promoviendo-la-confidencialidad-con-el-menor-en-atencic3b3n-primaria-1

T
ema
a debate
Promoviendo la confidencialidad con el
menor en atención primaria: el arte del
funambulismo
Rosario Pérez García
CAR Salou. Institut Català de la Salut. Salou. Tarragona. España.
Correo electrónico: rperez.tarte.ics@gencat.cat
Cuestiones polémicas
● La confidencialidad es el pilar básico sobre el que se
asienta la medicina del adolescente.
● Entre los 12 y los 16 años (menor maduro) es importante
valorar la capacidad y el grado de madurez del menor a fin
de definir su grado de implicación en la toma de
decisiones.
● La capacidad es un proceso gradual que abarca el
desarrollo psicológico y cognitivo de la persona, y debe
valorarse en función de la trascendencia de la decisión que
se va a tomar y del alcance y magnitud de sus posibles
consecuencias.
● El médico responsable del menor será quien determine su
madurez y capacidad, y lo debe justificar en la historia
clínica.
● La valoración de la capacidad suele basarse en la
experiencia clínica, la prudencia y el sentido común.
● Es importante dar a conocer a la sociedad lo que significa
la mayoría de edad sanitaria, el derecho a la información
sanitaria, el respeto a la autonomía del paciente, los
derechos del menor, el derecho a la confidencialidad de la
historia clínica, el derecho a la intimidad, el secreto
profesional y sus límites.
● Al menor maduro se le reconoce el derecho a la intimidad,
lo que implica confidencialidad de sus datos clínicos,
siempre valorando los riesgos y beneficios, y salvo grave
riesgo para él.
● Vulnerar la confidencialidad del menor maduro por parte
del médico debe justificarse ética y legalmente, y por
escrito en su historia clínica; no es válido aplicar un criterio
meramente paternalista.
Palabras clave:
"Funambulismo: habilidad para desenvolverse ventajosamente
entre diversas tendencias u opiniones opuestas".
Diccionario de la Lengua Española
Introducción
La confidencialidad de la entrevista clínica con el menor en
atención primaria es un tema de gran complejidad y múltiples
facetas, donde están implicados los aspectos legales,
deontológicos, éticos y jurídicos que van a incidir en la relación
entre el menor y el médico de familia. Es necesario
abordar el tema de la confidencialidad y el menor desde una
perspectiva lo más amplia posible, para de este modo, facilitar
una relación donde se respeten los aspectos legales y a la
vez se mantengan los principios de secreto profesional y
confidencialidad imprescindibles en una óptima relación
profesional. La confidencialidad es la matriz donde se fragua
la relación médico-paciente y se entiende como el derecho
del paciente a que sea respetada su intimidad y se
cumpla con el deber de secreto y sigilo por parte de los profesionales
sanitarios.
Preservar la confidencialidad con el paciente mayor de
edad no reviste gran complejidad desde el punto de vista legal,
el problema surge en relación con el menor de edad:
¿debemos mantener la confidencialidad?, ¿en todos los casos?,
¿cuál debe ser la relación con los padres?, ¿o quizás no
es correcto referirnos a la confidencialidad hasta no tener la
152 FMC. 2015;22(3):152-7

Pérez García R. Promoviendo la confidencialidad con el menor en atención primaria: el arte del funambulismo
mayoría de edad civil, 18 años? 1,2 . Puesto que los menores
están bajo la patria potestad 3 , ¿influye esta condición en el
deber de asegurar la confidencialidad del menor? Responder
a estas preguntas pasa necesariamente por atender consideraciones
legales, éticas y deontológicas acerca de cuáles son
los derechos del menor dentro del sistema de salud y de qué
forma se debe articular la relación menor-médico de familia.
Entendemos que las respuestas a estas cuestiones deben excluir,
de entrada, posiciones maniqueas, como considerarlo
como un adulto a todos los efectos o como un incapaz en un
sentido integral. Cualquier extremo es fácil de adoptar y no
plantea dudas o cuestionamientos de nuestra práctica asistencial,
pero es en el espacio de “tierra fronteriza” entre la
adultez y la minoría de edad donde el médico de familia debe
ser el garante de la salud del menor; reconociendo su autonomía
o negándosela bajo criterios y parámetros siempre
resbaladizos y de difícil delimitación 4 .
