Ejemplos de procesos por delito contra la salud - Supremo Tribunal

EJEMPLO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR
EL DELITO CONTRA LA SALUD EN SU
MODALIDAD DE NARCOMENUDEO,
HIPÓTESIS DE COMERCIO (VENTA) DE
CLORHIDRATO DE COCAÍNA.

HECHOS:
Aproximadamente a las dieciocho horas del XXX de XXXX
de dos mil XXX, a la altura del número n
XX de la calle
XXXX, de la colonia XXXX, delegación n XXXX, la sujeto
activo del delito vendió a “N” “N”,, en la cantidad de
veinte pesos, un envoltorio de papel, continente de una
sustancia sólida s
que pericialmente se identificó como
clorhidrato de cocaína.

• En esta sentencia el análisis del DELITO CONTRA LA
SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN
LA HIPÓTESIS DE COMERCIO (VENTA) DE
CLORHIDRATO DE COCAÍNA,
se hizo conforme a los
artículos 475, párrafo p
primero, en relación n con el 473,
fracción n V, y con la Tabla de Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo Personal e Inmediato, a que se refiere el
artículo 479, en concordancia con los dispositivos 234 al
237, todos de la Ley General de Salud, en relación n también
con los diversos 8 y 9 del Código C
Penal Federal, que hacen
alusión n a la forma en que pueden cometerse los delitos:

Dichos artículos establecen:
• “ARTICULO 473.- Para los efectos de este capítulo se
entenderá por:
(…)
V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos picos y demás
sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los
convenios y tratados internacionales de observancia
obligatoria en México M
y los que señalen las demás
disposiciones legales aplicables en la materia…”
…”.
• “ARTICULO 475.- Se impondrá prisión n de cuatro a ocho
años y de doscientos a cuatrocientos días d
multa, a quien sin
autorización n comercie o suministre, aún a n gratuitamente,
narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que
resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en
dicha tabla…”
…”.

• “ARTICULO 479.-
(...)
Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato
Opio
Narcótico
Diacetilmorfina o Heroína
Cannabis Sativa, Indica o Mariguana
Cocaína
Lisergida (LSD)
MDA,
Metilendioxianfetamina
MDMA, dl-34-metilendioxi-ndimetilfeniletilamina
Dosis máxima de consumo personal e
inmediato
2 gr.
50 mg.
5 gr.
500 mg.
0.015 mg.
Polvo, granulado o
cristal
40 mg.
Tabletas o cápsulas
Una unidad con
peso no mayor a
200 mg.
40 mg. Una unidad con peso
no mayor a 200 mg.
Metanfetamina 40 mg. Una unidad con peso
no mayor a 200 mg.

• “Artículo 234. . Para los efectos de esta Ley, se consideran
estupefacientes:
(…)
Cocaína
na…” …”.
• “Artículo 235. . La siembra, cultivo, cosecha, elaboración,
preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión,
comercio, transporte en cualquier forma, prescripción
médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general,
todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier
producto que los contenga queda sujeto a:
I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

• II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los
Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren
celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad
General;
• IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter
cter
general relacionadas con la materia;
• V. (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997)
• VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras
dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus
respectivas competencias.”

Los actos a que se refiere este artículo sólo s
podrán
realizarse con fines médicos m
y científicos y requerirán
autorización n de la Secretaría a de Salud”.
• “ARTICULO 236. . Para el comercio o tráfico de
estupefacientes en el interior del territorio nacional, la
Secretaría a de Salud fijará los requisitos que deberán
satisfacerse y expedirá permisos especiales de adquisición
o de traspaso.”

• “ARTÍCULO 237. . Queda prohibido en el territorio nacional,
todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta
Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales:
opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus
sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o
marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver
bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en
cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones”.
• “ARTICULO 8o.- Las acciones u omisiones delictivas
solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.”

• “ARTICULO 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los
elementos del tipo penal, o previendo como posible el
resultado típico, t
quiere o acepta la realización n del hecho
descrito por la ley…”
…”.
• El juzgador señal
aló como elementos constitutivos del delito en
mención:
n:
a) La existencia de una sustancia considerada como narcótico
por el artículo 473, fracción n V, en relación n con el 234 de la
Ley General de Salud vigente, como lo es el clorhidrato de
cocaína.
b) Que la activo comercie (venda) dicho narcótico.
c) El elemento normativo consistente en que tal conducta se
realice sin la autorización n de la Secretaría a de Salud.

d) El bien jurídico tutelado: “salud públicap
blica”.
e) La atribuibilidad de la puesta en peligro del bien jurídico
tutelado, a la conducta del sujeto activo.
f) El elemento subjetivo dolo.
‣ Elementos que a criterio del juzgador se acreditaron
plenamente en atención n a las siguientes consideraciones:
OBJETO MATERIAL. . El primero de los elementos objetivos,
consistente en la existencia de una sustancia considerada
como narcótico por el artículo 473, fracción n V, en relación
con el 234 de la Ley General de Salud vigente, se encuentra
acreditado con la diligencia de inspección n que realizó el
quince de octubre de dos mil ocho (foja 34, , tomo I), I

el agente del Ministerio Público P
de la Federación, en la que
dio fe de haber tenido a la vista un envoltorio de papel,
color blanco, conteniendo sustancia sólida, s
al parecer
cocaína.
‣ A esta diligencia la autoridad le dio valor probatorio pleno,
en términos t
de lo previsto por el artículo 284 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, por tratarse de una
actuación n practicada por la autoridad investigadora en
ejercicio de sus funciones y en investigación n del delito,
conforme a las facultades que les confiere el artículo 21 de
la Constitución n Política de los Estados Unidos Mexicanos y
el 2º 2 del Código C
Federal de Procedimientos Penales.

Citó la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 66, Tomo
163-168, 168, Segunda Parte, Séptima S
Época del Semanario
Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

MINISTERIO PÚBLICO, P
FACULTADES
CONSTITUCIONALES DEL, EN LA DILIGENCIA DE
AVERIGUACIÓN N PREVIA, INSPECCIÓN N OCULAR.
No es atendible el argumento de un inculpado en el sentido
de que la inspección n ocular y fe ministerial practicadas por
el Ministerio Público P
Federal, carecen de valor probatorio
porque se originaron en el período de averiguación n y no
fueron confirmadas ni practicadas en el período de
instrucción. n. Al respecto debe mencionarse que la Ley
Orgánica de la Procuraduría a General de la República, en su
artículo 3, fracción n I, reglamenta las facultades que sobre el
particular concede la Constitución n al Ministerio Público P
Federal, para allegarse medios que acrediten la
responsabilidad de los infractores.

El valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de
origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, P
porque de no ser así, , se encontraría a imposibilitado para
acudir a los tribunales a ejercer la acción n penal;
consecuentemente, a dicha institución n le está permitido
practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el
cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del
acusado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de
inspección, n, la cual puede ser la más m s convincente para
satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de la
existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la que
puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica
corresponde a los funcionarios del Ministerio Público P
en las
diligencias previas al ejercicio de la acción n penal, otorgando
la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo
que no se requiere "que sea confirmada o practicada
durante el período de instrucción.

•
‣ Lo anterior se robusteció con la diligencia de inspección
judicial practicada el xxx de xxxx de dos mil xxxx, por el
Actuario adscrito a dicho juzgado, en la que dio fe de haber
tenido a la vista:
“Un sobre amarillo tamaño o carta, el cual contiene en su
interior:
a) Una bolsa de plástico transparente sellada, observándose
polvo blanco al parecer cocaína.
na.”
Ante esto, el juzgador demostró la existencia del narcótico
afecto a la causa penal, toda vez que fue practicada por
funcionario judicial, quien se encuentra legalmente facultado
para ello, en términos t
de lo dispuesto por el artículo 26 del
Código Federal de Procedimientos Penales.

Citó la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible en la página p
28, del Semanario
Judicial de la Federación, volumen 63 segunda parte,
Séptima
Época, bajo el rubro y texto siguientes:

INSPECCIÓN N JUDICIAL PRACTICADA POR
ACTUARIO DE JUZGADO DE DISTRITO, VALIDEZ.
Las diligencias de inspección n judicial practicadas por los
actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena
validez, ya que los actuarios tienen la capacidad legal
para practicarlas y el resultado de estas tiene el valor de
prueba plena, pues el actuario está investido por
disposición n de la ley de fe pública. p

• Para acreditar la existencia del narcótico, su naturaleza y
cantidad, se consideró la pericial en materia de química que
emitieron el xxxxx de xxxxx de dos mil xxxxx, xxxxxx xxxxxx
xxxxxx y xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, peritos oficiales adscritos al
departamento de Química Forense de la Dirección n General de
Coordinación n de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de la República, en la que concluyeron que la
sustancia contenida en un envoltorio confeccionado con
papel blanco, corresponde a clorhidrato de cocaína
na, , la
cual es considerada como psicotrópico pico por la Ley General de
Salud, con un peso neto de 0.1 gramos (cero punto un
gramos).

• A dichas experticiales les otorgó valor probatorio indiciario,
porque sus suscriptores reunieron los requisitos exigidos por
el artículo 225 del Código C
Federal de Procedimientos
Penales, para ser designados con tal carácter, cter, por tratarse
de especialistas en la materia que desempeñan ese empleo
en forma oficial en una dependencia del gobierno Federal,
en el caso, para la Procuraduría a General de la República;
además, cumplieron con los requisitos que exige el artículo
234 del citado ordenamiento adjetivo, pues tales expertos
practicaron las operaciones que su ciencia le sugiere, y
expresaron las consideraciones y circunstancias que
sirvieron de fundamento a su opinión.
n.

• En el dictamen expusieron que la sustancia color beige
materia de su opinión n técnica, t
se le realizó determinación n de
alcaloides, caínas y cloruros, obteniéndose ndose resultados
positivos, cromatografía a en capa fina, donde utilizaron placas
recubiertas con sílica s
gel F-254 F
como fase estacionaria,
disolventes compuestos por metanol e hidrógeno de amonio
en proporción n 100:1.5 como fase móvil m
y luz ultravioleta como
agente revelador, donde obtuvieron valores de Rf. iguales,
tanto para los extractos de las muestras cuestionadas, como
las del testigo de cocaína y, aplicaron la espectrofotometría
en la región n infrarroja del espectro electromagnético tico a los
productos de extracción n (muestras cuestionadas),

donde obtuvieron espectros con bandas de absorción
características del narcótico en cita.
• Con lo anterior, se llegó al conocimiento de que la sustancia
que analizaron corresponde a clorhidrato de cocaína; por
tanto, tal peritaje, mereció confianza y, en el particular,
orientó el criterio del juzgador para estimar que la sustancia
en referida en dicho dictamen, es considerada como
estupefaciente por la Ley General de Salud; sin que sea
óbice a la anterior valoración n el hecho de que la defensa de
la encausada haya objetado la referida pericial e incluso
haya allegado al proceso otra diversa, pues, el perito XXXX
XXXX XXXXX designado por la defensa para emitir dictamen
químico, también n llegó a la conclusión n de que la sustancia
considerada como objeto del delito es clorhidrato de
cocaína.

• Citó la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página p
20,
Tomo 49, Segunda Parte, Séptima S
Época del Semanario
Judicial de la Federación, cuyo rubro dice:

DICTAMENES PERICIALES, VALORACIÓN DE LOS. Si bien
es cierto que queda a criterio del juzgador darles a los
dictámenes periciales el valor que estime tienen, ya que éstos
sirven para ilustrarlo, pero sin que lo obliguen a aceptar el
resultado de los mismos, también lo es que cuando en el
proceso no existen otras constancias que desvirtúen lo
asentado en dichos dictámenes, el Juez puede darles valor
probatorio pleno”.

Así como la jurisprudencia 256, publicada en la página p
188, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, 1917-2000, intitulada.
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.
Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia
reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los
dictámenes periciales, el juzgador puede negarles
eficacia probatoria o concederles hasta el valor de
prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal,
o aceptando o desechando el único o los varios que se
hubieran rendido, según n idoneidad jurídica que fundada
y razonadamente determine respecto de unos y otros.

Y la Jurisprudencia 354, visible en las páginas p
258 y 259,
Tomo II, Materia Penal del Apéndice del Semanario
Judicial de la Federación, 1917 a 2000, del rubro y
contenido siguientes:
SALUD, DELITO CONTRA LA. PRUEBA DE LA
NATURALEZA DE LAS SUSTANCIAS. Para tener por
cierto que una sustancia es droga enervante para los
efectos del capítulo I, título t tulo 7º, 7 , del libro segundo del
Código Penal Federal, basta el dictamen no desvirtuado de
peritos médicos m
oficiales.

Además –indicó el juzgador-, , se cumple con el requisito
relativo a que la cantidad del narcótico objeto del delito,
sea inferior de la que resulta de multiplicar por mil el
monto de la prevista en la Tabla de Orientación n de Dosis
Máximas de Consumo Personal e Inmediato, pues, como
se ha visto, se trata de 0.1 gramos del clorhidrato de
cocaína; cifra que evidentemente es inferior a los
quinientos gramos, que es el resultado de multiplicar por
mil el parámetro indicado para la cocaína, en la
mencionada tabla.

Consideró irrelevante a la anterior valoración, el hecho de
que el perito químico XXX XXX XXXX propuesto por la
defensa, haya referido en su dictamen de XXX de XXXX de
dos mil XXXX, que
“el l polvo (piedra) decomisado no era de color blanco, sino
de color beige por lo tanto el Clorhidrato de Cocaína no
era cien por ciento puro” y que “por haber existido en las
muestras 1, 2 y 3 cantidades muy pequeñas del polvo
color beige decomisada muestra uno (0.400 grs) dos (0.2
grs) y tres (0.1 grs) no fue posible determinar la pureza

del Clorhidrato de Cocaína y en base a este dato haber
determinado la cantidad real del Clorhidrato de Cocaína
presente…”
…”; habida cuenta que para el delito que aquí
se analiza, la ley no hace distinción n sobre lo que debe
utilizarse o no de la droga, sino que sanciona cualquier
acto de comercio del estupefaciente clorhidrato de
cocaína, siendo irrelevante el que no se determine su
porcentaje de pureza, ya que el tipo penal no exige tal
requisito.

Citó la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del
Décimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario
Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, Octava
Época, página p
243, que a continuación n se cita:

SALUD, DELITO CONTRA LA, EN SU MODALIDAD DE
POSESION. PARA QUE SE CONFIGURE NO ES
DETERMINANTE LA PUREZA DE LA DROGA.
Aun cuando el perito químico concluya que la cocaína
presentó
adulteración n con clorhidrato de lidocaína
(xilocaína) y talco, advirtiendo concentración n sólo s
de
veinticinco por ciento de pureza de dicho alcaloide, no se
actualiza la excusa absolutoria legal correspondiente;
habida cuenta que para los efectos del delito que aquí se
analiza no hace distingos sobre lo que debe utilizarse o no
de la droga, sino que sanciona cualquier posesión n ilícita

del estupefaciente en cualquiera de sus formas, semilla,
planta, hoja, en bruto o purificada, siendo irrelevante
que al separase la parte inútil de ese alcaloide se
reduzca el peso de los límites l
del necesario para su
consumo, pues debe tomarse en cuenta el peso total de
la misma, ya que para que se configure el tipo
incriminado de posesión n de enervantes no es
determinante la pureza de la droga.

CONDUCTA. -Por lo que hace a este elemento-, , relativo
a que la sujeto activo haya comerciado (vendido)
clorhidrato de cocaína,
-el juzgador- lo
acreditó
fundamentalmente con el parte informativo de xxxx de
xxxx de dos mil xxxx, signado por XXXX XXXX XXXX,
XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXXX y XXXX XXXX XXXX,
elementos adscritos a la Agencia Federal de
Investigación, n, en el que asentaron que aproximadamente
a las dieciocho horas del xxxx de xxxxx de dos mil xxxx,

al implementar un dispositivo de vigilancia en la calle
de xxxxx a la altura del número n
xxx, en la colonia
xxxxx, Delegación n xxxx de esta Ciudad, observaron
que se encontraban dos personas del sexo femenino y
una del sexo masculino, percatándose que éste le
entregaba un billete de veinte pesos a una de las
personas del sexo femenino de aproximadamente
cuarenta y cinco años a
y ésta a su vez le entregaba, un
envoltorio de color blanco; por lo que al abordarlos
quien dijo llamarse XXX XXX XXX, le entregó de
manera voluntaria al agente XXXX XXXX XXXX XXXX,

cuatro envoltorios de papel color blanco conteniendo una
sustancia sólida s
color beige al parecer cocaína en piedra, así
como un billete de veinte pesos el cual traía a en la mano
derecha; ; la otra persona del sexo femenino que dijo
llamarse XXXX XXXX XXXX, le entregó de manera voluntaria
al agente XXX XXXX XXXX tres envoltorios de papel color
blanco los cuales contenían una sustancia sólida s
color beige
al parecer cocaína en piedra; el individuo que dijo llamarse
XXXX XXXXX, al solicitarle el agente XXXX XXXX XXXX, le
permitiera realizarle una revisión n corporal, le encontró en la
mano derecha un envoltorio de papel blanco, conteniendo

una sustancia sólida s
color beige al parecer cocaína en
piedra, , la cual manifestó acababa de comprar a quien supo
se llama XXXX XXXX XXXX.
‣ Al ratificarse el citado informe ante el agente del Ministerio
Público Federal, los elementos captores fueron acordes en
indicar que XXXX XXXX XXXX, fue la persona que entregó
un envoltorio contenedor de sustancia sólida s
al parecer
cocaína a XXXX XXXXX XXXX y éste le dio un billete de
veinte pesos; imputación n que sostuvieron al ampliar su
declaración n ante este juzgado.

