La controversia por la delimitación marítima entre Chile y Perú ...

Lester Cabrera Toledo
La controversia por la delimitación marítima entre
Chile y Perú: construcción y aplicación de un discurso
geopolítico.
CONfines
Lester Cabrera Toledo*
El presente artículo busca establecer, a través de la
geopolítica práctica y formal en los casos de Chile
y de Perú, cómo la actual controversia por la delimitación
marítima entre ambos países ha sido una
construcción planificada y deliberada por parte de
la Cancillería peruana, como una forma eficaz de
mantener una agenda histórico-política con Chile,
al tiempo que establece una posición de statu quo
en dichos aspectos con su vecino del sur. De igual
forma, sin embargo, se observa que en dicha construcción,
la quietud y falta de planificación en el
largo plazo, por parte de Chile, ha jugado un rol de
importancia. Y si bien en ambos países se encuentra
institucionalizada una figura de agendas bilaterales
separadas, la iniciativa sigue concentrándose
en el lado peruano, no descartando futuros conflictos
de orden territorial.
Palabras clave: geopolítica crítica, discurso, conflicto,
límites, política exterior.
From practical and formal geopolitics, this article
seeks to establish the current dispute over the maritime
delimitation between Chile and Peru as a
planned and deliberate construction of the Peruvian
Foreign Ministry for the maintenance of a historical-political
agenda towards Chile, which, at the
same time shapes a position of status quo. However,
the disregard and lack of planning in the long term
on the part of Chile has also played a fundamental
role. Despite that in both countries a separate bilateral
agenda has been institutionalized, the initiative
continues to be concentrated on the Peruvian side
and future territorial conflicts cannot be precluded
Keywords: critical geopolitics, discourse, conflict,
boundaries, foreign policy
Artículos
Fecha de recepción: 12/05/2011 Fecha de aceptación: 27/01/2012
Introducción
La demanda por la delimitación marítima interpuesta por Perú en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya en contra de Chile 1 , a diferencia de la
significación parcial de los discursos de diversos personeros de gobierno
en ambos países, no se circunscribe solamente a un tema jurídico, sino
* Magíster en Seguridad y Defensa mención Política de Defensa por la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Investigador asociado de la Academia de Guerra del
Ejército de Chile (ACAGUE). cabrera.lester@gmail.com.
1 Éste es un diferendo planteado por el Perú hacia Chile, sobre la soberanía de una zona marítima
de cerca de 37.000 Km2 en el Océano Pacífico, debido a que la posición del Perú sostiene que entre
ambos países no hay un instrumento que establezca una delimitación marítima. Luego de una
serie de declaraciones cruzadas, el Perú presentó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
el 16 de enero del año 2008, el “Caso concerniente a la delimitación marítima entre la República del
Perú y la República de Chile”. A partir de esa fecha hasta el año 2011, ambas partes han realizado,
de acuerdo a los tiempos establecidos por el Tribunal, la denominada “fase escrita” del proceso, en
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que incluso en los mismos discursos es posible vislumbrar una serie de
elementos y factores que, de alguna u otra forma, demarcan un camino
que va más allá.
Por ejemplo, temas de índole económica, política e histórica, por mencionar
los más relevantes. Tomando entonces lo anterior, cabe destacar que
el mismo discurso de la controversia no fue producto de la controversia
misma, ni tampoco de un conflicto de carácter histórico, en el cual el hecho
en disputa se haya encontrado en entredicho en el pasado y de forma reiterada.
La controversia, entonces, puede ser considerada como una construcción
discursiva con planteamientos jurídicos, pero con consecuencias
geopolíticas, las cuales es posible descifrar, tanto a través de las mismas
referencias oficiales, como también de las formuladas por las universidades
o centros de estudio.
En este trabajo se analizan tanto los discursos oficiales como académicos
relativos a la controversia, pero principalmente, se busca dar cuenta de
la construcción de dicha controversia por parte del Perú, y la débil y negligente
reacción chilena, considerando que se tenían presente diversos antecedentes
que apuntaban a que el próximo problema de índole territorial
entre ambos Estados, gravitaría en la delimitación marítima. Así también,
se analizan elementos discursivos que establecen una clara diferenciación,
tanto de las agendas bilaterales, como también de la forma de mejorar las
relaciones. Sin embargo, es en este último punto en el cual nuevamente se
evidencia una problemática, al intentar ocupar elementos propios de una
agenda determinada —en este caso la económica-comercial— para solucionar
contenciosos —de la agenda histórico-política—, que se desmarcan
de lo señalado, tanto en su forma como en su naturaleza.
Los antecedentes recopilados dan cuenta de que existe, en primer lugar,
un desconocimiento sobre el valor de la geopolítica crítica como herramienta
de análisis en la valoración y utilización política de los discursos
y, principalmente, en la creación de determinados imaginarios, en la concepción
de los denominados decision-makers de la política exterior, principalmente
la chilena. En segundo lugar, y dentro del discurso denominado
académico, es posible encontrar una multiplicidad de artículos que,
si bien son de reconocidos especialistas, dan muestra de una rivalidad o
percepción negativa cuando se abordan diversos aspectos sobre la relación
bilateral. Siendo así, esta investigación también tiene por objetivo tratar
la que se han expuesto debidamente los argumentos que sostienen sus posiciones. A consecuencia
de lo anterior, en el año 2012 se dará comienzo a la “fase oral”, para tener el pronunciamiento de la
Corte a fines de dicho año, o el 2013, dependiendo de los procesos y carga del Tribunal.
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una temática que, si bien ha sido ampliamente seguida por ambos países,
en reducidos casos se ha empleado un método objetivo para sustentar
planteamientos, como la geopolítica crítica. Por lo tanto, también se busca
llenar un vacío conceptual y teórico en esta área.
Como conclusión, se estipula que si bien en ambos países se establece
que la controversia está en manos de un Tribunal Internacional, generando
el fenómeno de “encapsulamiento” de la problemática, ésta traspasa
el plano jurídico, situándose tanto en el aspecto económico como político.
Siendo así, es posible evidenciar que dicho proceso, el cual se ha reflejado
en el discurso tanto de “cuerdas separadas” y “relación inteligente” para
la relación bilateral, desde la óptica peruana y chilena respectivamente, no
hace más que reconocer una constante que se viene generando desde la
década de los 90. Sin embargo, se recalca el hecho de la lucidez peruana en
aprovechar una laguna jurídica y política dentro del planteamiento chileno,
al tiempo que se establece la excesiva confianza de este último país en
argumentos jurídicos que, a la postre, son interpretados por un criterio que
no necesariamente obedece a la óptica peruana.
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El Valor del Discurso Geopolítico
Ciertamente, cuando se está en presencia del vocablo geopolítica se hace
una inmediata remembranza, tanto a los postulados originarios de aquella
rama del conocimiento —vinculados a una visión organicista del Estado
y, por ende, de sus diferentes componentes y del sistema que rodea a
dicha institución—, como también a las consecuencias políticas e incluso
ideológicas que aquella forma de percibir el mundo o la realidad estatal
ocasionaron en el mundo. El nazismo y su vaga postura de lebensraum
sirvieron, de alguna u otra forma, como un fundamento para la forma de
obrar y de pensar el futuro Estado alemán, o en ese entonces el Reich. Pero
sin perjuicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, y de que la geopolítica
haya sido catalogada como “ciencia nazi” por parte de los victoriosos
aliados, su utilización, metodología e incluso algunos de sus postulados
considerados como base teórica, fueron incorporados a la política exterior
de las potencias con alcance global o en situación de “emergentes”, como
una alternativa para proyectarse al sistema internacional, otorgándole así
un valor estratégico a la forma de operar en la política mundial, al tiempo
que se buscaba establecer diversos patrones de comportamiento dentro
del período de la Guerra Fría (O’Tuathail y Dalby, 1998).
Sin embargo, la concepción misma de la geopolítica, más allá de ser
utilizada por un sector o ideología, mantuvo durante el período de las
confrontaciones mundiales y su etapa inmediatamente posterior, la mis-
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ma base que sustenta la forma de comprender y analizar el Estado, sus
componentes y el entorno en donde éste se desenvuelve, otorgándole un
constante valor a los “padres fundadores” de la disciplina. Si bien es cierto
que los postulados y visiones que tuvieron Kjellen, Haushofer, Ratzel
y Mackinder difieren de la forma y de los resultados de sus análisis, el
fondo cognoscitivo es exactamente el mismo: la concepción de un lugar,
el cual puede variar desde una parte minúscula de territorio de un Estado
hasta una mega región distinguible geográfica y económicamente a nivel
mundial, es interpretada a través de un discurso, al cual necesariamente
se le otorgan características políticas dependiendo del resultado del análisis
(Ingram y Dodds, 2009; Flint, 2006; Agnew, 2005; O’Tuathail y Dalby,
1998). Siendo así, la construcción de la “isla mundial”, o bien el mismo
lebensraum, son interpretaciones mentales a las cuales se les asigna un valor
político, el cual por lo general se pondera en torno a la variabilidad del
poder de los actores involucrados, durante el período histórico señalado.