Transformaciones en la
relación médico-paciente
Los sistemas sanitarios han sufrido un cambio social sin precedentes
en la historia de la humanidad; marcada por transformaciones
de tipo tecnológico, económico, educativo, laboral,
judicial, mediático y político. La intensidad de estos
cambios afecta de raíz en la perspectiva que tiene la ciudadanía
de la atención sanitaria y propicia una nueva relación
entre el sistema sanitario y los propios usuarios. Uno de los
principales cambios de esta transformación social supone un
cambio en el rol de paciente, que pasa de ser un sujeto pasivo
a activo, que está más informado y participa de forma activa
en la toma de decisiones que afectan a su salud o a la de
sus familiares 5,6 . De este modo, la relación que ha seguido el
modelo paternalista-beneficente de tradición hipocrática,
que está regida por el Primun non nocere, va perdiendo protagonismo
para dar paso a una relación modelo autonomista,
donde el paciente es considerado capaz de decidir y responsabilizarse
de su propia salud 7 .
Esta transformación en la relación médico-paciente también
empieza a tomar protagonismo en el estatus social del
niño; así, en la Convención de Ginebra de 1989, se refieren
al menor como sujeto de derechos en lugar de hacerlo como
objeto de derechos. Ello implica fundamentalmente el reconocimiento
pleno de la titularidad de derechos en los menores
de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos 8 .
Menor y madurez: ¿oxímoron o
realidad compatible?
En otras culturas, el paso de la infancia a la adultez se lleva a
cabo a través de ritos de iniciación claramente identificables
por el grupo humano, que conducen al niño a alcanzar su estatus
de adulto dentro de la sociedad. En las sociedades occidentales
existe consenso en relación con el momento en que
el menor alcanza la mayoría de edad, ya que esta viene amparada
por el marco legal de cada país; pero en relación con
el alcance de la madurez del menor, antes de llegar a la mayoría
de edad no existe consenso o parámetros para determinar
cuándo se alcanza.
Se ha acuñado el término menor maduro para identificar a
los menores de edad con un cierto desarrollo cognitivo y
emocional y con capacidad suficiente para implicarse en la
toma de decisiones referentes a su persona y de manera especial
en el ámbito de la salud 9 . Es en función del nivel de
madurez observado, que se reconoce la existencia de determinados
derechos y la posibilidad de que los menores que
sean capaces de tomar decisiones y evaluar sus consecuencias
puedan decidir en temas relativos a su salud. La teorías
psicoevolutivas hablan a favor de que la madurez no se alcanza
de forma súbita e inmediata a los 18 años, sino que se
trata de un proceso progresivo y gradual en el que la mayoría
está de acuerdo que tiene lugar a partir de los 12 años.
Sin embargo, sigue siendo controvertido el momento en el
que el menor dispone de “capacidad de hecho” para tomar
decisiones por sí mismo 10 .
Las decisiones que el menor tome acerca de su salud forman
parte de los llamados derechos de personalidad, que
puede realizar por sí mismo, de acuerdo con las leyes y con
sus condiciones de madurez. En la medida en que pueda realizarlos
por sí mismo, estos actos quedan fuera del ámbito de
la patria potestad o la tutela. Cuando el menor carezca de la
madurez suficiente para realizar estos actos (Art. 9.3, Ley
41/2002), la decisión será tomada por su representante (consentimiento
por representación). En caso de menores con
16 años o emancipados, no cabe el consentimiento por representación.
Sin embargo, en caso de actuación de grave
riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados
y su opinión será tenida en cuenta para la toma de
decisión correspondiente.
