposios, presentaciones de libros, documentales,
exposiciones y foros, para así apreciar el avance de una
disciplina en la que han surgido nuevos estilos de trabajo
y áreas de investigación. Escucharon a ponentes nacionales
y extranjeros, quienes presentaron balances de la
situación de la investigación antropológica en las diversas
regiones del Perú y en los países latinoamericanos,
así como las tendencias de los estudios peruanistas.
Los simposios incluyeron temas de los ámbitos en los que
se ha desarrollado el trabajo profesional y la investigación
antropológica durante los años recientes, y renovaciones
en áreas más bien tradicionales en la disciplina en el Perú.
Entre los nuevos campos en los que se consolida el ejercicio
profesional se incluyen, por ejemplo, la antropología
visual, los medios de comunicación masiva y la cibercultura,
así como el turismo, la empresa cultural, la museografía
y la gastronomía, pasando por temas como el género,
el ciclo vital y la salud, y sin duda los recientemente abordados
espacios de la antropología forense, la conciliación
de conflictos, la violencia, la memoria y los derechos humanos.
En estos campos se pueden apreciar los efectos
de la globalización, las nuevas orientaciones económicas
del país y los problemas políticos. La integración nacional,
la diversidad cultural, la religiosidad, las racionalidades
económicas, la ecología, las culturas tradicionales andinas
y amazónicas, la pobreza, la migración, el desarrollo
urbano, y también los conflictos y la organización política
siguen siendo preocupaciones centrales de los antropólogos,
pero los enfoques y aproximaciones a estos ámbitos
han cambiado. Discutimos ahora las posibilidades de la
interculturalidad no solo en la educación sino también
respecto de la economía, el hábitat y el poder. No examinamos
únicamente mitos, rituales y folclore sino también
la producción del poder en la esfera pública y la escena
cultural, ámbitos en los que los antropólogos trabajan
—como en otros campos— como activistas, funcionarios
y creadores. Y además empezamos a intervenir en
los medios audiovisuales para exponer y difundir los resultados
de nuestras investigaciones. La reciente historia
política y económica del Perú hace sentir su peso en la
disciplina o, visto desde el otro ángulo, el compromiso de
la disciplina con el desarrollo social y cultural del país es
ejercido plenamente.
Un conjunto de asistentes al Cuarto Congreso Nacional
de Investigaciones en Antropología, entre los que están
el historiador Manuel Burga —rector de la UNMSM—,
el antropólogo ecuatoriano Segundo Moreno y el etnomusicólogo
Raúl Romero, han reclamado a sus colegas
antropólogos peruanos poner en una perspectiva más
comprehensiva los juicios con los que evalúan el estado
de la investigación en Antropología como calamitoso o
aletargado. Los logros de la investigación antropológica
peruana son un punto de referencia obligado para
historiadores andinos y académicos latinoamericanos
—sostienen— y no solo fuente de información para
los investigadores del Primer Mundo. Además, la actividad
de los antropólogos peruanos no puede medirse
únicamente por comparación con los estándares de las
condiciones de trabajo y los logros de los académicos
de ese Primer Mundo.
Los encargados de realizar los balances regionales del
estado de la investigación en Antropología expusieron
las deficiencias en infraestructura académica —léase,
por ejemplo, inexistencia o inoperancia de bibliotecas,
oficinas y computadoras, así como los reducidos sueldos,
combinados con exiguos fondos e insuficiente respaldo
a la investigación, la excesiva carga docente del
investigador, las escasas oportunidades de participar en
publicaciones y redes académicas nacionales e internacionales—
y concluyeron que la situación de los antropólogos
deja bastante que desear.
Sin embargo, estos aspectos no son suficientes para
dar cuenta del quehacer de los antropólogos peruanos.
