REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO - Facultad de ...

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (*)ACTUALIDADCOBRO DE PRESTACIONES DENOMINADOS “DERECHOS”STC : N. º 4870-2007-PA/TC (PUB. 17 DE MARZO DE 2010)CASO : GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO1. Potestad tributaria de las Municipalidades.“Para determinar el monto de la tasa por la prestación de un servicio público es claro que talcobro debe cubrir los costos del servicio, como se ha explicitado en las sentencias 0041-2005-AI/TC y 0053-2004-PI/TC de este Tribunal. Así, se ha dicho que para la determinación del montode la tasa-arbitrios se debe explicitar una conexión lógica entre el monto que por ella se cobra ylos servicios municipales prestados.” (Fundamento 13)“Sin embargo, para la determinación del monto de las Tasas-Derecho por el uso oaprovechamiento de bienes públicos, debe inferirse que serán otros los criterios a adoptarse. Enefecto, puesto que la situación no es la misma, ya que no hay una prestación en puridad de unservicio público, sino la utilización de un bien de titularidad pública, los criterios para determinardeben estar relacionados con tal prestación.” (Fundamento 14)2. Sobre el Derecho de Merced Conductiva“En efecto, el Derecho de Merced Conductiva es definido en el anexo 1 de la ordenanza como el“Derecho que cancelan comerciantes que ocupan puestos fijos en mercados, el cual se cancelasemanalmente” (sic). Si bien podría argumentarse que se trata de una Tasa-Derecho, en la medidaen que se utiliza un bien público, lo cierto es que dicho pago no tiene naturaleza tributaria, ya queno se trata de una obligación impuesta por ley sino de una situación ante la cual el propio sujetolibremente se ha sometido. Para explicar ello debe tenerse en cuenta que el sujeto que deseaefectuar negociaciones comerciales en determinado distrito o provincia puede hacerloindistintamente en cualquier local comercial y no necesariamente en los puestos del mercado. Asíla persona interesada tiene abierta la posibilidad para alquilar un local que le permita iniciar sunegocio, el que puede pertenecer o no a la municipalidad. En tal sentido puede afirmarse que elsujeto pasivo de la obligación es alguien puesto en esa situación, no por “voluntad de la ley”, sinopor voluntad del interesado. Por consiguiente no se está ante una obligación de naturalezatributaria, no siéndole aplicable los principios y garantías aplicables a los tributos.” (FundamentoN° 19) (subrayado agregado)3. Sobre el Derecho de Conducción“Nuevamente, tal como se explicó para el caso del Derecho de Merced Conductiva, se trata de unasituación que responde no a la voluntad de la ley sino, a la voluntad del sujeto interesado, esto es,no es un cobro de naturaleza tributaria.” (Fundamento 25)(*) En: Revista Peruana de Derecho Tributario. Universidad de San Martín de Porres Tax Law Review.Editada por el Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.Año 4 / Número 15 / 2010. Lima, Perú. www.derecho.usmp.edu.pe/cet - ISSN 2073-2902.

“En suma, en lo que a estos dos denominados derechos se refiere, este Colegiado considerarelevante advertir que no le corresponde pronunciarse respecto de la cuantía del cobro por talesconceptos. Puesto que tales pagos se realizan en el marco de una relación contractual, surgido delacuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear,regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial siempre que dichovínculo –fruto de la concertación de voluntades– verse sobre bienes o intereses que poseanapreciación económica, tengan fines lícitos y no contravengan las leyes de orden público.”(Fundamento 26) (subrayado agregado)“Debe recordarse en ese orden de ideas, que el artículo 2, inciso 14 de la Constitución reconoce elderecho a contratar que garantiza, prima facie, (i) la autodeterminación para decidir lacelebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co-celebrante, y (ii) laautodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual.En tal virtud, siendo el Derecho de Merced Conductiva y el Derecho de Conducción unacontraprestación fruto de una concertación de voluntades, los cuestionamientos referidos a suconfiscatoriedad por su cuantía no corresponden ser analizados a través del presente proceso.”