Minería Ilegal e Informal en el Perú

Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico
Hasta el 19 de abril de 2014, fecha en que se venció la primera etapa del proceso
de formalización, habían sido aprobadas solo cinco declaraciones de compromiso
(correspondientes a dos personas naturales y tres cooperativas), todas en
Puno. Frente a esta decepcionante realidad, el gobierno tuvo que ampliar el referido
plazo por un año más. No obstante, en diciembre de 2014 la Defensoría
del Pueblo informó que de las 58,835 declaraciones de compromiso que se encontraban
vigentes a esa fecha, se habían formalizado solo 16 y que los mineros
beneficiados eran apenas 631 (declarados aptos para explotar sus denuncios).
Entre las causas de estos pobres resultados, la Defensoría del Pueblo insistía en
dos: 1) inadecuada planificación del Gobierno y carencias técnicas, logísticas y
presupuestarias por parte de los gobiernos regionales y direcciones regionales
de minería (DREM); 2) ausencia de recursos para constituir el Fondo para el
Proceso de Formalización, que estaba a cargo del Minem y que debería servir
para financiar los costosos procedimientos que desanimaban a los mineros informales.
El Minem no habría cumplido con aprobar el Decreto Supremo que
estableciera que los recursos provenientes de la lucha contra la minería ilegal
sean utilizados para financiar dicho fondo 20 .
El infructuoso objetivo de formalizar a los mineros informales se dio en paralelo
con la implementación de diversas acciones por parte del Gobierno para
erradicar la minería ilegal 21 . En el plano normativo, el esfuerzo alcanzó su forma
más acabada en el Decreto Legislativo N° 1100 publicado el 18 de febrero de
2012, que regulaba la interdicción de la minería ilegal en todo el país. En el plano
operativo, desde fines de 2011, unidades combinadas de las fuerzas armadas
y de la policía nacional comenzaron la destrucción de la maquinaria utilizada
por mineros ilegales. Posteriormente, las acciones priorizaron la intervención de
la Sunat, el ente recaudador de impuestos nacionales, al cual no se le conocía
especialización alguna en estos temas hasta ese entonces.
En este contexto, la Sunat inició -en junio de 2013- la inscripción de las empresas
que realizan actividades con insumos químicos, con el objetivo de detectar a las
empresas informales que abastecen a la minería ilegal y el narcotráfico. Desde
marzo de 2014, comenzó el proceso de registro único de usuarios de mercurio y
cianuro. Durante ese año intensificó las acciones de fiscalización en la comercialización
de combustible, que representa el 30% de los insumos utilizados por el
narcotráfico y la minería ilegal. Asimismo, se anunció la introducción de nuevos
requisitos y acreditación en las aduanas previa a la exportación de oro.
20 Cf. http://elcomercio.pe/economia/peru/solo-631-mineros-informales-han-accedido-formalizacion-noticia-1779703
21 Mediante Ley Nº 29815, publicada el 22 de diciembre de 2011, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar, por un plazo de ciento veinte (120) días calendario, sobre materias relacionadas con la minería ilegal,
entre las que se encontraban la interdicción de la minería ilegal en relación con la regulación de zonas de exclusión minera,
suspensión de otorgamiento de concesiones en estas, uso de dragas y otros artefactos similares y medidas conexas.
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