Ellos, en efecto, no viven en una torre de marfil; es más:
no quieren o no pueden ser mantenidos en esta. Entran
y salen de la academia, entran y salen de las instituciones
públicas y de la sociedad civil, y ahora también entran y
salen de la empresa privada. No solo son académicos
sino también profesionales cuyas condiciones de trabajo
los sitúan ante los temas de la agenda globalizada desde
las demandas de la sociedad peruana.
No se puede escamotear la necesidad de estar al día
en los debates que se producen en los centros de poder
cultural del mundo globalizado, pero eventos como
este congreso nacional, que activa las redes profesionales
y académicas de los antropólogos y los reúne, deben
servir para no desmoralizarnos ni perder de vista que
desde las vicisitudes de la sociedad peruana, se han producido
conocimientos, aplicaciones y silencios.
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
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JULIO – AGOSTO 2005
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análisis económico y social
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situación económica nacional
SECTOR REAL
Evolución del PBI
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), durante el primer semestre del año la producción
nacional creció 5,89% con respecto al mismo
periodo de 2004. Este resultado es producto del crecimiento
de todos los sectores.
PBI por sectores
Destaca el crecimiento de los sectores manufacturero
(6,46%), comercio (7,08%) y servicios (6,27%), y la recuperación
del sector agropecuario (4,75%). Por otro
lado, los sectores de menor crecimiento fueron pesca
(2,2%) y minería e hidrocarburos (2,56%).
Agropecuario
Según el INEI, el crecimiento del sector agropecuario durante
el periodo enero-junio (4,75%) es producto del buen
desempeño del sector agrícola (6,12%), explicado por el
incremento de las áreas sembradas y el mejor rendimiento
de los cultivos gracias a condiciones hidroclimáticas favorables.
El sector pecuario registró un crecimiento moderado
(2,54%) debido a la mayor producción de aves y vacunos.
Pesca
Esta sección de COYUNTURA: Análisis Económico y Social de Actualidad publicado por el CISEPA-PUCP, ha
contado con la colaboración de: Paul Agreda, Francisco Coello, Maria Deza, Milagros Deza, Paola Lazarte, Gina Marino,
Diana Marius, Victor Miranda, Carla Murguía, Caroline Postigo, Cristina Sánchez, Eliza Seguín, Giannina Vaccaro, Renato
Valencia, Irina Valenzuela, Patricia Vera.

Según INEI, durante el periodo enero-junio la actividad
pesquera presentó un incremento de 2,20% con respecto
al periodo similar del año pasado. Este resultado
es producto del mayor desembarque de especies destinadas
al consumo humano directo (2,45%), mientras
que las destinadas al consumo indirecto han decrecido
(-0,08%) a causa de la menor captura en el rubro «otras
especies».
Minería e hidrocarburos
De acuerdo con el INEI, durante el periodo enero-junio
el sector minería e hidrocarburos experimentó un
crecimiento de 2,56% con respecto al mismo periodo
del año anterior. Este resultado se sustenta en la mayor
actividad extractiva de hidrocarburos (36,04%), en la
que sobresalen los volúmenes extraídos de gas natural
(94,03%). Por otro lado, el subsector minero decreció
en -0,03% debido a los menores volúmenes producidos
de cobre (-4,04%) y zinc (-0,71%).
Manufactura
Según el INEI, durante el periodo enero-julio la producción
del sector manufacturero registró un incremento
de 6,46% con respecto al mismo periodo de 2004. El
notable dinamismo de la actividad fabril no primaria
(8,30%) explicaría este resultado, debido principalmente
a la mayor producción de bienes intermedios
(12,05%) y de consumo (6,11%). Por el contrario,
el subsector fabril primario presentó una ligera caída
(0,89%), explicada sobre todo por la contracción en la
actividad de refinación de azúcar (-20,56%).
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
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análisis económico y social
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INDICADORES INDIRECTOS
DEL NIVEL DE ACTIVIDAD
Venta de cemento
Según la Asociación de Productores Cementeros (ASO-
CEM), durante el periodo enero-julio de 2005 la venta de
cemento registró un crecimiento de 6,19% gracias al
buen desempeño del sector construcción. Este resultado
es producto de las mayores ventas locales de las empresas
Cementos Lima (9,10%), Cementos Pacasmayo
(2,01%) y Cementos Yura (26,41%). Por otra parte, en
el mes de julio la venta total de cemento registró un
incremento de 16,79% con respecto a julio de 2004.