(Fundamento N° 27)4. Sobre el Derecho de Registro Informático“Se trata pues en este caso de una imposición estatal propia de la función municipal en lo que serefiere al control y ordenamiento de locales comerciales al interior de los mercados y aledaños.Por consiguiente, tratándose de una situación jurídica impuesta por voluntad de la ley se trataefectivamente de un tributo. En efecto, evidentemente se está ante conceptos tributarios de laespecie tasa y sub-especie derecho, en tanto la sujeción pasiva del contribuyente se fundamenta enla prestación de un servicio público divisible por parte del Estado en su beneficio, la que en estecaso consiste en el registro del mismo en las bases de datos de la Municipalidad.” (FundamentoN° 30)“Siendo el principal argumento de la demandante la ilegal cuantificación de los mismos en tantohan sido fijados en función a un porcentaje de la UIT, vale decir, que efectivamente no se haacreditado en el presente proceso la existencia de un informe económico-financiero que sustente elcoste de la referida tasa. Por consiguiente, dicho tributo ha incurrido en lo que se ha denominadoconfiscatoriedad cuantitativa [STC 0041-2004-AI/TC, Fund. 62].” (Fundamento N° 32)“Conforme al criterio establecido en la STC N.º 0041-2004-PI/TC, si bien la capacidadcontributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser utilizada comocriterio en la cuantificación del citado tributo, en tales supuestos deberá ser utilizado enconjunción con otros, en cuyo caso, la prevalencia de unos sobre otros dependerá de la naturalezade cada servicio. Empero, a juicio de este Colegiado, dicha situación excepcional no se aprecia enel caso de autos, por lo que constituye un supuesto de confiscatoriedad cuantitativa inaceptable entanto el único criterio utilizado para su cuantificación ha sido el empleo de la UIT, sin que se hayaacreditado que dicho costo esté sustentado en el verdaderos costo del servicio.” (Fundamento N°33)CONTRIBUCIONES POR OBRAS PÚBLICASSTC : N. º01828-2009-PA/TC (PUB. 04 DE MARZO DE 2010)CASO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE L A VICTORIA Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA (SAT)1. Requisito de comunicación de obras públicas como requisito de procedencia de cobro decontribución.Haciendo referencia a la Ley de Tributación Municipal el TC señala que “(…) el marco normativopara las contribuciones y tasas municipales es establecido por el artículo 65° de dicha norma, que2

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ: Actualidadseñala “[...] que el cobro por contribución especial por obras públicas procederá exclusivamentecuando la municipalidad haya comunicado a los beneficiarios, previamente a la contratación yejecución de la obra, el monto aproximado al que ascenderá la contribución [...]”.”(FundamentoN° 5) (subrayado agregado)“De autos se desprende que el argumento del demandante referido a que la emplazada no puso ensu conocimiento la cuestionada contribución carece de sustento, toda vez que mediante laOrdenanza N.° 027-MDLV, publicada en el diario oficial el 6 de agosto de 1999, se creó lacontribución especial por obras públicas a aplicarse en el área territorial del Damero deGamarra, la que en sus anexos I y II estableció el monto al que ascendería la contribución, el quefue modificado por la Ordenanza N.° 031-MDLV, publicada de la misma forma con fecha 11 desetiembre de 1999.” (Fundamento N° 6)“En consecuencia, este Colegiado considera que la exigencia prevista en el mencionado artículo65° de la ley de tributación municipalidad ha sido cumplida con la publicación de las ordenanzascitadas en el fundamento 6, pues conforme al artículo 109.° de la Constitución, la ley obliga desdeel día siguiente de su publicación en el diario oficial, por lo que la emplazada no ha vulnerado elderecho constitucional invocado.” (Fundamento N° 7) (subrayado agregado)LA TARIFA DE AGUA SUBTERRÁNEA COMO TRIBUTOSTC : N. º01837-2009-PA/TC (PUB. 07 DE OCTUBRE DE 2007)CASO : GLORIA S.A. Y TRUPAL S.A.1. Naturaleza de la denominada “tarifa de agua subterránea”“Es de advertirse que, a juicio de este Tribunal, es indiscutible que la “tarifa de aguasubterránea” tienen naturaleza tributaria y, en virtud de ello, de acuerdo a lo establecido por elartículo 74º de la Constitución dicho cobro está sometido a la observancia de los principiosconstitucionales que regulan el régimen tributario, como son el de reserva de ley, de legalidad, deigualdad, de no confiscatoriedad, de capacidad contributiva y de respeto a los derechosfundamentales.” (Fundamento N° 6)2. La tarifa de agua subterránea en la clasificación de tributos“(…) El Tribunal Constitucional estima que se trata de una Tasa-Derecho, puesto que el hechogenerador se origina en la utilización de bienes públicos. En efecto, tal como se estableció en elartículo 1 del Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas, “Las aguas, sin excepción alguna, son depropiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible.” Se trata pues de un recursonatural, tal como se ha establecido en el artículo 3; literal a) de la Ley Orgánica para elAprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales (Ley N.