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6Dicha legislación básica, en lo que aquí interesa, se contiene en elapartado 4 del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley General de laSeguridad Social, aprobado mediante Decreto 2065/1974, de 30 demayo -que no obstante la derogación de la mayor parte de dichanorma permanece vigente en lo que no resulte incompatible con lasnormas posteriores- y el apartado 2 del artículo 33 de la Ley 16/2003,de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.En apoyo de esta pretensión se argumenta también que en estemomento está pendiente de resolución por parte del TribunalConstitucional una cuestión de inconstitucionalidad (Núm. 4764-2007)planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso delTribunal Supremo, frente a varios preceptos de la Ley Foral 12/2000,por problemas sustancialmente semejantes a los aquí expuestos,relacionados con el establecimiento de un carácter voluntario eindividual para la concertación y con la posibilidad de prescindir de laexclusividad de la intervención colegial en este proceso. Atendiendo aesta pendencia de la causa y a las dudas manifestadas por el TribunalSupremo sobre un asunto con las referidas similitudes, la entidadcompareciente considera particularmente necesario que no se dejepasar la ocasión de plantear el recurso solicitado.CUARTO.- El otro asunto en el que se concreta la tacha deinconstitucionalidad de la entidad compareciente es el relativo a laprevisión contenida en el apartado 1 del artículo 6 del decreto-ley quefaculta para establecer los productos farmacéuticos que podrán serobjeto de entrega directa a los asegurados, a través de centrossanitarios, sociosanitarios o en sus domicilios. Según entiende laentidad compareciente la expresión "productos farmacéuticos" es lamisma que figura en el artículo 149.1.16 a de la Constitución y, portanto, debe entenderse que engloba a los medicamentos de uso humanoy a los productos sanitarios. Desde esa premisa se estima que ladisposición abre la puerta en la entrega domiciliaria de medicamentos
7que, fuera de ámbito específicamente asistencial (hospitales, centros desalud y otras estructuras homólogas), sólo pueden ser dispensados poroficinas de farmacia.La inconstitucionalidad que se imputa al referido precepto estásustentada en que nuevamente se infringe la legislación básica delEstado para establecer la legislación sobre productos farmacéuticos.Dicha legislación es en este punto el apartado 6 del artículo 2 de la Ley29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de losmedicamentos y productos sanitarios, donde se establece laexclusividad de las oficinas de farmacia para la custodia, conservación ydispensación de los medicamentos de uso humano y que sólo admitecomo excepciones, la ya señalada de los servicios sanitarios, y laprevista, por el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, a favor de losservlclos de farmacia de los hospitales respecto de aquellosmedicamentos en los que el Ministerio de Sanidad acuerde establecerreservas singulares, limitando su dispensación sin necesidad de visadoa los pacientes no hospitalizados.A la vista de las alegaciones formuladas, se ha adoptado la resoluciónque luego se dirá, atendiendo al siguienteFUNDAMENTO ÚNICOComo puede apreciarse por la lectura de los antecedentes, la solicitudde recurso recibida se sustenta de forma exclusiva en la alegación delincumplimiento por parte del Consell de la Generalidad Valenciana, enfunciones de legislador de urgencia, del orden constitucional decompetencias y señaladamente del artículo 149.1.16 a de la normafundamental.
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Page 5: 5de concertación con las farmacias
Page 9 and 10: 9mayo, al Alto Tribunal, por lo que

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