Periódico del movimiento al SocialiSmo año 2, volumen 9 Junio 2010

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Reforma de Salud de Obama:
Continúa estigma y discrimen contra mujeres e inmig rantes
Ruth E. Arroyo Muñoz
Comisión de Derechos Democráticos
Luego de décadas de intentos fallidos de presidentes
demócratas y de años de amargos combates partidistas,
el Presidente Barack Obama convirtió en ley una Reforma
de Salud Federal que requerirá que la mayoría de
los ciudadanos tenga seguro de salud y que se espera
reduzca en $138 millones el déficit federal en los próximos
diez años. La legislación busca dar acceso a cerca
de 30 millones de personas en Estados Unidos a servicios
de salud a través de seguros médicos; añadirá 16
millones de personas al Medicaid; y subsidiará la cubierta
privada médica para personas de medianos y bajos
ingresos. Además, pretende regular estrictamente a las
aseguradoras privadas y prohíbe prácticas como negar
cubierta por condiciones preexistentes. La ley le costará
al Gobierno alrededor de $938 mil millones en 10 años.
Es innegable que la Reforma de Salud Federal constituye
el más importante programa social aprobado en
EEUU en varias décadas. Incluso Fidel Castro reconoce
la iniciativa del Presidente Obama al indicar que “la
Reforma de Salud ha constituido una importante batalla
y un éxito de su gobierno”, no sin dejar de señalar que
“Parece … realmente insólito que 234 años después de
la Declaración de Independencia, en Filadelfia en el año
1776, inspirada en ideas de los enciclopedistas franceses,
el gobierno de ese país haya aprobado la atención
médica para la inmensa mayoría de sus ciudadanos,
algo que Cuba alcanzó para toda su población hace medio
siglo”.
Sin embargo, la aprobación de la Reforma de Salud Federal
pone nuevamente en evidencia el profundo discrimen
y apatía que existe en el Congreso de Estados Unidos
contra los inmigrantes y las mujeres. La campaña de
miedo y prejuicio desatada por sectores conservadores
y fundamentalistas apoyó las amenazas de legisladores
republicanos y demócratas conservadores de bloquear
Villas de Sol, traicionada nuevamente por el gobierno
Alvin Couto de Jesús
Redacción Rumbo Alterno
Para los residentes de la comunidad Villas del Sol en
el municipio de Toa Baja la solución a su problema de
vivienda cada vez es más incierta. El gobierno ha lacerado,
vilipendiado y agredido el tejido moral de la comunidad
que, contrario a todos los pronósticos, se ha mantenido
estoicamente luchando contra toda adversidad.
Calificados como invasores, ilegales y mantenidos los
hombres y mujeres que pueblan la comunidad han resistido
el embate de un gobierno que les deshumaniza, los
criminaliza y les niega derechos fundamentales. Hace 10
meses le cortaron la luz y el agua como si con ello arrebataran
su dignidad humana.
Pero que poco conocen los gobiernos de Luis Fortuño
y de Aníbal Acevedo Vilá el espíritu de lucha de las comunidades
inmigrantes. Nacidos y criados en ambientes
brutalmente precarios, estos hombres y mujeres se
forjaron bajo la voracidad de un sistema que les obligó
a sobrevivir bajo las inclemencias de la indiferencia y la
falta de infraestructura.
Este desdén por el respeto a la vida humana para enriquecer
capitales nativos y extranjeros propició que las
voluntades de estos seres humanos se cocieran recias
y su tolerancia fuera infinita, experiencias de vida que
traen consigo como una maleta fundida a sus pieles.
la legislación si no mantenía la prohibición del uso de
fondos federales para procedimientos de aborto y si no
prohibía beneficio alguno de la legislación a la población
inmigrante sin estatus legal.
La exclusión de los inmigrantes de la Reforma de Salud
Federal fue deliberada y contundente. Durante el debate
en el Congreso, Obama negó enérgicamente que hubiese
intención de que la Reforma se extendiese a los inmigrantes
ilegales. Al final la legislación aprobada no sólo
mantiene la exclusión de los inmigrantes indocumentados
del programa de Medicaid, sino que los excluye
también de todo subsidio para la compra de seguro médico
en los programas de intercambio de seguros. Más
aún, la Reforma de Salud Federal expresamente prohíbe
que inmigrantes indocumentados compren sus seguros
de salud en los programas de intercambio que administrarán
los estados, aun cuando éstos puedan pagar totalmente
su seguro y no haya uso de fondos federales.