Producción y demanda de energía
Según el Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional (COES), la producción de
energía del mes de julio se incrementó en 4,06% con
respecto a julio de 2004; así, la producción acumulada
hasta julio registró un incremento de 4,39%. Por otra
parte, la demanda máxima de potencia durante el mes
de julio experimentó un crecimiento de 8% con respecto
al mes de julio de 2004, registrando un crecimiento
anual de 4,58%.
EMPLEO
Tasa de ocupación
Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), durante
el mes de julio la PEA ocupada de 14 y más años
de edad alcanzó los 3.770,8 millones de personas, registrando
un crecimiento de 0,14% con respecto a ese
mismo mes del año anterior. Por otra parte, la tasa de
ocupación en Lima Metropolitana fue de 91,5%.
Empleo por sectores
Según la EPE, durante el mes de julio el empleo creció
en los sectores construcción (23,37%) y manufacturero
(4,83%), con respecto a julio de 2004. Por otro lado, el
empleo registró un resultado negativo en los sectores
comercio (3,04%) y servicios (-2,88%).

SECTOR MONETARIO
Y BANCARIO
Tasa de interés
Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),
al 17 de agosto el promedio de la tasa de interés interbancaria
en moneda nacional disminuyó con respecto al
mes de julio, pasando de 3,01% a 2,93%.
La tasa activa en moneda nacional (TAMN) observó un
ligero descenso en julio con respecto a junio, pasando
de 25,99% a 25,97%. Del mismo modo, la tasa pasiva
en moneda nacional (TIPMN) disminuyó de 2,67% en junio
a 2,64% en julio. Por su parte, tanto la tasa activa
en moneda extranjera (TAMEX) como la tasa pasiva en
moneda extranjera (TIPMEX) aumentaron en 0,22% y
0,03%, respectivamente.
Liquidez y emisión primaria
Según el BCRP, la liquidez del sistema financiero en
moneda nacional alcanzó a finales de julio un saldo de
53.882 millones de nuevos soles, lo que representa un
aumento anual de 28,1% y un aumento de 4,8% con
respecto al mes anterior. Por su parte, la liquidez en
moneda extranjera alcanzó un saldo de 10.836 millones
de dólares, registrando un crecimiento anual de 3,7%.
Al 15 de agosto, el saldo de la emisión primaria fue de
10.306 millones de soles, registrando una caída de 4,0%
con respecto al mes de julio. En términos promedio, la
tasa anual de crecimiento de la emisión primaria en este
periodo fue 32,0%.
Inflación
Según el INEI, en julio la inflación fue de 0,10%, mientras
que la variación de los últimos 12 meses (1,40%)
continúa con la tendencia decreciente iniciada a comienzos
de año. Por otro lado, la inflación subyacente
registrada en julio de 2005 fue de -0,02% con respecto
a junio del mismo año, mientras que la variación de los
últimos 12 meses llegó a 0,93%.
Tipo de Cambio
Según el BCRP, el tipo de cambio interbancario promedio
continuó descendiendo; a inicios de agosto se ubicó
en 3,253 nuevos soles por dólar, lo que representa una
apreciación acumulada de 0,9% y una variación de -4,2%
durante los últimos 12 meses. Esto muestra que se vienen
manteniendo las presiones apreciatorias asociadas
a factores internos y externos, tales como la demanda
estacional por moneda local asociada al pago de las gratificaciones
y la mejora de la perspectiva de la deuda del
Perú por parte de Standard & Poor’s, respectivamente.