Son varias las cuestiones que dan pie a diferentes interpretaciones
en relación con la capacidad del menor para tomar
decisiones por sí mismo en cuanto a su salud y enfermedad 11 :
sidera
que por encima de los 16 años se presupone la capacidad
con carácter general. Si el facultativo cree que no dispone
de dicha capacidad, deberá demostrarlo, de forma que
pueda negarle su derecho a tomar sus propias decisiones sanitarias.
Por debajo de los 16 años, la presunción legal general
es de incapacidad, por lo que, para aceptar la decisión del
menor sin participación de sus representantes legales, el facultativo
debe poder demostrar que, a su juicio, tiene capacidad
suficiente para tomar esa decisión concreta en ese momento
concreto (fig. 1).
FMC. 2015;22(3):152-7 153

Pérez García R. Promoviendo la confidencialidad con el menor en atención primaria: el arte del funambulismo
Menor
< 16 años:
Presunción legal de
incapacidad
> 16 años:
Presunción legal de
capacidad
Valoración
Capacidad positiva
Respeto decisión
Carga de la prueba
Valoración
Capacidad negativa:
Decisión por representación
Valoración
Capacidad negativa:
Decisión por representación
Carga de la prueba
Valoración
Capacidad positiva
Respeto decisión
Figura 1. Valoración de la capacidad según la ley de autonomía (Ogando, 2007).
cidir
tanto la capacidad del menor, sea este mayor o menor
de 16 años, como definir si es o no una actuación de grave
riesgo.
comprender intelectual y emocionalmente el alcance de la
intervención requerirá mayores cautelas cuanto menor sea
la edad de este y mayor la gravedad de la intervención que
se va a realizar 12 (fig. 2) 13 .
¿Confidencialidad o patria
potestad? Derechos sobre la
historia clínica del menor
Incapaces
Capacidad nula
Nivel I
Conocer
y asentir
Nivel II
Comprender
y elegir
Nivel III
Apreciar
y decidir
plenamente
Figura 2. Escala móvil de capacidad de Drane (1999).
Capaces
Capacidad plena
Existen 2 derechos que colisionan entre sí; por una parte, el
derecho del menor a la intimidad y a la confidencialidad de
sus datos sanitarios y, por otra parte, el derecho de los padres
a la información y al acceso a la historia clínica de sus
hijos (tabla 1). Por lo tanto, decidir hacia dónde inclinar la
balanza entre confidencialidad/intimidad frente a patria potestad
es una ardua tarea que solo compete al médico responsable
del menor. El derecho de confidencialidad se justifica
por el Art. 7 de la Ley 41/2002, así como por el código
de ética y deontología médica y por el art. 10 de la Ley General
de Sanidad. El inconveniente es que no se especifica la
edad, por lo tanto, ha de entenderse que se extiende a menores
maduros. Si la ley reconoce al menor de 16 años como
maduro, la mayoría de edad sanitaria, prevalecerá el derecho
del menor a decidir sin informar a los padres o tutores legales.
Se trata de un conflicto que es a la vez ético y legal y cada
profesional debe sopesar cuidadosamente las implicaciones
y consecuencias 14 .
Para decidir si un paciente menor es o no maduro no disponemos
en nuestra práctica diaria de escalas ni test que nos
permitan evaluar su madurez, es por ello que siempre hablaremos
de madurez en relación con un menor concreto, eva-
TABLA 1. Código Civil. Patria potestad
Art. 154. Los hijos no emancipados están bajo la potestad de
los padres
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos,
de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su
integridad física y psicológica
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos,
educarlos y procurarles una formación integral
2. Representarlos y administrar sus bienes
Si los hijos tuvieren suficiente juicio, deberán ser oídos siempre
antes de adoptar decisiones que les afecten
Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el
auxilio de la autoridad
Art. 169. La patria potestad se acaba:
Por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o
del hijo
Por la emancipación
Por la adopción del hijo
Art. 162. Los padres que ostenten la patria potestad tienen la
representación legal de sus hijos menores no emancipados.
Se exceptúan:
Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el
hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de
madurez, pueda realizar por sí mismo
Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y
el hijo
Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración
de los padres
154 FMC. 2015;22(3):152-7

Pérez García R. Promoviendo la confidencialidad con el menor en atención primaria: el arte del funambulismo
luando hechos determinados, y los cursos de acción concretos
entre los cuales hay que ponderar las circunstancias y
consecuencias para elegir la más razonable o prudente 15 .