Así, los inmigrantes sin estatus legal son empujados al
costoso mercado de las insaciables aseguradoras. La
exclusión es completa y proyectada. La Oficina de Presupuesto
Congresional así lo reconoce al proyectar que
para el año 2019, la Reforma de Salud no cubrirá a 24
millones de personas en Estados Unidos y, de éstas, un
tercio serán inmigrantes ilegales.
En cuanto al aborto, el liderato demócrata en la Cámara
de Representantes federal se comprometió con los demócratas
conservadores a mantener las restricciones de
uso de fondos federales para abortos, e incluso a incluir
cortapisas legislativas que desincentiven la cubierta de
aborto de los planes médicos pagados con fondos privados.
Estos compromisos fueron justificados como necesarios
para conseguir los votos necesarios a favor de
la Reforma de Salud. Obispos católicos y conservadores
fundamentalistas ejercieron gran presión y cabildeo de
Como si el abuso administrativo de la rama ejecutiva no
fuera suficiente, ya que los residentes han sido víctimas
de brutalidad policiaca y de un estado de sitio que nos
recuerda los campos de concentración, se instó un proceso
judicial de desahucio en el cual se ha pretendido
violar cada una de las reglas más elementales del juego
jurídico de las reglas de procedimiento.
Mientras tanto la gripe porcina, el dengue y otras enfermedades
hicieron mella en los pulmones de los más
indefensos, los niños y niñas, quienes no contaban con
agua potable en sus hogares y sufrían las emanaciones
tóxicas de los generadores de electricidad de diesel y
gasolina para llevar la luz eléctrica a sus hogares.
(Foto: Alvin Couto)
para asegurarse que la restricción de uso de fondos federales
para abortos se mantuviese.
Sin embargo, las modificaciones aprobadas van más
allá. Las enmiendas y la Proclama Presidencial sobre
la prohibición del uso de fondos federales para abortos
afectan gravemente en el acceso de las mujeres a cubiertas
en el mercado privado de seguros. Por ejemplo,
se prohibió la cubierta de abortos en los planes subsidiados
comprados a través de los programas de intercambio
de planes. Así, se aseguró que no se utilizarán fondos
federales para pagar por procedimientos de aborto.
Además, se estableció el requerimiento del cobro de primas
separadas para aborto en los planes privados que
sí lo cubran. Igualmente, se facultó a los estados a impedir
que aseguradoras que sí cubren el aborto participen
del intercambio de seguros que provee la ley, lo que les
servirá de excusa a estas compañías de seguros para
eliminar la cubierta de aborto de sus planes de salud.
Trágicamente, la restricción del uso de fondos federales
desastrosamente limitará el acceso de millones de
mujeres al aborto. Millones de mujeres pobres que participan
del Medicaid y millones de mujeres de escasos
recursos que se unirán al Medicaid ahora; mujeres que
son empleadas del Gobierno Federal; mujeres nativas
americanas; y mujeres en prisión sufrirán impedimentos
para ejercer su derecho a recibir este servicio de salud
reproductiva. Estas medidas y restricciones del uso de
fondos federales son extensivas a Puerto Rico.
Es por esto que reafirmamos nuestro compromiso de
luchar por el acceso a todos los servicios de salud reproductiva
a las mujeres. Hoy como siempre es necesario
luchar por el acceso al aborto para todas las mujeres,
independientemente de su condición económica, edad,
origen nacional o estado migratorio, o cualquier otra situación
social.
El gobierno se ha convencido que ganar el desahucio
es un proyecto cuesta arriba. Por ello ofreció permutar
los terrenos que donó el Dr. Ibarra por una finca viable si
la comunidad renunciaba a defenderse, sometiéndose a
la jurisdicción del tribunal y allanándose a la sentencia.
Sin embargo, no cumplió su palabra. Los abandonó a su
suerte y expuso a la comunidad al odio público de residentes
de Villa Josco en Toa Alta, quienes tienen también
problemas de vivienda.
Debemos preguntarnos si la idea es poner a luchar a
pobres contra pobres, ante la mirada avara de los patronos
que los expropian de la riqueza y el gobierno que
representa los valores de esa clase social. Si realmente
querían resolver esta crisis o si se ha tratado de una estratagema
siniestra para ganar tiempo en los tribunales.
La estrategia de presentar condiciones caprichosas y
antipáticas que generaran el repudio de la comunidad no
ha surtido efectos. La comunidad sigue esperando que
pase algo, apuestan a que el gobierno municipal de Toa
Baja les ayude a cerrar finalmente este capítulo en sus
vidas. En el corazón de los habitantes de Villas del Sol
ya están cimentadas las zapatas de los nuevos hogares
que construirán como producto de su esfuerzo y trabajo.
Gobierno, cumpla su parte y entregue los terrenos.