Dicho planteamiento cognoscitivo tiene entonces, como principal producto,
la asignación de un valor al discurso geográfico en términos de poder
(Cairo, 1997).
El anterior escenario fue el que encontraron diversos estudiosos ligados
a la geografía política, que a mediados de la década de los 80 comenzaron a
criticar sendos discursos oficiales en torno a la construcción y consiguiente
justificación a través de medios políticos, de una “segunda Guerra Fría”,
a partir de las administraciones Reagan y Gorbachov en Estados Unidos y
la Unión Soviética respectivamente (O’Tuathail y Dalby, 1998; O’Tuathail,
1996). Pero más allá de aquel discurso, el cual ya era un tema de controversia,
también estaba en juego un factor altamente relevante en el desarrollo
del mismo y, por ende, de su posterior análisis geopolítico: la definición de
“el lugar”. De acuerdo con lo señalado por Heriberto Cairo (2005), el lugar
ya no puede considerarse como un escenario estático e inamovible, sino
que su interpretación debe ser, en directa relación con los actuales tiempos:
dinámica, en el cual se evidencie una evolución en los aspectos políticos,
económicos y sociales. Aquello también da pie para establecer diferenciaciones
en torno a la relación entre lugar e identidad.
Las problemáticas señaladas llevaron a desarrollar una nueva vertiente
analítica, como una forma de criticar aquellos postulados y teorías que se
consideraban como irrefutables, desde su mismo origen, tanto ontológico
como eventualmente ideológico, conocido como geopolítica crítica. El
sustrato teórico de lo que puede entenderse como geopolítica, lo expresan
claramente O’Tuathail y Dalby, cuando señalan que:
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La Geopolítica satura la vida cotidiana de Estados y naciones. Sus
lugares de producción son múltiples y penetrantes, considerando
aspectos ‘relevantes’ (como un memorando sobre seguridad nacional)
y ‘de baja prioridad’ (como el título de una noticia en un diario),
visuales (como las imágenes que impulsan a los Estados a actuar) y
discursivos (como el discurso que justifica acciones militares), tradicionales
(como la religión influye en el discurso de las relaciones
exteriores) y postmodernos (como la gestión de la información y la
guerra cibernética) (O’Tuathail y Dalby, 1998: 5).
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Siendo así, la geopolítica crítica no solamente vislumbra, como su objeto
de estudio, “el lugar”, sino que también se relaciona íntimamente con el
valor que pueda tener un discurso —o la deconstrucción del mismo— y
la forma que éste pueda tomar en la representación formal de algunos de
los elementos que son corpóreos a la noción clásica de Estado. (Flint, 2006;
Agnew, 2005; O’Tuathail y Dalby, 1998; Cairo, 1997) Por lo tanto, las nociones
geográficamente deterministas de la geopolítica “clásica” quedan de
alguna u otra forma supeditadas a la imagen mental —o social— de los
decisores políticos (intellectual of statecraft), o bien de aquellos medios a
través de los cuales se presente a la sociedad una determinada “visión de
mundo”, lo cual puede ser, tanto a través de un discurso, como también
de una imagen. (Agnew, 2005) Es en este sentido que se puede resaltar la
segmentación que realizan O’Tuathail y Dalby en torno a las diferentes
formas de aplicación de la geopolítica crítica, como por ejemplo la geopolítica
popular, basada en los medios de comunicación masivos, las novelas
o los cines; la geopolítica práctica, que se enfoca en el discurso derivado de
la política exterior y/o las instituciones políticas con alguna competencia
en el aparato decisional; y la geopolítica formal, la cual centra su análisis
en los discursos e imágenes generadas en las universidades o centros de
estudio (O’Tuathail y Dalby, 1998).
Sin embargo, resulta conveniente señalar que, pese al enorme desarrollo
que dicha corriente de pensamiento ha tenido en los países anglosajones
desde hace un poco más de dos décadas, dichos enfoques no son visibles
en forma concreta como una herramienta analítica ni cognoscitiva en
los países latinoamericanos —y específicamente en los sudamericanos— al
tocar la temática de la geopolítica. En las realidades que se evidencian en
la academia, e incluso en los discursos formales de la región señalada, la
geopolítica aún se sigue conceptualizando bajo los parámetros propios de
la Guerra Fría, o incluso sobre las concepciones ratzelianas de la disciplina,
lo cual tiene una serie de bien tipificadas explicaciones. En primer lugar,
se estuvo en presencia de una especie de “monopolio” de determinados
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centros de estudios, que poseen una interpretación única sobre el concepto,
fundamentalmente ligado a las Fuerzas Armadas del subcontinente
(Kahhat, 2007; Hepple, 2004; Child, 1979). Lo anterior se explica por dos
grandes motivos. En primer lugar, una buena cantidad de oficiales durante
la primera mitad del siglo XX, fueron a especializarse a aquellos países en
los cuales la geopolítica de orden ratzeliano era un paradigma en la formación
militar, sobre todo en aquellos de habla germana, al tiempo que se
generaba también una vinculación recíproca. En segundo lugar, la geopolítica,
como una forma de ver la expansión-contracción y desarrollo de los
Estados, fue mantenida y desarrollada en los institutos matrices de las
Fuerzas Armadas, generando una vasta cantidad de publicaciones y doctrina,
estableciendo incluso la concepción de “escuela” en algunos de ellos
—es decir, una concepción y materialización del pensamiento geopolítico,
en base a la naturaleza misma del Estado. Según John Child (1979), aquello
se dio en Brasil y Argentina, y en menor medida en Chile y en Perú.
Por otro lado, y dentro de las dificultades que se encuentran en la
evolución y puesta en práctica de diferentes visiones de la geopolítica en
Sudamérica, se debe considerar que los cambios y procesos que se produjeron
en países o zonas denominados como de “primer mundo”, como por
ejemplo la caída del Muro de Berlín o el fin de la URSS, trajeron consigo
una renovación del pensamiento en múltiples áreas. Pero tal vez más importante
que aquello, aunque siempre ligado, es que dichos países comenzaron
antes a experimentar grandes cambios y avances tecnológicos, lo
cual generó una ola de pensamiento crítico que buscaba comprender las
manifestaciones sociales y políticas de las nuevas formas de relacionarse,
tanto entre seres humanos, como también entre los mismos Estados. Lo
anterior llevó a considerar la influencia de la economía sobre los asuntos
políticos, e incluso en el mismo territorio, estableciendo condiciones para
un cambio de paradigma en la forma de comprender y analizar el lugar
(Taylor y Flint, 2002). Pero de la mano con lo anterior, es posible vislumbrar
una especie de “desterritorialización” debido, principalmente, a la
masificación de los medios de comunicación, logrando una interconectividad
con diversas partes del mundo, en tiempo real, como nunca antes
en la historia (Thompson, 2002). Lo señalado, entre otros aspectos, son las
causas principales del nacimiento del fenómeno de la globalización (Held
y McGrew, 2003).
Finalmente, y derivado en parte de las anteriores explicaciones, la concepción
y cabal entendimiento de la geopolítica crítica ha sido mal interpretada
e incluso resistida por una buena cantidad de académicos, siempre
de origen latinoamericano. En cierto sentido se explica por la defensa de
los conceptos desarrollados y derivados de la geopolítica clásica, ligada
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a los postulados ratzelianos y posteriores, así como también por el antes
señalado “monopolio” de determinados centros de estudio. Por lo tanto,
cualquier renovación o revalorización del conocimiento geopolítico solamente
puede ser explicado bajo aquellos preceptos. Una nueva conceptualización
de la geopolítica debiera ser vista —de acuerdo a lo señalado por
diversos académicos— conservando siempre la delimitación entre dicha
área y la geografía política; o en su defecto, rechazando enteramente otras
apreciaciones, considerando que el apelativo de “crítica”, hace referencia
a los planteamientos clásicos, o bien relacionándola con elementos ideológicos.
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Al contrario de los dogmas ideológicos que subyacen en algunas
corrientes de la geopolítica crítica, la geopolítica general no busca
imponer una verdad, ni justificar ni validar creencias ni proyectos
políticos, aunque sí lo hagan algunos de los Estados que son el objeto
de estudio de la geopolítica práctica, cuestión en la que coinciden
ambas escuelas […] no obstante, si alguna crítica debemos formular,
tenemos que asegurarnos de conocer cabalmente el objeto de la
crítica, carencia que algunas tendencias de la geopolítica debieran
superar, lo cual constituye una necesidad básica para asumir integralmente
el tema del Estado, de su territorialidad y de la soberanía
en la actualidad, sin los cuales simplemente la geopolítica se diluirá
en un proceso de globalización que seguirá siendo tan incomprensible
como lo ha sido hasta ahora (Contreras, 2007: 43).