• Al informe de detención n y su ratificación n por parte de los
policías,
-el juzgador le otorgó valor probatorio indiciario,
acorde a lo dispuesto por el artículo 285 del Código C
Federal
de Procedimientos Penales, pues al margen de la claridad y
precisión n con la que aparece redactado, quienes lo firmaron
satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 289 del
código adjetivo invocado, para conferirle eficacia probatoria.
• También n consideró que la ratificación n de ese informe policial,
conduce a estimarlos como testigos y, por consiguiente, sus
respectivas comparecencias ante la autoridad ministerial del
orden común n y ante este juzgado federal, en las que
avalaron su contenido, permite asignarles valor probatorio de
indicio, al igual que a sus deposiciones; incluso, en la parte
en que refirieron que el codetenido XXXX XXXX XXXX les
manifestó que el envoltorio con droga que se le aseguró, , lo
acababa de comprar a la hoy justiciable;

pues, lo expuesto por los aprehensores sobre este punto,
también n satisface el requisito referente al conocimiento
directo que prevé la fracción n III del artículo 289 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, precisamente porque
tales declarantes presenciaron ese hecho en particular que
les refirió el citado testigo de cargo y, porque como se verá
a continuación,
n, éste
último corroboró la veracidad de las
declaraciones de aquéllos.
Citó la tesis XI.1o.81P, sustentada por el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo D
Primer Circuito, visible en el
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII- Junio de
1994, Octava Época, página p
587, intitulada:

INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR
AGENTES DE LA AUTORIDAD. DEBEN VALORARSE DE
ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PRUEBA
TESTIMONIAL.
• Así como la jurisprudencia 257, sustentada por la Primera
Sala de nuestro Máximo M
Tribunal, consultable a fojas 188 a
189, Tomo II del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación n 1917-2000, de rubro y contenido siguientes:
POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE
TESTIMONIOS DE. . Por cuanto hace a las declaraciones de
los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de
estimarse que carecen de independencia para atestiguar en
un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor
probatorio que la Ley les atribuye como testigos de los
hechos ilícitos que conocieron.

Las imputaciones de los aprehensores XXXX XXXX XXXX,
XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX XXXX y XXXX XXXX
XXXX, las robusteció con la declaración n ministerial de XXXX
XXXX XXXX, quien expuso ante el representante social que el
envoltorio de cocaína se lo compró momentos antes de su
detención n a XXXX XXXX XXXX por la cantidad de veinte
pesos y tenía a un año a o de comprar en ese lugar dicho
narcótico.

• El anterior deposado fue ilustrativo respecto a la venta de
clorhidrato de cocaína que consumó la activo con XXXX
XXXX XXXX, al momento en que arribaron al lugar los
agentes aprehensores, pues contiene un claro
señalamiento en contra de aquélla, relativo a que trasmitió
en forma onerosa, esto es, a cambio de cierta cantidad de
dinero (veinte pesos, según n el dicho del comprador y de los
aprehensores), el envoltorio de ese narcótico al citado
codetenido; por lo que es dable afirmar que tal acto
encuadra en la modalidad de venta de clorhidrato de
cocaína materia de la acusación n del fiscal federal de la
adscripción.

El testimonio de XXXX XXXX XXXX, al ser valorado de
acuerdo a las reglas contenidas en el artículo 289 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, -adquirió- valor de
indicio como lo establece el diverso 285 del citado
ordenamiento legal, para efecto de tener por acreditado el
acto de comercio de narcótico que llevó a cabo la sujeto
activo, como ya se dijo.
Además, es de tomarse en consideración n que dicho
declarante es una persona mayor de edad, ya que cuando
rindió declaración n dijo contar con veinticinco años a
de edad,
por lo que tiene el criterio necesario para juzgar el acto
sobre el que depuso; asimismo, por su posición n se considera
se condujo con probidad, dado que fue detenido junto con
la hoy encausada con motivo del intercambio de dinero por
el estupefaciente de referencia, que efectuó con ésta;

de ahí, , que los hechos que narró los conoció por sus
sentidos, amén n de ser claro y preciso, sin dudas ni
reticencias sobre las circunstancias esenciales del mismo,
pues se trata de un testigo presencial; circunstancias que en
su conjunto permiten afirmar que su ateste es verídico, ya
que no hay prueba que demuestre lo contrario, de ahí que
sea correcto conferir eficacia probatoria a dicho medio de
prueba.
Citó la tesis de jurisprudencia 352, sustentada por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable en la página p
ciento noventa y cinco, Tomo II,
Parte TCC, del Apéndice de 1995, Sexta Época, que dice:

TESTIGOS. APRECIACIÓN N DE SUS DECLARACIONES.-
Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso
penal deberán n valorarse por la autoridad jurisdiccional
teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación
concretamente especificados en las normas positivas de la
legislación n aplicable, como todas las demás s circunstancias
objetivas y subjetivas, mediante un proceso lógico l
y un
concreto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad
o veracidad del testimonio subjúdice
dice”

• -No se consideró obstáculo
culo- a la anterior valoración, el hecho
de que XXXX XXXX XXXX haya tenido el carácter cter de
codetenido de XXXX XXXX XXXX en la etapa de
averiguación n previa, pues la declaración n ministerial que aquél
rindió y en la que hizo imputaciones a ésta, cumplió con los
requisitos que establece el artículo 128 del Código C
Federal de
Procedimientos Penales, ya que en tal diligencia fue
informado que tenía a derecho a no declarar si así lo deseaba,
que debía a tener una defensa adecuada por sí, s , por abogado o
por persona de su confianza y, que si no quería a o no podía
designar defensor se le nombraría a el de oficio;

que tenía a derecho a que su defensor compareciera en todos
los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación
previa, que se le facilitarían an todos los datos que solicitara
para su defensa y que consten en la averiguación n previa,
etcétera; tera; por lo tanto, es inconcuso que al citado testigo de
cargo cuando rindió declaración n ministerial le fueron
respetados los derechos establecidos en el dispositivo legal
arriba citado y, por ende, su testimonio mereció eficacia
probatoria.

Citó la tesis jurisprudencial 1a./J. 153/2005, sustentada por
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en su actual integración, n, consultable en el Semanario Judicial
de la Federación n y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006,
Novena Época, página p
193, que a la letra dice:

DECLARACIÓN N RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN
CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA
AVERIGUACIÓN N PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO
SE EFECTÚA A EN TÉRMINOS T
DEL ARTÍCULO 128 DEL
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
Si durante la averiguación n previa los codetenidos del
indiciado -contra quienes no se ejercerá acción n penal-
declaran en su carácter cter de testigos de cargo, deberán
hacerlo en términos t
del artículo 128 del Código C
Federal de
Procedimientos Penales, especialmente por lo que se refiere
al requisito procesal de informar al inculpado su derecho (i)
a no declarar si así lo desea o, en caso contrario, a hacerlo
asistido por su defensor, y (ii) a tener una defensa
adecuada por sí, s , por abogado o persona de su confianza, o
si no quisiera o no pudiere designar defensor, a que se le
designe uno de oficio.

Lo anterior es así porque si bien es cierto que formalmente
existen notorias diferencias entre un imputado y un testigo,
pues mientras aquél l es parte en el litigio éste no, también n lo
es que en algunos casos ambos pueden tener un nexo en
común n y quedar retenidos por la autoridad administrativa
para rendir una declaración n sobre los mismos hechos; de
manera que en estos supuestos, al encontrarse privados de
su libertad, los declarantes están n en un estado de
vulnerabilidad física f
y emocional que puede poner en tela de
juicio la espontaneidad, veracidad e imparcialidad de sus
declaraciones, y por lo tanto, estar sujetos a vicios e
irregularidades durante la investigación n ministerial,
colocándose en la misma situación n fáctica f
que un imputado,
razón n por la cual carecerá de validez el testimonio rendido
sólo bajo las formalidades del artículo 127 bis del citado
código, que se refiere al caso de los testigos, en el cual no
es indispensable la asistencia de un abogado, y no del
numeral 128 del mismo ordenamiento legal.

No se soslayó que se allegaron pruebas al proceso de que
XXXX XXXX XXXX, al parecer, responde al nombre de XXXX
XXXX XXXX y, que fue materialmente imposible localizarlo
para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a
ampliar su declaración; sin embargo, ello no es razón
suficiente para restar valor probatorio a la declaración n del
citado testigo, como lo argumentó el Defensor Público P
Federal en su escrito de conclusiones, pues, no se demostró
que tal declarante se haya conducido con mendacidad al
exponer ante el fiscal federal investigador que el narcótico
que se le aseguró al momento de su detención,
n,

lo compró a la hoy justiciable en la cantidad de veinte pesos;
además, el hecho de que lo anterior lo haya referido con
motivo de la pregunta concreta que le formuló la
representación n social, contrario a lo señalado por la defensa,
en lo absoluto puede considerarse como una inducción n por
parte de la mencionada autoridad para que aquél l incriminara
a la hoy justiciable, pues, no debe olvidarse que en el acta
que al efecto se levantó, , se hizo constar que se le hizo saber
a dicho indiciado que, en términos t
de lo que establece el
artículo 128 del Código C
Federal de Procedimientos Penales,
tenía a derecho a no declarar si así lo deseaba;

por lo tanto, al no existir prueba en contrario, surge la
presunción n legal de que voluntariamente declaró lo que quedó
asentado en el acta relativa; máxime m
que estuvo asistido de
persona de su confianza, cuando se llevó a cabo tal diligencia.
Citó la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2007, que resolvió la
Contradicción n de tesis 99/2006-PS, emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable
en el Semanario Judicial de la Federación n y su Gaceta, Tomo
XXV, Marzo de 2007, Novena Época, página p
202, de rubro y
texto siguientes:

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.
LA FALTA DE PROBIDAD POR PARTE DE LOS
TESTIGOS EN PROPORCIONAR SUS GENERALES, EN
SÍ MISMA, NO ES SUFICIENTE PARA RESTAR VALOR
PROBATORIO A SU TESTIMONIO. . De la interpretación
sistemática tica y armónica de los artículos 285, 286 y 290 del
Código Federal de Procedimientos Penales se advierte que la
prueba testimonial no es una prueba tasada, sino
circunstancial o indiciaria, porque la codificación n en estudio
no le otorga valor probatorio pleno, sino que se deduce la
posibilidad de la libre valoración n por parte del juzgador, con
la limitante de que éste funde y motive debidamente su
resolución n y las conclusiones a que arribe al valorar dicha
probanza. Ahora bien, en términos t
del artículo 289 de la
codificación n procesal penal en cita, los requisitos formales
que deben tomarse en cuenta al momento de valorar la
prueba testimonial, entre otros son los siguientes:

a) que por su edad, capacidad e instrucción, n, tenga el criterio
necesario para declarar en relación n a los hechos que narra; b)
que por su honradez e independencia de su posición n y
antecedentes personales, se llegue al convencimiento de que
no tiene motivos para declarar en favor o en contra del
inculpado; c) que el hecho de que se trate sea susceptible de
conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo
conozca por sís
mismo y no por inducciones ni referencias de
otro; d) que la declaración n sea clara y precisa, sin dudas ni
reticencias, respecto de la sustancia del hecho y sus
circunstancias esenciales; e) que el testigo no haya sido
obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o
soborno, siendo que el apremio judicial no se reputará como
fuerza. Además s de observar los requisitos formales recién
indicados, se estima también n imprescindible que el juzgador
aprecie el contenido de la declaración n vertida por el testigo, lo
que implica que al momento de decidir sobre el mérito m
convictivo que merece un

ateste, en uso de su arbitrio judicial y libertad para realizar la
valoración n de las pruebas, el juzgador deberá tener en
cuenta todas las demás s circunstancias, objetivas y subjetivas
que, mediante un proceso lógico l
y un correcto raciocinio,
conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del
testigo. Por tanto, se estima que el libre albedrío o otorgado al
juzgador para apreciar en conciencia el material probatorio,
no puede tener como consecuencia absoluta el efecto de
negar valor probatorio alguno a las declaraciones de aquellos
que hayan conducido con falta de probidad al proporcionar
sus generales, porque al ser la prueba testimonial una
probanza no tasada por nuestra legislación, el juzgador debe
considerar otros elementos probatorios y al relacionarlos con
lo manifestado por el testigo, llegar a determinar si los
hechos que éste narra, se encuentran corroborados con otros
elementos de prueba,

que permitan al órgano jurisdiccional formarse la convicción
respecto de la veracidad de la declaración n del ateste. Además,
de la lectura de la fracción n II del artículo 289 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, se advierte que el aspecto
primordial que privilegió el juzgador al apreciar la declaración
de un testigo, es precisamente la imparcialidad del mismo,
tomando en cuenta tanto la probidad, como la independencia
y antecedentes personales del ateste, sin embargo, como ya
se dijo, la probidad del testigo representa sólo s
uno de
diversos elementos que debe tomar en cuenta el juzgador,
para otorgarle o no valor probatorio al testimonio de un
ateste, por lo que no se ajustaría a al sistema procesal
mexicano respecto de la libre apreciación n de la prueba, si por
falta de probidad al proporcionar sus generales, se dejaran sin
valor probatorio las declaraciones de los testigos.

• -Además-,, contrario a lo afirmado por la defensa, tampoco
invalida la declaración n de XXXX XXXX XXXX, el hecho de que
la persona de confianza que designó para asistirlo cuando
rindió declaración n ministerial, no hubiese sido licenciado en
derecho, pues, el artículo 20, apartado A, fracción n IX, de la
Constitución n Federal, aplicable de conformidad con el
régimen transitorio de la reforma legal publicada en el Diario
Oficial de la Federación n el dieciocho de junio de dos mil
ocho, así como el diverso numeral 128 del Código C
Federal de
Procedimientos Penales, no establecen como condicionante
que quien funja como persona de confianza del indiciado,
necesariamente sea profesional en la abogacía.
a.

Citó la tesis jurisprudencial 1a./J. 9/2006 de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual
integración, n, consultable en el Semanario Judicial de la
Federación n y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena
Época, página p
83, expuso lo siguiente:

DECLARACIÓN N ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO P
DE LA
FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE REQUISITO LEGAL
QUE LA PERSONA QUE ASISTA A LOS INCULPADOS EN
SU DESAHOGO SEA UN LICENCIADO EN DERECHO. . De
la interpretación n del artículo 20, apartado A, fracción n X,
párrafo cuarto, de la Constitución n Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se advierte que no necesariamente debe
ser un profesional del derecho la persona que asista a los
inculpados cuando rindan sus declaraciones ministeriales en
una averiguación n previa federal, porque la garantía a de
defensa consagrada en dicho precepto fundamental, que
textualmente refiere: "Las garantías as previstas en las
fracciones I, V, VII y IX también n serán n observadas durante la
averiguación n previa, en los términos t
y con los requisitos y
límites que las leyes establezcan", está sujeta a las
limitaciones y reglamentaciones que al respecto establezca el
legislador ordinario en la legislación n procesal respectiva.

• En ese sentido, si el artículo 128 del Código C
Federal de
Procedimientos Penales -el cual resulta aplicable al regir
específicamente a esa garantía a en esta fase previa
procedimental- no señala la mencionada exigencia, es
inconcuso que los inculpados pueden ejercer dicha garantía
constitucional por sí, s , por un abogado, o por persona de su
confianza. De ahí que para el debido desahogo de esas
diligencias ministeriales no se requiera que la designación
aludida recaiga forzosamente en un licenciado en derecho.”
• -En esa virtud, el juzgador-, , no advirtió motivo alguno para
invalidar o negar validez legal a la declaración n del codetenido
XXXX XXXX XXXX, es dable otorgar valor probatorio de
indicio a su testimonio, en términos t
del artículo 285 del
Código Federal de Procedimientos Penales,

-toda vez que- la imputación n que aquél l hizo en contra de
XXXX XXXX XXXX, no –fue- aislada, sino que se robusteció
con las declaraciones de los elementos aprehensores, a las
que les confirió eficacia probatoria y fueron conducentes para
tener por demostrado el elemento objetivo analizado.
• En ese tenor, los cargos formulados por los policías
aprehensores, así como la versión n emitida por XXXX XXXX
XXXX ante el representante social federal, se establecieron
como indicios en términos t
del artículo 285 del Código C
Federal
de Procedimientos Penales, los cuales resultaron eficaces para
acreditar el acto de comercio de un envoltorio de clorhidrato
de cocaína efectuado por la hoy sentenciada con el citado
codetenido.

• En las relatadas condiciones, como las imputaciones de los
agentes captores XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX
XXXX XXXX y XXXX XXXX XXXX, fueron mantenidas en su
respectiva ampliación n de declaración n ante este juzgado, en el
careo constitucional que el tercero de los nombrados sostuvo
con la ahora sentenciada, así como en los procesales
entablados con el testigo de descargo XXXX XXXX XXXX; por
lo tanto, de cada uno de tales elementos de convicción n se
desprende un indicio en contra de la sentenciada, respecto al
comercio del estupefaciente afecto al proceso; además s que lo
vertido por los referidos aprehensores en los careos
procesales en mención n tiene el valor de testimonio, por ello, -
el juzgador- les otorgó eficacia probatoria en términos t
del
artículo 285, -por- reunir los requisitos del artículo 289

ambos del Código C
Federal de Procedimientos Penales, en los
términos precisados, cuando se razonó el valor probatorio de
sus respectivos testimonios.
Citó el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página p
44, del
Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Segunda
Parte, de la Séptima S
Época, de rubro y texto, siguientes:

POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS
DE.- El dicho de un agente de la autoridad que interviene
en una investigación, n, está sujeto a las reglas de valoración
de la prueba, como el de cualquier otro testigo; la idea de
que se trata de un "testimonio de calidad", atento el cargo
del órgano de la prueba, ha sido superada en nuestro
medio; pero si dos testigos policías, declarando bajo
protesta de decir verdad, imputan un hecho al inculpado y
tal imputación n es mantenida en el careo, y en nada se
aparta el Juez natural de las directrices sobre valoración n de
la prueba, debe atribuirse valor probatorio a dichas
manifestaciones, pues la negativa del inculpado no puede
merecer crédito mayor que la prueba testimonial de la que
se habla.

• El Defensor Público P
Federal de la adscripción, en su escrito de
conclusiones señal
aló aspectos que advirtió en las ampliaciones
de declaraciones de los agentes aprehensores que, en su
opinión, n, eran determinantes para no conferirles valor
probatorio, al indicar que hubo datos que no pudieron
precisar, porque dijeron no recordarlos; además s de que no
coincidieron al señalar el número n
de personas que
entrevistaron, previo a la detención n de la sentenciada.

Al respecto –la autoridad hizo notar- que la percepción,
evocación n y recuerdo, se ven afectados con el transcurso del
tiempo; motivo por el cual, es justificable que quien declara en
un proceso después s de haber transcurrido determinado lapso
de tiempo, con relación n al evento del que depone, no recuerde
con exactitud datos no esenciales, como los que alude la
defensa; por lo tanto, dicho aspecto o factor no es
determinante para restar eficacia probatoria a tales
deposados; pues, se trata de una discrepancia no sustancial,
ni relevante; además, como tales declarantes fueron
uniformes con relación n a lo esencial o medular de los
acontecimientos que respectivamente narraron; se reitera que
sí merecen valor probatorio sus declaraciones.

