chubut ? mendoza - Oficina Anticorrupción

portancia pública, como puede ser una empresa prestataria de servicios
públicos o una organización no gubernamental que administre
dinero del Estado para implementación de políticas”.
Las autoridades obligadas deben poner a disposición de los ciudadanos
la información generada por el sector público. Correlativo directo del
principio de publicidad de los actos de gobierno
Plazos breves de respuesta ante una solicitud de información. Dado que
la administración al no contestar o dilatar el tiempo de respuesta
genera una pérdida del interés por parte del ciudadano de recibir
esa información.
Establecer recursos judiciales aptos. Ante la respuesta de la Administración,
negativa, parcial o ambigüa, el vencimiento del plazo o la
simple ausencia de respuesta, se debe contar con la posibilidad de
reclamar ante un órgano judicial.
Establecimiento de responsabilidades. Pueden ser responsabilidades
administrativas, civiles o penales. Se busca con esto generar incentivos
que disuadan la política del secreto que existe en la Argentina.
Las responsabilidades penales podrían quedar configuradas
dentro de la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario
público.
Desarrollo de un sistema de archivos. Una ley de acceso a la información
no puede ser una ley aislada, sino que tiene que estar acompañada
de otras leyes, como ser una ley de archivo, que establezca
un criterio uniforme de archivo
Restricciones específicamente determinadas por ley. De modo de evitar
posibles abusos de las excepciones y que se termine vulnerando el
derecho de acceso a la información.
3. Situación actual en relación a la CICC.
En la actualidad, Argentina cumple, en cierta medida, con lo establecido
en la CICC respecto a este tema y cumple con la recomendación
realizada en su momento por el Comité de Expertos que
evaluó la implementación argentina de la Convención. En diciembre
de 2003 se sancionó sobre la base del Proyecto de ley de la Oficina
Anticorrupción, el Decreto 1172 que, entre los cinco reglamentos
que aprueba, incluye el Reglamento General del Acceso a
la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Restaría
ahora lograr la sanción de una ley de acceso a la información que
obligue a los tres poderes del Estado.
4. Proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Libre Acceso a la
Información Pública que cuenta con media sanción en el Senado.
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Transparencia en la gestión pública: Acceso a la información