Manual del periodista-Marco Lara Klahr

MANUAL PARA PERIODISTAS SOBRE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
2. Respeto a la presunción de inocencia
Sin excepción, toda persona acusada de un delito es inocente mientras
un tribunal penal no determine su culpabilidad mediante sentencia
judicial definitiva. Esto es así porque los tribunales tienen el monopolio
de la verdad judicial, de modo que ante ellos las versiones
de la policía, el Ejército o la Marina, o el ministerio público, lo mismo
que cualquier otra autoridad acerca de la probable responsabilidad
de un ciudadano en la comisión de un delito, tienen el mismo valor
que las versiones de dicho ciudadano en caso de alegar su inocencia.
En principio, esta noción persiste aun cuando: a) la autoridad
policial o de procuración de justicia alegue la detención en flagrancia
del acusado; b) este se declare culpable, según dicha autoridad,
o se autoincrimine ante los medios noticiosos; c) una víctima o un
supuesto testigo haga la imputación en su contra, ante la autoridad
o públicamente; d) el ministerio público judicialice el caso y formule
la imputación ante el juez; y e) este, a petición del ministerio público,
le dicte arraigo o «prisión preventiva».
A través de los «tribunales» paralelos, la presunción de inocencia
de las personas «presentadas» por la autoridad es uno de los derechos
más vulnerados en la cobertura noticiosa del delito.
Si bien en los estados punteros en la implementación del nuevo
sistema acusatorio, basados en la ley los jueces, han impuesto restricciones
determinadas a los periodistas para proteger la presunción de
inocencia y otros derechos de los imputados, lo mismo que los de las
víctimas, los «juicios mediáticos» persisten como una práctica inducida
por las policías y las procuradurías, muchas veces presionados por los
medios y los periodistas.
En junio de 2010, los medios noticiosos de Chihuahua ―estado
a la vanguardia en la implementación del sistema penal acusatorio―
dieron a conocer la detención de uno de los dos cómplices del
asesinato de tres agentes ministeriales locales, cometido en febrero de
ese año en los alrededores de Cuirame ―comunidad serrana del municipio
de Guadalupe y Calvo.
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