Gobernabilidad y Democracia en Venezuela

Valga indicar que esta iniciativa fue bien recibida por la comunidad internacional y que
la misma Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada en Washington el 18 de
abril de 2002, respaldó el proceso de diálogo, ―sin exclusiones‖. Posteriormente, la Asamblea
General de la OEA en su cuarta sesión plenaria del 4 de junio de 2002, acordó una
―Declaración sobre la Democracia en Venezuela‖ en la que se resolvía, entre otros puntos,
―alentar al Gobierno de Venezuela a que explore las posibilidades que ofrece la OEA, en la
promoción del diálogo nacional (…) en aras de profundizar la reconciliación nacional‖ y
―reconocer y acoger la decisión unánime de la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela de conformar una Comisión de la Verdad para investigar los
hechos de violencia, con la consiguiente pérdida de vidas humanas entre el 11 y el 14 de
abril del 2002, considerando que este esfuerzo contribuye a la transparencia del ejercicio
democrático‖ (OEA, 2002).
De manera que en Venezuela se asumió el diálogo como una vía para evitar el
desastre y recomponer la gobernabilidad perdida. Las circunstancias obligaron a dialogar a
quienes por mucho tiempo no se reconocieron como interlocutores válidos. No obstante,
después de los propósitos iniciales, el diálogo se tornó cada vez más difícil y cada bando se
dedicó a fortalecer sus posiciones en espera de una nueva y definitiva confrontación. Tuvo
de nuevo que hacerse presente la comunidad internacional para forzar un arreglo entre las
partes, que finalmente llegó en mayo del 2003.
La idea era formalizar un pacto que conjugara voluntades y galvanizara el compromiso
político de impulsar la recuperación de la gobernabilidad democrática, ―a través de acciones
dirigidas a redefinir y revitalizar el orden político democrático del país y dar respuesta
eficiente a las demandas ciudadanas‖ (Casas, 2002).
El trasfondo de la necesidad de un acuerdo lo constituían: a) la inminente “cesación
efectiva del mandato del Presidente‖, por lo cual ―todos los partidos políticos democráticos
sin exclusiones, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, las organizaciones de la
sociedad civil organizada, Fedecámaras, la Iglesia, los recetores académicos, la Fuerza
Armada‖, sin menoscabo de que otros actores se incorporaran en el futuro, debían asumir el
compromiso y b) la urgencia de restablecer la democracia y alcanzar satisfactoriamente la
plena gobernabilidad democrática en lo político, económico, social e institucional (Casas,
2002).
Para la ―Asamblea de Ciudadanos‖, instancia en la cual surgió esta iniciativa, el pacto
además de servir para el pleno restablecimiento de la democracia tenía que atacar cuatro
problemas fundamentales para la gobernabilidad: La pérdida de legitimidad de los poderes
públicos; la extrema ineficacia de las políticas públicas; la invalidación de los mecanismos
institucionales de procesar consensos y disentimientos y el grave incremento de la
conflictividad social (Casas, 2002).
Finalmente, en octubre de 2002 seis gobernadores se reunieron en el estado
Anzoátegui para impulsar una agenda de trabajo común, en la que estuviera incluido el
sector oficialista y en virtud de la cual se posibilitara la búsqueda de una salida pacífica a la
crisis de gobernabilidad. Asistieron a la cita los mandatarios Eduardo Lapi (Yaracuy), Enrique
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