Libertad sindical Su reconocimiento y tutela

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económicos y sociales y adherirse a esas organizaciones..”. Su órgano de supervisión es el Comité Europeo de Derechos Sociales. En el ámbito interno el art.7 de la Constitución Española (CE) reconoce a los sindicatos de trabajadores su contribución “a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. El art. 28.1, dentro del “Título I, Capítulo II- Derechos y libertades, Sección 1º- De los derechos fundamentales y de las libertades públicas-, contempla que “todos tienen el derecho a sindicarse libremente”. No obstante, se exponen limitaciones o excepciones: “La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. Asimismo, expone que “la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección” así como el derecho de los sindicatos “ a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas”. Cabe decir que el art. 103.3 CE especifica que “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, […] las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación...”. El art. 15 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que “Los empleados tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A la libertad sindical”, *…+. La Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical en su art. 1.1 dispone que “Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales”. La Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (preconstitucional) y que está vigente parcialmente, también reconoce, art. 1.1, que “Los trabajadores […] podrán constituir en cada rama de actividad [...] las asociaciones profesionales que estimen convenientes para la defensa de sus intereses respectivos”, así como el derecho de afiliación; art. 2.1: “Los trabajadores […] tendrán derecho a afiliarse a las referidas asociaciones…” y que “ *…+ gozarán de protección legal contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical…”, art. 2.2. Asimismo el art. 4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , reconoce a los Trabajadores “Derechos laborales [...] (y) como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de: 1.b) Libre sindicación”. 4
El Estatuto de autonomía de Cataluña dispone en el art. 25.5 que “Las organizaciones Sindicales *…+ tienen derecho a cumplir sus funciones *…+” en diferentes ámbitos. El art. 45.3 expone que “Los poderes públicos han de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores…”. Cabe decir que el art. 106 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba el refundido en un texto único de los preceptos de determinados textos legales en Cataluña en materia de función pública dispone que “Los funcionarios disfrutan también del libre ejercicio de los derechos y libertades sindicales de acuerdo con la legislación en esta materia [...]”. La CE contempla además unas garantías sobre el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos, entre ellos, el de libertad sindical. El art. 53.1 CE: “Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)”, y vinculación de todos los poderes públicos. Asimismo, el art. 81.1 CE de la reserva de ley orgánica: “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas..”. También el art. 53.2 CE contempla las garantías jurisdiccionales y especifica que los derechos y libertades reconocidos, entre ellos el de libertad sindical, serán tutelados “ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. Cabe decir que el propio Tribunal Constitucional ha admitido que si un juez ordinario no diese tutela al particular que reclama frente a otro particular por la violación de un derecho fundamental, es entonces el propio Juez quien viola el derecho: “Lo que sucede, de una parte, es que existen derechos que sólo se tienen frente a los poderes públicos (como los del art. 24) y, de otra, que la sujeción de los poderes públicos a la Constitución (art. 9.1) se traduce en un deber positivo de dar efectividad a tales derechos en cuanto a su vigencia en la vida social, deber que afecta al legislador, al ejecutivo y a los Jueces y Tribunales, en el ámbito de sus funciones respectivas….Esta violación puede producirse respecto de las relaciones entre particulares cuando no cumplen su función de restablecimiento de los mismos, que normalmente corresponde a los Jueces y Tribunales a los que el Ordenamiento encomienda la tutela general de tales libertades y derechos (art. 41.1 de la LOTC)”. (Sentencia del Tribunal Constitucional de 07/02/1984 FJ 6º). Además de que una reforma de la Constitución que afecte “al Capítulo II, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.” Art. 168 CE. El art. 12 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical especifica que “Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de 5
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