el procedimiento preferente y sumario de proteccin de los derechos ...

EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE Y SUMARIO DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
INTRODUCCIÓN:
Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en
el artículo 14 y sección 1ª del capítulo II de la Constitución Española –en adelante CEante
los tribunales del orden civil por medio de un procedimiento basado en los
principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional, de manera subsidiaria (artículo 53.2 CE).
Así, debe haber un procedimiento que tenga prioridad en su tramitación (o preferente) y
sustancialmente acelerado rápido (sumario, en sentido vulgar), que sólo pueda versar
sobre pretendidas violaciones de los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14
a 29 y 30.2 CE.
La previsión de un proceso de estas características fue tempranamente cumplimentada
por la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona,
de 26 de diciembre de 1978, elaborada al tiempo de la propia CE, con el fin de evitar
lagunas de tutela de aquéllos. Esta Ley contenía tres secciones; una Penal, otra
Contencioso-Administrativa y otra Civil. Hoy está totalmente derogada; la sección
Contencioso-Administrativa por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de 1998, la Civil por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 –en adelante LEC- y la
Penal por la Ley de 24 de octubre de 2002 sobre enjuiciamiento rápido de delitos y
faltas. Faltaba en un inicio la protección jurisdiccional de derechos fundamentales en el
ámbito laboral, que fue acometida por la Ley de Procedimiento Laboral de 1990.
Cabe añadir que algunos Derechos Fundamentales como el de Reunión, gozan en virtud
de la legislación que los desarrolla, de procedimientos de protección propios.
I. DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACION:
Se regula en el artículo 249.1.2º LEC, un proceso Declarativo Especial Plenario
destinado a la protección del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, y
los que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro Derecho Fundamental, salvo los
que se refieran al Derecho de Rectificación (exceptuando así Juicio Verbal del 250.1.9º
LEC). Quedan amparados así los artículos 14 a 29 y 30.2 de la CE, excepto el derecho
de rectificación. Surge este procedimiento por la necesidad de involucrar a los
tribunales ordinarios en procedimientos de defensa de los Derechos Fundamentales.
II. REQUISITOS SUBJETIVOS:
A) COMPETENCIA OBJETIVA.-
Juzgados de 1ª Instancia (artículo 45 LEC y 85.1 LOPJ).
B) COMPETENCIA TERRITORIAL.-
Existen dos fueros legales imperativos; Así, conocerán los Juzgados del domicilio
del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el Tribunal del lugar
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donde se hubiera producido el hecho que vulnere el Derecho Fundamental de que se
trate (artículo 52.1.6º LEC).
C) PARTES.- Legitimación Activa.-
Sujetos de derecho que ostenten un INTERÉS LEGITIMO en el restablecimiento
del Derecho Fundamental vulnerado (Particulares, ya sean titulares del derecho
fundamental vulnerado o tengan un interés legítimo en su restablecimiento, el
Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo). En el artículo 12 de la derogada Ley de
Defensa de los Derechos Fundamentales de 1978, de la que hablé en la introducción,
se establecía a grandes rasgos, que pueden ser partes el Ministerio Fiscal, así como
personas físicas o jurídicas titulares de un derecho subjetivo que las faculte para
obtener la declaración jurídica pretendida.
Pueden los extranjeros, ser parte activa, por ejemplo, en función de lo dispuesto en
la CE; artículo 13 CE, en sus dos primeros apartados, regula que los extranjeros
disfrutan de los Derechos Fundamentales, en los términos establecidos por la Ley y
los Tratados Internacionales. También juega su papel la defensa de la dignidad
humana como fundamento del orden político y la paz social (artículo 10.1 CE).
Los ciudadanos europeos quedan asimilados a los españoles en cuanto a la
titularidad y disfrute de los Derechos Fundamentales en el ordenamiento español.
Al respecto de las personas jurídicas, hay que decir que los bienes jurídicos
inherentes a algunos derechos fundamentales no son predicables únicamente de los
seres humanos, sino que merecen ser protegidos también respecto de las personas
jurídicas.
El conflicto en este caso surge especialmente respecto de la libertad de expresión e
información, y el Tribunal Constitucional le da “carpetazo”, reconociendo a las
personas jurídicas aquellos Derechos Fundamentales que, habida cuenta de su objeto
y finalidad, puedan serles de utilidad. Se les reconoce así a las personas jurídicas el
de la libertad religiosa, de asociación, sindical, etc. No así, el derecho a la integridad
física, de carácter personalísimo (STC 107/88).