La concepción y valoración del territorio que realiza la geopolítica crítica
no se basa en un aspecto geográfico de orden determinista, sino a través
de un discurso —producto de un paradigma social en torno a un imaginario,
o derivado de un proceso intrínseco— generando con ello una
ponderación y significancia del territorio. Sin embargo, el valor del discurso
geopolítico no solamente se agota en el análisis del mismo, sino que
también posee otros lineamientos sobre los cuales es posible “espacializar”
la política (Agnew, 2005). En este plano, y haciendo una alusión directa a
los lineamientos que componen el background de la geopolítica crítica,
señalan Ingram y Dodds que,
La geopolítica crítica toma su inspiración de los estudios sobre gobernabilidad
y biopolítica, género y sexualidad, economía política
y desarrollo, postcolonialismo y el estudio de la emoción y el afecto.
Metodológicamente, continúa empleando el análisis del discurso y
su vinculación con la etnografía y la investigación en los métodos
de participación. Este rico campo continúa desarrollando nuevas
alternativas de análisis geopolítico (Ingram y Dodds, 2009: 3).
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De lo anterior también se reconoce, además de la variedad de elementos
que componen un análisis geopolítico, las diferentes visiones geopolíticas
que se pueden obtener de un suceso determinado. Siendo así, y tomando
como referencia lo que plantean O’Tuathail y Dalby (1998), la geopolítica
crítica no puede examinarse en forma singular, sino en plural, ya que la
misma sociedad es una multiplicidad de visiones y formas de realizar acciones
derivadas de la cultura, sobre todo si aquellas tienen consecuencias
en la política. Con ello, se reconocen también otras vertientes de la geopolítica
en las cuales, si bien se modifican los espectros teóricos con los cuales
se delimita el objeto a analizar, la concepción, en la mayoría de los casos,
busca establecer lineamientos políticos frente a un fenómeno determinado
(Cairo, 1997).
El establecimiento de la geopolítica en el ámbito de los discursos va de
la mano con eventuales quejas sobre el método de análisis, debido principalmente
a la concepción amplia de lo que hace referencia la geopolítica
como concepto, y más aún como disciplina. En otras palabras, se puede
considerar el concepto como amplio y vago. Sin embargo, O’Tuathail rechaza
dichas perspectivas, sobre todo enfocándose en el desarrollo de la
geopolítica crítica. En este plano, se plantea que cuando se habla de amplitud
o vaguedad de la geopolítica, son problemáticas en sí mismas, y no
del concepto, ya que las observaciones que se realizan sobre la teoría son a
través de entidades estables y que, precisamente, admiten problemáticas,
pero que se visualizan sobre un “juego fijo de referentes” o puntos de vista.
Pero esta visión también ha sido cuestionada, ya que verdaderamente es
posible aislar “el ser” de la geopolítica, en cuanto al papel que busca vislumbrar
problemáticas en torno a un discurso, el cual tiene consecuencias
políticas. Por lo tanto, los reales cuestionamientos deben ir a la base del
objeto de estudio, y no a la teoría (O’Tuathail, 1994).
En relación con lo anterior, la masificación del concepto geopolítica ha
traído en variadas ocasiones un uso y abuso indiscriminado del mismo,
fundamentalmente cuando se está en directa presencia de un conflicto o
un contencioso entre dos países —o bien un país y otro actor del sistema
internacional— como una forma de explicar el origen de dicha controversia.
Lo anterior genera como directa e inmediata consecuencia una
conceptualización de discursos donde el fondo, si bien es geopolítico, se
determina en la ponderación de una verdadera teoría de juegos, propio de
la teoría realista de la Relaciones Internacionales (Viotti y Kauppi, 1999),
centrándose más en la consecuencia política del discurso que en el fondo
epistemológico del mismo. Por lo tanto, para el caso de la relación Chile-
Perú, y más específicamente en lo concerniente a la controversia por la
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delimitación marítima, aquello es de primera prioridad, centrándose tanto
en el texto como en el contexto mismo que se evidencian en los discursos,
fundamentalmente desde la óptica oficial como académica de los mismos.
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Los Inicios en la Construcción del Discurso
Desde la perspectiva de la geopolítica práctica, el primer antecedente se
puede encontrar —con una plena relación entre geopolítica “clásica” y
balance de poder en un sentido realista, en la disciplina de las Relaciones
Internacionales— es a fines de la década de los 70. El Almirante peruano
Guillermo Faura fue el primero que estableció la tesis en torno a la
existencia de un tema pendiente de carácter limítrofe entre Chile y Perú,
bajo la concepción marítima del mismo. Su análisis, sin embargo, no fue
solamente sobre una base jurídica, sino que el principal componente era
el tema estratégico; es decir, el Perú estaba en una situación de constante
inseguridad ante una eventual agresión bélica chilena, considerando el
sentido del paralelo con el cual se delimitaba la frontera marítima, disminuyendo
el radio de acción de la Armada peruana, en virtud del reducido
mar territorial que poseían los puertos ubicados al sur del país (Rodríguez,
2009). Este aspecto puede responder a dos grandes apreciaciones o líneas
de análisis. En primer lugar, no debe olvidarse la naturaleza de la formación
profesional del autor, estableciendo una hipótesis de “vulnerabilidad
estratégica y geopolítica” peruana frente a una mejor posición de Chile.
Y en segundo lugar, se debe considerar el entorno y los elementos que
influían en las relaciones bilaterales en aquel entonces: el aniversario de los
100 años de la Guerra del Pacífico o del Salitre; gobiernos militares en cada
uno de los dos países con ideologías o formas de desarrollo del Estado
contrarias; acusaciones de espionaje hacia Chile y pésimos niveles de relaciones
diplomáticas, incluyendo la declaración del entonces Embajador
Francisco Bulnes Sanfuentes por parte de Lima como persona non grata;
tensión diplomática de Chile con Bolivia, incluyendo quiebre de relaciones
diplomáticas; y un conflicto bélico ad portas entre Chile y Argentina, por
la disputa de territorios en la zona del canal Beagle (Rodríguez, 2004; Salgado
e Izurieta, 1992). Siendo así, también se puede establecer, a modo de
hipótesis, que la tesis establecida por el mencionado uniformado podría
calificarse como una forma de justificar un eventual conflicto entre las
partes, partiendo de la base de que la seguridad misma del Perú estaba
en peligro, y más aún considerando los antecedentes mencionados. Sin
embargo, dicho enfoque quedó solamente en el ámbito académico, y no
fue objeto de declaración oficial alguna o de manifestación tácita a nivel
gubernamental durante aquellos años.
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Pero el anterior planteamiento quedó esbozado, y fue debidamente
procesado por otros actores peruanos, como una forma embrionaria pero
no errada de establecer una figura jurídica que, por esos años, comenzaba
a sentar precedentes en el Derecho Internacional Público. La tesis del
Almirante Faura se convertía, desde una perspectiva jurídica, en una falta
de equidad dadas las nuevas formas de delimitación establecidas por la
Convención Internacional sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) del
año 1982, donde se dejaba establecido que, si las partes no habían suscrito
un tratado de límites y fijado en común acuerdo un mecanismo para
determinar los mismos, se debía proceder procurando respetar el sentido
de la equidad. Este planteamiento fue la principal postura sostenida por
el Perú en su alocución en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. Con este aspecto, el anterior planteamiento pasa
desde una perspectiva académica a un enfoque eventualmente oficial, encontrando
un fondo jurídico a una problemática que tuvo como principal
base elementos de orden estratégico. Pero a diferencia de un par de años
atrás, el entorno vecinal y bilateral no acompañaba de mejor forma una
circunstancia de conflicto bélico, más allá de considerar la naturaleza autoritaria
y democrática de los gobiernos de Chile y Perú respectivamente, a
comienzos de la década de los 80. Sin embargo, ya se tenía un antecedente
que estaba comenzando a ser reconocido internacionalmente como una
forma válida de hacer palpables y oficiales las inquietudes académicas del
entonces Almirante (Rodríguez, 2009).
Bajo la primera administración de Alan García en Perú, en el año 1986,
el Canciller Allan Wagner, por medio de su Embajador en Chile Juan Miguel
Bákula, estableció a través de un memorándum entregado al Canciller
chileno del Valle, el primer antecedente de carácter oficial en torno a
la existencia de un tema limítrofe pendiente entre las partes, clarificando
desde un primer momento la característica del mismo. Giraba en torno a
la inexistencia de un tratado de límites marítimos entre las partes y, por
ende, la necesidad de establecerlo. Con esto, el discurso geopolítico formal
tomaba forma hacia uno práctico. La respuesta de la contraparte chilena
fue el silencio, generando con ello un antecedente altamente negativo para
una eventual futura negociación.
