provincias - Corte Interamericana de Derechos Humanos

de un policía provincial (Autos “Torales Vega, Hilario y otros s/homicidio),
centradas en la falta de garantías procesales de tres miembros de la Comunidad
acusados de homicidio y de homicidio en grado de tentativa, así como la violación
de los derechos humanos sufrida por la misma Comunidad con ocasión del
operativo policial y judicial realizado pocas horas después en el barrio y en el que
se detuvieron a los imputados. Entre las numerosas acciones realizadas se
destaca la participación como observadores en el juicio oral llevado a cabo ante la
Cámara Criminal Nº 2 de la provincia de Formosa y, que finalizara con la condena
del anciano toba a 13 años y 6 meses de prisión, pena superior a lo solicitado por
el fiscal. La sentencia ordenó además investigar al intérprete toba Israel Alegre,
quien ofició de traductor durante el juicio, acusado de tergiversar los dichos de los
testigos para beneficiar a los acusados. Finalmente, el Excmo. Superior Tribunal
de Justicia de la provincia, constituido en Tribunal de Casación el día 24 de
noviembre del corriente ha declarado la nulidad de la sentencia y ordenado que
continúe la causa conforme a derecho, concediendo la libertad bajo caución
juratoria del anciano toba de 74 años, que padece una enfermedad terminal. Esta
Dirección Nacional, en conjunto con el Área Jurídico Nacional realizó una serie de
gestiones orientadas a lograr que se le otorgue el arresto domiciliario en razón de
la edad y de la enfermedad.
Asimismo, actualmente se encuentra ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos la causa colectiva iniciada contra la policía provincial por
apremios ilegales y encubrimiento del poder judicial en la aquellos fueran
absueltos.
- Comunidades Mbyá Guaraní - Provincia de Misiones. En razón de la denuncia
formulada por representantes de numerosas comunidades mbyá-guaraní
(septiembre 2004) por la falta de transparencia en el manejo de la ayuda para
niños desnutridos se han realizado distintas acciones, entre otras, visitas a algunas
comunidades, entrevistas con autoridades provinciales, concluyendo en la
formulación de una propuesta junto con el Programa de Salud de los Pueblos
Indígenas del Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de impulsar acciones que
permitan atender -en forma articulada y con respeto por los usos culturales- , la
grave situación que atraviesa la población indígenas, no sólo en esa provincia.
- Comunidad de Río Blanco Banda Norte – Provincia de Salta. La denuncia se
presenta en la Secretaría (Expdte. SDH nº 142.161, abril 2004) en razón del
lanzamiento violento de treinta y cinco familias indígenas, con atropello a personas
y bienes, en el juicio de desalojo seguido por la empresa HIGAMAR S.A (Actual
Río Zenta) contra miembros de la comunidad. Esta Secretaria realiza numerosas
actuaciones acompañando a la comunidad que finalizan en la suspensión de la
ejecución del desalojo y ordenando el reintegro de las familias a los predios que
ocupaban al momento del lanzamiento. La restitución de las familias a los predios
se cumplió parcialmente, ya que precisamente a causa de las irregularidades
cometidas, no constaban todas en el acta de lanzamiento, por lo que la jueza
resolvió diferir el pronunciamiento respecto de las restantes personas. Estas
familias fueron alojadas solidariamente por las que pudieron ingresar. En busca de
una solución al problema de fondo, la provincia manifestó el inicio de gestiones
tendientes a concertar con la empresa un arriendo con opción a compra de
terrenos para ser destinados a las familias de la comunidad, considerándose otras
alternativas como la compra de terrenos por la provincia o la expropiación de los
Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 82