SENTENCIA N º 140 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ...

SENTENCIA N º 140
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN NOVENA
Letrado : Marcelo Belgrano Ledesma
En la Villa de Madrid a dos de marzo de dos mil cinco
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso
administrativo nº 1847/99 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr.
Tesorero Díaz en nombre y representación de doña xxx contra la resolución de
la Subdirección General de Costes de Personal y pensiones militares
(Dirección General de Personal) de fecha 13 de abril de1999 confirma en
alzada por acuerdo del Ministro de Defensa de fecha 23 de septiembre de 1999
habiendo sido parte le Administración demanda representada por el Abogado
del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Interpuesto el recurso y seguido los trámites prevenidos en la ley,
se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda lo que
verificó dentro de plazo mediante escrito en el que se suplica se dicte
sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa
objeto de impugnación.
Segundo. El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito
en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución
recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
Tercero. No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó
a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en
el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y verificado, quedaron los autos
pendientes para votación y fallo.
Cuarto. En este estado se señala para votación el día 1 de marzo de 2005
teniendo lugar así.
Quinto. En la tramitación del presente proceso se han observado las
prescripciones legales.
Siendo ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ramón Verón

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A través del presente recurso el procurador de los tribunales Sr.
Tesorero Díaz en nombre y representación de doña xxx impugna la resolución
de la subdirección general de costes y personal y pensiones militares
(Dirección Gral de personal) de fecha 13 de abril de 1999 confirmada en alzada
por acuerdo del ministro de defensa de fecha 23-09-1999 por la que se
deniega a la recurrente una pensión de viudedad.
SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los
siguientes hechos:
a) La recurrente, nacida en el Sáhara el 19-05-1944 contrae matrimonio el
7-05-1958 con xxxx. El esposo fallece de muerte natural el 8-07-1972 de
muerte natural.
b) La esposa de la recurrente había ingresado en el Ejército español
(Agrupación de tropas nómadas) el 29-03-1962, permaneciendo en
activo hasta la fecha de su fallecimiento.
c) El 12-03-199 la recurrente solicita pensión de viudedad ante la
Administración demandada que le es denegada por las resoluciones
antes indicadas.
TERCERO.-La resolución de 13-04-1999 se funda para denegar la pensión
interesada en 2 razones:
1. “: por que no ha quedado suficientemente acreditado que el causante
gozara de “nacionalidad española plena” con todos los derechos y
beneficios inherentes a la nacionalidad consolidada, ni que dicha
plenitud pueda deducirse únicamente de la posesión de documento
nacional de identidad bilingüe expedido por las autoridades españolas,
de conformidad con el criterio fijado en los informes de la Asesoría
Jurídica general del Ministerio de Defensa de fechas 29 de junio de
1998 y 29 de enero de 1999.
2. Por establecer el artículo 17 de la Ley 172/65 de 21 de diciembre que
las pensiones del personal marroquí no son transmisibles y no darse
los requisitos previstos por el artículo 9 de esa misma Ley que exige

que el causante falleciera en las Campañas de África y Guerra de
Liberación”.
La resolución que resuelve el recurso administrativo añade a esas dos
razones un tercera consistente en que tampoco le corresponde por
haber fallecido por enfermedad común y no en campaña.
CUARTO.- La parte recurrente sostiene la nacionalidad española de la
recurrente aportando copia de la Sentencia del TS Sala Civil, de 28 de octubre
de 1998 dictada en caso idéntico al que ahora se somete a la consideración de
la Sala. Por otro lado, aunque entiende que no es aplicable la Ley 172/65 por
no ostentar el causante la nacionalidad marroquí, en el suplico de la demanda ,
de manera subsidiaria interesa la pensión contemplada en la mencionada
disposición.
La Administración demandada, por medio de su representación procesal, alega
que la sentencia del TS de 28 de Octubre de 1998 no reconoce al allí
recurrente la nacionalidad española sino a través del artículo 18 de Cc. esto es,
por posesión de estado.
QUINTA.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, se
habrán de analizar por separado las alegaciones acogidas por la
Administración para denegar la solicitud a la recurrente.
En primer lugar, sostiene la Administración como se ha visto, que la recurrente
no ha acreditado suficientemente la nacionalidad de su difunto esposo.
Antes de continuar se ha de hacer contar que la nacionalidad es cuestión que
afecta al derecho privado y que en consecuencia esta jurisdicción no puede
proclamar la nacionalidad española de ninguna persona. Por ello, lo que aquí
se diga lo es a efectos meramente prejudiciales, sin perjuicio de lo que pudiera
decir la jurisdicción civil si a ella se le planteara la cuestión a los solos efectos
de dar respuesta a la pretensión de la recurrente de conseguir la solicitada
pensión de viudedad.
A estos efectos, se ha de recordar, que la nacionalidad es uno de los actos
referidos al estado civil de las personas que tiene una más difícil probanza
debido a que se debe realizar en la inmensa mayoría de los casos, a través de
presunciones.
Pues bien, el esposo de la actora era titular de un DNI español, redactado en
español y no bilingüe como se sostiene por la Administración. Un DNI idéntico

