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Abril • 2011
por decisión del Estado Mayor retoman
las armas para la lucha frontal contra la
subversión”. Edgar Púa y Walter Cabarcas,
son miembros de Anthoc; Gustavo
López y Raulilliche Charris son de la Asociación
de Jubilados de la Universidad
del Atlántico, Asojua; Manuel Castro, es
de la Asociación de Educadores del Atlántico,
ADEA; Rubén Darío y Walberto
Torres, son de la Asociación Sindical de
Profesores Universitarios, ASPU; Jesús
Tovar y Tomas Ramos, son de la CUT;
Carmen Meza y Carlos Palma, son del
Sindicato de Trabajadores Universitarios
de Colombia, Sintraunicol; Lourdes Insignares,
es la personera Distrital; Oscar
Contreras, es el fiscal 21; Laura Venegas,
es la fiscal 78 de derechos humanos;
José Humberto, es abogado; Bernardo
Hoyos, ex alcalde de Barranquilla;
Alfonso Camerano, miembro del partido
político Polo Democrático Alternativo;
Alfredo Palencia, es el secretario del interior;
Jorge Cura y Arturo Donado, son
periodistas; Nestar Franco, es diputada;
Osvaldo Díaz, es concejal de Barranquilla;
Tarquino Pacheco, es representante
a la Cámara y Luis Eduardo Niebles, fue
director de la Caja de Compensación Familiar,
Cajacopi, seccional Atlántico.
Presunto Responsable: PARAMILITARES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
EDGAR PUA SAMPER
MANUEL CASTRO - EDUCADOR
RUBÉN DARÍO ARROYO - EDUCADOR
WALBERTO TORRES - EDUCADOR
JESÚS TOVAR
CARMEN MEZA CONSUEGRA
LOURDES INSIGNARES - PROFESIONAL
OSCAR CONTRERAS AMARIS - PROFESIONAL
WALTER CABARCAS
LAURA VENEGAS AHUMADA - PROFESIONAL
JOSÉ HUMBERTO TORRES - ABOGADO
GUSTAVO LÓPEZ RESLEN
BERNARDO HOYOS MONTOYA - PROFESIONAL
ALFONSO CAMERANO
ALFREDO PALENCIA MOLINA - PROFESIONAL
JORGE CURA AMAR - PERIODISTA
ARTURO DONADO - PERIODISTA
NESTAR FRANCO DE FERRER - PROFESIONAL
CARLOS PALMA GUTIÉRREZ
OSVALDO DÍAZ INSIGNARES - PROFESIONAL
TARQUINO PACHECO - PROFESIONAL
TOMAS RAMOS
JOSÉ RODRÍGUEZ PEROZO
RAULILLICHE CHARRIS
LUIS EDUARDO NIEBLES - PROFESIONAL
Abril 4/2011
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ
Dos hombres irrumpieron hacia las 7:30
p.m., por la fuerza en la vivienda de la
abogada y presidenta de la ONG Corporación
Sembrar. Según la denuncia el hecho
sucedió: “En momentos en que ella
se encontraba presente en compañía
de su familia. Los hombres alcanzaron
a ingresar hasta el balcón de la vivienda
y destruir la chapa de la puerta, sin
embargo no pudieron acceder debido a
otro seguro que lleva la misma puerta y
la rápida reacción y gritos de auxilio, situación
que obligó a los hombres a huir”.
Agrega la denuncia que: “Es particularmente
inquietante que en el momento
en que ello ocurría, fueron suspendidos
inexplicablemente el citófono y el teléfono
de la portería, lo que impidió la comunicación
inmediata con el personal
de vigilancia del conjunto residencial,
restableciéndose las mismas minutos
después de presentado este incidente
de seguridad y que los hombres lograran
huir. Desde el día 3 de marzo de 2011,
la Corporación Sembrar se vio obligada
a devolver al Gobierno de Colombia la
totalidad de los esquemas de seguridad
(carro blindado y escoltas), ante la ausencia
de medidas políticas y materiales reales
de protección, así como la pretensión
de obligar a Sembrar y al abogado Jorge
Molano para aceptar empresas privadas
armadas para su protección. El Gobierno
de Colombia se había comprometido
con Sembrar a realizar una reunión de
alto nivel, para la discusión y adopción
de medidas políticas, antes del 15 de
marzo de 2011. Han transcurrido más de
40 días de total desprotección, sin que
por parte del gobierno sea adoptada ninguna
medida, manteniendo total silencio
sobre las razones para la dilación. Es claro
que lo que ocurra en relación con los
derechos a la vida, integridad y libertad
de Zoraida Hernández, su familia, así
como de los demás integrantes y asesores
de Sembrar, es total y exclusiva
responsabilidad del Gobierno de Colombia,
que ha demostrado especial desidia
y negligencia para brindar garantías para
el ejercicio de la defensa de derechos
humanos. Estos actos de intimidación,
se presentan en un contexto en el cual
líderes, lideresas y organizaciones acompañantes
de procesos de exigibilidad del
derecho a la tierra y al territorio (retorno,
restitución, reclamación y permanencia)
vienen siendo objeto de distintas modalidades
de agresión contra sus vidas. La
Corporación Sembrar, acompaña líderes,
comunidades y organizaciones que adelantan
procesos de defensa de su territorio
y de restitución de tierras. Actualmente
Sembrar acompaña el proceso
de retorno voluntario y autónomo de la
comunidad de Las Pavas iniciado desde
el 04 de abril de 2011, en la cual Zoraida
Hernández, ha jugado un papel importante
en la asesoría a los integrantes de
la Asociación de Campesinos de Buenos
Aires, ASOCAB, comunidad desplazada
por estructuras paramilitares, el cual ha
beneficiado a empresas palmeras en el
Sur de Bolívar, reclamando para ello las
garantías necesarias para el retorno a
la Hacienda Las Pavas. Zoraida Hernández,
es a su vez, vocera del Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado desde donde ha dado diversas
entrevistas a medios de comunicación
respecto a la ley de víctimas y restitución
de tierras y recientemente sobre los privilegios
a miembros de la Fuerza Pública
“detenidos” en guarniciones militares.
El día 4 de abril de 2011, Zoraida Hernández
fue una de las voceras de la Coordinación
Colombia - Europa - Estados
Unidos, en el desarrollo de la Mesa Nacional
de Garantías, sobre situación de
defensores, defensoras, víctimas y organizaciones
que reclaman sus derechos
a la tierra, los territorios y la restitución,
presidida por el Ministro del Interior y
de Justicia y con presencia de diversas
autoridades y comunidad internacional”.
Presunto Responsable: ESTADO COLOMBIANO
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza
ZORAIDA HERNÁNDEZ PEDRAZA - DEFENSOR DE
DDHH
INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Abril 4/2011
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: APARTADÓ
Paramilitares con la tolerancia de miembros
de la Fuerza Pública amenazaron a
los pobladores de la vereda Murmullo.
Según la denuncia los: “Paramilitares
realizaron una reunión en la vereda Murmullo,
allí le hablaron a la gente sobre
trabajos que realizarían cuando ellos lo
ordenaran: el que no los hiciera, pagaría
la primera vez $ 50.000 de multa y si faltaban
una segunda vez lo matarían; además
de ello, iban a colocar en todas las
veredas paramilitares de civil, armados y
con radios, encargados de vigilar el actuar
de cada persona o si alguien extraño
entraba a la vereda, y finamente dijeron
que nadie podía estar en la Comunidad
CINEP / Programa por la Paz
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