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Es en el marco de optimismo por el avance de la anhelada unión de las repúblicas
del sur del continente que se inscribe la propuesta de creación del Registro Suramericano
de Gastos de Defensa. Esta iniciativa que desarrolla en su escrito el Subsecretario de
Planificación Logística y Operativa de la Defensa, Lic. Gustavo Sibilla, destaca la necesidad
de invertir en la construcción de confianza para consolidar la integración. Confianza
que tiene como condición necesaria a la transparencia.
En el plano nacional, los principios rectores del proceso que nos toca conducir
desde el Ministerio de Defensa, cabeza del Sistema de Defensa, están expuestos en
este volumen por el Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Lic.
José Luis Sersale. El eje de nuestra posición es la conducción política de la Defensa,
que implica el ejercicio efectivo del mando sobre las Fuerzas Armadas, de una parte, y
la voluntad de obediencia y el consenso acerca de la legitimidad incuestionable de las
autoridades, por otra.
Nuestra acción propone construir la institucionalidad que articule los nuevos mecanismos
de coordinación e integración del instrumento militar en un sentido esencialmente
conjunto, así como recuperar capacidades operativas que permitan hacer frente
a las misiones fijadas por la Ley de Defensa, su reglamentación y el corpus jurídico que
de ellas se deriva.
Esta empresa no se desarrolla en el vacío. Debe lidiar con condicionantes que provienen
de la historia propia de las instituciones nacionales, así como de los desafíos que
plantea un ambiente mundial signado por la incertidumbre y la tensión entre la cooperación
internacional y las tentaciones unipolares.
En este sentido, la apreciación que debemos lograr del escenario estratégico irá
ajustando también nuestro diagnóstico de cuáles son las amenazas a la paz y las nuevas
formas que adquieren los conflictos que requieren el uso de la fuerza militar.
El Dr. Rodolfo Mattarollo realiza un aporte que es un necesario llamado de atención
sobre los riesgos que plantea la naturalización de la presencia de actores para-estatales
en conflictos bélicos actuales.
Las guerras que desarrolla Estados Unidos y sus aliados en Iraq y Afganistán desde
hace casi una década instauraron la tercerización de determinados servicios a cargo
de Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP), contratistas que juegan un rol
cada vez más importante en los esquemas tácticos de aquellos escenarios remotos
que tienden a expandirse a nuestra región a medida que las tensiones se agudizan en
alguno de nuestros países.
Mattarollo analiza, no sin suspicacia, el “Documento de Montreux”, un instrumento
no vinculante propuesto por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como forma
de dar ordenamiento a la participación de estas empresas cuyo objeto amplio (por no
decir ambiguo) pivotea entre la consultoría de riesgo y el uso de mercenarios.
El autor es enfático al considerar que las “buenas prácticas” propuestas en este texto
polémico deberían encuadrarse en una política que apunte a la prohibición de estas
agencias en el mediano y largo plazo.
No se debe retroceder en lo alcanzado en materia de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, asegura el Dr. Marcelo Raffin en un artículo en el que subraya las
tesis de doctrinarios contemporáneos que priorizan la protección de la vida sobre cualquiera
otra normativa particular.
Revista de la Defensa 4