Desde la óptica chilena, el silencio al memorándum de la década de los
80 no encuentra una lógica, tomando en consideración, tanto el discurso
oficial del gobierno peruano hacia el futuro, como también las mismas relaciones
bilaterales de Chile con sus vecinos, sin perjuicio de la endémica
situación con Bolivia, comparando incluso la diferencia en cuanto a la naturaleza
de ambos gobiernos. Además, no se poseían antecedentes en torno
a una problemática fronteriza con el Perú más allá de los temas pendientes
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derivados del Tratado de Lima de 1929 y su Protocolo Complementario de
1930, los cuales eran explícitos y bien definidos en cuanto a su naturaleza
como características. Pero hay dos aspectos sobre los cuales resulta necesario
detenerse, como eventuales e hipotéticas fuentes del “silencio” chileno.
La primera se genera por una confianza en las autoridades chilenas de
aquella época, en torno a la existencia plenamente corroborada por ambas
partes de un límite marítimo, a través de instrumentos jurídicos con características
internacionales. Mientras que en segundo lugar, no debe dejar de
considerarse que el ordenamiento organizacional de la Cancillería chilena
por ese entonces, estaba imbuido del contexto en el Gobierno Militar, derivando
aquello en una imagen negativa del rol de la diplomacia tradicional,
y la suplantación de los mismos por oficiales militares, fundamentalmente
en aquellas áreas de planificación y dirección política (Rodríguez, 2004).
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Pero dicho silencio solamente fue dentro de la esfera oficial o, mejor
dicho, dentro del esquema teórico y analítico de la geopolítica práctica, ya
que a fines de la década de 1980, se comenzaron a esbozar una serie de trabajos
monográficos y de investigación en torno a las relaciones bilaterales
entre Chile y Perú, dentro de los cuales la problemática de la delimitación
marítima, si bien no era uno de los temas profundamente analizados, estaba
ubicado dentro de aquellos que podrían ser objeto de discordia entre
las partes, en un futuro no determinado (Rodríguez, 2009; Salgado e
Izurieta, 1992). Lo anterior da muestra de dos aspectos no menores. En
primer lugar, que pese al silencio del discurso oficial, la academia no había
seguido aquel ejemplo, sin perjuicio de la profundidad y amplitud sobre el
tratamiento del mismo. Consideraba dicha problemática como una futura
hipótesis de conflicto, e incluso se otorgaron lineamientos políticos a seguir,
como una forma de mitigar y neutralizar una nueva controversia con
el Perú. En segundo lugar, se observa que pese a la poca o nula relevancia
que se le da a la temática en cuestión, el planteamiento de Lima obtuvo en
la academia un lugar en su agenda de investigación y análisis. Colocándolo
de otro modo, el memorándum obtuvo una respuesta, pero al interior de
los círculos académicos chilenos.
Cabe señalar que el planteamiento de Torre Tagle, si bien obtuvo un
silencio de respuesta oficial por parte de Chile, no se manifestó en un logro
peruano en la inmediatez. Los acontecimientos posteriores corroboran
aquello. Las relaciones bilaterales siguieron un curso en torno a mejorar el
intercambio económico y a procurar mecanismos para contribuir a mejorar
la confianza entre las partes, fundamentalmente en los segmentos ligados
a las Fuerzas Armadas y las compras de materiales (Robles, 2006). Sin embargo,
la relación bilateral estuvo eclipsada por los sucesos acontecidos
en la política interna de cada uno de los países. En el caso de Chile, se
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comenzaba a vislumbrar el fin del gobierno de Augusto Pinochet, trayendo
elecciones libres y democráticas de parlamentarios, seguidas de una
elección presidencial, dando nacimiento con ello al período de transición
a la democracia. Mientras que en el Perú, el mal manejo económico del
Presidente García había elevado a cifras récord los niveles de inflación, obteniendo
como inmediata consecuencia una gran efervescencia social, que
se manifestó en el recrudecimiento y avance de grupos terroristas por el
país, como son los casos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru, con su correspondiente crisis política. Como común
denominador, ambos países comenzaban la nueva década sumidos en la
contienda político-partidista y con una mayor relevancia en los aspectos
internos que en los externos.
La Década de Aylwin-Frei y Fujimori
Las condiciones internas, tanto en Chile como en el Perú a fines de la década
de los 80, estaban pasando por un período de transición y, al mismo
tiempo, de reordenamiento o reforma institucional, ya que por un lado, en
el caso chileno, se estaba en presencia de un cambio de régimen de gobierno,
de uno autoritario a otro democrático, después de 17 años. Mientras
tanto, en el caso peruano, las condiciones internas, tanto a nivel institucional
como económico, daban sendas pautas para un reordenamiento de las
fuerzas políticas de ese entonces, enfrentadas en un proceso eleccionario.
El resultado de lo anterior fue la elección de un outsider en el cargo de
Presidente de la República: Alberto Fujimori, en contraposición con el
candidato más tradicional Mario Vargas Llosa. Estos dos acontecimientos,
incluidos los procesos por los cuales se derivan, son de vital importancia
para entender qué sucedió con la controversia por la delimitación marítima,
dejada al parecer en un segundo plano en la agenda bilateral.
La llegada al poder de la Concertación de Partidos por la Democracia
en Chile, marcada por el triunfo de su candidato, el democratacristiano
Patricio Aylwin, fue un momento de alta significancia para el país,
no solamente porque se ponía fin al gobierno del General Pinochet, sino
fundamentalmente por la cualidad del proceso mismo. También tanto por
considerársele un gobierno democrático, como por la forma a través de la
cual se llevó a cabo dicho gobierno. El fin del gobierno militar chileno per
se puede considerarse, tomando las experiencias vistas en otras latitudes,
como una forma modelo 2 , ya que pese a los roces políticos evidentes en
cualquier proceso de cambio de gobierno, y más aún cuando la naturaleza
2 En este sentido, si bien lo anterior puede tener diferentes interpretaciones con respecto a un
“modelo de transición” desde un régimen autoritario a uno democrático, lo cierto es que la forma
en que Chile representó su transición fue, dentro de una buena cantidad de aspectos, exitosa, sin
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Lester Cabrera Toledo
es disímil como en el caso chileno, el cambio fue sin el uso de las armas.
Lo es, también, considerando el alto grado de transparencia del proceso, lo
cual se heredó durante el período del gobierno de Aylwin (Siavelis, 2009).
En consecuencia, la orientación del país, en la forma específica del gobierno
entrante, era moldear o adaptar la institucionalidad dejada por el saliente
Gobierno Militar a sus propios fines, o en su defecto, rechazarla para
crear nuevas instancias, pero siempre tomando como principal énfasis, los
aspectos internos del país, debido a las muestras de división y antagonismo
político-ideológico que se podían claramente evidenciar por aquellos
años en la sociedad chilena.
CONfines
Artículos
Pero del enfoque que utilizó la Concertación en torno a una especie
de continuidad o quiebre-cambio con la institucionalidad dejada por el
Gobierno Militar, se generó el primer esquema con respecto a la política
exterior del país, aunque en el discurso de algunos teóricos de dicho conglomerado,
con la recuperación de la democracia, se comenzaba a vivir
una etapa de “reinserción” internacional debido al “aislamiento” que sufrió
Chile durante el régimen inmediatamente anterior, por parte de un
número no menor de actores en el sistema internacional (Muñoz, 1986). Sin
embargo, dicha “reinserción” no fue debidamente definida y quedó como
una cualidad sine qua non del régimen democrático chileno, en contra del
anterior gobierno autoritario (Ross, 2007). Pero además de lo anterior, es
posible evidenciar que si eventualmente existió una “reinserción”, aquello
fue un nuevo impulso en torno a masificar la política de comercio exterior
con los principales focos económicos del orbe, bajo la condición de democracia
del país (Wilhelmy y Duran, 2003; Witker, 2001). Es decir, de alguna
u otra forma, se estaba justificando gran parte de la política exterior llevada
a cabo por el Gobierno Militar, dejando a la “reinserción” como un término
inocuo y más bien contradictorio. Dicha orientación, con una nutrida
agenda económico-comercial de la política exterior chilena, fue ampliada
aún más bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, gestionando y
suscribiendo una gran cantidad de acuerdos comerciales y de libre comercio,
con el único fin de aumentar y facilitar las transacciones de bienes y
servicios entre Chile y el mundo.