Como médicos de familia se nos puede pedir que valoremos
la capacidad y riesgo de la demanda de una menor que solicita
la píldora del día después en el contexto de una urgencia,
o que se valore la demanda de atención médica de un
menor que consume ocasionalmente cannabis pero que se lo
oculta a sus padres; ambas situaciones son frecuentes en el
día a día de un médico de familia tanto en la consulta como
en urgencias. Se podría argumentar que a diferencia del ámbito
hospitalario, son escasas las situaciones de riesgo vital
que se dan en atención primaria y por tanto son situaciones
de “tierra fronteriza” donde interactúan los derechos de los
menores, de los padres y de los médicos de familia; y es en
este contexto donde volvemos a la encrucijada de definir hacia
dónde basculamos la balanza. La ley no nos va a ayudar
en este sentido, porque solo y únicamente depende del médico
definir lo que es un grave riesgo. Según diferentes autores
hay quien opina que no es necesario llegar a la situación de
un grave riesgo, simplemente con que se trate de un problema
de salud importante es suficiente para ponerlo en conocimiento
de los padres 16 .
Muy probablemente, desde el punto de vista del progenitor,
cualquier tema de salud que afecte a su hijo será de importancia
para él, y por lo tanto el médico estaría en la obligación
de ceder frente a la patria potestad. Sin embargo,
recordemos que la confidencialidad es el pilar básico sobre el
que se asienta la práctica medicina, incluida la relación con
el adolescente. Si esta falla, probablemente se produzca una
pérdida irreparable de confianza y el daño tal vez sea mayor
que el pretendido bien que se buscaba lograr. Es por este motivo
que se debe explicar a los padres los derechos del menor
y sobre todo la necesidad de que ellos cooperen con el médico,
otorgándole su confianza y teniendo la certeza de que el
profesional solo buscará el máximo beneficio de salud para
su hijo. Pero esta confianza es bidireccional, y en el caso de
que el menor corra un riesgo grave para su salud, será el propio
médico quien se pondrá en contacto con los padres.
Las fronteras de la
confidencialidad
TABLA 2. Límites a la confidencialidad
Situaciones de grave peligro para la vida (ideación suicida, ideas
homicidas, trastornos de conducta alimentaria)
Situaciones de gran riesgo social (ideas sobre fugas o daños
irreparables)
Cuando existe riesgo de perjudicar a terceras personas
Situaciones de maltrato o abuso sexual (o corra riesgo de serlo)
Vivimos momentos de conflictos y disparidades entre las libertades
sociales y las libertades en el ámbito sanitario. En
el primer caso, permitimos que menores de 16 años puedan
conducir un ciclomotor o que acudan a centros lúdicos en
horarios donde es conocida la mayor exposición a drogas
(alcohol, tabaco y otras sustancias). Sin embargo, cuando se
trata de acudir solo a la consulta médica para manifestar
también ese derecho de autonomía y solicitar nuestra confidencialidad,
son muchas las trabas que, partiendo del progenitor,
con un propósito beneficente, dificultan la labor del
médico de familia con el adolescente.
Por lo tanto, cuando un menor acude a nuestra consulta
solicitando explícitamente su derecho de confidencialidad,
probablemente lo hace porque estamos tratando un problema
que considera que pertenece solo a su ámbito privado, es decir,
por lo general temas relacionados con reproducción sexual
(píldora del día después, anticonceptivos, enfermedades
de transmisión sexual…) o bien con consumo de drogas.
Cuando se trata de patología banal, piénsese en que el menor
no nos solicitará de igual manera ese compromiso. Y, en
cambio, en situaciones de urgencia, probablemente será él
mismo quien solicite que llamemos a sus padres 17 . Se consideran
límites a la confidencialidad los supuestos 18 que constan
en la tabla 2.
