david teleki ayala - Semana.com

Señor
FISCAL GENERAL DE LA NACION
Doctor
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
E.S.D.
URGENTE.
ANTONIO JOSE CANCINO
DAVID TELEKI AYALA
Abogados
Carrera 7 No. 12-25 Piso sexto
Bogotá D.C. Colombia
Tel: 2831696/92
REF: “CASO COLMENARES”: AGRAVIOS A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES. VIOLACIÓN DE LA NO AUTO INCRIMINACIÓN,
DESOBEDIENCIA JUDICIAL, ETC. ¿FISCAL ACUSADOR Y FISCAL
TESTIGO?
EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, ART. 23 C.N.
Respetado Maestro:
DAVID TELEKI AYALA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad
de Abogado Defensor de YESSI QUINTERO, le hago saber y le solicito se me informe lo
siguiente:
INTRODUCCION
En pretérita oportunidad, me dirigí a su Despacho con el fin de hacerle saber algunos
graves acontecimientos “procesales y extraprocesales”, que se relacionan con el FISCAL
11 DE LA UNIDAD DE VIDA a cargo de esta investigación. En dicho momento
solamente le escribí para dejar constancia histórica en el proceso mas mediático de que ha
dado cuenta Colombia. Pero ahora Señor Fiscal General me veo en la obligación como
ciudadano y como defensor de JESSI QUINTERO MORENO de pedirle se me
informe sobre los controles, asistencias de apoyo e investigaciones a que haya lugar en
relación con el Señor FISCAL 11 SECCIONAL DE LA UNIDAD DE VIDA. Usted,
como Fiscal General de la Nación, debe estar enterado de toda la problemática y es
necesario se adopten las medidas de rigor en el ámbito de sus competencias para que la
propia institución no termine avergonzada por cuenta de un fiscal que pretende violar
toda la constitución política de frente a los colombianos, lo cual desdice de la misión
institucional del ente instructor y por ende a Usted me dirijo como director de la fiscalía
por los siguientes motivos:
1. Los fiscales delegados en cualquier parte del país deben respetar la constitución y
las leyes, y en el ejercicio de sus funciones (artículo 2 C.N.) cumplen una misión
constitucional como garantes de su eficacia y realidad normativa. Ningún fiscal en
el territorio nacional debe ser una especie de rueda suelta que atropelle a las
personas e instaure “por su cuenta y riesgo” métodos francamente desconcertantes,
decepcionantes y nocivos para el sustrato máximo (núcleo central) de los
derechos Constitucionales; y lo haga sin un análisis ponderado, mesurado y
sustancial (artículo 228 C.N.) No resulta plausible, que como representante del
ente instructor y por ende su delegado, el Señor fiscal 11 de vida atente y

transgreda de manera directa, insistente y pública, entre otros, el principio de no
autoincriminación. Paso a explicarle:
En el “caso COLMENARES”, el Fiscal 11 de Vida hizo declarar bajo la
gravedad de juramento a las aquí indiciadas JESSI
QUIENTERO Y LAURA MORENO, todo con el fin de imputarles posteriormente el
delito de FALSO TESTIMONIO en razón a que no se auto incriminaron. Es decir, se
configuró una violación del Art. 33 de la Constitución, pues no solo pretendió
obligarlas a que dijeran la verdad en un proceso donde están “investigadas” como
indiciadas desde el 31 de octubre del 2010 (día de los hechos), sino que debido a que
no se “autoincriminaron” EN DECLARACIÓN JURADA DE AGOSTO DEL 2011 (no
le dijeron lo que él fiscal 11 de vida dice que es “LA VERDAD SOBRE LOS HECHOS
DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2010”) se les aplicó una consecuencia gravosa para su
integridad personal (una imputación independiente por FALSO TESTIMONIO que él
propio fiscal 11 de vida instruye y que fue objeto en el mes de mayo del presente año de
acusación). Este es un “método” que la propia Corte Constitucional ha considerado una
expresión de todo lo se tenía por un anhelo al momento histórico en que se hizo realidad
normativa la erradicación de todo método de tortura (siglos XVII y XVIII). En el
derecho “a la no auto incriminación”, subyacen las bases fundamentales del derecho
penal moderno (sentencia C-258 de 2011, H. Corte Constitucional).