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análisis económico y social
28
Reservas internacionales
Según el BCRP, al 16 de agosto las reservas internacionales
(RIN) alcanzaron un saldo de 14.078 millones de
dólares, registrando una caída de 1.204 millones de dólares
con respecto al mes de julio, que se explica por los
menores depósitos del sector público debidos al pago
anticipado de la deuda con el Club de París. Pese a ello,
en lo que va del año las RIN registraron un aumento de
1.447 millones de dólares.
Créditos
Según el BCRP, a finales de junio de 2005 el crédito al
sector privado en moneda nacional aumentó en 2,7%
respecto al mes de mayo, registrando un saldo de 12.449
millones de nuevos soles. Del mismo modo, el crédito al
sector privado en moneda extranjera aumentó en 2,5%,
alcanzando un saldo de 10.491 millones de dólares.
Según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), en
el mes de junio el crédito total se incrementó a causa
del aumento de créditos en nuevos soles y en dólares,
registrando un saldo de 9.397 millones de nuevos soles
y de 9.121 millones de dólares, respectivamente. Con
ello, los créditos en moneda extranjera alcanzaron una
participación de 75,9% del total de créditos directos.
Según la SBS, en junio los créditos comerciales, de
consumo, hipotecarios y de microempresas siguieron
una tendencia creciente, registrando un saldo de
8.115, 1.666, 1.694 y 536 millones de dólares, respectivamente.
Por último, en junio de 2005, el indicador de morosidad
de la banca múltiple, definido como la cartera atrasada
(créditos vencidos y en cobranza judicial) entre los créditos
directos se ubicó en 3,0%, es decir, 2,1% menor
con respecto a junio de 2004.

MERCADO DE RENTA FIJA
Y RENTA VARIABLE
Índices bursátiles
Según el reporte mensual de la Bolsa de Valores de Lima
(BVL), la inversión en bolsa durante julio retomó su
tendencia alcista, luego de un ligero descenso en abril.
Así, el índice general BVL, el índice selectivo y el índice
Perú-15 registraron incrementos de 4,28%, 3,88% y
4,105%, respectivamente.
Según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV), en el nivel sectorial casi todos los índices
arrojaron resultados al alza, con excepción de los sectores
agropecuario (-1,32%) y diversos (-0,89%). El sector bancos
y financieras registró el mayor incremento en el mes
(15,96%), así como durante el presente año (48,35%).
Por otro lado, la negociación bursátil en julio de 2005
descendió en 36,7% con relación al total alcanzado en
el mes anterior.
Oferta pública primaria
Según Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV), en el Registro Público del Mercado de Valores
(RPMV) se han inscrito seis emisiones de títulos por oferta
pública primaria, por un valor aproximado de 218,1 millones
de dólares. Por otro lado, las principales emisiones inscritas
durante los siete primeros meses del año fueron los bonos
corporativos y los instrumentos de corto plazo, cada uno
con una participación de 40,3% y 26,0% del total inscrito.
Finalmente, durante julio se inscribió un programa de
emisión en el RPMV que correspondió al primer programa
de bonos corporativos de Financiera Cordillera
(100 millones de nuevos soles).
Fondos Mutuos
Según informa CONASEV, al mes de julio el patrimonio
para el conjunto de fondos mutuos fue de 1.875,7 millones
de dólares, y se experimentó un incremento
de 0,5% respecto al cierre del mes anterior. Por otro
lado, el valor de la cartera de inversiones administrada
por los fondos mutuos fue de 6.132,9 millones de
nuevos soles.
Según CONASEV, en lo que va del año los fondos con valor
cuota en dólares que registraron las mayores rentabilidades
nominales son Promoinvest Fondo Selectivo
(38,2%) en el segmento de renta mixta, y Fondo Renta
Select (3,59%) en el segmento de fondos que invierten
principalmente en instrumentos de deuda. Por su parte,
entre los fondos con valor cuota denominado en moneda
nacional, que invierten sobre todo en instrumentos
de deuda, el de mayor rendimiento durante los últimos
12 meses fue BBVA S/. (5,03%).