Citó la tesis jurisprudencial I.6o.P. J/6, del Sexto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en
el Semanario Judicial de la Federación n y su Gaceta, Tomo XX,
Octubre de 2004, Novena Época, página p
2251, de rubro y
texto siguientes:

PRUEBA TESTIMONIAL. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA
INMEDIATEZ PROCESAL PARA SU VALORACIÓN. . Los
principios que rigen la inmediatez procesal, para efectos de
valoración n de la prueba testimonial son la percepción,
evocación n y recuerdo, los cuales se ven afectados con el
transcurso del tiempo, en virtud de que en cuanto a la
primera, como facultad de percatarse de los sucesos a través
de los sentidos, por sís
misma se va desvaneciendo en cuanto
a su fidelidad al pasar del tiempo; la evocación n como la
facultad de traer al consciente lo que permanece guardado
en la memoria, además s de variar en cada persona, dicha
facultad también n se debilita al correr el tiempo; finalmente el
recuerdo como la capacidad de almacenar los
acontecimientos captados por los sentidos se va olvidando
paulatinamente; por ello, el derecho reconoce el principio de
inmediatez como factor importante, que deberá tomar en
cuenta el juzgador al valorar lo declarado por los testigos.”

• -Dicho defensor- también n mencionó en su escrito de
conclusiones, que en los careos procesales supletorios que
los referidos policías sostuvieron con el testigo ausente XXXX
XXXX XXXX, aquéllos al tener a la vista la fotografía a de éste,
dijeron no recordar si fue la misma persona que pusieron a
disposición n del agente del Ministerio Público P
investigador el
xxxx de xxxx de dos mil xxxx. -Al respecto el juez señal
alóque
la manifestación n hecha sobre ese punto concreto por
parte de los aprehensores, no constituye un aspecto o factor
determinante para restar eficacia probatoria a sus
respectivos testimonios, pues, los propios policías refirieron
en la diligencia en comento que no recordaban lo anterior,
debido al transcurso del tiempo; lo que es justificable, si se
atiende a que de la época en que ocurrieron los hechos, a la
fecha en que se llevaron a cabo tales careos, ya habían
an
transcurrido aproximadamente diez meses.

• El juez tomó en cuenta que XXXX XXXX XXXX, al rendir
declaración n ante el Ministerio Público P
Federal, la cual ratificó
ante el juzgado en vía va de preparatoria y en posteriores
diligencias, negó de manera terminante que haya vendido
clorhidrato de cocaína a XXXX XXXX XXXX; sin embargo,
dicha negativa se consideró insuficiente para desvirtuar las
imputaciones que en ese sentido formuló en su contra dicho
testificante, así como los agentes aprehensores, las cuales,
como se ha visto, son claras y precisas porque en ellas se
menciona que tal encausada momentos previos a su
detención, n, entregó a XXXX XXXX XXXX el envoltorio de
cocaína que le fue asegurado y recibió de éste cierta

cantidad de dinero; en consecuencia, respecto de tales
imputaciones se genera una presunción n de credibilidad, pues,
se corrobora con el propio dicho del comprador y, como se ha
visto, la autoridades ministerial que integró la indagatoria
penal de la que deriva este proceso, dio fe de dicho envoltorio
así como del numerario asegurado a tal encausada; además
de que recabó el dictamen pericial en el que se determinó que
efectivamente se trataba de clorhidrato de cocaína.

• -En esa virtud-, , prevalecieron las imputaciones de los
policías y testigo de cargo a que ya se ha hecho referencia,
respecto a la simple negativa de los hechos que XXXX
XXXX XXXX expresó en sus diversas declaraciones, en las
que en esencia señal
aló que no vendió narcótico alguno a su
codetenido XXXX XXXX XXXX y, que el estupefaciente que a
ella se le aseguró lo quería a para su consumo personal;
pues, la versión n que emite y con la que trata de eximir su
responsabilidad penal, al no encontrarse corroborada con
diverso medio convictivo con eficacia probatoria que la
torne verosímil, por sí s sola deviene ineficaz para los efectos
que pretende; por lo tanto, admitir como válida v
tal
manifestación n unilateral, sería a desvirtuar todo el
mecanismo de prueba y facilitar la impunidad de cualquier
acusado, situación n jurídica que es inadmisible.

Citó la tesis de jurisprudencia 480, sustentada por el Segundo
Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que aparece en la
página doscientos ochenta y seis, Apéndice de 1995, Tomo
II, Parte TCC, Octava Época, que dice:

CONFESIÓN, N, FALTA DE.- Cuando del conjunto de
circunstancias se desprende una presunción n en contra del
inculpado, debe él l probar en contra y no simplemente negar
los hechos dando una explicación n no corroborada con prueba
alguna, pues admitir como válida v
la manifestación n unilateral,
sería a destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y
facilitar la impunibilidad de cualquier acusado, volviendo
ineficaz toda una cadena de presunciones por la sola
manifestación n del producente, situación n jurídica inadmisible.”

• -Tampoco se soslayó-, , que ante el juzgador rindió testimonio
XXXX XXXX XXXX, quien en esencia expuso que el xxxx de
xxxx de dos mil xxx, aproximadamente a la cinco de la tarde,
llegó al domicilio particular de XXXX XXXX XXXX, y se
percató de que a ésta y a su hermana XXXX XXXX XXXX, las
estaban sacando de dicho lugar personas que dijeron ser
policías. Sin embargo, no es dable otorgar eficacia probatoria
a su deposado, pues la hoy justiciable en sus primigenias
declaraciones no mencionó que el referido testigo hubiese
presenciado su detención, n, sino que fue hasta la diligencia de
xxxx de xxxx de dos mil xxx, cuando refirió que XXXX XXXX
XXXX se dio cuenta del citado evento.

-Aunado a lo anterior-, , cabe referir que en sus primeras
declaraciones, es decir, en la ministerial y en la preparatoria,
rendida ante juzgado, la hoy sentenciada no refirió haber
sido detenida en el interior de su domicilio, sino que después
de reflexionar y ser aleccionada, al ampliar sus declaraciones
el xxx de xxxxx del año a o próximo pasado, fue cuando refirió
tal circunstancia e hizo alusión n al testigo xxxx xxxx xxxx.

-Por lo anterior fue- correcto concluir que la declaración n de
XXXX XXXX XXXX, no cumplió con los requisitos que
establecen las fracciones II y III del artículo 289 del Código C
Federal de Procedimientos Penales y, por ende, no se les
otorgó valor probatorio alguno, al ser evidente que se trató
de una persona aleccionada que realmente no presenció los
hechos que refirió y que su testimonio obedeció
probablemente al interés s surgido de la amistad de aquél l con
la sentenciada.

Por ese mismo motivo, tampoco merecieron valor probatorio
las aseveraciones que tal declarante hizo en los careos
procesales que sostuvo con los aprehensores; máxime m
que en
ellos, los agentes aprehensores sostuvieron las imputaciones
hechas en contra de la justiciable.
Citó la tesis II.2o.P.178 P, del Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el
Semanario Judicial de la Federación n y su Gaceta, Tomo XXII,
Octubre de 2005, Novena Época, página p
2460, de rubro y
texto siguientes:

PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN N DE LA, EN
MATERIA PENAL. Tratándose del tema relativo a la
valoración n de la prueba testimonial, el juzgador debe
atender a dos aspectos: La forma (que capta también n lo
relativo a la legalidad de la incorporación n y desahogo de la
prueba en el proceso) y el contenido del testimonio. Así,
para efectos de la valoración, además s de seguir las reglas
establecidas en el ordenamiento adjetivo respectivo, es
imprescindible apreciar el contenido propiamente dicho de la
declaración n vertida por el testigo, lo que implica que al
momento de decidir sobre el mérito m
convictivo que merece
un ateste, el juzgador, en uso de su arbitrio judicial, podrá
concederle o negarle valor a la prueba, teniendo en cuenta
tanto los elementos de justificación,

concretamente especificados en las normas positivas de la
legislación n aplicable, como todas las demás s circunstancias,
objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico l
y un
correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o
veracidad del testigo. Lo anterior implica la necesidad de la
autoridad para indagar nuevos elementos probatorios con el
fin de relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de
dilucidar si los hechos que éste narra, se encuentran
corroborados con diversos elementos de prueba que permitan
al juzgador formarse la convicción n respecto del hecho sujeto a
confirmación, n, o bien para decidir si uno o varios de los hechos
precisados por un testigo, no se encuentran robustecidos con
alguna otra probanza.”

Así como la jurisprudencial XX. J/49, emitida por el Tribunal
Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72, diciembre de
1993, Octava Época, página p
93, de rubro y texto siguientes:
PRUEBA TESTIMONIAL, REQUISITOS QUE DEBE
REUNIR LA. PARA SER IDÓNEA
NEA.- Para que la prueba
testimonial sea válida, v
no solamente deben ser las
declaraciones sobre un hecho determinado que sean
contestes, sino que además s los testigos deben ser idóneos
para declarar en cuanto esté demostrada la razón n suficiente
para la cual emite su dicho, o sea, que se justifique la
verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los
hechos.”

En ese orden de ideas, incuestionable la sujeto activo
efectuó una operación n comercial de venta de narcótico, de la
que tomaron conocimiento los policías aprehensores, pues
hubo un acuerdo entre el aquélla y el comprador XXXX XXXX
XXXX, en el cual tuvieron como obligación, la primera,
entregar el enervante y, el segundo, dar determinada suma
de dinero; lo cual constituye propiamente el acto de
comercio en la hipótesis de venta.
Citó la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del
Cuarto Circuito, consultable en la página p
293, del Semanario
Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava
Época, que a la letra dice:

SALUD, DELITO CONTRA LA, EN SU MODALIDAD DE
VENTA, SE INTEGRA CON EL ACUERDO DE
VOLUNTADES SOBRE LA COSA Y EL PRECIO
PACTADO. . Cuando de las constancias de la indagatoria se
desprende como hecho probado el consenso de voluntades
entre el comprador y vendedor para concretizar la venta del
estupefaciente, habida cuenta que el vendedor recibió el
pago de varios kilos de droga en el momento de la
aprehensión, n, y si bien el enervante no llegó al dominio del
adquirente por la intervención n de los agentes de la policía,
tal evento es intrascendente y por lo mismo no impide dar
por satisfechos los elementos constitutivos del ilícito contra
la salud de la modalidad de venta de marihuana, en razón n de
que la referida conducta cobró vigencia con el solo acuerdo
de voluntades sobre la cosa y el precio pactado.

Así como el criterio sustentado por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis
II.1o.P.68 P, consultable en el Semanario Judicial de la
Federación n y su Gaceta, tomo X, Julio de 1999, Novena
Época, página p
853, de rubro y texto siguientes:
DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE
COMERCIO. INTERPRETACIÓN N JUDICIAL. La
interpretación n judicial de la expresión n "comerciar" según n la
última parte del párrafo p
segundo de la fracción n I del artículo
194 del Código C
Penal Federal, no sólo s
comprende las acciones
de vender o comprar estupefacientes, como la connotación
que da a esos términos t
el Código C
de Comercio y que el
quejoso aduce como inconformidad al referir que el comercio
de una mercancía,
a,

es cuando se ha expuesto públicamente p
y se vende a toda
persona, sino que conforme a la legislación n punitiva también
se entiende por comerciar, el adquirir o enajenar algún
narcótico y si según n su interpretación n semántica, el vocablo
enajenar significa "transmitir o pasar a otro el dominio de una
cosa"; es inconcuso que la modalidad de comercio queda
configurada desde el momento en que el quejoso transmitió
en propiedad la droga afecta a la causa, de manera onerosa,
al cambiarla por una computadora; de ahí que para la
configuración n del delito contra la salud en su modalidad de
comercio de psicotrópicos picos no sea necesario que el activo
obtenga dinero a cambio de la marihuana que entregó, , ya
que sólo s
es suficiente para acreditar dicha modalidad, que el
inculpado y otra persona quedaron de acuerdo, el primero en
entregar el enervante y el segundo en dar a cambio una cosa
determinada.”

La diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal
Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página p
564,
Tomo XII, Agosto de 1993, Octava Época del Semanario
Judicial de la Federación; sin que obste que en tal criterio se
interprete un precepto legal que ya no se encuentra vigente,
toda vez que el principio que la inspira es útil para
desentrañar ar la disposición n equivalente en vigor:

SALUD, DELITO CONTRA LA. HAY MODALIDAD DE
VENTA CUANDO SE ENTREGA DROGA A CAMBIO DE
DINERO. . Llevar a cabo una operación n comercial cuyo objeto
es entregar droga a cambio de una contraprestación n en
dinero, constituye la modalidad de venta del delito contra la
salud, a que se refiere el artículo 197 fracción n I del Código C
Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común, y
para toda la República en Materia del Fuero Federal.
• -Con relación n al-, EL ELEMENTO NORMATIVO relativo a
que el comercio de narcótico, se realice en contravención n a
las normas sanitarias que son de orden público, p
contenidas en
el Código C
Penal Federal y en la Ley General de Salud, también
se acreditó, , porque no obra en autos prueba alguna que
demuestre que la encausada contara con autorización n de la
Secretaría a de Salud,

para vender clorhidrato de cocaína o bien, que hubiese
pertenecido a alguna institución n u organismo con protocolo
de investigación n autorizados por la Secretaría a de Salud.
• -Respecto al- EL BIEN JURÍDICO TUTELADO es el objeto
de protección n por el Estado, considerado indispensable para
el mantenimiento del orden jurídico, en el caso, es la salud
pública, que se puso en peligro con motivo de que la sujeto
activo logró vender a su codetenido uno de los envoltorios
con la sustancia narcótica afecta al proceso.

LA ATRIBUIBILIDAD DE LA PUESTA EN PELIGRO
DEL BIEN JURÍDICO TUTELADO, A LA CONDUCTA
DE LA SUJETO ACTIVO.
La puesta en peligro del bien jurídico tutelado por el
artículo 475, párrafo p
primero, de la Ley General de Salud,
consistente en la salud pública, p
fue atribuible a la acción
efectuada por la sujeto activo, consistente en haber –
realizado- la comercialización n de un envoltorio con
clorhidrato de cocaína a XXXX XXXX XXXX, sin la
autorización n de la dependencia de gobierno
correspondiente; pues, con tal proceder se generó un
riesgo para la salud pública. p

• -En relación n con el- SUJETO ACTIVO. –el juzgador enfatizó
que- en el caso, el tipo penal previsto en el artículo 475,
párrafo primero, en relación n con el 473, fracción n V, y con la
Tabla de Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo
Personal e Inmediato, a que se refiere el artículo 479, en
concordancia con los dispositivos 234 al 237, todos de la Ley
General de Salud, que regula la hipótesis de comercio, no
requiere de un sujeto activo calificado para su configuración,
n,
al emplear, el término t
“a a quien”.
• Lo anterior en atención n a que se llaman tipos de sujeto
activo indeterminado o comunes, aquellos en los que no se
exige ninguna condición n especial para ejecutar la conducta
en ellos descrita; para referirse a tales sujetos el legislador
suele emplear las palabras como “al que”, “los que”, “quien”
o “quienes”.

• En el particular la sentenciada tuvo el carácter cter de sujeto
activo, pues de acuerdo con los antecedentes probatorios,
realizó el hacer prohibido por la norma jurídico penal, es
decir, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas
por los agentes aprehensores, se desprende que aquélla
comercializó la sustancia narcótica contenida en un envoltorio
que le fuera asegurado al codetenido XXXX XXXX XXXX.
• -Referente al- SUJETO PASIVO, se identificó con la
sociedad, pues en contra de ella se realizó la conducta de
acción n relevante para el derecho penal, consistente en la
comercialización n (venta) de la sustancia narcótica, con lo cual
se alteró el orden jurídico existente, en la medida en que su
conglomerado resintió las consecuencias de tal acto prohibido
por la norma jurídico penal.

• En relación n al- ELEMENTO SUBJETIVO: DOLO.
Primeramente se dijo que DELITO CONTRA LA SALUD EN
SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN LA
HIPÓTESIS DE COMERCIO (VENTA) DE CLORHIDRATO
DE COCAÍNA
NA, , que prevé y sanciona el artículo 475, párrafo p
primero, en relación n con el 473, fracción n V, y con la Tabla de
Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo Personal e
Inmediato, a que se refiere el artículo 479, en concordancia
con los dispositivos 234 al 237, todos de la Ley General de
Salud, admite exclusivamente la forma de comisión n dolosa,
pues, no está comprendido en el listado de los delitos
enunciados en el segundo párrafo p
del artículo 60 del Código C
Penal Federal que, conforme al principio de “numerus
clausus”, , además s del dolo, también n admiten la forma de
realización n culposa;

por tanto, se reitera que el acto de comerciar algún
narcótico, sólo s
puede ejecutarse de forma dolosa y, el dolo al
ser un elemento subjetivo del delito, su análisis debe
efectuarse en este apartado y no en el de la responsabilidad
penal.
• Por ello el dolo implica la conciencia y voluntad de realizar el
tipo objetivo de un delito. –En esa virtud-, , un ilícito tiene el
carácter cter de doloso, cuando el sujeto activo lo comete
conociendo los elementos del tipo penal o previendo como
posible el resultado típico t
y, aun así, , quiere o acepta la
realización n del hecho descrito por la ley.

-Precisó que-, , el dolo admite dos modalidades: directo y
eventual. El primero se puede asimilar a la intención n o lo que
el sujeto persigue directamente y abarca todas las
consecuencias que, aunque no las persiga, prevé que se
producirán n con seguridad. El dolo eventual se presenta
cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco
lo prevé como seguro, sino que sólo s
prevé que es posible que
se produzca, pero para el caso de su producción n lo asume en
su voluntad.
-En este caso se analizó, , el dolo directo-, , que requiere el
delito CONTRA LA SALUD.

• El dolo directo tiene dos aspectos o componentes:
a) el intelectual, que implica el conocimiento de los elementos
del tipo penal;
b) el volitivo, referente a querer o aceptar la realización n del
hecho previsto como delito.
• El aspecto o elemento referido en el primer inciso, parte de
que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda
vez que no se puede querer lo que no se conoce; en
consecuencia, para establecer que el sujeto activo quería a o
aceptaba la realización n de un hecho previsto como delito, es
necesario demostrar la existencia de su conocimiento previo
de los elementos objetivos y normativos del tipo que ya han
sido objeto de análisis en apartados anteriores.