° 26821), que considera recursosnaturales a todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humanopara la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado,como son las aguas superficiales y subterráneas. Y es que ello, en realidad, no es más que laconcretización del artículo 66º de la Constitución que establece “Los recursos naturales,renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en suaprovechamiento.” En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de la heredadnacional— reposan jurídicamente en el dominio del Estado. El Estado, como la expresión jurídicopolíticade la nación, es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se establece suuso y goce.” (Fundamento N° 9)3. El Agua como recurso natural y la clasificación del pago de la tarifa para su uso“De lo expuesto, este Tribunal puede considerar en este apartado dos cosas;a) El agua es un recurso natural prestado por el Estado cuya explotación debe obedecer a unapolítica clara y de uso sostenible. Así como se le imponen al usuario una serie de cargas, el3

Estado mediante los órganos correspondientes debe cumplir un rol regulador de acuerdo alas exigencias que le imponga la Constitución para la configuración de su normativa.b) La clasificación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, preciopúblico o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se presente demanera ineludible el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo tendientesa la vigencia y observancia de principios orientadores que ofrece nuestro marcoconstitucional.” (Fundamento N° 11)4. La inobservancia del principio de reserva de ley en la regulación de la tasa-derecho de aguasubterránea“Por consiguiente, este Tribunal aprecia que la creación de un tributo en cualquiera de susespecies es una delegación que requiere el máximo de formalidad. Pues bien, la norma autoritativadebió prever de manera expresa la facultad otorgada para crear nuevos tributos ya que este poderno simplemente obedece a un ánimo o uso de facultades del legislativo ya que al tratarse de laintervención en la propiedad de los ciudadanos-usuarios se debe pedir la máxima rigurosidad enla regulación. Así también resulta oportuno hacer referencia a que la creación de un tributo comoel que nos ocupa debió obedecer a un estudio y previsión –por lo menos mínima- de la políticafiscal del sector economía y no una a una regulación mínima, escueta y limitada. Por lo señalado,este extremo de la demanda resulta fundado.” (Fundamento N° 18)“En conclusión, la inconstitucionalidad de la Tarifa es incuestionable, al constatarse que loselementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base y la alícuota, entre otros,fueron establecidos en el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. En estesentido, habiéndose establecido que la infracción del principio de reserva de la Ley se producedesde la expedición del Decreto Legislativo Nº 148, es menester concluir que la pretensión de losderechos constitucionales de los actores deben retrotraerse a la fecha del inicio de suvulneración.” (Fundamento N° 21)EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEYSTC : N. º 02724-2007-PA/TC (PUB. 18 DE AGOSTO DE 2009)CASO : IMPORT EXPORT VIZCAR S.A1. Sobre el principio de reserva de ley“La imposición de determinados límites que prevé la Constitución permite, por un lado, que elejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente válido; de otrolado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en detrimento de los derechosfundamentales de las personas. Por ello, se puede afirmar que los principios constitucionalestributarios son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son garantías de laspersonas frente a esa potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida en quesu ejercicio se realice en observancia de los principios constitucionales que están previstos en elartículo 74º de la Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de losderechos fundamentales de las personas e interdicción de la confiscatoriedad.”(Fundamento N° 11)“Como es de apreciarse en este caso, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N.° 093-2005-EF, se ha creado un nuevo hecho generador al haberse incorporado un producto que no estabaprevisto inicialmente en la ley. Con ello se han modificado elementos esenciales, vulnerándose asíel principio de reserva de ley, y por consiguiente, el derecho fundamental de la propiedad de laactora.” (Fundamento N° 16)4