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análisis económico y social
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sector público
Operaciones del Gobierno Central
Según el BCRP, el resultado económico del gobierno
central registró, durante el periodo enero-junio, un
monto de 2.481 millones de soles. Dicho superávit fiscal
es menor que el reportado para el periodo eneromayo
debido al mayor pago de intereses de la deuda, la
cual aumentó en más de 300 millones. La causa principal
de este superávit ha sido el incremento de los ingresos
corrientes en 16,48% en términos reales respecto al
mismo periodo de 2004. Por otro lado, los gastos no
financieros registraron un incremento real de 7,28%.
Gasto fiscal
Según el BCRP, durante el periodo enero-junio los
gastos no financieros del gobierno central alcanzaron
16.052 millones de nuevos soles, lo que significó un
crecimiento real de 7,28% con respecto al mismo periodo
del año anterior. El mayor gasto fiscal registrado
es producto del incremento de los gastos corrientes no
financieros en 7,62% en términos reales.
Recaudación tributaria
Según la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT), los ingresos tributarios del gobierno
central acumulados al primer semestre de 2005 ascendieron
a 18.173 millones de nuevos soles, lo que significó
un incremento real de 14,4% con relación a similar
periodo de 2004.
En términos acumulados de enero-junio de 2005, la
recaudación del impuesto a la renta (IR) se incrementó
(30,7% en términos reales) como producto del
crecimiento de la recaudación de tercera categoría
y las regularizaciones. Así mismo, el ingreso por impuesto
general a las ventas (IGV) registró un incremento
(9% en términos reales) con respecto al periodo
similar de 2004.
La recaudación acumulada por concepto de impuesto
selectivo al consumo (ISC) mostró una tendencia
decreciente (-11% en términos reales) que se
explica por la disminución de la recaudación por
combustibles, producto de la menor tasa impositiva
vigente, y la disminución del ISC aplicado a importaciones,
por la apreciación que viene registrando
el nuevo sol con respecto al dólar americano. Por
otro lado, la recaudación acumulada por impuesto
a la importación se incrementó (21% en términos
reales) debido al crecimiento experimentado por las
importaciones durante el mes de junio.

sector externo
Balanza de pagos
Según el BCRP, durante el segundo trimestre del año se
registraron saldos positivos en las cuentas externas. Así,
la cuenta corriente registró un superávit de 11 millones
de dólares como resultado del superávit de la balanza comercial
(589 millones de dólares), que fue compensado
por el mayor déficit en la renta de factores (471 millones
de dólares), lo que se explicaría por las mayores utilidades
generadas por empresas de propiedad extranjera.
Así mismo, según el BCRP la cuenta financiera registró un
superávit de 369 millones de dólares debido al resultado
positivo del sector privado (930 millones de dólares),
producto de la reinversión de utilidades de las empresas
extranjeras y la adquisición del portafolio de activos locales,
contrarrestado por el flujo negativo del sector público,
producto del menor financiamiento externo.
Balanza comercial
Según SUNAT, durante el periodo enero-julio la balanza comercial
creció 94,2% respecto al mismo periodo del año
anterior, producto del aumento de las exportaciones.
Exportaciones
Según SUNAT, para el periodo enero-junio las exportaciones
acumuladas crecieron 37,9% con respecto al
mismo periodo del año anterior, registrando un monto
de 7.550,7 millones de dólares. En el mes de junio, las
exportaciones registraron un valor de 1.419,7 millones
de dólares.
Importaciones
De acuerdo con SUNAT, las importaciones totales durante
los seis primeros meses del año sumaron 5.667,8 millones
de dólares, registrando un crecimiento de 24,6%
respecto al mismo periodo de 2004.
Durante el mes de junio el valor importado fue
944,6 millones de dólares. El sector más importante
fue insumos (56,1%), seguido por bienes de capital
(24,4%).
