Cuando hay una ejecución en plena con el ... - Reporte Indigo

[No. 86] Del 13 al 19 De junio De 2008
La
coartada
perfecta
Cuando hay una ejecución en plena
calle, se piensa que debe estar relacionada
con el narcotráfico. La realidad es que el
método podría ser una simple coartada.
Un expediente obliga a la Procuraduría a
investigar el fraude de tierras como móvil
de un asesinato.

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Por Hugo gutiérrez
Hay suficientes pruebas
para afirmar
que podrían estar
imitando el estilo de
las ejecuciones del
narcotráfico, cuando el fin es matar
por otros negocios turbios, como la
defraudación de tierras.
Es un tema sumergido en la oscuridad
de los expedientes y de los archivos
de la Procuraduría de Justicia
del Estado porque las ejecuciones
casi nunca son resueltas.
Todas son atribuidas en primera
instancia al “crimen organizado”.
Hasta pareciera que cuando dan esta
versión pública, estuvieran solucionando
los homicidios: “fue algo concerniente
al crimen organizado”. Y se
acabó.
Pero la sociedad espera otras respuestas.
Quiere conocer el móvil de
los asesinatos, qué clase de organización
criminal los comete y cuándo
estarán tras las rejas los delincuentes.
Muchas otras líneas de investiga-

eConomía
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ción no están siendo agotadas. Como en el caso del
homicidio de Jesús Villanueva Gutiérrez.
El ingeniero civil y ex presidente del Colegio de
Ingenieros fue asesinado en plena vía pública el 1 de
mayo pasado al estilo de una ejecución de la mafia.
Le dispararon con una pistola 9 milímetros cuando
salía de su oficina de Boulevard Puerta del Sol, en
Colinas de San Jerónimo.
Pero su muerte tiene un antecedente inquietante y
poco investigado.
Villanueva Gutiérrez estuvo disputando en los últimos
cinco años un caso de fraude por tierras.
Pese a ese historial jurídico, que tiene la Procuraduría
estatal en sus propios archivos, ocurre igual
que en la gran mayoría de las ejecuciones: aún no hay
un resultado de la investigación.
La dependencia ha informado a la prensa que existen
dos posibles móviles del asesinato. Y ninguno de
ellos tiene que ver con la disputa de Villanueva por
terrenos.
Esto, aunque los funcionarios de la Procuraduría
saben que el ingeniero había denunciado un despojo
de tierras en la zona de San Martín, en Escobedo.
También saben que señaló la comisión de varios
delitos. Y que fue asesinado tan sólo 15 días después
de haber recibido por segunda ocasión el inejercicio
de la acción penal contra la denuncia que había presentado.
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el Delito
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la Denuncia
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Primer Peritaje
índigo • 1 de febrero 2008
1 de febrero 2008 • índigo