“(…) el origen inmediato de la figura se remonta a la respuesta que tuvo el
mundo liberal frente a las prácticas inquisitoriales del Tribunal de la Santa
Inquisición, que estuvo presente en varios lugares del mundo. En los procesos
que realizaba el Tribunal, como se recuerda, se consideraba que el mismo
tenía por función investigar acusados, extraer la confesión y “salvar el
alma”. De allí que la confesión fuera la prueba reina -probatio
probatissima-, y para lograrla, los jueces debían procurar del encartado su
confesión, utilizando cualquier medio: tormentos, amenazas, dádivas, todo
con el fin de ahorrarle al funcionario la obligación de probar los cargos, pues
con la confesión era suficiente. Aunado a las circunstancias de que se trataba
de procesos oscuros y secretos, en los que los jueces no le informaban al
acusado los motivos de la detención y, sin embargo, se les obligaba a
contestar preguntas que no sólo los autoincriminaban, sino que podían
constituir indicios para otras acusaciones distintas a las que originaron su
detención e iniciar de esta forma otro proceso igualmente oscuro y
secreto.” Añadió la Corporación que “[c]ontra estas prácticas, hoy en día el
derecho contra la tortura – art. 12 de la Constitución, y la prohibición de la
autoincriminación – art. 33 ibídem, son garantías esenciales a favor del
inculpado. Estas garantías no admiten matices, ni modulaciones, ni
salvedades, pues están directamente relacionadas con valores y principios tan
importantes como la vida, la dignidad de la persona, asuntos que son de la
esencia de la Constitución colombiana. Además, la prohibición de la
autoincriminación y de la tortura están consagrados como derechos
fundamentales de aplicación inmediata (art. 85 de la Carta).”
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Estamos en presencia de una acusación contraria a derecho y que por ende es
insubsanable, que no merece respaldo y apoyo. Sólo a través de su extirpación (este
delito de falso testimonio) como una especie de tumor maligno del proceso por la
muerte de Luis Andrés Colmenares se logra dar eficacia a la Carta Política. Este lastre
contra los principios elementales del Derecho Penal no debería ser objeto de acusación
y la institución no puede so pretexto de la autonomía de cada fiscal, no controlar de
alguna manera efectiva esta vergonzosa y bochornosa situación. Es la propia Entidad
representada y la confianza depositada en ella la que se encuentra en vilo por esta
lamentable violación de los derechos humanos: no sólo se amenazó con una carga
insoportable (en referencia al proceso penal per sé) de decir la verdad a un indiciado,
sino que la amenaza la hizo efectiva el propio ente instructor: En el mes de mayo del
presente año, el fiscal 11 de vida insistió con acusar a mi defendida por el delito de
falso testimonio, esto es, efectivizó su forma de presión indebida, su mecanismo
intolerante de presión. Violó la garantía y aún lo sigue haciéndolo con detrimento de
todos los derechos fundamentales del procesado. Todos le han dicho, desde la propia
Corte Suprema de Justicia, que está violando toda garantía superior, pero él sigue
rampante representando al ente instructor. La acusación de la fiscalía 11 de vida es
un acto ilegal, contrario a derecho, descaradamente abusivo, que debería ser
retirada o por lo menos no oponerse a su preclusión. Es una vergüenza en la que
no se debe insistir. Persistir y reiterar en este grave equívoco tiene y tendrá
incalculables consecuencias jurídicas. Aceptar un error garrafal y enmendar el entuerto
para sanidad del proceso es un deber institucional y personal del servidor público. La
autonomía no da pie para que los fiscales del país instalen su propia jurisdicción y
alteren los valores, principios y derechos de la Carta Política de 1991 y el bloque de
constitucionalidad (arts 66-67 Estatuto CPI, etc). A pesar de esta
comunicación, adelantaremos y estamos ejerciendo todas las
acciones y recursos nacionales e internacionales que estén a
nuestro alcance.
“NADIE ESTA OBLIGADO A DECLARAR CONTRA SI MISMO”.
2. El día 2 de Agosto del 2011, a la indiciada y hoy recluida JESSI QUINTERO, (ya
habiéndola entrevistado en el mes de febrero-marzo sin la gravedad de juramento y
siendo indiciada desde el 31 de octubre del 2010) la cita a declarar como testigo en
el caso que se adelantaba en su contra (la trasformó de indiciada a testigo en
forma caprichosa), y como consecuencia de que la indiciada no le dijo la VERDAD
QUE EL QUERIA ESCUCHAR, agrava su situación punitiva con una nueva
imputación por el delito de FALSO TESTIMONIO. Es decir una GARANTÍA
CONSTITUCIONAL arbitrariamente la transformó en una conducta punible. Lo
anterior no es mas ni menos que un método reprochable
para extraer “la verdad” que él quería escuchar, lo cual desdice de la institución
como garantizadora de los derechos fundamentales del individuo. ¿Resulta
ajustado a los principios que rigen el funcionamiento de la Fiscalía General de la
Nación, el que los fiscales delegados hagan declarar a los indiciados, imputados o
acusados (en procesos en su contra), como testigos para en caso de que no digan “la
verdad de la fiscalía” se les agrave potencialmente la pena con una nueva
imputación por el delito de falso testimonio? ¿Pueden los fiscales agravar la
situación de las personas, cuando están hagan uso del derecho a no autoincriminarse
del Art. 33 de la C.N.? Es esto una arbitrariedad al mejor
estilo de la edad media, pensamos.