• El segundo requisito o componente en mención, n, se refiere a
que no basta con el mero conocimiento de los elementos
objetivos y normativos del tipo, sino que es necesario,
además, querer realizarlos. Es por ello que la dirección n que
el sujeto activo da hacia la consecución n de un resultado
típico, sirve para establecer que su actuar es doloso.
• Así pues, el dolo significa tener conocimiento de la situación
y la voluntad de realizarla. En el artículo 9 del código c
punitivo federal, el elemento cognitivo se desprende de la
frase "conociendo los elementos del tipo penal", mientras
que el elemento volitivo, se advierte cuando se dice "quiere
o acepta la realización n del hecho descrito por la ley".

• Por lo anterior, para la comprobación n del dolo se requiere
necesariamente acreditar que el sujeto activo tiene
conocimiento de los elementos objetivos y normativos del
tipo penal y quiere la realización n del hecho descrito por la ley.
• Precisó que-, , como el dolo es un elemento subjetivo que,
como tal, atañe e a la psique del individuo, en primera
instancia, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión
del agente del delito, empero ante su ausencia, puede
comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, tal y
como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVII/2005, localizable en
el Semanario Judicial de la Federación n y su Gaceta, Tomo
XXIII, Marzo de 2006, Novena Época, página p
205, de rubro y
texto siguientes:

DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN N MEDIANTE LA
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. . El dolo directo se presenta
cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere
provocar directamente o prevé como seguro, el resultado
típico de un delito. Así, , la comprobación n del dolo requiere
necesariamente la acreditación n de que el sujeto activo tiene
conocimiento de los elementos objetivos y normativos del
tipo penal y quiere la realización n del hecho descrito por la ley.
Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe e a la
psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la
confesión n del agente del delito. Empero, ante su ausencia,
puede comprobarse con la prueba circunstancial o de
indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se
induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio
obtenido de aquél, en virtud de una operación n lógica l
crítica
basada en normas generales de la experiencia o en principios
científicos o técnicos. t

En efecto, para la valoración n de las pruebas, el juzgador goza
de libertad para emplear todos los medios de investigación
no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos
del delito -entre ellos el dolo-, , por lo que puede apreciar en
conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos
como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos
esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se
utilizan como la base del razonamiento lógico l
del juzgador
para considerar como ciertos, hechos diversos de los
primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o
lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es
la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en
que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según
las normas de la lógica, l
a una premisa mayor en la que se
contenga en abstracto la conclusión n de la que se busca
certeza.

Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede
demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con
una confesión n del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es
necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya
en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de
partida son hechos y circunstancias ya probados.

En el presente asunto, el dolo se demostró
fundamentalmente con los indicios que derivan de las
declaraciones de los elementos aprehensores XXXX XXXX
XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX y XXXX
XXXX XXXX y del codetenido XXXX XXXX XXXX, que fueron
analizadas y valoradas; así como de la circunstancia que
deriva del hecho de que la hoy justiciable, como en su
oportunidad se verá, , tenía a consciencia de la antijuridicidad
de su proceder; máxime m
que se desenvolvía a en un medio
urbano, en el que tenía a acceso a todos los medios de
comunicación, n, por lo que estuvo en aptitud legal de saber
que comerciar una sustancia narcótica, es un acto delictivo;
no obstante ello, quiso llevarlo a cabo, por lo que es
inconcuso que su actuar fue doloso.

JUICIO DE TIPICIDAD. –Al respecto el juzgador señal
aló
que-, , la suma de indicios analizados en forma integral,
componen la prueba circunstancial a que alude el artículo
286 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, mismos
que apreciados en su conjunto, al tenor de los numerales
284, 285, 288, 289 y 290 del Código C
Federal de
Procedimientos Penales adquieren eficacia probatoria al
relacionarse y vincularse lógicamente l
entre sí, s , crearon
absoluta convicción n en el juzgador de que la sujeto activo
cometió el delito contra la salud que se le reprocha.

A tal conclusión n se llega al quedar evidenciado que
aproximadamente a las dieciocho horas del xxxx de xxxx de
dos mil xxxx, a la altura del número n
xxx de la calle xxxx, de
la colonia xxxxxx, delegación n Xxxxx Xxxxx; la encausada
vendió a XXXX XXXX XXXX, en la cantidad de veinte pesos,
un envoltorio de papel, continente de una sustancia sólida s
que pericialmente se identificó como clorhidrato de cocaína;
conducta que llevó a cabo sin contar con la autorización n por
parte de la autoridad sanitaria competente, por lo que puso
en peligro el bien jurídico tutelado, que en la especie es la
salud pública. p
•

Citó la tesis la jurisprudencia 1a./J. 23/97, emitida por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación n y su
Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página p
223,
cuyos rubro y texto son los siguientes:

PRUEBA INDICIARIA, CÓMO C
OPERA LA, EN MATERIA
PENAL. . En materia penal, el indicio atañe e al mundo de lo
fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio
de prueba, ya no para probar, sino para presumir la
existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen
sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por
conducto de los medios de prueba regulares como la
confesión, n, testimonio o inspección, n, sino sólo s
a través s del
esfuerzo de razonar silogísticamente, sticamente, que parte de datos
aislados, que se enlazan entre sí, s , en la mente, para llegar a
una conclusión.
n.

• -El juzgador aclaró que-, , en el presente caso, el fiscal
federal cumplió con la carga probatoria que tiene de
demostrar la conducta ilícita realizada por la justiciable;
pues, como se vio, con las pruebas de cargo que se
allegaron al proceso por parte de la institución n ministerial,
quedó comprobado de manera fehaciente que dicha
encausada, vendió un envoltorio con clorhidrato de
cocaína a xxxx xxxx xxxx en la cantidad de veinte pesos,
según n lo refirieron los agentes captores y el propio
comprador. Además, la enjuiciada no demostró que no
hubiese llevado a cabo dicha conducta o bien, que
contaba con la autorización n por parte de la Secretaría a de
Salud para ejecutarla; por lo tanto, es inconcuso que el
órgano acusador desvirtuó la presunción n de inocencia de
tal enjuiciada.

Citó el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis
II.2o.P.160 P, consultable en el Semanario Judicial de la
Federación n y su Gaceta, tomo XXI, Abril de 2005, Novena
Época, página p
1390, de rubro y texto siguientes:

DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN N DE INOCENCIA.
NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN N NI LOS
TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS
CUANDO LA AFECTACIÓN N A LA LIBERTAD DEL
QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO
LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A
LA NORMATIVIDAD APLICABLE. . La circunstancia de que
determinados principios como los de debido proceso legal y
presunción n de inocencia no sólo s
estén n consagrados en la
Constitución n Federal, sino también n en tratados
internacionales, no significa que no pueda justificarse una
sentencia de condena o que todo acto de autoridad que
afecte los intereses del procesado, como su libertad,
trastoquen dichos principios.

Por el contrario, lo que en ellos se establece es la
condicionante de que dicha afectación n al quejoso, en su
caso, se vea justificada por la constatación n de haberse
observado o cumplido los requisitos que la propia ley
contempla para que esa afectación n quede enmarcada
dentro de la legalidad en aras del interés s público p
que es
inherente al proceso penal y, en general, a la persecución
de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo
se justifica por haberse cumplido los requisitos legales
exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable,
resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y
consagrados en la Constitución n ni, por ende, los posibles
tratados que igualmente los reconocieran.”

AUSENCIA DE CAUSAS DE LICITUD O
JUSTIFICACIÓN.
En este aspecto la autoridad precisó que XXXX XXXX
XXXX actuó con libertad de autodeterminación n en la
ejecución n del delito que se le reprocha, al no advertirse
factores o circunstancias que lo constriñeran a obrar como
lo hizo, toda vez que no se acreditó que su actuación n fuera
realizada bajo algún n estado de necesidad exculpable o por
coacción n física f
o moral, no desprendiéndose ndose de actuaciones
probanza alguna que acredite la actualización n de alguna de
las hipótesis previstas en las fracciones III, IV, V y VI del
artículo 15 del Código C
Penal Federal;

y sí s por el contrario, con su actuar transgredió el tipo penal
en cita, es decir, en ningún n momento puede pensarse que
repelió alguna agresión n injusta que lo hiciera actuar en
legítima defensa, ni que se colocara en una situación n de
peligro (estado de necesidad) que únicamente pudiera
salvaguardar con la afectación n al bien jurídico protegido por
el legislador. Aunado al hecho que el ilícito contra la salud
que se le reprocha tampoco prevé como admisible, dentro
de las causas de licitud, el ejercicio de un derecho, el
cumplimiento de un deber, la obediencia jerárquica rquica o bien,
un impedimento legítimo, pues al no poder justificar su
actuar injusto, la conducta que desplegó es antijurídica y,
por ende, le es reprochable en el ámbito del derecho penal.

AUSENCIA DE EXCLUYENTES DE
CULPABILIDAD.
-En este aspecto el juzgador indicó que-, , de las constancias
que obran en autos no se desprende dato alguno que
evidencie que XXXX XXXX XXXX haya actuado en estado
de inimputabilidad, por el contrario, conocía a la ilicitud de la
conducta que realizó y aun así quiso su ejecución, pues al
rendir declaración n ministerial dijo tener XXXX años a
de edad;
aspecto que es importante, pues denota que es imputable
y, por ende, tiene capacidad de comprender el carácter
cter
ilícito de su comportamiento y de conducirse de acuerdo
con esa comprensión, n, ya que no se observa que exista
prueba alguna que evidencie que al tiempo del evento típico t
padeciera trastorno mental o desarrollo intelectual
retardado que le hiciera carecer de la capacidad de
raciocinio.

Antes bien, en el examen que le practicó la Doctora xxxx
xxxx xxxx, perito médico m
de la Procuraduría a General de la
República, a la inspección n general la encontró consciente,
ambulatoria, con actitud libremente escogida coherente,
congruente en su discurso, bien orientada en tiempo, lugar
y persona; a la exploración n física f
no presentó huella de
lesiones traumáticas ticas externas recientes. Además, de
actuaciones no se desprende prueba alguna que actualice
alguna de las hipótesis previstas en las fracciones VII, VIII y
IX del artículo 15 del Código C
Penal Federal.

• SEXTO. . La responsabilidad penal de XXXX XXXX XXXX,
en la comisión n del DELITO CONTRA LA SALUD EN SU
MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN LA HIPÓTESIS
DE COMERCIO (VENTA) DE CLORHIDRATO DE
COCAÍNA
NA, , previsto y sancionable en el artículo 475,
párrafo primero, en relación n con el 473, fracción n V, y con la
Tabla de Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo
Personal e Inmediato, a que se refiere el artículo 479, en
concordancia con los dispositivos 234 al 237, todos de la
Ley General de Salud, está plenamente demostrada en
autos, con los mismos medios de prueba valorados en el
considerando anterior, los cuales, en obvio de innecesarias
repeticiones, se tienen por reproducidos en este apartado,
con la valoración n jurídica que se les otorgó.

Ello es así, , porque en la especie, se estima que, por un
lado, tales probanzas justifican la realización n de un hecho
impersonal y abstracto tipificado como delito y, por otro,
como más m s adelante se verá, , también n resultan de utilidad
para deducir la participación n de XXXX XXXX XXXX, en la
ejecución n del ilícito que se le reprocha, en términos t
de lo
dispuesto por el artículo 13, fracción n II, del Código C
Penal
Federal, es decir, en su calidad de autora material, al tener
el dominio funcional de la acción n típica t
que finalmente
decidió llevar a cabo. De manera que, en este apartado, a
fin de evitar transcripciones innecesarias, se tienen por
reproducidas las pruebas antes aludidas y, por razón n de
técnica jurídica, sólo s
se hará mención n de aquéllas que
resulten primordialmente relevantes para acreditar tal
extremo.

Para el fin antes precisado, el juzgador consideró el parte
informativo de xxx de xxxx de dos mil xxxx, signado por
xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx y xxxx xxxx
xxxx, elementos adscritos a la Agencia Federal de
Investigación, n, en el que asentaron que aproximadamente a
las dieciocho horas del xxx de xxxx de dos mil xxx, al
implementar un dispositivo de vigilancia en la calle de xxxx
a la altura del número n
xxx, en la colonia xxxxx, Delegación
xxxx xxxx de esta Ciudad, observaron que se encontraban
dos personas del sexo femenino y una del sexo masculino,
percatándose que éste le entregaba un billete de veinte
pesos a una de las personas del sexo femenino de
aproximadamente cuarenta y cinco años a
y ésta a su vez le
entregaba, un envoltorio de color blanco; por lo que al
abordarlos quien dijo llamarse XXXX XXXX XXXX, le
entregó de manera voluntaria al agente xxxx xxxx xxxx,
cuatro envoltorios

de papel color blanco conteniendo una sustancia sólida s
color
beige al parecer cocaína en piedra, así como un billete de
veinte pesos el cual traía a en la mano derecha; ; la otra
persona del sexo femenino que dijo llamarse xxxx xxxx
xxxx, le entregó de manera voluntaria al agente xxxx xxxx
xxxx tres envoltorios de papel color blanco los cuales
contenían una sustancia sólida s
color beige al parecer
cocaína en piedra; el individuo que dijo llamarse xxxx xxxx
xxxx, al solicitarle el agente xxxx xxxx xxxx, le permitiera
realizarle una revisión n corporal, le encontró en la mano
derecha un envoltorio de papel blanco, conteniendo una
sustancia sólida s
color beige al parecer cocaína en piedra, , la
cual manifestó acababa de comprar a quien supo se llama
XXXX XXXX XXXX.

El referido informe de detención, n, que fue debidamente
ratificado por sus signantes ante el agente del Ministerio
Público Federal y ante este órgano jurisdiccional, como se
vio, por el hecho de cumplir con los requisitos exigidos por
el artículo 289 del Código C
Federal de Procedimientos
Penales, se valoró como indicio en términos t
del numeral
285 de la legislación n adjetiva invocada, pues quienes lo
firmaron satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 289
del código c
adjetivo invocado, para que este juzgador pueda
conferirle eficacia probatoria, , fundamentalmente por el
hecho de que fue ratificado por sus signantes, quienes son
personas mayores de edad, con estudios de nivel medio
superior y superior y, por ello, con la capacidad y criterio
necesarios para juzgar el acto del cual dieron noticia;
aunado a que, por la probidad e independencia de su
posición n se puede estimar que tienen completa
imparcialidad.

-La ratificación n del informe policial por parte de sus
suscriptores- condujo al juzgador a considerar a sus
signantes como testigos y, por consiguiente, sus respectivas
comparecencias en las que avalaron su contenido, permite
asignarles valor probatorio de indicio.
Las imputaciones de los aprehensores –el juzgador las
concatenó con-la declaración n ministerial del testigo xxxx
xxxx xxxx, quien indicó que XXXX XXXX XXXX es la
persona que le vendió un papel con cocaína en piedra.

-Agregó a lo anterior-, , las inspecciones en las que el
representante social federal dio fe del narcótico y numerario
asegurado; el primero, es una sustancia que según n el
dictamen químico que obra en autos, corresponde a
clorhidrato de cocaína.
-Los anteriores medios de prueba fueron relacionados con-,
la existencia y naturaleza de lo que constituye el objeto del
delito; y por ende fueron- conducentes para tener por
demostrada la plena responsabilidad de la ahora enjuiciada,
ya que de los mismos se desprendieron indicios que

adminiculados con lo expuesto por los agentes
aprehensores, en cuanto a las características físicas f
del
envoltorio con sustancia sólida s
color beige asegurado al
comprador xxxx xxxx xxxx, el día d a del evento delictivo;
además s de que también n se tiene por demostrada la
existencia del numerario asegurado a XXXX XXXX XXXX.
Citó la tesis aislada IV.3°.T.31P, .T.31P, consultable en el
Semanario Judicial de la Federación n y su Gaceta, Tomo XVI,
Septiembre de 2002, Novena Época, página p
1422, del rubro
y tenor siguiente:

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL.
LA FE MINISTERIAL DE LA DROGA Y EL DICTAMEN
QUÍMICO CONSTITUYEN INDICIOS QUE,
ADMINICULADOS CON OTROS, SON IDÓNEOS PARA
ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD.- Es cierto que la fe
de la existencia de la droga y el dictamen de la misma son
elementos probatorios que por su naturaleza se hayan
encaminados a demostrar la corporeidad del delito, por ello
no soslaya el hecho de que esos propios elementos puedan
constituir un indicio de la plena responsabilidad de los
sentenciados e integrar la prueba indiciaria. Para
considerarlo así, , basta tener en cuenta que al dar fe de la
existencia de la droga el Agente del Ministerio Público P
Federal, y al dictaminarse parcialmente su peso y cantidad
se corrobora indiciariamente cuál l fue aquélla que les fue
recogida a los detenidos.

Ese indicio, derivado de esas pruebas, lo avala el artículo
285 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, al
establecer que con independencia de la confesión n y de los
documentos públicos, p
todos los demás s elementos de prueba
constituyen “indicios”.. De ahí que si la propia ley le confiere
el valor de un indicio a esas pruebas, no puede estimarse
que ese indicio sea solamente para integrar el cuerpo del
delito y no la responsabilidad; máxime m
si dichas pruebas se
encuentran adminiculadas con el parte informativo.

• En tal virtud, de la concatenación, n, engarce y apreciación
integral de las pruebas destacadas, se obtuvieron indicios
unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación,
se transita de un hecho desconocido a la verdad formal de
que la sentenciada XXXX XXXX XXXX vendió a xxxx xxxx
xxxx, la sustancia narcótica contenida en el envoltorio
asegurado a éste al momento de su detención.
n.
• Dichos indicios fueron:
a) Que la enjuiciada estaba en compañí
ñía a de xxxx xxxx xxxx,
persona adicta al consumo del clorhidrato de cocaína, según
se determinó pericialmente, a quien se le encontró en
posesión n de un envoltorio de papel contenedor de dicho
estupefaciente.

) Los agentes policíacos xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx,
xxxx xxxx xxxx y xxxx xxxx xxxx, dieron noticia de que
presenciaron el intercambio de dinero por un envoltorio que
realizó xxxx xxxx xxxx con XXXX XXXX XXXX.
c) A la enjuiciada también n le fue asegurada la cantidad de
veinte pesos, producto de la venta de un envoltorio con
droga, efectuada a xxxx xxxx xxxx, según n lo refirió éste y
los agentes aprehensores.
d) No existe ningún n elemento de convicción n (con eficacia
probatoria) que sustente el dicho de la enjuiciada en el
sentido de que ella no le vendió droga alguna a su
codetenido xxxx xxxx xxxx; sino por el contrario, subsiste la
imputación n categórica de éste y de los aprehensores.