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Primer inejercicio
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segunDo inejercicio
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Peritaje
Querella Que NuNca prospera
Villanueva Gutiérrez presentó
ante la Procuraduría de Nuevo León
la denuncia que lo llevó a litigar el
caso hasta su muerte.
Pero esa acusación siempre fue
rebatida por la misma dependencia.
La querella interpuesta en 2002
incluía peritajes que probaban la falsificación
de documentos. Aun así, le
fue rechazada.
En dos ocasiones, la Procuraduría
declaró inejercicio de la acción penal,
con lo cual favoreció a los acusados.
Una fue emitida el 28 de febrero
de 2005, la otra el 16 de abril de
2008. Esta última le fue notificada
a Villanueva Gutiérrez dos semanas
antes de que fuera ejecutado a plena
luz del día.
En su querella, el ingeniero narra
que varias personas cometieron un
fraude al falsificar documentos oficiales
para apoderarse de 157 hectáreas
en el área conocida como Rancho
de San Martín, ubicado en Escobedo.
Es una porción de tierra localizada
al norponiente del municipio,
donde se han desarrollado nuevos
fraccionamientos.
En la denuncia explica que en
1995, a nombre de la empresa Centro
de Informática Aplicada, S.A., él firmó
un contrato con Domingo Maximino
Quijano Treviño para recuperar las
tierras de una familia que tiene los
apellidos Treviño Quiroga.
Curiosamente, el ingeniero asegura
que le pagarían con el 50 por ciento
de las tierras recuperadas, suma
poco habitual. El 40 por ciento en
especie para su empresa, Informática
Aplicada, y el 10 por ciento en utilidades
para él.
Villanueva cumplió con localizar
los dos predios en San Martín a nombre
de la familia Treviño Quiroga.
Pero, según su denuncia, Domingo
Maximino Quijano Treviño,
quien lo contrató para encontrar los
terrenos, le advirtió que debía suspender
la búsqueda porque esas propiedades
ya habían sido vendidas.
índigo • 1 de febrero 2008
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se QuedaN coN las tierras
Entonces vino el rompimiento entre
Villanueva Gutiérrez y su cliente.
El ingeniero asegura en su querella
que el 20 de marzo de 2002 se enteró de
que Quijano Treviño se había constituido
como apoderado de Manuel González
Treviño. Que con las facultades legales de
ese poder, reconocía un presunto adeudo
hipotecario en favor de
otros dos hombres.
Se hablaba de una supuesta deuda de
20 millones de pesos y que por ello, Quijano
Treviño y el segundo hombre, González
Treviño, habían entregado como garantía
en hipoteca las 157 hectáreas que el ingeniero
había localizado.
Tierras que según las indagatorias de
Villanueva Gutiérrez eran de la familia
Treviño Quiroga.
Pero las 157 hectáreas fueron hipotecadas
en favor de terceros desconocidos,
Jesús Luis y José Luis Flores Lozano.
Después de enterarse de todo esto, Villanueva
Gutiérrez encontró dos escrituras
de 1955 que acreditan la compra y venta de
dos propiedades en la misma zona.
Ambas fueron inscritas 38 años después,
en 1993, con un día de diferencia.
Una fue registrada el 15 de abril; la otra el
16 de abril. Y, claro, sospechó de un fraude.
Villanueva buscó a los descendientes de
los verdaderos dueños de la tierra y acordó
con ellos realizar una serie de peritajes de
las dos escrituras.
Los resultados de estas pruebas periciales
indicaron que la escritura del 16 de
abril era apócrifa. Y éste es el documento
que sirvió de antecedente para entregar en
hipoteca las 157 hectáreas.
Villanueva Gutiérrez descubrió que los
documentos inscritos en el Registro Público
de la Propiedad habían sido manipulados
para que, según su denuncia, Quijano
Treviño, como apoderado, se quedara
con los predios. También encontró que los
hombres a favor de quien se hipotecó la
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acta De la emPresa
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otro Peritaje
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la contratación
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propiedad eran sus cómplices, que todo
era una simulación.
El único fin de la operación era quedarse
con los terrenos.
Entonces, el ingeniero preparó su
acusación de fraude contra Domingo
Maximino Quijano Treviño, Manuel
González Treviño y los dos hombres
que supuestamente recibieron la propiedad
en garantía por el aparente préstamo
de los 20 millones de pesos.
la fiscalía impide la iNvestigacióN
La denuncia de Villanueva Gutiérrez
sigue en el aire. Incluso después de su
muerte, parece ser un caso inadvertido.
Independientemente del papel del
ingeniero en la localización de las 157
hectáreas, los únicos auténticos propietarios
son ignorados en la disputa.
Y la acusación del ingeniero, con
peritajes que muestran la falsificación,
es un dolor de cabeza para los involucrados.
Incluso para la Procuraduría
estatal.
Resulta que los peritajes que el
Ministerio Público invalidó fueron
hechos precisamente por los peritos de
la dependencia.
Además, la Procuraduría empezó a
negar todas las pruebas presentadas
por el hombre que hoy yace
bajo tierra.
Las rechazó porque el propio
fiscal, el empleado del procurador
para “procurar justicia”, cometió
una serie de inconsistencias en la
averiguación.
Intencionalmente o no, los errores
son los pretextos que la Procuraduría
utilizó para rechazar una
y otra vez la acusación de Villanueva
Gutiérrez contra los presuntos
defraudadores.
Cuando alguien presenta una
denuncia ante el Ministerio Público,
espera que éste cumpla con su labor
investigadora y agote todas las estrategias
para allegarse pruebas.
Pero aquí fue precisamente el fiscal
quien cometió los errores.
Y luego, fue el propio titular de la
Procuraduría, Luis Carlos Treviño
Berchlemann, quien declaró el “no
ejercicio” contra los acusados.
El pretexto fue que la averiguación
realizada por el fiscal no estaba bien
integrada.
Es decir, la Procuraduría integra
mal la averiguación y ella misma la des-
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firmas falsificaDas
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revocan inejercicio
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ProcuraDuría recHaza
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1 de febrero 2008 • índigo

