Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana

262 | Informe sobre la situación de derechos humanos en la República Dominicana
11. Fortalecer los mecanismos tendientes a combatir la corrupción y a
promover la rendición de cuentas por funcionarios estatales a través de la
evaluación e investigación, por intermedio de las instituciones públicas
competentes, las cuales luego de un debido proceso deberán aplicar las
sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a los
funcionarios de la Dirección General de Migración, CESFRONT o cualquier
otro funcionario que fuese hallado responsable de la comisión de delitos y
violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
12. Adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos económicos,
sociales y culturales de los trabajadores migrantes sin discriminación
alguna. En particular, el Estado debe monitorear las condiciones de vida en
los bateyes, fincas o en los lugares en los que viven los trabajadores
migrantes y sus familias, de forma que se les provea de suministros básicos
tales como: agua potable, electricidad, servicios médicos y programas
educacionales.
13. Garantizar que los trabajadores migrantes conozcan sus derechos laborales
y sepan dónde acudir en caso de que estos sean vulnerados. Prestar
asistencia jurídica gratuita con objeto de que los trabajadores migrantes
puedan reclamar sus derechos, independientemente de su situación
migratoria.
14. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar
situaciones de explotación laboral de personas migrantes. Supervisar las
condiciones laborales y falta de registro en el Ministerio de Trabajo.
Implementar medidas para sancionar a empleadores e intermediarios que
sometan a migrantes a explotación laboral.
15. Fortalecer acciones de capacitación respecto a las obligaciones en materia de
derechos humanos que tiene el Estado respecto a las víctimas y
sobrevivientes de trata de personas. Estas acciones deben estar
especialmente dirigidas a actores relevantes en casos de trata de personas,
tales como agentes del CESFRONT, de la Dirección General de Migración,
policías y militares, jueces, fiscales, defensores y abogados. Asimismo, se
debe continuar promoviendo acciones y campañas tendientes a sensibilizar
e informar a la población respecto al impacto que la trata de personas tiene
en la República Dominicana.
16. Establecer albergues a cargo del Estado especializados en brindar asistencia
a sobrevivientes de trata de personas.
17. Iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva
por todos los medios legales disponibles para la persecución, captura,
enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores materiales e
intelectuales del delito de trata de personas. Esta recomendación también
comprende la reparación de las víctimas y sobrevivientes de trata de
personas.
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