Una situación diferente se evidenciaba en el Perú durante los primeros
perjuicio de aquellos elementos que aún quedan como remanentes posteriores a 17 años de Gobierno
Militar. Un ejemplo de lo anterior lo otorga el Presidente de EE.UU. Barack Obama, el que
en su visita a Sudamérica en el mes de marzo de 2011, señaló que Brasil y Chile eran ejemplos de
transición democrática en el mundo, y que aquello podía ser de modelo a los países de Oriente Medio
que reclaman el fin de los regímenes autoritarios. Véase al respecto de Brasil: UPI (2012, 23 de
enero). “Obama destaca a Chile como ‘modelo para el mundo’” [en línea] El Mostrador. Consultado
el 23 de enero de 2012 de http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/03/20/obama-destacaa-chile-como-modelo-para-el-mundo/
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La controversia por la delimitación...
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años de la década de los 90, más allá de que en ambos casos se estaba en
presencia de un proceso de transición política. Dicho entorno, así como la
estabilidad institucional del país, amenazaba con quebrarse debido, entre
otras cosas, al mal manejo económico de la saliente administración de Alan
García, así como a la proliferación de grupos denominados terroristas, que
avanzaban por la vía de la violencia irregular a conseguir los objetivos que
propugnaban, produciendo además como directa consecuencia un alto nivel
de inseguridad en el país con sus repercusiones en el extranjero. En
el discurso académico regional, se hablaba por aquellos años de que el
Perú podía ser entendido y analizado como un nuevo caso de un Estado
que evidenciaba una “libanización” de su territorio (Fuentes y Milet,
1997). Siendo así, la única forma de contrarrestar dichas problemáticas era
a través de la herramienta que otorgaban las elecciones presidenciales de
principios de los 90.
Fujimori era un actor desconocido para la clase política que tradicionalmente
ha gobernado el Perú, tanto por sus vinculaciones como por sus
orígenes como persona, estableciendo con ello nuevos códigos y, por ende,
nuevas formas de llevar a cabo sus objetivos. El principal ejemplo de aquello
fue que, argumentando una falta de medios legales para combatir a los
grupos terroristas que, según la apreciación gubernamental y de gran parte
de la sociedad, estaban en poder de buena parte del territorio peruano,
Fujimori ejecutó en el año 1992 un “autogolpe” de Estado, aumentando las
prerrogativas presidenciales y con ello, la fuente de su propio poder, en
formas represivas para el logro de sus objetivos. Lo anterior sirvió, además,
para la reorganización institucional del Estado peruano sobre una nueva
constitución, teniendo una fuerte base en el extremo poder de la figura,
tanto del Presidente de la República en un plano oficial, como también de
un número indeterminado de asesores en un plano extraoficial, dentro de
los cuales destaca Vladimiro Montesinos (Ellner, 2004). Pero con todo, Fujimori
logró dos grandes objetivos antes de una nueva elección presidencial:
una importante reducción de la influencia de los grupos terroristas como
Sendero Luminoso y la reactivación de la economía peruana, teniendo
como modelo en este último plano, el caso del desarrollo chileno.
No obstante el período de preponderancia interna que vivía cada uno
de los dos países, fue a comienzos de la década en la cual se tocaron más
fuertemente los temas bilaterales, denominados por ambas partes como
pendientes, los cuales derivaban en su totalidad de los aspectos que aún
no se cumplían como consecuencia del Tratado de Lima de 1929 y su Protocolo
Complementario de 1930. De aquel esfuerzo conjunto nacieron los
acuerdos conocidos como las “Convenciones de Lima”, las que por diferentes
circunstancias —principalmente por la situación interna del Perú
derivada del autogolpe y el poco apoyo de sectores nacionalistas en el par-
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CONfines 7/14 agosto-diciembre 2011

Lester Cabrera Toledo
lamento— no pudieron concretarse (Rodríguez, 2004). Sin embargo, cabe
destacar que dentro del discurso oficial de las partes, en lo que concierne
a los temas pendientes y de negociación en las Convenciones, no estuvo
presente la delimitación marítima.
CONfines
Durante la administración de Frei Ruiz-Tagle en Chile, se dio comienzo
al primer gobierno post transición, con lo cual también se inicio el proceso
de consolidación institucional del país, proyectado por Aylwin durante
los primeros años de la década. Dentro de los temas a consolidar se
encontraban las relaciones internacionales de Chile y, principalmente, la
búsqueda de mecanismos para resolver los temas pendientes de índole
vecinal. Mientras tanto, en el Perú transcurrían procesos no menores, que
van desde elecciones presidenciales —que a la larga dieron nuevamente
como ganador a Fujimori—, hasta un conflicto bélico breve pero intenso
con Ecuador, en la zona del Cénepa, más conocido como la Guerra del
Cóndor, durante el año 1995. La separación de los beligerantes, así como el
posterior cumplimiento de lo dispuesto en el Protocolo de Río de Janeiro,
incluyó a Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile, como garantes de dicho
tratado derivado del conflicto en sí, generando con ello una situación
de confianza en aquel instante, sin perjuicio de los acontecimientos que se
descubrieron con posterioridad (Faundes, 2004). Considerando entonces
la continuidad de la política chilena y la peruana, más unas condiciones
de eventual confianza y mayor cooperación económica entre las partes, se
propició el entorno necesario para retomar las negociaciones en torno a los
temas dejados en la primera mitad de la década.
Artículos
Fue así como se llegó al año 1999, cuando las partes suscriben la denominada
Acta de Ejecución de los temas pendientes, derivada del Tratado
de Lima de 1929. En el discurso protocolar de las autoridades presentes,
con motivo de la suscripción de dicho tratado, destaca especialmente el
ofrecido por el entonces Canciller del Perú, Fernando de Trazegnies Granda,
el cual señala en forma explícita que:
[…] y ahora Perú y Chile ponen fin a las últimas secuelas con las
que los hechos del pasado intentaron, vanamente, marcar con sangre
nuestro futuro. Y es así, como podremos entrar, dentro de dos
meses, al siglo XXI libres de las hipotecas morales y de las secuelas
que tuvieron su origen en problemas del siglo XIX 3 .
Lo anterior tiene una doble importancia. En primer término, es posible
3 Palabras pronunciadas en el discurso del Canciller peruano el 13 de noviembre de 1999, con motivo
de la ceremonia de firma del Acta de Ejecución, tendiente a finiquitar los aspectos pendientes
de los artículos 5º del Tratado de Lima de 1929, y 2º de su Protocolo Complementario. Para ver el
discurso completo véase “Los Acuerdos entre Chile y Perú sobre el Tratado de 1929”. (2000). En
Fuerzas Armadas y Sociedad, año 15, No. 1, p. 49.
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La controversia por la delimitación...
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establecer, a través de un simple examen de intertextualidad, que al interior
del discurso peruano se establecía tanto un punto final, como también
un nuevo comienzo en lo tocante a la relación bilateral, con una mención
clara a las consecuencias de la Guerra del Pacífico o del Salitre. Es decir, se
colocaba un término a todos los problemas de una agenda histórica, con
las grandes consecuencias políticas en el presente. De aquello se derivan,
por ejemplo, diversos problemas de percepción que se poseen entre los diferentes
actores que participan en un conflicto bélico, y en particular en el
caso de Chile y Perú (Robles, 2006; Milet, 2005). Y en segundo lugar, marca
un nuevo comienzo en la relación histórica-política de ambos Estados. Hay
un reconocimiento per se de temas tildados como pendientes, pero que
con esto ya se daban por solucionados, con lo cual no quedan más controversias
con similares características. Un hecho que buscó otorgar sustento
al anterior discurso se produce inmediatamente dos semanas después,
cuando el Presidente Fujimori efectuara por vez primera en la historia
bilateral una visita oficial, exceptuando conmemoraciones o celebraciones.
El hecho demuestra que se estaba en pos de contrarrestar, o bien suprimir,
la totalidad de los aspectos negativos de la agenda histórico-política.
Tal vez uno de los aspectos en los cuales ambos países podrían verse
“arrastrados” hacia una eventual controversia, es lo que se estipulaba en
el discurso académico en torno al aumento de influencia y poder en el
área del Pacífico Sur, como consecuencia del un importante volumen en
el transporte de bienes y servicios desde Sudamérica hacia los mercados
asiáticos, y viceversa. En aquella lógica, es posible comenzar a visualizar
una competencia, que si bien en un primer plano es derivada de la posición
geográfica de cada uno de los países y su vinculación con el comercio
internacional, comenzó a traspasarse a un plano de rivalidades, donde
era posible encauzar la temática limítrofe pendiente, dejada expuesta en
la década de los 80. Es en este sentido en que se expresa, dentro del plano
académico y con un impacto leve en el plano del discurso oficial, la concepción
de “país puente” por parte de Chile, y la “guerra de los puertos”,
expresada por académicos peruanos (Mercado, 1996; Fernández, 1996). Sin
embargo, es necesario recalcar que si bien dicha visión se circunscribió en
un principio a la agenda económico-comercial, a fines de la década se comenzaban
a avizorar algunos aspectos que daban muestras de que dicha
competencia se estaba vinculando con algunos elementos que son propios
de los imaginarios sociales de índole colectiva y, en este caso, con ribetes
negativos por parte del Perú (Flórez, 2007; Fuentes y Milet, 1997).
