COSTA

6 RECOMENDACIONES
En este capítulo se presentan pautas de actuación propuestas a lo largo de años por
investigadores, organizaciones conservacionistas, universidades, profesionales y
ciudadanos para corregir la insostenibilidad del modelo de desarrollo de la costa que ha
dominado el litoral español desde mitad del siglo XX.
Los principios concretos sobre los que se ha de gestionar el desarrollo de las áreas
costeras son:
‐ Reconocer la enorme presión que existe sobre el recurso estratégico colectivo que
es el litoral. Mantener la idea de los bienes comunes, expuesto en la Constitución
de 1978 a partir del artículo 132.2 en el que define el dominio público marítimoterrestre,
incompatible con la existencia de enclaves de titularidad privada sobre el
mismo. La gestión privada del litoral siempre conduce a una búsqueda de la máxima
rentabilidad a corto plazo que potencia indefectiblemente decisiones insostenibles de
cara al futuro.
‐ Considerar el cambio climático como factor clave dentro de la política del litoral, que
ha de regirse de acuerdo con la GIZC, gestión integrada de zonas costeras,
Recomendación 2002/413/CE, de 30 de mayo de 2002. Se pretende que las
políticas tiendan hacia la planificación en relación a los ecosistemas, reducir la
construcción en las primeras líneas de playa, dejar zonas naturales como salinas o
dunas sin construir, aplicar una planificación participativa para suscitar el consenso,
conseguir el apoyo y la participación de todas las instancias administrativas
competentes o adoptar decisiones que no hipotequen el futuro, etc.
‐ Proponer actuaciones dentro de planes y programas, de acuerdo con el Protocolo del
Mediterráneo, vigente desde marzo del 2011.
‐ El cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas y la Directiva de Protección del
Medio Marino, ambas traspuestas a la normativa estatal. ⎫
‐ El modelo de Asturias, reconocido por su estricta protección de la franja costera, y
un adecuada gobernanza con ayuntamientos y comunidades autónomas, debe
reconocerse como el modelo a implantarse en el conjunto del territorio costero.
‐ Considerar el carácter dinámico de las riberas del mar, con sus propias tasas de
erosión y acreción.
‐ Mantener el efecto 2018, que permitiría ver mejoras en el litoral.
‐ Revisar el efecto de los traspasos de las competencias ya realizados a Andalucía y
Cataluña.
‐ Mantener el programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino para la incorporación de terrenos de elevado valor ecológico, o
sometidos a presión urbanística, colindantes con el DPMT.
‐ Mantener la calidad del recurso que es base del turismo, como se pone en relieve en
el Plan de Turismo 2020 y otras estrategias e instrumentos de planificación relativos
al sector turístico, que supone el 12% del PIB.
‐ La biodiversidad y los aspectos ecosistémicos, se deben considerar en la
planificación e integrar en relación a su conservación y al plan estratégico de
patrimonio natural 2011-2017.
‐ Es importante la coordinación entre la administración hidráulica con la del litoral y la
marina. Este aspecto de coordinación institucional y entre políticas, esencial para
cualquier política de costas, tampoco se pone de manifiesto en la última revisión de
la legislación de Costas de 2013.
‐ Respecto a los puertos, es evidente la ausencia de coordinación que parece
advertirse entre la política portuaria y la de costas. Predomina una actitud de
competición entre diferentes puntos del litoral para atraer embarcaciones, lo que se
traduce al final en una carrera competitiva entre promotores privados a costa de los
recursos naturales costeros de carácter público. Este es un aspecto que se debe
corregir con la necesaria planificación a un nivel suficientemente alejado de los
intereses más locales.
‐ Igual que en políticas de costas diseñadas en otros países: parece lógico definir la
capacidad de carga del territorio litoral y la huella ecológica de las actuaciones,
desarrollar mecanismos y técnicas de compensación interterritorial, utilizando el
concepto de equidistribución de costes y beneficios ambientales entre territorios,
fomentar y estimular la preservación del territorio litoral: elaboración de códigos de
buenas prácticas y establecimiento de premios e incentivos para la mejora del
estándar proteccionista, y finalmente establecer los mecanismos necesarios para la
resolución de los conflictos que puedan surgir entre administraciones, y entre éstas
y la sociedad.
‐ Desde un punto de vista científico es recomendable ampliar las escalas temporales
en la planificación.
‐ La asignación de inversiones debe responder en el futuro a criterios claros y
pautados, priorizando los criterios ambientales y sostenibles en función de la
particular problemática de la Demarcación.
‐ Parece lógico que en el proceso de elaboración de una ley que afecta a tantos
sectores y que puede producir grandes efectos ambientales, económicos y sociales,
tenga que haber una importante participación ciudadana, informes, expertos
reconocidos a escala nacional e internacional, catedráticos, además de realizarse
grupos de discusión con hoteleros, empresas constructoras, urbanistas,
representantes de organizaciones empresariales, sindicatos, ecologistas, etc. La
ausencia de un debate realmente público, nos condena a decisiones en que solo se
consideran los intereses de unos pocos actores muy poderosos.
‐ Se debe buscar la complementariedad con otras políticas, y con otros ministerios
como Fomento, o Economía y Hacienda y Administraciones Públicas.
‐ Disponer de una adecuada memoria económica, de la aplicación de la política.
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