Revista de Derecho - Consejo de Defensa del Estado

También en relación con la prescripción y responsabilidad objetiva en que el fallo "Domic Bezic Maja conFisco" es categórico al alterar jurisprudencia anterior y señalar que la prescripción en materia deresponsabilidad extracontractual del Estado se rige por el artículo 2332 del Código Civil y que no existeresponsabilidad objetiva de la Administración del Estado, salvo cuando expresamente lo contemple la ley, quetambién mereció un comentario insultante en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, que en su párrafo finalexcede a lo que, a nuestro juicio, corresponde a una crítica académica y entra de lleno en el insulto políticoa los miembros de la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo en general, lo que estimamos desprestigia a laantigua revista de derecho5.Actividad sancionatoria, invalidación de actos administrativos, responsabilidad objetiva y prescripción, sontemas en que la jurisprudencia merece ser analizada cuidadosamente y establecer cuáles son los criteriosimperantes y que han logrado ir estableciéndose con cierta firmeza. Nos referiremos principalmente a estaúltima, distinguiendo entre la prescripción en materia de responsabilidad extracontractual en general, que serefiere principalmente a la falta de servicio y a la actividad material, y la responsabilidad del Estadoproveniente de la dictación de actos ilegales, o para usar la terminología chilena, la responsabilidadproveniente de la "nulidad de derecho público". En todo caso es necesario señalar que la distinción no esprocedente en doctrina, ya que los casos de ilegalidad de actos administrativos, que puedan comprometer laresponsabilidad del Estado, constituyen precisamente falta de servicio y su tratamiento debe seguir la reglageneral. Sin embargo, para poder entender cabalmente la jurisprudencia actual de la Corte Suprema sobre laprescripción de la responsabilidad del Estado, estimamos conveniente formular tal distinción.PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDADEXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO EN GENERALEn este punto debemos incluir la responsabilidad extracontractual del Estado emanada de la actividadmaterial de la Administración, y en general toda aquella que no proviene como efecto de la declaración de lanulidad de un acto administrativo. La jurisprudencia en esta materia ha sido clara y contundente. Laresponsabilidad del Estado prescribe de acuerdo con las normas del Código Civil. Además y también comopunto importante, la responsabilidad extracontractual del Estado no es objetiva.1. En primer lugar, y por su enorme importancia, tenemos lo señalado en el fallo de la Cuarta Sala de la CorteSuprema, "Domic Bezic Maja con Fisco" de fecha 15 de mayo de 2002, ya mencionado, redactado por elministro Sr. Urbano Marín V., en que se establece que no por ser la responsabilidad estatal de índoleconstitucional y de derecho público, no pueda extinguirse por el transcurso del tiempo (considerandos 13 y14); que no repugna a la naturaleza de la acción que persigue la responsabilidad extracontractual del Estadola idea de aplicar las reglas del Código Civil a la prescripción extintiva (Considerando 17); lo que no seproduce mediante una aplicación supletoria, sino por mandato explícito del legislador en el artículo 2497 delCódigo Civil, que establece que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente en favor y encontra del Estado (considerando 18); lo que constituye un mandato explícito del legislador (considerando21). La sentencia, además, en el considerando 20, refuta con abundante doctrina a los autores que "por unexcesivo afán de garantizar la autonomía e independencia del derecho administrativo, han pretendido separardogmáticamente de una manera radical sus instituciones respecto de las de otros derechos".2. Idéntico planteamiento a "Domic con Fisco" se formuló con fecha 15 de abril de 2003, también por laCuarta Sala de la Corte Suprema, en la causa "Pizani Burdiles, Gladys del Carmen y otra con Fisco"6, alacoger el recurso de casación interpuesto por el Fisco, invalidando la sentencia de la Corte de Apelacionesde Concepción, por no hacer efectiva en el juicio la regla de prescripción del artículo 2332 del Código Civil7.3. La misma Cuarta Sala, en fallo de 7 de mayo de 2003, en el juicio "Cortés Barraza Patricia con Fisco"8rechazó el recurso de casación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de la Cortede Apelaciones de La Serena que había revocado la sentencia de primera instancia haciendo lugar a laexcepción de prescripción extintiva de la acción.Es importante tener presente que los fallos anteriores también resuelven el problema suscitado con ocasiónde la aplicación de las reglas de prescripción del Código Civil a la responsabilidad extracontractual delEstado, en cuanto al plazo a aplicar; si el de cuatro años, que establece el artículo 2332, o el general decinco años, contemplado en el artículo 2515 del Código Civil; ello atendido que el primero se encuentra en eltítulo XXXV del Código Civil, especial para los delitos y cuasidelitos civiles que puede entenderse referidoexclusivamente al derecho privado y no aplicable al Estado, que no se rige por ese título, sino por la Ley deBases Generales de la Administración del Estado, por lo que la remisión del artículo 2497 debenecesariamente entenderse al artículo 2515 que contiene la regla general en materia de prescripción.Los fallos "Domic con Fisco" y "Pisani con Fisco", que acogieron los recursos de casación del Fisco, aplicandirectamente el artículo 2332 del Código Civil, tanto en las sentencias invalidatorias como en las dereemplazo, sin hacer mención al artículo 2515. El fallo "Cortés Barraza con Fisco", que rechaza la casación dela parte demandante, en cambio, contiene un pronunciamiento expreso de la Corte Suprema sobre el punto,ya que la Corte de Apelaciones de La Serena había acogido la prescripción de la responsabilidad, aplicando elplazo de cinco años del artículo 2515 del Código Civil. Señala expresamente en su considerando 11 que laCorte no comparte lo razonado en el considerando séptimo del fallo de la Corte de Apelaciones, ya que ladisposición aplicable en materia de prescripción, que debe operar en favor o en contra del Estado, es la delartículo 2332 del Código Civil, que versa directamente sobre la extinción de la responsabilidad

Lo contundente de los fallos de la Corte Suprema, que reflejan la opinión de diez ministros titulares actualesde ese tribunal, y que corresponden a los últimos dictados sobre prescripción, debieran tener el efecto dedar por terminado el debate sobre estas materia e impedir la proliferación de juicios sobre responsabilidad delEstado por hechos o actos administrativos de otros tiempos. Debieran también tener efecto en los fallos delas Cortes de Apelaciones del país, que debieran plegarse a la jurisprudencia establecida por la CorteSuprema.Sobre las materias que hemos enunciado en este artículo y que no se refieren a la prescripción de laresponsabilidad del Estado, y sobre muchas otras, de responsabilidad extracontractual y en general decontencioso administrativo y derecho administrativo, la jurisprudencia deberá ir paulatinamente encontrandoel camino que corresponde a esta disciplina del derecho. Mencionemos, a modo de ejemplo, algunas sobreresponsabilidad del Estado que ya están siendo objeto de debate en los tribunales: Responsabilidad médicaen cuanto a las características de la falta de servicio para comprometerla; falta de servicio por actosilegales, en que el derecho comparado no necesariamente acepta la ecuación de ilegalidad igual falta; eldisfraz que se utiliza de presentar acciones de responsabilidad bajo el manto de una acción de nulidad dederecho público, para dejar para la etapa de cumplimiento la existencia y monto de los perjuicios, encircunstancia que la acción es en realidad declarativa de derechos; límite de la noción de falta de servicio alos usuarios del servicio y su no aplicación a quienes no tienen ese carácter14, 15.