Siendo así, y considerando los antecedentes expuestos, no es posible
evidenciar en el discurso oficial de ambas partes durante la década de los
90, la existencia de una controversia derivada de los límites marítimos. Es
más, el mismo discurso del Canciller peruano al parecer confirmaría dicha
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CONfines 7/14 agosto-diciembre 2011

Lester Cabrera Toledo
percepción. Pero tal y como se sucedieron los acontecimientos, dicha intervención
quedó simplemente en un clímax de euforia construido en la década
señalada, o en una visión hipotética en lo que respecta a la superación
de los problemas derivados de la Guerra del Pacífico —es decir de la agenda
histórico-política—, pero con la utilización de herramientas propias de
la agenda económico-comercial. El nuevo milenio no haría más que confirmar
dicha aseveración, tomando como principal elemento de controversia,
nuevamente, la delimitación marítima. Pero como ya se mencionó, ya se
estaba en una clara presencia de determinados síntomas en la relación, que
hacían presagiar que las nuevas controversias y desconfianzas entre los
dos Estados no solamente podrían venir de la mano de la agenda históricopolítica,
sino de la económico-comercial (Fuentes y Milet, 1997). Más allá
de aquellas percepciones, nada hacía prever la rapidez y violencia con la
cual los hechos internos del Perú decantarían en un retroceso en la relación
bilateral, desde el discurso de la agenda histórico-política, pero con argumentos
de la económico-comercial.
CONfines
Artículos
El Discurso en la Agenda Bilateral del Nuevo Milenio
La fuga de Alberto Fujimori de la primera magistratura del Perú no solamente
tuvo consecuencias internas, sino que también repercutió más allá
de las fronteras. Dejó en evidencia las malas formas con que el renunciado
mandatario y sus asesores cercanos gestionaban temas de vital importancia
para el Estado, entre otros aspectos. Derivado de lo anterior, se comenzó
a hablar de una eventual nulidad, o en su defecto, de cuestionamientos a
la forma y el fondo de los actos de la administración Fujimori, tanto desde
una perspectiva jurídica como ética. Lo anterior quedó en plena evidencia
cuando se comenzaron a difundir cintas de video en las cuales los asesores
de Fujimori sostenían negociaciones de alto nivel con personeros vinculados
a reparticiones propias de la administración pública y privada en
el Perú —los cuales fueron más tarde conocidos como los “vladivideos”,
por estar en la mayoría de estos videos presente Vladimiro Montesinos, ex
oficial del Ejército Peruano que estableció una completa red de corrupción
y cohecho en el Estado. En este plano, algunos autores señalan que en el
período de gobierno de Alberto Fujimori, se siguieron parámetros que lo
tildan de un gobierno autoritario y dictatorial (Eliner, 2004; Rodríguez,
2004).
En total sintonía con lo anterior, la salida de Fujimori del aparato institucional
del Perú otorgó la oportunidad para que la clase política tradicional
peruana retornara al poder, después de cerca de 10 años de estar en las
sombras. La inmediata consecuencia fue una firme crítica a la administración
saliente, como también una “reconstrucción” de los procesos guber-
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namentales e institucionales del país. Así, se adoptaron diversas medidas
para establecer un gobierno de transición, para luego seguir con la senda
legal del ordenamiento gubernamental. En lo tocante a la relación con Chile,
sin embargo, es posible observar dos grandes perspectivas hipotéticas
sobre un cambio, basado en un discurso de índole oficial: 1) un “retorno”
al camino trazado en la década de los 80, con dos claras vertientes justificadoras
de aquello, las cuales a su vez se relacionan directamente con la
política interna peruana o que 2) debido a diferentes sucesos ocurridos
en la política bilateral, sumado a asuntos derivados del proceso de toma
de decisión, fueron mermando confianzas y generando un escenario en el
cual la conflictividad fue el principal elemento presente en la relación. No
obstante lo anterior, el principal resultado de los dos hipotéticos procesos
fue la formación de un nuevo discurso, tanto académico como oficial, en
el cual se pasaba de una etapa en la que “todos los conflictos limítrofes
estaban solucionados”, a otra en donde lo anterior caía en una completa
falacia, añadiendo otros factores de conflictividad que, si bien vislumbrados
en la década pasada, se hicieron plenamente patentes al comenzar el
nuevo siglo.
Al conocerse la renuncia desde Japón de Alberto Fujimori a la presidencia
del Perú, se organizó un gobierno de transición presidido por el
Presidente del Congreso, Valentín Paniagua, el cual estuvo en la primera
magistratura por un año. Y es precisamente en aquel período de tiempo, en
el cual es posible observar que las declaraciones del Canciller Trazegnies,
a fines de la década de los 90, solamente pueden ser recordadas como una
expresión netamente protocolar, y que estaba circunscrita en el momento
y no en un proceso real de “punto final” desde la óptica peruana. Durante
el mes de marzo del año 2001, y ya durante la administración Paniagua,
se desarrolló un conflicto territorial localizado en la frontera terrestre entre
ambos países, conocido como la problemática de “la caseta”, la cual tiene
una vital importancia para entender un eventual cambio en el discurso
peruano, como también en el trasfondo político del suceso.
Sin ir en contra de los eventuales aspectos jurídicos que se involucran
detrás de este hecho, conviene señalar el acontecimiento per se. Funcionarios
de la Armada de Chile desplazaron en dirección oeste una caseta de
vigilancia cercana a la ubicación del Hito 1, que demarca la frontera terrestre
entre Chile y Perú, por motivos de visibilidad. En los días siguientes,
autoridades peruanas señalaron que la caseta se encontraba al interior del
territorio nacional, por lo que se comunicaba a las autoridades chilenas que
debía ser removida. Finalmente y luego de un breve pero intenso debate,
las autoridades chilenas devolvieron la caseta al lugar donde originalmente
había estado. Y pese a que este hecho está localizado en un pequeño
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Lester Cabrera Toledo
sector terrestre, sus consecuencias son vinculantes al establecimiento de
una nueva frontera marítima, como estipula Perú.
Las reacciones que generó este suceso van mucho más allá de los alcances
legales medidos en el momento. En primer lugar, se demostró la
extrema sensibilidad de un amplio sector del gobierno de Paniagua, corroborado
por una fuerte nota de protesta al gobierno chileno por este hecho.
En segundo lugar, se pudo ver por vez primera, luego de varios años, la
aparición de sectores ultra nacionalistas en las manifestaciones en contra
del suceso. De hecho, fueron estos sectores los que advirtieron del movimiento
de la estructura. En tercer lugar, se demostró que pese a lo que
planteaba el Canciller del Perú en el año 1999, aún existían elementos que
quedaban pendientes, con posibles consecuencias territoriales entre Chile
y Perú. Finalmente y cuarto lugar, también se pudo visualizar que los mecanismos
de respuesta del gobierno de Chile, a diferencia de los del Estado
peruano, contenían un fuerte elemento de reacción y que, a su vez, poseía
una marcada ambigüedad en el mensaje que se deseaba dar, fundamentalmente
porque el discurso no coincide con las acciones. Por ejemplo, en un
primer momento, el gobierno de Chile señaló que la estructura se movió al
interior de territorio nacional, pero unos días después, fue desplazada al
lugar donde originalmente se encontraba, otorgando con ello fundamento
a las reclamaciones peruanas (Rodríguez, 2006).
CONfines
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La consecuencia política de aquellos actos, desde el lado peruano, no
fue otra cosa que la reactivación de los mecanismos dejados en stand by
durante la década de los 80, en lo relativo a la impugnación del límite marítimo,
de la mano de la administración del nuevo Presidente Alejandro
Toledo. No obstante aquello, y considerando además que un buen número
de actores que estuvieron presentes al interior del establishment limeño en
la década de los 80, se encontraban nuevamente en la cúpula decisional del
Estado —por ejemplo, el entonces Canciller Allan Wagner—, la demanda
no fue un hecho fortuito y sin algún precedente alguno. Al contrario, fue
un proceso que, si bien se inicio en la década antes señalada, y se comenzó
a retomar con el asunto de “la caseta”, fue de la mano con otros problemas
en la relación bilateral. Con esto, la modificación del límite marítimo con
Chile, por medio de la promulgación de la “Ley de Líneas de Base del Dominio
Marítimo”, fue el clímax de una serie de sucesos negativos, aunque
algunos ya considerados dentro de la normalidad de la relación bilateral.