al que se expedía para los españoles peninsulares e insulares. Ese documento
hace presumir que su titular goza de la nacionalidad española y quien sostenga
lo contrario ha de acreditarlo.
Es decir, la Administración no puede exigir una plena probanza de la
nacionalidad española de su marido a la interesada cuando aporta al
expediente el único documento de que disponemos la gran mayoría de los
españoles para acreditar nuestra nacionalidad. El DNI se expide, y se expedía
en la década de los sesenta con carácter exclusivo a los que gozaban de la
nacionalidad española. Por lo que se debe presumir español a quien tuviera
expedido a su nombre tal documento.
Se ha de recordar también, como hace la sentencia del TS de 28 de octubre de
1998 que durante los años sesenta y setenta (hasta 1975) existía un claro
deseo normativo en equiparar políticamente al Sáhara a una provincia más del
Estado y que, como tal, tenía sus representantes en las Cortes.
Por último refuerza lo dicho el hecho de que la Administración española
expidiera a favor de la actora y de su esposo un libro de familia en el que
aparece recogido su matrimonio así como el nacimiento de sus hijos.
SEXTO.- La segunda causa en que se fundamenta la Administración para
denegar la pensión estriba en el artículo 17 de la Ley 172/65 , de 21 de
diciembre, según la cual las pensiones del personal marroquí no son
transmisibles, sin que se den, además, los requisitos previstos por el artículo 9
de esa misma Ley que exige que el causante falleciera en las Campañas de
África y Guerra de Liberación”.
Pues bien, la actora ha presentado un claro indicio de que su esposo era
español. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que no existe el más
mínimo indicio en el expediente administrativo de que la esposa de la
recurrente tenga o haya tenido la nacionalidad marroquí, máxime, atendiendo
al tiempo en que se le expidió el DNI.
SÉPTIMO.- Así pues no se pueden aceptar ninguna de las razones esgrimidas
por la Administración demandada para denegar la pensión solicitada. Por ello,
la Sala entiende que procede el reconocimiento interesado pues, mientras otra
cosa no se pruebe, la posesión del DNI hace presumir la nacionalidad española
a su titular, sin que sea de aplicación el Decreto de 10 de agosto de 1976 dado
que es de fecha posterior al fallecimiento del soldado.

OCTAVO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se
ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos
necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de
lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción.
Por todo lo anterior, en el nombre de S.M. el Rey y por la autoridad que nos
confiere el Pueblo Español
FALLAMOS
Que ESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto
por el Procurador de los Tribunales Sr. Tesorero Díaz, en nombre y
representación de Doña xxxxx contra la resolución de la Subdirección General
de Costes de Personal y Pensiones Militares (Dirección General de Personal)
de fecha 13 de abril de 1999 confirmada en alzada por acuerdo de Ministro de
Defensa de fecha 23 de septiembre de 1999 DEBEMOS ANULAR Y
ANULAMOS las citadas resoluciones por no ser conformes a derecho.
No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en
esta instancia.
Así por nuestra sentencia, juzgando lo pronunciamos mandamos y firmamos
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día
de su fecha por el Ilmo Sr. D. Ramón Veón Olarte, Pontente que ha sido para
la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando
celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que como Secretario de la
misma doy fe.