Tribunal Fiscal de la Nación.

Tribunal Fiscal de la Nación.1En Buenos Aires, a los 7 días del mes de febrero de 2012, se reúnen las Sras.Vocales miembros de la Sala “E”, Dras. Catalina García Vizcaíno y Cora M. Musso(la Vocalía de la 13ª Nominación se halla vacante), con la presidencia de lanombrada en último término, a fin de resolver en los autos caratulados: “TERCONSILVIA MARIANA c/ DGA s/recurso de apelación”; expte. N° 28.147-A.La Dra. Catalina García Vizcaíno dijo:I) Que a fs. 6/11 vta. SILVIA MARIANA TERCON, por su propio derechoy con asistencia letrada, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº69/10 (AD LAPL), dictada en la Actuación SC33-06-269 SIGEA (12586-653-2006),por medio de la cual se le impone, en su condición de despachante de aduanas, unamulta conjuntamente con el importador de $ 89.309,39, por presunta infracción delart. 954, ap. 1, inc. a) del CA. Relata que documentó para la firma AIDER SRL eldespacho de importación N° 05 033 ZFEI 006650G. Manifiesta que para efectuar suactividad siguió las instrucciones del importador, de acuerdo a la documentación queél le aportara, y que cumplió todos los deberes a su cargo, en especial el deber decolaboración para con el servicio aduanero. Explica que, entre las instruccionesrecibidas, constaba la de diferir el pago de IVA, por cuanto la importadora no habíaobtenido aún el beneficio impositivo de exclusión, pero que con posterioridad no lefue otorgado dicho beneficio, por lo cual solicitó la anulación del despacho.Menciona los fundamentos de la resolución apelada y destaca que si bien ésta hacereferencia a dos despachos de importación, uno de ellos fue objeto del sumarioSC33-06 G (SIGEA 12591-209-2006 en el cual se dictó la Resolución 68/10 ADLAPL, por lo cual deja planteada la imposibilidad de juzgar dos veces por el mismohecho sin identidad de causa. Arguye la inexistencia de la infracción imputada, en lamedida que el hecho que origina la cuestión no encuentra tipicidad en la norma delart. 954 inc. a) del CA. Advierte que se manifestó que se había iniciado el trámite dediferimiento del IVA, pero luego se anuló el despacho y no se configuró el hechoimponible, por lo cual la Aduana entendió que no había tributos exigibles. Entiendeque se trata en el caso del IVA que es un impuesto cuyo destino es la DGI y no laAduana, y que, más allá de su percepción, la AFIP-DGA es la que otorga sudiferimiento (y no la Aduana). Acota que un diferimiento no implica que el tributono se pague. Aduce que no se ha concretado diferencia alguna entre lo declarado y elresultado de la comprobación, pues al anularse el despacho, no se realiza laintervención que hubiera permitido a la Aduana efectuar la comprobación de marras.Indica que no existió siquiera un principio de inspección. Peticiona subsidiariamente