Coyuntura Análisis Económico y Social de Actualidad
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análisis económico y social
32
sistema financiero:
consolidado 2004-2005 *
Durante los seis primeros meses del año, se ha observado
una recuperación en el crédito del sistema bancario,
en el que ha destacado el continuo crecimiento
de los créditos hipotecarios y de consumo. Así mismo,
los créditos comerciales han registrado una importante
recuperación durante los últimos meses, a pesar de
la existencia de nuevas alternativas de financiamiento
como el mercado de capitales peruano.
Esta recuperación del crédito se puede explicar por diversos
factores, entre ellos el exceso de liquidez que actualmente
posee el sistema bancario, la mejora en la capacidad
de pago de los clientes debido al aumento en el dinamismo
de la actividad económica y la reducción en la tasa de morosidad
del sistema bancario, que ha permitido disminuir la
percepción de riesgo crediticio por parte de los bancos.
A continuación se realiza un breve análisis de los créditos,
los depósitos y las tasas de interés del sistema bancario
peruano, así como de sus principales indicadores
financieros para el periodo comprendido entre enero
de 2004 y abril de 2005.
Créditos
Durante el año 2004, los créditos directos continuaron
la trayectoria creciente registrada durante el año 2003
y pasaron de 61.358 millones de nuevos soles en diciembre
de 2003 hasta ubicarse en 64.272 millones de
nuevos soles en diciembre de 2004, lo que implica una
variación anualizada de 4,7%. Así mismo, en lo que va
del año los créditos continuaron aumentando, aunque
en menor medida, hasta cerrar el mes de junio registrando
un saldo de 12.010 millones de dólares.
Este comportamiento se explica principalmente por los
créditos de consumo e hipotecarios, que crecieron hasta
712 y 551 millones de nuevos soles, respectivamente.
Así mismo, los créditos a microempresas crecieron 508
millones de nuevos soles en el año 2004, impulsados por
la fusión de la financiera de crédito Solución por parte del
Banco de Crédito del Perú, ocurrida en el mes de marzo de
2004. Adicionalmente, cabe destacar el crecimiento de los
créditos destinados al comercio exterior, que permitió una
ligera recuperación de los créditos comerciales, sobre todo
durante el primer semestre de 2004.
Sin embargo, el ratio créditos directos promedio anual
entre PBI disminuyó 2,1 puntos porcentuales durante el
año pasado, hasta ubicarse en 14,9%, mientras que el
ratio depósitos totales promedio anual entre PBI cayó
2,3 puntos porcentuales hasta llegar a 19,0%.
* Preparado por Milagros Deza, asistente de docencia del Departamento
de Economía PUCP y Carla Murguía, egresada de la Especialidad
de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales PUCP.

Depósitos
Los depósitos totales aumentaron 1.226 millones de
nuevos soles durante 2004, hasta ubicarse en 46.965
millones de nuevos soles en el mes de diciembre de
2004; este monto equivale a 14.310 millones de dólares,
y constituye el nivel histórico más alto de depósitos.
Este crecimiento estuvo liderado por los depósitos a la
vista, que aumentaron 1.540 millones de nuevos soles
entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004.
La mayor confianza del público en el sistema bancario,
aunada a una apreciación cambiaria de alrededor
de 5%, determinó que todos los tipos de depósitos en
moneda nacional crecieran en conjunto 1.629 millones
de nuevos soles en 2004, con lo cual el ratio de dolarización
de depósitos disminuyó de 69,7% en diciembre
de 2003 a 67,1% en diciembre de 2004.
Los depósitos totales de la banca múltiple al 30 de junio
de 2005 llegaron con un saldo de 15.098 millones
de dólares, 206 millones de dólares por encima del nivel
alcanzado al cierre del mes anterior y 1.628 millones de
dólares por encima de junio del año anterior. Así mismo,
los depósitos de la banca múltiple en el país se incrementaron
en 155 millones de dólares durante el mes de junio,
alcanzando un nivel de 14.438 millones de dólares.
