INFANCIAS INVISIBLES

En este sentido, el CETI carece de políticas encaminadas a crear
mecanismos que permitan la prevención, detección e intervención
frente a cualquier situación de violencia contra la infancia. Es decir,
no existen protocolos que permitan prevenir situaciones de riesgo,
o identificar a menores de edad especialmente vulnerables que requieran
medidas específicas de protección. También es preocupante
que no existan mecanismos claros de denuncia disponibles para que
los residentes en el centro puedan denunciar casos de explotación
sexual o violencia de cualquier otro tipo.
El CETI debe ser un centro de tránsito en el que meramente se identifique
y se registre a las familias. Hay que agilizar los procedimientos,
para que las personas refugiadas puedan ser trasladadas a otros
recursos en la Península lo antes posible, reduciendo la estancia en
Melilla a lo imprescindible para la realización de estos trámites.
Las largas esperas de un sistema colapsado
“No se ha tenido capacidad
para responder con
la inmediatez y agilidad
que la situación requería
a las necesidades de todos
los solicitantes (de asilo),
lo que ha provocado que
algunos de ellos estuvieran
en la calle durante días
o que fueran alojados en
recursos inadecuados a su
condición.”
Soledad Becerril, Defensora
del Pueblo, en su informe
anual 2015
Una vez trasladados a la Península, estas personas continúan con
los trámites para la obtención del asilo. Hay que pasar tres fases:
solicitud de asilo, momento en el que se concede una tarjeta blanca
para acreditar el estatus y con la que no se tiene derecho a trabajar
pero sí a acceder a algún lugar donde vivir; admisión a trámite del
procedimiento (si dicha admisión se produce) y entrega de una tarjeta
roja con la que se puede trabajar y, finalmente, concesión del asilo
en caso de resolución positiva. Cuánto más se alarguen los trámites,
menos independientes serán las familias y más dependerán de la capacidad
del Estado para ayudarles.
Sin embargo, hasta julio de 2015 en Madrid había que esperar seis
meses sólo para el inicio de los trámites (es decir, sin acceso ni a
vivienda ni a permiso laboral). Hasta entonces se remitía a las y los
solicitantes a los servicios sociales para atender sus necesidades básicas
y, si bien en el caso de familias con niños o niñas se les trataba
de ofrecer una solución adecuada de forma prioritaria, se dejaba a
estas personas sin medios de vida, sin ningún tipo de protección y
viviendo en la indigencia. Actualmente la Oficina de Asilo y Refugio,
que es la que analiza las solicitudes de asilo, ha aumentado su
personal para hacer las entrevistas y se han reducido los tiempos
de espera para realizar la solicitud de asilo que da inicio a todo el
procedimiento.
Pero en las siguientes fases del proceso sigue habiendo mucho retraso
y, a día de hoy, más de 16.000 solicitudes están pendientes de
resolución. xxiii Un cuello de botella que, además del incumplimiento
sistemático de los plazos –por ley tendrían que resolverse en seis meses-,
genera una grave desprotección para los solicitantes de protección
internacional. Como bien ha recogido el Defensor del Pueblo en
su informe anual, hay solicitudes de asilo de algunas nacionalidades
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