2que se atenúe la multa por el art. 917 del CA. Solicita su absolución de culpa y cargopor haber actuado como despachante de aduana, ello conforme el art. 36 del CA, esdecir realizó la operación en representación y a nombre del importador. No entiendecomo debió ejercitar una mayor previsión respecto de la actividad que debía realizarel importador, y que no tenía forma de discernir que el importador no realizara eltrámite de diferimiento o que éste no fuera obtenido. Expresa que no tiene forma deintroducirse en la actividad del importador más allá de la documentación que éste leaporta. Considera que la voluntad del declarante ha quedado excluida, no siendoposible imputarle la infracción, pues no actuó con dolo ni culpa, destacando que noexiste norma alguna que imponga la carga de investigar la actividad del importadoren torno al diferimiento del IVA. Cita jurisprudencia y doctrina. Ofrece prueba.Hace reserva del caso federal. Solicita que se revoque el decisorio aduanerorecurrido.II) Que a fs. 22/29 la representación fiscal contesta el traslado que le fueraoportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todos y cadauno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueran de su especialreconocimiento. Acerca de la existencia del ilícito, indica que corresponde rechazarel argumento de la recurrente, ya que el desistimiento de la solicitud de destinaciónde exportación para consumo no la exonera de responsabilidad por los ilícitos que sehubieran cometido con motivo de la declaración efectuada al solicitarse ladestinación. Agrega que el desistimiento debe estar fundado y en el caso, el únicomotivo alegado fue la demora en expedirse la DGI sobre el pedido de diferimientoefectuado, cuando esta solicitud nunca se efectuó. Se explaya sobre el art. 321 delCA que determina la aplicación del principio de inalterabilidad de la declaracióninformativa que la solicitud contiene, como así también menciona el art. 322, que esla excepción. Entiende que, en el caso, la inexactitud no resultaba comprobable de lasimple lectura ni de los documentos complementarios, ya que se habría declarado undiferimiento de IVA que nunca fue solicitado al organismo competente (DGI).Acota que tampoco se trataba de un error evidente, por cuanto no surgía de la propiadeclaración. Hace referencia a la Res. Gral. 3920 y a la Res. AFIP 660/99. Aduceque en el caso no hubo demora de la DGI para expedirse respecto del pedido dediferimiento, toda vez que nunca existió dicho pedido. Explica que el trámite dediferimiento exige como requisito previo la presentación del despacho oficializado,convirtiendo la renuncia posterior al beneficio en una declaración inexacta que haocasionado perjuicio fiscal ya que, como señaló anteriormente, nunca se inició lagestión ante la DGI. Cita jurisprudencia. Manifiesta que las declaraciones que en

Tribunal Fiscal de la Nación.3caso de pasar inadvertidas produjeren o hubieran podido producir perjuicio fiscalson, por consiguiente, punibles. Considera que no corresponde la atenuaciónpretendida subsidiariamente por el art. 917 del CA, en virtud de que la actora hizosaber al servicio aduanero la comisión del ilícito endilgado después de iniciado elprocedimiento administrativo. Se opone a la prueba ofrecida por la actora y estimaque es deviene dilatoria e improcedente. Ofrece prueba. Hace reserva del casofederal. Solicita que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición decostas.III) Que a fs. 30 se declara la causa de puro derecho. A fs. 33 la suscriptadicta una medida para mejor proveer, que se produce a fs. 40/48 y 55/70.IV) Que a fs. 1 del Expte. SIGEA 12586-653-2006, el 23/3/06 la firmaHilasis SA solicitó la anulación de las destinaciones Nros. 05 033 ZFEI 006650G(ensobrada a fs. 7) y 05033ZFE106651H, debido a que la transacción comercial conla firma AIDER SRL se suspendió y se canceló la relación; indica que Hilasis es ladueña y tenedora de la mercadería en zona franca de La Plata, por lo cual solicitauna nueva destinación A fs. 2 luce la nota de AIDER SRL del 22/3/06 quecomunica a Hilasis SRL que no podrá comprar la mercadería por problemaseconómicos y financieros. A fs. 3 obra la Nota “R” N° 215/06 por la que se leinforma que esas destinaciones cuentan con estado “oficializado” pero que laAduana posee los medios informáticos para acceder a lo solicitado, permitiendo quela mercadería sea reintegrada a los reenvasados 05033RZF5001610Y y05033RZF5001609W. A fs. 5 luce presentación de la despachante de aduanas SilviaMariana Tercon del 24/3/06 por la que desiste de la importación oficializada,invocando que la DGI no se expidió sobre la admisibilidad del pedido dediferimiento del IVA, lo que ha suscitado la caída del interés del comprador de lamercadería involucrada. A fs. 6 se informa que la eventual anulación de laimportación no exime a la firma y a la despachante de posibles ilícitos aduaneros. Afs. 11 se dispone la instrucción del sumario contencioso respecto de la destinaciónN° 05 033 ZFEI 006650G. A fs. 13 se informa el perjuicio fiscal por IVA, IVAadicional y percepción del impuesto a las ganancias. A fs. 14 se corre vista a la firmay a la despachante de aduana (notificada esta última el 26/2/2007, fs. 22). A fs.32/36 la despachante contesta la vista. A fs. 40 se declara la cuestión como de puroderecho. A fs. 50 se emite el Dictamen N° 58/09 (DV JRLP). A fs. 51 se libra oficioa la DGI para constatar los dichos de la actora. A fs. 57 luce contestación de la DGI,que informa que la firma en cuestión no ha realizado presentación alguna solicitando