Como profesionales sanitarios, nuestro objetivo no es excluir
a los padres de las decisiones que afectan al menor,
muy al contrario, creemos que en la mayor parte de los casos
su intervención sería de ayuda en la resolución del problema,
de ahí que nuestra función es múltiple, afianzar la
confianza del menor y lograr que sea él mismo el que haga
partícipe a su progenitor en la toma de decisiones 19,20 . Es
por ello que la función más importante que tenemos como
médicos de familia es utilizar todas nuestras habilidades de
comunicación con el menor como con su familia, si se da la
situación de que nos solicite información que pertenece al
ámbito de su privacidad. No sería aconsejable esgrimir de
entrada alegaciones jurídicas o éticas, sino que a través de la
palabra, lograr persuadir a los padres de la importancia de
preservar la confidencialidad del menor, siempre bajo la premisa
de obtener el mayor beneficio de salud para este. Es
por ello que desde el punto de vista médico-sanitario debe
prevalecer la confidencialidad por ser más beneficiosa para
el menor 21,22 .
Desde la perspectiva ética como jurídica, lo que debe conocer
el médico de familia es que el derecho a la protección
de datos personales es un derecho personalísimo por lo que,
por regla general, debe poder ser ejercido por los menores
(tabla 3). En el ámbito de la protección de datos personales
se ha considerado que los mayores de 14 años disponen de
condiciones de madurez para dar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales y para ejercitar los derechos.
Para los menores de 14 años hay que estar en condiciones
de madurez ya que como regla general el represen-
FMC. 2015;22(3):152-7 155

Pérez García R. Promoviendo la confidencialidad con el menor en atención primaria: el arte del funambulismo
TABLA 3. Relativo a la confidencialidad
Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica
Art. 7. El derecho a la intimidad. “Toda persona tiene derecho a
que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su
salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización
amparada por la Ley”
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, Protección de
Datos de Carácter Personal
Art. 1: Disposiciones generales: “La presente Ley Orgánica tiene
por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento
de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su
honor e intimidad personal y familiar”
Art. 10: Deber de secreto: “El responsable del fichero y quienes
intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de
carácter personal están obligados al secreto profesional respecto
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular
del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”
Art. 11. Comunicación de datos: “Los datos de carácter personal
objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero
para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo
consentimiento del interesado”
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica
del Menor
Art. 4: Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen: “Los
menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen. Este derecho comprende también la
inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así
como del secreto de las comunicaciones”
tante legal actuará en su nombre 23 . Si bien la salud es un
derecho personalísimo, su protección no puede estar en manos
del paciente si no consta realmente su capacidad de juicio
y discernimiento 24 .
Se deben destacar las situaciones en las que se puede denegar
la entrega de historia clínica o cualquier información
relacionada con el menor 25 :
1. Cuando el que solicite dicha información no disponga
de patria potestad (situación excepcional, ya que la separación
de los padres no anula la patria potestad).
2. Si el médico cree que al entregar los datos puede ir en
perjuicio del menor (va a hacer un uso prohibido de los mismos).
Situaciones de divorcio o separación de padres.
3. En caso de que el menor alcance cierta edad.
El inconveniente que plantea la Ley 41/2002 es que deja
un “vacío” en temas de confidencialidad aplicado a edad, y
es por ello que cuando un familiar de un menor acude al
centro de salud, si este tiene menos de 16 años, con la acreditación
adecuada (libro de familia, DNI, patria potestad), en
un principio podría acceder a la documentación clínica del
menor. Aquí, vuelve a ser el clínico, es decir, el médico de
familia, el que tendría la última palabra y decidiría si considera
que ese menor tiene capacidad o no para asumir sus
TABLA 4. Compromisos del médico de familia
Compromiso con las personas: mejorar y mantener la salud del
ciudadano. Obtener de ellas su confianza. Respetar la autonomía,
no solo es un deber ético, sino un objetivo de salud
Compromiso social: es la puerta de entrada al sistema sanitario.