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tres Peritajes
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PiDe cumPlir la ley
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9 Días antes De morir
califica mientras los acusados siguen en
libertad, aun con los peritajes en contra.
irregularidades fuera de serie
Según los hechos que constan en el
expediente, una mujer que vivía en la Ciudad
de México vino a Nuevo León de paso,
acompañada solamente por sus hijos, y
decidió comprar un terreno en Escobedo.
Esa tierra era el rancho San Martín. La
operación de compra-venta fue registrada
ante un notario público de Montemorelos,
es decir, alguien fuera de la jurisdicción.
Esto ya es sospechoso. Pero todavía hay
más.
Quijano Treviño hizo un contrato con
Villanueva Gutiérrez en 1995 para buscar
las tierras de otra familia.
Pasaron siete años entre la localización
de los predios y la denuncia del ingeniero
en 2002.
Siete años en los que, según la querella,
el hombre que pidió buscar las tierras de
un tercero terminó siendo el apoderado de
las mismas.
Además, Quijano Treviño las entregó
a dos hombres como garantía por una
supuesta hipoteca.
Hipoteca hecha sobre un documento
que los propios peritos de la Procuraduría
determinaron que era falso.
Aun con todo esto, la Procuraduría del
Estado dice que la acusación de Villanueva
Gutiérrez no presenta pruebas suficientes.
Por ello ha declarado en dos ocasiones la
“no acción penal” contra los acusados.
El 21 de abril, el ingeniero solicitó una
copia de todo el expediente. Fue asesinado
10 días después.
Posiblemente pidió el duplicado de
los documentos para ampararse contra
la segunda ocasión que la Procuraduría
rechazaba consignar a los acusados.
Pero ya no tuvo tiempo para hacerlo. Y
hasta el momento, esta línea de investigación
parece ser un simple hecho circunstancial
en la investigación del homicidio
de Villanueva Gutiérrez.
Un hoyo oscuro en el que no ha entrado
la luz de las indagaciones. Un vacío de
derecho que levanta suspicacias. Sobre
todo cuando el costo promedio de la tierra
del área metropolitana de Monterrey se ha
convertido en el más alto del país.
índigo • 1 de febrero 2008
1 de febrero 2008 • índigo

sociedad
VuelVen
“fantasmas”
de Chipinque
La propuesta de expropiación de Valle de Reyes podría darle certeza jurídica
y hasta utilidad pública al cañón de Ballesteros. Pero siempre y cuando
no se repitan los conflictos que ocurrieron en chipinque.
por Ángel plasCenCia