Respecto al honor, inicialmente se reconocía a las personas jurídicas, después la
STC 107/88 deniega tal posibilidad. Finalmente se extiende el derecho al honor
también a las personas jurídicas.
En lo referente al honor de las instituciones públicas, el TS se ha pronunciado a
favor de la protección de su dignidad y prestigio, no estando encarnado en un
derecho fundamental, ni mereciendo una protección asimilable a la del honor de las
personas (STS 239/2001 y 69/2002).
A nivel europeo, el TEDH puede conocer de una demanda presentada por cualquier
persona física, ONG o grupo de particulares víctima de una violación de sus
derechos (facultades reconocidas por el artículo 34 CEDH).
En la cuestión referida a menores e incapaces, tratamos aquí de un problema de
ejercicio, y es que según el artículo 162 del Código Civil español, la representación
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legal de los menores de edad, corresponde a sus padres, excepto en cuanto a actos
relativos a derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con las leyes y sus
condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo. La otra cara de la moneda es
el Ministerio Fiscal, que puede interponer recurso de amparo (artículo 46 LOTC),
sin necesidad del consentimiento de los particulares que los vean vulnerados. El
principio general es que las decisiones sobre los menores han de adoptarse por
particulares. Respecto de los incapaces, su representación corresponde al tutor
(artículo 267 Código Civil), y el régimen es similar al de los menores, salvo en lo
referido a grados (El Juez determinará qué Derechos Fundamentales puede ejercer el
incapaz por sí mismo, en función de su grado de incapacidad).
En lo referido a los derechos al honor, intimidad y propia imagen, la legitimación
activa corresponde al titular del derecho lesionado, no fallecido. Las personas
jurídicas accionarán por medio de sus representantes. También cualquier miembro
de un grupo étnico puede accionar si la ofensa se dirige contra todo ese colectivo al
que pertenece.
C) PARTES. Legitimación pasiva.-
Particular causante de la lesión, frente al cual se interpone el amparo.
D) POSTULACIÓN.-
Será necesaria representación de abogado y procurador, no siendo excepcionada en
ningún caso su necesidad (artículos 23 y 31 LEC respectivamente).
III. REQUISITOS OBJETIVOS:
A) PETITUM.-
Declarativo.- Primero, petición de reconocimiento del derecho fundamental
vulnerado, y segundo, declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución
impeditivo de los derechos, determinando la extensión de sus efectos.
De condena.-Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o
libertad, adoptando las medidas apropiadas para su conservación.
B) CAUSA PETENDI.-
Vulneración por los particulares de un Derecho Fundamental especialmente
protegido por la Constitución Española (artículo 53.2 CE, artículos 14 a 29 y 30.2 de
la CE).
Problema frecuente y problemático es saber en qué casos se vulnera el derecho al
honor, cuando éste entra en conflicto con otros derechos fundamentales,
concretamente con la libertad de expresión o de información. A este respecto, debe
tenerse en cuenta que la libertad de información sólo atañe a los hechos, no a las
opiniones o juicios de valor. Para que no exista vulneración del derecho al honor, la
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información o noticia deberá 1º) ser veraz, entendiendo por tal no un ajuste exacto
de la noticia a lo realmente acontecido, sino el haberse empleado en todo momento
la diligencia necesaria para comprobar y contrastar la información y su veracidad; y
2º) versar sobre hechos de relevancia pública o sobre sujetos de relevancia pública.
Sobre esto último debe tenerse en cuenta que el honor protegido será inversamente
proporcional a la relevancia pública del sujeto que lo vea vulnerado. Así obtienen
una mayor protección de su honor los sujetos privados (las personas corrientes), que
los personajes públicos, como por ejemplo son los políticos.
La libertad de expresión tiene que ver en cambio con la posibilidad de manifestar ideas
propias y juicios de valor. Como de las ideas y de los juicios de valor no se puede
predicar ni su verdad ni su falsedad, el límite al ejercicio de la libertad de expresión no
está –y eso lo diferencia de la libertad de información- en la veracidad, sino, según el
Tribunal Constitucional, en la utilización de insultos o expresiones vejatorias,
innecesarias para expresar la idea que se quiere manifestar e irrelevantes para la
formación de la opinión pública. La libertad de expresión no ampara nunca –como tiene
dicho el TC- el derecho al insulto.
IV. REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD:
A) LUGAR.- La sede del Tribunal competente, con carácter general
B) FORMA.- Juicio Ordinario (249.1.2º LEC) Preferencia en la tramitación del
proceso y en la ejecución provisional (artículo 524.5 LEC).
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