The New York Times Company Vs. L. B. Sullivan - Catedras

y medidas de los hombres públicos, de cada descripción, que no ha sido confinada a los
estrictos límites del common law. Sobre esta base se ha erguido la libertad de la prensa;
sobre esta base aun descansa...” (4 Elliot’s Debates, supra, p. 570). El derecho a la libre
discusión pública de la administración de los funcionarios públicos era, por lo tanto, en
la visión de Madison, un principio fundamental de la forma estadounidense de
gobierno15.
Aunque el Acta de Sedición nunca fue testeada en esta Corte16, el ataque sobre su
validez ha alcanzado su día en la corte de la historia. Las multas pagadas por violar el
Acta fueron devueltas por un Acta del Congreso con el fundamento de que era
inconstitucional (ver, por ejemplo, Acta del 4 de Julio de 1840, c. 45, 6 Stat. 802
acompañada por H.R.Rep. nº 86, 26th Cong., 1st Sess. 1840). Calhoun, en su reporte al
Senado del 4 de febrero de 1836, asumió que su invalidez era un asunto “del cual ahora
nadie duda” (Report with Senate bill No. 122, 24 th Cong., 1 st. Sess., p. 3). Jefferson,
como presidente, perdonó a aquellos que habían sido encontrados responsables y
sentenciados bajo el Acta y remitió sus multas, estableciendo: “Relevo a toda persona
bajo castigo o persecusión bajo el Acta de Sedición, porque consideré, y ahora
considero, que esa ley es nula, tan absoluta y palpablemente nula como si el Congreso
nos hubiera ordenado arrodillarnos y rezar ante una imagen dorada” (Letter to Mrs.
Adams, 22 de julio de 1804, 4 Jefferson’s Works (Washington ed.), ps. 555-556). La
invalidez del Acta ha sido también sostenida por los jueces de esta Corte (ver Holmes,
J., disintiendo y acompañado por Brandeis, J., en Abrams vs. United States, 250 US
616, 630, 40 S.Ct. 17, 63 L.Ed. 1173; Jackson, J., disintiendo en Beauharnais vs.
Illinois, 343 US 250, 288-289, 72 S.Ct. 725, 96 L.Ed. 919; Douglas, The Right of the
People (1958), p. 47. Ver también Cooley, Constitutional Limitations, 8ª ed.,
Carrington, 1927, ps. 899-900; Chafee, Free Speech in the United States, 1942, ps. 27-
28). Estas posiciones reflejan un amplio consenso de que el Acta, en razón de las
restricciones que imponía sobre la crítica al gobierno y a los funcionarios públicos, era
inconsistente con la Enmienda I.
No hay fuerza en el argumento de Sullivan de que las limitaciones constitucionales
implícitas en la historia del Acta de Sedición se aplican solamente al Congreso y no a
los Estados. Es cierto que la Enmienda I estuvo originalmente dirigida sólo a la acción
del gobierno federal y que Jefferson, en tanto que rechazó el poder del Congreso de
“controlar la libertad de la prensa”, reconoció tal poder a los Estados (ver la carta de
1804 a Abigail Adams citada en Dennis vs. United States, 341 US 494, 522, n. 4, 71
S.Ct. 857, 95 L.Ed. 1137, opinión concurrente). Pero esta distinción fue eliminada con
la adopción de la Enmienda XIV y la aplicación a los Estados de las restricciones de la
Enmienda I (ver, por ejemplo, Gitlow vs. New York, 268 US 652, 666, 45 S.Ct. 625, 69
L.Ed. 1138; Schneider vs. State, 308 US 147, 160, 60 S.Ct. 146, 84 L.Ed. 155; Bridges
vs. California, 314 US 252, 62 S.Ct. 190, 86 L.Ed.192; Edwards vs. South Carolina, 372
US 229, 235, 83 S.Ct. 680, 9 L.Ed.2d 697).
Lo que un Estado no puede constitucionalmente regular por medio de una ley criminal
está igualmente más allá del alcance de su ley civil de difamación17. El miedo a una
indemnización por daños y perjuicios otorgada bajo una regla tal como la invocada aquí
por los tribunales de Alabama podría ser marcadamente más inhibitoria que el miedo a
una persecución bajo una ley penal (ver City of Chicago vs. Tribune Co., 307 Ill. 595,
607, 139 N.E. 86, 90, 1923). Alabama, por ejemplo, tiene una ley penal de difamación
que somete a persecución “a toda persona que hable, escriba o imprima sobre y referido