• Los anteriores indicios, adminiculados entre sí s de una
manera lógica l
y natural, permiten integrar la prueba
circunstancial enunciada en el artículo 286 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, la cual sirve de base
para arribar a la conclusión n de que XXXX XXXX XXXX
vendió un envoltorio de clorhidrato de cocaína a xxxx xxxx
xxxx, en la cantidad de veinte pesos.

Asimismo, el juzgador consideró ineficaz para desvirtuar la
participación n de dicha enjuiciada en la ejecución n del delito
que se le reprocha, la versión n exculpatoria que dio en sus
declaraciones ministerial y preparatoria, la cual varió en sus
posteriores deposiciones, en las que expuso que no fue
detenida en la forma referida por los elementos policiales y
tampoco vendió la sustancia narcótica con la que se le
vincula; esto, en razón n de que sus afirmaciones en tal
sentido no están n apoyadas con elementos de convicción n que
tengan eficacia probatoria, por lo que admitir como válida v
su simple manifestación n unilateral, sería a destruir todo el
mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su
eficacia y alcance demostrativo.

• Lo anterior se afirmó porque el testimonio de xxxx xxxx
xxxx (quien refirió, , en síntesis, s
que el xxx de xxxxx de dos
mil xxxx, aproximadamente a la cinco de la tarde, llegó al
domicilio particular de XXXX XXXX XXXX, y se percató de
que a ésta y a su hermana xxxx xxxx xxxx, las estaban
sacando de dicho lugar personas que dijeron ser policías);
carece de valor probatorio alguno, pues la hoy justiciable en
sus primigenias declaraciones no mencionó que aquél
hubiese presenciado su detención, n, sino que fue hasta la
diligencia de xxx de xxxx de dos mil xxxx, cuando refirió que
dicha persona se dio cuenta del citado evento.
• Lo anterior, sugiere que xxxx xxxx xxxx fue aleccionado con
el objeto de ayudar a la justiciable, pues hizo alusión n a
datos o circunstancias importantes que no concuerdan con
lo que aquélla expuso desde la etapa de averiguación
previa; razón n por la cual no se otorga eficacia

probatoria a las deposiciones de aquél, porque se advierte
que no se condujo con probidad ni imparcialidad, amén n de
que no presenció los hechos que narró, , por lo que no
cumple con los requisitos que establecen las fracciones II y
III del artículo 289 del Código C
Federal de Procedimientos
Penales.
Citó la tesis II.2o.P.178 P, del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el
Semanario Judicial de la Federación n y su Gaceta, Tomo
XXII, Octubre de 2005, Novena Época, página p
2460, de
rubro y texto siguientes:

PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN N DE LA, EN
MATERIA PENAL. . Tratándose del tema relativo a la
valoración n de la prueba testimonial, el juzgador debe atender
a dos aspectos: La forma (que capta también n lo relativo a la
legalidad de la incorporación n y desahogo de la prueba en el
proceso) y el contenido del testimonio. Así, , para efectos de la
valoración, además s de seguir las reglas establecidas en el
ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescindible apreciar
el contenido propiamente dicho de la declaración n vertida por
el testigo, lo que implica que al momento de decidir sobre el
mérito convictivo que merece un ateste, el juzgador, en uso
de su arbitrio judicial, podrá concederle o negarle valor a la
prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos de
justificación, concretamente especificados en las normas
positivas de la legislación n aplicable, como todas las demás
circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un
proceso lógico l
y un correcto raciocinio, conduzcan a
determinar la mendacidad o veracidad del testigo.

Lo anterior implica la necesidad de la autoridad para indagar
nuevos elementos probatorios con el fin de relacionarlos con
lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los hechos
que éste narra, se encuentran corroborados con diversos
elementos de prueba que permitan al juzgador formarse la
convicción n respecto del hecho sujeto a confirmación, n, o bien
para decidir si uno o varios de los hechos precisados por un
testigo, no se encuentran robustecidos con alguna otra
probanza.

Por lo anterior, prevalecieron las imputaciones de los
policías a que se ha hecho referencia, respecto a la simple
negativa de los hechos que XXXX XXXX XXXX expresó en
su declaración n ministerial y en posteriores diligencias,
porque la versión n que emite y con la que trata de eximir su
responsabilidad penal, al no encontrarse corroborada con
diverso medio convictivo con eficacia probatoria que la
torne verosímil, por sí s sola deviene ineficaz para los efectos
que pretende, reduciéndose a una postura defensiva que no
fue robustecida o apoyada con prueba alguna que fuese
conducente; por lo tanto, admitir como válida v
tal
manifestación n unilateral, como lo aduce su defensa en su
escrito de conclusiones, sería a desvirtuar todo el mecanismo
de prueba y facilitar la impunidad de cualquier acusado,
situación n jurídica que es inadmisible.

Citó la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado
del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la
Federación, Octava Época, tomo IX, enero de 1992, página p
220, que al rubro y texto establece:

PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL. . En
puridad, el Ministerio Público P
debe justificar que un hecho
tipificado por la ley como delito, ha sido perpetrado y que
determinada persona lo ejecutó, , y demostrado esto, sólo s
ante la afirmación n contraria del inculpado corresponde a
éste la carga de la prueba de su inocencia, esto es, sólo s
ante la comprobación n por parte del representante social de
que se ha perpetrado un hecho catalogado por la ley como
delito y establecido el nexo causal entre la conducta
humana y ese tipo, corresponde al acusado la demostración
de que falta una de las condiciones de incriminación, n, bien
por ausencia de imputabilidad, por mediar estados objetivos
de justificación n o excusas absolutorias.

Así como la tesis de jurisprudencia VI.1.P. J/15, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV,
Septiembre de 2001, Novena Época, página p
1162, cuyo
rubro y texto es:

DECLARACIÓN N DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU
PARTICIPACIÓN N EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA,
ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS
ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA
(LEGISLACIÓN N DEL ESTADO DE PUEBLA). . De
conformidad con el artículo 193 del Código C
de
Procedimientos en Materia de Defensa Social, que
establece: "El que niega está obligado a probar cuando su
negación n es contraria a una presunción n legal o envuelva la
afirmación n expresa de un hecho."; la sola negativa del
inculpado de haber participado en el delito o delitos que se
le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los
elementos de cargo que existen en su contra en el proceso
penal; máxime m
que durante la secuela procesal no aportó
prueba alguna para acreditar su versión n defensiva, pues
admitir como válida v
ésta, sería a tanto como darle
preponderancia a su dicho sobre las demás s pruebas.

• El juzgador también n destacó que, los agentes aprehensores
sostuvieron las imputaciones que hicieron en contra de
XXXX XXXX XXXX en todas las diligencias en que
participaron (ampliación n de declaración, careo constitucional
entre aquélla y el policía a xxxx xxxx xxxx, en los careos
procesales con el testigo de descargo xxxx xxxx xxxx y en
los desahogados en forma supletoria con el codetenido xxxx
xxxx xxxx; razón n por la cual, tampoco benefició en nada a la
sentenciada el resultado de esas diligencias.
• El dictamen químico de xxx de xxxx de dos mil xxx, rendido
por el perito propuesto por la defensa, xxxx xxxxx xxxx,
tampoco se constituye en prueba que favorezca a la
enjuiciada, en virtud de que dicho perito concluyó que la
sustancia considerada como objeto del delito es clorhidrato
de cocaína y,

aunque refirió que no se pudo determinar su pureza, tal
circunstancia no –es
óbice
para- considerarla
como
narcótico, pues, como se dijo en el considerando anterior, el
tipo penal no establece como uno de sus elementos que
pericialmente se determine el porcentaje de pureza del
estupefaciente en mención.
n.
• En relación n con el diverso dictamen en materia de
toxicomanía a rendido de el xxx de xxxx de dos mil xxxx, por
el Médico M
Legista xxxx xxxx xxxx, experto propuesto por la
defensa, -el juzgador precisó que-, , que tal medio de prueba
carece de valor probatorio alguno porque quien lo emitió, , se
constriñó
a hacer una crítica de la diversa opinión n que en
esa materia emitió el xxx de xxxx de dos mil xxxx la perito
oficial de la Procuraduría a General de la República;

además, el perito propuesto por la defensa, para concluir
que la ahora sentenciada sí s fue adicta al consumo del
clorhidrato de cocaína,
únicamente tomó en cuenta lo que
ésta le manifestó sobre los “padecimientos” que tenía a al
momento de la entrevista, es decir, no llevó a cabo todas
las operaciones y experimentos que su ciencia o arte le
sugiere, como lo ordena el artículo 234 del Código C
Federal
de Procedimientos Penales.
-Aunado a lo anterior, precisó que-, , el citado profesionista al
expresar en su peritaje lo siguiente: “…al examen de
toxicomanía a a manera de dictamen emitido por la parte
oficial, este no contó con la metodología a requerida, fue
subjetivo e incompleto por lo que no deberá ser tomado en
cuenta
técnicamentet
cnicamente…” …”; es inconcuso que opinó
indebidamente sobre el alcance y valor probatorio de un

medio de prueba que se allegó al proceso; lo que revela que
aquél l no fue objetivo al dictaminar sobre lo que se le
solicitó y además, indebidamente asumió funciones y
actitudes que sólo s
le corresponden a este juzgador; motivo
por el cual también n se le niega valor probatorio a dicho
peritaje.
Citó la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito, visible en el tomo IX, abril de 1992, del
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página p
506, que reza:

PERITOS, DICTÁMENES DE LOS. DEBEN
CONCRETARSE A CUESTIONES DE ORDEN TÉCNICOT
CNICO.
Los peritos dejan de ser aptos desde el momento en que
extralimitando la opinión n técnica t
a que están n obligados a
emitir para ilustrar el conocimiento del juez, llegan a
inclinarse a opinar indebidamente acerca de la culpabilidad
o inculpabilidad del procesado, arrojándose funciones
jurisdiccionales reservadas al juez.
• Y por identidad jurídica citó la tesis sustentada por el
Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable
en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero
de 1991, Octava Época, página p
380, que a continuación n se
cita:

PRUEBA PERICIAL. ALCANCE PROBATORIO DE LOS
DICTÁMENES
MENES. . El dictamen de un perito es susceptible de
engendrar convicción n en lo que se relaciona con el juicio de
valor que emita respecto de la cuestión n técnica t
sujeta a su
apreciación, pero de ningún n modo en cuanto corresponde a
las declaraciones de ciencia o conocimiento sobre los
hechos estrictamente dichos, estas declaraciones, o sea, la
narración n puramente fáctica f
contenida en un dictamen, no
tiene el carácter cter de opinión n técnica t
capaz de hacer prueba
como tal, y en el extremo de que se tratase de hechos
respecto de los cuales afirmara el perito haber tenido
conocimiento de los mismos, su declaración n merecería
entonces el rango de testimonio, sujeto en ese caso a las
reglas para la valoración n de la prueba testimonial.

Así, , si en un caso los peritos sostienen que el actor sufrió
una "caída" al estar desempeñando sus labores, es claro
que esta última aseveración, relacionada con la
circunstancia de lugar en que se dice ocurrió el suceso, no
puede ser estimada como juicio de carácter cter técnico, t
apto
para producir convicción n como tal.
• Con independencia de lo anterior, precisó que como en este
fallo únicamente se está analizando el acto de comercio de
narcótico, porque la diversa conducta de posesión n finalista
ha quedado subsumida en aquél, es innecesario analizar los
argumentos expuestos por la defensa en torno a esta última
modalidad delictiva y a la posible actualización n de alguna
excusa absolutoria, pues, como ya se dijo, no se hará
pronunciamiento alguno respecto a la posesión n del
estupefaciente asegurado a la hoy justiciable al momento
de su detención.
n.

• Finalmente, en relación n a las cartas de recomendación
expedidas a favor de la procesada XXXX XXXX XXXX, por
xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx y por las profesoras de la
escuela “XXXX”,, quienes, a propósito, omitieron asentar sus
nombres y firmas en el documento en cuestión, no son
medios de prueba conducentes para desvirtuar el valor
probatorio otorgado al parte informativo y declaraciones de
los agentes aprehensores y testigo de cargo tantas veces
citados; sobre todo porque quienes suscribieron las citadas
cartas, nada les consta respecto de los hechos delictivos
denunciados; por lo tanto, dichas probanzas resultaron
ineficaces para la incomprobación n de la responsabilidad
penal de la justiciable en la comisión n del delito que se le
atribuye.

En ese contexto, como las pruebas de descargo a que se ha
hecho alusión n no desvirtuaron el alcance y valor probatorio
otorgado a las que se allegaron en la etapa de averiguación
previa, fue correcto tener por demostrado con base en ellas,
que la acusada fue autora material o directa del delito que
se tuvo por demostrado en el considerando anterior, en
términos de lo que establece la fracción n II del artículo 13
del Código C
Penal Federal, -pues como vimos-, , realizó
directamente el acto propio del injusto, es decir, comerciar
con un envoltorio de clorhidrato de cocaína; por lo que
asumió por sí s los riesgos y consecuencias legales de su
conducta ilícita, teniendo a su alcance el dominio de los
acontecimientos en la medida que pudo detener su actuar o
continuar con él; sin embargo, optó por esto último.

• También n el juzgador enfatizó, , que no estaba demostrada a
favor de la acusada alguna causa de exclusión n del delito de
las previstas en el artículo 15 del Código C
Penal Federal que,
en cumplimiento a lo dispuesto en el diverso numeral 17 del
invocado código, c
el juzgador analizó de oficio; dado que
aquélla es imputable, pues al ejecutar la conducta ilícita se
encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ya que
no hay prueba en sentido diverso, y le era exigible una
conducta distinta a la realizada.
• De igual forma, al no haberse aportado al proceso prueba
alguna que demuestre lo contrario, se reitera que XXXX
XXXX XXXX, actuó dolosamente, en términos t
del artículo
9º del Código C
Penal Federal, pues, atendiendo a la
mecánica de los hechos y a sus circunstancias personales,
se concluye que conocía a los elementos objetivos o externos

que constituyen la materialidad del hecho, y aún a n así, , quiso
perpetrar el acto delictivo que se le atribuye, con el cual
lesionó el bien jurídico tutelado por la norma penal; por lo
tanto, es procedente fincar el respectivo juicio de reproche
a XXXX XXXX XXXX, como autora material del DELITO
CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE
NARCOMENUDEO, EN LA HIPÓTESIS DE COMERCIO
(VENTA) DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA
NA, , previsto y
sancionable en el artículo 475, párrafo p
primero, en relación
con el 473, fracción n V, y con la Tabla de Orientación n de
Dosis Máximas M
de Consumo Personal e Inmediato, a que se
refiere el artículo 479, en concordancia con los dispositivos
234 al 237, todos de la Ley General de Salud; pues, como
se ha visto, el xxx de xxxx de dos mil xxx,
aproximadamente a las dieciocho horas, al encontrarse en
la calle Xxxx, a la altura del número n
xxx, de la colonia
xxxxx, delegación n xxxx xxxx, en México, M
Distrito Federal,

la hoy sentenciada vendió a xxxx xxxx xxxx, en la cantidad
de veinte pesos, un envoltorio de papel, continente de una
sustancia sólida s
que pericialmente se identificó como
clorhidrato de cocaína; conducta con la que puso en peligro
la salud pública p
que es el bien jurídico tutelado por la norma;
de ahí que se acredite su autoría a material, que consiste, en
tener el dominio sobre la ejecución n del hecho delictivo y
llevarlo a cabo por sí s misma, lo cual evidentemente entraña
una conducta de carácter cter dolosa y no culposa, pues pese a
que carecía a del permiso correspondiente por parte de la
Secretaría a de Salud, ejecutó el comportamiento prohibido por
la ley de comercial el referido narcótico; por tanto, se
actualizan los elementos cognoscitivo y volitivo que integran
el actuar doloso directo, de conformidad con los artículos 8° 8
y 9°, 9 , párrafo p
primero del Código C
Penal Federal, sin que de
autos se desprenda que su actuar haya sido desplegado bajo
error invencible de ese tipo. De manera que, es procedente
fincarle el presente juicio de reproche.

EJEMPLO DE AUTO DE PLAZO
CONSTITUCIONAL DICTADO EN UN DELITO
CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE
POSESIÓN N DE NARCÓTICO CON FINES DE
COMERCIO:

• En este caso, el representante social fundó el ejercicio de la
acción n penal en la denuncia formulada por los agentes
Federales de Investigación “A” y “B”,, en su parte
informativo de xxxxxx de xxxxxx de dos xxxx.

• En dicho documento policial, expresaron que en esa fecha,
por indicaciones de la representación n social, se
constituyeron en xxxxxx, colonia xxxxxx, delegación n xxxxxx
en esta Ciudad, en donde tras establecer una vigilancia fija
y móvil m
en forma discreta a distancia, observaron que del
citado domicilio salían an dos personas, una de ellas del sexo
femenino y la otra de sexo masculino.

Explicaron, que aproximadamente a las xxxx horas,
abordaron a dichas personas. Al revisarlas, la agente “A”,
encontró una bolsa de plástico que contenía a una báscula b
gramera con la leyenda “TANGENT KP-103
103”, , dos
envoltorios confeccionados en plástico transparente con
sustancia sólida s
amarillenta, al parecer cocaína en piedra,
treinta envoltorios confeccionados en papel blanco con
sustancia sólida s
amarillenta con las características de la
cocaína en piedra, en el interior de la bolsa delantera de la
chamarra de quien dijo llamarse xxxx. Al entrevistarla,
refirió que se dedica a la venta de droga desde hace
aproximadamente dos años. a
Les explicó, , que los envoltorios
de plástico los vende en doscientos cincuenta pesos cada
uno y los de papel blanco en cien y cincuenta pesos cada
uno.

