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JUEVES 19 DE ENERO DE 2012 diario16
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q INTERNACIONALES
Con la finalidad de reducir la
informalidad laboral en las
empresas, el ministro de
Trabajo y Promoci—n del Empleo,
JosŽ Villena, anunci— un cambio
en la pol’ tica de las inspecciones
laborales, que a partir del mes de
febrero tendr‡n una visi— n m‡s
orientadora que sancionadora.
Ò Las inspecciones de trabajo
deben ser no tanto coercitivassancionadoras,
sino preventivasorientadorasÓ
, indic— .
Se– al— que se dar‡ Ž nfasis a la
difusi— n y ense– anza de las reglas
laborales a los empleadores y se
dar‡ un plazo prudencial para que
las cumplan. Solo si se continœ a con
las faltas se aplicar’ an las sanciones.
Ò Los cambios sustantivos en
temas laborales deben pasar por
el conocimiento de las normas
existentes, su cumplimiento y
posterior seguimientoÓ , enfatiz— .
El Ministerio de Trabajo y Promoci—n
del Empleo (MTPE) anunci—
el Plan Anual de Inspecci— n que
se iniciar‡ en febrero.
Villena sostuvo que adem‡s
de las inspecciones laborales, el
MTPE ha suscrito un convenio con
la Sunat para obtener la Planilla
Electr—ni ca. Ò Con ese cruce de informaci—
n se puede detectar cierto
grado de informalidad en las
empresasÓ , refiri— .
•LEY DE CARRERA PÚBLICA
De otro lado, el ministro Villena
sostuvo que el proyecto de Ley presentado
por el Ejecutivo para la eliminaci—
n progresiva del Contrato de
Administraci— n de Servicios (CAS) no
se har‡ aislada sino paralelamente a
una reforma y modernizaci— n de la
administraci— n del Estado.
Indic— que el DL. 276, emitido
en 1984, era la norma madre de
!Administración
deberá respetar
derechos de sus
trabajadores y política
ambiental del Estado
La Junta de Acreedores de la
empresa Doe Run Perœ (DRP) acord—
reiniciar en los pr— ximos d’ as
las operaciones del Complejo Metalœ
rgico de La Oroya (CMLO) que
estuvo paralizado desde junio del
2009. Asimismo, se inform— que
se mantendr‡ el rŽ gimen de la administraci—
n de dicho complejo.
Para reanudar las operaciones
y establecer un efecto de unidad
y de supervisi— n se ha designado
a la empresa Apoyo Consultor’ a
para que evalœ e y analice esta
obra. De otro lado, se acord— que
!Fiscalización de inspectores se realizará con visión “orientadora”
MTPE impulsa formalización
laboral en empresas
Sigue controversia por
eliminación del CAS
•RAFAEL ZARAUZ
Faltas y sanciones
Enero- octubre 2011:
Se reiniciarán operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya
la administraci— n deber‡ respetar
y garantizar en todas sus
‡ reas los derechos de sus trabajadores
y tambiŽ n defender e
implantar la pol’ tica ambiental
del Estado.
Estos acuerdos contaron con
la aprobaci— n de todos los asistentes
que participaron en la
reuni— n de la junta, la cual tuvo
como sede el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perœ (IIMP).
El representante del Ministerio
del Energ’ a y Minas (MEM),
en la reuni— n, dijo que el Estado
apoyar‡ el cumplimiento de los
compromisos asumidos y, sobre
todo, hacer realidad la reanudaci—
n de las operaciones del complejo
de La Oroya, ubicado en
Jun’ n, y el empleo pleno de sus
trabajadores.
En ese sentido sostuvo que el
MINISTRO VILLENA.
Quiere que las
inspecciones
laborales sean
menos coercitivassancionadoras
objetivo de respetar y hacer que
todos respeten la pol’ tica medioambiental
y que se atienda un
nuevo componente: el desarro-
En relaci— n a la discrepancia generada con el presidente
de la Comisi— n de Trabajo del Congreso, Julio
Gag— , sobre el costo de eliminar el CAS, el ministro
ratific— que le demandar’ a al Estado cerca de 4 mil
millones de nuevos soles. Se– al— que la cifra de 793
millones de soles del Informe del Ministerio de Econom’
a y Finanzas (MEF) se hizo considerando solo a
los trabajadores del gobierno central y regional, sin
contar los m‡ s de mil 800 gobiernos locales.
Adem‡ s, indic— que el c‡ lculo se hizo tomando
en cuenta el pase de los CAS al rŽ gimen DL. 728, que
incorpora mayores beneficios, como CTS (un sueldo por
a– o), seguro d e vida, asignaci— n familiar, vacaciones
completas, gratificaciones, entre otros. Por su parte,
el congresista Gag— insisti— en que tal cifra tampoco
es exacta porque el informe del MEF se– ala que el
paso de 90 mil trabajadores de CAS a planilla, sin
contar los gobiernos locales, demandar‡ 793 millones;
entonces los 188 mil CAS deber’ a demandar el doble,
es decir, unos mil 500 millones de soles.
EL DATO
Ira Rennert
y Bruce Neil,
accionista
principal y
alto ejecutivo
de Doe
Run, deberán
declarar
ante el 39°
Juzgado
Penal de
Lima el 8
de marzo
la administraci— n pœ blica, pero
con el tiempo qued— obsoleta y
prolifer— la contrataci— n por Servicios
No Personales (SNP) y luego
los CAS. Adem‡ s existe el DL. 728
para el rŽ gimen empresarial y los
gerentes pœ blicos de Servir.
Por ello, una comisi— n multisectorial
se encuentra preparando
el proyecto de Ley de la Nueva
Carrera Pœ blica, que Ò busca sincerar
el temaÓ de acuerdo a los tipos
de contratos que requiere el
Estado, tanto permanentes como
temporales.
llo sostenible, propiciando que se
emprendan otras actividades en la
zona, como ganader’ a y agricultura.
El ministro de Energ’ a y Minas,
Jorge Merino Tafur, resalt— que el
proceso se ha desarrollado en un
marco de absoluta transparencia
y consenso entre los acreedores,
lo que permitir‡ la reanudaci— n
de las operaciones de uno de los
complejos mineros m‡ s importantes
del pa’ s.
Por su parte el presidente de la
Junta de Acreedores, Diego Calmet,
expres— que el acuerdo es un paso
positivo y un esfuerzo maduro que
permite encontrar el consenso
entre los acreedores, incluido el
Estado.