Por ejemplo:
[…] el maltrato recíproco de los aficionados en los encuentros futbolísticos
de las selecciones; el trato xenofóbico a los inmigrantes
peruanos que se reúnen en la Plaza de Armas de Santiago; la sus-
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La controversia por la delimitación...
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pensión judicial de los vuelos desde o hacia Chile, de la empresa peruana
Aerocontinente; la mantención de las condenas por “traición
a la patria” a los militantes chilenos del Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru; la demolición de la base de la torre de “enfilamiento”
luminoso (ya destruida por un terremoto), destinada a señalizar a
los navegantes la frontera marítima desde el lado peruano […]; los
micrófonos raros que fueron descubiertos en la embajada de Chile;
el baleo, con resultado de muerte, a un indocumentado peruano que
cruzó la frontera chilena de manera furtiva; el proceso judicial contra
dos estudiantes chilenos que ensuciaron con graffitis un muro
incaico en la ciudad de Cuzco; un video ingrato para el Perú, que
se exhibía en los aviones de LAN; y la protesta peruana por la comercialización,
en Chile, del suspiro limeño (Rodríguez, 2006: 190).
Uno de los puntos más bajos en la relación bilateral vino de la mano del advenimiento
de nuevos gobiernos en ambos países: Toledo en Perú y Lagos
en Chile. Y como bien se evidenció durante la corta gestión de Paniagua,
ya se estaba en presencia de un antecedente que podría traer consecuencias
en el aspecto limítrofe. No obstante, en el discurso oficial, ambos mandatarios
reiteraron sus buenas intenciones y, principalmente, seguir por el
camino del mayor intercambio económico y comercial. El caso Luchetti 4
es, por antonomasia, el suceso que no solamente marcó el primer hito en
el cual, problemas que son parte de una perspectiva económica-comercial,
cobran características sociales, con reminiscencias históricas y consecuencias
políticas de por medio. Por lo tanto, y pese a que el principal hito
negativo fue la promulgación de la ley que establece las líneas de base
peruanas, durante el período de la gestión Toledo se comenzó a implantar,
tanto en el discurso académico como oficial, una normalidad conflictiva
y que iba más allá de eufemismos como “expansionista” o “revanchista”,
tanto en su forma como en su fondo (Kahhat, 2007; Robles, 2006; Milet,
2005; Rodríguez, 2006).
En este punto, resulta relevante mencionar el proceso que se genera en
cuanto a la gravitación que puede tener la política interna de los países y
la forma en que éstos se proyectan en el sistema internacional. Siendo así,
y enfocándose en la relación bilateral de los últimos años desde el lado peruano,
es posible evidenciar una estrecha relación entre el apoyo ciudada-
4 El denominado “caso Luchetti” es el nombre con el cual se conoce la disputa judicial entre la empresa
de capitales chilenos Luchetti y el Estado peruano, la cual tuvo a su vez una arista política de
relevancia, en momentos en los que la relación bilateral se encontraba afectada negativamente. Para
mayor información sobre los orígenes y las implicancias de dicha controversia, véase Rodríguez
Elizondo, José Luis (2006). Las crisis vecinales del gobierno de Lagos. Santiago: Random House Mondadori,
pp. 176-190; y Rodríguez Elizondo, José Luis (2009). De Charaña a la Haya. Chile, entre la aspiración
marítima de Bolivia y la demanda marítima de Perú. Santiago: La Tercera Ediciones, pp. 145-179.
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no a una determinada gestión gubernamental, y una tendencia confrontacional
hacia Chile. Esto, si bien puede ser explicado principalmente por los
sentimientos e imágenes que despierta el vocablo Chile en gran parte de
la sociedad peruana, es utilizado con el principal objetivo de aumentar la
popularidad de un mandatario. En consecuencia, se produce una “instrumentalización”
del factor Chile en pos de la obtención de réditos internos,
logrando con ello una eventual mejora en los índices de aprobación con
respecto a la conducción del gobierno (Leyton, 2007). Si el anterior planteamiento
resultara válido, aquello seria un elemento que explicaría la decisión
del Presidente Toledo en cuanto a promulgar la Ley de Líneas de Base
del Dominio Marítimo, en momentos en los cuales tenía una aprobación a
su gestión cercana al 14%, y al mes siguiente, tuvo un repunte cercano a los
3 puntos porcentuales, en la zona de Lima Metropolitana 5 .
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El advenimiento de Alan García a la primera magistratura, por segunda
vez en la historia republicana del Perú, generó en el discurso oficial
bilateral una especie de “segunda oportunidad”, considerando el nivel de
conflictividad demostrado en la administración pasada. Además, el cambio
de mandatario coincidía en Chile con el de Bachelet. Al respecto, cabe
recordar que la segunda visita que realizó García una vez considerado
Presidente electo, fue precisamente a Chile. Sin embargo, las esperanzas
fueron vanas, ya que durante el mismo año 2006, a través de una ley que
fijaba los límites de la nueva región de Arica-Parinacota, zona contigua
con el Perú, la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena
estableció límites que fueron debidamente protestados por el Perú. Acto
seguido, en el año 2007, el Perú aprobó una nueva cartografía, en la cual
se establecieron los cambios territoriales originados por la ley de líneas
de base del año 2005, originando la molestia de su contraparte chilena. Y
finalmente, al año siguiente, el Estado peruano interpuso la demanda en la
Corte Internacional de Justicia.
La Haya y la Yuxtaposición de Agendas
Un conflicto, en un sentido amplio del concepto, se genera cuando dos o
más actores luchan o discuten sobre un determinado bien, el cual se considera
que les reportará beneficios, pero solamente desde una perspectiva
singular e intransferible. Cuando una de las partes renuncia a algunas de
las condicionantes señaladas, el conflicto, o bien desaparece, o se modifica
en cuanto al objeto conflictivo en cuestión. Considerando lo anterior, el
5 Para mayor detalle, véase estudio de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión
Pública (Diciembre 2005). Estudio de Opinión Pública a nivel de Lima Metropolitana [en línea]. Recuperado
el 27 de enero de 2012 de http://www.cpi.com.pe/web_cpi/OPLI20051200.PDF
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La controversia por la delimitación...
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caso de Chile-Perú y la demanda interpuesta por este último país en el Tribunal
de La Haya, es posible ponderarlo como un proceso conflictivo, pero
que debido tanto al discurso de los actores oficiales como también al proceso
mismo, no solamente se circunscribe a los ámbitos jurídico y territorial,
como señalan las autoridades, sino que toca otras áreas, fundamentalmente
la económica, desde una perspectiva de los recursos que están presentes en
el área, como también en la proyección marítima que tengan determinados
puertos con diversas regiones del mundo.
Con lo anterior, la “atomización” y segmentación que se ha realizado
por las partes en conflicto —es decir, establecer que la relación bilateral
siga por sus cauces normales, y dejar que la controversia por los límites
marítimos se decida en el tribunal internacional— carece de sustento, más
allá de un discurso que han establecido ambos países. En el caso de Chile,
la relación se califica por las autoridades como de “inteligente y de paz”;
mientras que en el caso peruano es de “cuerdas separadas”. Sin embargo,
y pese a esta eventual contradicción que existe entre un acto mismo y la
forma que se le pretende otorgar, existe un elemento que es más complejo
aún, y que se sostiene en una yuxtaposición de agendas bilaterales.
Como bien se señaló en su momento, durante gran parte de la historia
bilateral, los principales centros de atención de la misma han girado sobre
las problemáticas político-históricas, fundamentalmente derivadas de la
Guerra del Pacífico o del Salitre, más allá de diversos acontecimientos que,
pese a tener una connotación positiva, han pasado a un segundo plano
(Robles, 2006). Esta forma de contemplar la relación ha generado, como
principal consecuencia, que la sociedad de cada uno de los países haya
conformado una percepción negativa sobre “el otro”, estableciendo plano
calificativos que operarían como elementos explicativos de un determinado
acto, así como también una forma de establecer niveles de desconfianza
(Flórez, 2007; Milet, 2006). Incluso, es posible evidenciar que, dentro de los
parámetros del discurso académico, la existencia “del otro” radica tanto en
la creación de su propia identidad nacional, como también en una constante
competencia en los más variados ámbitos. Es así como señala Flórez que:
[…] no es principalmente en los fueros del Estado que transcurre el
“problema chileno”. Es más bien en la calle, en las escuelas, en los
pueblos y en las plazas en donde Chile se convierte en un problema
para los peruanos (Flórez, 2007: 402).
Dentro de lo anterior, es posible encuadrar para un país calificativos como
“expansionista”, “armamentista” o “revanchista”, pero todo esto opera
dentro de la lógica de la agenda histórico-política, hasta la década de los
90. A partir de aquel entonces, se comenzó a experimentar un auge en el
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comercio bilateral, que hacía necesario superar los problemas de la mencionada
agenda, para avanzar en el plano económico-comercial. Dentro
de esta lógica, es posible entender la declaración del Canciller Trazegnies
como una vía para potenciar la agenda económico-comercial, estableciendo
un punto de inflexión en la histórico-política.