La otra persona, dijo llamarse xxxx y al revisarla el agente
investigador “B”,, le encontró dos
envoltorios
confeccionados en papel blanco con una sustancia sólida s
amarillenta, al parecer cocaína en piedra, en la bolsa
delantera derecha de su pantalón, n, los cuales indicó que los
quería a para su consumo personal, pues era adicto a la
piedra desde hacía a dos meses.
• Para el dictado de este auto de plazo constitucional el
cuerpo del delito CONTRA LA SALUD EN SU
MODALIDAD NARCOMENUDEO, EN SU VARIANTE
DE POSESIÓN N CON FINES DE COMERCIO (VENTA)
DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA
NA,

previsto y sancionable en el artículo 476, en relación n con el
473, fracción n V, y con la Tabla de Orientación n de Dosis
Máximas de Consumo Personal e Inmediato, a que se
refiere el artículo 479, todos de la Ley General de Salud, en
concordancia con los dispositivos 234 al 237 de esa misma
legislación n federal, se acreditó conforme a lo establecido en
el artículo 168 del Código C
Federal de Procedimientos
Penales, esto es, mediante la comprobación n de los
elementos objetivos o externos que constituyen la
materialidad del hecho que la ley señala como delito, así
como los normativos en el caso de que la descripción n típica t
lo requiera, que en el particular son los siguientes:
a) La existencia física f
de alguno de los narcóticos señalados en
el artículo 473, fracción n V, en relación n con el 234 de la Ley
General de Salud, en la especie clorhidrato de cocaína, en
cantidad inferior a quinientos mil miligramos (500 gramos).

) Que el referido narcótico sea objeto de posesión, es decir,
que el activo lo tenga materialmente consigo o bajo su radio
de acción n y disponibilidad inmediata.
c) Que la posesión n sea con la finalidad de comercializar el
narcótico o suministrarlo, aún a n gratuitamente.
d) Que dicha conducta se realice en contravención n a
disposiciones de orden público, p
a saber, el Código C
Penal
Federal y la Ley General de Salud.
• Al respecto la juzgador, precisó que como elementos
objetivos o externos constitutivos de la materialidad del
hecho señalado como delito, se debe acreditar la realización
de una conducta en forma de acción n por parte del activo, en
el caso (poseer) clorhidrato de cocaína con la finalidad

específica de su comercio (venta); suceso el cual, desde
luego se vulnera el bien jurídico tutelado por la norma, en el
caso la salud pública, p
pues es latente el peligro de que esa
droga llegue a miembros de la sociedad y por su consumo
se degenera la especie.
• La modalidad en estudio, no requiere calidad específica para
el sujeto, es decir, que la puede cometer cualquier persona.
El resultado es de naturaleza formal, pues su desenlace no
trasciende del mundo material o fáctico. f
El objeto material
lo constituye la droga que es objeto de posesión, en la
especie Clorhidrato de Cocaína, pues esa sustancia es la que
reciente propiamente la acción n de posesión n desarrollada por
el activo.

Dicha conducta, no requiere algún n medio específico para su
consumación. n. No se exigen circunstancias particulares de
lugar, tiempo, modo ni de ocasión. Los elementos
normativos contenidos en la descripción n típica t
en las
hipótesis mencionadas, son “posesión”, “comercio” y
“narcótico”,, a los cuales corresponde una valoración n jurídica
o cultural. El primer elemento, se trata del verbo rector, el
cual se traduce en la tenencia material del narcótico o que
éste se encuentre dentro del radio de acción n y disponibilidad
de la persona.
• El segundo, dimana de una interpretación n auténtica de la
ley, precisamente del artículo 473, fracción n I de la Ley
General de Salud, el cual, en lo conducente determina que
por comercio se entiende la venta, compra, adquisición n o
enajenación n de algún n narcótico.

• Y, el tercero de los elementos normativos en cita “narcótico”,
deriva igualmente de una interpretación n auténtica de lo que
disponen los artículos 473, fracción n V y el propio párrafo p
primero del artículo 479 de la legislación n invocada, en relación
al diverso 234 de la Ley General de Salud, de donde se
desprende que el clorhidrato de cocaína, por ser un derivado
de la cocaína, se le contempla precisamente con tal carácter.
cter.
• Por último, se requiere para su conformación n típica t
de un
elemento subjetivo específico; caracterizado por el propósito
concreto a que se tiene destinada la posesión n del narcótico,
en la especie, su comercio (venta).

• En seguida la autoridad procedió al estudio de cada uno de
los elementos objetivos o externos constitutivos de la
materialidad del delito contra la salud reseñados con
antelación, n, en su variante posesión n con fines de comercio
(venta), en la forma siguiente.
• En cuanto al primero de los elementos objetivos,
relacionado con la existencia física f
de alguno de los
narcóticos señalados en el artículo 473, fracción n V, en
relación n con el 234 de la Ley General de Salud, en la
especie clorhidrato de cocaína, en cantidad inferior a
quinientos mil miligramos (500 gramos), -la autoridad
consideró que- se encuentra plenamente acreditado en
autos con la diligencia de inspección n de xxxx de xxxxxxxx de
dos mil xxxx, en la que el agente del Ministerio Público P
de la
Federación, dio fe de haber tenido a la vista:

“… PRIMERA. (1) Una bolsa de plástico color azul,
conteniendo en su interior (01) báscula b
gramera color
negro, con la leyenda Tangent KP-103, así como (02) dos
envoltorios confeccionados en plástico transparente
conteniendo en su interior una sustancia sólida s
de color
amarillenta con las características de la droga al parecer
cocaína en piedra; así como (30) treinta envoltorios
confeccionados en papel color blanco conteniendo en su
interior una sustancia sólida s
de color amarillento con las
características de la droga al parecer cocaína en piedra…”
• A dicha inspección n le otorgó valor probatorio pleno, de
conformidad con lo previsto por el artículo 284 del Código C
Federal de Procedimientos Penales; -al considerar que- fue
practicada por autoridad investigadora, en ejercicio de sus
funciones y en investigación n del delito, conforme a la

facultad que le confiere el artículo 2, fracción n II de la
codificación n adjetiva Federal invocada; por ello, se
encuentra ajustada a los lineamientos que establece el
artículo 208 de tal ordenamiento legal. Además s señal
aló que
de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Constitución n Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Ministerio Público P
en la fase de averiguación n previa tiene
facultades para practicar la inspección n de los narcóticos que
le son puestos a disposición.
Cito la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 66. Tomo
163-168, 168, Segunda Parte, Séptima S
Época del Semanario
Judicial de la Federación, intitulada:

MINISTERIO PÚBLICO, P
FACULTADES
CONSTITUCIONALES DEL, EN LA DILIGENCIA DE
AVERIGUACIÓN N PREVIA, INSPECCIÓN N OCULAR”. . No
es atendible el argumento de un inculpado en el sentido de
que la inspección n ocular y fe ministerial practicadas por el
Ministerio Público P
Federal, carecen de valor probatorio
porque se originaron en el período de averiguación n y no
fueron confirmadas ni practicadas en el período de
instrucción. n. Al respecto debe mencionarse que la Ley
Orgánica de la Procuraduría a General de la República, en su
artículo 3, fracción n I, reglamenta las facultades que sobre el
particular concede la Constitución n al Ministerio Público P
Federal para allegarse medios que acrediten la
responsabilidad de los infractores.

El valerse de medios para buscar pruebas es una facultad
de origen y eminentemente privativa del Ministerio Publico,
porque de no ser así, , se encontraría a imposibilitado para
acudir a los tribunales para ejercer la acción n penal;
consecuentemente, a dicha institución n le está permitido
practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el
cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad de un
indiciado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de
inspección n la cual puede ser la más m s convincente para llegar
a satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de
la existencia de objeto o hecho que puede apreciarse, la
que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su
practica corresponde a los funcionarios del Ministerio
Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción
penal, otorgando la ley adjetiva, pleno valor probatorio a
dichos actos; por lo que no se requiere que sea confirmada
o practicada durante el período de instrucción.
n.

• El juzgador estimó acredita la existencia del narcótico,
incluso su naturaleza y cantidad, con la opinión n en materia
de química de xxxx de xxxxxxx de dos mil xxxx, en la que
xxxxxxx y xxxxxx, peritos adscritos a la Dirección n General de
Servicios Periciales, Departamento de Química Forense de la
Procuraduría a General de la República, concluyeron que la
sustancia sólida s
amarillenta distribuida en treinta y dos
envoltorios (treinta de papel blanco y dos de material
sintético tico transparente), corresponde a Clorhidrato de
Cocaína, considerada como estupefaciente por la Ley
General de Salud.

• A dicha pericial la autoridad le otorgó valor probatorio
pleno, tras considerar que no sólo s
se denota que sus
suscritores reúnen los requisitos exigidos por el artículo 225
del Código C
Federal de Procedimientos Penales, para ser
designados con tal carácter, cter, por tratarse de especialistas en
la materia que desempeñan ese empleo en forma oficial en
una dependencia del Gobierno Federal, en el caso, para la
Procuraduría a General de la República, sino también, se
advierte que practicaron las operaciones que su ciencia le
sugiere, y expresaron las consideraciones y circunstancias
que sirvieron de fundamento a su opinión.
n.
Ello en atención n a que los peritos en primer lugar
identificaron las muestras objeto de estudio, en la forma
siguiente:

1. Sustancia sólida s
amarillenta contenida en (30) envoltorios
de papel color blanco y en dos (2) envoltorios de material
sintético tico transparente.
(…)
Luego, explicaron que al aplicar las reacciones químicas de
Bouchardat para la identificación n de alcaloides en general,
Tiocianato de Cobalto para la identificación n de caínas y
Nitrato de Plata para la identificación n de cloruros, se
obtuvieron resultados positivos.
Por otro lado, expresaron que conforme a la técnica t
de
espectrofotometría a en la región n infrarroja del espectro
electromagnético, tico, aplicada a los productos de extracción n de
las muestras cuestionadas, se obtuvieron espectros con
bandas de absorción n características de cocaína.

Con base en las pruebas que realizaron, llegaron al
conocimiento de que la sustancia sólida s
examinada,
corresponde a clorhidrato de cocaína; por tanto, tal
apreciación n orienta el criterio del suscrito juzgador para
estimar que la misma está considerada como estupefaciente
por la Ley General de Salud y que globalmente arrojó un
peso neto de 9.3 gramos, según n se desprende del cuadro
ilustrativo utilizado por dichos especialistas para orientar
sobre el peso que pericialmente evidenciaron las muestras
examinadas, por lo que es claro que, dicha cantidad es
inferior a la que resulta de multiplicar por mil la cantidad de
quinientos miligramos que prevé para la cocaína la Tabla de
Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo Personal
Inmediato, que establece el ordinal 479 de la Ley General
de Salud.

Citó la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página p
31,
Tomo 90, Segunda Parte, Séptima S
Época del Semanario
Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:

PERITOS, DICTAMEN DE, RENDIDO EN LA
AVERIGUACION PREVIA. VALOR PROBATORIO. Si la
opinión n pericial rendida en autos fue legalmente emitida
ante el Ministerio Público P
durante la averiguación n previa,
que forma parte del procedimiento, el Juez natural puede
recurrir a ella para ilustrar su criterio. Resulta así
inconsistente el argumento conforme el cual no pueda
atribuirse valor probatorio a dicha opinión, n, por no haber
sido ratificada ante el Juez instructor, ya que el Ministerio
Público está legalmente capacitado para designar peritos a
fin de que lo ilustren en materias especializadas, y tal
opinión, n, como ya se dijo, puede ser examinada por el Juez
y, en su caso, llevarlo a una convicción n determinada.

• -Asimismo, la autoridad señal
aló que- independientemente de
que el dictamen químico cumplió con su cometido de ilustrar
al suscrito sobre un punto que ameritaba conocimientos
técnicos y, en esa medida, adquiere eficacia probatoria
plena, debe decirse también n que dicha opinión n hasta ahora
no ha sido objetada. De modo que, no se observa alguna
circunstancia que invalide el valor probatorio que se le ha
conferido.
Citó la jurisprudencia 256, sustentada por la entonces
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la página p
188, Tomo II, Materia Penal, Primera
Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación
1917-2000, intitulada:

PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.
Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia
reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los
dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia
probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena,
eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o
desechando el único o los varios que se hubieran rendido,
según n la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente
determine respecto de unos y otros.

Por lo que hace al segundo de los elementos relativo a que
el activo tenga materialmente el narcótico o que éste se
encuentre dentro de su radio de acción n y disponibilidad, se
tuvo por acreditado en autos, primordialmente con el parte
informativo de diecisiete de xxxx de dos mil xxxx, suscrito
por los agentes Federales de Investigación “A” y “B”.
• En dicho documento policial, expresaron que en esa fecha,
por indicaciones de la representación n social, se
constituyeron en xxxxxx, colonia xxxxx, delegación n xxxxx en
esta Ciudad, en donde tras establecer una vigilancia fija y
móvil en forma discreta a distancia, observaron que del
citado domicilio salían an dos personas, una de ellas del sexo
femenino, de aproximadamente treinta años a
de edad… La
segunda, era del sexo masculino de aproximadamente un
metro setenta centímetros de estatura…

Explicaron, que aproximadamente a las xxxx horas,
abordaron a dichas personas. Al revisarlas, la agente “A”,
encontró una bolsa de plástico que contenía a una báscula b
gramera con la leyenda “TANGENT KP-103
103”, , dos
envoltorios confeccionados en plástico transparente con
sustancia sólida s
amarillenta, al parecer cocaína en piedra,
treinta envoltorios confeccionados en papel blanco con
sustancia sólida s
amarillenta con las características de la
cocaína en piedra, en el interior de la bolsa delantera de la
chamarra de quien dijo llamarse XXXXXXXXX. Al
entrevistarla, refirió que se dedica a la venta de droga
desde hace aproximadamente dos años. a
Les reveló, , que
los envoltorios de plástico los vende en doscientos
cincuenta pesos cada uno y los de papel blanco en cien y
cincuenta pesos cada uno. La otra persona, dijo llamarse
XXXXXXXXX y al revisarlo el agente investigador “B”,, le
encontró dos

envoltorios confeccionados en papel blanco con una
sustancia sólida s
amarillenta, al parecer cocaína en piedra,
en la bolsa delantera derecha de su pantalón, n, los cuales
indicó que los quería a para su consumo personal, pues era
adicto a la piedra desde hacía a dos meses.
• Por lo anterior, consideró que el informe policial aludido
conduce a la demostración n de que la activo llevaba
materialmente consigo el narcótico relacionado con la
presente causa. Arribó a tal conclusión, n, en razón n de que
de su lectura se advierte que sus signatarios expresaron
de manera clara y precisa las circunstancias en que fue
detenida la incriminada en unión n de otro, así como los
objetos que se hallaron en ese evento, concretamente
una bolsa de plástico que contenía a una báscula b
gramera

con la leyenda “TANGENT KP-103
103”, , dos envoltorios
confeccionados en plástico transparente con sustancia
sólida amarillenta, al parecer cocaína en piedra, treinta
envoltorios confeccionados en papel blanco igualmente
con sustancia sólida s
amarillenta con las características de
la cocaína en piedra, en el interior de la bolsa delantera de
su chamarra.
• El aseguramiento de esos envoltorios se estimó crucial
porque, se llegó al conocimiento de que contenían
clorhidrato de cocaína, a través s del peritaje oficial; siendo
que precisamente la posesión n de ese narcótico es en que
se traduce la conducta núcleo n
de la figura delictiva en
estudio.

De esa forma, al parte policial examinado el juzgador le
otorgó valor indiciario, acorde a lo dispuesto por el artículo
285 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, en la
medida de que quienes lo firmaron, satisfacen los
requisitos exigidos por el artículo 289 del código c
adjetivo
invocado, para que el suscrito juzgador pueda justipreciar
sus declaraciones.
Cuenta habida que fue ratificado por sus signatarios
quienes de acuerdo con los datos que proporcionaron son
personas mayores de edad, que cuentan con estudios de
nivel medio superior y por ello con la capacidad y criterio
necesarios para juzgar el acto del cual dieron noticia; esto,
aunado a que por la probidad e independencia de su
posición, se puede estimar que tienen completa
imparcialidad.

• También, la ratificación n de ese informe policiaco por sus
firmantes, conduce a equiparar a éstos en testigos y por
consiguiente, sus comparecencias en las que avalaron su
contenido, permite asignarles valor indiciario a cada una
de ellas.
• Citó el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado
del Décimo D
Primer Circuito, visible en la página p
587, del
Tomo XIII- Junio, Octava Época del Semanario Judicial de
la Federación, intitulado: INFORMES POLICIACOS
RATIFICADOS POR AGENTES DE LA AUTORIDAD.
DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS
DE LA PRUEBA TESTIMONIAL.

Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página p
711, del
tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario
Judicial de la Federación, del tenor siguiente:

POLICÍAS APREHENSORES. VALOR PROBATORIO
DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las
declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de
un delito, lejos de estimarse que carecen de
independencia para atestiguar en un proceso penal, debe
darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les
atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que e
conocieren.

Y la tesis que aparece publicada en la página p
381, Tomo VII,
Junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la
Federación, con el contenido literal siguiente:
PRUEBA TESTIMONIAL, TIENE EFICACIA PLENA
CUANDO LOS POLICÍAS APREHENSORES COINCIDEN
SOBRE LA FORMA DE DETENCIÓN N Y LA DROGA QUE
INCAUTARON. Es verdad que si en sus declaraciones los
testigos se expresan casi en los mismos términos, t
engendran
sospechas de que han sido aleccionados; sin embargo,
cuando los policías que participan en la detención n de un
acusado declaran sobre esa circunstancia, es lógico l
que sean
coincidentes en la forma en que la llevaron a cabo y sobre la
droga que le incautaron, sin que esto implique que las
versiones fueron elaboradas exprofeso, sino que conocieron
personalmente los hechos, resultando imperativo otorgarles
eficacia demostrativa plena”.

• En relación n a la negativa de los envoltorios que la activo
poseyó la autoridad enfatizó que- tal negativa debe
desatenderse, en razón n de que los hechos en los que
funda la misma, no han quedado demostrados.
• Sin embargo, puntualizó que dicha incriminada, al rendir
declaración n ante el representante social de la Federación,
la cual ratificó ante este juzgado, al declarar en vía v a de
preparatoria, aludió que el xxxx de xxxxxx del presente
año, aproximadamente a las diecinueve horas con veinte
minutos, se encontraba en el domicilio de sus padres,
ubicado en xxxxxx, vivienda xxxx, en compañí
ñía a de su
hermana “N” “N”,, sus dos hijas, sus hijos XXXXXXXXXX y
XXXXXXXXXX, su amiga XXXXX.