sociedad
la controversia de hace 19 años podría repetirse. Con la
propuesta de expropiación de Valle de Reyes los “fantasmas”
de Chipinque han vuelto a la escena.
Algunos de los actores que participan hoy están participando
en el movimiento que rechaza Valle de Reyes
–ahora llamado Valle Sur- también intervinieron en la polémica
de finales de los 80 y principios de los 90.
En aquel tiempo se expropiaron terrenos de la zona de Chipinque
para crear un parque natural de utilidad pública. Pero luego
vino una revocación que generó conflictos.
El Secretario de Gobierno durante la expropiación era Natividad
González Parás. Defendía la expropiación de Chipinque y condicionaba
el pago de los terrenos al retiro del juicio de amparo de
los propietarios.
Hoy, él cambia de puesto y de postura. Y además se suma a la
controversia el nombre de su hermano Luis Francisco González
Parás, que es asesor jurídico de la compañía Metrofinanciera, propietaria
de los terrenos en el Cañón.
Aunque los terrenos cedidos en Chipinque por el gobierno federal
a particulares no habían sido clasificados como reserva ecológica,
aquella medida para proteger el parque sirve para proyectar
el futuro del Cañón de Ballesteros.
Chipinque es el antecedente para determinar los errores y aciertos
de aquellas administraciones gubernamentales.
El entonces gobernador, Jorge Treviño Martínez, decretó la
compra de esa zona por parte del Estado en 1989. El área había
permanecido cerrada al público durante más de un año por Promotora
de Chipinque, compañía dueña de mil 200 hectáreas en
ese lugar.
Luis Segura Lecea, propietario de esa compañía, fue llevado
a la cárcel por el delito de fraude. Según la acusación, vendió sin
autorización parte de las tierras. Permaneció dos días tras las rejas
y salió bajo fianza gracias a un amparo.
El énfasis de la mayoría de los ambientalistas que protegieron
en su momento Chipinque y ahora protegen La Huasteca, ha sido

sociedad
aplicar la Ley de Expropiación
del Estado, promulgada en la
administración de Treviño
Martínez, y con ella evitar que
La Huasteca sea fraccionada.
Pero como en el caso Chipinque
esta ley no fue respetada,
los ambientalistas tienen el
temor de que suceda lo mismo
en el Cañón de Ballesteros.
Guillermo Martínez Berlanga
explica que es necesario un blindaje jurídico. No sólo para La
Huasteca, sino para todo el Parque Nacional Cumbres en Nuevo
León.
Explica que esta zona se encontrará asediada constantemente
por inversionistas para fraccionar y obtener beneficios económicos
de la reserva natural.
El principal conflicto en Chipinque vino con la administración de
Sócrates Rizzo García.
El Gobernador revocó la expropiación de Chipinque sin la autorización
del Congreso y las tierras fueron regresadas a los antiguos
propietarios para que fraccionaran.
El gobierno formó un patronato con un grupo de empresas,
entre ellas Vitro, Femsa, Alfa, Cemex, Cydsa, Imsa y Grupo Pulsar,
para pagar un monto de 17.5 millones de dólares por las tierras.
Se creó la reserva natural de mil 639 hectáreas para el actual
Parque Chipinque. Pero en el resto de la zona que había sido
expropiada, se otorgaron permisos para construcción.
Esto redujo la extensión del parque Chipinque.
Un grupo de ciudadanos, entre ellos Martínez Berlanga, protestaron
luego del anuncio de la revocación porque las tierras ya
habían sido compradas por el Estado desde la expropiación.
Pero las protestas no provocaron ningún cambio hasta 1998.
Fue cuando se reabrió el caso y se formó una
comisión para investigarlo.
Citaron a Rizzo García en el Congreso y
hasta diciembre de 1999 se le dio carpetazo
al validar la revocación del ex gobernador de
Nuevo León. El daño estaba hecho.
Pero eso sí. Lo que rescató el Estado del
parque es actualmente una extensión natural
protegida y de utilidad pública que l da servicio
a muchos regiomontanos.