Responsable del uso eficiente de los recursos sanitarios. Detecta y
colabora en la mejora de las condiciones de vida de la población
que atiende
Compromiso con la mejora continua: toma sus decisiones sobre
la base de las evidencias científicas actualizadas
Compromiso con la propia especialidad y con la formación de los
nuevos profesionales: valora y participa en la formación de nuevos
residentes
Compromiso ético: se basa en el respeto a la autonomía del
paciente, asegurando su derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de su proceso. En sus actuaciones clínicas,
antepone el principio de no-maleficencia al de beneficencia del
paciente
propias decisiones sanitarias. Recordemos que el derecho a
la confidencialidad está directamente vinculado al consentimiento
informado.
Valores y competencias del
médico de familia en la
atención al menor
La característica definitoria de la medicina de familia es que
se ocupa de las personas y de sus problemas en el contexto
de sus circunstancias vitales, es por ello que el punto de partida
del proceso asistencial es la persona, con sus creencias,
miedos, expectativas y necesidades. El adjetivo familia que
acompaña a medicina implica que la asistencia se enmarca
en una perspectiva global más amplia, donde el médico de
familia es el que conoce a fondo al paciente, sus expectativas
de vida, su situación personal, familiar y social, sus problemas
y su historia global, y por ello está capacitado para
decidir junto al propio paciente el tratamiento que se ha de
seguir y los objetivos que se quieren lograr. Es por este motivo
que el médico debe garantizar unos cuidados de salud de
calidad que impliquen que pacientes y médicos se conozcan,
respeten y ayuden para colaborar de la mejor forma. Desde
este planteamiento, los menores de edad también deben ser
incorporados en esta perspectiva asistencial y no pueden
ser excluidos de los valores y compromisos profesionales que
el médico de familia ha adquirido con la sociedad 26 (tabla 4).
Conclusiones
Hace más de un siglo, William Osler, impulsor de la medicina
de cabecera, afirmó que: “La medicina es la ciencia de la
incertidumbre y el arte de la probabilidad” 27 . Esta afirmación
sigue siendo vigente para nosotros hoy, ya que la valo-
156 FMC. 2015;22(3):152-7

Pérez García R. Promoviendo la confidencialidad con el menor en atención primaria: el arte del funambulismo
ración de la competencia del menor no deja de ser un ejercicio
de ciencia y arte en el campo de las incertidumbres.
Nuestra praxis médica es arte en cuanto a ejercicio personal
e individualizado, y ciencia en relación con el deber de conocer
y aplicar todos los instrumentos y conocimientos que
nos ayuden no solo a evaluar al paciente, sino a facilitar su
progresiva incorporación en la toma de decisiones 28 .
Como médicos de familia, también lo somos del menor y
muchas veces de algún otro miembro de su familia, y es por
ello, que debemos afianzar su confianza, desde las primeras
entrevistas, garantizando su confidencialidad, y máxime si
nos lo solicita explícitamente. Siempre debemos buscar el
bien de nuestro paciente, aun cuando ello implique el temor
a una denuncia por parte de terceras personas. El auténtico
respeto a la autonomía implica prevenir el deslizamiento hacia
la práctica de la medicina defensiva, lo que significa poner
en primer plano la seguridad del profesional por delante
del interés del paciente 29 .
En relación con la confidencialidad del menor, debemos
ser como funambulistas, andando en una cuerda estrecha
donde los derechos de confidencialidad del menor y los derechos
legales de los padres son respetados a la vez. Tarea
no exenta de dificultades y de equilibrios difíciles; pero con
un objetivo definido que nos estimula a seguir andando por
la cuerda floja para reconocer al menor como sujeto activo y
rector de su propio destino con capacidad para tomar decisiones
por sí mismo.
Bibliografía
1. Constitución Española 1978. Art. 12. [consultado 22 Jun 2014]. Disponible
en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
2. Código Civil. Art. 315. [consultado 26 Jun 2014]. Disponible en: http://
noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t11.html
3. Código Civil. Art. 154. [consultado 22 Jun 2014]. Disponible en: http://
noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t11.html
4. Siso Martín J. El médico, el paciente menor y los padres de éste. Un
triángulo que debe ser amoroso. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009;11:
685-93.