Explicó que avisó a sus padres que iba a cobrar unas
gelatinas a la calle XXXXX con la señora XXXX, cuando
llegó ésta le pagó con un billete de cincuenta pesos una
gelatina que le había a comprado por la mañana ana y como
sólo le debía a diez pesos y no traía a cambio, fue a cambiar
el billete a la tienda de enfrente. Una vez que lo hizo,
regresó con la señora XXXX para darle su cambio.
Enseguida, se dirigió a casa de sus padres y al estar
afuera, se percató que una persona del sexo femenino de
complexión n robusta, sin recordar sus características
físicas, ni la ropa que vestía, pasó a un lado suyo, arrojó
al suelo una bolsa de plástico y corrió rumbo a XXXXX.
Mencionó que no dio importancia a ese acontecimiento,
pero al entrar al patio de la vecindad, repentinamente
llegaron siete personas vestidas de civil, las cuales la
rodearon.

Una de ellas la sujetó de ambos brazos y le preguntó qué
era lo que contenía a la bolsa de plástico que había a tirado
sobre la calle, ella respondió que no sabía a de qué le
hablaba, pues la había a tirado una mujer que pasó al lado
suyo y desconocía a su contenido. Otra de esas personas, le
dijo que era mentira y de forma prepotente la subieron a
una camioneta. Al llegar a las oficinas se enteró que la bolsa
de plástico que arrojó la mujer que mencionó contenía
droga, una báscula b
y dinero.
Por último, negó que dichos objetos fueran de su propiedad
y que se dedicara a vender droga, pues su trabajo es vender
gelatinas.

A preguntas que le formuló el Ministerio Público, P
respondió
que la persona que fue detenida junto con ella, de nombre
XXXXXXX, sólo s
lo había a visto un par de veces, pues vive por
su casa y no se percató en qué momento fue detenido, pues
en la camioneta en donde la subieron a ella, no venía él l y
fue hasta que llegó a las oficinas del Ministerio Público P
que
se enteró que también n se encontraba detenido.
De lo que se advierte que la inculpada describió un
escenario previo a su detención n en donde se situó en el
domicilio de sus padres, en compañí
ñía a de su hermana, de
sus hijos y una amiga. Igualmente, explicó el motivo por el
que salió de su domicilio, concretamente a realizar el cobro
de una gelatina que había a vendido por la mañana ana y por
último adujo que de regreso a su domicilio, una persona del
sexo femenino de complexión n robusta, arrojó al suelo una
bolsa de plástico y corrió rumbo a XXXXX, es decir,

que en todo caso su planteamiento toral de defensa, se
reduce a que la bolsa de plástico en donde se encontró la
droga y una báscula b
de precisión n fue arrojada al piso por
una mujer que pasó por el lugar, antes de que la inculpada
fuera detenida.
• En torno a ello, la autoridad dijo que esta última afirmación
se encuentra en franca contradicción n con las declaraciones
de los agentes aprehensores, puesto que como se ha visto
ninguno de ellos mencionó que la bolsa de plástico haya
sido arrojada al suelo por una mujer robusta. Por el
contrario, claramente señalaron que la droga objeto material
del delito (dos envoltorios confeccionados en plástico
transparente con sustancia sólida s
amarillenta, al parecer
cocaína en piedra, treinta envoltorios confeccionados en
papel blanco igualmente con sustancia sólida s
amarillenta
con las características de la cocaína en piedra),

así como una báscula b
gramera que estaban en el interior
de una bolsa de plástico, fueron encontradas en la bolsa
delantera de su chamarra, cuando iba saliendo de su
domicilio en compañí
ñía a de otro.
• Respecto de la disparidad en las versiones de la inculpada y
los agentes aprehensores, -la autoridad estimó- que ese
aspecto bien pudo haber sido disipado a través s del careo
constitucional, el cual estuvo en condiciones de ofrecer la
primera durante la dilación n constitucional, por tratarse de
un prueba que puede desahogarse siempre que lo solicite,
acorde a lo dispuesto por el artículo 20, fracción n IV de la
Constitución n Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al no
haber sido así, , es evidente que las atestaciones de los
policías aprehensores se mantienen firmes y con el valor
probatorio que les ha sido otorgado son aptas para
acreditar la conducta de que se trata.

• Sobre todo, porque no debe perderse de vista que tienen a
su favor un signo de confianza, en la medida que, se trata
de personas que se desempeñan como agentes de la
autoridad y por ello tienen completa imparcialidad. Esto,
con autonomía a que sus atestaciones en sí s mismas no son
inverosímiles, debido a que dieron cuenta de haber
asegurado a dos personas y éstas corresponden con las que
pusieron a disposición n y rindieron declaración; igualmente,
aludieron haber asegurado envoltorios de plástico (dos) y
otros de papel (treinta) con sustancia sólida, s
al parecer
cocaína y de éstos dio fe el Ministerio Público P
al que se
turnó el asunto y se llegó al conocimiento que corresponden
a Clorhidrato de Cocaína, a través s del peritaje oficial.

• Respecto al examen del elemento subjetivo exigido por el
tipo penal en estudio, referente a que el sujeto activo posea
el narcótico con la finalidad de comercializarlo o
suministrarlo, aún a n gratuitamente. -La autoridad sostuvo
que- ciertamente, tal aspecto consistente en la intención
volitiva pretendida por el sujeto activo y por incidir
necesariamente en el ámbito interno del agente, es
refractario a la prueba directa.
Pues, en estos casos, adquieren valor preponderante los
datos que puedan desprenderse o inferirse de las
circunstancias concretas de la comisión n de la conducta, es
decir, las condiciones en las que fue detenido el agente del
delito, su actividad en ese acto y, en ocasiones, la cantidad
de ésta.

Otras circunstancias que deben adicionalmente
ponderarse, son por ejemplo la mayor, menor o nula
inclinación n del infractor al consumo de la droga asegurada,
los actos que en particular hubiere realizado al haber sido
descubierto, esto es, si intentó huir, ocultar el narcótico, o
bien si aceptó su posesión; asimismo, el lugar donde se
llevó a cabo la conducta, es decir, si se trata de un espacio
concurrido o muy solitario que de alguna manera revele
que las condiciones son propicias para desarrollar alguna
conducta distinta a la simple posesión n de la droga; y
finalmente, la presentación, n, es una situación n accesoria que
debe analizarse objetivamente en cada caso, pues no debe
perderse de vista que en igual forma los expendedores de
la droga pueden confeccionar envoltorios, paquetes, etc.,
en el mismo modo que puede adquirirla el consumidor
final o adicto.

En suma, el elemento subjetivo en estudio, puede
acreditarse a través s de cualquier dato del que pueda
desprenderse o inferirse alguna de las circunstancias
anotadas, es decir, que invariablemente, debe partirse de
un dato cierto, y de ahí ponderar los demás s aspectos, que
de alguna manera permitan arribar a una conclusión n lógica, l
esto es, sin caer en el campo de las conjeturas, pues ello,
entrañar
aría a el riesgo de que lo resuelto no corresponda a la
realidad.

Citó el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Tercer Circuito, visible a foja 914, Tomo IX,
junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación n y su Gaceta, bajo el rubro:

SALUD, DELITO CONTRA LA. PRUEBA DE LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO PREVISTO
POR EL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO C
PENAL FEDERAL.
Los dos primeros elementos del delito previsto por el artículo
195 del Código C
Penal Federal, y que tal posesión n se realice
sin la autorización n correspondiente a que se refiere la Ley
General de Salud, son de naturaleza objetiva y se conforman
por aquellos externos al sujeto activo, que realizados u
omitidos por éste, son perceptibles por los sentidos y
demostrables a través s de una prueba directa. En cambio, el
tercero de ellos, consistente en la finalidad de la posesión, es
de carácter cter subjetivo, pues se refiere al ámbito interno del
activo del delito, recae sobre la intención n volitiva perseguible
por éste con el acto posesorio del narcótico y en la mayoría
de los casos,

es refractaria a la prueba directa y por ende su
comprobación n puede hacerse a través s de inferencias
derivada de los hechos plenamente demostrados en
autos por otras pruebas conforme a la regla de la prueba
circunstancial previstas por el artículo 286 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, en relación n con el
último párrafo p
del artículo 168 del propio ordenamiento.
Y señal
aló que la activo no fue sorprendida realizando
algún n acto de venta respecto del narcótico que llevaba
consigo en su chamarra; sin embargo, yacen severos
indicios que permiten suponer fundadamente que éste
tenía a como fin ulterior ese propósito, esto es, su
transmisión n a terceros, a través s de su venta.

En efecto, sobre el particular, debe recordarse que
conforme a las declaraciones de los policías
aprehensores, el clorhidrato de cocaína que le fue
asegurado a la activo, se encontraba distribuido en
treinta y dos envoltorios (treinta de papel y dos de
plástico), es decir, confeccionados en la forma en la que
suele trasmitirse a los consumidores o adictos. Además
de que se halló en su poder una báscula b
de precisión; de
modo que no sólo s
tenía a en su poder treinta y dos dosis
potencialmente preparadas para su venta, sino que
también n llevaba consigo un utensilio que se utiliza para
pesar la droga y obtener dosis individuales y, ello
lógicamente permite arribar a la presunción n fundada de
que las porciones de clorhidrato de cocaína que tenía a en
su poder, estaban destinadas a su comercio.

• Además, dentro de un plano objetivo, si se tratara de
una simple consumidora, sólo s
tendría a en su poder la
droga, pero no una báscula b
que sirve para pesarla. Así
que, esto último descarta que estuviera destina para su
consumo. Lo anterior, más m s aun, porque el dictamen de
toxicomanía a que se le practicó reveló que no es adicta a
la cocaína.
• Ahora bien, -también n se consideró- que el contenido de
los treinta y dos embalajes en comento, pericialmente
arrojó un peso neto de 9.3 gramos de clorhidrato de
cocaína; no obstante, como se ha visto no se trató de la
simple tenencia de esa droga, sino que hay indicios de
que estaba preparada para su venta, concretamente
porque la activo llevaba consigo una báscula b
de
precisión n de las que se utilizan para su pesaje.

En síntesis, s
los indicios reseñados enlazados de manera
lógica, jurídica y natural, conducen a la integración n de la
prueba circunstancial que es apta para acreditar que el
narcótico que se halló en poder de la activo al momento
de ser detenida, tenía a una finalidad distinta a su simple
posesión, concretamente su transmisión n a través s de la
venta. De manera particular, la prueba circunstancial se
basa en el lazo que se produce entre los hechos ciertos
siguientes:
a) La activo llevaba en su poder una cantidad significativa
de porciones de cocaína (treinta y dos).

) Estaban embaladas en papel blanco (treinta) y en
plástico (dos).
c) Traía a consigo una báscula b
de precisión.
d) No es adicta a la cocaína.
La anterior serie de hechos ciertos, conduce a la
presunción n fundada que los treinta y dos envoltorios con
clorhidrato de cocaína que se hallaron a la activo tenían
como fin ulterior su venta a consumidores o adictos,
dado que su tenencia carece de una explicación n lógica l
que la justifique, pues quedó demostrado que no es
adicta a ese narcótico y, por otro lado, negó que
aquellos le pertenecieran, así que no es factible
establecer que estuvieran destinados para su consumo
personal.

Con ello, indudablemente que cobra actualidad la prueba
circunstancial o presuntiva, que en el caso se proyecta con
la eficacia necesaria para demostrar el elemento subjetivo
que exige el tipo penal para su configuración, n, esto es, que
el narcótico asegurado estaba destinado a su comercio en
su forma de venta.
Citó el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 7/96,
publicada con el número n
260, a fojas 190 y 191, Tomo II,
Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación n de 1917 a 2000, intitulada:

POSESIÓN N DE ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTRÓPICOS PICOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD.
SU NECESARIA VINCULACIÓN N CON LA
FINALIDAD. El tipo penal previsto en el artículo 195,
del Código C
Penal Federal establece sanción n para el
poseedor de alguno de los estupefacientes y
psicotrópicos picos señalados en el normativo 193, pero ello
siempre y cuando esa posesión n sea con la finalidad de
realizar alguna de las conductas previstas en el subjetivo
es sin duda la confesión n un medio idóneo aunque por sí s
sola no es suficiente, pues en la mayoría a de los casos en
que ella exista habrá de vincularla con otras que estén
aparejadas, con la comprobación n del resto de los
elementos típicos t
de carácter cter objetivo.

Resulta, por tanto, necesario demostrar primeramente
los elementos de carácter cter objetivo del tipo penal, como
son: la existencia de la droga, el tipo y la cantidad de la
misma que el sujeto poseía a (o transportaba), así como
circunstancias de lugar, tiempo, y ocasión; después
habrá que analizar la existencia de los elementos
subjetivos, como lo son el dolo y la especial finalidad,
para lo cual es idónea la confesión n del inculpado de que
efectivamente la poseía a y que la llevaba consigo para
realizar alguna de las acciones a que se refiere el
artículo 194, es decir: comerciar, traficar, introducir,
etcétera. tera. En tales circunstancias, el juzgador al resolver
debe efectuar un enlace concatenado de los elementos
objetivos con el aspecto subjetivo, y con todo ello
determinar la finalidad del agente respecto del destino
del narcótico.

Así como el criterio sustentado por el Primer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible a foja
914, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación n y su Gaceta, bajo el
contexto:

SALUD, DELITO CONTRA LA. PRUEBA DE LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO C
PENAL FEDERAL. Los dos primeros elementos del
delito previsto por el artículo 195 del Código C
Penal
Federal, y que tal posesión n se realice sin la autorización
correspondiente a que se refiere la Ley General de
Salud, son de naturaleza objetiva y se conforman por
aquellos externos al sujeto activo, que realizados u
omitidos por éste, son perceptibles por los sentidos y
demostrables a través s de una prueba directa.- En
cambio, el tercero de ellos, consistente en la finalidad de
la posesión, es de carácter cter subjetivo, pues se refiere al
ámbito interno del activo del delito, recae sobre la
intención n volitiva perseguible por éste con el acto
posesorio del narcótico y en la mayoría a de los casos, es
refractaria a la prueba directa y por ende

su comprobación n puede hacerse a través s de inferencias
derivada de los hechos plenamente demostrados en
autos por otras pruebas conforme a la regla de la prueba
circunstancial previstas por el artículo 286 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, en relación n con el
último párrafo p
del artículo 168 del propio ordenamiento.
• Finalmente el juzgador señal
aló que está demostrado que
la posesión n del narcótico, se llevó a cabo en
contravención n a disposiciones de orden público; p
esto,
debido a que no obra en autos prueba alguna que
demuestre que la indiciada de referencia, contara con
autorización n de la Secretaría a de Salud, para poseer la
droga que llevaba consigo al momento de su detención.
n.

• Concluyó que el cúmulo c
probatorio examinado permite
afirmar la tipicidad del delito CONTRA LA SALUD EN SU
MODALIDAD NARCOMENUDEO, EN SU VARIANTE
POSESIÓN N CON FINES DE COMERCIO (VENTA) DE
CLORHIDRATO DE COCAÍNA, previsto y sancionable en
el artículo 476, en relación n con el 473, fracción n V, y con
la Tabla de Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo
Personal e Inmediato, a que se refiere el artículo 479,
todos de la Ley General de Salud, en concordancia con
los dispositivos 234 al 237 de esa misma legislación
federal, al quedar de manifiesto que aproximadamente a
las xxxx horas del xxxxxx de xxxxxx de dos mil xxxx, en
las proximidades del inmueble ubicado en xxxxxx,
colonia xxxxx, delegación n xxxxx, en el Distrito Federal,

la sujeto activo poseyó en la bolsa delantera de su
chamarra, treinta y dos envoltorios (dos de plástico y
treinta de papel) en cuyo interior contenían Clorhidrato
de Cocaína, considerada como estupefaciente por la Ley
General de Salud, y globalmente arrojaron un peso neto
de 9.3 gramos, según n se determinó pericialmente, los
cuales, en atención n a los argumentos expresados, tenían
como finalidad su comercialización, a través s de su venta,
sin mediar la autorización n por parte de la autoridad
sanitaria competente. Conducta que puso en peligro el
bien jurídico tutelado, que en la especie es la salud
pública.

EJEMPLO DE AUTO DE PLAZO
CONSTITUCIONAL DICTADO EN UN DEL
DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDA
DE POSESIÓN N SIMPLE DE NARCÓTICO:

HECHOS:
En octubre de 2009, a las 17: 45 horas, en las
inmediaciones de las calle xxxxxx y xxxxxx, colonia
xxxxxx, delegación n xxxxxxx, en esta Ciudad, el sujeto
activo, sin contar con la autorización n por parte de la
autoridad sanitaria correspondiente, tuvo dentro de su
radio de acción n y ámbito de disponibilidad inmediata,
dentro de dos bolsas de plástico que llevaba en una
mochila, treinta y tres punto ocho gramos de hierba
verde seca, la cual se determinó pericialmente se trataba
de Cannabis Sativa L., que es considerada como
estupefaciente por la Ley General de Salud.

En el dictado de este auto de plazo constitucional, el cuerpo
del ilícito
CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE
NARCOMENUDEO RELATIVO A LA POSESIÓN N SIMPLE
DEL NARCÓTICO DENOMINADO CANNABIS SATIVA
L., CONOCIDA COMÚNMENTE COMO MARIHUANA,
previsto y sancionable en el artículo 477, en relación n con el
473, fracciones V, VI y 479, tercera línea l
horizontal de la
Tabla de Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo
Personal e Inmediato (Cannabis Sativa, Índica o Mariguana),
234 al 237, todos de la Ley General de Salud, se acreditó
conforme a la regla genérica establecida en el artículo 168
del Código C
Federal de Procedimientos Penales, mediante la
comprobación n de los elementos objetivos o externos que
constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como
delito, así como los normativos en el caso de que la
descripción n típica t
lo requiera, que en el particular son los
siguientes:

a) La existencia de alguno de los narcóticos señalados en
el artículo 479 de la Ley General de Salud, en el caso,
Cannabis sativa L. conocida comúnmente como
marihuana, , en cualquiera de sus formas, derivados o
preparaciones, en cantidad inferior a cinco mil gramos.
b) Que el activo posea dentro de su radio de acción, esfera
de disponibilidad y control personal, el citado narcótico.
• Además, en el caso por tratarse de un tipo privilegiado o
atenuado, se requiere la acreditación n de un elemento
subjetivo, esto es:
c) Que por las circunstancias del hecho, la posesión n del
narcótico asegurado no pueda considerarse destinada a
comercializarlo o suministrarlo, aún a n gratuitamente.