Tasas de interés
La tasa activa en moneda nacional registró un aumento
continuo durante todo 2004, iniciando el año en 23,7%
y finalizando en 25,4%. Además, alcanzó un máximo de
26,3% en enero de 2005 pero cerró el mes de junio en
26,0%. En cuanto a la tasa pasiva en moneda nacional,
esta no observó un comportamiento similar, permaneciendo
en promedio en 2,5% durante 2004; sin embar-
go, experimentó una ligera tendencia alcista pasando de
2,6% en abril de 2005 a 2,7% en mayo de este mismo
año, para luego retornar a 2,6% en junio de 2005.
Por su parte, la TAMEX descendió ligeramente, pasando
de 9,3% en diciembre de 2003 a 9,2% en diciembre
de 2004, y desde entonces se ha ido elevando paulatinamente
hasta llegar a 9,9% en junio de este año. En
cuanto a la TIPMEX, esta aumentó ligeramente pasando
de 1% en diciembre de 2003 a 1,2% en diciembre de
2004 y cerrando el mes de junio de 2005 en 1,5%.
Indicadores financieros
Según informe de la SBS, durante el año 2004 el sistema
bancario continuó mejorando sus indicadores de
riesgo crediticio, liquidez y solvencia, llegando a registrarse
valores récord históricos que corroboran el grado
de estabilidad de las empresas bancarias en el Perú.
Así, la morosidad alcanzó, para diciembre de 2004, un
nivel de 3,7%, continuando su tendencia bajista hasta
llegar al 3,0% registrado el mes de junio de 2005,
siendo este nivel 2,1 puntos porcentuales menor que
el registrado en junio del año anterior. Así mismo, el
ratio de cobertura de cartera atrasada alcanzó un nivel
de 199,1%, 15,5 puntos porcentuales por encima del
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análisis económico y social
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ratio registrado a fines de mayo. Del mismo modo, la
rentabilidad patrimonial (utilidad neta anualizada entre
patrimonio promedio) se incrementó de 13,85%
a 14,57% entre mayo y junio de 2005, ubicándose 3,2
puntos porcentuales por encima del valor registrado
en junio del año anterior.
Liquidez
El ratio de liquidez en moneda nacional (activos líquidos
entre pasivos de corto plazo) promedio anual aumentó
de 29,3% en 2003 a 41,9% en 2004, alcanzando, para
junio de 2005, el nivel de 49,6%. Del mismo modo, el
ratio de liquidez en moneda extranjera promedio anual
cayó de 46,7% a 43,0% entre 2003 y 2004 y, para junio
de 2005, fue de 38,8%.
Calidad de cartera crediticia
El ratio de morosidad (cartera atrasada entre créditos
directos) registró una acelerada tendencia decreciente
a lo largo del año, pasando de 5,8% en diciembre de
2003 a 3,7% en diciembre de 2004, y alcanzando una
tasa de 3,0% en junio de 2005, el nivel más bajo de los
últimos 22 años.
Con relación a los créditos refinanciados y reestructurados,
estos también experimentaron una disminución
equivalente a 162 millones de nuevos soles,
con lo que su participación en los créditos totales a
fines de 2004 fue de 5,8%, 0,5 puntos porcentuales
menor que la registrada a fines de 2003 y alcanzando
una tasa de 5,2% en junio de 2005. En tanto que
el indicador de calidad de activos (provisiones entre
cartera atrasada) pasó de 141,1% en diciembre de
2003 a 176,4% en diciembre de 2004 y a 199,07%
en junio de 2005.
Solvencia
El sistema bancario continuó mostrando un adecuado
respaldo patrimonial durante el año 2004. De este modo,
los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo
en diciembre de 2004 fueron 7,15 veces el patrimonio
efectivo total, lo que equivale a un ratio de capital de
14,0%. Este nivel es superior al mínimo requerido por la
regulación peruana, que es de 9,1%, el cual, a su vez, es
superior al estándar internacional. Este comportamiento
se está manteniendo así en lo que va del año.

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