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Mutaciones constitucionales: nuevo rol de la interpretación constitucional 77
gre. Si un presidente nombra como su ministro estrella a quien hace
ese tipo de afirmaciones, queda claro el compromiso que tiene con el
texto constitucional.
Desde el gobierno, se decía que los jueces colombianos enloquecieron
porque tomaban en cuenta los derechos económicos y
sociales como si fueran derechos, cuando eran simples metas propuestas
para que el Estado las alcance en algún momento. ¿Había
algún plazo? No. ¿Quién debía disponer que esas metas se cumplan?
Nadie. Entonces, se había dictado un texto ejemplar con el ánimo de
que no se cumpla. Se trataba de una impostura.
La Corte Constitucional empezó a hacer ejercicios hermenéuticos
legítimos y necesarios en un momento como ése. Por ejemplo,
se decía que el derecho a la salud no era exigible por vía de la tutela,
entonces había que efectivizar los derechos fundamentales: la salud
no lo es, pero la vida, sí. Entonces, cuando una persona se encuentra
en un precario estado de salud, si no se le hace un tratamiento que
no puede costearse se producirá su muerte. Por tanto, ordenar el
tratamiento clínico o quirúrgico equivale a proteger el derecho a la
vida. Esa conexión del derecho a la salud con el derecho a la vida lo
hizo la corte y fue motivo de escándalo. “Los jueces estaban locos”,
“el presupuesto se está desequilibrando”, “la corte está condenando
gastos no previstos”, “se están tomando en cuenta derechos que no lo
son y tutelándolos como derechos fundamentales”, fueron algunas de
las afirmaciones que se hicieron. La corte fue blanco de toda suerte
de críticas, especialmente, de los medios de comunicación que son
adictos a mantener el orden de cosas.
En definitiva, la única rama del poder público que se hizo cargo
de la Constitución de 1991 y la tomó en serio fue el poder jurisdiccional,
con la Corte Constitucional a la cabeza. Me honro de haber pertenecido
a ella porque logró avances significativos en materia jurisprudencial,
no sólo en lo que se refiere a la autonomía personal, sino
también en materia de derechos económicos, sociales y culturales;
de derechos de los pueblos indígenas y de las negritudes. Ése era el
propósito del constituyente: que esa sociedad democrática superara