Número 7 - Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, AC

Editorial
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En el contexto de la intensa competencia
política que se vive en México, en la actualidad,
con variados y muy comprometidos
escenarios donde cada vez es
más difícil distinguir y revertir las inquinas
que genera la lucha por el poder, protección
de la imagen de los líderes, de los programas gubernamentales
y de los propios responsables de la
ejecución de las políticas públicas, resulta además
de necesario, de urgente atención.
Bajo esta premisa, pueden analizarse -por
ejemplo-, los reiterados intentos de algunos personajes
del gobierno federal por responsabilizar
-abierta o veladamente-, a gobiernos locales de diferente
filiación al partido en el poder, para limitar
apoyos a programas que satisfagan demandas
sociales urgentes y responsabilizarlos de problemas
que amenazan por hacer crisis o que podrían
derivar en conflictos de gobernabilidad.
En este entorno, los procesos electorales representan
los periodos de mayor vulnerabilidad,
aunque no sean los únicos tiempos de rigidez.
Mientras existan condiciones que pongan
en riesgo la pertenencia de los grupos de poder,
muchos de ellos gobernadores, senadores y diputados
federales -de las diferentes expresiones
políticas como PRI, PAN, PRD, etc.-, que no
dejarán de intentar posicionar a los candidatos
virtuales de sus partidos a la presidencia de la
República, y que ante ello han tensado las relaciones
que existen entre las estructuras del poder
y se generan intentos para poner en tela de
de juicio el trabajo, los proyectos y las relaciones
que lo lleven a una contienda por la presidencia
de la República.
encuesta {SEPTIEMBRE 2010}
Este nuevo entramado institucional que empieza
a perfilar un líder de dimensiones riesgosas
para la alta burocracia nacional en el poder,
requiere de rediseñar una serie de instrumentos y
mecanismos que contribuyan a construir una arquitectura
de protección que consolide lo hasta
ahora logrado, particularmente en materia de política
social, que en la práctica se traduzca en nuevas
estrategias de trabajo y que permitan diseñar
una nueva relación intra y extra institucional.
En este sentido, el objetivo central de este
nuevo esquema es plantear los conjuntos temáticos
que permitan construir una agenda gubernamental
que identifiquen las iniciativas de
política de los gobiernos para consolidar su posicionamiento
social.
La documentación adecuada de las buenas
prácticas gubernamentales en estos temas no
suponen de ningún modo de construcción de
mecanismos de manipulación o condicionamiento
en el manejo de los programas sujetos
a evaluación; por el contrario, los resultados de
las buenas prácticas y la edificación de áreas
de oportunidad que se identifiquen permitirán
abonar y consolidar el liderazgo de un gobierno
preparado para asumir -de manera eficaz-, nuevas
y más ambiciosas metas en materia política
y administrativa y establecer nuevas y mejores
estrategias de negociación con las autoridades
federales vinculadas con las materias revisadas;
ello sin relegar la importancia que presenta
la detección de las principales debilidades que
presenten las políticas públicas para impulsar
mejoras que las hagan social y económicamente
más eficaces. n