3. Lo peor de todo señor Fiscal General es que persiste el Fiscal 11 de vida en acusar
a mi defendida de un delito IMPOSIBLE, siendo que el Honorable Tribunal
Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia y la historia del derecho en
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general le gritan a los cuatro vientos a este delegado suyo que lo que está haciendo
raya en lo absurdo y elimina de un tajo todas las garantías fundamentales. Esta
GRAVISIMA VIOLACION merece su atención, porque no
podemos retroceder ni en este ni en ningún proceso 700 años en la historia. Seria
lamentable, vergonzoso que la fiscalía se detuviera a extraer confesiones a
punta de amenazas, presiones, agravios, agravantes. El señor fiscal 11 de vida
merece un análisis psicológico (EPS) porque a lo mejor el estrés propiciado en
este proceso, le esta haciendo creer que puede usar a su antojo de los derechos
fundamentales, comprometiendo el criterio del ente instructor.
4. (En el caso de Laura Moreno el Tribunal Superior de Bogotá (29 de marzo del
2012) fue contundente en afirmar en este caso “Colmenares”: “Con la lógica de la
Fiscalía habría que concluir que cualquier persona que se indague o
investigue como posible partícipe de un delito tiene la obligación de
acudir a esa institución con el fin de autoincriminarse, puesto que de
no hacerlo correría el riesgo de que se le impute un delito por no haber
sido incriminado”, preciso el magistrado José Joaquín Urbano) Como no se
auto-incriminaron (son los mismos hechos), entonces se agrava la pena, piensa el
fiscal 11 de vida.
5. ¿En caso de que un indiciado acusado no confiese O
SE AUTOINCRIMINE bajo la gravedad de
juramento es posible que se le amenace con agravar
la pena (NUEVA IMPUTACIÓN) por no decir “la
verdad”? Y lo que es peor señor Fiscal General, el mismo fiscal 11 de vida
asume la investigación e imputa el delito de falso testimonio dentro del mismo
proceso que se adelanta por el delito de homicidio de COLMENARES, lo cual
significa que es fiscal, acusador y al propio tiempo
testigo, por tanto debería declararse impedido por simple moralidad porque no
puede tener esa doble condición. Sin injusto no hay responsabilidad, por lo tanto no
puede él ir a un juicio a demostrar que atentó él mismo contra varios derechos
fundamentales y la dignidad de una persona, que lo único que hizo fue defenderse.
sería la catarsis de lo absurdo. No solo perder el tiempo y gastar energías y
recursos, sino ofender descaradamente a los principios democráticos
universales. ESTA DOBLE CONDICIÓN NOS PERMITE SOLICITARLE
EN FORMA CONCRETA QUE PARA EFECTOS DE IMPARCIALIDAD Y
PARA NO IMPEDIR LA NECESIDAD DE PRUEBA POR LA DEFENSA,
SEA DESPLAZADO DE LA INVESTIGACIÓN QUE ADELANTA POR
FALSO TESTIMONIO, YA POR CUANTO NO PUEDE SER
FISCAL INSTRUCTOR Y TESTIGO A LA VEZ (EN CASO DE
SEGUIR EL PROCESO IRREGULAR ES INDISPENSABLE CITARLO A
DECLARAR COMO TESTIGO PORQUE ÉL RECIBIÓ ESA
DECLARACIÓN JURADA DEL 2 DE AGOSTO DEL 2011). PUEDE
ACUSAR Y AL MISMO TIEMPO DECLARAR EN EL ESTRADO COMO
TESTIGO. SERÍA UN ATROPELLO.