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ: Actualidad“En consecuencia, la demanda debe estimarse porque, al haberse afectado el patrimonio de larecurrente, se han impuesto límites que contravienen la Constitución (artículo 74º) y los derechosfundamentales vinculados al adecuado ejercicio de la libertad de empresa y comercio.”(Fundamento N° 71)EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEYSTC : N. º 03116-2009-PA/TC (PUB. 10 DE MARZO DE 2010)CASO : CEMENTOS LIMA S.A.1. Finalidad Constitucional de los aranceles“Teniendo presente ello, este Tribunal considera oportuno abordar cual es la finalidadconstitucional de los aranceles en nuestra economía social de mercado, toda vez que el temacontrovertido en el presente caso es la regulación de la tarifa arancelaria de las sub-partidasnacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los demás.Al respecto, este Tribunal considera que los aranceles como todo tributo tiene una finalidadimpositiva que persigue la realización del deber de contribuir con el gasto público, pero a su vez,en materia económica tiene una finalidad de promoción de la libre competencia, ya que de maneradirecta o indirecta regulan las actividades económicas relacionadas con el comercio exterior.Por ello, resulta válido afirmar que los aranceles tienen como finalidad constitucional favorecer laproducción nacional, promover la estabilidad económica a través del aumento o disminución, lareducción o ampliación de las importaciones que pueden afectar el nivel general de precios y losmovimientos de la oferta y la demanda nacional, estimular el crecimiento económico, proteger laindustria nacional, promover la inversión nacional, controlar los precios, defender a losconsumidores e incentivar la competitividad de los productos nacionales.” (Fundamento N° 20)2. Finalidad constitucional de los aranceles“ En este contexto, debe señalarse que el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, quemodificó de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidasnacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los demás, nocumple con la finalidad constitucional de los aranceles en una economía social de mercado, puesno persigue favorecer la producción nacional del cemento, proteger la industria nacional delcemento, promover la inversión nacional, o incentivar la competitividad de los productosnacionales.” (Fundamento N° 23) (subrayado agregado)3. Facultad presidencial de modificación de tarifas arancelarias“Ello no quiere decir que el Presidente de la República, se encuentre impedido de reducir lastarifas arancelarias, por el contrario, constitucionalmente tiene la facultad de regular mediantedecretos supremos las tarifas arancelarias (artículo 118º, inciso 20) de la Constitución); sinembargo, dicha regulación no puede afectar el principio de igualdad en materia económica nidesproteger a la inversión e industria nacional para favorecer a la inversión e industriaextranjera.Teniendo presente ello, este Tribunal considera que la reducción de 12% a 0% de las tasas de losderechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales mencionadas, si bien puedeconstituir un acto de política arancelaria, resulta ser un acto desproporcionado, y por ende,constitucionalmente prohibido por el principio de interdicción de la arbitrariedad, toda vez, que lareducción a 0% de las tarifas arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas, en5

ealidad, constituye un acto de exoneración o exención de tarifas y no una reducción que tengauna finalidad constitucionalmente legítima.” (Fundamento N° 24) (subrayado agregado)4. Finalidad constitucional de la reducción de aranceles los aranceles“En sentido similar, debe señalarse que no se encuentra demostrado que la medida de reducciónde las tarifas arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas persiga una finalidadconstitucional legítima, pues si bien en los considerandos del Decreto Supremo N.º 158-2007-EFse señala que dicha medida tiene por objeto promover la eficiencia y competitividad de laeconomía, en autos no existe prueba alguna que respalde dicha consideración o demuestre queello se esté produciendo. Y es que, no sólo basta invocar o alegar una finalidad constitucionallegítima para justificar la medida de tratamiento diferenciado, sino que también, en algunos casos,es necesario demostrar que efectivamente la medida persigue lograr dicha finalidad, supuesto queno sucede en el caso de autos.” (Fundamento N° 25) (subrayado agregado)5. Contravención a los derechos de igualdad“De otra parte, debe precisarse que con el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, enlo que respecta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y2523 29 00 00 los demás, se ha beneficiado la importación del cemento, la cual no constituye unaactividad económica discriminada o marginada ni un mercado que se halle en circunstancias dedebilidad manifiesta que exija medidas de protección especial, como la establecida en el artículoreferido.Por dicha razón, este Tribunal considera que la modificación de 12% a 0% de las tasas de losderechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales referidas contraviene elderecho a la igualdad, porque está generando un tratamiento desigual entre la inversión nacionaly la extranjera.” (Fundamento N° 26) (subrayado agregado)Lima, junio de 20106