Constitución Política de la República de el Salvador (1983)

Art. 215.- El servicio militar es obligatorio para todos los salvadoreños comprendidos entre los dieciocho
y los treinta años de edad.
En caso de necesidad serán soldados todos los salvadoreños aptos para actuar en las tareas militares.
Una ley especial regulará esta materia.
Art. 216.- Se establece la jurisdicción militar. Para el juzgamiento de delitos y faltas puramente militares
habrá procedimientos y tribunales especiales de conformidad con la ley. La jurisdicción militar, como
régimen excepcional respecto de la unidad de la justicia, se reducirá al conocimiento de delitos y faltas de
servicio puramente militares, entendiéndose por tales los que afectan de modo exclusivo un interés
jurídico estrictamente militar.
Gozan de fuero militar los miembros de la Fuerza Armada en servicio activo por delitos y faltas
puramente militares. (2)
Art. 217.- La fabricación, importación, exportación, comercio, tenencia y portación de armas,
municiones, explosivos y artículos similares, sólo podrán efectuarse con la autorización y bajo la
supervisión directa del Organo Ejecutivo, en el Ramo de Defensa.
Una ley especial regulará esta materia. (2)
TITULO VII
REGIMEN ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
SERVICIO CIVIL
Art. 218.- Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción
política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga
será sancionado de conformidad con la ley.
Art. 219.- Se establece la carrera administrativa.
La ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración; las
promociones y ascensos con base en mérito y aptitud; los traslados, suspensiones y cesantías; los deberes
de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten; asimismo garantizará a
los empleados públicos a la estabilidad en el cargo.
No estarán comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios o empleados que desempeñen
cargos políticos o de confianza, y, en particular, los Ministros y Viceministros de Estado, el Fiscal
General de la República, el Procurador General de la República, los Secretarios de la Presidencia de la
República, los Embajadores, los Directores Generales, los Gobernadores Departamentales y los
Secretarios Particulares de dichos funcionarios.
Art. 220.- Una ley especial regulará lo pertinente al retiro de los funcionarios y empleados públicos y
municipales, la cual fijará los porcentajes de jubilación a que éstos tendrán derecho de acuerdo a los años
de prestación de servicio y a los salarios devengados.
El monto de la jubilación que se perciba estará exento de todo impuesto o tasa fiscal y municipal.
La misma ley deberá establecer las demás prestaciones a que tendrán derecho los servidores públicos y
municipales.
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