N° 62 - Poder Judicial de Mendoza

Jurisprudencia de Mendoza 49constitucional a la estabilidad en elempleo, que produce inseguridad en lasfilas policiales y reitera el carácter depeligroso precedente para laadministración pública.El control de razonabilidad delas leyes y de los actos administrativos,se asienta en la ponderación sobre lacabal y concreta vinculación yadecuación entre los fines perseguidospor la ley y los medios utilizados parala consecución de tales objetivos. Secitan los casos "Canale c/Provincia deMendoza" y "Cine Callao".Finalmente el señor Fiscal deEstado sintetiza que tiene la firmeconvicción de que la ley en disputa,salvada que sea la metodologíaempleada, es -en cuanto resultado de unacuerdo de voluntades políticasrazonablementeidóneo para lograr elfin querido. Pero este tipo derazonabilidad no puede ser juzgado porquienes tenemos la obligación de ladefensa del orden jurídico, que en laConstitución de Mendoza y en lo que aella respecta específicamente, competeal suscripto y a los señores jueces. ElPoder Judicial no puede considerar laexistencia de otros medios alternativosdistintos de los empleados para laconsecución de los fines buscados porel legislador, administrador o elparticular. Sólo puede ponderar laadecuación del medio escogido, con elfin propuesto.En síntesis la ley 6652 esconstitucional y hasta el límite de suart. 6, que consagra una clarainconstitucionalidad.IV. El Procurador Generalsubrogante de la Corte se remite a sudictamen emitido en la causa "DíazPeralta" y se pronuncia por lainconstitucionalidad de la normacuestionada. El argumento principal enel que se sustenta la tesis de lainconstitucionalidad radica en lailimitación de las facultades otorgadaspor los arts. 5 y 6 de la ley 6652 queatribuye a la autoridad de aplicación elderecho de disponer el pase a situaciónde revista pasiva, el retiro o la bajaobligatoria de cualquier miembro de laPolicía de Mendoza, justificando laprescindibilidad en la razón de lareestructuración administrativa comocausal suficiente, sin necesidad deconcretar cargo ni impugnación algunacontra el agente separado.Tal extensión de facultades, quepermite omitir en cada caso concretolas razones de hecho y de derecho quemotivan el acto administrativo decesación de servicios, la elaboración deun sumario previo y el deber de aportarlas razones tipificantes de laracionalización que se logra con lamedida, atenta en principio contra losderechos garantidos por la