Libro_Valle_de_Tambo-Islay

VALLE DE TAMBO-ISLAY:
TERRITORIO, AGUA Y DERECHOS LOCALES EN RIESGO CON LA MINERÍA A TAJO ABIERTO
plicar el ingreso de las posibles combinaciones
de arroz con alguno de los otros tres cultivos,
para encontrar que la ganancia anual puede sumar
en el orden de los 30, 40 y 50 mil soles, es
decir, un ingreso mensual entre 2,500 y 4,500
nuevos soles, en condiciones de un precio promedio.
El segundo caso, del sector asalariado permanente
y eventual. Dado que el jornal varía en
promedio entre 30 (mujer) a 40 (varón) soles
jornal, el ingreso puede fluctuar entre 900 a
1,200 nuevos soles, es decir, de 1.5 a 2 unidades
de salario mínimo vital. Cuando trabaja más
de 1 miembro de la familia, como suele suceder
en meses punta (mayor demanda que oferta),
el ingreso puede duplicarse.
El tercer caso, del sector de servicios de apoyo
al agro, tales como el servicio de maquinaria y
de provisión de insumos anualmente. En el valle
se movilizan alrededor de 21,000 toneladas
de fertilizantes, lo que genera ingresos para los
conductores, empleados y obreros de las tiendas
locales pero también para las casas matrices
principalmente importadoras de fertilizantes.
Si consideramos 15,500 hectáreas cosechadas
anualmente, tenemos que el 14%, 44% y el
20% del costo directo equivale a la valorización
de las horas de mecanización, de los jornales
empleados y las toneladas de fertilizantes, respectivamente.
Estos importantes y masivos procesos de desarrollo
local, en un contexto de equilibrios básicos
socio ambientales con una creciente vulnerabilidad
en el período de estiaje, en los últimos
años encaran una situación de riesgo a futuro
por la explotación minera a tajo abierto que representa
la masiva superposición de concesiones
mineras metálicas.
En este escenario socio territorial actual, en la
última década, el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), ha otorgado derechos de concesiones
mineras que al mes de noviembre del 2010, representaban
el 71,2% del territorio provincial
de Islay (Gráfico 11), que se ubican en la formación
Cerros Bajos, en gran parte del Valle de
Tambo, incluyendo capitales y centros poblados
de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y
Punta de Bombón.
El punto central en cuestión es que ese otorgamiento
de derechos a nivel de concesiones
mineras masivas, en cinco distritos donde no
existe explotación minera metálica, para la exploración
de metales con fines de explotación
del subsuelo, se superponen a los derechos adquiridos
de uso directo e indirecto del suelo y
de los servicios ambientales en los que se sostiene
la reproducción de gran parte de la sociedad
humana residente y sus expectativas de
desarrollo a largo plazo.
El riesgo de contaminación ambiental, de llevarse
a cabo esta política estatal de promoción del
conglomerado de proyectos mineros en un horizonte
de largo plazo, es alto. Las experiencias
recientes de la explotación minera moderna a
tajo abierto, muestran el cambio sustantivo del
paisaje y la afectación irreversible de la calidad
del territorio y de sus posibles usos respecto al
escenario inicial, sin minería a esa escala e intensidad.
Esta política nacional sectorial de otorgamiento
de concesiones mineras, sin ninguna intervención
del Gobierno Regional ni de los Gobiernos
Locales en las decisiones y regulaciones de la
actividad minera, menos aún sin consulta alguna
a las sociedades involucradas, ha generado
la disputa actual en torno a la introducción o
no de la explotación minera en la provincia.
Disputa que se ha iniciado con la continuidad
o no de las actividades del Proyecto Tía María
de la Southern Cooper Corporation – Perú. Esta
empresa trasnacional es la titular de un total de
concesiones mineras que representan casi una
tercera parte de la extensión total concesionada,
las que se ubican en cuatro de los cinco distritos
del macro espacio del Valle (Cuadro 12).
Y es una de las 18 titulares de concesiones en
la provincia.
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