Propuesta ciudadana
El 8 de junio pasado, diversos funcionarios públicos y dirigentes
del PAN en Nuevo León firmaron un compromiso para defender el
Cañón de Ballesteros.
Entre ellos se encontraba el ex gobernador y actual senador
del PAN, Fernando Elizondo. El crecimiento y la proyección de un
movimiento ciudadano fue retomado por los panistas.
Martínez Berlanga dice que le da la bienvenida a los panistas
para defender La Huasteca, pero
les recuerda y cuestiona acerca de
sus nueve años de retraso en la
participación de la causa.
Desde inicios de marzo, consejeros
de la Semarnat en Nuevo
León y representantes de grupos
ecologistas, habían enviado una
carta al Congreso del Estado
para apoyar un punto de acuersociedad
VueLVe a VeR
La entReVista
entReVista
con Paz fLoRes
do presentado por diputados federales. En éste se pedía la expropiación
del
Cañón de Ballesteros.
Al respecto, la ecologista y activista ciudadana, Paz Flores, dice
que el movimiento ciudadano ya había presentado la opción de la
expropiación federal.

sociedad
Pero que lo importante al final del día es que las propuestas sean
presentadas y se lleven acabo, sin importar quien las abandera.
La posible expropiación del Cañón de Ballesteros es una acción
que requiere una justificación jurídica que impida que el tema
sea revivido en el futuro y alguien más revoque lo que ya se había
logrado, tal como sucedió en Chipinque.
Ya sea federal o estatal, las leyes de expropiación y el tratamiento
que se de al caso no puede ser desde la lucha partidista, sino
desde el interés ciudadano.
Las mentes perversas
No mencionaron nombres ni acusaron directamente a alguien,
pero Grupo Marfil descalificó a todo opositor a su proyecto.
El 10 de junio publicó un desplegado que apareció en los periódicos
de la localidad. En él Marfil calificó de “mentes perversas” a
quienes rechazan el desarrollo Valle de Reyes.
A pesar de que biólogos, ambientalistas, abogados, consejeros
de la Semarnat y la ciudadanía en general han presentado pruebas
sobre la inviabilidad jurídica y ambiental del fraccionamiento, las
acusaciones de la constructora parecen limitar todo a “intereses
partidistas”.
Como participante del litigio de Valle de Reyes, Paz Flores pide
seriedad a los empresarios de Marfil.
Afirma que así como los ciudadanos en contra han presentado
pruebas físicas como análisis legales del caso, su contraparte no
puede hacer afirmaciones sin ellas.
Los ambientalistas piden pruebas a los empresarios. Los ciudadanos
han difundido un documento con los vicios jurídicos en la
formación del proyecto.
Haz cLicK en Los aÑos
udio
PaRa escucHaR
Elevador
Segundo piso
Rollover
Scroll
1971
1989
1991
1992
1998
1999
ideo

sociedad
El decreto expropiatorio de Jorge
Treviño Martínez buscaba proteger
la zona de Chipinque para evitar la
construcción de fraccionamientos.

PoLítica
sociedad
Cuando Sócrates Rizzo asumió
la gubernatura revocó el decreto
expropiatorio de Jorge Treviño y
empezaron los enredos legales.
El parque perdió una parte de su
extensión con este proceso.

PoLítica
sociedad
Cuando Jorge Treviño expropió
Chipinque, el hoy gobernador
Natividad González Parás era el
Secretario de Gobierno y defendía
la protección del área natural.

PoLítica
sociedad
Desde marzo los
ambientalistas
propusieron
y apoyaron la
posibilidad de
expropiar el Cañón de
Ballesteros en
La Huasteca.

la cabaña
Carlos
‘El Changuito’
Ledezma
EL REGRESO DEL TRI
Después de tres años de no jugar un partido eliminatorio
en suelo regiomontano, la Selección Nacional regresa al
Estadio Universitario para su primer compromiso en casa
rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. En La Cabaña te
presentamos las últimas visitas del Tri a la ciudad.
lacabana@indigomedia.com

Las mentiras más crueles son
dichas en silencio”
RobeRt Louis stevenson
(1850-1894)
ensayista y escRitoR escocés