Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial - VigiaS

Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos
por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la
naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño
hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión
ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad
cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la
Administración respectiva.
También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial
se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente
responsables de aquéllas.
5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la
rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las
reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya
responsabilidad la legislación laboral.
6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciaran de oficio la falta de
jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo
caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se
estime competente.
Artículo 10.
1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le
estén atribuidos privativamente.
2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse
para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de esta, determinará la
suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales a quienes
corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca.
Artículo 11.
1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las
pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones
que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de Ley o procesal.
3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el
artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les
formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable
o no se subsanare por el procedimiento establecido en las Leyes.
Artículo 12.
1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes
respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.
2. No podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento
jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en
virtud de los recursos que las Leyes establezcan.
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