El problema radica en el hecho de que se estaba en presencia de una
problemática en torno a la agenda histórico-política y se buscaba solucionar
a través de instrumentos de la agenda económico-comercial, como bien
sucedió a fines de los 90. Pero dicha forma de presentar la relación bilateral
produjo como consecuencia directa un traspaso de imagen, generándose
en las sociedades calificativos ligados a la anterior idea, como expansionismo,
conquista o dominación (Milet, 2005), y éstos se hacían presentes
a su vez en determinados iconos comerciales, como tiendas, productos o
marcas comerciales cuyo común denominador fuera Chile. Esta forma de
comportamiento y su posterior derivación en un problema —que si bien
se puede presentar como “comercial” de forma, pero con ribetes políticos,
derivados de la conexión psicológica que se puede hacer con la historia
desde la visión de uno de los actores de la relación bilateral—, no fue posible
de visualizar ni prever por el sector dirigente chileno, a diferencia de su
contraparte peruana. Un ejemplo de dicho comportamiento se ve reflejado
en la demanda en La Haya.
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Sin embargo, y pese a tener entre las partes una especie de acuerdo de
que se debe “encapsular” la controversia limítrofe a través de un diálogo
diferenciado, desde el punto de vista geopolítico aludido en la presente
investigación, los discursos de “relación inteligente” y “cuerdas separadas”,
si bien son la muestra más fehaciente de la existencia de dos agendas
bilaterales, es también reconocer dos aspectos no menores. En primer
lugar, la presencia de dos agendas en el discurso oficial, no solamente es
una muestra de que los decision-makers de la política exterior chilena fueron
“influenciados”, en su forma de actuar, por la diplomacia peruana,
al reconocer tanto la demanda como también lo que aquello involucraba
en la relación bilateral, sino también de una forma de amparar y proteger
los mecanismos duales sobre los cuales actúan en la relación bilateral. Y
en segundo lugar, el realizar dicha distinción de agendas es equivalente
a desestimar que, por añadidura, toda política exterior en un sentido amplio,
se ve influenciada por innumerables factores en cuanto a su formulación,
con lo que finalmente se establece una interdependencia entre los
mismos y la planificación-ejecución de la política. Es decir, los elementos
políticos y económicos no deben estimarse ni ponderarse como absolutos a
la hora de establecer una política exterior determinada. Por ende, no puede
entenderse ésta última, tanto desde una concepción geopolítica como
teórica desde la visión de las Relaciones Internacionales, como una forma
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de aproximación a los aspectos que posee el Estado en el sistema internacional,
bajo parámetros segmentados e inconexos (Flint, 2006; Pearson y
Rochester, 2000; Viotti y Kauppi, 1999), como se evidencia en la relación
bilateral chileno-peruana.
Conclusiones
No se puede explicar un fenómeno conflictivo en su real magnitud y alcance,
si no es posible establecer cuáles son los elementos históricos que
dieron origen al mismo, cuáles son los actores que han participado en éste,
así como sus características; ni tampoco es posible llegar a buen puerto si
no se tiene claro cuáles son los diferentes aspectos que componen, tanto
el fondo conflictivo, como la forma en que las partes buscan gestionarlo.
La relación bilateral entre Chile y Perú, y más específicamente, lo concerniente
a los múltiples elementos que componen la controversia por la
delimitación marítima, no debe observarse únicamente desde el prisma
jurídico que buscan imponer, tanto las voces oficiales de cada una de las
partes, como los múltiples medios de comunicación masivos. Un conflicto
per se debe ser estudiado desde una visión holística y amplia, con el fin de
poder encontrar los denominados objetivos reales y aparentes, y también
cómo se desarrolla el proceso mismo.
Dentro de aquellos aspectos conflictivos en la relación bilateral, es posible
decantar que la controversia, en su fase original como en su eventual
desenlace, ha sido brillantemente planificada y avizorada por la Cancillería
de Torre Tagle, demostrando una vez más que la máxima de Charles
Maurice de Tayllerand, “en diplomacia puede hacerse de todo, menos
improvisar”, sigue totalmente vigente, y que los diplomáticos peruanos
saben hacerlo bien. Sin embargo, y como en cualquier competencia, una
de las partes puede obtener sus resultados, tanto a través de un brillante
desempeño, como también por medio de una débil respuesta de su adversario.
En el caso analizado, lo que otorga una mayor sorpresa es que
efectivamente se producen ambas cosas. La diplomacia chilena, pese a las
múltiples señales enviadas con claridad hace cerca de 15 años aproximadamente,
no pudo prever una controversia que, para sus registros, simplemente
no existía o, en su defecto, carecía de una real posibilidad para
generarse.
Chile se vio envuelto en una reacción sin planificación, sin estrategia
de contención, y con una visión sesgada del suceso mismo. He ahí la importancia
del hecho de “la caseta”: mostró ante la cúpula decisional de la
política exterior peruana que era posible aún establecer un punto de controversia
limítrofe para con Chile, ya que no había certeza jurídica sobre
algunos elementos concernientes, tanto a la delimitación marítima, como
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en algunos aspectos terrestres. Esto último llevó a una situación en la cual
Perú, considerando la tradición legalista de Chile, generó un discurso en
el cual este último país se consideraba con argumentos de peso. Por ende,
Torre Tagle estableció la iniciativa y la planificación en el mediano plano,
mientras que Chile evidenciaba solamente reacción en una visión de corto
plazo.
Finalmente, y no por ello menos importante, cabe señalar que, para
el caso de la relación con Perú, el discurso académico en Chile ha podido
vislumbrar de mejor forma los eventuales conflictos que se puedan tener
con el país vecino, a diferencia de la realidad peruana, en la cual ambos
discursos van a la par. Con esto, es posible dar algunas luces en torno a
que la conflictividad, ya sea de orden territorial, o bien en cualquiera de las
dos agendas propuestas entre los dos países, y sin perjuicio de la ideología
que impregne a la administración que esté en el poder en ambos casos,
se encontrará presente en un futuro cercano, siempre teniendo en , para
estos efectos, las reminiscencias del pasado como forma de interpretar los
acontecimientos por los actores involucrados. En este plano es en que se
evidencia que la política exterior, pese a sus bemoles, se considera como
una política de Estado.
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La falta de conocimiento en aspectos geopolíticos y estratégicos dentro
de los decision-makers de la política exterior chilena ha decantado no
solamente en un conflicto bilateral “encapsulado” con el Perú, sino que
también ha demostrado que es posible establecer una forma de conflictividad
en la cual se pueda mantener una controversia y, al mismo tiempo,
una determinada forma de diálogo. Esta manera de actuar no solamente
supone, a raíz de los actos evidenciados, la decisión de un gobierno de
turno, sino que sobrepasa la esfera gubernamental para situarse en el ámbito
del Estado. Es por ello que no resultaría sorpresivo que otros países,
con similares reclamaciones, sigan una estrategia similar a la adoptada por
Perú en torno a la construcción de un conflicto; pero dicha conflictividad
solamente sería posible evidenciarla dentro de un plano discursivo con
probables consecuencias políticas, sin hacer un uso del elemento bélico en
su probable tratamiento. Y es precisamente en este plano en que un análisis
con bases en la geopolítica crítica puede otorgar lineamientos sobre
cuáles son los elementos que conforman el fondo conflictivo, así como las
posibles alternativas para su solución.
La relación bilateral Chile-Perú es por sí misma, una relación sumamente
compleja donde las aristas conflictivas derivadas de la historia bilateral
están siempre presentes, pese al discurso oficial de las autoridades sobre
integración, amistad y confianza mutua. Los acontecimientos demuestran
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que aquellas palabras de “buenas intenciones” no son consideradas como
verdaderas por la población. Siendo así, y considerando el largo tiempo
sobre el cual la desconfianza entre las partes ha primado, cabe preguntarse
si existe una solución real para este problema. La respuesta es afirmativa,
pero condicionada a una real muestra de voluntad política de las partes en
contrastar opiniones y puntos de vista sobre las diferencias que se mantienen,
y sobre aquella base, institucionalizar canales para socializar la “visión
del otro”, que otorgue como directa consecuencia una construcción
efectiva de confianza y conocimiento mutuo en el mediano a largo plazo.
Y parafraseando nuevamente al Canciller, si bien se marcó el futuro con
sangre, no se puede olvidar que toda herida cicatriza, pero debe hacerlo
en el menor tiempo posible, porque si no se corre el peligro de que ésta se
infecte. En la relación Chile-Perú, el tiempo ya está en contra, y la demanda
en La Haya es una muestra de ello.
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