Tribunal Fiscal de la Nación.7de aduana apelante (teniendo especialmente en consideración que ésta pudo ignorarel comportamiento posterior de la importadora), ni tampoco a posteriori, por laanulación de la destinación.Que, a mayor abundamiento, resalto que es criterio de la Corte Sup. —expuesto, entre otros, el 14/8/1986, in re “Citrex SAIC” (Fallos 308:1224)— que lamulta por una infracción aduanera “no tiene carácter retributivo del posible dañocausado sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de las disposicionespertinentes, por lo que no resulta controvertida su naturaleza represiva, la que no sealtera por la existencia de un interés fiscal accesorio en su percepción. Por ello, elcarácter de infracción, no de delito, no obsta a la aplicación de las normas generalesdel Código Penal (Fallos 288:356; 290:202; 293:670; 297:215)”.Que el modo en que voto el presente, torna inoficiosa la consideración delresto de las cuestiones planteadas.VII) Que estimo que las costas se han de distribuir según el orden causado(aunque la tasa por actuaciones queda a cargo de la recurrente), atento a lasdificultades de la cuestión planteada por las cuales la DGA pudo verosímilmenteconsiderarse con derecho a litigar (falta de demostración de instrucciones expresaspor la actora y de pedido de ventaja impositiva) y en virtud del criterio que expuseen la sentencia dictada en “Molinos Río de la Plata”, del 16/11/00, que conduce aapartarme en supuestos excepcionales del principio de imposición de costas al Fiscovencido, teniendo en cuenta que el art. 1140 del CA preceptúa que: “La sede delTribunal Fiscal (...), los plenarios, el cómputo de los términos, el reglamento ydemás facultades se regirán en el orden aduanero de conformidad con lo previsto enlas disposiciones pertinentes de la ley 11.683” (la bastardilla pertenece a este voto).Que indudablemente se encuentran comprendidas en el concepto de“facultades” las relativas a “la sala respectiva” de “eximir total o parcialmente deesta responsabilidad [del pago de costas] al litigante vencido, siempre queencontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena denulidad de la eximición” (art. 184 de la ley 11.683, según la modificaciónintroducida por la ley 25.239, ampliada por la ley 25.795 en cuanto a las costas en elorden causado cuando se recalifiquen las conductas infraccionales –salvoexcepciones- y mantenida esta facultad por la ley 26.044).Por ello, voto:Revocar la Resolución N° 69/10 (AD LAPL sólo en cuanto ha condenado ala despachante de aduana Tercon Silvia Mariana. Costas por su orden, excepto la

8tasa por actuaciones que queda a cargo de la recurrente.La Dra. Cora M. Musso dijo:Que adhiero al voto precedente.De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad, SERESUELVE:Revocar la Resolución N° 69/10 (AD LAPL sólo en cuanto ha condenado ala despachante de aduana Tercon Silvia Mariana. Costas por su orden, excepto latasa por actuaciones que queda a cargo de la recurrente.Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentesadministrativos y archívese.Suscriben la presente las Dras. García Vizcaíno y Musso por encontrarsevacante la Vocalía de la 13° Nominación. (conf. art.1162 del CA).