6. Ha sido desobediente el fiscal 11 de vida, de las decisiones del Tribunal Superior de
Bogotá y de la Honorable Corte suprema de Justicia – Sala Penal, sobre el punto
determinado de la NO AUTOINCRIMINACIÓN. Insiste en desconocer la
Constitución (bloque de constitucionalidad) elevando tutelas, insistiendo en
imputaciones ilegales, manteniendo acusaciones espurias y violadoras de garantías
superiores EN EL TEMA DE LA NO AUTOINCRIMINACIÓN
ESPECÍFICAMENTE. Pretende ir a un juicio, en el caso de mi defendida, a probar
que atentó contra el principio más sagrado (relacionando al Derecho de defensa, la
dignidad humana, etc.) de la Carta Política en materia penal. ¿PUEDEN
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SER OBJETO DE ACUSACIONES LAS
VIOLACIONES DE LA CARTA POLÍTICA
REALIZADAS POR EL ENTE
ACUSADOR? Y ES QUE COMO NO LE DIJERON
“SU VERDAD” (EL fiscal 11 de vida IMPUTA ESTE
NUEVO DELITO PORQUE LAS INDICIADAS NO LE
DIJERON QUE HABÍAN PARTICIPADO EN LA
MUERTE DE LUIS COLMENARES) LAS “CASTIGA
procesalmente” Y LAS APREMIA CON UN NUEVO
DELITO DE FALSO TESTIMONIO QUE ÉL MISMO,
OÍGASE BIEN, ÉL MISMO INSTRUYE. ¡QUÉ PESAR
CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA!
7. ¿NO TENIAN DERECHO A DAR SU VERSIÓN LIBRE
Y SIN JURAMENTO EN ESTADO DE INDICIADAS O
SEÑALADAS DE LOS HECHOS? ¿HABÍA ALGUNA
MANERA DE EVITAR LA NUEVA IMPUTACIÓN POR
FALSO TESTIMONIO SIN AUTOINCRIMINARSE?
¿COLABORAR CON LA JUSTICIA SIGNIFICA
AFECTARSE PERSONALMENTE? ¿la determinación de
quién es testigo y quién indiciado o sospechoso, es algo
librado al azar para efectos de su declaración y efectos?
¿puede la fiscalía citar a declarar como testigo a quien es
indiciado o sospechoso, sin abogado, bajo la gravedad del
juramento? ¿y en caso de no autoincriminarse en los
hechos por los cuales se le cita y dentro de proceso
adelantado en su contra, se le puede imputar
adicionalmente el delito de falso testimonio? ¿es esto
posible? Se atreverá alguien a negar que JESSI
QUINTERO y LAURA MORENO, fueron siempre las
indiciadas hoy acusadas y actualmente recluidas en su
lugar de habitación. Eran ellas terceros frente al hecho
investigado de la muerte de LUIS COLMENARES.
8. ¿PUEDE MANTENER LA FISCALÍA UNA ACUSACIÓN POR FALSO
TESTIMONIO CUANDO EL TESTIGO ES EL MISMO INDICIADO, Y
SIMPLEMENTE PORQUE NO LE DIJO –EN ESTE CASO JESSI QUINTERO-
“LA VERDAD” QUE EL ENTE INSTRUCTOR QUIERE ESCUCHAR?
¿PUEDE EL (EL FISCAL 11 DE VIDA, EN ESTE CASO) FISCAL
INSTRUCTOR SER TESTIGO Y ACUSADOR EN ESTE CASO DEL
FALSO TESTIMONIO QUE RESEÑAMOS? (ANTE ÈL SE RINDIÒ LA
DECLARACIÒN DONDE TRANSFORMÓ A LA INDICIADA EN TESTIGO
POR ARTE DE MAGIA) ¿PUEDE SER DELITO ACUSABLE LA
EFECTIVIZACIÓN DE LA AMENAZA, PRESIÓN O
AGRAVIO A UN INDICIADO?: (COMO JESSI QUINTERO
NO LE DIJO LO QUE QUERÍA OIR LE IMPUTA UN
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NUEVO DELITO DE FALSO TESTIMONIO CON
POTENCIALIDAD PARA AGRAVAR SU PENA)?
¿PUEDE LA FISCALÍA OBLIGAR A DECIR LA VERDAD
A UN INDICIADO, IMPUTADO O ACUSADO? ¿PUEDE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN OBLIGAR A
UN INDICIADO PARA QUE LE DIGA “UNA VERDAD O
ALGO SOBRE LOS HECHOS IMPUTABLES” SO PENA
DE AGRAVAR SU PENA IMPONIBLE CON UNA NUEVA
IMPUTACIÓN POR FALSO TESTIMONIO?
