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En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales,que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por losorganismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos estados provinciales y de lajusticia ha sido dispar, evidenciando lamentablemente en algunos casos llamativa indiferencia o inclusonegligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos territorios.A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),que debiera poder intervenir en los casos señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia dondese exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos,violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. Luego de las conquistasmilitares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueronconfinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y que en algunoscasos, además, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de“paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas ysectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, ElZapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son resguardadas enla historia oral de las comunidades).Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos delos derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos en su calidad de PueblosIndígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y consulta sobre los“intereses que los afecten”. Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades sonconstantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras laconquista militar.Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de unproblema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes:Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovadafrontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a losagronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciadoamenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales comoparapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período enque las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que losgrupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos ainvestigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes.En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de laspersonas fallecidas, señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estosataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que esparte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como suimpunidad.La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos encomún con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entrelos Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los Pueblos Indígenas poblaban elpaís originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas, durante la conquista y luego con lacolonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron losúltimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en lamayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones dealgodón o en las estancias de la Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron ysufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, laleishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados alcapricho de las patronales y sus mediadores.Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de losargentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas