Informe 43/00, de 21 de diciembre de 2000.

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1. Por el Alcalde del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) se dirige a esta Junta Consultiva de
Contratación Administrativa el siguiente escrito:
«De conformidad con lo contemplado en el art. 81.2 Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas donde expresamente se contempla que la Mesa
de Contratación, antes de elevar al órgano competente una propuesta,
puede solicitar informe, se recomendó por los técnicos que formaban parte
de la Mesa solicitar informe en los siguientes términos:
1. Si las alegaciones vertidas en el acta de fecha 21 de septiembre de 2000,
concretamente en la página 14 alegada por el Sr. Gutiérrez Toscano y las páginas
14 y 15 alegadas por D. Vicente Zaragoza, son causa de nulidad del procedimiento
administrativo.»
2. Al anterior escrito se acompaña una serie de documentos entre los que, a efectos del
presente informe, ha de resaltarse el acta de apertura de proposiciones económicas, sobre
A, del concurso tramitado para adjudicar la gestión indirecta del camping municipal, por
procedimiento abierto, en cuyas páginas 14 y 15, a las que expresamente se remite el escrito
de consulta, se consignan las siguientes declaraciones:
"Sr. Gutiérrez Toscano: Propone que se anule la Mesa de Contratación ante
las irregularidades observadas, y expresa que esta Mesa no debería estar
presidida por D. Luis Mario Aparcero Fdez. de Retana por su vinculación al
Caso Sanlúcar, y ser uno de los licitadores D. Marcos Villanueva, testigo del
mismo caso. El 80% podría medirse por un criterio objetivo, y solicita la
nulidad de todo el procedimiento.
En el último Pleno, tenemos conocimiento de que el Sr. Aparcero ha recibido
un extracto de la deuda pendiente que la Empresa GAMAHER tiene con el
Ayuntamiento, y que ese extracto sólo ha podido llegar a él a través de una
persona autorizada como es el Sr. Marcos Villanueva.
Sr. Zaragoza Rodríguez: El P.P. se suma en el mismo términos que IU-
LVCA., quiere que se resuelvan las dudas y que se anule el procedimiento.

Quiere hacer constar en Acta el escrito presentado por el Grupo Popular de
Chipiona, así como que el Sr. Alcalde manda a callar a la Sra. Interventora
ante una pregunta formulada por él.
A continuación se transcribe literalmente el escrito presentado por el P.P.
El que suscribe, D. Vicente Zaragoza Rodríguez, como Portavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Chipiona,
SOLICITA:
Que ante el cúmulo de irregularidades que está rodeando la adjudicación del
Camping Municipal, se suspenda la misma por los siguientes motivos:
1º. La incompatibilidad de D. Luis Mario Aparcero, principal imputado, en el
presunto caso de corrupción y soborno al Concejal de Sanlúcar D. Manuel
Ramírez para puntuar al concursante D. Marcos Villanueva, principal testo
de este caso, ya que la votación puede estar condicionada, pro las
circunstancias.
2º. La incompatibilidad de D. Fernando Hermoso Gallego, para puntuar al
concursante D. Juan Palacios Vital, por ENEMISTAD MANIFIESTA, que
quedó demostrada en el Pleno celebrado el pasado día 19, en presencia de
la Secretaria y la Interventora, así como en la forma de puntuar en la reunión
anterior.
3º La inexistencia de un INVENTARIO, que asegure lo que corresponde al
Camping, y se arrienda y lo que es propiedad privada, de los actuales
adjudicatarios, y por lo tanto no forma parte de lo que se arrienda.
Por todo ello pedimos la suspensión de la adjudicación, hasta corregir las
irregularidades expuestas, y otras si las hubiere, asimismo pedimos
INFORME JURÍDICO DE LA Secretaría, así como INFORME de la
Interventora, y se adjunte al expediente junto a esa solicitud.
Esperamos ser atendido, por la limpieza y justicia en al adjudicación, de no
ser así, nos reservamos el derecho a ejercer las acciones que corresponda.
Attre."
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1. En relación con la cuestión expresamente planteada -si las alegaciones vertidas en al acta
referida son causa de nulidad del procedimiento administrativo-, lo primero que conviene
resaltar es la falta de concreción de datos que permitan a esta Junta Consultiva de
Contratación Administrativa dar respuesta en uno u otro sentido, ya que las alegaciones
recogidas en el acta nunca pueden ser causa de nulidad de un procedimiento sino los
hechos que recogen tales alegaciones y respecto de estos últimos, se observa una confusión
y falta de sistemática, quizá propia de un debate político como el que tuvo lugar en la reunión
del Pleno del Ayuntamiento de Chipiona de 21 de septiembre de 2000, pero impropia de una

solicitud de informe jurídico que impiden a esta Junta un pronunciamiento expreso sobre la
cuestión planteada.
2. En concreto, las declaraciones del Sr. Gutiérrez Toscano consisten en proponer que se
anule la Mesa de Contratación "ante las irregularidades observadas", sin citar siquiera cuales
sean estas irregularidades; que la Mesa no debía estar presidida por D. Luis Mario Aparcero
Fdez. de Retama "por su vinculación al caso Sanlúcar y ser uno de los licitadores D. Marcos
Villanueva, testigo del mismo caso"; que el 80 por 100 "podría medirse por un criterio
objetivo", y que el Sr. Aparcero "ha recibido un extracto" de la deuda pendiente que la
empresa GAMAHER tiene con el Ayuntamiento y que este extracto "sólo ha podido llegar a él
a través de una persona autorizada como es el Sr. Marcos Villanueva".
Por parte del Sr. Zarazaga Rodríguez aparte de propugnar la nulidad del procedimiento y
solicitar se haga constar que el Sr. Alcalde manda callar a la Sra. Interventora ante una
pregunta formulada por él, se presenta escrito como Portavoz del Grupo Popular en el que se
sostiene:
-La incompatibilidad de D. Luis Mario Aparcero para puntuar a un testigo del
presunto caso de corrupción y soborno.
- La incompatibilidad de D. Fernando Hermoso Gallego para puntuar a un
concursante por enemistad manifiesta.
- La inexistencia de inventario de bienes del camping.
- La solicitud de informe jurídico de la Secretaria e informe de la Interventora.
A la vista de lo anterior esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende la
improcedencia de pronunciarse sobre determinadas actuaciones procesales penales que se
titulan "caso Sanlúcar", sobre la pretendida enemistad manifiesta del Alcalde con testigos del
citado caso, sobre la inexistencia de inventario de bienes del camping y "filtración" de los
extractos de cuentas y concluye que, contestando a la pregunta formulada, de los datos que
tiene conocimiento, por su carácter fragmentario y la confusión con que han quedado
expuestos, no existe manera hábil para determinar si concurre causa de nulidad del
procedimiento, como, tampoco, para sostener la conclusión contraria, es decir, su no
concurrencia.