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Ante el problema de la desigualdad, la pobreza y los altos niveles de discriminación y exclusión, las y los
defensores dan voz a quienes no la tienen y hacen públicas aquellas problemáticas que se encuentran
invisibilizadas. Probablemente sin su labor, muchas injusticias quedarían en la impunidad pues las y los
defensores vigilan que se cumplan los derechos humanos, promueven el Estado de Derecho y
defienden los derechos de las víctimas.
El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de toda persona que se dedique a la defensa de
los derechos humanos. Esto incluye la creación de políticas públicas orientadas a la promoción y
garantía de los derechos humanos, así como la prevención e investigación de cualquier tipo de agresión
en contra de las y los defensores por motivos de su trabajo.
El apoyo de la sociedad a sus actividades es fundamental debido a los riesgos a los que se enfrentan
(agresiones, amenazas, actos de difamación, etc.). En cambio, la poca solidaridad no sólo disminuye la
eficacia de sus acciones, sino que puede tener consecuencias negativas en su vida e integridad. En una
sociedad democrática las actividades de derechos humanos deben ser protegidas por el Estado y
estimuladas por la sociedad.
En apoyo al trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos, la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una campaña titulada
“DECLÁRATE”. Toda la información se encuentra disponible en: www.yomedeclaro.org
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