Descargar Novedades Litigación y Arbitraje 1-2012 - Garrigues

• Celebradas las pertinentes sesiones (en un lapso de tiempo que el Real Decreto-Ley
se limita a señalar que será lo más breve y concentrado posible), concluirá el proceso
de mediación en acuerdo o, por el contrario, finalizará sin alcanzarse este último,
bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas
las actuaciones, comunicándoselo al mediador; bien porque haya transcurrido el
plazo máximo previsto para la duración del procedimiento; bien cuando el mediador
aprecie, de manera justificada, que las posiciones de las partes son irreconciliables o
concurra otra causa que determine su conclusión.
• Con la terminación del procedimiento se devolverán entonces a cada parte los
documentos que hubiere aportado y, con los documentos que no hubieren de
devolverse a las partes, se formará un expediente que deberá conservar y custodiar el
mediador o, en su caso, la institución de mediación, una vez terminado el
procedimiento, por un plazo de seis meses.
• El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los
acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible (o su finalización por cualquier
otra causa), debiendo de ir firmada por todas las partes y entregarse un ejemplar
original de la misma a cada una de ellas.
• De alcanzarse un acuerdo (que podrá versar sobre una parte o sobre la totalidad de
las materias sometidas a la mediación), se entregará un ejemplar del mismo a cada
una de las partes (reservándose otro el mediador para su conservación), que tendrá
carácter vinculante y podrá elevarse a escritura pública al objeto de que devenga
título ejecutivo.
• Por último, prevé también el Real Decreto-Ley que las partes podrán acordar que
todas o alguna de las actuaciones de mediación se lleve a cabo por medios
electrónicos, y que la mediación que consista en una reclamación de cantidad que no
exceda de 600 euros se desarrollará por estos cauces, salvo que el empleo de éstos no
sea posible para alguna de las partes.
VII. Finalmente, concluyen el título V y las disposiciones finales del Real Decreto-Ley
estableciendo, entre otras cuestiones:
• Que cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de la
elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los requisitos que,
en su caso, puedan exigir los Convenio internacionales en que España sea parte y las
normas de la Unión Europea.
• Que cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después
de iniciar el proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
• El deber que tendrá el juez de informar a las partes, en el acto de la audiencia previa
que se celebra en el marco del juicio ordinario (esto es, en el del juicio más utilizado
ante la jurisdicción civil y mercantil) de la posibilidad de recurrir a la mediación para
intentar solucionar el conflicto, instándolas para que acudan a una sesión de
formación.
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