• También, el tipo requiere para su comprobación, la
justificación n de un elemento normativo, , que se
traduce esencialmente, en que la posesión n del
estupefaciente se realice sin la autorización n de la
Secretaría a de Salud.
• Dichos elementos, a criterio del suscrito juzgador, se
acreditaron plenamente en atención n a:
• En relación n con el primero de los elementos
objetivos, , consistente en la existencia de algún
narcótico de los señalados en el artículo 479 de la Ley
General de Salud, en el caso, Cannabis Sativa L.,

conocida comúnmente como marihuana, en cantidad
inferior a cinco mil gramos, se encuentra plenamente
acreditado en autos con la diligencia de inspección n de
quince de octubre de dos mil nueve, practicada por el
agente del Ministerio Público P
de la Federación, en la que
dio fe de haber tenido a la vista dos bolsas de plástico
transparente conteniendo vegetal verde y seco con las
características de la marihuana.
A la citada actuación n la autoridad le otorgó tiene valor
probatorio pleno, acorde a lo dispuesto por el artículo
284 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, por
tratarse de una diligencia realizada por una autoridad
investigadora, en ejercicio de sus funciones y en
investigación n del delito, conforme a la facultad que le
confiere el artículo 2, fracción n II de la codificación
adjetiva federal;

además, de que dicha diligencia se encuentra ajustada a
lo que establece el artículo 208 de este último
ordenamiento legal. Lo anterior, tomando en cuenta que
el Ministerio Público, P
en fase de averiguación n previa,
tiene facultades para practicar la inspección n de los
objetos o instrumentos del delito que son puestos a su
disposición.
Citó el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, visible en la página p
66, Volumen
163-168, 168, Segunda Parte, Séptima S
Época del Semanario
Judicial de la Federación, bajo el rubro:

MINISTERIO PÚBLICO, P
FACULTADES
CONSTITUCIONALES DEL, EN LA DILIGENCIA DE
AVERIGUACIÓN N PREVIA, INSPECCIÓN N OCULAR.
El juzgador tuvo por acredita la existencia del narcótico,
incluso su naturaleza y cantidad, con el dictamen en
materia de química de xxxxx de xxxxx de dos mil xxxx,
suscrito por los peritos xxxxxx y xxxxxxxx, adscritos al
Departamento de Química Forense de la Dirección
General de Coordinación n de Servicios Periciales de la
Procuraduría a General de la República, en el que
señalaron que el vegetal verde seco motivo de su
dictamen, corresponde a Cannabis sativa L, conocido
comúnmente como marihuana y considerado como
estupefaciente por la Ley General de Salud; asimismo,
precisaron que el peso neto de tal narcótico ascendió a
treinta y tres punto ocho gramos.

• A dicha pericial, el juzgador le asignó valor probatorio
indiciario, en atención n a que no sólo s
se denota que sus
suscriptores reúnen los requisitos exigidos por el artículo
225 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, para
ser designados con tal carácter, cter, por tratarse de
especialistas en la materia que desempeñan ese empleo
en forma oficial en una dependencia del Gobierno, en el
caso, para la Procuraduría a General de la República, sino
también, se advierte que practicaron las operaciones que
su ciencia le sugiere, y expresaron las consideraciones y
circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión.
n.

• Con base en las pruebas que realizaron, llegaron al
conocimiento que el vegetal verde seco que fue materia
de su dictamen, corresponde a Cannabis Sativa L. y su
peso neto ascendió a treinta y tres punto ocho gramos;
por tanto, tal apreciación n orienta el criterio del suscrito
juzgador para estimar que el vegetal referido, está
considerado como estupefaciente por la Ley General de
Salud y además, se encuentra dentro de los señalados
en la Tabla de Orientación n de Dosis Máximas M
de
Consumo Personal e Inmediato del artículo 479 de dicha
legislación n especial, según n se aprecia de la tercera línea l
horizontal, correspondiente a Cannabis Sativa, Índica o
Mariguana.

Citó la jurisprudencia 256, establecida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la
página 188 del Tomo II, Materia Penal, del último Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice:
PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.
Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia
reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los
dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia
probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena,
eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o
desechando el único o los varios que se hubieran rendido,
según n la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente
determine respecto de unos y otros.

Así como el criterio jurisprudencial visible a página p
2548
del Tomo II Penal, Primera Parte Suprema Corte de
Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación n 1917-2000, con el contenido literal
siguiente:
SALUD, DELITO CONTRA LA. PRUEBA DE LA
NATURALEZA DE LAS SUSTANCIAS. Para tener por
cierto que una sustancia es droga enervante para los
efectos del Capítulo I, Título T
Séptimo, S
del Libro Segundo,
del Código C
Penal Federal, basta el dictamen no
desvirtuado de peritos médicos m
oficiales.

Por lo que hace al segundo elemento relativo a que el
sujeto activo posea dentro de su radio de acción,
esfera de disponibilidad y control personal el
narcótico afecto a la presente causa, , el juez lo tuvo
por acreditó en autos, primordialmente con la
declaración n del indiciado, rendida ante el agente del
Ministerio Público P
de la Federación n y ratificada en
preparatoria. Ello es así, , cuenta habida que en dicha
exposición n reconoció que al momento de su detención,
n,
llevaba consigo la marihuana que le fue asegurada.

• Al respecto, el sujeto activo al deponer ante el agente
del Ministerio Público P
investigador, en esencia expuso
que es cierto lo que señalaron los policías en el sentido
de que le aseguraron las dos bolsas de plástico que
traían an marihuana cada una de ellas, la cual fue a
comprar a Tepito en la calle de Jesús s Carranza sin
número; agregó que cuando lo detuvieron los policías ya
iba rumbo a su casa y que cada bolsa de droga se la
vendieron en cincuenta pesos.
• Según n se advierte, la anterior exposición n se trata de una
confesión, n, en la medida que contiene un reconocimiento
sobre los hechos constitutivos del tipo penal que se
analiza.

Sobre esta situación, el artículo 207 del Código C
Federal
de Procedimientos Penales, claramente establece que la
confesión n es la declaración n voluntaria rendida ante el
Ministerio Público, P
el juez o tribunal de la causa sobre “…
hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de
la imputación…”. . Dicha definición n se adecua en el caso,
según n se vio y, por ende, es posible analizar si reúne las
demás s formalidades para otorgarle valor.
• Asimismo, la autoridad precisó que dicha declaración n se
produjo por persona mayor de edad, sobre hechos
propios, ante la autoridad facultada legalmente para su
recepción, en presencia de “N” “N”,, a quien designó
como persona de confianza para que lo asistiera en esa
diligencia, sin coacción n ni violencia física f
o moral;
además, es verosímil, en razón n que guarda
correspondencia con las deposiciones de los elementos

de la Secretaría a de Seguridad Pública P
del Distrito Federal
que lo detuvieron, como se expondrá; ; de ahí que reúne
los requisitos a que alude el artículo 287 del Código C
Federal de Procedimientos Penales, razón n para conferirle
el valor de indicio, acorde a lo dispuesto por el diverso
285 de ese cuerpo normativo.
No soslayó el hecho de que en la diligencia en que se
recibió la declaración n del inculpado, se encuentra testada
la hora en que fue desahogada, sin que obre una razón
ministerial que explique tal circunstancia; sin embargo,
debido a que el indiciado ratificó tal declaración n en vía v
de preparatoria, se estima que tal circunstancia no es
relevante para desvirtuar el valor probatorio que se le
concedió a la referida confesión.
n.

• Por lo que hace a la declaración n del inculpado vertida
ante el juzgador, el juzgador la corroboró en sus
aspectos esenciales, con el contenido del parte
informativo y puesta a disposición n de xxxx de xxxxxxx de
dos mil xxxx, suscrito por los agentes aprehensores “N”
“N” y “N” “N”.
Toda vez que en el parte informativo, los aprehensores
dieron noticia de que a las diecisiete horas con cuarenta
y cinco minutos del quince de octubre de dos mil nueve,
en las calles xxxxxx y xxxxxxxx, colonia xxxxxx,
delegación n xxxxxx, una persona les solicitó apoyo debido
a que un sujeto del sexo masculino había a pasado varias
veces alrededor de su negocio y se le hizo sospechoso;
en razón n de lo anterior, abordaron a la persona
mencionada y al hacerle una revisión, le encontraron en

el interior de su mochila dos bolsas de plástico
transparente que contenían
hierba verde y seca con las
características de la marihuana, por lo que lo pusieron a
disposición n de la representación n social de la Federación.
• El contenido de dicha parte, fue ratificado por los
suscriptores, en comparecencias ministeriales de xxxx de
xxxx de dos mil xxxx, en las que precisaron que no
observaron al indiciado comercializando o suministrado
el narcótico que le fue asegurado.
• De esa suerte, el informe examinado y su ratificación,
merecen valor probatorio indiciario, acorde a lo
dispuesto por el artículo 285 del Código C
Federal de
Procedimientos Penales, pues al margen de la claridad y
precisión n con la que aparece redactado, quienes lo

firmaron satisfacen los requisitos exigidos por el artículo
289 del código c
adjetivo invocado, para que el suscrito
juzgador pueda justipreciar sus declaraciones.
Ello es así, , cuenta habida que fue ratificado por sus
signantes, quienes son mayores de edad, con instrucción
media y por ello con la capacidad y criterio necesario
para juzgar el acto del cual dieron noticia; esto, aunado
a que, por la probidad e independencia de su posición n se
puede estimar que tienen completa imparcialidad.
Es más, m
la ratificación n de ese informe, por parte de sus
suscriptores, conduce a equipararlos en testigos y, por
consiguiente, su comparecencia en la que avalaron su
contenido, permite asignarles valor indiciario.

Citó la tesis XI.1o.81P, sustentada por el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo D
Primer Circuito, visible en la
página 587, del Tomo XIII- Junio de 1994, Octava Época
del Semanario Judicial de la Federación, intitulada:

INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR
AGENTES DE LA AUTORIDAD. DEBEN VALORARSE
DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PRUEBA
TESTIMONIAL.
Así como la tesis que aparece publicada en la página p
381, Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, del
Semanario Judicial de la Federación, con el contenido
literal siguiente:

“PRUEBA TESTIMONIAL, TIENE EFICACIA PLENA
CUANDO LOS POLICÍAS APREHENSORES
COINCIDEN SOBRE LA FORMA DE DETENCIÓN N Y
LA DROGA QUE INCAUTARON. Es verdad que si en
sus declaraciones los testigos se expresan casi en los
mismos términos, t
engendran sospechas de que han sido
aleccionados; sin embargo, cuando los policías que
participan en la detención n de un acusado declaran sobre
esa circunstancia, es lógico l
que sean coincidentes en la
forma en que la llevaron a cabo y sobre la droga que le
incautaron, sin que esto implique que las versiones
fueron elaboradas exprofeso, sino que conocieron
personalmente los hechos, resultando imperativo
otorgarles eficacia demostrativa plena”.

• El juzgador enfatizó que el estupefaciente hallado en poder
del sujeto activo, de acuerdo con el dictamen químico arrojó
un peso neto de treinta y tres punto ocho gramos. . Así
que, la cantidad de ese estupefaciente que se le aseguró, , es
inferior a cinco mil gramos y, en esa medida, está dentro del
rango establecido en el artículo 477 de la Ley General de
Salud.
• También n quedó de manifiesto que por las circunstancias del
hecho, la posesión n del narcótico asegurado no puede
considerarse destinado a comercializarlo o suministrarlo, aún a
gratuitamente; lo anterior, debido a que, lo único que
objetivamente se encuentra demostrado, es que el
inculpado llevaba consigo al momento de su aseguramiento,
dos bolsas de plástico transparente con Cannabis sativa L.,
mejor conocida como marihuana; incluso, él l mismo indicó
que la iba a utilizar para su consumo personal.

• Finalmente, en relación n con el último el elemento
normativo relacionado con la posesión n del
estupefaciente, consistente en que dicha posesión n se
realice, sin la autorización n de la autoridad sanitaria, el
juzgador lo tuvo por acreditado, en función n de que no
obra en autos prueba alguna que demuestre que el
indiciado, contara con el requisito de referencia cuya
expedición n corresponde a la Secretaría a de Salud para
poseer el estupefaciente que llevaba consigo al
momento de su detención. n. Es más, m
el inculpado ni
siquiera argumentó a su favor esa circunstancia.

En síntesis, s
el cúmulo c
probatorio examinado permite
afirmar la tipicidad del delito CONTRA LA SALUD EN
SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO RELATIVO A
LA POSESIÓN N SIMPLE DEL NARCÓTICO
DENOMINADO CANNABIS SATIVA L., , previsto y
sancionable en el artículo 477, en relación n con el 473,
fracciones V, VI y 479, tercera línea l
horizontal de la
Tabla de Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo
Personal e Inmediato (Cannabis Sativa,
Índica o
Mariguana), 234 al 237, todos de la Ley General de
Salud, al quedar de manifiesto que el sujeto activo del
delito, el quince de octubre de dos mil nueve, a las
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, en las
inmediaciones de las calles Antonio Maura y Juana de
Arco, colonia La Moderna, delegación n Benito Juárez,

en esta Ciudad, sin contar con la autorización n por parte
de la autoridad sanitaria correspondiente, tuvo dentro de
su radio de acción n y ámbito de disponibilidad inmediata,
dentro de dos bolsas de plástico que llevaba en una
mochila, treinta y tres punto ocho gramos de hierba
verde seca, la cual se determinó pericialmente se trataba
de Cannabis Sativa L., que es considerada como
estupefaciente por la Ley General de Salud, siendo que
tal posesión, por las circunstancias del hecho, no puede
considerarse destinada a comercializar o suministrar el
narcótico. Conducta con la cual puso en peligro el bien
jurídico tutelado, que en la especie es la salud pública. p

…La probable responsabilidad penal de **********, en la
comisión n del delito
CONTRA LA SALUD EN SU
MODALIDAD DE NARCOMENUDEO RELATIVO A LA
POSESIÓN N SIMPLE DEL NARCÓTICO DENOMINADO
CANNABIS SATIVA L., previsto y sancionable en el
artículo 477, en relación n con el 473, fracciones V, VI y
479, tercera línea l
horizontal de la Tabla de Orientación n de
Dosis Máximas M
de Consumo Personal e Inmediato
(Cannabis Sativa, Índica o Mariguana), 234 al 237, todos
de la Ley General de Salud, se acredita en autos, con las
pruebas que condujeron a la acreditación n del cuerpo del
delito.

• Esta forma de proceder no implica infracción n alguna, en
atención n a las razones que informa la jurisprudencia
sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Sexto Circuito, publicada con el
número 500, a foja 384, Tomo II, Materia Penal del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación n el 1917
a 2000, con el rubro y texto siguientes:
CUERPO DEL DELITO PRESUNTA
RESPONSABILIDAD, PRUEBA POR LOS MISMOS
ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la
presunta responsabilidad resultan ser conceptos
diferentes, en virtud de que el primero se refiere a
cuestiones impersonales relativas a la verificación n de un

hecho tipificado por la ley como delito,
independientemente de la autoría a de la conducta, y la
segunda radica en la atribución n de la causación n del
resultado a una persona; también n lo es que, puede
suceder que un medio de convicción n sirva para acreditar
ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede
revelar la existencia de un hecho determinado como
delito y por el otro atribuir la comisión n del suceso a un
sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas
premisas con los mismos datos probatorios no trae como
consecuencia una violación n de garantías
as.

De tal suerte que el juzgador, con las probanzas
reseñadas, entre las que destacan por su primordial
relevancia jurídica, la declaración n del indiciado rendida
ante la autoridad ministerial y ratificada en preparatoria,
así como el parte informativo signado por los elementos
de la Secretaría a de Seguridad Pública P
del Distrito Federal
xxxxxxxxx y xxxxxxxxxxx, acreditan en forma probable
que el incriminado, perpetró la conducta reseñada en el
considerando que antecede, por sí s mismo y, por ende,
se configura el supuesto de autoría a material directa que
contempla la fracción n II del artículo 13 del Código C
Penal
Federal, es decir, que tuvo el dominio funcional del
hecho típico t
que se le atribuye, el cual libremente
decidió consumar.

La relación n de los medios probatorios evidenciaron que
xxxxxxxxxxxx, , en forma dolosa conociendo los
elementos del tipo o previendo como posible un
resultado típico, t
quiso y aceptó el hecho descrito por la
ley. Ello es así porque, debe reiterarse que al deponer
ante la autoridad investigadora y ratificado en
preparatoria, reconoció lisa y llanamente que llevaba
consigo la marihuana que le fue asegurada, la cual
refirió que era para su consumo personal.

Bajo esa tesitura, al concatenarse todos y cada uno de
los medios de prueba descritos y al ser valorados en
forma conjunta, así como por su coincidencia total en
cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar de
ejecución n del hecho punible en cuestión, merecen plena
eficacia demostrativa y por tal razón n se estiman aptos y
suficientes para acreditar la probable responsabilidad de
xxxxxxxxxx, en la comisión n del delito CONTRA LA
SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO
RELATIVO A LA POSESIÓN N SIMPLE DEL
NARCÓTICO DENOMINADO CANNABIS SATIVA L.,
previsto y sancionable en el artículo 477, en relación n con
el 473, fracciones V, VI y 479, tercera línea l
horizontal de
la Tabla de Orientación n de Dosis Máximas M
de Consumo
Personal e Inmediato (Cannabis Sativa,
Índica o
Mariguana), 234 al 237, todos de la Ley General de
Salud.

• Debe precisarse que en el particular, se reúnen los
requisitos que prevé el artículo 152, inciso b), fracciones I,
II y III del Código C
Federal de Procedimientos Penales, pues
xxxxxxxxxxxxxxx, , fue detenido en flagrancia en términos t
del artículo 193, fracción n I del mismo ordenamiento legal, ya
que como se ha visto su detención n se llevó a cabo al
momento de cometer el ilícito; al declarar ante la autoridad
ministerial, aceptó que llevaba consigo el narcótico afecto a
la presente causa penal, lo que ratificó en su declaración
preparatoria y el término t
medio aritmético tico de la pena para
el delito de que se trata, no excede de cinco años. a

• Por tales razones, se decreta la apertura del
procedimiento SUMARIO en la presente causa penal,
con la salvedad que el inculpado podrá optar dentro de
los tres días d
siguientes al en que se notifique del
presente auto de término t
constitucional, si así lo
considera, por el procedimiento ordinario.