5. Jovell AJ. El futuro de la profesión médica. Educación médica. 2002;5:
73-5.
6. Jovell-Fernández AJ, Navarro-Rubio MD. El paciente existe, luego no
lo ignores. FMC. 2006:13:73-7.
7. Hernanz Manrique M. Problemas éticos en el trabajo con niños y adolescentes.
XII Jornadas de Pediatría en Atención Primaria. [consultado
21 May 2014]. Disponible en: http://portafolis.urv.cat/artefact/file/
download.php?file=35458&view=3270
8. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
9. Sánchez Jacob M. El menor maduro. Bol Pediatr. 2005:45:156-60.
10. Ogando Díaz B, García-Pérez C. Consentimiento informado y capacidad
para decidir del menor maduro. Pediatr Integral. 2007;XI:877-83.
11. Bravo Escudero E. La capacidad de decidir del menor. Un acercamiento
desde el derecho. Debática. Revista de la Sociedad Andaluza de
Bioética. 2012;1:1-13.
12. Beltrán Aguirre JL. La capacidad del menor de edad en el ámbito de la
salud: dimensión jurídica. Derecho y Salud. 2007;15:9-26.
13. Drane JF. Competency to give an informed consent. A model for making
clinical assessments. JAMA.1984;252:925-7.
14. Consejo General de Colegios Médicos. Comisión Central de Deontología,
Derecho Médico y Visado; 2007. Declaración de la Comisión Central
de Deontología sobre Ética Médica en la atención en el menor maduro.
[consultado 20 May 2014]. Disponible en: https://www.cgcom.es/
sites/default/files/etica%20medica.pdf
15. Gracia D. El Menor maduro. Eidon; 2013:92-98.
16. Troncoso Reigada A. La confidencialidad de la historia clínica. Cuadernos
de Derecho Público. 2006;27:43-146.
17. Terribas i Sala N. Aspectos legales de la atención a los menores de
edad. FMC. 2008,15:367-73.
18. Cornellà i Canals J, Llusent Guillamet A. Particularidades de la entrevista
con un adolescente. FMC. 2005;12:147-54.
19. López-Cortacans G, Pérez García R, Pagès Artuñedo A. Debut de un
ataque de pánico en adolescente de 15 años inducido por consumo de
cannabis: abordaje desde la atención primaria. FMC.(en prensa)
20. Terribas N. La competencia del menor: un tema pendiente. Bioética &
Debat. 2007;XIII:12-4.
21. De Lama Aymá A. La confidencialidad en el ámbito médico: aspectos
problemáticos del deber de secreto en la interrupción del embarazo de
una menor de edad. Revista para el Análisis del Derecho. 2006:1-16.
22. Larcher V. Consent, competence, and confidentiality. BMJ. 2005;330:
353-6.
23. Acceso por el titular de la patria potestad a las historias clínicas de los
menores. Informe 409/2004. [consultado 28 Jun 2014]. Disponible en:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/pdfs/2004-0409_Acceso-por-eltitular-de-la-patria-potestad-a-las-historias-cl-ii-nicas-de-los-menores.
pdf
24. León-Vázquez F. Escenarios legales con el menor en Atención Primaria.
Actualización en Pediatría. 2013;193-8.
25. Carrasco Sanz Á. Aspectos legales de la atención al menor. Introducción.
Actualización en Pediatría. 2010;293-4.
26. Programa Formativo de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria,
2005. [consultado 22 Jun 2014]. Disponible en: http://www.
msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/medifamiliar.pdf
27. Golden RL. William Osler at 150: an overview of a life. JAMA. 1999;
282:2252-8.
28. Esquerda M, Pifarre J, Gabaldón S. Evaluación de la competencia para
tomar decisiones sobre su propia salud en pacientes menores de edad.
FMC. 2009;16:547-53.
29. Altisent R. La gestión de la autonomía en la práctica clínica. Eidon;
2013:35-43.
FMC. 2015;22(3):152-7 157