COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

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Período 11 - Acta N° 34 – 1° de marzo de 2007
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diciendo que el querellado había planteado la nulidad de la resolución...
Dra. Krauss de Manigot.- No, no es así.
Dr. Molina Quiroga.- Léalo, por favor.
Dra. Krauss de Manigot.- No lo planteó, lo aceptó. Usted está equivocado.
Dr. Molina Quiroga.- ¿Me permite seguir hablando
Sra. Presidenta (Dra. Calabró).- Por favor, doctora Krauss de Manigot. Deje
exponer al doctor Molina Quiroga. Usted va a poder hacer uso de la palabra a
continuación.
Dr. Molina Quiroga.- Simplemente, digo que hay un procedimiento para aquellos
casos que se apartan de la ley de aranceles y no tenemos acá el informe de cuántas
anotaciones tienen.
Entonces, sin perjuicio de cuestionar la solidaridad con los colegas que se han
visto privados de una vía para cobrar sus honorarios, lejos estamos de decir que ello
configure un delito. Y como quiero preservar el prestigio del Colegio Público para
que cuando pida un juicio político todo el mundo diga “Esta es una situación que
merece juicio político”, no puedo acompañar el dictamen sometido a nuestra
consideración, más allá de compartir que hay que hacer el acompañamiento que
señala la Comisión de Honorarios y más allá de destacar que si esta sala tiene
antecedentes hay que hacer el planteo pertinente ante la Comisión de Disciplina y
Acusación del Consejo de la Magistratura. Pero plantear el juicio político por la
comisión de delito por parte de estos colegas es algo que intelectualmente no puedo
compartir.
En consecuencia, propongo que se vean cuáles son los antecedentes de esta
Sala. Si ha incurrido en los tres apartamientos a la ley de aranceles, que se haga el
planteamiento ante la Comisión de Disciplina y Acusación.
Sra. Presidenta (Dra. Calabró).- Tiene la palabra la doctora Manigot.
Dra. Krauss de Manigot.- Si bien no se ha hecho otra denuncia similar por este
tema, yo tengo un fallo “Abeucci, causa 24.052, del 31.08.04, del mismo tribuna,
publicado en Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, fallo 248, tomo 126”. Se trata de
la misma resolución. Y lo que tengo que decir es lo siguiente: los camaristas tratan la
regulación de honorarios como una pretensión de cobro de servicio. Esto no es un
servicio que el querellante le brindó al querellado. El tema pasa porque en el Código
Procesal Penal se hizo una modificación por la cual el cobro de honorarios hay que
hacerlo en sede civil, pero el Código de Procedimientos en materia penal, en su
artículo 530 dice que toda resolución que ponga fin a la causa o a un incidente
deberá resolver sobre el pago de las costas procesales, e impone las costas al
querellado; el artículo 533 del mismo código establece cuáles son las costas
procesales y los honorarios de los abogados y los peritos; y el artículo 534 impone
al juez regular conforme arancel. Ahora, la Sala entiende que no tiene procedimiento