9. PORQUE NO LE DIJO JESSI QUINTERO AL FISCAL 11
DE VIDA QUE A LUIS COLMENARES LO HABÍAN
SUPUESTAMENTE ASESINADO (así fue la imputación y
acusación por el delito de falso testimonio, puede ud revisar las
audiencias para ver el descaro mayúsculo de su fiscal 11 de
vida), ÉSTE LE IMPUTA UN NUEVO DELITO DE FALSO
TESTIMONIO. ¿TENÍAN LAS INDICIADAS QUE
AUTOINCRIMINARSE O DECIRLE “SU VERDAD”
(LA DEL FISCAL INSTRUCTOR) PARA ESCAPAR AL
DELITO AMENAZADO (FALSO TESTIMONIO)? ¿QUÉ
CLASE DE INJUSTO RESULTA DE EJERCER UN
DERECHO CONSTITUCIONAL A DAR LA “VERSIÓN
DEFENSIVA” Y NO AUTOINCRIMINARSE? ¿PUEDE
LA FISCALÍA HACER LA METAMORFOSIS DE UNA
GARANTÍA CONSTITUCIONAL (EJERCICIO PLENO Y
SIN EXCEPCIONES) EN UN INJUSTO? ¿EL INDICIADO,
ACUSADO O IMPUTADO PUEDEN COMETER ESE
DELITO EN EL PROCESO QUE SE ADELANTA EN SU
CONTRA POR NO DECIRLE A UN FISCAL LO
QUE ÉSTE QUIERE OIR?
10. PENSAMOS QUE NO HAY MENTIRA Y ATAQUE
MÁS ALEVE A LOS DERECHOS DEL INDIVIDUO. NO
SE PUEDEN CONSENTIR NI DEJAR A UN LADO SIN
OBSERVACIÓN O CONTROL ALGUNO A UN FISCAL
EN ESTAS CONDICIONES. QUÉ FALTA DE RESPETO
PARA LA PROPIA INSTITUCIÓN. ESTO AVERGUENZA
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ES
SENCILLAMENTE DEPLORABLE QUE ESTO OCURRA
PÚBLICAMENTE Y SE HAGA GALA DE TAMAÑO
ATROPELLO.
Más que vergonzoso lo que está ocurriendo públicamente. El prestigio de la
Institución está en entre dicho señor Fiscal General de la Nación Y POR ENDE SOLICITO
ME ABSUELVA ESTOS RESPETUOSOS INTERROGANTES. Todos, la procesada, su
defensor, sus familias, tenemos la convicción de estar dirigiéndonos a un garantista y un
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constitucionalista por excelencia. REITERAMOS, ESO SÍ, NUESTRA
CONSIDERACIÓN CON LA FAMILIA DE LUIS ANDRÉS COLMENARES
ESCOBAR.
Estamos presenciando un acto desobligante y perjudicial para el Estado Social de Derecho.
LA AUTONOMÍA DE LOS FISCALES NO LES DA PIE PARA CONSIDERARSE
REPÚBLICAS INDEPENDIENTES Y AISLADAS. NO PERMITA QUE NOS
RETROCEDAN MÍNIMO 700 AÑOS EN LA HISTORIA. ESTO NO ES TEMA DE
PRUEBA PARA NINGÚN JUICIO Y DE PRETENDER ESTE FISCAL
DELEGADO 11 DE LA UNIDAD DE VIDA QUE VA A PROBAR QUE VIOLÓ LA
CONSTITUCIÓN, QUEREMOS ESCUCHAR SU
OPINIÓN y RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO
DE ESTOS INTERROGANTES COMO DIRECTOR
GENERAL DEL ENTE INSTRUCTOR. ES
NECESARIO PARA EL FUTURO DE LA
ENTIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS
CIUDADANOS. LA PROCURADURÍA, ALTAS CORTES,
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C., la historia del derecho,
NOS DAN LA RAZÓN EN ESTE CASO DE LA
NO AUTOINCRIMINACIÓN y no sobra agregar
que usted para nosotros es digno de admiración y
respeto, porque sabemos de sus calidades como un
humanista destacado.
ESO, SÍ, REPITO, SU RESPUESTA NO OBSTA PARA QUE MEDIANTE LOS
RECURSOS Y ACCIONES PERTINENTES PROCEDAMOS A SOLICITAR O
IMPLORAR QUE SE IMPONGA LA SUSTANCIA SOBRE LAS FORMAS. LA
CONSTITUCIÓN DEBE PREVALECER.
De manera Cordial,
DAVID TELEKI AYALA
C.C. 79800462 de Bogotá D.C.
T.P. 123569 del C.S. de la J.
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