* PEDRO PIERRY ARRAU. Abogado C onsejero del C onsejo de Defensa del Estado y Profesor de Derecho Administrativo en laUniversidad C atólica de Valparaíso y Universidad de Valparaíso.1 Publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXXIX, 1992, 2ª Parte, sección 5ª, páginas 270 y ss.C omentario del profesor don Eduardo Soto Kloss, páginas 284 y ss.2 Publicado en Gaceta Jurídica, número 207, septiembre 1997, páginas 70 y ss.3 Fallo publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XC VI, 1999, 2ª Parte, sección 5ª, páginas 175 y ss.También en Gaceta Jurídica, número 235, enero 2000, páginas 247 y ss. También en Fallos del Mes, número 491, octubre1999, páginas 2.233 y ss.4 Publicado en Gaceta Jurídica, número 248, febrero 2001, páginas 250 y ss. También en Fallos del Mes, número 504,noviembre, año 2000-2002, páginas 4.126 y ss. C omentario del profesor don Eduardo Soto Kloss en Semana Jurídica, Nº 7,diciembre 2000. C omentario del autor de este artículo en Semana Jurídica, Nº 11, enero 2001.5 Publicado en Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XC IX, 2002, 2ª Parte, sección 5ª, páginas 126 y ss. C omentariodel profesor don Eduardo Soto Kloss en páginas 152 y ss. También en Gaceta Jurídica, número 263, mayo 2002, páginas 29 yss. También en Fallos del Mes, número 499, junio, año 2000-2002, páginas 1.146 y ss.6 Nota del Editor: ver texto íntegro del fallo en Sección de Jurisprudencia de Interés.7 Publicado en Gaceta Jurídica, número 274, abril 2003, página 108 y ss.8 Nota del Editor: ver texto íntegro del fallo en Sección de Jurisprudencia de Interés.9 En fallo de la C uarta Sala de la C orte Suprema, "Henry Ríos Edgardo con Universidad de Atacama" de 2 de octubre de2003, se estableció que, contrariamente a lo sostenido por algunos autores, la nulidad que contempla el inciso final delartículo 7 de la C onstitución Política, no se produce ipso jure. Fallo publicado en Gaceta Jurídica, número 280, octubre 2003,páginas 79 y ss.10 Publicado en Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XC IX, 2002, 2ª Parte, sección 5ª, páginas 113 y ss. 10 Publicadoen Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XC IX, 2002, 2ª Parte, sección 5ª, páginas 113 y ss.11 Al respecto ver también nuestro artículo "Nulidad en el Derecho Administrativo". Revista de Derecho. Universidad C atólicade Valparaíso, Nº 15, 1994.12 Nota del Editor: ver texto íntegro del fallo en Sección de Jurisprudencia de Interés.13 El considerando 9 del fallo "Robles Robles Hugo con Fisco", citado en este artículo, señala como ejemplo de acción denulidad de derecho público imprescriptible la de un "decreto reglamentario que establezca requisitos no previstos por la leypara jubilar". Agrega que "la imprescriptibilidad que se acepte respecto de la acción de nulidad de derecho público haríaprecisamente viable la acción patrimonial, con la reserva, desde luego, de que ésta no estuviere a su vez prescrita deconformidad con el estatuto que le resulte aplicable". El problema planteado en el ejemplo el derecho comparado lo resolvióhace casi un siglo. La anulación del reglamento no se puede solicitar pasado el breve plazo para intentar la acción de nulidadcon efectos generales; pero después, y en cualquier tiempo, un particular afectado puede interponer una acción de plenajurisdicción basada en la ilegalidad de ese reglamento, en que lo que se pide no es dicha anulación, sino la declaración de underecho en su favor. Dicha acción, de plena jurisdicción, prescribe de acuerdo a las reglas generales.14 En fallo de fecha 27 de agosto de 2003, de la Tercera Sala de la C orte Suprema en la causa caratulada "ArévaloBascuñán, Paula con Fisco", se rechazó el recurso de casación interpuesto por la demandante señalando que no procedíacalificar de falta de servicio la de un funcionario de Gendarmería que había herido a un transeúnte, siendo éste un caso deresponsabilidad subjetiva del agente normada en los artículos 2314 y siguientes del C ódigo C ivil. Expresa en su considerando14 que "Gendarmería de C hile no está obligada a prestar servicio concreto alguno a la comunidad, como no sea en una formatotalmente indirecta, ya que su función primordial es la custodia de los reclusos que se encuentran a disposición de lostribunales de justicia, por lo que no se hallaba en situación de incurrir en este tipo de responsabilidad".15 Sobre otros aspectos de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, ver nuestros artículos "Algunos aspectos de laresponsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio". Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XC II, Nº 2,mayo-agosto 1995. La responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio. Revista de Derecho del C onsejo deDefensa del Estado, Año 1, Nº 1, julio 2000. La falta de servicio en la actividad médica. Revista de Derecho del C onsejo de

Defensa del Estado, Nº 8, diciembre 2002, páginas 149 y siguientes.Revista de Derecho, Nº 10 (diciembre 2003).